Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2021-00264-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2021-00264-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2021-00264-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Medio de control de pérdida de investidura de edil
Número único de radicación: 250002315000202100264-01
Solicitante: Johan Edgardo Moyano Torres
Edil: Eduardo Tito Gómez Cerón
Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia
proferida en un proceso de pérdida de investidura
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Johan
Edgardo Moyano Torres –en adelante el Solicitante– contra la sentencia de 31 de
mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
primera instancia.
La presente providencia contiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve: las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El Solicitante pidió, en ejercicio del respectivo medio de control, que se decrete
la pérdida de investidura del señor Eduardo Tito Gómez Cerón, Edil de la Junta
Administradora Local de la Candelaria de Bogotá D.C., para el período 2020 –
2023 –en adelante el Edil–, porque, a su juicio, incurrió en la causal de pérdida de
investidura prevista en el numeral 6.º del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre
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Núm. Único de radicación: 250002315000202100264-01
de 20001, en concordancia con el artículo 65 del Decreto 1421 de 21 de julio de
19932, “[…] por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades […]”.
Pretensiones
2. Las pretensiones que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son las
siguientes:
“[…] Decretar la pérdida de investidura del edil Eduardo Tito Cerón Gómez,
perteneciente a la Junta Administradora Local de la Candelaria de Bogotá D.C., por
violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades conforme a lo dicho en
el cuerpo de esta demanda y lo estipulado en la Ley 617 de 2000, artículo 48 […].”.
Presupuestos fácticos
3. Los hechos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura son los
siguientes3:
3.1. El señor Gómez Cerón fue elegido Edil de la Junta Administradora Local de
La Candelaria de Bogotá D.C., en las elecciones realizadas el 27 de octubre de
2019.
3.2. El Solicitante señaló que el señor Gómez Cerón no cumplió con los
requisitos para el cargo de edil establecidos en el artículo 654 del Decreto 1421
de 21 de julio de 1993.
Causales de pérdida de investidura alegadas y argumentos que justifican la
solicitud
4. El Solicitante manifestó que el Edil incurrió en “[…] violación al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades […]”. En ese sentido, hizo referencia a la causal
de pérdida de investidura prevista en el numeral 6.º del artículo 48 de la Ley 617,
según el cual “[…] [l]os diputados y concejales municipales y distritales y miembros
de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 6. Por las demás
1 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona
la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
2 Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá.
3 Los supuestos fácticos planteados están contenidos en el escrito de solicitud de pérdida de investidura.
4 “[…] ARTÍCULO 65. EDILES. Para ser elegido edil o nombrado alcalde local se requiere ser ciudadano en
ejercicio y haber residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral en la
respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de la elección o del
nombramiento. […]”.
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Núm. Único de radicación: 250002315000202100264-01
causales expresamente previstas en la ley. […]”. Sobre este último numeral,
señaló “[…] remisión normativa expresa que nos transfiere específicamente al
Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 65 […]”.
Argumentos que fundamentan la solicitud de pérdida de investidura por las
causales de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
5. El Solicitante argumentó que el señor Gómez Cerón no cumplió con los
requisitos para ocupar el cargo de edil establecidos en el artículo 65 del Decreto
1421 de 1993, “[…] esto es, residir o haber desempeñado actividad profesional,
industrial, comercial o laboral en la localidad, por lo menos los dos años anteriores
a la fecha de elección o nombramiento, siendo esta una clara violación al régimen
de inhabilidades e incompatibilidades […]”.
6. En ese sentido, señaló que el señor Gómez Cerón no residía en La Candelaria,
por cuanto su dirección no correspondía a esa localidad.
7. Asimismo, indicó que el señor Gómez Cerón no desempeñó actividad
profesional, industrial, comercial o laboral en la localidad, en los dos años anteriores
a su elección como edil.
8. Adicionalmente, refirió, respecto al artículo 65 del Decreto 1421 de 1993, que se
trataba de una inhabilidad de carácter no restrictivo que aun cuando no estaba
taxativamente señalada en el artículo 48 de la Ley 617 imponía al candidato “[…]
una condición personal para poder ser elegido o nombrado, condición esta que no
cumple el hoy demandado, ya que como se indicó, no se cumple con el “haber
residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o laboral
en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años”, situación que no se
presenta y menos acreditó dicho edil, estando inmerso en dicha causal de pérdida
de investidura […]”.
Contestación de la solicitud de pérdida de investidura
9. El Edil, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, se refirió a la solicitud
de pérdida de investidura5, en el sentido de solicitar que se nieguen las pretensiones,
con fundamento en los siguientes argumentos:
5 Cfr. Documento denominado “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua2” “15.Contestación de la demanda”.
Documento aportado en forma digital.
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10. Señaló que no incurrió en violación al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, por cuanto cumplió con los requisitos para ocupar el cargo de
edil establecidos en el artículo 65 del Decreto 1421 de 1993.
11. Afirmó que su dirección de residencia podía ser diferente a la dirección donde
desempeñó actividades profesionales, industriales, comerciales o laborales en la
localidad de La Candelaria y tal situación no implicaba que no cumpliera con los
requisitos para ser edil.
12. Indicó que desempeñó actividad profesional, comercial y laboral en la
localidad de La Candelaria, como Representante Legal de la Asociación Iniciativa
Juvenil, desde el 2008 hasta la fecha, y como Jefe de Prensa, entre el 2012 y
2019, como se evidenciaba en la cuarta y séptima referencia de la hoja de vida
del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública –
SIDEAP.
13. Refirió que el hecho de que su lugar de residencia no estuviera en la localidad
de La Candelaria no implicaba que no cumpliera con los requisitos para ser edil,
por cuanto sus conexiones profesionales, comerciales, laborales, sociales,
académicas, políticas y de amistad demostraban su fuerte vínculo con el lugar.
14. Por último, indicó que “[…] [m]i vida no puede entenderse sin La Candelaria, allí
he desarrollado mi labor social, mi vida profesional como periodista a través de los
medios con los que colaboro, así mismo parte de mi labora de voluntariado […] mi
vida política […] mi vida cultural y pública […]. Entonces, no solamente estamos en
frente de hechos mentirosos y falaces, sino que además tenemos que se acude a
un recurso jurisdiccional que no es pertinente para el fin pretendido […]”.
La audiencia pública
15. La audiencia pública tuvo lugar el 18 de mayo de 2021 con la asistencia y
participación del Solicitante de la pérdida de investidura; el Edil y su apoderado6; y
el Ministerio Público.
6 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en audiencia pública de 18 de mayo de 2021, resolvió “[…]
doctor Luis Fernando Escobar Franco […] a quien se le reconoce personería sustantiva para representar los
intereses del Edil denunciado […]”.
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La sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el
18 de mayo de 20217, dispuso “[…] NEGAR la acción de pérdida de investidura
respecto de la causal relacionada como violación al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades por la elección del edil del señor Eduardo Tito Gómez Cerón
de la Junta Administradora Local de La Candelaria […]”.
Consideraciones del Tribunal
17. Como fundamento de su decisión, consideró, en síntesis, lo siguiente:
17.1. Que el problema jurídico que se debía resolver estaba orientado a determinar
“[…] si el Edil Tito Gómez Cerón incurrió en violación al régimen de inhabilidades
previsto en el artículo 124 de la Ley 136 de 1994, al presuntamente no acreditar
el requisito contemplado en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993 para ser
nombrado en el cargo de Edil y si ese hecho […]”.
18. Que no era causal de pérdida de investidura el hecho de que el edil no haya
residido o desempeñado alguna actividad profesional, industrial, comercial o
laboral en la respectiva localidad en la que fue elegido, por cuanto de la lectura
del artículo 65 del Decreto 1421 de 1993 no se desprendía expresamente tal
consecuencia.
19. Que la interpretación de las causales de pérdida de investidura debía hacerse
de manera restrictiva y taxativa, por cuanto se trataba de un proceso que podía
traer como consecuencia la imposibilidad de ejercer derechos políticos dentro del
marco de un estado democrático, participativo y deliberativo.
20. Que la verificación de los requisitos para ser elegido edil, aun cuando podrían
ser objeto de estudio como causal de nulidad electoral, no eran circunstancias que
pudieran ser evaluadas desde el medio de control de perdida de investidura, “[…]
primero, porque lo que se persigue son las conductas de indignidad que se realice
7 Cfr. Documento denominado “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua2” “48. (2) 2021-00264-00 Fallo Acción
Pérdida de Investidura”. Documento aportado en forma digital.
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en el cargo público y segundo por la especificidad y taxatividad que las caracteriza
[…]”.
Recurso de apelación presentado por el Solicitante8
21. El Solicitante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 31 de
mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el
objeto de que se revoque dicha providencia y, en su lugar, decretar la pérdida de
investidura del Edil, con fundamento en los siguientes argumentos:
22. Señala que, en el asunto objeto de examen, “[…] [s]e solicitó la pérdida de
investidura del edil, con fundamento en la inhabilidad […] prevista en el artículo
65 del Decreto 1421 de 1993, conforme a lo previsto como causal de pérdida de
investidura en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 […]”.
23. Afirma que el Tribunal podía analizar la inhabilidad del señor Gómez Cerón
para postularse al cargo de edil, debido a que el ser elegido en el cargo referido
no le impedía a la autoridad judicial resolver el asunto objeto de examen y los
ediles, al igual que los concejales, pierden la investidura por violación al régimen
de inhabilidades.
24. Indica que las referencias de la hoja de vida del señor Gómez Cerón en el
Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP
no acreditan el cumplimiento de los requisitos para ser elegido edil, por cuanto no
permiten establecer que haya desempeñado una actividad profesional, industrial,
comercial o laboral en la localidad de La Candelaria.
25. Refiere que “[…] la inhabilidad invocada en este proceso por mí, al igual de lo
que ocurre con las demás causales señaladas por la Constitución y la Ley […]”
tienen como objetivo primordial garantizar la efectividad de los principios de
moralidad, transparencia e igualdad en las actuaciones frente a la administración.
Traslado del recurso de apelación
26. Surtido el traslado del recurso de apelación presentado por el Solicitante, el
Edil y el Ministerio Público guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
8 Cfr. Documento denominado “25000231500020210026401”
“5_250002315000202100264012expedientedigi20210730104557”. Documento aportado en forma digital.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
27. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) el problema
jurídico; iii) la calificación habilitante; iv) el marco normativo y desarrollos
jurisprudenciales del medio de control de pérdida de investidura; v) el principio de
interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura; vi) el régimen
de inhabilidades de los ediles de las Juntas Administradoras Locales de Bogotá
D.C.; vii) violación al régimen de inhabilidades no constituye causal de pérdida de
investidura para los ediles; viii) análisis del caso concreto; y viii) las conclusiones.
Competencia de la Sala
28. Vistos: i) el parágrafo 2.° del artículo 48 de la Ley 617, sobre pérdida de
investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de
juntas administradoras locales; ii) el artículo 150 de la Ley 1437, sobre
competencia del Consejo de Estado; y iii) el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido
el 12 de marzo de 20199, sobre la repartición de los procesos entre las secciones
del Consejo de Estado: la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto.
29. Agotados los trámites inherentes a la solicitud de pérdida de investidura de
que trata este asunto sin que se observe vicios que puedan invalidar lo actuado,
se procede a decidir el caso sub lite.
30. Vistos los artículos 3289 y 32010 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201211, la
Sala procederá a pronunciarse únicamente en relación con los argumentos o
reparos formulados por el apelante.
El Problema jurídico
31. Corresponde a la Sala determinar, con fundamento en el recurso de
apelación, si el señor Eduardo Tito Gómez Cerón incurrió o no en la causal de
9 “[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”
10 “[…]ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. […]”
11 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
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pérdida de investidura prevista en el numeral 6º del artículo 48 de la Ley 617 de
2000, en concordancia con lo establecido en el artículo 65 del Decreto 1421 de
1993, con el objeto de establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia proferida el 31 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en primera instancia.
La calificación habilitante
32. La Sala encuentra probado que el señor Eduardo Tito Gómez Cerón tiene la
calidad de Edil de la Junta Administradora Local de la Candelaria de Bogotá D.C.,
para el período 2020 – 2023, de acuerdo con el resultado de las elecciones que
se llevaron a cabo el día 27 de octubre de 2019, según consta en el formulario E-
6JAL expedido por los Miembros de la Comisión Escrutadora en relación con las
elecciones realizadas el día antes mencionado, lo cual lo hace sujeto pasivo de la
solicitud de pérdida de investidura.
33. En ese orden de ideas, la investidura del señor Gómez Cerón se tiene por
cierta en la medida en que los documentos anteriormente indicados constituyen
prueba de dicha calidad, lo cual lo hace sujeto pasivo del medio de control de
pérdida de investidura.
Marco normativo y desarrollos jurisprudenciales del medio de control de
pérdida de investidura
Marco normativo
34. Vistos los artículos 18412 de la Constitución Política; 14313 de la Ley 1437 y
las leyes 136, y 617.
Desarrollos jurisprudenciales
35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que la pérdida de investidura es una acción pública que da origen a
12 Constitución Política. Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado
de acuerdo con la ley y en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la
solicitud formulada por la mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
13 Ley 1437 de 2011. Artículo 143. Pérdida de Investidura. A solicitud de la Mesa Directiva de la Cámara
correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la Constitución, se podrá
demandar la pérdida de investidura de congresistas.
Igualmente, la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, del Concejo Municipal, o de la junta
administradora local, así como cualquier ciudadano, podrá pedir la pérdida de investidura de diputados,
concejales y ediles.
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un proceso de carácter jurisdiccional y sancionatorio 14 de propósito ético, con
consecuencias políticas, que tiene por objeto el estudio de la conducta de los
miembros de corporaciones públicas de elección popular y como consecuencia la
pérdida de parte de los derechos políticos; y que tiene por fundamento la
protección y la preservación del principio de representación y de la dignidad en el
ejercicio del cargo que confiere el voto popular.
36. El fundamento de este proceso sancionatorio es preservar la dignidad del
cargo público de elección popular a través del control que ejercen los ciudadanos
sobre sus representantes cuando estos incurran en conductas contrarias al buen
servicio, al interés general o a la dignidad que ostentan. Se trata de conductas que
comportan la defraudación del principio de representación.
37. La Sala Plena15 puso de presente que, atendiendo la especial naturaleza de
la pérdida de investidura, esta acción tiene las siguientes características: i)
constituye un juicio de responsabilidad que conlleva la imposición de una sanción
de carácter jurisdiccional que castiga la transgresión al código de conducta que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular deben observar
atendiendo la naturaleza representativa de la investidura que ostenta; ii) es una
sanción de carácter jurisdiccional porque la competencia para decretarla es
atribuida exclusivamente al Consejo de Estado; iii) la pérdida de investidura es la
sanción más grave que puede imponerse a una persona que ha sido elegida en
una corporación pública de elección popular porque implica la separación
inmediata de las funciones que venía ejerciendo como integrante de esa
corporación y, por expresa disposición de la propia Constitución Política, la
inhabilidad permanente para serlo de nuevo en el futuro; iv) los procesos de
pérdida de investidura limitan o reducen algunos derechos fundamentales
previstos en la Constitución como el de ser elegido.
38. En esa misma orientación, la Corte Constitucional16 consideró que la pérdida
de investidura es una acción pública de carácter sancionatorio prevista en la
Constitución y la ley, que tiene como finalidad castigar a los miembros de las
14 Sentencia de 27 de septiembre de 2016, proferida en el proceso con radicación número (SU) 11001-03-15-
000- 2014-03886-00, Consejero Ponente Alberto Yepes Barreiro.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; Sentencia de 29 de agosto de 2017,
Expediente: 110010315000201601700-00(PI), M.P. Milton Chaves García.
16 Sentencia SU-426 de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortíz Delgado.
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corporaciones públicas que incurran en conductas consideradas reprochables por
ser incompatibles con la dignidad del cargo que ostentan.
39. En el proceso de pérdida de investidura se deben aplicar las garantías
constitucionales del debido proceso, conforme lo consideró la Sala Plena del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 23 de marzo de 201017. En ese
orden, las conductas sancionables deben estar plenamente determinadas en la
Constitución Política o en la ley con el objeto de excluir cualquier tipo de
arbitrariedad en la aplicación de los supuestos fácticos y normativos que realice
el juez, quien deberá estar siempre sometido al espectro conductual fijado por la
literalidad de la prohibición o circunstancia causante de la pérdida de investidura,
lo cual constituye una materialización del principio de interpretación restrictiva.
40. Asimismo, es importante resaltar que, por las particularidades del proceso de
pérdida de investidura y, en especial, a su carácter sancionador, en él se debe dar
plena aplicación de las garantías constitucionales del debido proceso, en
particular, en cuanto se refiere a la observancia de, entre otros, los principios pro
homine, in dubio pro reo, y de legalidad.
41. Es de importancia resaltar que el juicio de responsabilidad que se realiza en
el marco de la pérdida de investidura no puede ser considerado de ninguna
manera como un juicio de responsabilidad objetiva; por el contrario, en los
términos de la ley 1881, modificada por la Ley 2003, y conforme con la
jurisprudencia de las altas cortes 18 , una vez verificada la configuración del
elemento objetivo, se debe proceder al estudio del elemento subjetivo19.
42. En efecto, el artículo 1.° de la Ley 1881, modificado por el artículo 4 de la Ley
2003 de 19 de noviembre de 2019, establece que “[…] [e]l proceso sancionatorio
de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se
ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de
investidura establecidas en la Constitución […]”18 (Destacado fuera de texto).
17 Número único de radicación 110010315000200900198-00(PI).
18 Corte Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016.
19 En criterio de la Corte Constitucional “[…] atiende a las circunstancias particulares en las que se presentó
la conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y si su voluntad
se enderezó a esa acción u omisión […]”.
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Núm. Único de radicación: 250002315000202100264-01
43. En suma, el estudio de cada caso se debe realizar teniendo en cuenta que la
pérdida de investidura es un juicio de carácter sancionatorio, lo cual implica que
el juez debe realizar un análisis integral de la responsabilidad bajo una estricta
aplicación de los principios que gobiernan el debido proceso, en especial, entre
otros, el de favorabilidad, y, con fundamento en ello, determinar si la conducta se
subsume en el supuesto fáctico de la norma que establece como consecuencia
jurídica la pérdida de la investidura y si se configura o no el elemento subjetivo20.
Principio de interpretación restrictiva de las causales de pérdida de
investidura
44. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado y la
Sección Primera han considerado que, en virtud de la naturaleza sancionatoria de
la pérdida de investidura, se exige la aplicación estricta de ciertas garantías dentro
de las cuales se encuentra que las normas aplicables para que se configuren las
causales son de aplicación restrictiva 21 ; lo anterior en atención a que las
prohibiciones, en tanto limitan la libertad y los derechos de las personas, son de
origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la tipificación de sus causas,
vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y su aplicación es restrictiva, de
manera que se excluye la analogía y la interpretación extensiva.
45. En efecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de
21 de julio de 2015, consideró que dentro de los procesos de pérdida de
investidura son aplicables diversas garantías, entre las cuales resulta relevante
“[…] destacar la atinente a que las causales de pérdida de investidura de los
congresistas deban ser concebidas como de derecho estricto, de orden
público y de interpretación restrictiva, pues no puede perderse de vista que
la pérdida de investidura es una sanción que impide al afectado el ejercicio
pleno de sus derechos políticos en el futuro y a perpetuidad […]”. Asimismo,
señaló “[…] que en su jurisprudencia, tanto la Corte Constitucional como el
Consejo de Estado han puesto de presente que las normas que establecen
20 La Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU 424 de 2016, precisó que el juez de este proceso
sancionatorio debe determinar: i) si se configura la causal y ii) si a pesar de que ésta aparezca acreditada,
existe alguna circunstancia que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya actuado de buena
fe o, en caso de que la causal lo admita, se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o en
general exista alguna circunstancia que permita descartar la culpa.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,
sentencia proferida el 3 de noviembre de 2016 dentro del proceso identificado con el número único de
radicación 23001-23-33-004-2015-00489-01.
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derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de manera que se
garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten
mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades
para el desempeño de cargos públicos, deben estar consagradas
expresamente en la Constitución o en la ley y no pueden interpretarse en
forma extensiva sino siempre, con la finalidad enunciada, en forma
restrictiva […]”.
46. La Corte Constitucional en la sentencia SU-515 de 2013 consideró que, dado
el carácter sancionatorio del proceso de pérdida de investidura, la entidad del
castigo, así como los contenidos constitucionales que se encuentran en juego, a
él le son aplicables la totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio,
dentro de las cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva
legal, taxatividad y favorabilidad. Asimismo, consideró que estas causales “[…]
son de orden público, de interpretación restrictiva y “que no cabe su
aplicación por analogía ni por extensión”, ya que tienen por consecuencia
una sanción “que impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos
políticos en el futuro y a perpetuidad […]” y reiteró que “[…] el legislador está
obligado a describir la conducta o comportamiento que se considera ilegal o ilícito,
en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna sobre
el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a sanción […]”
(Destacado fuera de texto).
47. Por último, la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de
3 de noviembre de 2016, consideró que “[…] la interpretación y aplicación
restrictiva de las normas aplicables al régimen de pérdida de investidura también
obedece al principio pro homine que obliga al juez a optar por aquella
interpretación más favorable al hombre y a sus derechos […]”.
El régimen de inhabilidades aplicables a los ediles de las Juntas
Administradoras Locales de Bogotá D.C.
48. Vistos los artículos 32222 de la Constitución Política, el cual establece que el
régimen político, fiscal y administrativo del Distrito Capital de Bogotá será el que
22 “[…] ARTICULO 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:
Bogotá, Capital de la República y el Departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital.
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determine la Constitución y las leyes especiales; el artículo 41 Transitorio ibídem,
que dispuso: “[…] Si durante los dos años siguientes a la fecha de promulgación
de esta Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren los artículos
322, 323 y 324, sobre régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de
Bogotá, el Gobierno, por una sola vez expedirá las normas correspondientes […]”,
y el Decreto 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito
Capital de Santafé de Bogotá.
49. Esta Sección, en sentencia de 31 de marzo de 2005 23 , precisó que las
disposiciones del Decreto 1421 de 1993 son normas especiales y, por lo tanto,
preferentes al régimen legal ordinario de los municipios. En ese sentido, el
régimen de inhabilidades de los miembros de las Juntas Administradoras Locales
del Distrito Capital se encuentra previsto en el decreto referido, atendiendo el
régimen especial al que rige sus actuaciones24.
Violación al régimen de inhabilidades no constituye causal de pérdida de
investidura para los ediles. Reiteración jurisprudencial
50. Visto el artículo 48 de la Ley 617, el cual establece, entre otros, las causales
de pérdida de investidura para los ediles, en especial, el numeral 6.º, que dispone
“[…] [l]os diputados y concejales municipales y distritales y miembros de las
juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 6. Por las demás
causales expresamente previstas en la ley. […]” (Se resalta).
51. Esta Corporación, en jurisprudencia reiterada, ha señalado que, aun cuando
el artículo 48 de la Ley 617 no contiene la violación del régimen de inhabilidades
como causal de pérdida de investidura, esto no quiere decir que haya sido
suprimida, debido a que el numeral 6 previó la pérdida de investidura, por las
demás causales expresamente previstas en la ley.
Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que
para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios.
Con base en las normas generales que establezca la ley, el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio
distrital en localidades, de acuerdo con las características sociales de sus habitantes, y hará el
correspondiente reparto de competencias y funciones administrativas.
A las autoridades distritales corresponderá garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las locales, la gestión de los asuntos propios de su
territorio […]”.
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.: 1133. Magistrado
Ponente: doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
24 Ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de junio
de 2017. Rad.: 2016 – 00731. Magistrado Ponente: doctor Hernando Sánchez Sánchez.
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52. No obstante lo anterior, esta Sección, en sentencia del 15 de diciembre de
2016 25 , rectificó la posición, que consideraba que el régimen de inhabilidades
constituía causal de pérdida de investidura para los miembros de las juntas
administradoras locales y para ello, homologaba el régimen de inhabilidades de
los ediles con el régimen de los concejales; y al efecto, puntualizó que el artículo
48 de la Ley 617 no prevé la violación del régimen de inhabilidades como causal
de pérdida de investidura para estos miembros de corporaciones públicas26, por
lo que no hay lugar a su aplicación extensiva.
53. En ese sentido, la Sala destaca que, a diferencia de los concejales, para el
caso de los ediles la violación al régimen de inhabilidades no constituye una causal
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de diciembre
de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 05001-23-33-000-2016-00738-
01. En ese sentido, señaló: “[…] Esta Sección, en providencia del 2 de marzo de 2006 y reiterada el 13 de
diciembre de 2012 , se ha mostrado partidaria de que el régimen de inhabilidades constituya causal de pérdida
de investidura para los ediles de las juntas administradoras locales, empleando para el efecto la siguiente
argumentación: […]. A pesar de lo expuesto en estas decisiones judiciales, la Sección considera que debe rectificar dicha posición,
en tanto dichas providencias homologarían el régimen de inhabilidades de los ediles con el régimen de
inhabilidades de los concejales. Es claro que «la autonomía e independencia de los jueces, conlleva la posibilidad de que estos se aparten
de la jurisprudencia en vigor, siempre y cuando hagan referencia al precedente que no van a aplicar y ofrezcan
una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que dé cuenta del por qué se aparta de la
regla jurisprudencial previa, siempre y cuando no desconozca el principio de igualdad material» (Corte
Constitucional, Sentencia SU 424 de 2016), por lo que la Sala procede a exponer las razones por las que
considera que la violación del régimen de inhabilidades no puede ser considerada como causal de pérdida
de investidura para los ediles de las juntas administradoras locales. Inicialmente debe indicarse que la posición expresada por la jurisprudencia de la Sala Plena de la Corporación
y por esta Sección en la que resulta viable considerar que el régimen de inhabilidades de los concejales
constituye causal de pérdida de investidura para estos servidores públicos, que además es citada por el
demandante, tiene dificultades cuando se pretende aplicarla a los ediles de las juntas administradoras
locales, como lo solicita el demandante. Al respecto, nótese como el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, señala claramente que:
«Artículo 55º.- Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por: (…) 2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses. (…)»,
Esto quiere significar que es viable, como se indicó anteriormente, considerar que para los concejales es
causal de pérdida de la investidura la violación del régimen de inhabilidades, empleando para el efecto la
remisión autorizada por el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 a «las demás causales
expresamente previstas en la ley». Sin embargo, esa posición no resulta aplicable a los ediles de las juntas administradoras locales porque
el citado artículo 55 de la Ley 136 de 1994 no contempla a estos servidores públicos. En esa medida,
entonces, no puede considerarse que el Tribunal Administrativo de Antioquia haya vulnerado el precedente
judicial fijado por la Sala Plena de la Corporación y por esta Sección. De esta forma y para el caso de los ediles de las juntas administradoras locales, debe indicarse que el artículo
48 de la Ley 617 de 2000 no contempló la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de
investidura. Esta interpretación de las normas que consagran las causales de pérdida de investidura que se le atribuyen
a la demandada, se ajusta al carácter especial de la pérdida de investidura que implica que las causales
establecidas en dicha materia son de derecho estricto, de orden público y de interpretación restrictiva,
por lo que no cabe su aplicación analógica o extensiva. Así lo indicó la Corte Constitucional, en Sentencia
SU 501 de 2015, (…). La misma posición, como se indicó, ha expresado esta Sala al señalar que «Por tratarse de una restricción
al derecho a elegir y ser elegido, tanto las inhabilidades como las incompatibilidades y las causales
de pérdida de investidura deben ser taxativas y no admiten interpretaciones extensivas o analógicas
por plausibles que estas sean» […]” (Se resalta y subraya). 26 Posición reiterada en sentencia del 21 de junio de 2018. C.P.
María Elizabeth García González. Expediente
radicación nro. 25000-23-36-000-2017-01903-01.
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de pérdida de investidura, por cuanto el artículo 55 de la Ley 136 de 2 de junio de
199427 no resulta aplicable a los ediles de las juntas administradoras locales, en
la medida que el artículo no prevé a estos servidores públicos, y las causales de
pérdida de investidura son de interpretación restrictiva, por lo que no permite una
aplicación analógica o extensiva.
Análisis del caso concreto
54. Vistos el numeral 6.º del artículo 48 de la Ley 617, el Decreto 1421 de 1993 y
el marco normativo: la Sala procede a realizar el análisis y la valoración
probatorios para, en aplicación de silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
55. Esta Sala procede a apreciar y a valorar en su conjunto todas las pruebas
decretadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y aplicando las de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda.
56. Explicado lo anterior y teniendo en cuenta que, de conformidad con el artículo
167 de la Ley 1564, en los procesos de pérdida de investidura, corresponde al
Solicitante y al miembro de la corporación pública de elección popular, probar los
supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.
57. De conformidad con lo anterior, esta Sala procederá al análisis y a la
valoración probatorios, con el fin de estudiar los argumentos presentados en el
recurso de apelación. En ese sentido, para resolver el problema jurídico, la Sala
procederá a determinar, inicialmente, si lo previsto el numeral 6º del artículo 48 de
la Ley 617 de 2000, en concordancia con lo establecido en el artículo 65 del
Decreto 1421 de 1993, es causal de pérdida de investidura para los miembros de
las Juntas Administradoras Locales.
Análisis de la procedencia de la causal de pérdida de investidura por
violación al régimen de inhabilidades, en el caso concreto
58. El Solicitante, en el recurso de apelación, señala que el señor Gómez Cerón
incurrió en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 6º del artículo
27 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.
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48 de la Ley 617, en concordancia con lo establecido en el artículo 65 del Decreto
1421 de 1993. En ese sentido, indica que, contrario a lo expuesto por el Tribunal,
el no cumplimiento de los requisitos para ser edil es una circunstancia constitutiva
de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades.
59. Sobre el particular, la Sala considera que no es posible darles a las
disposiciones normativas referidas supra la interpretación y el alcance pretendido
por el Solicitante, por cuanto el no cumplimiento de los requisitos legales para ser
elegido como edil no es una circunstancia constitutiva de la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de inhabilidades.
60. Lo anterior, por cuanto el proceso de pérdida de investidura, al tener
naturaleza sancionatoria, le es aplicable el principio de interpretación restrictiva,
por lo que, no se puede concluir que cualquier disposición tiene la potencialidad
de establecer conductas constitutivas de pérdida de investidura.
61. Sobre el particular, es preciso indicar que el numeral 6.º del artículo 48 de la
Ley 617, establece que “[…] [l]os diputados y concejales municipales y distritales
y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 6. Por
las demás causales expresamente previstas en la ley. […]” y el artículo 65 del
Decreto 1421 de 1993 no establece que la falta de requisitos para ser edil sea una
causal de pérdida de investidura.
62. En ese sentido, y como se explicó previamente, la jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido que la violación al régimen de inhabilidades no está
expresamente establecida como una causal de pérdida de investidura para los
ediles, por lo que, aun cuando la falta de cumplimiento de los requisitos para
ocupar el cargo de edil establecidos en el artículo 65 del Decreto 1421 de 1993
puede generar consecuencias legales de otra naturaleza, no puede ser analizado
en el marco del medio de control de pérdida de investidura como causal de pérdida
de investidura de ediles.
63. De conformidad con lo anterior, la Sala reitera la posición jurisprudencial de
esta Sección, en el sentido de afirmar que la violación al régimen de inhabilidades
no constituye causal de pérdida de investidura para los ediles.
64. En atención a todo lo expuesto, en el caso objeto de examen no se encuentra
probado que las conductas planteadas por el Solicitante sean circunstancias
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constitutivas de causales de pérdida de investidura aplicables a los ediles de las
juntas administradoras locales.
Conclusión
65. La Sala confirmará la sentencia de 31 de mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto dispuso negar la solicitud de
pérdida de investidura del Edil, Eduardo Tito Gómez Cerón.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 31 de mayo de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría que, una vez en firme esta sentencia,
DEVUELVA el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la
fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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