Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2021-00734-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2021-00734-01
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2021-00734-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2021-00734-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
21 de octubre de 2022
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 25000-23-15-000-2021-00734-01
Solicitante: LUZ ALCIRA SIERRA REYES
Edil acusado: JOSÉ EDUARDO SILVA
TESIS No constituye causal de pérdida de investidura de
los ediles la violación del régimen de inhabilidades.
No se incurre en causal de pérdida de investidura
por violación del régimen de incompatibilidades
cuando no se demuestra que el edil, en calidad de
presidente de una junta de acción comunal y de
una asociación de juntas de acción comunal,
celebró contratos con entidades públicas del
Distrito.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte solicitante
en contra de la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2021 por la
Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual
denegó la desinvestidura del señor José Eduardo Silva, en calidad de edil
de la localidad de Chapinero, Bogotá, D.C., período constitucional 2020-
2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
I.- SÍNTESIS DEL CASO
1.1.- Lo pretendido
La señora Luz Alcira Sierre Reyes presentó demanda de pérdida de
investidura en contra del señor José Eduardo Silva, edil de la localidad de
Chapinero del Distrito Capital de Bogotá, para el período constitucional
2020-2023, para lo cual formuló como pretensiones:
“[…]
1. Se tengan por probadas las INHABILIDADES y/o
INCOMPATIBILIDADES, del Actual EDIL: JOSE EDUARDO SILVA, al
actuar a la vez; no sólo como PRESIDENTE de la JAC del barrio la
SUREÑA, sino además como PRESIDENTE de ASOJUNTAS DE LA
LOCALIDAD DE CHAPINERO.
2. Se declare la PERDIDA DE INVESTIDURA del ciudadano JOSE
EDUARDO SILVA.
3. Que se condene a DEVOLVER los Honorarios causados y recibidos
por el señor EDIL JOSE EDUARDO SILVA. En el caso de que no lo
hiciere estaría inmerso en el posible de (sic) peculado.
4. Que se declare la inhabilidad para ejercer cualquier cargo como
servidor público o de elección popular, de acuerdo con el fallo.
5. En el caso de que el Honorable Magistrado considere que el citado
EDIL está inmerso en la tipificación de algún Delito Electoral,
compulsar copias a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION.
[…]”. (mayúsculas originales)
Como sustento de lo anterior expuso:
“[…]FUNDAMENTO LEGAL
Se presentó y se presenta la inhabilidad;
1. El presidente de una junta de acción comunal que aspire a ser
candidato a una Junta Administradora Local como edil de ella, o a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
integrar una terna para alcalde local, deberá renunciar con tres meses
de anticipación como lo dispone expresamente el artículo 66, inciso
cuarto, del Decreto 1421 de 1993 (…). En este caso concreto el
Honorable Edil, no acató la norma mencionada; y no solo es presidente
de la JAC sino también de la Asociación de Junta de Chapinero.
2. El Concepto 20 de 2008 de Secretaría General Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C. es claro al señalar : // … “el candidato electo ya sea como
Alcalde o Edil no puede ser al mismo tiempo Presidente de una Junta
de Acción Comunal, por cuanto se da la imposibilidad del ejercicio
simultáneo de dos actividades o cargos que ponen en entredicho la
transparencia debida para el normal desarrollo de la actividad
pública”.
3. Decreto Ley 1421 de 1993
4. Ley 136 de 1994
5. Constitución Política de Colombia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.
6. Código Penal - Artículo 389 A. Elección ilícita de candidatos.
[…]”.
1.2.- Situación fáctica1
La solicitante informó que el señor José Eduardo Silva fue elegido edil de la
localidad de Chapinero para el período constitucional 2020-2023 en
representación del Partido Alianza Verde.
Indicó que la junta de acción comunal del barrio La Sureña de la localidad
02 de Chapinero, es una organización cívica, social y comunitaria de gestión
social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con domicilio en la ciudad
de Bogotá, D.C., a la cual se le reconoció personería y está registrada ante
el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal- IDPAC, cuya
personería se encuentra activa y el registro está vigente.
1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2021 00734 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
Señaló que, mediante auto de reconocimiento nro. 1347 del 11 de agosto
de 2016, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal inscribió
los dignatarios para el período del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2021.
Sostuvo que el señor José Eduardo Silva funge como presidente de la junta
de acción comunal y de la asociación de juntas de acción comunal de
Chapinero y está inmerso en una inhabilidad, puesto que no renunció con
la debida anticipación a esta dignidad.
Alegó que el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, en la
fecha del 16 de mayo de 2019 y mediante auto nro. 44, ordenó abrir una
investigación, entre otros, en contra del presidente de Asojuntas de
Chapinero.
Arguyó que las juntas de acción comunal para actuar gozan de personería
jurídica y el presidente es su representante legal; por lo tanto, entre sus
atribuciones le corresponde celebrar contratos y gestionar ante las
autoridades locales los asuntos de la junta de acción comunal.
Argumentó que, para el caso de las corporaciones de carácter territorial y
en relación con los ediles y miembros de las juntas administradoras locales
del Distrito Capital de Bogotá, el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades está contenido de manera especial en el Decreto 1421
de 1993, Estatuto de Santafé de Bogotá, y en forma general, en la Ley 136
de 1994.
Finalmente, sostuvo que “(…) el señor JOSÉ EDUARDO SILVA, aun sabiendo
estas inhabilidades, continúa en todos los cargos, inclusive se postuló y
también es VEEDOR COMUNITARIO. Es decir, es juez y parte de todas las
decisiones e investigaciones que se presentan en la localidad UPZ 89”.
(mayúsculas originales).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
2.- Contestación del edil acusado2
El señor José Eduardo Silva, actuando por conducto de apoderado, se opuso
a las pretensiones y como fundamentos de defensa expuso:
Frente a los hechos indicados en la solicitud, que no es cierto que no haya
renunciado a su cargo como representante de la organización comunal ni al
cargo que tenía en Asojuntas.
En cuanto a la primera y segunda pretensión, manifestó que no existen
pruebas, siquiera sumariales, que permitan inferir que incurrió en alguna
causal de inhabilidad o de incompatibilidad y, por lo tanto, se opone a que
se declare su pérdida de investidura de edil.
En lo relacionado con la tercera pretensión, afirmó que no se ha producido
un enriquecimiento sin justa causa, ni ha percibido doble asignación o
ejercido doble cargo, ni ha ejecutado actos aduciendo dos o más calidades
de funcionario público.
Con respecto a la cuarta pretensión, esto es, que se le declare inhábil para
ejercer cualquier cargo como servidor público o de elección popular, arguyó
que se opone en su totalidad, acorde con las excepciones y pruebas que
allega.
En lo atinente a la quinta pretensión, afirmó que no existe conducta típica,
antijurídica y culpable que sea objeto de investigación por la Fiscalía
General de la Nación.
2
Ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
Arguyó que, atendiendo lo señalado por el artículo 100 del Código General
del Proceso, aplicable a este medio de control por remisión del artículo 306
del CPACA, proponía como excepciones previas las siguientes:
“Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que
corresponde”; “No haberse ordenado la citación de otras personas que la
ley dispone citar”; “Falta de jurisdicción o competencia respecto de las
pretensiones” e “ineptitud de la demanda por falta de los requisitos
formales”.
Precisó que la falta de jurisdicción y competencia las planteaba respecto de
las pretensiones tercera y cuarta, porque el juez de pérdida de investidura
no es competente para ordenar la devolución de los honorarios recibidos
por una persona a la que se le declara la desinvestidura, ni para decretar
una inhabilidad general para el ejercicio de cargos públicos de miembros de
corporaciones de elección popular.
En cuanto a la ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales,
alegó que se hizo un inadecuado planteamiento de los argumentos
jurídicos, por lo que la presente demanda de pérdida de investidura no
cumple con el requisito formal previsto por el artículo 162 de la Ley 1437
de 2011, esto es, que los hechos estén debidamente determinados, y hay
una ausencia total de claridad del cargo por el cual se solicita la
desinvestidura.
Por último, afirmó que el escrito de la demanda solo refiere a que es edil de
Chapinero, presidente de Asojuntas y de la junta de acción comunal de La
Sureña, de lo que no se puede derivar de forma razonable cómo, de
ostentar un cargo, se desprende una intervención en la gestión de negocios
o en la celebración de un contrato con el distrito o con cualquier organismo
público.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
Razonó que ni siquiera de la argumentación esbozada en la demanda se
puede deducir que haya incurrido en una inhabilidad y que, como lo
concluyó el Consejo de Estado en el caso Mockus3, la ostentación de cargos,
e incluso de representación legal antes de la elección, no genera per se
ningún tipo de sanción de las establecidas por el artículo 183 constitucional.
Señaló que, a partir del acervo probatorio, existe una ausencia absoluta que
permita siquiera sugerir que intervino o celebró algún negocio o contrato
con alguna entidad pública, y que hubiese celebrado con Asojuntas o con la
junta de acción comunal de La Sureña algún tipo de contrato dentro de los
tres meses previos a la inscripción de su candidatura.
Por último, indicó que no existe ninguna argumentación razonable en la
demanda de que se haya configurado una causal de inhabilidad que haga
procedente la pérdida de su investidura.
3.- La sentencia de primera instancia
La Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó la
desinvestidura del edil acusado y como razones de la decisión se apoyó
en las siguientes4:
Hizo mención a las características de esta acción y, en cuanto a la
oportunidad para su interposición, acotó que el artículo 6 de la Ley 1881
de 2018 prevé que la solicitud debe presentarse dentro del plazo de cinco
años contados a partir de la ocurrencia del hecho generador, término que,
3
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Primera Especial
de Decisión de Perdida de Investidura. Consejera ponente: María Adriana Marín.
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02417-00(PI) (11001-03- 15-000-2018-
2445-00 y 11001-03-15-000-2018-2482-00) Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero
de dos mil diecinueve (2019).
4
Ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
acorde con lo previsto por la Corte Constitucional en la sentencia C-027
de 2020, no es aplicable para el caso de los ediles, por lo que concluyó
que para éstos se puede interponer en cualquier tiempo.
Se refirió a las excepciones previas planteadas en la contestación de la
pérdida de investidura y frente a las denominadas “habérsele dado a la
demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde” y “no
haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar”,
expuso que no haría pronunciamiento alguno, comoquiera que el acusado
no había aludido a ningún argumento para respaldar su afirmación, ni, en
gracia de discusión, estaban configuradas.
En cuanto al medio exceptivo de falta de jurisdicción o competencia de
las pretensiones tercera y cuarta, relacionadas, en su orden, con la
devolución de los honorarios percibidos por una persona a la que se le
declare la pérdida y el decreto de la inhabilidad general para el ejercicio
de cargos públicos de miembros de corporaciones públicas de elección
popular, estimó que eran secundarias a la pretensión principal y frente a
ésta tenía jurisdicción y competencia para conocer en primera instancia,
por lo que las declaró no probadas.
Por último, en relación con la ineptitud de la demanda por falta de los
requisitos formales, razonó que en el asunto se había inadmitido la
demanda para que se acreditara la calidad de edil del acusado y se
explicara de forma puntual el razonamiento jurídico respecto de las
normas relacionadas con la causal de inhabilidad invocada, por lo que una
vez subsanada se había admitido; por ende, la declaró no probada.
Al descender al estudio del caso, analizó que las causales de pérdida de
investidura de los ediles como miembros de las juntas administradoras
locales están previstas en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, y que el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
desconocimiento del régimen de inhabilidades no estaba señalado para
ellos como causal de pérdida de investidura.
Añadió que, en tal sentido, el hecho de haber fungido como representante
legal de una junta de acción comunal para la época de la elección, si bien
podría conllevar una violación al régimen de inhabilidades por disposición
expresa del artículo 66, numeral 4, del Decreto 1421 de 1993, no tenía la
virtud de despojar de la investidura a quien ejerce el cargo, por no estar
consagrada expresamente como causal de desinvestidura. Agregó:
“[…] Sobre la fecha desde la cual el señor Silva funge como presidente
de las organizaciones comunitarias, no obra prueba en el expediente.
Sobre este particular únicamente se tiene la afirmación de la
demandante en el sentido de que el 11 de agosto de 2016 el Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal inscribió los dignatarios
de la Junta de Acción Comunal para el período del 1 de julio de 2016
y el 30 junio del año 2021.
Se reitera que, es innecesario el análisis de la subsunción jurídica de
estos hechos en la norma del Decreto 1421 de 1993, acuñada por la
demandante, puesto que, como se explicó antes, con base en
jurisprudencia reiterada, la violación del régimen de inhabilidades no
constituye causal de pérdida de investidura para los ediles. Por tanto,
la pérdida de investidura solicitada no tiene vocación de éxito.
5) Si bien podría considerarse una presunta irregularidad la
posibilidad de incurrir en la citada causal de inhabilidad, su reproche
y efectos legales debieron ser ejercidos en oportunidad dentro de la
acción de nulidad electoral y no dentro de un proceso de pérdida de
investidura.
(…)
Lo anterior, por cuanto el legislador estableció como causal de pérdida
de la investidura de los ediles, únicamente la violación al régimen de
incompatibilidades dejando de lado las inhabilidades consagradas en
la ley, por lo cual, la solicitud planteada por la demandante respecto
de este cargo no está llamada a prosperar.
[…]”. (Negrillas y mayúsculas originales)
En relación con la violación al régimen de incompatibilidades señaló:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
“[…] Si bien dentro de los hechos de la demanda se menciona el
régimen de incompatibilidades como fundamento de la solicitud de
pérdida de investidura, sin explicar los fundamentos legales, pues los
mismos van dirigidos a la presunta causal de inhabilidad para el
ejercicio de las funciones como Edil de la Localidad de Chapinero -
Bogotá, es pertinente frente a ese tema considerar lo siguiente:
1) En lo concerniente a la pérdida de la investidura de los Ediles del
Distrito Capital de la República, entidad territorial que goza de
autonomía para la gestión de sus intereses, atendiendo el régimen
especial al que se halla sometido en los términos del artículo 322
constitucional, debe señalarse que el Decreto 1421 de 1993, prevé en
su artículo 66 las causales de inhabilidad de los miembros de las
Juntas Administradoras Locales y, en el artículo 68, las
incompatibilidades a que se sujetan estos servidores públicos, pero no
incorpora ninguna referencia específica con respecto a si se pierde o
no la investidura por incurrir en alguno de los supuestos que dichas
normas establecen o por cualquiera otra conducta que allí se defina.
De manera que, al no existir una regulación especial relacionada con
la pérdida de la investidura de los Ediles del Distrito Capital,
subsidiariamente, por expreso mandato de la misma norma
constitucional que contempla su régimen especial, aspecto que
también recoge el artículo 2° del Decreto 1421 de 1993, deben
aplicarse las normas constitucionales y legales referidas a los
municipios, particularmente, para el asunto que nos interesa, la Ley
136 de 1994. Esta Ley desarrolló en su artículo 119 el tema de las
Juntas Administradoras Locales de que trata el artículo 318 de la
Constitución Política y en su artículo 126 consagró las
incompatibilidades de los ediles (…).
(…)
2) En consecuencia, podría decirse que, en principio un edil no podría
ser al mismo tiempo presidente de una Junta de Acción Comunal, por
cuanto se da la imposibilidad del ejercicio simultáneo de dos
actividades o cargos que ponen en entredicho la transparencia debida
para el normal desarrollo de la actividad pública.
Estaría incurso en una incompatibilidad el edil que, como servidor
público, gestiona contratos con entidades públicas en calidad de
Presidente de la Junta de Acción Comunal. En efecto, dentro de las
incompatibilidades para desempeñar cargos públicos está la de
intervenir en actuaciones administrativas o contractuales en las cuales
tenga interés el municipio, en el presente caso la Alcaldía Local, de
Chapinero.
En consecuencia, para la Sala la naturaleza de la incompatibilidad se
atribuye a que el funcionario en calidad de Edil haya desplegado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
actuaciones eficaces y conscientes, es decir la efectiva participación
desvirtuando la naturaleza objetiva del ejercicio de su cargo público.
[…]”.
Por último, refirió a la naturaleza jurídica de las juntas de acción comunal,
a su creación legal, que sus integrantes no son funcionarios públicos, y
anotó:
“[…] En caso de tener que estudiarse la incompatibilidad por
considerar la parte demandante que el Edil interviene en gestiones
administrativas y contractuales en la localidad de Chapinero, según la
jurisprudencia del Consejo de Estado el articulo 66 numeral 4 del
Decreto 1421 de 1993, en relación con la celebración de contratos
como hecho inhabilitante o incompatible, consagra dos situaciones
distintas y autónomas: i) la celebración de un contrato entre el elegido
y el Distrito dentro de los 3 meses anteriores a la inscripción y, ii) la
ejecución de un contrato celebrado entre el elegido y un organismo
público de cualquier orden, en la localidad y dentro del término
señalado en la ley.
En el presente caso, no obran pruebas que determinen la presunta
incompatibilidad, es así como la demanda solamente está referida a
una manifestación indeterminada que no permite establecer de
manera clara la configuración de la misma a que hace referencia la
demandante, siendo necesario demostrar cualquier intervención así:
1) que se celebró un contrato entre el demandado y un organismo
público de cualquier orden; 2) que, ese contrato se haya ejecutado,
dentro de los tres meses anteriores a la elección, y 3) que la ejecución
se haya realizado durante el término de inhabilidad, en la localidad
donde el demandado resultó elegido, situación que no se presenta en
el caso bajo estudio.
Así las cosas, se puede concluir que, tal como lo certificó la Secretaría
de Gobierno en oficio No. 20215220481501 del 23 de agosto del año
2021 que obra en el expediente, no existe ningún registro sobre la
participación o incidencia en contratos por parte del demandado (…).
(…)
Adicionalmente, se tiene que obran en el expediente oficios recibidos
con fecha de 3 de diciembre del 2019 sobre la renuncia a los cargos
de Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio La Sureña y a
la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Localidad Chapinero,
pese a la certificación del 31 de mayo del año 2021 de la Junta de
Acción Comunal en el cual el Instituto Distrital de la Participación y
Acción Comunal (IDPAC), evidencia que José Eduardo Silva ejerce la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
representación legal de la organización comunal, dado que no ha sido
tramitada la renuncia en atención a la Emergencia Sanitaria Covid-19,
según argumenta la parte demandada.
En consecuencia, la manifestación sobre la presunta incompatibilidad
en el ejercicio del cargo no se encuentra probada, por lo que para la
Sala no constituye causal de pérdida de investidura para el cargo de
Edil de la localidad Chapinero - Bogotá de conformidad con los
argumentos planteados.
[…]”.
Conforme con lo anterior, concluyó que no estaban reunidos los elementos
objetivos constitutivos de causal de pérdida de investidura y negó las
pretensiones.
4.- El recurso de apelación presentado por el solicitante
Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad
procesal correspondiente, el solicitante de la pérdida de investidura
interpuso recurso de apelación, pidiendo que fuera revocada la providencia
proferida por el a quo, para lo cual expuso5:
“[…] El Honorable Magistrado pasa por alto:
1. El Señor José Eduardo Silva, quien se identifica con la cédula de
ciudadanía No. 79.783.484 de Bogotá, a la fecha todavía figura con
las calidades de PRESIDENTE DE LA JAC Y PRESIDENTE DE
ASOJUNTAS.
2. Es un indicio grave que solo cuando se conoce de la presente
DEMANDA, solo hasta ese momento se realice después de dos años la
aceptación de la renuncia, presuntamente presentada en diciembre 30
de 2019.
3. Desconoce el Honorable: La Causal de Inhabilidad Decreto 1421 de
1993, de la cual ni siquiera hace mención: El Edil José Eduardo Silva
al ser presidente de la Junta de Acción Comunal y de la Asociación de
Juntas de Acción Comunal de Chapinero está inmerso en causal de
inhabilidad, por no haber renunciado con la debida anticipación a esta
5
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2021 00734 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
entidad, según lo establecido en el Decreto 1421 de 1993, Capítulo II.
Juntas Administradoras, Artículo 66, Inhabilidades. Y de manera
taxativa y argumentativa, de obligatorio cumplimiento ordena: El
presidente de una junta de acción comunal que aspire a ser candidato
a una Junta Administradora Local como edil de ella, o a integrar una
terna para alcalde local, “deberá renunciar con tres meses de
anticipación como lo dispone expresamente el artículo 66,
inciso cuarto, del Decreto 1421 de 1993 (…)".
4. Corolario a lo anterior DESCONOCE DE MANERA TAJANTE, el
CONCEPTO JURIDICO DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA, Concepto
20 de 2008, “el candidato electo ya sea como Alcalde o Edil no puede
ser al mismo tiempo presidente de una Junta de Acción Comunal, por
cuanto se da la imposibilidad del ejercicio simultáneo de dos
actividades o cargos que ponen en entredicho la transparencia debida
para el normal desarrollo de la actividad pública”.
5. Tal y como lo esboza la DEFENSA, se podría realizar el silogismo
jurídico y con base realizar la subsunción determinada así:
PRIMER SILOGISMO JURIDICO
PREMISA A: Es Inhábil si el candidato previamente (3 meses) no
renuncia al cargo que se postula
PREMISA B: No renuncio al cargo que ostentaba, inclusive ostenta.
SUBSUNCION: El candidato es inhábil.
SEGUNDO SILOGISMO JURIDICO
PREMISA A: Un candidato no puede ser elegido si incurre en alguna
inhabilidad.
PREMISA B: El candidato presenta inhabilidad
SUBSUNCION: El candidato no pudo haber sido elegido.
6. Basta Honorable magistrado en solicitar de manera respetuosa, se
haga también un juicio ETICO, está en juego la seguridad jurídica, la
confianza de la comunidad en sus organizaciones JURIDICO-LEGALES,
no pdemos (sic) caer en la falacia de pretender que es un Estado
transparente, legal, elegido popularmente y no MANTENER EL
RESPETO Y LA CONFIANZA al legalizar lo que a simple vista se llama
un fraude.
7. No est[á] por demás, es lógico que toda prueba se presume de
buena fe; pero lamentablemente los indicios de la “supuesta carta de
renuncia” dicen lo contrario; la persona que recibe la renuncia es la
misma persona que conjuntamente con el sr. Edil, están incursos en
investigación por malos manejos en la JAC, como son informes de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
TESORERIA, DE PRESIDENTE, etc. Valdría la pena señor MAGISTRADO
ahondar más en la autenticidad de esta carta, y si ha (sic) bien lo
determina el honorable realizar un peritazggo (sic) para que se
determine la antigüedad de la presentación, no sin antes manifestarle
que los costos los asumiría en este caso mi persona.
8. El honorable magistrado bajo su poder, no realiz[ó] ninguna prueba
adicional y solamente basado en la contestación de la DEMANDA,
realizó su razonamiento subjetivo, negando las pretensiones. Por
ejemplo no solicitó al Sr. Fiscal de la JAC el cual ya argumentó que
NUNCA tuvo conocimiento de esa renuncia; el IDPAC con la Dra.
MIRYAM quienes han re[a]lizado varias reuniones virtuales donde
funge como presidente el citado sr Silva. Es decir la eficiente
investigación y consecución de pruebas por parte del Tribunal no fue
la mejor, por mi parte no era posible tener esas pruebas pues el sr.
Silva todavía mantiene la influencia en las personas que lo suceden en
la JAC, pues es el quien toma las decisiones de ésta.
(…)
Solicito al Honorable Magistrado realizar una investigación exhaustiva
y por el bien del País y su democracia, revocar la sentencia de primera
instancia y conceder las pretensiones de la DEMANDA IN[I]CIAL.
[…]”. (Negrillas y mayúsculas originales)
El recurso de apelación fue concedido por auto del 15 de octubre de 20216.
5.- Trámite de segunda instancia
5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 4
de noviembre de 20217 y por auto del 19 de noviembre del mismo año se
admitió el recurso de apelación8.
5.2. El proceso ingresó para fallo el 13 de diciembre de 20219.
6
Ibídem.
7
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2021 00734 01.
8
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2021 00734 01.
9
Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2021 00734 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
1.- Competencia de la Sección
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales, diputados y ediles, en virtud de lo previsto por
el parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200010, y con base en lo
establecido por el numeral 5 del artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
de marzo de 201911 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
que regula la distribución de negocios entre las secciones12.
2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura
Para acreditar que el señor José Eduardo Silva fue elegido edil de la
localidad de Chapinero del Distrito Capital de Bogotá por el Partido Alianza
Verde, para el período constitucional 2020-2023, el actor aportó copia del
formulario E-2713, por medio del cual la Comisión Escrutadora Auxiliar de
la Registraduría Distrital del Estado Civil de la Organización Electoral le
10
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
11
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
12
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
13
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2021 00734 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
expidió la respectiva credencial en la fecha del 31 de octubre de 2019, y
no se discute que haya tomado posesión del cargo.
Por lo tanto, el edil acusado es sujeto pasivo de la presente acción de
pérdida de investidura.
3.- Hechos probados
En el proceso está acreditado lo siguiente14:
3.1. La parte solicitante allegó copia del certificado de registro, existencia
y representación legal de la junta de acción comunal del barrio La Sureña
de la localidad de Chapinero, expedido el 31 de mayo de 2021, por el
Subdirector de Asuntos Comunales del Instituto Distrital de la
Participación y Acción Comunal- IDPAC, mediante el cual certificó15:
“[…] Que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL del barrio LA SUREÑA DE LA
LOCALIDAD 02, Chapinero, es una organización cívica, social y
comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza
solidaria y tiene su domicilio en Bogotá D.C., KR 9 ESTE 100B 15 con
teléfono 6485862.
Que el NIT de la organización es el número 8300617672.
Que la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL del barrio LA SUREÑA DE LA
LOCALIDAD 02, Chapinero, se le reconoció Personería Jurídica 2489
de fecha 17 de agosto de 1982 Emitida por MINISTERIO DE
GOBIERNO y se encuentra registrada ante el IDPAC con el No.SR-
2018-03.
Que a la fecha, la personería jurídica se encuentra ACTIVA y el registro
está VIGENTE.
Que los estatutos vigentes fueron aprobados por DAACD mediante
resolución 206 de fecha 30 de marzo de 2006.
14
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2021 00734 01.
15
Ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
Que JOSE EDUARDO SILVA, ejerce la representación legal de la
organización comunal.
Que mediante auto de reconocimiento No. 1347, de 11 de agosto de
2016, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
inscribió los dignatarios de la Junta en mención para el período del 1
de jul. de 2016 y el 30 junio de 2021. Actualmente tiene los siguientes
Dignatarios(as):
Nombre Documento Cargo
JOSE EDUARDO SILVA (…) PRESIDENTE
[…]”. (negrillas y mayúsculas originales)
3.2. Se aportó copia de la notificación por aviso del auto nro. 044 del 16
de mayo de 2019 firmado por la jefe oficina asesora jurídica del Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, mediante la cual
consta que en la fecha del 23 de octubre, con fecha de desfijación del 30
de octubre de 2019, se fijó un aviso por medio del cual “(…) notifica al
ciudadano JOSE EDUARDO SILVA de ASOJUNTAS CHAPINERO, el
auto No. 044 de mayo 16 de 2019, expedido por el Director General del
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal “por medio del
cual se da apertura de investigación y se formulan cargos contra
dignatarios (as) de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de
la Localidad 2, Chapinero, de la ciudad de Bogotá, D.C”. (negrillas
y mayúsculas originales).
Así mismo, se aportó copia del auto nro. 044 del 16 de mayo de 2019,
expedido por el Director General del Instituto Distrital de la Participación
y Acción Comunal- IDPAC, “por medio del cual se da apertura de
investigación y se formulan cargos contra dignatarios (as) de la Asociación
de Juntas de Acción Comunal de la Localidad 2, Chapinero, de la ciudad
de Bogotá, D.C.”., del cual se destaca:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
“[…]
6. Que de conformidad con las diligencias preliminares surtidas por la
Subdirección de Asuntos Comunales, y con fundamento en los
documentos que integran el Expediente OJ-3685 dispuesto por la
Oficina Asesora Jurídica para dar curso a la presente actuación
administrativa, se determinó que existe mérito para dar apertura de
investigación y formulación de cargos, así:
6.1. Contra José Eduardo Silva, identificado con cédula de
ciudadanía 79.783.484, presidente de la ASOJUNTAS:
Cargo formulado: incurrir, presuntamente, en conducta contraria al
régimen de acción comunal colombiano, así:
No radicar ante la entidad estatal de inspección, vigilancia y control la
información requerida mediante la Resolución IDPAC 083 de 2017 en
lo que respecta a los años 2017 y 2018, de acuerdo con el reporte de
la Subdirección de Asuntos Comunales (folio 21), así:
Documentos e Año 2017 Año 2018
información
requerida
Copia actas de Incumplimiento Incumplimiento parcial:
asamblea parcial: se Se allegó acta de
allegó acta de asamblea de fecha 24 de
asamblea enero de 2018; también,
realizada el 28 las aclaraciones al acta
de febrero de de asamblea nro. 002 de
2017; acta de fecha 14 de marzo de
asamblea 2018.
general
ordinaria de
fecha 21 de
junio de 2017 y
acta de
asamblea
extraordinaria
de fecha 23 de
agosto de 2017.
Copia del informe No aplica, pues Incumplimiento total: no
de tesorería se presentó se presentaron informes
aprobado en informe de de tesorería
asamblea tesorería del correspondientes al año
período de 2018.
septiembre 1 de
2016 al 29 de
febrero de
2017, aprobado
en asamblea
general;
también,
informe de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
tesorería del
período 1 de
marzo al 31 de
diciembre de
2017, aprobada
en la asamblea
del 14 de marzo
de 2018
Presupuesto de la No aplica, pues Incumplimiento total: se
organización la ASOJUNTAS indicó que en la
2017 aprobado no cuenta con asamblea general de
en asamblea presupuesto del fecha 14 de marzo de
año 2017 . Por 2018 tuvo lugar la
lo tanto no aprobación del plan de
puede remitir el trabajo de ese año, el
documento cual debió reportarse.
contentivo del
mismo.
Relación de Incumplimiento Incumplimiento total
dignatarios que total
vienen ejerciendo
funciones y de
aquellos que
fueron elegidos y
que no ejercen,
especificando la
razón.
Relación de Incumplimiento Incumplimiento total: el
Juntas de Acción total: el presidente debió
Comunal afiliadas presidente presentar la relación de
a la organización debió presentar las 17 organizaciones
la relación de con que, según él cuenta
las 17 la ASOJUNTAS.
organizaciones
con que, según
él cuenta la
ASOJUNTAS.
Relación de Incumplimiento Incumplimiento total: el
procesos que total: el presidente debió
cursan presidente presentar la relación de
actualmente en debió presentar los tres procesos que,
la Comisión de la relación de según él, cursan ante la
Convivencia y los tres Comisión de Convivencia
Conciliación procesos que, y Conciliación.
según él, cursan
ante la
Comisión de
Convivencia y
Conciliación.
CD (no Incumplimiento Incumplimiento total
regrabable con la total
información
requerida
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
Con el anterior presunto proceder, imputado a título de culpa, el
presidente estaría vulnerando el numeral 1 del artículo 42 de los
estatutos de la organización por posible omisión en el ejercicio de la
representación legal. También estaría desconociendo el deber de
cumplir los estatutos de la ASOJUNTAS contemplado en el literal b.
del artículo 24 de la Ley 743 de 2002
[…]”.
3.3. En respuesta dada el 23 de agosto de 2021 por el alcalde local de
Chapinero con destino al presente proceso, informó16:
“[…] por medio de la presente me permito brindar respuesta a sus
preguntas en los siguientes términos:
(…)
“Certificación en la que conste si el señor JOSE EDUARDO SILVA
presentó o ha presentado renuncia a su postulación o cargo de EDIL
en la localidad de Chapinero”
La Alcaldía Local de Chapinero se permite informar que no existe
registro en nuestras bases de datos donde conste solicitud y/o
renuncia al cargo de Edil de la Localidad de Chapinero, al respecto se
aclara que el Edil tomó posesión del cargo de acuerdo a las
credenciales que lo acreditan desde el 02 de enero de 2020.
“Certificación sobre la cantidad de contratos en los que el señor JOSÉ
EDUARDO SILVA, haya tenido o tenga incidencia en el momento; así
como suministrar las actas correspondientes, en calidad de presidente
de JAC, ASOJUNTAS o EDIL”.
La Alcaldía Local de Chapinero, se permite informar que una vez
revisada la base de datos contractual se evidencia que desde 2017 no
existen contratos en los que el señor JOSÉ EDUARDO SILVA, haya
tenido o tenga incidencia en el momento. Aunado a lo anterior, se
informa que teniendo en cuenta su calidad de EDIL y con base en lo
contemplado en el artículo 323 de la Constitución Política de Colombia,
el pago de los honorarios y de las primas de seguros ordenados en el
su condición de Edil como las de los demás Ediles de la JAL Chapinero
está a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, honorarios
que se liquidan mensualmente de acuerdo con el artículo 72 del D.L.
1421 de 1993, y se reconocerán por el período que ejerza como edil
de la JAL de Chapinero” […]”.
16
Ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
3.4. El Subdirector de Asuntos Comunales del Instituto Distrital de la
Participación y Acción Comunal- IDPAC certificó en la fecha del 1 de
septiembre de 2021, con destino al presente proceso, lo siguiente17:
“[…] solicitud certificación sr. Eduardo Silva como presidente de la JAC
La Sureña y de la Asociación de Juntas de Chapinero.
(…)
De acuerdo con su solicitud, nos permitimos certificar que el señor
JOSÉ EDUARDO SILVA, ejerció como presidente de la Junta de Acción
Comunal del barrio La Sureña, durante los siguientes períodos:
• Del 17 de febrero de 2011 al 30 de junio del 2011
• Del 01 de julio de 2011 al 30 de junio del 2016
• Del 11 de agosto de 2016 al 25 de agosto de 2021.
Así mismo, el señor Silva, fue presidente de la Asociación de Juntas
de la localidad de Chapinero, durante el período comprendido entre el
21 de septiembre de 2016 al 25 de agosto de 2021.
[…]”.
3.5. Con el escrito de contestación de la solicitud de desinvestidura, el
señor José Eduardo Silva aportó copia de los siguientes documentos,
mediante los cuales informó que presentó renuncia al cargo de presidente
de la junta de acción comunal del barrio La Sureña y de presidente de la
asociación de juntas de acción comunal de Chapinero:
17
Ibídem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
4.- Análisis de la Sala
En este caso, se endilga al acusado infringir el régimen de inhabilidades
e incompatibilidades. En cuanto a las inhabilidades, la solicitante alegó
que inobservó el numeral cuarto del artículo 66 del Decreto 1421 de 1993,
dado que no renunció con la debida anticipación a los cargos de presidente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
de la junta de acción comunal del barrio La Sureña de la localidad de
Chapinero, así como al de presidente de la Asociación de Juntas de Acción
Comunal de Chapinero, antes de ser elegido como edil. Frente a las
incompatibilidades, aduce que, en la actualidad, el acusado desempeña
igualmente dichos cargos y, por lo tanto, al ser el representante legal, tiene
dentro de sus funciones la celebración de contratos.
La Sala, para dilucidar el asunto, se detendrá de manera previa en
precisar lo siguiente: (i) la junta administradora local de Chapinero, su
naturaleza, atribuciones, funciones y el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los ediles; (ii) la naturaleza y reglas aplicables a las
juntas de acción comunal y a sus dignatarios, para luego descender (iii)
en el caso concreto.
4.1. La junta administradora local de Chapinero
El Acuerdo local nro. 005 de 2017, “por el cual se adopta el Reglamento
Interno de la Junta Administradora Local de Chapinero”, expedido por la
junta administradora local de Chapinero, el cual fue remitido por la
Secretaría Jurídica del Distrito Capital de Bogotá18, dispone:
En cuanto a la naturaleza de la junta administradora local de Chapinero:
“Artículo 2°. NATURALEZA, PERÍODO Y CONFORMACIÓN. La
Junta Administradora Local de Chapinero es una Corporación Pública
elegida popularmente y ejerce sus atribuciones como primera
autoridad política y administrativa de la localidad de Chapinero. Su
período constitucional es de cuatro años y está integrada por siete (7)
miembros llamados Ediles”.
18
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 23 15 000 2021 00734 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
Frente a sus atribuciones y funciones administrativas, los artículos quinto
y sexto ibidem establecen:
“Artículo 5°. ATRIBUCIONES. De conformidad con el artículo 69 del
Decreto 1421 de 1993, las atribuciones de la Junta Administradora
Local de Chapinero son las siguientes:
1. Adoptar el plan de desarrollo local en concordancia con el plan
general de desarrollo económico y social de obras públicas y el plan
general de ordenamiento físico del Distrito, previa audiencia de las
organizaciones sociales, cívicas y populares de la localidad.
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en su
localidad y las inversiones que en ella se realicen con recursos
públicos.
3. Presentar proyectos de inversión ante las autoridades nacionales y
distritales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de
inversión.
4. Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo,
previo concepto favorable del concejo distrital de política económica y
fiscal y de conformidad con los programas y proyectos del plan de
desarrollo local. El ochenta por ciento (80%) de las apropiaciones no
podrá ser inferior al monto de dos mil (2.000) salarios mínimos
mensuales legales y el veinte por ciento (20%) restantes de las
apropiaciones no podrá ser inferior al monto de doscientos (200)
salarios mínimos mensuales legales. No podrán hacer apropiaciones
para la iniciación de nuevas obras mientras no estén terminadas las
que se hubieren iniciado en la respectiva localidad para el mismo
servicio.
5. Cumplir las funciones que en materia de servicios públicos,
construcción de obras y ejercicio de atribuciones administrativas les
asigne la ley y les deleguen las autoridades nacionales y distritales.
6. Preservar y hacer respetar el espacio público. En virtud de esta
atribución podrán reglamentar su uso para la realización de actos
culturales, deportivos recreacionales o de mercados temporales y
ordenar el cobro de derechos por tal concepto, que el respectivo fondo
de desarrollo destinará al mejoramiento del espacio público de la
localidad, de acuerdo con los parámetros que fije el Concejo Distrital.
7. Promover la participación y veeduría ciudadana y comunitaria en el
manejo v control de los asuntos públicos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
8. Presentar al Concejo Distrital proyectos de acuerdo relacionados
con la localidad que no sean de la iniciativa privativa del alcalde
mayor.
9. Vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular ante
las autoridades competentes las recomendaciones, que estimen
convenientes para el mejor desarrollo de esos contratos. En ejercicio
de esta función los ediles podrán solicitar y obtener los informes y
demás documentos que requieran.
10. Promover las campañas necesarias para la protección y
recuperación de los recursos y del medio ambiente en la localidad.
11. Solicitar informes a las autoridades distritales, quienes deben
expedirlos dentro de los diez (10) días siguientes. Su omisión
injustificada constituye causal de mala conducta.
12. Ejercer la veeduría que proceda sobre los elementos, maquinaria
y demás bienes que la administración Distrital destine a la localidad
13. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la ley
y los acuerdos distritales y los decretos del alcalde mayor.
14. Participar en la elaboración del Plan General de Desarrollo
Económico Social y de Obras Públicas.
PARÁGRAFO PRIMERO. La Junta Administradora Local de Chapinero
ejerce las funciones y competencias especialmente en materia
normativa y de control político, establecidas en la Constitución
Política, en. el Estatuto Orgánico para Bogotá, D.C., en las leyes
especiales y en el régimen legal ordinario aplicable a los municipios y
distritos, en todo aquello que no contradiga el régimen especial
vigente para Bogotá, D.C.
Artículo 6°. FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. En materia
administrativa, la Junta Administradora Local tendrá funciones de
carácter normativo Igualmente le corresponde elaborar la terna de la
cual el Alcalde Mayor nombra al Alcalde Local. Así mismo deberá
vigilar, controlar y ejercer el control político a la gestión que cumplen
las autoridades locales”.
En lo relacionado con el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el
artículo 54 ibídem dispone que “se aplicará a los miembros de la Junta
Administradora Local de Chapinero las inhabilidades, incompatibilidades
y prohibiciones de las cuales habla el Decreto Ley 1421 del 21 de julio de
1993 en sus artículos 66, 68 y 70”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
Por su parte, el Decreto 1421 del 21 de julio de 1993, “por el cual se dicta
el régimen especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá”, señala:
“Artículo 61. Autoridades distritales y locales. Cada localidad
estará sometida, en los términos establecidos por este decreto y los
acuerdos distritales, a la autoridad del alcalde mayor, de una junta
administradora y del respectivo alcalde local. A las autoridades locales
les compete la gestión de los asuntos propios de su territorio y a las
distritales, garantizar el desarrollo armónico e integrado de la ciudad
y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito”.
(…)
ARTICULO 66. INHABILIDADES. No podrán ser elegidos ediles
quienes:
1. Hayan sido condenados a pena privativa de libertad, excepto en los
casos de delitos culposos o políticos.
2. Hayan sido sancionados con la pena de destitución de un cargo
público, o se encuentren, temporal o definitivamente, excluidos del
ejercicio de una profesión en el momento de la inscripción de su
candidatura.
3. Hayan perdido la investidura de miembros de una corporación de
elección popular.
4. Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la
candidatura se hayan desempeñado como empleados públicos en el
Distrito; hayan sido miembros de una junta directiva distrital; hayan
intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos
con el Distrito o hayan ejecutado en la localidad contrato celebrado
con organismo públicos de cualquier nivel, y
5. Sean cónyuges, compañeros o Compañeras permanentes o
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, o primero de
afinidad o civil, de los concejales o de los funcionarios distritales que
ejerzan autoridad política o civil”. (se destaca)
(…)
ARTICULO 68. INCOMPATIBILIDADES. Sin perjuicio de que
cumplan las actuaciones propias del cargo y del ejercicio del derecho
de petición, los ediles no podrán gestionar, en nombre propio o ajeno,
asuntos de cualquier clase ante las entidades públicas distritales ni
ante las personas que administren tributos; ni ser apoderados ante
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
las mismas entidades o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta
persona, contrato alguno.
Se exceptúan de estas prohibiciones las gestiones y los contratos
relacionados con los bienes y servicios que el Distrito ofrece en
igualdad de condiciones a todos los que lo soliciten”.
4.2. Las juntas de acción comunal
La naturaleza y reglas aplicables a las juntas de acción comunal y a sus
dignatarios están contenidas en la Ley 743 del 5 de junio de 2002, “por
la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia
en lo referente a los organismos de acción comunal”, vigente para la
época de los hechos19, de la que se extrae lo siguiente:
La acción comunal se define como “(…) una expresión social organizada,
autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un
desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del
ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la
comunidad”. (artículo 6).
Los organismos de acción comunal están clasificados en primero,
segundo, tercero y cuarto grado, que deben darse sus propios estatutos,
según las definiciones, principios, fundamentos y objetivos (artículo 7), y
precisó que “son organismos de acción comunal de primer grado las
juntas de acción comunal y las juntas de vivienda comunitaria. La junta
de acción comunal es una organización cívica, social y comunitaria de
gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería
19
Ley derogada por la artículo 109 de la Ley 2166 de 2021 “por la cual se deroga la
Ley 743 de 2002, se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de Colombia en
lo referente a los organismos de acción comunal y se establecen lineamientos para la
formulación e implementación de la política pública de los organismos de acción comunal
y de sus afiliados, y se dictan otras disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
jurídica y patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes
de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo
integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la
democracia participativa”. (artículo 8).
Acerca de las reglas para su organización y constitución, cada junta de
acción comunal desarrollará sus actividades dentro de un territorio
delimitado y que, en las capitales de departamento, se podrá constituir
una junta por cada barrio, conjunto residencial, sector o etapa del mismo,
según la división establecida por la correspondiente autoridad municipal
(literal a, artículo 12), y estarán constituidas por personas mayores de 14
años que residan en su territorio (artículo 16).
Sobre los objetivos de los organismos de acción comunal, la citada Ley
743 de 2002 dispuso los siguientes: (artículo 19)
“a) Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia
frente a su comunidad, localidad, distrito o municipio a través del
ejercicio de la democracia participativa;
b) Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la
democracia;
c) Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad;
d) Establecer los canales de comunicación necesarios para el
desarrollo de sus actividades;
e) Generar procesos comunitarios autónomos de identificación,
formulación, ejecución, administración y evaluación de planes,
programas y proyectos de desarrollo comunitario;
f) Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden
internacional, nacional, departamental, municipal y local, con el fin de
impulsar planes, programas y proyectos acordes con los planes
comunitarios y territoriales de desarrollo;
g) Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y
solidario para lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con
entidades nacionales o internacionales;
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
h) Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de
las diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas,
que fortalezcan la identidad comunal y nacional;
i) Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y
colectivas, dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y
respeto de la diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia;
j) Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre
el desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado
y de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo;
k) Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento,
como mecanismos previstos por la Constitución y la ley, para el
respeto de los derechos de los asociados;
l) Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos,
fundamentales y del medio ambiente consagrados en la Constitución
y la ley;
m) Generar y promover procesos de organización y mecanismos de
interacción con las diferentes expresiones de la sociedad civil, en
procura del cumplimiento de los objetivos de la acción comunal;
n) Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales,
en especial de las mujeres y los jóvenes, en los organismos directivos
de la acción comunal;
o) Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos,
buscar el acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una
mejor calidad de vida en su jurisdicción;
p) Los demás que se den los organismos de acción comunal
respectivos en el marco de sus derechos, naturaleza y autonomía”
(subrayas ajenas)
Respecto de los órganos de dirección, administración y vigilancia,
dispuso:
“ARTICULO 27. Órganos de dirección, administración y
vigilancia. De conformidad con el número de afiliados o afiliadas y
demás características propias de cada región, los organismos
comunales determinarán los órganos de dirección, administración y
vigilancia con sus respectivas funciones, los cuales podrán ser entre
otros los siguientes:
a) Asamblea General;
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
b) Asamblea de Delegados;
c) Asamblea de Residentes;
d) Consejo Comunal;
e) Junta Directiva;
[…]”.
Allí también se indica que la asamblea general es la máxima autoridad del
organismo de acción comunal y está integrada por todos los afiliados o
delegados, cada uno de los cuales actúa en ella con voz y voto (artículo
37); que, entre sus funciones, le corresponde la de elegir a sus dignatarios
(artículo 38); que la junta directiva o el consejo comunal, para quienes lo
adopten, es el órgano de dirección y administración de la junta de acción
comunal (artículo 42), y que son dignatarios de los organismos de acción
comunal “(…) los que hayan sido elegidos para el desempeño de cargos
en los órganos de dirección, administración, vigilancia, conciliación y
representación”. (artículo 34).
Por su parte, el artículo 2.3.2.1.27. del Decreto 1066 del 26 de mayo
2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Administrativo del Interior”, previó que “(…) las juntas de acción
comunal deberán reportar semestralmente ante el respectivo ente de
inspección, control y vigilancia, las novedades presentadas en el libro de
afiliados, indicando la fecha de inscripción o retiro (…)”, y que “Será
responsabilidad de las entidades territoriales analizar la viabilidad de los
proyectos rentables que los organismos comunales les presenten,
teniendo en cuenta su impacto regional y la generación de empleo e
ingresos a la comunidad. Los proyectos viables de mayor prioridad podrán
obtener financiación con cargo a recursos del presupuesto de las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
entidades territoriales, en los términos que establezca cada departamento
o municipio”. (artículo 2.3.2.1.30).
4.3. El caso concreto
4.3.1. En relación con la violación al régimen de inhabilidades
Se afirma que el edil acusado incurrió en la causal de inhabilidad prevista
por el numeral 4 del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993 que
dispone:
“[…] ARTICULO 66. INHABILIDADES. No podrán ser elegidos ediles
quienes:
(…)
4. Dentro de los tres (3) meses anteriores a la inscripción de la
candidatura se hayan desempeñado como empleados públicos en el
Distrito; hayan sido miembros de una junta directiva distrital; hayan
intervenido en la gestión de negocios o en la celebración de contratos
con el Distrito o hayan ejecutado en la localidad contrato celebrado con
organismo públicos de cualquier nivel y,
[…]”.
A su turno, la Sala advierte que el artículo 48 de la Ley 617 de 2000
estableció como causal de pérdida de investidura de los ediles las
siguientes:
“[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE
JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales
perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de
intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de
considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de
condiciones a las de la ciudadanía en general.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
2. Por la inasistencia en un mismo período de sesiones a cinco (5)
reuniones plenarias o de comisión en las que se voten proyectos de
ordenanza o acuerdo, según el caso.
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes
a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o
a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
4. Por indebida destinación de dineros públicos.
5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.
PARAGRAFO 1o. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie
fuerza mayor.
[…]”.
En consecuencia, la violación al régimen de inhabilidades no fue prevista
como causal de pérdida de investidura para los ediles, de acuerdo con el
artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Adicionalmente, el numeral cuarto del
artículo 66 del Decreto 1421 de 1993 tampoco establece que su
inobservancia conlleve a la desinvestidura de los ediles.
En ese sentido, conforme lo ha explicado de manera reiterada la
jurisprudencia de esta Corporación, atendiendo el carácter sancionatorio
y las consecuencias que conlleva esta acción pública, las causales de
pérdida de investidura deben estar taxativamente señaladas en la ley, e
identificada la sanción, por lo que no es posible examinar si se configuró
la inhabilidad endilgada.
Al respecto, esta Sección ha dicho20:
“[…] como lo ha señalado la Corporación en jurisprudencia reiterada,
pese a que el artículo 48 de la Ley 617 no contiene la violación del
20
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 28 de octubre de 2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro.
25000 23 15 000 2020 00077 01 (PI).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura, ello
no quiere decir que haya sido suprimida, ya que el numeral 6 previó
la pérdida de investidura “(…) por las demás causales expresamente
previstas en la ley (…)”21. (se destaca)
Sin embargo, tratándose de ediles, esta Sección, en sentencia del 15
de diciembre de 2016, rectificó la posición, que consideraba que el
régimen de inhabilidades constituía causal de pérdida de investidura
para los miembros de las juntas administradoras locales y para ello,
homologaba el régimen de inhabilidades de los ediles con el régimen
de los concejales; y al efecto, puntualizó que el artículo 48 de la Ley
617 no prevé la violación del régimen de inhabilidades como causal de
pérdida de investidura para estos miembros de corporaciones
públicas22, por lo que no hay lugar a su aplicación extensiva (…)23.
(…)
En ese sentido, la Sala destaca que, a diferencia de los ediles, para el
caso de los concejales la violación al régimen de inhabilidades sí
constituye una causal de pérdida de investidura, pese a que no está
referida en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
teniendo en cuenta que el numeral 6 del mismo artículo dispone que
perderán su investidura “por las demás causales previstas
expresamente en la ley”, y que el numeral 2 del artículo 55 de la Ley
136 de 1994 establece de manera expresa que los concejales perderán
la investidura por violación al régimen de inhabilidades.
(…)
Conforme con lo analizado, la Sala encuentra que le asiste razón al a
quo y deberá confirmarse la sentencia de primera instancia,
comoquiera que la causal endilgada al edil acusado, esto es, la
prevista en el numeral 4 del artículo 66 del Decreto Ley 1421 de 1993,
en concordancia con lo señalado por el numeral 6 del artículo 48 de la
Ley 617 de 2000, no es posible examinarla bajo el contexto de la
acción de pérdida de investidura.
21
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 28 de junio de 2002. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 28 de
junio de 2002. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Expediente radicación. 7177.
Reiterada en sentencia del 13 de marzo de 2013. C.P. María Claudia Rojas Lasso.
Expediente radicación 68001-23-31-000-2011-00967-01 (PI).
22
Posición reiterada en sentencia del 21 de junio de 2018. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicación nro. 25000-23-36-000-2017-01903-01(PI)
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
del 15 de diciembre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de
radicación 05001-23-33-000-2016-00738-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
Lo dicho, en la medida en que, como se explicó líneas atrás, la
jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que la violación al
régimen de inhabilidades no está expresamente prevista como una
causal de pérdida de investidura para los ediles y, además, el numeral
4 del artículo 66 del referido Decreto Ley 1421 se limitó a enlistar las
inhabilidades para ser elegido edil en la ciudad de Bogotá; y, por ende,
las consecuencias legales que de ellas se derivan serán de otra
naturaleza (como por ejemplo, la nulidad de la elección, o infracción
al régimen disciplinario), pero no de pérdida de investidura […]”.
Por lo expuesto, en relación con esta causal, hay lugar a confirmar lo
decidido por el a quo.
4.3.2. Frente a la violación al régimen de incompatibilidades
La Sala recuerda que en líneas precedentes hizo alusión a la naturaleza,
atribuciones, funciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
de los ediles que conforman la junta administradora local de Chapinero,
de la que resultó elegido el edil acusado.
A su turno, la Ley 136 de 1994 reguló de manera general lo relacionado
con las juntas administradoras locales, las calidades para ser elegido
miembro y el régimen de incompatibilidades, su duración y las
excepciones, así:
“ARTÍCULO 119. JUNTAS ADMINISTRADORAS
LOCALES. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 2086 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> En cada una de las comunas o
corregimientos habrá una Junta Administradora Local, integrado por no
menos de tres (3) ni más de nueve (9) miembros, elegidos por votación
popular para periodos de cuatro (4) años, que deberán coincidir con el
periodo del Alcalde y de los Concejos municipales.
Los municipios, por iniciativa de sus Alcaldes y mediante acuerdo de sus
Concejos, establecerán el número de ediles por cada corregimiento o
comuna, teniendo en cuenta el número de habitantes (…)”.
“ARTÍCULO 123. CALIDADES. Para ser elegido miembro de una junta
administrador local, se requiere ser ciudadano en ejercicio y haber
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
residido o desempeñado alguna actividad profesional o laboral en la
respectiva comuna o corregimiento por lo menos durante los seis (6)
meses anteriores a la fecha de la elección”.
“ARTÍCULO 126. INCOMPATIBILIDADES. Los miembros de las
Juntas Administradoras Locales no podrán:
1. Aceptar cargo alguno de los contemplados en el numeral 2o., de las
incompatibilidades aquí señaladas, so pena de perder la investidura.
2. Celebrar contrato alguno en nombre propio o ajeno, con las entidades
públicas del respectivo municipio, o ser apoderados ante las mismas,
con las excepciones que adelante se establecen.
3. Ser miembros de juntas directivas o consejos directivos de los
sectores central o descentralizado del respectivo municipio o de
instituciones que administren tributos procedentes del mismo.
8. <Numeral adicionado por el artículo 44 de la Ley 617 de 2000. El
texto es el siguiente:> Ser representantes legales, miembros de juntas
o consejos directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o
contratistas de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social en el respectivo municipio o distrito.
PARÁGRAFO. El funcionario municipal que celebre con un miembro de
la Junta Administradora Local un contrato o acepte que actúe como
gestor en nombre propio o de terceros, en contravención a lo dispuesto
en el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta”.
“ARTÍCULO 127. DURACIÓN DE LAS
INCOMPATIBILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 46 de la
Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Las
incompatibilidades de los miembros de juntas administradoras locales
municipales y distritales tendrán vigencia hasta la terminación del
período constitucional respectivo. En caso de renuncia se mantendrán
durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que
faltare para el vencimiento del período fuere superior.
Quien fuere llamado a ocupar el cargo de miembro de junta
administradora local, quedará sometido al mismo régimen de
incompatibilidades a partir de su posesión”.
“ARTÍCULO 128. EXCEPCIONES. Lo dispuesto en los artículos
anteriores no obsta para que se pueda, ya directamente o por medio de
apoderado, actuar en los siguientes asuntos:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
a) En las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en
las cuales conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus
hijos tengan legítimo interés;
b) Formular reclamos por cobro de impuestos, contribuciones, tasas y
multas que gravan a las mismas personas;
c) <Literal modificado por el artículo 45 de la Ley 617 de 2000. El nuevo
texto es el siguiente:> Usar los bienes y servicios que las entidades
oficiales de cualquier clase, las prestadoras de servicios públicos
domiciliarios y de seguridad social ofrezcan al público, bajo condiciones
comunes a todos los que lo soliciten.
d) Ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la
Rama Jurisdiccional del Poder Público”.
La Sala, al referirse a las incompatibilidades como causal de pérdida de
investidura, ha precisado, de manera general, que se configura por el
ejercicio simultáneo de cargos en los casos taxativamente señalados en
la Constitución o en la ley, en guarda del interés superior que puede verse
afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia
de intereses poco conciliables y capaces de afectar la imparcialidad y la
independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la
autoridad en nombre del Estado. Esto ha dicho24:
“[…] Las incompatibilidades, en términos generales, han sido definidas
por esta Sección como “[…] la prohibición de ejercer dos
actividades o realizar dos roles de manera simultánea,
taxativamente señaladas en la Constitución o en la ley, de
modo que para el caso de los servidores públicos se traduce en
la prohibición de desempeñar o ejercer otros cargos o realizar
otras actividades distintas a las que corresponde a las
funciones del cargo de que son titulares […]”25.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-
903 de 6 de diciembre de 200826, consideró que las incompatibilidades
24
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 25 de noviembre de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación
nro. 52001 23 33 000 2020 01046 01 (Pi).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 17 de julio de 2008, número único de radicación 44001233100020080000501,
consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
26
Magistrado ponente, doctor Jaime Araujo Rentería.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
consisten en “[…] una prohibición dirigida al titular de una función
pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas
actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias
propias de la función que desempeña y las correspondientes a
otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede
verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la
confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de
afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las
actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado […]”.
(Negrillas, subrayas y mayúsculas en la providencia)
La Sala precisa que la parte actora aduce indistintamente que se
transgredió el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, pero no
identificó en cuál de las incompatibilidades señaladas por el artículo 126
de la Ley 136 de 1994 incurrió el edil acusado, ni tampoco si transgredió
el artículo 68 del Decreto Ley 1421 de 1993; como sí ocurrió con el
régimen de inhabilidades, al señalar que violó lo dispuesto por el numeral
cuarto del artículo 66 ibidem.
Sin perjuicio de lo dicho, la Sala observa que, en el escrito de la pérdida
de investidura, la accionante indicó que el edil acusado tiene la calidad de
presidente de la junta de acción comunal de Chapinero, y en esa medida,
al ser su representante legal, está facultado para celebrar contratos, por
lo que, con fundamento en esta circunstancia, se abordará si el acusado
infringió el régimen de incompatibilidades.
Acorde con las documentales obrantes en el proceso se acreditó que: (i)
el acusado fue elegido edil el 31 de octubre de 2019 y tomó posesión del
cargo el 2 de enero de 2020; (ii) para la fecha del 31 de mayo de 2021 el
señor Silva figuraba en los registros del Instituto Distrital de Participación
y Acción Comunal – IDPAC de Bogotá, como presidente y representante
legal de la junta de acción comunal del barrio La Sureña, localidad 02 de
Chapinero, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C.; (iii) según lo
certificado el 1 de septiembre de 2021 por el mismo instituto, “(…) el
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
señor Silva, fue presidente de la Asociación de Juntas de la localidad de
Chapinero, durante el período comprendido entre el 21 de septiembre de
2016 al 25 de agosto de 2021”; (iv) no obstante, también se allegó a la
presente acción las renuncias que, se afirma, presentó el edil acusado el
26 de diciembre de 2019 como presidente de la asociación de juntas de
acción comunal de Chapinero, y el 30 de diciembre de 2019 como
presidente de la junta de acción comunal del barrio La Sureña de la misma
localidad.
Aunado a lo anterior, como lo certificó el alcalde local de Chapinero en la
fecha del 23 de agosto de 2021 con destino a esta acción, que “(…) una
vez revisada la base de datos contractual se evidencia que desde 2017 no
existen contratos en los que el señor JOSÉ EDUARDO SILVA, haya tenido
o tenga incidencia en el momento”.
Por consiguiente, para que se configurara la causal de pérdida de
investidura por violación al régimen de incompatibilidades, debía
demostrarse la realización concreta de un acto o actividad que fuera
generador de la incompatibilidad; es decir, que el edil hubiese intervenido
en la realización de un acto o en la celebración de un contrato como
representante legal de la junta de acción comunal del barrio La Sureña de
la localidad de Chapinero, o como presidente de las asociación de juntas
de acción comunal de Chapinero, o con un organismo público distrital, que
materialmente implicara la configuración de una incompatibilidad.
De contera, no es posible desprender que haya violado el régimen de
incompatibilidades por el hecho de figurar en la Oficina de Participación
Ciudadana de la Secretaría de Gestión Social y de Participación Ciudadana
del Distrito Capital como presidente de la citada junta de acción comunal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
o como presidente de las juntas de acción comunal de la misma localidad,
al tiempo que fue elegido edil, dado que no está desvirtuado que presentó
renuncia a dichos cargos desde el mes de diciembre del año 2019, esto
es, antes de ser elegido edil.
Por las razones explicadas, será confirmada la sentencia de primera
instancia que denegó la pérdida de investidura del edil acusado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de septiembre de
2021, por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
según las razones explicadas en la parte motiva.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvanse las diligencias al
Tribunal de origen.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Radicación: 25000 23 15 000 2021 00734 01
Solicitante: Luz Alcira Sierra Reyes
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.