Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00001-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00001-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2022-00001-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de marzo de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, siete (7) de marzo de dos mil veintidós (2022).
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: BLANCA INÉS DURÁN HERNÁNDEZ
Demandado: FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN POLÍTICA
DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO QUE
NEGÓ EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE
INTERESES MORATORIOS. IMPROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN DE TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD.
Síntesis del caso: la actora, quien actúa en nombre propio y en calidad de Gerente
de la campaña de la Coalición Programática y Política conformada por el
Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS y el Grupo Significativo de
Ciudadanos Colombia Humana para la consulta interpartidista de 11 de marzo de
2018, presentó acción de tutela para controvertir el contenido del acto administrativo
en el que el Consejo Nacional Electoral negó el reconocimiento y pago de intereses
moratorios presuntamente causados por el desembolso tardío de recursos por
reposición de votos a favor de la candidatura presidencial del señor Gustavo
Francisco Petro Urrego para el periodo constitucional 2018-2022. La Sala encontró,
como lo hiciera el a quo, que la tutela no superó el requisito de subsidiariedad por
lo que se declara improcedente.
La Sala decide la impugnación interpuesta por el apoderado de la señora Blanca
Inés Durán Hernández -gerente de la campaña de la Coalición Programática y
Política conformada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y el
grupo significativo de ciudadanos Colombia Humana para la consulta interpartidista
de 11 de marzo de 2018- contra la sentencia de 20 de enero de 2022 proferida por
la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción tutela (sic) incoada
por la señora BLANCA INES DURÁN HERNÁNDEZ, como ciudadana
colombiana y, en calidad de Gerente de Campaña de la Coalición
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Programática y Política conformada por el Movimiento Alternativo
Indígena y Social – MAIS y el G.S.C. “Colombia Humana”, para la consulta
popular interpartidista llevada a cabo el 11 de marzo de 2018, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese este fallo por el medio más expedito a las partes,
accionante, accionada, y a la vinculada.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta providencia dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, envíese la misma a la H. Corte
Constitucional para su eventual revisión, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991.”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI - mayúsculas sostenidas y negrillas del
original).
I. ANTECEDENTES
La señora Blanca Inés Durán Hernández, en calidad de gerente de la campaña de
la Coalición Programática y Política conformada por el Movimiento Alternativo
Indígena y Social – MAIS y el grupo significativo de ciudadanos Colombia Humana,
presentó acción de tutela con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad y participación en la conformación,
ejercicio y control del poder político que consideró vulnerados por el oficio no. CNE-
S-FNFP-0878-2021-FNPCE-900 de 13 de septiembre de 2021 en el que el Fondo
Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral negó la solicitud
de reconocimiento y pago de intereses moratorios presuntamente causados por el
desembolso tardío de recursos por reposición de votos a favor de la candidatura
presidencial del señor Gustavo Francisco Petro Urrego para el periodo
constitucional 2018-2022.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) El 22 de enero de 2018 los representantes legales del Movimiento Alternativo
Indígena y Social – MAIS, Partido Unión Patriótica - UP- y los inscriptores del grupo
significativo de ciudadanos “Colombia Humana” inscribieron la consulta popular
interpartidista “Inclusión Social para la Paz” ante la Registraduría Nacional del
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Estado Civil con objeto de escoger a su candidato presidencial para el periodo
constitucional 2018 a 2022.
2) Afirmó que el 6 de marzo de 2018 fue designada como gerente de campaña,
encargándole recibir los recursos por reposición de votos para que estos pudieran
pignorarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 de la Ley 130 de 1994,
109 de la Constitución Política y 16 de la Ley 996 de 2005.
3) Con Resolución no. 1039 de 24 de marzo de 2021 el Consejo Nacional Electoral
reconoció a la coalición programática y política referida el derecho a la reposición
de gastos en una suma de $2.164.568.096,40.
4) Contra ese acto administrativo no se interpuso recurso de reposición, en orden a
evitar la postergación indefinida del trámite para el desembolso de los recursos de
reposición y el incremento de intereses bancarios.
5) A través de Resolución no. 4331 de 13 de mayo de 2021 la Registraduría
Nacional del Estado Civil reconoció el gasto y ordenó el pago de la suma de
$2.142.922.415 por concepto de reposición de gastos de la consulta interpartidista
celebrada el 11 de marzo de 2018.
6) De ese pago se canceló a Bancolombia la suma correspondiente a
$2.000.000.000 y a su favor por un monto de $142.922.415, además, según lo
afirmado por la actora, la gerente de la sucursal Bulevar de Bogotá para esa entidad
financiera le informó que el saldo adeudado por concepto de intereses causados
sobre el crédito aprobado para la campaña electoral ascendía a la suma de
$1.241.573.731.31.
7) En virtud de lo anterior la demandante presentó un derecho de petición ante el
Consejo Nacional Electoral en el que solicitó el reconocimiento y pago a favor de la
coalición programática y política de los intereses causados por la mora en el pago
de la reposición de votos.
8) Ese requerimiento fue resuelto de manera negativa a través de oficio no. CNE-S-
FNFP-0878-2021-FNPCE-900 de 13 de septiembre de 2021, en el que el Fondo de
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Financiación Política del Consejo Nacional Electoral argumentó que no era posible
el reconocimiento y pago de los intereses moratorios presuntamente generados por
tardío reconocimiento del derecho a la reposición de gastos de campaña hasta tanto
quedaran subsanadas las observaciones que hizo la autoridad sobre el informe
integral de ingresos y gastos presentado por la campaña.
2. Pretensiones
La demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:
“1. Dejar sin efecto la respuesta de la asesora del Fondo Nacional de
Financiación Política del Consejo Nacional Electoral del 13 de septiembre
de 2021 (CNE – S –FNFP-0878-2021- FNFPCE-900), al derecho de
petición presentado el 9 de agosto de 2021, que solicitó el reconocimiento
y pago de los intereses causados por la mora en el pago de la reposición
de gastos por los votos obtenidos a favor de la pre-candidatura de
GUSTAVO PETRO URREGO, en desarrollo de la Consulta Interpartidista
del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS y el Grupo Significativo
de Ciudadanos “COLOMBIA HUMANA”, celebrada el 11 de marzo de
2018.
2. Que, a través de su Presidenta, el Consejo Nacional Electoral proceda
a resolver el derecho de petición del 9 de agosto de 2021, teniendo en
cuenta que la demora en el reconocimiento y pago de la reposición de
gastos, provino de la deficiente actuación del Consejo Nacional Electoral-
Fondo Nacional de Financiación Política, en cuanto a la oportunidad para
expedir la certificación (art. 10 Resolución 330 de 2007), para autorizar el
pago oportuno del crédito otorgado por BANCOLOMBIA a la campaña
electoral.
3. Como medida de protección transitoria, disponer que BANCOLOMBIA
S.A. congele cualquier cobro jurídico o pre-jurídico de los intereses
adeudados por la campaña, (crédito N0840087491) en contra de la
accionante, con base en el Contrato de Pignoración del derecho de
reposición de votos - Consulta Popular Interpartidista celebrado entre
Blanca Inés Durán Hernández y esa entidad bancaria, del 7 de marzo de
2018, hasta tanto la autoridad judicial competente se pronuncie sobre la
procedencia del pago de los intereses por la mora en el pago de la
obligación bancaria.”. (archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI - mayúsculas sostenidas del original).
3. Los fundamentos de la vulneración
La parte actora alegó que el acto administrativo cuestionado vulneró sus derechos
fundamentales porque en él no se tuvo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral
reconoció el derecho a la reposición de gastos a favor de la coalición 4 años
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
después de que fuera realizada la consulta y que la entidad bancaria
correspondiente desembolsó los recursos para la campaña dos días antes de que
se celebraran las elecciones.
La entrega extemporánea de tales recursos fue la causa que generó la causación
de intereses bancarios en su contra y que ascienden a la suma de
$1.241.573731.31.
El 15 de marzo de 2019 fue contratada por la Secretaría de Apoyo a la Gestión y
Asuntos de Juventud de la Alcaldía Municipal de Ibagué lo cual le impidió atender
de manera oportuna las observaciones del Fondo Nacional de Financiación Política
al informe integral de ingresos y gastos de la campaña.
Durante varios meses de 2019 sufrió ataques de depresión causados por las deudas
bancarias de la campaña electoral y las investigaciones administrativas que la
obligaron a internarse en la Clínica Monserrate.
Finalmente alegó no tener capacidad económica para sufragar el pago de los
intereses bancarios adeudados por la campaña electoral a Bancolombia.
4. Actuación en primer grado
La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por auto de 12 de enero de 2022 admitió la tutela y dispuso notificar
al Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral como
autoridad demandada para que presentara un informe sobre los hechos que dieron
lugar a la presente acción.
5. Actuación de la autoridad demandada
La Oficina Jurídica y de Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral presentó
un informe de respuesta a la acción de tutela en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela por incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
Manifestó que el acto administrativo de reconocimiento de la reposición de gastos
fue proferido de acuerdo con los lineamientos normativos y en salvaguarda de los
derechos de los interesados.
Advirtió que contra el acto administrativo de reconocimiento de gastos emitido por
esa autoridad procedía el recurso de reposición, sin embargo, la actora no hizo uso
de ese mecanismo ordinario de defensa.
Para la demandada lo pretendido en la tutela es una respuesta favorable a la
petición de reconocimiento y pago de intereses moratorios, lo cual desnaturaliza la
esencia de este mecanismo de protección constitucional pues el hecho de que la
respuesta dada no satisfaga el interés de la peticionaria no afecta sus derechos
fundamentales.
Señaló que la demandante presentó una solicitud de conciliación extrajudicial ante
la Unidad Coordinadora de Procuradurías Judiciales Administrativas de la
Procuraduría General de la Nación, como requisito de procedibilidad para iniciar el
medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho en contra del Oficio No.
CNE-S-FNFP-0878- 2021-FNFPCE-900 del 13 de septiembre de 2021, por lo cual
es claro que ella es consciente de que no puede emplear la tutela como un
mecanismo que reemplace las vías judiciales ordinarias.
6. Sentencia de primera instancia
El 20 de enero de 2022 la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que declaró improcedente
la acción de tutela al no estar satisfecho el requisito de subsidiariedad.
Para el a quo la demandante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho como herramienta de defensa idónea para plantear las
cuestiones legales que propuso en la acción de tutela.
Destacó que el 6 de enero de 2022 la actora radicó una solicitud de conciliación
prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación tendiente a agotar el
presupuesto que la habilite para acudir en demanda de nulidad y restablecimiento
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra el acto
cuestionado en la tutela.
Afirmó que no encontró probado el perjuicio irremediable que habilite la competencia
del juez de tutela para salvaguardar las garantías de los derechos de la señora
Durán Hernández, por no estar acreditada alguna condición especial de salud,
tratarse de una persona de la tercera edad o encontrarse comprometido su mínimo
vital.
Adicionalmente, consideró que las pretensiones de la demandante encaminadas a
que la autoridad electoral demandada asuma la responsabilidad por la supuesta
demora en que incurrió y a que Bancolombia se abstenga de iniciar acciones
prejudiciales y judiciales en su contra se traducen en la definición de un derecho
económico que no puede ser desatado en esta vía de tutela por no comprometer
garantías de índole constitucional.
7. Impugnación
La actora presentó impugnación y le fue concedida con auto de 31 de enero de
2022.
Afirmó que la controversia planteada en su petición ante la autoridad demandada
fue de tal trascendencia que debió resolverse por la Sala Plena del Consejo
Nacional Electoral y no por la asesora del Fondo Nacional de Financiación Política.
Agregó que la demanda no se dirigió a obtener la reparación de un daño sino a que
se ordene que el acto administrativo atacado sea expedido por la autoridad
facultada para el efecto, por lo cual el mecanismo judicial de defensa no resulta
eficaz para la protección de sus derechos fundamentales, por consiguiente, la
acción de tutela sí es el mecanismo idóneo para garantizar el debido proceso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
2. El caso concreto
En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía
constitucional al Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional
Electoral con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales
del debido proceso, igualdad y participación en la conformación, ejercicio y control
del poder político presuntamente vulnerados con ocasión del oficio no. CNE-S-
FNFP-0878-2021-FNPCE-900 de 13 de septiembre de 2021 en el que la autoridad
accionada negó la solicitud que elevó la actora para que proceda el reconocimiento
y pago de intereses moratorios presuntamente causados por el desembolso tardío
de recursos por reposición de votos a favor de la candidatura presidencial del señor
Gustavo Francisco Petro Urrego para el periodo constitucional 2018-2022.
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad por las razones que procederán a
exponerse:
1) La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir
ante el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una
herramienta jurisdiccional eficaz para la protección de los derechos fundamentales,
como se infiere del mismo texto del artículo 86 de la Carta, que en su inciso 3
establece que aquélla solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial.
2) En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 2001 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que
el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se
interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
3) De acuerdo con la información suministrada por la actora está probado que el 6
de enero de 2022 fue radicada una solicitud de conciliación prejudicial ante la
Procuraduría General de la Nación como requisito de procedibilidad para demandar
la legalidad del oficio no. CNE-S-FNFP-0878-2021-FNPCE-900 de 13 de
septiembre de 2021 ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
4) Sin lugar a dudas lo anterior da cuenta de que la parte actora es plenamente
consciente de que la tutela no es el mecanismo judicial idóneo para ventilar sus
pretensiones de raigambre legal y de que ya se encuentran en trámite las
actuaciones tendientes a poner la presente controversia en conocimiento del juez
natural de la causa, quien deberá determinar si hay o no mérito para declarar la
nulidad del acto referido.
5) En esa medida, para la Sala resulta forzoso concluir que al reprocharse el
contenido de un acto administrativo de carácter particular la actora tiene a su
disposición los mecanismos judiciales de defensa ordinarios para cuestionarlo y en
ellos plantear los argumentos que ahora invoca en la vía de la acción de tutela, entre
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
ellos, el de la presunta falta de competencia de la autoridad accionada para expedir
el acto administrativo que consideró vulnerador, razón por la cual la acción de tutela
no es el instrumento idóneo para cuestionar su legalidad.
6) Considera la Sala que con los medios de prueba allegados por la parte actora
tampoco hay lugar a inferir la existencia de un perjuicio con las condiciones de
inminencia, gravedad y urgencia que demanden del juez ordinario medidas
impostergables para evitar la consumación de un daño, de donde resulta imperioso
inferir que no hay lugar a la intervención transitoria y excepcional del juez de tutela
por cuanto no se acreditó un perjuicio irremediable.
7) Sobre el particular cabe destacar que no está probado que Bancolombia, entidad
bancaria vinculada al presente proceso, hubiere adelantado alguna acción de cobro
pre jurídico o judicial en contra de la demandante o mucho menos que con ello se
haya afectado sus derechos constitucionales fundamentales y especialmente su
mínimo vital.
8) Con el oficio de 6 de octubre de 2021 expedido por Bancolombia, en el que se
dio respuesta a una petición presentada por la señora Blanca Durán Hernández se
informó a la actora que al haber realizado un abono al capital de su deuda cesó la
causación de nuevos intereses en su contra.
9) Si bien la actora afirmó que por los hechos expuestos en la acción de tutela sufrió
quebrantos de salud, lo cierto es que ella misma reconoció que tales sucesos
acontecieron en el año 2019, sin que exista algún medio de convicción que permita
inferir que actualmente se encuentra en algún estado que amerite la intervención
inmediata del juez de tutela para la protección de sus derechos fundamentales.
10) No obra dentro del expediente una prueba siquiera sumaria demostrativa de la
afectación a la actora o que permita tener por probado un perjuicio irremediable o
una condición de debilidad manifiesta.
11) Así entonces el estudio de legalidad del acto administrativo que decida de
manera definitiva sobre su nulidad no puede ser objeto de reclamación por vía de
este mecanismo de amparo ante la posibilidad de acudir a los medios de defensa
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Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
judicial idóneos y efectivos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en
los que, dicho sea de paso, bien puede invocar la causal de nulidad de falta de
competencia de la autoridad que expidió el acto administrativo, alegato que
constituye el marco de su impugnación.
11) Esta instancia estima acertadas las consideraciones del a quo cuando afirmó
que las pretensiones de la demandante tienen un eminente contenido económico
pues con la presente acción de tutela se busca reprochar la legalidad del acto
administrativo proferido por el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo
Nacional Electoral y que, en consecuencia, esa autoridad asuma su responsabilidad
por la presunta demora en que incurrió y reconozca y pague las sumas a las que
aduce tener derecho por concepto de intereses moratorios.
12) Implica lo anterior que la controversia central del presente caso no atañe a una
discusión de naturaleza ius fundamental, sino de contenido litigioso y económico,
por lo cual deberá ser expuesta ante la jurisdicción competente.
13) Por consiguiente, es claro que existe una vía judicial idónea en la que el juez
natural de la causa deberá emitir un pronunciamiento frente a los argumentos con
que la demandante sustentó la presunta vulneración a sus derechos fundamentales.
14) Basta lo expuesto para considerar que se deberá confirmar la sentencia que
declaró improcedentes las pretensiones de la acción de tutela por no haberse
superado el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA
1º) Confírmase la sentencia de 20 de enero de 2022 proferida por la Subsección D
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró
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Expediente: 11001-03-15-000-2022-00001-01
Demandante: Blanca Inés Durán Hernández
Acción de tutela – Impugnación de fallo
improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Blanca Inés Durán
Hernández.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia de la misma.
4º) Por Secretaría, publíquese la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
5º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.
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