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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-15-000-2021-00511-01

Acción de tutela contra actos de contenido sancionatorio

Fecha
1 de julio de 2021
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate (e)

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-15-000-2021-00511-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 10 de junio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, puntualmente, en relación con el auto del 1º de octubre de 2020 y, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el actor, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR la improcedencia de la acción constitucional en relación con la decisión del 20 de enero de 2017, proferida por el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoría del fallo, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-15-000-2021-00511-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate (e)

1 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS DE CONTENIDO SANCIONATORIO / IMPROCEDENCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INMEDIATEZ Y SUBSIDIARIEDAD / MEDIO CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Medio judicial idóneo

En el sub lite, la parte actora aseguró que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y la defensa, con ocasión de la decisión proferida por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares el 20 de enero de 2017, que lo sancionó en un proceso disciplinario, la cual fue notificada por edicto el 3 de febrero de 2017 cobrando ejecutoria el 14 de febrero de 2017, conforme a la constancia secretarial que reposa en el expediente digital. (…) La Sala considera que el señor [C.J.C.E.] fue notificado por conducta concluyente, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley 836 de 2013, habida cuenta que a través de las peticiones del 22 de enero de 2018 solicitó, por un lado, copia del proceso IUS-2014-254183 y, de otro, copia de la resolución del fallo. (…) Así las cosas y, teniendo en cuenta que la acción de tutela del vocativo de la referencia se presentó el 25 de mayo de 2021, implica un ejercicio tardío de la acción constitucional, pues entre esta y la fecha en la que radicó las peticiones transcurrieron más de 3 años, tiempo que esta Sala considera que no es razonable para uso del mecanismo excepcional. (…) [A su vez,] [e]s menester precisar que comoquiera que el acto administrativo que sancionó al actor procedía el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el entendido de que fue en este que se definió la situación jurídica del sancionado, en tanto no fue objeto de recurso, en virtud de que alega la falta de notificación, significa que contaba con 4 meses a partir de la notificación por conducta concluyente para acudir a la jurisdicción contenciosa y no lo hizo, así que igual como lo determinó el a quo, la Sala no encuentra superado el requisito de subsidiariedad porque no agotó los mecanismos correspondientes contra la decisión de primera instancia.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTOS DE CONTENIDO SANCIONATORIO - Procedencia excepcional / PROCESO DISCIPLINARIO / SANCIÓN DE DESTITUCIÓN E INHABILIDAD PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS POR 12 AÑOS / INDEBIDA NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE IMPUSO SANCIÓN DE DESTITUCIÓN E INHABILIDAD - Debió alegarse al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

¿Vulneró la Procuraduría General de la Nación los derechos fundamentales al debido proceso y defensa por presuntamente incurrir en violación directa de la Constitución, al proferir el auto del 1° de octubre de 2020 por medio del que resolvió no acceder a la solicitud de revocatoria directa propuesta por el actor contra la decisión del 20 enero de 2017 a través de la cual, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares lo sancionó con la separación absoluta de las Fuerzas Militares e inhabilidad general de 12 años al interior del proceso disciplinario de radicado IUC D-2014-818-704536 y IUS 2014- 254183? (…) La parte actora alegó que las actuaciones surtidas en el proceso adelantado por el ente fiscal no le fueron comunicadas en debida forma por cuanto las decisiones no se enviaron a las direcciones que aportó, de un lado, ante la Jefatura Logística del Ejercito Nacional (…) y, de otro, ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en virtud de la actualización de su dirección de residencia (…), tal como lo señaló en el acta del 14 de septiembre de 2015. (…) De tal manera que aun cuando la Procuraduría General de la Nación conoció del asunto, lo cierto es que como ya se mencionó, estudió el caso a partir de las piezas procesales obrantes en el expediente determinando que las notificaciones fueron dirigidas al lugar del trabajo del demandante y a la dirección de reposaba en la hoja de vida, conforme la información suministrada por la Dirección de Defensa Jurídica Integral. De otra parte, como las censuras de la parte actora están encaminadas es a demostrar la indebida notificación y no alega un yerro específico contra el acto que negó la solicitud de revocatoria, no podría la Sala efectuar un estudio de dicho acto y menos aún el análisis del caso puntual de tal notificación, por cuanto para determinar este aspecto se requiere el análisis del proceso disciplinario, porque es con base en ello que se determinaría si realmente hubo o no la vulneración de los derechos del debido proceso y defensa, no obstante, la procedencia de la acción de amparo lo fue únicamente respecto del acto administrativo que negó la solicitud en cita. (…) Por lo anterior, la parte actora tuvo la oportunidad de poner en conocimiento ante al juez de la nulidad y restablecimiento del derecho el caso puntual de la indebida notificación, esto, en relación con la decisión que le impuso la sanción, pues no puede ser objeto de conocimiento a instancia del juez constitucional habida cuenta que frente a este acto no se logró superar el requisito de procedibilidad para proceder con el fondo del asunto. Así las cosas, la Sala revocará la decisión del a quo consistente en la declaratoria de la improcedencia y, en su lugar, negará el amparo deprecado frente al auto del 1º de octubre de 2020.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Bogotá, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-15-000-2021-00511-01(AC)

Actor: CARLOS JULIO CARREÑO ESTUPIÑÁN

Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y PROCURADURÍA DELEGADA PARA LAS FUERZAS MILITARES

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante sentencia del 10 de junio de 2021, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 25 de mayo de 2021 al aplicativo dispuesto para la radicación de Tutelas y Hábeas Corpus de la Rama Judicial, el abogado Juan Carlos Novoa Buendía, actuando como apoderado del señor Carlos Julio Carreño Estupiñán, ejerció acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, con el fin de que le sean amparados los derechos fundamentales de su poderdante, al debido proceso y el de defensa.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión del fallo disciplinario proferido, en primera instancia, por el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares el 20 de enero de 2017, mediante el cual lo sancionó con la separación absoluta de las Fuerzas Militares e inhabilidad general de 12 años, al interior del proceso disciplinario con radicado IUC 2014-818-704536 y IUS 2014- 254183, que adelantó la vista fiscal contra el señor Carlos Julio Carreño Estupiñán. Asimismo, por la Procuraduría General de la Nación con el auto del 1° de octubre de 2020 por medio del que resolvió no acceder a la solicitud de revocatoria directa propuesta por el actor.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y defensa del señor Coronel Carlos Julio Carreño Estupiñán que han sido quebrantados por la Procuraduría General de la Nación al proferir el fallo sancionatorio del 20 de enero de 2017, por medio del cual se impuso una sanción de destitución e inhabilidad por el término de 12 años, y el auto de 1 de octubre de 2020, que resolvió no revocar directamente la anterior
Decisión disciplinaria.

2. Como consecuencia de lo anterior se solicita DEJAR SIN EFECTOS la decisión sancionatoria proferida al interior del proceso IUS-2014-254183 y el auto que decidió no revocar directamente dicha sanción.

3. PERMITIR que el señor Coronel Carlos Julio Carreño Estupiñán pueda ejercer su derecho de defensa al interior del proceso disciplinario para lo cual habrá que retrotraer la actuación disciplinaria hasta la etapa de investigación disciplinaria donde fue formalmente vinculado.

4. LEVANTAR del registro de sanciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación la sanción que pesa sobre el Coronel Carlos Julio Carreño Estupiñán.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Carlos Julio Carreño Estupiñán en su condición de teniente coronel y ordenador del gasto dentro del proceso contratación por selección abreviada No. 097-CEITE-DITRA-2013, fue investigado disciplinariamente, con ocasión de la suscripción del Contrato 483-CEITE-DITRA-2013, cuyo objeto consistió en la permuta de un parque automotor de las Fuerzas Militares de Colombia, con más de 10 años de uso por camionetas 4X4 doble cabina diésel con platón y busetas para el transporte de pasajeros.

5. El Ejército Nacional, a través de la Jefatura Logística adelantó investigación preliminar el 28 de febrero de 2014 en contra del ahora tutelante. Paralelamente, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares también abrió indagación preliminar mediante auto del 12 de octubre de 2014, sobre los mismos hechos.

6. Del proceso conoció en primera instancia el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares ante su poder preferente, así, con fallo del 20 de enero de 2017 lo sancionó con la separación absoluta de las Fuerzas Militares e inhabilidad general de 12 años, de conformidad con los numerales 1° y 4° del artículo 62 de la Ley 836 de 2003 y los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 734 de 2002, en el trámite del proceso disciplinario con radicado IUC D-2014-818-704536 IUS 2014- 254183.

7. La decisión de primera instancia no fue objeto de recurso de apelación, tal como lo informó la apoderada de oficio del disciplinado a la vista fiscal, mediante memorial del 31 de enero de 2017. Posteriormente, el fallo sancionatorio fue notificado por edicto del 3 de febrero de 2017 cobrando ejecutoria el 14 de febrero de 2017, conforme a la constancia secretarial que reposa en el expediente digital.

8. Luego, mediante petición del 22 de febrero de 2018, el ahora tutelante solicitó la expedición de copias del proceso disciplinario en referencia, aduciendo que se encontraba fuera del país hacía más de dos años y, que por lo tanto no tuvo acceso al expediente, la cual fue autorizada el 25 siguiente por la Procuraduría General de la Nación.

9. El 7 de junio de 2018 la parte actora elevó solicitud de revocatoria directa contra el fallo del 20 de enero de 2017 ante la Procuraduría General de la Nación, en la que puso de presente que del proceso disciplinario no recibió notificación alguna que le permitiera conocer de la investigación que se adelantaba en su contra, para lo cual explicó en detalle las situaciones de hecho y de derecho acaecidas en el lapso que abarcó el proceso disciplinario.

10. Mediante auto del 1° de octubre de 2020 la Procuraduría General de la Nación no accedió a la revocatoria directa invocada por el ahora tutelante, al considerar que las comunicaciones enviadas a las direcciones suministradas por la Jefatura Jurídica Integral – Dirección de Defensa Jurídica Integral a efectos de notificación de las actuaciones surtidas en el proceso disciplinario adelantado contra el señor Carlos Julio Carreño Estupiñán se efectuaron en debida forma.

11. El auto en cita se notificó por correo electrónico, enviado el viernes 9 de abril de 2021 a las 11:40 a.m., frente al cual, no procedía recurso alguno.

1.3. Fundamentos de la vulneración

12. La parte actora, de manera preliminar, indicó que la solicitud de amparo superaba los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra los actos administrativos de carácter sancionatorio, frente al cual, en principio era procedente la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pero que en todo caso procedía el amparo constitucional ya que dicha demanda no resultaba idónea para asegurar la protección oportuna de sus derechos fundamentales, además de haberse concretado un perjuicio irremediable ante el “error acaecido en este caso tuvo efecto determinante en el resultado del proceso disciplinario…”.

13. Aseguró que la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares y la Procuraduría General de la Nación vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa al interior del proceso disciplinario IUS 2014 - 254183 adelantado en su contra por cuando en modo alguno fue notificado de las actuaciones surtidas en dicho proceso.

14. Sustentó lo anterior con la falta de comunicación de la existencia del proceso por cuanto las notificaciones que fueron generadas al interior de éste fueron enviadas i) a una dirección que no existía a pesar de la evidencia que reposa en el expediente, ii) a direcciones que no se encontraban discriminadas en su hoja de vida y iii) además a un correo electrónico no autorizado por el actor. Esto sin tener en cuenta la información que suministró ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL – el 14 de septiembre de 2015, luego de habérsele comunicado su retiro del servicio activo (1° de julio de 2015).

15. Sostuvo que por tal razón, no pudo hacer uso de los medios de defensa judicial como el de nulidad y restablecimiento del derecho. En ese sentido, soporta una sanción que le impide ejercer funciones públicas sin haber tendido la oportunidad de ejercer su defensa.

16. Expuso sobre la omisión de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares de no haber analizado el proceso disciplinario primigenio, JELOG 002 de 2014, que se adelantó en su contra por el Ejercito Nacional, el cual fue acogido por el ente fiscal ante su poder preferente, por cuanto este daba cuenta de la dirección suministrada por el actor a efectos de las notificaciones y comunicaciones del caso, la que aportó el actor bajo la gravedad de juramento en agosto de 2014 y que fue incorporada al proceso originario de la presente acción constitucional, siendo actualizada con posterioridad ante CREMIL como se indicó con anterioridad. Al respecto puntualizó que:

“En dicha visita se dejó constancia que la Procuraduría General de la Nación ejercería el poder preferente y en consecuencia la indagación preliminar JELOG 002-2014 haría parte del proceso disciplinario que adelantaba la delegada para las Fuerzas Militares. En la diligencia se hizo entrega del proceso JELOG 002-2014 donde el Coronel Carreño Estupiñán ya había declarado bajo juramento y consignado en dicha diligencia la dirección carrera 57#119ª-60 torre 1 Apto 1401 para efectos de dicho proceso y con todo, ya había actualizado su dirección ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en el sentido de indicar su residencia en la dirección carrera 111 No 74B-12 Barrio Villas de Granada; domicilios a donde nunca le informaron a mi poderdante del proceso que cursaba en su contra.

“El 27 de enero de 2016, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares profirió auto de cierre de investigación, ordenando en su numeral segundo notificar de la presente decisión al Coronel Carreño Estupiñán a la carrera 50 No 18-92 Puente Aranda, a pesar de existir dentro del plenario la indagación JELOG 002-2014 donde constaba una dirección del Coronel para los efectos de dicho proceso y la actualización de la misma en virtud de su retiro producido en julio de 2015. Con todo, se siguió enviando a una dirección respecto de la cual el investigado no había autorizado ni plasmado en ningún documento”.

17. Explicó que en el auto que profirió el cargo se señaló que entre las pruebas que lo sustentaban se encontraba la declaración rendida por el investigado, es decir, que a pesar de haberse referido a dicha prueba en modo alguno se tuvo en cuenta la dirección por él suministrada. Agregó que se dejó de un lado el hecho de que desde el 1° de julio de 2015 se retiró del servicio activo.

18. También refirió que, dentro del proceso disciplinario, el defensor de oficio que le fue asignado presentó solicitud de nulidad con el ánimo de que se investigara si era miembro del servicio activo o si tenía algún tipo de contacto para que rindiera la versión libre, la cual fue negada mediante auto de 29 de septiembre de 2016, sin haber sido recurrida por este y sin resolverse lo atinente a la verificación del estado activo.

19. Finalmente expuso el concepto y objeto del debido proceso de manera general y en el proceso disciplinario, con apoyo en la sentencia T- 429 de 2014 de la Corte Constitucional destacando lo pertinente al error, en torno a las comunicaciones dentro de un proceso disciplinario. Subrayó que se enteró del proceso un año después de haberse aplicado la sanción en su contra.

20. En el mismo sentido, citó las sentencias T-544 de 2015 y C-025 de 2009 en relación con el derecho de defensa para significar que si bien en el proceso disciplinario se le asignó al actor un defensor de oficio no fue suficiente para ejercer su defensa. Resaltó que no presentó recurso de reposición contra el auto que resolvió la nulidad propuesta por la misma apoderada y tampoco apeló el fallo de primera instancia.

1.4. Trámite de la acción de tutela

21. La Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante auto del 28 de mayo de 2021, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como al Procurador General de la Nación y al Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, en calidad de autoridades accionadas.

22. Negó la solicitud de vinculación a la presente acción constitucional de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL -, al no alegarse acción u omisión vulneradora de los derechos fundamentales deprecados por la parte actora.

23. Finalmente, reconoció personería para actuar al abogado Juan Carlos Novoa Buendía, en calidad de apoderado judicial de la parte actora, de conformidad con el poder allegado con la demanda.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.5.1. Procuraduría General de la Nación

24. La vista fiscal, a través de la oficina jurídica de la entidad, pidió que se denegara la presente acción constitucional y se declarara la improcedencia por cuanto las actuaciones adelantadas en el proceso disciplinario tramitado contra el señor Carlos Julio Carreño Estupiñán se surtieron con apego al procedimiento establecido en la Ley 836 de 2003 y con respeto a las garantías procesales.

25. Para el efecto rindió un informe mediante el cual transcribió las pretensiones de la parte actora y expuso los hechos y argumentos en los que se sustentaba la demanda, a efectos de su argumento de defensa hizo referencia a algunos apartes del auto del 1° de octubre de 2020.

26. Explicó que las comunicaciones fueron enviadas a la Brigada Logística No. 1, ubicada en la Carrera 50 18-92 Puente Aranda, Bogotá D.C., dirección donde se encontraba laborando el accionante, la cual fue suministrada el 15 de abril de 2015 por el Oficial de Enlace del Ejército Nacional ante la Procuraduría General de la Nación, por lo que actuó conforme al artículo 137 de la ley en cita que prevé: “(…) Una vez producida la decisión se citará inmediatamente al investigado, por medio eficaz y adecuado, por escrito dirigido a la unidad donde trabaja o a la última dirección registrada en su hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario, con objeto de notificarle el contenido de aquella y hacerle conocer los recursos que puede interponer”.

27. El 5 de julio de 2016, el Oficial de Enlace del Ejército Nacional ante la Procuraduría General de la Nación informó que el señor Carlos Julio Carreño Estupiñán se encontraba retirado del servicio activo y que, como última dirección, registraba la Carrera 9 N.º 103-05.

28. De otra parte, señaló que la acción de tutela no fue prevista para sustituir los mecanismos legales no ejercidos ni promovidos por negligencia, descuido o incuriay que en el caso objeto de estudio no era procedente la acción por cuanto el actor no demostró un perjuicio irremediable ni una amenaza concreta y fehaciente que afectara de manera personal un derecho fundamental y que además contaba con otro medio de defensa judicial.

1.6. Sentencia de primera instancia

29. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante sentencia del 10 de junio de 2021, decidió:

“PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por Carlos Julio Carreño Estupiñán, identificado con cédula de ciudadanía N.º 91.283.737 contra el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares y la Procuradora General de la Nación, de conformidad con lo considerado en la parte motiva de esta sentencia.”.

30. Como sustento de esta decisión, advirtió que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad en relación con el fallo sancionatorio proferido por el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares porque frente a ese acto administrativo procedía demanda de nulidad y restablecimiento del derecho acompañada de la suspensión del acto sancionatorio, es decir, que la parte actora contó con los mecanismos de control judicial contra el fallo sancionatorio y no hizo uso de ellos “tampoco después de rechazada la solicitud revocatoria directa”, pues la oposición que adoptó frente a dicho acto fue a través de la solicitud de revocatoria directa sin agotar los recursos “comunes e idóneos que estaban a su disposición”. Asimismo, señaló que frente al auto que negó la solicitud de revocatoria del acto también procedía dicho medio de control.

31. Respecto del incumplimiento del requisito de procedibilidad adjetiva de la inmediatez, indicó que la solicitud de amparo se presentó, por un lado, más de cuatro años después desde que la Procuraduría Delegada de las Fuerzas Militares profirió la sentencia del 20 de enero de 2017 y, por otro, teniendo en cuenta que el disciplinado el 22 de enero de 2018 interpuso derecho de petición, se entendió notificado por conducta concluyente a partir del 23 de enero de 2018, es decir, más de tres años después de su notificación y no expuso alguna razón que justificara el ejercicio tardío de la acción de tutela, en consecuencia, tampoco halló la existencia de un perjuicio irremediable comoquiera que este va ligado directamente de la inmediatez la cual no fue superada.

1.7. Impugnación

32. Con escrito enviado por correo electrónico el 16 de junio de 2021 a las 15:40 p.m. al buzón web de la Secretaría General del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la parte actora impugnó la decisión de primera instancia, enfatizo y reiteró de manera breve lo expuesto en el líbelo introductorio y, adicionalmente, expuso lo siguiente:

33. En relación con la improcedencia por subsidiariedad, manifestó que el a quo constitucional estimó que la parte actora no acudió al medio judicial que tenía a su alcance de manera oportuna, consistente en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho una vez fue notificado por conducta concluyente, del fallo sancionatorio de primera instancia, de lo cual, consideró errado tal argumento en tanto dicha notificación acaecía en los eventos en los que se permitía conocer de manera oportuna la decisión ante la cual se podían ejercer los mecanismos de defensa, conforme al artículo 72 de la Ley 1437 de 2011 y el 108 de la Ley 734 de 2002.

34. En lo tocante al requisito de inmediatez, calificó como desacertada la decisión del juez constitucional de primera instancia comoquiera que parte del 20 de enero de 2017, para contabilizar el tiempo transcurrido entre esta fecha y el 25 de mayo de 2021 cuando interpuso la presente acción de tutela, siendo que precisamente alegó la vulneración de sus derechos por el hecho de no haber sido notificado en el proceso disciplinario. Adujo que tampoco era viable realizar el conteo desde el 23 de enero de 2018, fecha en la que adujo el a quo constitucional que el ahora tutelante se notificó por conducta concluyente cuando pidió las copias del expediente del proceso disciplinario, pues para ese momento no podía interponer recurso alguno frente a la decisión de primera instancia.

35. Explicó que a efectos del requisito de procedibilidad de inmediatez se debió tener en cuenta es a partir de la decisión que negó la solicitud de revocatoria directa, pues en modo alguno podía entenderse un derecho de petición como un mecanismo de defensa frente al fallo sancionatorio, de conformidad con los artículos 122, 124 y 125 de la Ley 734 de 2002.

36. Sostuvo que se encontraba en imposibilidad jurídica de acudir a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto, cuando se enteró de la decisión sancionatoria habían transcurrido ya más de 4 meses, es decir, que había fenecido la oportunidad. Así que lo que restaba era adelantar la solicitud de revocatoria directa ya referida en tanto el término para su interposición es de 5 años e indicó que debía tenerse en cuenta además que el Procurador General de la Nación resolvió tal solicitud luego de haber transcurrido mucho más de 2 años.

37. Insistió en el acaecimiento de un perjuicio irremediable habida consideración que se le impuso una sanción en el trámite de un proceso del que no tuvo conocimiento, lo que conllevó a la imposibilidad de ejercer su defensa.

38. Por lo narrado pidió que se revocara la decisión constitucional de primera instancia y se amparan los derechos deprecados.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

39. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 10 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Relativa a la virtualidad de la Rama Judicial y del Consejo de Estado

40. Con ocasión del contagio a gran escala de la pandemia del Covid-19 y el aumento de ocupación en las unidades de cuidado intensivo del país, el Consejo Superior de la Judicatura ha recomendado a los titulares de los despachos judiciales que implementen medidas que beneficien el trabajo en casa, a través de las plataformas tecnológicas institucionales, con el fin de preservar la salud e integridad de los funcionarios de la Rama Judicial, así como de los usuarios de la administración de justicia. En el Consejo de Estado se crearon correos electrónicos exclusivos para la interacción de los ciudadanos y se implementó el sistema de gestión judicial SAMAI, lo que ha permitido que las funciones del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo se sigan desarrollando de manera virtual.

2.3. Legitimación en la causa

41. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

42. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

43. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416 de 1997, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

44. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

45. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

46. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda.

47. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que el señor Carlos Julio Carreño Estupiñán es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a que fungió como investigado dentro del proceso disciplinario en el que se profirió la providencia censurada, además por haber sido el solicitante de la revocatoria directa que dio lugar al auto que la negó.

48. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.

49. En relación con la autoridad judicial, se advierte que la demanda se dirigió contra la Procuraduría General de la Nación y el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, quienes profirieron la decisión que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, por lo que se encuentra legitimado por pasiva.

2.4. Problema jurídico

50. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida el 10 de junio de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que declaró improcedente la acción de tutela, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra los actos administrativos?

51. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿Vulneró la Procuraduría General de la Nación los derechos fundamentales al debido proceso y defensa por presuntamente incurrir en violación directa de la Constitución, al proferir el auto del 1° de octubre de 2020 por medio del que resolvió no acceder a la solicitud de revocatoria directa propuesta por el actor contra la decisión del 20 enero de 2017 a través de la cual, la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares lo sancionó con la separación absoluta de las Fuerzas Militares e inhabilidad general de 12 años al interior del proceso disciplinario de radicado IUC D-2014-818-704536 y IUS 2014- 254183?

52. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) generalidades de la acción de tutela; ii) la excepcionalísima procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos pasibles de control ante el juez contencioso administrativo; iii) análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela en contra de los actos administrativos y, de superarse (iv) el caso concreto.

2.5. Razones jurídicas de la decisión

2.5.1. Generalidades de la acción de tutela

53. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

54. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

55. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

56. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.5.2. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez contencioso administrativo

57. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

58. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.

59. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.

60. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores judiciales deben fungir como jueces de convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad.

61. Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto administrativo, en atención a la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, en los cuales se pueden pedir medidas cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

62. La existencia del otro mecanismo de defensa judicial, en determinadas oportunidades no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se resuelven, toda vez que se puede dar el caso que tal transgresión sea el producto de una decisión administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se encuentre revestida de legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido constitucionalmente vinculante de derechos de rango superior o resulte abiertamente arbitraria o discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden superior.

2.5.3. Análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela en contra de los actos administrativos

2.5.3.1. Inmediatez

63. En el sub lite, la parte actora aseguró que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y la defensa, con ocasión de la decisión proferida por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares el 20 de enero de 2017, que lo sancionó en un proceso disciplinario, la cual fue notificada por edicto el 3 de febrero de 2017 cobrando ejecutoria el 14 de febrero de 2017, conforme a la constancia secretarial que reposa en el expediente digital.

64. No obstante lo anterior, la parte demandante elevó solicitud de revocatoria directa ante la Procuraduría General de la Nación que fue resuelta mediante auto del 1° de octubre de 2020, el cual, se notificó por correo electrónico, enviado el viernes 9 de abril de 2021 a las 11:40 a.m., frente al cual, no procedía recurso alguno, quedando ejecutoriado el 14 de abril de 2021.

65. Frente al particular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante sentencia del 10 de junio de 2021, sólo se refirió al requisito de inmediatez, frente a la primera decisión (20 de enero de 2017), para lo cual advirtió que no se superaba y que la parte accionante no había expuesto ni demostrado alguna razón que justificara el ejercicio tardío de la acción de tutela, esto, al considerar que la solicitud de amparo se presentó, por un lado, más de cuatro años después de que la Procuraduría Delegada de las Fuerzas Militares profiriera el fallo disciplinario del 20 de enero de 2017 y, por otro, teniendo en cuenta que el disciplinado el 22 de enero de 2018 interpuso derecho de petición, entendiéndose notificado por conducta concluyente a partir del 23 de enero de 2018, es decir, que frente a esta fecha pasaron más de tres años después de su notificación.

66. Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó y manifestó que no era dable la contabilización de términos a efectos de la inmediatez a partir de la fecha de la decisión de primera instancia del proceso disciplinario y tampoco desde el momento en que solicitó las copias del expediente, por cuanto precisamente, ante la falta de la notificación fue que se hizo nugatorio su derecho defensa, así que la inmediatez debía analizarse desde el momento en que se negó la solicitud de revocatoria directa, pues en modo alguno puede entenderse un derecho de petición como un mecanismo de defensa frente al fallo sancionatorio.

67. La Sala considera que el señor Carlos Julio Carreño Estupiñán fue notificado por conducta concluyente, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley 836 de 2013, habida cuenta que a través de las peticiones del 22 de enero de 2018 solicitó, por un lado, copia del proceso IUS-2014-254183 y, de otro, copia de la resolución del fallo como se demuestra a continuación:

68. Así las cosas y, teniendo en cuenta que la acción de tutela del vocativo de la referencia se presentó el 25 de mayo de 2021, implica un ejercicio tardío de la acción constitucional, pues entre esta y la fecha en la que radicó las peticiones transcurrieron más de 3 años, tiempo que esta Sala considera que no es razonable para uso del mecanismo excepcional.

69. Ahora, no ocurre lo mismo con la decisión por medio del cual la Procuraduría General de la Nación negó la revocatoria del acto sancionatorio, esto, teniendo en cuenta que la acción de tutela del vocativo de la referencia se presentó el 25 de mayo de 2021, lo que implica un ejercicio oportuno de la acción constitucional, pues entre esa data y el 14 de abril de 2021 fecha de ejecutoria del auto del 1° de octubre de 2020, transcurrieron menos de dos meses, tiempo que esta Sala ha considerado razonable para uso del mecanismo excepcional.

70. Así las cosas, la Sala confirmará el numeral primero de la sentencia del 10 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por no superarse el requisito de procedibilidad adjetiva de la inmediatez en relación con la decisión sancionatoria.

2.5.3.2. Subsidiariedad

71. En lo atinente a la improcedencia por subsidiariedad, manifestó el actor que el a quo constitucional estima que la parte actora no acudió al medio judicial que tenía a su alcance de manera oportuna, consistente en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, una vez fue notificado por conducta concluyente, del fallo sancionatorio de primera instancia, de lo cual, considera errado tal argumento en tanto dicha notificación acaece en los eventos en los que permita conocer de manera oportuna la decisión ante la cual se pueda ejercer los mecanismos de defensa, conforme al artículo 72 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 108 de la Ley 734 de 2002.

72. Por su parte, el a quo constitucional advirtió que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad en relación con la decisión sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación porque frente a ese acto administrativo procedía demanda de nulidad y restablecimiento del derecho acompañada de la suspensión del acto sancionatorio, es decir, que la parte actora contó con los mecanismos de control judicial contra dicha decisión y no hizo uso de ellos, pues la oposición que adoptó frente a esta fue a través de la solicitud de revocatoria directa sin agotar los recursos “comunes e idóneos que estaban a su disposición”, que asimismo, procedía el medio de control contra negativa de la solicitud de revocatoria directa.

73. Es menester precisar que comoquiera que el acto administrativo que sancionó al actor procedía el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo el entendido de que fue en este que se definió la situación jurídica del sancionado, en tanto no fue objeto de recurso, en virtud de que alega la falta de notificación, significa que contaba con 4 meses a partir de la notificación por conducta concluyente para acudir a la jurisdicción contenciosa y no lo hizo, así que igual como lo determinó el a quo, la Sala no encuentra superado el requisito de subsidiariedad porque no agotó los mecanismos correspondientes contra la decisión de primera instancia.

74. No obstante, no ocurre lo mismo con el auto del 1° de octubre de 2020, por cuanto es un acto administrativo que no es pasible de control judicial al no ser definitivo, en tanto, no genera una situación jurídica nueva o distinta a aquella surgida del acto objeto de la solicitud de revocatoria, tal como lo ha señalado en forma reiterada la Sección Cuarta de esta Corporación:

“Esta Corporación en reiteradas ocasiones, ha expresado que el acto administrativo que niegue o rechace una solicitud de revocación directa no constituye acto administrativo definitivo, por cuanto no genera una situación jurídica nueva o distinta a la del acto objeto de la solicitud y, por ende, tampoco es susceptible de un control judicial por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Así lo ha precisado la Sección Cuarta de esta Corporación:

(…) [L]a jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que el acto que niega la revocatoria directa no es demandable ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, puesto que no crea una situación jurídica nueva o diferente a la creada por el acto cuya revocatoria se pide”. Diferente ocurre cuando la administración accede a revocar el acto, puesto que ahí sí se genera una nueva situación jurídica frente al acto revocado. (…)”

75. Así las cosas, la Sala encuentra superado el requisito de subsidiariedad en relación con el auto del 1° de octubre de 2020 al no contar el actor con mecanismos con los cuales pueda atacarlo ante el juez ordinario, luego, la Sala deberá proceder con el análisis de fondo de este acto y, revocar la decisión de primera instancia relativa a la improcedencia de la acción por no superar el requisito de la subsidiariedad frente al acto administrativo que negó la solicitud de revocatoria directa.

2.6. Del caso concreto

76. La parte actora considera que en el proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares que culminó con sanción consistente en la separación absoluta de las Fuerzas Militares e inhabilidad general de 12 años, que se originó a partir de los hechos acaecidos en el marco del proceso de contratación pública por selección abreviada No. 097-CEITE-DITRA-2013 que dio lugar a la suscripción del Contrato 483-CEITE-DITRA-2013, cuyo objeto consistió en la permuta de un parque automotor de las Fuerzas Militares de Colombia, con más de 10 años de uso por camionetas 4X4 doble cabina diésel con platón y busetas para el transporte de pasajeros, proceso frente al cual, el señor Carlos Julio Carreño Estupiñán actuó en condición de teniente coronel y ordenador del gasto dentro del proceso contratación por selección abreviada.

77. Dicha investigación que fue paralela comoquiera que tanto la Fiscalía General de la Nación a través de la Procuraduría Delegada, como el Ejército Nacional por medio de la Jefatura Logística, investigaron la misma conducta, así que el trámite adelantado por la segunda autoridad fue remitido a la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares ante el poder preferente de ésta el cual fue asumido mediante auto del 19 de enero de 2016.

78. La parte actora alegó que las actuaciones surtidas en el proceso adelantado por el ente fiscal no le fueron comunicadas en debida forma por cuanto las decisiones no se enviaron a las direcciones que aportó, de un lado, ante la Jefatura Logística del Ejercito Nacional, en la indagación preliminar JELOG 002-2014 en la que declaró bajo juramento que a efectos de comunicaciones y notificaciones le fueran enviadas a la carrera 57#119A-60 torre 1 Apto 1401 y, de otro, ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, en virtud de la actualización de su dirección de residencia que corresponde a la carrera 111 No 74B-12 Barrio Villas de Granada, tal como lo señaló en el acta del 14 de septiembre de 2015.

79. Por lo anterior y habiéndose enterado de la sanción, a partir del 22 de enero de 2018 cuando solicitó la expedición de las copias, procedió con la solicitud de revocatoria directa ante la Procuraduría General de la Nación, la cual fue negada mediante auto del 1 de octubre de 2020, por las razones que se transcriben a continuación:

“Analizado lo expuesto por el señor Carreño Estupiñán, resulta pertinente señalar que, las comunicaciones mediante las cuales se les informa a los sujetos intervinientes en una actuación las determinaciones acogidas dentro de la misma deben ser enviadas a la entidad en donde laboran, a la última dirección registrada en la hoja de vida o a la que aparezca en el proceso disciplinario.

Es por lo anterior, que la dependencia competente, en aras de verificar el lugar a donde le correspondía remitir los oficios mediante los cuales informaría al disciplinado las etapas que se estaban surtiendo dentro del proceso iniciado en su contra, solicitó en diferentes oportunidades la ubicación del servidor inquirido, ante lo cual el oficial de enlace del Ejército ante la Procuraduría General de la Nación, para la época, confirmó lo siguiente:

1. En oficio del 15 de abril de 2015: [...] Teniente Coronel CARLOS JULIO CARREÑO ESTUPIÑAN [...] actualmente se encuentra laborando en la Brigada Logística No. 1, ubicada en la Carrera 50 18-92 Puente Aranda, Bogotá D.C. [...] 2. En oficio del 27 de octubre del 2017: I.] Teniente Coronel CARLOS JULIO CARREÑO ESTUPIÑAN [...] se encuentra retirado del servicio activo y registra como última dirección en la base de datos Carrera 9 No. 103-35 Bogotá D.C. [...]

Así las cosas, denota el despacho que la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares al enviar las comunicaciones a las direcciones allegadas por la Jefatura Jurídica Integral — Dirección de Defensa Jurídica Integral, comunicó en debida forma al disciplinado las decisiones adoptadas dentro del proceso en estudio, por lo que el argumento alegado por el peticionario no suficiente para revocar el aludido fallo de primera instancia”.

80. Ahora bien, al margen del análisis que hizo la Procuraduría General de la Nación, decisión que fue tomada con base en las pruebas que obraban en el expediente, en la que determinó que contrario a lo señalado por la parte actora, sí hubo una debida notificación, lo cierto es que lo alegado por el tutelante no encuadra dentro aquellas causales establecidas por el legislador a efectos de revocar el acto administrativo por cuanto están dirigidas a atacar la sanción propiamente dicha y no hacen referencia a aspectos de tipo procesal, como pasa con la notificación como tal, habida cuenta que conforme al artículo 173 de la Ley 1862 de 2004 “Los fallos sancionatorios son revocables solo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente, cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales, en cuyo caso se emitirá el fallo sustitutivo”, pero se insiste, estas causales están dirigidas a controvertir el fondo del asunto, esto, en concordancia con el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 que son: a) cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, b) cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él y c) cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

81. De tal manera que aun cuando la Procuraduría General de la Nación conoció del asunto, lo cierto es que como ya se mencionó, estudió el caso a partir de las piezas procesales obrantes en el expediente determinando que las notificaciones fueron dirigidas al lugar del trabajo del demandante y a la dirección de reposaba en la hoja de vida, conforme la información suministrada por la Dirección de Defensa Jurídica Integral.

82. De otra parte, como las censuras de la parte actora están encaminadas es a demostrar la indebida notificación y no alega un yerro específico contra el acto que negó la solicitud de revocatoria, no podría la Sala efectuar un estudio de dicho acto y menos aún el análisis del caso puntual de tal notificación, por cuanto para determinar este aspecto se requiere el análisis del proceso disciplinario, porque es con base en ello que se determinaría si realmente hubo o no la vulneración de los derechos del debido proceso y defensa, no obstante, la procedencia de la acción de amparo lo fue únicamente respecto del acto administrativo que negó la solicitud en cita.

83. Por lo anterior, no es dable el estudio en ese sentido porque no se puede perder de vista que tal como se determinó en precedencia, el actor fue notificado por conducta concluyente cuando solicitó las copias del expediente en general y de la resolución del fallo, así que a partir de allí empezaba a correr el término de los cuatro meses a efectos de la interposición del medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo, no hizo uso de este mecanismo.

84. Por lo anterior, la parte actora tuvo la oportunidad de poner en conocimiento ante al juez de la nulidad y restablecimiento del derecho el caso puntual de la indebida notificación, esto, en relación con la decisión que le impuso la sanción, pues no puede ser objeto de conocimiento a instancia del juez constitucional habida cuenta que frente a este acto no se logró superar el requisito de procedibilidad para proceder con el fondo del asunto.

85. Así las cosas, la Sala revocará la decisión del a quo consistente en la declaratoria de la improcedencia y, en su lugar, negará el amparo deprecado frente al auto del 1º de octubre de 2020.

2.7. Conclusión

86. La Sala revocará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E del 10 de junio de 2021, por medio de la cual declaró la improcedencia de la acción en relación con el auto del 1º de octubre de 2020 con el que la Procuraduría General de la Nación negó la solicitud de revocatoria directa y, en su lugar, negará el amparo deprecado. Asimismo, confirmará la improcedencia de la acción atinente a la decisión del 20 de enero de 2017, proferida por el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia del 10 de junio de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela, puntualmente, en relación con el auto del 1º de octubre de 2020 y, en su lugar, NEGAR el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el actor, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR la improcedencia de la acción constitucional en relación con la decisión del 20 de enero de 2017, proferida por el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoría del fallo, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

La acción de tutela fue enviada al buzón web tutelaenlinea@deaj.ramajudicial.gov.co
La parte actora no recurrió la decisión de primera instancia. Según da cuenta el fallo disciplinario, la investigación preliminar también fue adelantada contra el Coronel Mauricio Andrés Gastelbondo Arzayus quien fungió como gerente del proyecto en el marco del proceso de contratación que dio lugar a la suscripción del contrato No. 483-CEITE-DITRA-2013 con el concesionario Automayor, no obstante, mediante decisión del 8 de agosto de 2016 se ordenó el archivo de las diligencias a favor del referido oficial. A partir del 15 de enero de 2016 en la visita que hizo la procuraduría delegada a la Dirección Telemática en cumplimiento del auto de 10 de noviembre de 2015. En el auto resolvió: “SEGUNDO: Comunicar al señor Carlos Julio Carreño Estupiñán el presente auto, informándole que contra este no procede recurso alguno conforme lo indicado en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002 y que ni la petición ni la decisión que se adopta revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso — administrativas”. Citó la sentencia SU-712 del 2013 de la Corte Constitucional. Carrera 9 No 103-35.
“Carrera 50 N° 18-92 en Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, donde funciona la Brigada Logística N°1, y al correo electrónico logísticatrp@gmail.com”. Carrera 111 No 74B-12 Barrio Villas de Granada. Carrera 57 # 119ª- 60 torre 1 Apto 1401.
“Por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”. Citó entre otras, la Sentencia T-451 de 2010. Hizo referencia a la Sentencia T-293 de 2011. La sentencia de primera instancia se notificó por correo electrónico, enviado el jueves 10 de junio de 2021 a las 2:27 p.m. La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el jueves 10 de junio de 2021 a las 2:27 p.m., y la impugnación se presentó el miércoles 16 de junio a las 15:40 p.m. Citó entre otros, la sentencia C-136 de 2016.
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Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318, 19.09.18., M.P.

Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
La posición contenida, entre otras, en el fallo del: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Sentencia 30.06.16, Rad. 2016-00617-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 10.09.15, Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 21.07.16, Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01. En el auto resolvió: “SEGUNDO: Comunicar al señor Carlos Julio Carreño Estupiñán el presente auto, informándole que contra este no procede recurso alguno conforme lo indicado en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002 y que ni la petición ni la decisión que se adopta revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso — administrativas”. ARTÍCULO 131. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE. <Ley derogada por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1862_2017_pr006.html" \l "252" 252 de la Ley 1862 de 2017> Cuando se hubiere omitido notificación a la persona a quien debió hacerse, se entenderá cumplida para todos los efectos, si hubiere interpuesto recurso contra la respectiva providencia, o actuado en diligencia o trámite a que se refiere la decisión no notificada. Norma aplicable al proceso disciplinario llevado a cabo contra el tutelante, conforme a los artículos 251 y 252 de la Ley 1862 del 4 de agosto de 2017. ARTÍCULO 251. TRANSITORIEDAD. Los procesos que se Encuentren con auto de cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán tramitándose de conformidad con las ritualidades consagradas en el procedimiento anterior. En caso contrario, la actuación se adecuará al procedimiento previsto en esta ley. ARTÍCULO 252. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente ley entrará a regir seis (6) meses después de su sanción y deroga la Ley 836 de julio 16 de 2003 y las demás disposiciones que le sean contrarias. Citó entre otros, la sentencia C-136 de 2016. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, Sentencia 20.09.17, Rad. 13001-23-33-000-2015-00687-01. Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P.: Martha Teresa Briceño de Valencia. Rad.: 11001-03-24-000-2014-00389-00 [21286]. sentencia de 7 de octubre de 2016. Reiterado en auto del 8 de junio de 2007, expediente 13001-23-33-000-2015-00122-01 (22303), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. En el auto referido se precisó: “Como quiera que dentro de la Visita Especial practicada por este Despacho dentro de la Investigación Disciplinaria con radicado IUC 2014-818-704536 IUS 2014-254183, se tuvo conocimiento del adelantamiento por parte de la Dirección de Transportes del Ejército Nacional de las diligencias disciplinarias con radicado No. JELOG-002- 2014, por los mismos hechos que investiga esta Delegada en el proceso en referencia, ordena la Procuraduría General de la Nación por intermedio de su Delegada para las Fuerzas Militares que se asuma por Poder Preferente dicha Indagación, que se detenga inmediatamente las actuaciones por parte de esa dependencia y en consecuencia se lleve a cabo el envío de las mismas en el estado en que se encuentren a esta Despacho”. (Subrayas fuera del texto original). Folio 2 del expediente digital.

Por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar.

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