Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2021-00050-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2021-00050-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2021-00050-02
Consejero ponente: Conjuez Humberto Aníbal Restrepo Vélez
14 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
SALA DE CONJUECES
Conjuez Ponente: HUMBERTO ANÍBAL RESTREPO VÉLEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de julio del dos mil veintidós (2022)
Proceso: ACCCION DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2021-00050-02
Actora: MARÍA EUGENIA BUSTILLO CAMARGO
Accionados: PRESIDENTE DE LA REPUBLICA y otros
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala de Conjueces de la Sección Cuarta la impugnación presentada contra la sentencia
de primera instancia, proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 11 de marzo del 2021, que denegó por improcedente el amparo de tutela
solicitado por la actora.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda presentada.
La señora MARÍA EUGENIA BUSTILLO CAMARGO -obrando en causa propia alegando tener la
condición de pensionada-, presentó acción de tutela en contra del señor Presidente de la
República, de los Ministros del Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, del Director del
Departamento Nacional de Planeación y de la Procuradora General de la Nación.
1.1. Acerca de las pretensiones.
La demandante en varios apartes de su escrito hace referencia a los derechos fundamentales
que considera flagelados, amenazados y/o vulnerados, referidos a la dignidad humana, al debido
proceso, a los principios de equidad e igualdad, al poder adquisitivo de la moneda y al mínimo
vital y móvil, pero en concreto solicita tutelar los derechos fundamentales a la dignidad humana,
al debido proceso, a los principios de equidad e igualdad y al poder adquisitivo de la moneda,
amparados –según afirma- por el preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 29 y 187 de la Carta Magna
de 1991.
Como consecuencia de ello, pretende:
“… Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTRO DE TRABAJO,
MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DEL DNP, SUSPENDER LOS EFECTOS DEL DECRETO Decreto
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(sic) 1779 de 2020 del 24 de diciembre, que determina el aumento al salario de
los congresistas en Colombia en un 5.12%. (Aumento del Salario Congresistas del
año 2020).”
“… Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTRO DE TRABAJO,
MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DEL DNP, aplicar los PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE
EQUIDAD para el aumento del salario mínimo y el aumento de las pensiones, FRENTE
A LOS DECRETOS, Decreto (sic) 1785 de 2020, (Aumento del Salario Mínimo 3.5%),
Decreto 1786 de 2020 (Aumento del Subsidio de Transporte 3.5%)IPC del año 2020
publicado por el DANE en enero 05 del 2021 (aumento de los pensionados del
1,61%), ajustándolos al mismo porcentaje del decreto 1779 de 2020 (aumento para
los Congresistas del 5,12%).”
“Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTRO DE TRABAJO,
MINISTRO DE HACIENDA, DIRECTOR DEL DNP y, AL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA
NACIÓN, CONVOCAR A ASAMBLEA CONSTITUYENTE, POR CUALQUIERA DE LOS MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en atención a los daños en materia económica, la no
participación directa del pueblo soberano, y demás derechos fundamentales
afectados, de acuerdo a lo reseñado.”.
“… Ordenar al Señor PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, MINISTRO DE TRABAJO, MINISTRO
DE HACIENDA, DIRECTOR DEL DNP, FIJAR el Aumento de las PENSIONES, teniendo en cuenta que
en el año 2020 NO HUBO INCREMENTO, APLICANDO LAS MISMAS REGLAS DEL AUMENTO DEL CONGRESO
Y DEL SALARIO MÍNIMO EN COLOMBIA.”
“… ADVERTIR al accionado el cabal cumplimiento de la providencia y de las
Sanciones a lugar.”
1.2. Sobre los hechos.
Un resumen de la fundamentación fáctica, se traduce en la trascripción de los siguientes hechos:
“El señor Presidente de la República, el Ministro de Trabajo y el Ministro de
Hacienda y Crédito Público expidieron los Decretos fechados 24 de diciembre de
2020 No. 1779 que determina el “Reajuste de asignación mensual miembros del
Congreso” en un 5.12% (Aumento del Salario Congresistas para el año 2020) y, No.
1780 que determina el “Reajuste de la escala salarial para el año 2021” de los
empleados administrativos del congreso que incluye a los secretarios generales
de dicha corporación; Decreto 1785 de 2020 del 28 de diciembre de 2020 (Aumento
del Salario Mínimo 3.5%) y Decreto 1786 del 28 de diciembre de 2020 (Aumento del
Subsidio de Transporte 3.5%.”.
“El presidente ha manifestado a viva voz, que con esto ha cumplido con superar
la meta de un millón de pesos como mínimo, sin embargo, es una manifestación
fuera del marco real, debido a que el subsidio de transporte aunque es factor de
salario para liquidación de prestaciones (excepto para la Compensación de las
Vacaciones) y no se incluye para la liquidación de aportes parafiscales y aportes
a la seguridad social, tiene como destino el gasto especifico de movilidad del
trabajador desde su residencia hasta el sitio de trabajo y viceversa.”.
“En Colombia el poder constituyente recae sobre el Pueblo, no obstante, el pueblo
no tiene vocación legal para convocar una nueva constituyente a razón de que
dicha facultad solo recae en el CONGRESO, cuando el pueblo es el sometido a la
mayor pobreza absoluta por la inequidad y la falta de igualdad en las decisiones
estatales. Todo lo anterior de acuerdo al Art 58 Titulo VI.”, ahora bien, “… el
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uso del Plebiscito, está a cargo del Señor Presidente, pues, según el artículo
7 de la Ley 134 de 1994, el plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado
por el Presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una
determinada decisión del Ejecutivo. El Efecto de la votación: El pueblo se
decidirá, en plebiscito, por la mayoría del censo electoral.”.
“Luego, y buscando el camino de piedras, encontramos que las decisiones del Señor
Presidente y de los ministros MENOSCABAN DERECHOS FUNDAMENTALES DE EQUIDAD Y DE
IGUALDAD, por lo siguiente: 6.1 Con lo expuesto, y en atención al artículo 187
de la CP, debe hacerse una reforma constitucional que asegure que ningún
trabajador o pensionado en Colombia recibirá un aumento salarial menor al que
reciben los miembros del congreso, a esto se le llama Igualdad. 6.2 Obsérvese,
por ejemplo, que el "Reajuste de la asignación mensual de los miembros del
Congreso" de un 5.12% establecido por el Decreto 1779 del 24-dic-2020 rige a
partir del 01-ENE-2020, es decir, que corresponde al incremento del AÑO 2020;
reajuste o incremento que se deberá pagar por los doce (12) meses ya corridos
del año 2020, alejándose del principio de solidaridad que rige en nuestra magna
carta, así como DIFERENCIA de asignación mensual o sueldo o salario básico y las
demás prestaciones y emolumentos y prebendas que tienen como base de su
liquidación o calculo el sueldo básico mensual, es decir, nuevamente el gobierno
expedirá un nuevo Decreto en algún momento durante el año 2021 REAJUSTANDO LA
ASIGNACIÓN MENSUAL DE LOS MIEMBROS DEL CONGRESO A PARTIR DEL 01-ENE-2021. Pues
el derecho de las cosas estaría en que el mismo Congreso y el Gobierno Nacional
presenten un Proyecto de Ley con LLAMADO DE URGENCIA corrigiendo esta INEQUIDAD
y DESIGUALDAD con efectos fiscales a partir del 01-ene-2021, debido a que ese
ajuste del Senado, no es equitativo con el aumento del, SALARIO MINIMO LEGAL
MENSUAL VIGENTE, NI CON EL AUMENTO DE LOS PENSIONADOS, Y LESIONA TANTO LA
IGUALDAD, COMO LA DIGNIDAD HUMANA DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS PENSIONADOS. 6.3
Según el DAFP el aumento real del salario, descontando la inflación fue de 1.32%
de restar al reajuste del 5.12% la inflación del 3.8% del año 2019. O sea que
como a los pensionados nos incrementaron para el 2020 el 3.8%, el aumento real
fue del CERO%, y se sintetiza EN QUE NO HUBO PODER ADQUISITO DE LA MONEDA.
Además, que es falsa la perfecta legal, que reza, QUE NINGÚN PENSIONADO PUEDE
GANAR MENOS DEL SALARIO MINIMO, CUANDO, CON EL DESCUENTO DE SALUD, UN PENSIONADO
CON EL MÍNIMO SIEMPRE PERCIBE, menos del Mínimo de cada año. 6.4 Ahora, el
ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla dice que el incremento a los
congresistas es menor al incremento del salario mínimo del año 2020. Para el
2020 el mínimo aumentó en $49.687 y a los congresistas les aumentaron $1.676.000.
Eso significa que NO EXISTE EQUIDAD, porque lo que se OBSERVA ES UN ABISMAL Y
ABRUPTO PRESUNTO ABUSO DEL PODER. Equiparar el aumento de los congresistas al
compararlo ante el Salario Minino, era aumentar el mismo a la suma de $49.687=
pesos. 6.5 Otra esfera, que le da la razón al pueblo, es la siguiente analogía:
Veamos la proporción y la desproporción, la igualdad y la desigualdad, lo justo
y lo injusto. El presidente de la República gana mensualmente $ 37.578.000, el
diario es $1.734.000= Los congresistas con excepciones, quienes hacen las leyes,
ganan $34.417.000 al mes, el diario es $ 1.676.000= 6.6 La clase obrera (personas
que no han podido estudiar por la brecha social) y los pensionados, quedamos
así: Salario mínimo mensual $ 908.526 y un diario de $ 30.284. Este mínimo, no
es ni la mitad de lo que recibe un parlamentario en un día. Una abismal diferencia
social, que solo la sufre el pobre esclavo (limite social). Los sueldos altos se
aplican el 5.12% y a los de abajo (Pobre, luchador, Trabajador de clase obrera,
el campesino, el labrador) le aplican el 3.5%. Y al pensionado le aumenta solo
un 1,61%, con el agravante del 0% de aumento en el 2020. Un desequilibrio total.
Palpable violación de los Derechos Fundamentales de los Pensionados, de los
adultos de mayor edad que por ese solo hecho, debemos tener la protección del
Estado, que como se observa las diferencias nos reducen al hambre. 6.7 Luego,
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nuestros altos gobernantes, ministro de hacienda, el ministro de trabajo, los
gremios económicos y el presidente Duque, incluyeron el auxilio de transporte,
que aunque es factor de salario para liquidación de prestaciones (excepto para
la Compensación de las Vacaciones) y no se incluye para la liquidación de aportes
parafiscales y aportes a la seguridad social, tiene como destino el gasto
especifico de movilidad del trabajador desde su residencia hasta el sitio de
trabajo y viceversa; para hacer creer a la opinión pública que se superó el
millón ($1.000.000=) de pesos propuesto por los trabajadores, inflando las
cifras, provocando una brújula bursátil y apareciendo como una ilusión óptica.
6.8 Inestabilidad fundada en la Emergencia económica en razón a la pandemia
denominada SARS-CoV-2, que permite inferir los escasos recursos, sumado a la
necesidad de proteger el derecho a la salud a todos los colombianos sin excepción,
constituyen un descalabro de la propuesta institucional. 6.9 El aumento del
salario mínimo, no obedece al cumplimiento en abastecer la necesidad del pueblo,
recordemos el grave margen de aumento de pérdidas de empleo, que se conoce como
la imprevisión, debido a los cierres de negocios, la quiebra, los despidos de
las grandes firmas, los abandonos por las entidades financieras. 6.10 Teoría
jurídica, que consiste en la extinción o modificación judicial de las
obligaciones de un contrato conmutativo de ejecución sucesiva o diferida, basada
en el hecho de haberse modificado sustancialmente las condiciones bajo las cuales
se contrajeron. Esto ocurre cuando nuestro poder ejecutivo no asume las cargas
para todos en igualdad.
“Principio de Equidad Art 13 CP, Se conoce como equidad a la justicia social por
oposición a la letra del derecho positivo. La palabra equidad proviene del latín
"equitas". Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad
para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser
iguales, luego, lo que ocurre es que eres respetado, vives con igualdad y todas
las cosas se ven a través de la justicia y cada uno es tratado por igual.”.
“Sobre el principio de igualdad, De acuerdo con el artículo 13 Superior, comporta
un conjunto de mandatos independientes y no siempre armónicos, entre los que se
destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el
carácter general y abstracto de las disposiciones normativas dictadas por el
Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la
prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de
cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción basada en motivos
definidos como prohibidos por la Constitución Política, el derecho internacional
de los derechos humanos, o bien, la prohibición de distinciones irrazonables; y
(iii) el principio de igualdad material, que ordena la adopción de medidas
afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad ante
circunstancias fácticas desiguales.”.
“Ahora, frente al precepto del entendido como derecho fundamental autónomo, la
Corte ha determinado que la dignidad humana equivale: (i) al merecimiento de un
trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser tal; y (ii) a la
facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un trato acorde con su
condición humana.”.
“De acuerdo al escenario descrito, se tiene entonces, que EN COLOMBIA YA NO
EXISTE NI EQUIDAD, NI IGUALDAD, NI DIGNIDAD HUMANA, menos aún, UNOS FINES DEL
ESTADO Y OBEDECIMIENTO A LA CONSTITUCIÓN DE 1991, pues, si bien es cierto, que
la ley no es justa y que lo justo no es bueno, una obligación de las RAMAS DEL
PODER PUBLICO, es EQUIPARAR LAS OPORTUNIDADES SOCIALES, dignificar al Pueblo
soberano. No obstante, de acuerdo a lo entredicho, es ilegal la diferencia entre
un SALARIO MINIMO, y un AUMENTO DESPROPORCIONADO PARA EL CONGRESO, cuando al
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ejercer el TEST DE PROPORCIONALIDAD, se observa un abrupto Cañón del Chicamocha
entre el aumento del 3.5% del Mínimo equivalente a treinta mil pesos y un aumento
del 5.12% del senado equivalente a $1.600.000= aproximadamente.”.
“Empero, más aún que al realizar el mismo ejercicio, entre los Congresistas, el
salario mínimo y el aumento de los pensionados, estos últimos, son los peores
librados, porque NO TUVIERON UN AUMENTO EN EL AÑO 2020 porque fue del CERO POR
CIENTO (0%), y esto teniendo en cuenta lo discernido por el señor DIRECTOR DEL
DNP, para el año 2021 el pírrico aumento de los Pensionados los somete a una
vulgar discriminación.”.
“Ahora bien, en el ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucional, o de
una demanda de inconstitucionalidad, o de la acción de cumplimiento, no se
pudieron instaurar, porque las sedes judiciales se encontraban en VACANCIA hasta
el día 11 de enero de 2021. Y por tratarse de un asunto constitucional, se debe
someter a un ipso iure absque mora (La misma Ley sin dilación).”.
“Aún más grave, es considerar justo y legal el art 14 de la Ley 100 de 1993,
cuando contraviene el marco Constitucional de los principios de Igualdad, de
equidad, frente al tema del REAJUSTE DE PENSIONES (Art 100 L 100/93). Con el
objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de
sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán
anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el
año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea
igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada
vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el
Gobierno.”.
“Una mirada a la realidad, es la validación de la verificación del incremento
del año 2020 y del 2021. INCREMENTO 2020 Congresistas 5.12%, Salario Mínimo 6%,
Aumento de la pensión IPC 3,8%. INCREMENTO 2021 Congresistas 5.12%, Salario
Mínimo 3,5% 6%, Aumento de la pensión 1,61%. ¡Significa, el exterminio para los
pensionados! Se trata entonces, de un Gobierno inequitativo perverso e injusto,
porque va en contra de la síntesis del poder adquisitivo de la moneda. Según el
DANE, desde el año de 1994 hasta la fecha, los pensionados en Colombia, HAN
PERDIDO desde la entrada en vigencia de la Ley 100/93 (01 de abril-1994) al año
2020 el 23,69% (Aplicación del IPC) más el 8% por aporte de salud, por cambiar
de estado de activo (empleado trabajador) a pensionado (RPM - RAIS), equivalente
a un total del 31,69% DEL VALOR ADQUISITO DE LA MONEDA; y desde el año 1979 al
año 2020 el 48,16% DEL VALOR ADQUISITIVO DE LA MONEDA.”.
“El ordenamiento constitucional establece que el reconocimiento de la dignidad
humana constituye un derecho fundamental y un principio estructural del Estado
Social de Derecho (C.P. arts. 1 y 12) y por ello prohíbe cualquier actuación o
comportamiento que vulnere la vida y los demás derechos inherentes de la persona,
como en el caso de los Pensionados, no se entiende la supremacía que ostenta la
persona como atributo inherente a su ser racional, cuya valoración y
reconocimiento no se estima, y por el contrario cada anualidad se le reduce el
derecho a exigir y obtener un conjunto de condiciones que le aseguren una vida
digna, es decir, una existencia adecuada en la vejez, proporcional y racional al
reconocimiento de su esencia como un ser humano. Al tiempo que se le impone al
Estado el deber de adoptar las medidas de protección indispensables para
salvaguardar los derechos fundamentales que definen al Pensionado como persona,
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esto es, la vida, la integridad, el mínimo vital, la congrua existencia en su
calidad y dignidad que ostentó como trabajador, y que el Estado debe proteger
como su compromiso constitucional por la Dignidad de las personas Pensionadas.”.
2. Actuación procesal en primera instancia.
2.1. Presentación y admisión de la demanda.
La demanda fue presentada el 19 de enero del 2021 y ante la declaración de impedimento
formulada con posterioridad por la totalidad de los Magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, se procedió a remitir el expediente a la Secretaría General del Consejo de
Estado.
Mediante providencia del 5 de febrero del 2021, esta corporación consideró que –conforme con
el artículo 4 del Decreto 306 de 1992, en concordancia con el artículo 140 del Código General
del Proceso- no era la competente para resolver los impedimentos manifestados, por resultar
inaplicables las disposiciones previstas por el artículo 131 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el trámite de acciones de tutela,
ordenando devolver el expediente al tribunal de origen para que procediera al sorteo de Sala
de Conjueces con la finalidad de resolver los impedimentos manifestados en el proceso.
La Sala de Conjueces sorteada para el efecto decidió avocar el conocimiento de la presente
acción, procediendo a admitir la demanda, como lo confirma el auto del 5 de marzo del 2021.
2.2. Intervención de los demandados.
Los demandados fueron notificados de la admisión de la demanda, y de sus intervenciones se
destaca:
.- El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que se
desvinculara del presente proceso al citado Departamento Administrativo y/o al señor
Presidente de la República, cualquiera fuere el sentido de la sentencia.
En su defecto, solicita se declare improcedente el amparo solicitado, toda vez que no existe
ningún hecho u omisión atribuible al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y/o al señor Presidente de la República, frente a quien pueda predicarse una
afectación de los derechos fundamentales invocados.
Sustenta su pedido en (i) la improcedencia por inexistencia de vulneración de derechos
fundamentales, que así debe declararse cuando no exista actuación del agente accionado al que
se pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de derechos fundamentales, pues en el
presente asunto la accionante no alegó de manera precisa ni probó de qué manera se están
viendo afectados sus derechos fundamentales, carga que se encontraba en quien acciona; (ii)
la improcedencia por falta del requisito de subsidiariedad, toda vez que existe otro mecanismo
idóneo al que puede acudir el accionante, como es el medio de control de nulidad expresamente
consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, el cual permite la solicitud de medidas cautelares de suspensión respecto del
acto administrativo que se ataca, esto es, el Decreto 1779 del 2020; y (iii) la falta de
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legitimación en la causa por pasiva tanto del señor Presidente de la República, como de la
Presidencia de la República, toda vez que no representan a la Nación para efectos de la acción
de tutela de la referencia, que la Presidencia de la República no fue la entidad que conformó al
Gobierno en la expedición de los actos administrativos que se atacan y que el Presidente de la
República no es sujeto procesal dentro de la causa que se ataca, conforme lo dispuesto en el
artículo 115 de la Constitución Política. Insiste en que uno y otra cumplen funciones distintas y
definitivamente no son la misma persona.
.- El Ministerio de Hacienda y Crédito Público advierte sobre la existencia de un
pronunciamiento en acciones de tutela idénticas, concretamente del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Laboral, que por medio de fallo del 25 de enero de 2021
decidió las acciones de tutela bajo los radicados 2021-00002, 2021-00004, 2021-00005, 2021-
00006 y 2021-00007, interpuestas por Roberto Expedito Valencia Gómez y otros.
A renglón seguido manifestó que la presente acción de tutela no cumple con los requisitos de
procedibilidad, en tanto (i) no se evidencia vulneración de los derechos fundamentales
individuales del accionante, quién describe, de forma general y abstracta, una presunta
amenaza a derechos fundamentales debido a que el porcentaje de reajuste del salario de los
Congresistas para el año 2021 es mayor del porcentaje de reajuste del salario mínimo y de la
pensión, sin establecer de qué manera estos decretos vulneran sus derechos fundamentales
individuales al debido proceso, a la igualdad, la equidad y el “poder adquisitivo de la moneda”,
en su caso en concreto; (ii); no se acredita el cumplimiento del requisito de subsidiariedad ni la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, ya que si bien alega que los Decretos 1779, 1780, 1785,
1786 del 2020 menoscaban los derechos fundamentales de equidad y de igualdad, el
demandante cuenta con mecanismos ordinarios idóneos a su disposición para buscar el amparo
de sus derechos fundamentales, como lo son la promoción, ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, de los medios de control de Nulidad, Nulidad por Inconstitucionalidad y Nulidad
y Restablecimiento del Derecho previstos en los artículos 137, 135 y 138 del CPACA,
respectivamente, a efecto de controvertir la legalidad o motivación de los actos administrativos
generales expedidos; (iii) se aduce que carece de legitimación en la causa por activa, pues no
identificó cuales son los individuos que hacen parte de los grupos poblacionales, ni mucho menos
expuso o acreditó cuál es el motivo de la incapacidad de los titulares de los derechos
fundamentales para actuar por sí mismos y solicitar el amparo de sus derechos; y (iv) el objeto
de la presente acción son actos de carácter general, impersonal y abstracto, por lo que la misma
es improcedente, en consideración de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 6 del Decreto-
ley 2591 de 1991.
.- El Ministerio del Trabajo solicita negar por improcedente la acción constitucional y en
consecuencia exonerarlo de responsabilidad alguna que se le endilgue, dado que no se ha puesto
en peligro ni vulnerado derecho fundamental alguno.
Argumenta para el efecto: (i) el incumplimiento del requisito de subsidiaridad, respaldado en la
cita de abundante jurisprudencia según la cual es dable concluir que la acción de tutela no es el
mecanismo para ventilar la suspensión de los decretos alegados por el accionante, mediante el
cual se dispuso el incremento salarial de los Honorables Congresistas, subsidio de transporte, y
fijación salario mínimo legal vigente, pretensión esta que debe ser debatida ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa; (ii) resulta a todas luces improcedente, como mecanismo principal
y definitivo, para proteger derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con
ocasión de la expedición de actos administrativos, toda vez que para ser controvertida su
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legalidad, el ordenamiento jurídico prevé las acciones contencioso administrativas, en las cuales
se puede solicitar desde la demanda como medida cautelar la suspensión provisional del acto;
(iii) falta de legitimación en la causa por activa; (iv) el incremento de la asignación mínima
mensual legal vigente obedece a una norma totalmente diferente a la tenida en cuenta para el
aumento del salario de los Honorables Congresistas, en tal caso son decisiones discrecionales
del señor Presidente de la Republica, pues cada una de ellas obedece a parámetros como
ponderaciones que deben ser tenidas en cuenta para realizar el respectivo incremento; y (v) en
relación con el derecho a la igualdad, no se aportó prueba alguna ni se detalló fácticamente
ningún elemento que permitiera al juez constitucional que se estuviera ante una discriminación
que permitiera hacer el respectivo estudio en sede de tutela para concluir la vulneración de
dicho derecho, por lo que tampoco existe la posibilidad de que la presente acción prospere.
.- El Departamento Nacional de Planeación alega: (i) la falta de legitimación en la
causa por pasiva, ya que esa entidad no tiene a su cargo el definir los aumentos salariales de
los miembros del Congreso de la República, así como del aumento al salario mínimo legal
mensual vigente, así las cosas, el objeto potencialmente tutelado desborda el ámbito de
competencia del DNP, de manera que una eventual orden de esa naturaleza impartida por el
juez constitucional no estaría acorde a sus funciones, (ii) la improcedencia de la acción de tutela,
pues es claro que los reparos efectuados por el accionante a los Decretos 1779, 1785 y 1786
de 2020 tienen un camino claro y establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo –CPACA- de manera que se cumple -sic- el requisito de
subsidiariedad establecido en el Decreto 2591 de 1991, de tal suerte que no existe una
alternativa jurídica diferente a decretar la improcedencia del presente reclamo constitucional; y
(iii) se advierte que el proceso de expedición de los decretos 1785, 1786 y 1779 de 2020
obedece al cumplimiento de disposiciones legales sobre el tema de reajuste salarial, en cuyo
trámite el Departamento Nacional de Planeación no tuvo ninguna participación, por tanto, no se
puede predicar violación a los derechos fundamentales invocados por la accionante, adicional a
las pretensiones de la acción tutelas desbordan el ámbito de las competencias legales
establecidas a su cargo.
.- La Procuraduría General de la Nación manifiesta que para establecer las actuaciones
que se deben surtir con el fin de subsanar o cesar los comportamientos atentatorios de los
derechos de quien concurre ante el Juez de Tutela, debe identificarse correctamente a la persona
o autoridad que ha vulnerado o amenaza esas garantías fundamentales.
Dadas las pretensiones esbozadas en la acción de tutela y el marco de competencia de la
entidad, solicita su desvinculación, ya que debe declararse la falta de legitimación en la causa
de la Procuraduría General de la Nación, que no ha adelantado actuación alguna en detrimento
de los intereses del accionante.
2.3. El fallo de primera instancia.
Mediante sentencia fechada el 11 de marzo del 2021, la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca desató en primera instancia la acción incoada, en el sentido
de denegar por improcedente el amparo de tutela solicitado, atendiendo a que la accionante
tenía otros mecanismos idóneos y eficaces para pedir la protección de sus derechos
fundamentales, no se demostró la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable y no era
sujeto de especial protección constitucional.
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Fundamenta la declaratoria de improcedencia del amparo, en el hecho de que no se cumplía
con “…los requisitos de procedibilidad, establecidos por el principio de
subsidiaridad de la acción de tutela.”.
3. La impugnación.
La actora pretende con la impugnación al fallo de primera instancia, que se revoque la decisión
de declarar improcedente la acción de tutela impetrada y en su lugar se amparen lo derechos
invocados, tanto en la demanda como en el escrito de impugnación.
Soporta su petición, en situaciones de orden fáctico, que se pueden resumir de la siguiente
manera:
Manifiesta que se trata de “ … un daño evidente producido contra todos los pensionados
en Colombia, ante el inminente y lesivo incremento de la mesada pensional para
2021, en un irrisorio 1.61%, que no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades
básicas y las de nuestro núcleo familiar, dado el lesivo comportamiento del IPC
en los últimos 30 años, en donde el reajuste pensional ha perdido el poder
adquisitivo en más de un 25%; más el descuento por salud totalmente a nuestro
cargo como pensionados, más la eliminación de la mesada 14, entre otras tantas
regresivas medidas contra los pensionados, que vulnera de bulto el Derecho a la
Igualdad y demás derechos invocados,…”.
En tal sentido, reconoce que “… se ha acudido a un masivo uso de la Acción de Tutela.”.
Sobre la ocurrencia del perjuicio irremediable, se adiciona, que: “… el reajuste de las
pensiones que se hace con la base del IPC calculado por el DANE, aunque es legal
es ilegítimo por lo injusto, pues durante los últimos años se ha constituido en
un gran perjuicio para el pensionado porque su valor medido en porcentaje ha sido
muy inferior comparado con el incremento que se ha decretado para el salario
mínimo y para algunos empleados del estado colombiano, lo que representa una
desigualdad nacional visible, real, que perjudica gravemente al pensionado por
la pérdida del poder adquisitivo.”.
Asegura: “… no estamos hablando de valores abstractos, de situaciones generales,
estos bajos incrementos son perjuicios reales irreparables porque el efecto de
perdida es un acumulado de varios años, que conllevan a que el Estado colombiano,
en cabeza del accionado, Presidente de la República, no esté garantizando que las
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, tal como ordena el preámbulo
de la Constitución, sobre la garantía de un orden económico y social justos.”.
A su juicio, la prueba del desequilibrio económico y de la violación del derecho a la igualdad es
que “… para este año el reajuste determinado para los pensionados de un 1,61%, y
los decretos expedidos de incremento para el salario mínimo en un 3,5% y de los
congresistas del 5,12% son un reflejo de la gran brecha de desigualdad que
existe.”, por lo tanto: “… tenemos que asumir los incrementos que hacen los
establecimientos de comercio, la canasta familiar en aumento hecho a los
productos, los servicios, los impuestos, que se hacen por lo general con base al
incremento del salario mínimo como son: compra de alimentos, vestidos, drogas,
cuotas moderadoras de salud, combustible, impuestos del vehículo, impuesto del
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seguro obligatorio, impuesto predial, peajes, medicina prepagada, servicios
públicos etc.”.
Se refiere a que la acción impetrada no resulta ser improcedente “… cuando tantos honorables
jueces se declaran impedidos hay un hecho cierto de una desigualdad de bulto, con
lo cual no solamente se configura el daño irremediable, sino que se somete al
pensionado a aguantarlo y resistirlo, poniendo en peligro la propia subsistencia
y la de su grupo familiar.”, resultando inverosímil que se “…niegue la Acción, por
presunta falta de legitimación en causa por activa, acaso se tacha de no ser
pensionada, acaso el aumento pensional no se limita al IPC, acaso debo presentar
elementos probatorios sobre la comida que no puedo comprar, el vestido que no
puedo pagar, el teatro al que no puedo ir, la medicina que no puedo comprar, por
ser pensionada de este país y estar sometida a no dejarme morir de hambre con el
aumento pensional del IPC que arrastramos por muchos años los pensionados,
configurando una absurda violación al derecho a la igualdad, o es que acaso no
tenga la titularidad para reclamar el interés jurídico que se debate, como ser
colombiana, pensionada y estar sometida a una desigualdad brutal, absurda que me
somete y quebranta la dignidad humana y la congrua existencia, cuando para unos
es el IPC, pero para otros, que se declaran impedidos, o que pelechan en el
Congreso haciendo evidente la violación de los derechos fundamentales por los
cuales acudo a la Acción de Tutela, precisamente porque la Nación y sus directos
representantes tutelados los están vulnerando.”.
Se pregunta si “… acaso se pretende que mediante la Acción de Tutela deba entrar a
demostrar desde un juicio de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, para
determinar si se ajustó o no la Acción a los parámetros legales y constitucionales,
como si el bien jurídico que Tutelo a proteger no fuera suficiente, entonces es
razonable que se someta a los pensionados a sobrevivir un el mísero IPC y que se
sometan a soportar la burda desigualdad con el aumento del salario mínimo y el
de los demás servidores del Estado, no se entiende qué más elementos probatorios
deba aportar para hacer aún más evidente que no hay proporcionalidad en un aumento
del IPC…” agregando que “… este sólo hecho real sirve como punto de apoyo de la
ponderación de que es procedente la Acción que impetro en cuanto violan y
desconocen los principios constitucionales que me amparan y claramente así se
establece que tal sometimiento, discriminación y desigualdad resulta insoportable
e insostenible en cuanto agresión, discriminación y desigualdad a mi persona y
dignidad humana como pensionada, por parte de los tutelados.”.
Ahora bien, haciendo alusión al fallo impugnado en relación con que no se acredita ni el
cumplimiento del requisito de subsidiariedad, ni la ocurrencia de un perjuicio irremediable, la
inconformidad se expresa así: “… tal argumento de la sala compuesta por 2 Conjueces,
pues el tercero estuvo ausente, desconoce el fondo de la acción y de la tutelante,
la pensionada no goza de la protección especial del Estado y es la causa esencial
de la Acción de Tutela, pues con un aumento pensional del IPC no me brindan y me
hacen nugatorio el goce de la protección especial del Estado, como persona de la
tercera edad, que deben proteger por obligación de Estado Colombiano con la
comunidad internacional.”.
Y agrega: “Ahora que el perjuicio al que estoy sometida por el mero hecho de ser
pensionada, es evidentemente irremediable, acudo a la acción constitucional y no
me protegen; cómo demostrar que no puedo comprar mis medicinas, que no puedo
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comprar las proteínas que debo consumir, que no puedo comprar elementos
indispensables, zapatos, cepillo de dientes, ropa y que no puedo comprar un
helado, ni disfrutar de una obra de teatro, cómo demostrar que se ha lastimado y
sometido gravemente mi congrua existencia por la discriminación absurda y abusiva
a la que somete a un pensionado, persona protegida de la tercera edad,
sencillamente lo someten a morir de hambre con un aumento pensional del IPC 1,6%,
mientras un huevo, la leche, la proteína tienen aumentos insostenibles con el
monto de la pensión, y aun así me exigen sometimiento a procedimientos ordinarios,
no puedo comprar carne, cómo puedo pagar un proceso en contra del mismo Estado
que me somete al infrahumano IPC; acaso se observa una simple ponderación en este
argumento para declarar improcedente la acción de tutela.”.
Dice acudir precisamente a la acción constitucional “… en cuanto el perjuicio es
irremediable, específico, tan evidente en que mi congrua existencia está
seriamente menoscabada.”.
Cuestiona cómo puede ser improcedente la acción interpuesta “… cuando el aumento
pensional es del IPC 1,6% y el del salario mínimo es 3.5% y el de los congresistas
más del 5%, acaso no somos todos colombianos, acaso a la tercera edad no le asiste
protección del Estado, acaso debo someterme a demostrar que lo que pude comprar
para comer en los 3 años anteriores, ya no lo puedo hacer porque la pensión ha
sido abierta, discriminada e inequitativamente disminuida, lesionando y
vulnerando de manera inmisericorde mi congrua existencia.”.
Finaliza su argumento indicando que se le viola el derecho a la igualdad y a la protección a la
tercera edad y se menoscaban sus derechos fundamentales, que tienen un duro impacto en el
poder adquisitivo -con menoscabo en su congrua existencia y en su calidad de vida-.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia.
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto
2591 de 1991 y 13 y 25 del Reglamento Interno de esta corporación (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.
Al respecto es necesario precisar que la demanda fue presentada el 19 de enero del 2021 ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, corporación que avocó su conocimiento, por lo que
en este caso no le son aplicables las previsiones contenidas en el numeral 12 del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 2015 referidas a las reglas de reparto de la acciones de tutela
contra las actuaciones del Presidente de la República -conforme a la modificación efectuada por
el Decreto 333 del 20211-, atendiendo a las directrices de transitoriedad señaladas por el artículo
2.2.3.1.2.5 ibídem, según las cuales “Las reglas contenidas en el presente Decreto sólo
1 El artículo 1 del Decreto 333/2021 modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, que en el numeral 12 indica: “Las
acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional,
así como, las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos, consejos
o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia , al
Consejo de Estado.”
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se aplicarán a las solicitudes de tutela que se presenten con posterioridad al 6
de abril de 2021. Las solicitudes de tutela presentadas con anterioridad a esta
fecha serán resueltas por el juez a quien hubieren sido repartidas, así como la
impugnación de sus fallos.”
2. Impedimentos.
El 12 de mayo del 2022 -estando el proceso para fallo- la totalidad de los integrantes de la
Sección Cuarta, Consejeros de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto, Myriam Stella Gutiérrez
Arguello, Milton Chaves García y Julio Roberto Piza Rodríguez manifestaron su impedimento
para conocer de la acción de tutela que nos ocupa con fundamento en el numeral 1 del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal.
Las razones expuestas aluden a que “La acción de tutela promovida por la señora María
Eugenia Bustillo Camargo tiene por objeto la protección de los derechos
fundamentales a la dignidad humana y al debido proceso, así como los principios
de equidad, igualdad y poder adquisitivo de la moneda con ocasión de la expedición
del Decreto 1779 de 2020, “Por el cual se reajusta la asignación mensual para los
miembros del Congreso de la República”, el Decreto 1785 del 2020, “Por el cual
se fija el salario mínimo mensual legal”, Decreto 1786 del 2020, “Por el cual se
fija el auxilio de transporte” y el IPC del año 2020 comunicado por el DANE el 5
de enero de 2021 (IPC base de aumento para las pensiones del 2021, 1,61%).”.
Y se agrega: “Como quiera que el aumento de los salarios de los congresistas incide
de manera directa en el devengado por los magistrados de Alta Corte, de conformidad
con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, consideramos que nos asiste
un interés directo en la resolución del presente asunto, por lo que solicitamos
se acepte el impedimento manifestado y, en consecuencia, se nos separe del
conocimiento de la presente acción constitucional por configurarse la causal
contenida en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
aplicable por remisión expresa del artículo 39 del Decreto Estatutario 2591 de
1991.”.
En consecuencia, se ordenó el sorteo de la Sala de Conjueces que se llevó a cabo mediante acta
calendada el 19 de mayo del 2022, Sala que quedó integrada por los Conjueces Luis Fernando
Macías Gómez, Sonia Esther Osorio Vesga, Juan Camilo Serrano Valenzuela y Humberto Aníbal
Restrepo Vélez, éste último en calidad de Conjuez ponente.
La Sala de Conjueces sorteada es competente para decidir los impedimentos formulados en
atención del último inciso del artículo 140 del Código General del Proceso2, aplicable al caso de
conformidad con el artículo 4 del Decreto 306 de 1992.
Los impedimentos están instituidos en nuestra legislación como garantía de imparcialidad de los
funcionarios judiciales en el desempeño de su labor misional.
Cuando se trata de acciones de tutela, el artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991 consagra el
deber especial del Juez de declararse impedido cuando concurra en él alguna de las causales de
2 “Artículo 140. Declaración de impedimentos. Los magistrados, jueces, conjueces en quienes concurra alguna causal de
recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta.
(…) Cuando se declaren impedidos varios o todos los magistrados de una misma sala del tribunal o de la Corte, todos los impedimentos
se tramitarán conjuntamente y se resolverán en un mismo acto por sala de conjueces”.
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impedimento señaladas en el Código de Procedimiento Penal, so pena de incurrir en la sanción
disciplinaria correspondiente.
En efecto, la demanda de tutela pretende -entre otros- que se suspendan los efectos del Decreto
1779 del 2020 -que consagró el aumento del salario de los congresistas para el año 2020- lo
que incide en la determinación de la prima especial de servicios devengada por los Magistrados
de las altas cortes -como los Consejeros de Estado-, conforme a la regulación que hace el
artículo 15 de la Ley 4ª de 19923, por cuanto tal prima se calcula de acuerdo con la totalidad
de los ingresos laborales percibidos por los miembros del Congreso de la República.
Por su parte, la causal invocada por los Honorables Consejeros de Estado de la Sección Cuarta
en el caso concreto está contenida en el numeral 1° del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal, así: “1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera
permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o
civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación procesal.”.
Así las cosas, resulta evidente que la situación fáctica propuesta se encuentra inmersa dentro
de la causal alegada, pues la decisión que se llegue a adoptar al decidir de fondo sobre la acción
incoada incidirá en los intereses de los Consejeros de Estado, razón suficiente que impone
separarlos del conocimiento del presente asunto, como garantía de imparcialidad, previo a
declarar fundado el impedimento manifestado.
3. Procedencia de la acción de tutela.
El artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto Legislativo 2591 de 1991,
consagró la figura de la acción de tutela, que ha sido concebida -en términos generales- como
un mecanismo judicial con carácter residual y subsidiario con el que cuenta toda persona para
la protección de sus derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración por
la acción u omisión de cualquier autoridad pública, y en algunos casos de particulares.
No obstante lo anterior, su ejercicio tiene límites, entre otros, el que la torna en improcedente,
en primer lugar como producto de la aplicación del principio de subsidiaridad, en el evento en
que existan otros recursos o medios de defensa judiciales -salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable- y en segundo lugar, por tratarse de demandas
dirigidas contra actos de carácter general, impersonal y abstracto (D.L. 2591/1995, art. 6,
núms. 1 y 5).
4. Legitimación en la causa.
4.1. Legitimación por activa
Conforme al artículo 86 superior, toda persona podrá presentar acción de tutela ante los jueces
en procura de obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
3 “Artículo 15. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional,
del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el
Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, sin carácter salarial, que sumada
a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del congreso, sin que en ningún caso los supere.
El Gobierno podrá fijar la misma prima para los ministros de despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.”.
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cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública o particular.
En el presente caso, la accionante actúa en nombre propio y en defensa de sus propios derechos
e intereses, asegurando que ostenta la condición de pensionada, razón por la que se encuentra
legitimada para presentar la demanda de tutela que nos ocupa.
4.2. Legitimación por pasiva.
En materia de la acción de tutela, la legitimación por pasiva alude directamente a la capacidad
legal del destinatario del amparo solicitado para actuar como demandado, y en tal virtud será
quién –en principio- sea llamado a responder por la eventual vulneración o amenaza del derecho
fundamental.
Tanto el Presidente de la República, como los Ministros del Trabajo y de Hacienda y Crédito
Público, el Director del Departamento Nacional de Planeación y el Procurador General de la
Nación están legitimados como parte pasiva, toda vez que por parte de la accionante se les
atribuye la vulneración de los derechos fundamentales invocados.
5. Inmediatez
Si bien, para el ejercicio del amparo constitucional no existe la consagración normativa de un
término de caducidad, la jurisprudencia se ha encargado de condicionar su presentación de
manera oportuna y razonable, y en tal sentido, ha desarrollado el principio de inmediatez como
requisito para su viabilidad, atendiendo a que hace parte de la naturaleza misma de la acción
de tutela.
En criterio de la Corte Constitucional: “… el requisito de la inmediatez deberá ser
abordado desde la discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada
juez evalúe si la solicitud fue presentada dentro de un plazo razonable y
proporcional,…”.4
La Sala de Conjueces encuentra que en el presente caso la demanda cumple con este requisito
de procedibilidad, atendiendo a que fue presentada en un término razonable contado desde que
se expidieron los decretos acusados de causar la vulneración de los derechos fundamentales
señalados, incluso, en un término inferior a los seis (6) meses acogido como regla general por
esta corporación, advirtiendo que en el presente caso solo se trata de un referente, pues dicha
regla apunta solo a las acciones contra providencias judiciales.5
6. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala de Conjueces de la Sección Cuarta determinar si la providencia de 11 de
marzo del 2021, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
4 Corte Constitucional, Sentencia T-246 del 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación SU 2221 del 2014, C.P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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improcedente la solicitud de amparo, debe confirmarse, o si, por el contrario, debe ser
modificada o revocada, para lo cual deberá abordar el tema a fin de determinar si es procedente
la acción de tutela dirigida a suspender los efectos del Decreto 1779 del 2020, a modificar los
Decretos 1785 y 1786 del 2020, y a ordenar que se fije el aumento de las pensiones si se
considera que en el año 2020 no hubo incremento.
7. El caso concreto.
La acción incoada se dirige al cuestionamiento directo de tres (3) disposiciones normativas, en
procura de ordenar a los demandados: (i) la suspensión de los efectos del Decreto 1779 del
2020 que determina el aumento al salario de los congresistas en un 5.12%, o, en su defecto,
que dicho porcentaje sea el mismo “…al salario mínimo y a todos los pensionados de
Colombia”, y (ii) la modificación de los Decretos 1785 y 1786 del 2020, para ajustarlos al mismo
porcentaje del Decreto 1779 del 2020, en la aplicación de los principios de igualdad y equidad.
De allí se deriva una tercera petición relacionada con la aspiración para que se le imparta la
orden a los demandados de fijar el aumento de las pensiones teniendo en cuenta que en el año
2020 no hubo incremento, aplicando las mismas reglas del aumento del Congreso y del salario
mínimo en Colombia, aparte de una solicitud marginal relacionada con la convocatoria a una
asamblea constituyente y de la solicitud de advertencia a los accionados del cabal cumplimiento
de la providencia y de las sanciones a lugar.
En este orden de ideas, no hay duda alguna de que la intención de la demandante está dirigida
a cuestionar la presunción de legalidad de actos de carácter general expedidos por el Gobierno
Nacional, así:
.- El Decreto 1779 del 24 de diciembre del 2020 “Por el cual se reajusta la
asignación mensual para los miembros del Congreso de la República”, expedido en
desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4 de 1992, en la Ley 644 del 2001 y en
el artículo 187 de la Constitución Política de Colombia.
.- El Decreto 1785 del 29 de diciembre del 2020 “Por el cual se fija el salario
mínimo mensual legal”, expedido en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 189
de la Constitución Política y en el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.
.- El Decreto 1786 del 29 de diciembre del 2020 “Por el cual se fija el auxilio de
transporte”, expedido en ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley 15 de 1959 y en la
Ley 4 de 1992.
Pues bien, saltan a la vista las previsiones contenidas en los numerales 1 y 5 del artículo 6 del
Decreto Legislativo 2591 de 1991, que dispone:
“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. <Inciso 2o. INEXEQUIBLE> 2. Cuando para proteger el derecho se pueda
invocar el recurso de habeas corpus.3. Cuando se pretenda proteger derechos
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colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la
Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la
tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan
intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio
irremediable. 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un
daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.
5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.”
7.1. Improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
subsidiaridad.
La causal señalada en el numeral 1 de la norma antes citada, responde a la materialización del
principio de subsidiaridad que rige el ejercicio de la acción de tutela, en los términos previstos
por el artículo 86 Superior, así: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
En sentencia T-324 del 2020 la Corte Constitucional sostuvo: “… el recurso de amparo no
puede convertirse en un instrumento alternativo, sustitutivo, paralelo o
complementario de las diversas vías existentes en el ordenamiento jurídico, salvo
que las mismas sean ineficaces, no idóneas o se configure un perjuicio
irremediable”.
Existe entonces suficiente consenso acerca de que la naturaleza residual de esta acción delimita
la procedencia del amparo a tres (3) elementos básicos: (i) que la parte interesada no disponga
de otro medio judicial de defensa; (ii) que existan otros medios de defensa judicial, pero que
no presenten la idoneidad y eficacia suficiente para la plena y oportuna protección de los
derechos fundamentales afectados o en riesgo, o (iii) que se adelante para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, que debe tener las características de inminente, grave y requerir
medidas urgentes para su neutralización, lo que debe ser acreditado por la parte demandante.
Bajo estas condiciones, y en atención del carácter residual y subsidiario del mecanismo de
amparo, se ha mantenido el criterio según el cual -pese a ello- solo será “… procedente de
forma excepcional en dos eventos. El primero de ellos, como mecanismo definitivo,
cuando el presunto afectado no cuente con otro mecanismo de defensa judicial para
lograr la protección de sus derechos fundamentales o cuando, pese a existir otro
medio, aquél carece de idoneidad y eficacia para lograr una protección adecuada,
oportuna e integral de los derechos invocados. En segundo lugar, como mecanismo
transitorio, cuando se pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable
de los derechos fundamentales del accionante, desde el momento en que se presenta
la tutela hasta que un juez ordinario profiera el fallo.”6
En el presente caso, es evidente que la accionante cuenta con mecanismos de defensa judicial
expresamente previstos en el ordenamiento jurídico, si lo que se pretende es cuestionar la
legalidad de los Decretos 1779, 1785 y 1786 del 2020, expedidos por el Gobierno Nacional.
En efecto, el legislador expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, CPACA, que consagra el medio de control de nulidad (art. 137) y por su virtud,
6 Corte Constitucional, Sentencia T-365 del 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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toda persona puede solicitar que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter
general, para cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias
de quien los profirió.
Por su parte, el artículo 135 ibídem, contempla el medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad, que permite a los ciudadanos -en cualquier tiempo- solicitar que se declare
la nulidad de los decretos de carácter general dictados por el Gobierno Nacional, cuya revisión
no corresponda a la Corte Constitucional, por infracción directa de la Constitución.
La Corte ha insistido en que: “… de verificarse la existencia de otros medios
judiciales, siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos
en el caso concreto, para determinar si aquellos tienen la capacidad de
restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis
debe ser sustancial y no simplemente formal, y reconocer que el juez de tutela
no puede suplantar al juez ordinario.”.7
Así las cosas, la Sala de Conjueces llama la atención sobre la primera de las pretensiones,
encaminada a obtener la suspensión de los efectos del Decreto 1779 del 2020, posibilidad que
se encuentra prevista en la ley para ser solicitada por la parte demandante como una medida
cautelar dentro de los procesos que se adelanten ante la jurisdicción contencioso administrativa
(CPACA, art. 229).
Adicionalmente, el artículo 231 ibídem es contundente al señalar: “Cuando se pretenda la
nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos
procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la
solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del
análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas
como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.”
Claro está, la misma norma impone que para que sea viable la adopción de la medida, es
menester que se cumplan, entre otros requisitos, una de las siguientes condiciones: (i) que
existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia
serían nugatorios, o (ii) que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable.
En estas circunstancias, se tiene la certeza de que el medio de defensa judicial previsto resulta
idóneo y eficaz para lograr los fines perseguidos por los demandantes en relación con el Decreto
1779 del 2020, por lo que a continuación habrá de valorarse si se está en frente de la posibilidad
de evitar la ocurrencia o no de un perjuicio irremediable, que en palabras de la Corte
Constitucional se configura: “… cuando el peligro que se cierne sobre el derecho
fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su
subsistencia, requiriendo por tanto de medidas impostergables que lo
neutralicen.”8
7 Corte Constitucional, Sentencia T-583 del 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8 Corte Constitucional, Sentencia T-318 del 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Sin embargo, esta misma providencia recalca: “… el accionante deberá acreditar: i) una
afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto al daño-; (ii) la
urgencia de las medidas para remediar o prevenir la afectación; (iii) la gravedad
del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter
impostergable de las medidas para la efectiva protección de los derechos en
riesgo.”.
Nada de ello fue acreditado por la demandante –ni con ocasión de la demanda ni al momento
de presentar la impugnación que nos ocupa-, pues la abundante carga argumentativa expuesta
no tiene per se la virtud de cumplir los requerimientos exigidos por la jurisprudencia, en
consecuencia, no se demuestra la ocurrencia de una circunstancia que pueda catalogarse como
de perjuicio irremediable y en tal sentido no podría concluirse entonces que la situación fáctica
planteada requiere de la intervención directa e inmediata del juez constitucional para la
protección de los derechos fundamentales que se señalaron como violentados.
En lo que atañe al propósito de modificar los Decretos 1785 y 1786 del 2020, es obvio que los
mecanismos judiciales descritos no son per se suficientes para logar este cometido.
Frente a la aspiración de la accionante tendiente a que se ordene a los demandados fijar el
aumento de las pensiones -por considerar que en el año 2020 no se realizó un incremento-, es
necesario poner de presente el medio de defensa previsto en la ley, relacionado con la acción
de cumplimiento (L. 393/1997), que permite a toda persona acudir ante la autoridad judicial
para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos
administrativos.
En tal sentido, si la demandante interpreta que los accionados han incumplido algún mandato
legal frente a la eventual obligación de incrementar las mesadas a los pensionados, la Sala de
Conjueces considera que el mecanismo jurídico señalado resulta idóneo y eficaz para intentar
obtener dicho cometido, lo que ratificaría el incumplimiento del requisito de subsidiaridad
exigido para la prosperidad de la presente acción, amén de insistir en la ya comprobada ausencia
de demostración de un perjuicio irremediable.
Como quiera que no se presentan ninguna de las excepciones que la jurisprudencia
constitucional ha señalado para pasar por alto el cumplimiento del requisito de subsidiaridad
exigido para la viabilidad del amparo, y que, por el contrario, está demostrado que tal requisito
no se cumple -al menos en lo concerniente a la petición principal de suspender los efectos del
Decreto 1779 del 2020 y la de ordenar la fijación del incremento de las pensiones-, se
confirmará la declaratoria de improcedencia de la acción presentada, al tenor de lo reglado por
el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Legislativo 2591 de 1991.
7.2. Improcedencia de la acción de tutela contra actos de carácter general,
impersonal y abstracto.
El amparo solicitado ataca sin vacilación los Decretos 1779, 1785 y 1786 del 2020, expedidos
por el Gobierno Nacional, pretendiendo suspender los efectos del primero y la modificación de
los dos restantes.
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Sobre la naturaleza de los actos cuestionados, esto es, que se trata de actos de contenido
general, impersonal y abstracto, no recae ninguna duda, si consideramos la posición
jurisprudencial, que predica:
“Como es sabido, desde el punto de vista de su contenido, los actos de la
administración se clasifican en generales o individuales. Los actos generales,
también llamados actos creadores de situaciones jurídicas generales, objetivas
o reglamentarias, son aquellos que tienen un alcance indefinido e impersonal, es
decir, que se refieren o dirigen a personas indeterminadas. Por el contrario,
los actos de carácter individual o particular, conocidos como actos creadores de
situaciones jurídicas subjetivas o concretas, son los que tienen un alcance
definido, en el sentido de que están dirigidos a personas o sujetos identificados
o determinados individualmente.
De acuerdo con la doctrina especializada, para efectos de establecer la
naturaleza del acto administrativo, la determinación o indeterminación de los
sujetos no se analiza desde la perspectiva de su número o cantidad, sino desde
el punto de vista de si éstos se encuentran o no individualizados en forma
concreta. Así, un acto es de contenido general, aun cuando se refiera a pocas
personas, cuando en él no se identifican e individualizan los sujetos. En
contraposición a ello, el acto puede tener un contenido particular y concreto,
cuando a pesar de dirigirse a muchas personas, las mismas están debidamente
individualizadas e identificadas.”.9
Ha sido abundante la jurisprudencia de la Corte Constitucional para desarrollar una línea de
interpretación uniforme que ratifica, como regla general, que la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo y apropiado para controvertir actos cuya naturaleza sea general, impersonal
y abstracta, resultando en estos casos improcedente.
Ahora bien, pese a la existencia de disposición expresa en el sentido de negar la viabilidad de
la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal y abstracto (D.L. 2591/1995,
art. 6, núm. 5), la Corte también ha definido que el amparo procederá contra estos, sólo
excepcionalmente y “… como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del
acto de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un
derecho fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos
casos el juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar
la inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez
competente”.10
Se reitera en este punto, que la accionante no demostró la ocurrencia de alguna circunstancia
que pueda catalogarse como de perjuicio irremediable, en los términos definidos
jurisprudencialmente -como se analizó en el numeral anterior-, por lo que tampoco se cumple
con los requisitos exigidos para lograr el tratamiento excepcional previsto para el efecto.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-037 del 2009, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
10 Corte Constitucional, Sentencia C-132 del 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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En el mismo sentido, no demostró como el contenido del Decreto 1779 del 2020 (que reajusta
la asignación mensual de los miembros del Congreso), del Decreto 1785 del 2020 (que fija el
salario mínimo mensual legal) y del Decreto 1786 del 2020 (que fija el auxilio de transporte),
afectan -y de qué manera- los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso,
a los principios de equidad e igualdad, al poder adquisitivo de la moneda y al mínimo vital y
móvil de la demandante.
Así pues, en este caso, se confirma que la acción de tutela resulta improcedente prima facie por
la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto Legislativo 2591 de 1991, al
tener los decretos cuestionados el carácter de actos generales, impersonales y abstractos.
7.3. Tutela masiva.
Tal como lo reconoce la demandante en su escrito de impugnación, la presente acción responde
al fenómeno de “tutelas masivas”, que han sido definidas por la jurisprudencia como aquellas
que son presentadas de manera masiva -en un solo momento- o que son presentadas con
posterioridad a otra solicitud de amparo, pero en ambos supuestos siempre debe existir triple
identidad entre todos los casos: (i) identidad acerca del objeto, que supone la equivalencia en
el contenido iusfundamental sobre el cual principalmente recae el hecho vulnerador o
amenazante de los derechos fundamentales que se reclaman, lo que esencialmente se vulnera
o amenaza; (ii) identidad acerca de la causa, que se refiere a que las acciones de tutela que se
pretendan acumular tengan un mismo y único interés, cuyo efecto conduzca a la protección de
iguales derechos fundamentales; y (iii) identidad acerca de la parte pasiva.
En el presente caso, la demanda acusa el cumplimiento de la triple identidad señalada, al ser
presentada en un formato único, que coincide con las múltiples acciones incoadas ante distintos
operadores jurídicos antes de que entraran en vigencia las previsiones contenidas en el numeral
12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 2015 (modificado por el Decreto 333 del 6 de
abril del 2021) referidas a las reglas de reparto de las acciones de tutela contra las actuaciones
del Presidente de la República, que radicaron en cabeza de esta corporación la competencia
para conocerlas.
Ha sido precisamente en ejercicio de esa competencia que el Consejo de Estado –en sede de
instancia- ha conocido también de idénticas demandas presentadas con posterioridad a la
expedición de la norma en cita, pronunciándose en el sentido de declarar la improcedencia de
las acciones de tutela, bajo el entendido de que no solo no cumplían con el requisito de
subsidiaridad, sino porque estaban dirigidas contra actos de carácter general, impersonal y
abstracto.11
7.4. De la carencia actual de objeto.
Advierte la Sala de Conjueces que las disposiciones normativas sobre las que la actora pretende
que se ordene su modificación, esto es, los Decretos 1785 del 2020 (que fija el salario mínimo
mensual legal) y 1786 del 2020 (que fija el auxilio de transporte), fueron derogados
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sala de Conjueces, sentencia del 17 de noviembre
del 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-02173-00 (acumulados 11001-03-15-000-2021-01639-00, 11001-03-15-000-2021-1822-00,11001-
03-15-000-2021-01839-00,11001-03-15-000-2021-02078-00,11001-03-15-000-2021-02108-00 y 11001-03-15-000-2021-02135-00), Conjuez
Ponente: Humberto Aníbal Restrepo Vélez.
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expresamente por los Decretos 1724 y 1725, ambos del 15 de diciembre del 2021,
respectivamente, expedidos con posterioridad al fallo del a quo.
Sin embargo, ante la confirmación en esta instancia de la declaratoria de improcedencia de la
acción –lo que descarta un pronunciamiento sobre el fondo del asunto- e independientemente
de si las normas derogadas continúan o no produciendo efectos jurídicos, no es posible predicar
la regla según la cual una vez cumplida la derogación expresa de las normas cualquier orden
emitida por el juez constitucional no tendría algún efecto o simplemente caería en el vacío,
resultando en este caso inaplicable la figura de la carencia actual de objeto, bajo ninguna de las
circunstancias que según la jurisprudencia la materializan, a saber: daño consumado, hecho
superado o acaecimiento de una situación sobreviniente.
En efecto, “La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha indicado que
la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones
esbozadas en la acción de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendría
algún efecto o simplemente “caería en el vacío”. Específicamente, esta figura se
materializa a través en las siguientes circunstancias: 3.1.1. Daño consumado. Es
aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía
evitar con la acción de tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden
al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se
materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración
o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la
violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general,
la acción constitucional es improcedente cuando se ha consumado la vulneración
pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no indemnizatoria.
3.1.2. Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de
interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia
del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos
fundamentales alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se
realizó la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la
afectación, resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en
aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado. 3.1.3. Acaecimiento de una situación sobreviniente. Se presenta en
aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviviente, que a diferencia
del escenario anterior, no debe tener origen en una actuación de la accionada, y
que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación
hizo innecesario conceder el derecho.”12
No sobra advertir que la abundante fundamentación fáctica expresada por la accionante
–aunque carente de un hilo conductor-, está dirigida a soportar pretensiones que no
necesariamente están ligadas a la vigencia de las normas cuya legitimidad de cuestiona.
De esta manera se descarta tomar una decisión que implique el reconocimiento de la carencia
actual de objeto.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-038 del 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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8. Conclusión.
Por todo lo expuesto, la Sala de Conjueces concuerda con el fallo de primera instancia en cuanto
a que la acción incoada es improcedente, sin embargo, deberá modificar la decisión adoptada
por el a quo, en procura de precisar que la declaratoria de improcedencia de la acción se hace
bajo el entendido de que no solo no cumple con el requisito de subsidiaridad, sino porque está
dirigida contra actos de carácter general, impersonal y abstracto, como se analizó en los
numerales 7.1. y 7.2. de la parte considerativa de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de
Conjueces de la Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por los Consejeros de la Sección
Cuarta, Stella Jeannette Carvajal Basto, Myriam Stella Gutiérrez Arguello, Milton Chaves García
y Julio Roberto Piza Rodríguez, por lo cual se les separa del conocimiento de este proceso, y,
en consecuencia, se dispone avocar el conocimiento de la presente acción de tutela.
Segundo. Modificar el numeral primero de la sentencia proferida el 11 de marzo del 2021 por
la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de declarar
improcedente la acción de tutela incoada por la señora MARÍA EUGENIA BUSTILLO CAMARGO
en contra del señor Presidente de la República, de los Ministros del Trabajo y de Hacienda y
Crédito Público, del Director del Departamento Nacional de Planeación y de la Procuradora
General de la Nación, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Confirmar en todo lo demás la providencia impugnada.
Cuarto. Notificar la presente decisión a las partes por un medio expedito, conforme a lo
dispuesto por el artículo 30 del D.L. 2591 de 1991.
Quinto. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
Sexto. Remítase el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite
de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
HUMBERTO ANÍBAL RESTREPO VÉLEZ SONIA ESTHER OSORIO VESGA
Conjuez Ponente Conjuez
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN CAMILO SERRANO VALENZUELA LUIS FERNANDO MACÍAS GÓMEZ
Conjuez Conjuez
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