Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00076-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00076-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2022-00076-01
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
31 de marzo de 2022
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00076-01
Demandante: Julia Elena Guerrero López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00076-01
Demandante: JULIA ELENA GUERRERO LÓPEZ
Demandado: DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Temas: Acción de tutela. Subsidiariedad. Empleado de libre
nombramiento y remoción.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la señora Julia Elena Guerrero López
contra la sentencia del 7 de febrero de 2022, dictada por la Sección Segunda,
Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Julia Elena Guerrero López, en nombre propio, ejerció acción de tutela
contra la Defensoría del Pueblo por considerar vulnerados los derechos
fundamentales a la seguridad social, la igualdad y al mínimo vital. En consecuencia,
formuló la siguiente pretensión:
“ (…) el fin perseguido con la solicitud de amparo, no es otro que el de obtener que
su Despacho declare sin valor ni efecto, o subsidiariamente si se quiere, la ineficacia
de los Actos Administrativos (Resolución 297 del 21 de febrero de 2021 y Resolución
No. 502 de 16 de abril de 2021) signados por el DEFENSOR DEL PUEBLO CARLOS
CAMARGO ASSIS, y se me reintegre al cargo por medio del cual se declaró la
insubsistencia de la suscrita accionante de ASESOR, CODIGO 1030 grado 23, por
las razones tanto fácticas como jurídicas ampliamente expuestas en el cuerpo de la
acción y por el perjuicio irremediable que esto me ha causado.”
2. Hechos:
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
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Demandante: Julia Elena Guerrero López
La señora Guerrero López indicó que nació el 17 de abril de 1960, por lo que a la
fecha tiene 61 años y se vinculó laboralmente a la Defensoría del Pueblo mediante
Resolución núm. 363 del 12 de marzo de 2019 en el cargo de libre nombramiento y
remoción denominado asesor, código 1030, grado 23.
Se encuentra afiliada al sistema general de seguridad social en pensiones, al
régimen de ahorro individual con solidaridad en Porvenir y en la actualidad cuenta
con 1.090 semanas de cotización 1.
Mediante Resolución núm. 297 del 26 febrero de 2021, el Defensor del Pueblo
declaró insubsistente el nombramiento de la actora del citado cargo de asesor
adscrito al despacho del Vicedefensor del Pueblo.
Por lo anterior, se le comunicó a la actora que estaría vinculada hasta el 28 de
febrero de 2021, contra este acto interpuso recurso de reposición y en Resolución
núm. 502 del 16 de abril de 2021, se confirmó la decisión.
La demandante señaló que al momento en el que fue declarado insubsistente el
nombramiento cumplía las condiciones de prepensionada y madre cabeza de
familia, lo cual conforme con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002
le brinda una protección especial.
3. Argumentos de la tutela
La actora indicó que en el caso objeto de estudio procede la acción de tutela como
mecanismo transitorio pues tiene derecho a que se le brinde una estabilidad laboral
reforzada dada su condición de prepensionada y madre cabeza de familia, sin otra
alternativa económica de ingresos.
Aseguró que cuenta con tal calidad porque tiene 60 años y le restan menos de tres
años de cotizaciones en el Régimen de Ahorro Individual, para adquirir el estatus
de pensionada.
Afirmó que con su retiro fueron omitidas las precisiones contenidas en las
sentencias T-623 de 2011, SU-003 de 2018, SU-897 de 2012 y C-795 de 2009 en
las que se desarrolló la condición de reten social a las madres cabeza de familia y
prepensionados como sujetos de especial protección.
1 Según el reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido el 7 de octubre de 2020 por la Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir, con fecha de corte de 30 de septiembre de 2020,
el cual obra como prueba procesal.
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Demandante: Julia Elena Guerrero López
4. Oposiciones
El Grupo de Defensa y Representación Judicial de la Defensoría del Pueblo solicitó
que se declare improcedente la acción de tutela.
Indicó que el último acto administrativo proferido por la administración en el caso
objeto de estudio fue la Resolución núm. 502 de del 16 de abril de 2021, que resolvió
el recurso de reposición interpuesto por la actora, dicha resolución fue notificada el
19 de abril de 2021 y la solicitud de amparo interpuesta el 27 de enero de 2022 lo
que desvirtúa la urgencia de la demandante bajo el supuesto que no cuenta con
otro tipo de ingresos.
Debido a lo anterior, manifestó que para la interposición de la acción de tutela han
transcurrido más de 9 meses, es decir, la misma no cumple con el requisito de
inmediatez, pues no fue justificada la dilación en la presentación.
Además de lo anterior, precisó que de igual forma se ha superado el término
ordinario para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas a que hubiere
lugar (4 meses).
Adujo que el cargo que ocupaba la accionante es de libre nombramiento y remoción
cuyo ejercicio implica especial confianza, razón por la que su remoción procede en
virtud de la discrecionalidad que para ello tiene el nominador por ser cargos de
confianza.
Respecto de la protección de la que trata el artículo 12 de la Ley 790 de 2002 y su
aplicación al caso de la actora, afirmó que dicha protección opera cuando se
adelanten programas de renovación de la administración pública que implican,
como lo establece la misma ley, la fusión o supresión de Entidades del sector
público, y de manera concreta de la Rama Ejecutiva del poder público y resaltó que
la desvinculación de la actora no fue producto de la ejecución de un programa de
renovación de la administración pública, reestructuración de la Entidad o reforma
institucional dado que el mismo obedeció a la discrecionalidad de la que goza el
nominador.
Indicó que la debilidad manifiesta expresada por la actora no se encuentra probada
así como tampoco puede decirse que se esté afectando su mínimo vital, pues de
acuerdo con la última declaración de bienes y rentas correspondiente a la vigencia
2020 presentada por la actora, es propietaria de cinco bienes inmuebles y dos
vehículos.
Este hecho, a su juicio, puede llevar a suponer que la señora Guerrero López es
beneficiaria de rentas de capital derivadas de la explotación de los bienes
mencionados y no cuenta con hijos menores de edad que dependan de ella.
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5. Sentencia impugnada
La Sección Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante fallo del 7 de febrero de 2022, declaró improcedente la acción de tutela,
al considerar que no se acreditó la condición de madre cabeza de familia, ni la de
prepensionada, además no se acreditó un perjuicio irremediable, y dada la
existencia de mecanismos ordinarios con los que pudo atacar los actos de
desvinculación, concluyó que las pretensiones resultaban improcedentes.
Además, no se cumple con el requisito de inmediatez, y no se demostró ninguna
circunstancia particular y objetiva le haya impedido el ejercicio de la solicitud de
amparo de manera oportuna, así como tampoco justificó por qué ha dejado trascurrir
tanto tiempo sin ejercer los medios ordinarios que tuvo a su disposición, para tratar
de controvertir la legalidad de los actos administrativos mencionados.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia e indicó que el juez de
primera instancia incurrió en error al desestimar sin valoración alguna las
circunstancias de hecho expuestas, pues dada la evolución jurisprudencial existen
excepciones ante el principio de subsidiariedad que fueron omitidas, dado que la
sola existencia de otro mecanismo de defensa judicial no constituye una razón
suficiente para declarar la improcedencia, sino que se debe evaluar la posible
eficacia de protección del instrumento ordinario en las circunstancias específicas
del caso objeto de estudio.
Insistió en que no cuenta con otra fuente de ingresos que le permita una
subsistencia digna a ella y a su familia, adujo que en su caso dadas las
circunstancias procede la acción de tutela de manera excepcional pues por más de
que se señale que cuenta con propiedades las mismas son de uso familiar y por
ende no reportan frutos.
Solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se ordene la
protección requerida conforme a los parámetros establecidos en la sentencia SU-
062 (sic) de la Corte Constitucional, ya que no existe obstáculo de ninguna índole
para que así se proceda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
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persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
Con base en los antecedentes expuestos, le corresponde a la Sala determinar si
confirmará o no la sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la acción
de tutela por falta del requisito de subsidiariedad y si hay lugar a estudiar la presunta
vulneración del derecho a la seguridad social.
Caso concreto
De entrada, la Sala precisa que habría lugar a analizar la presunta vulneración del
derecho a la seguridad social que a alega la actora, si no fuera porque el cargo que
ejerció la demandante en la Defensoría del Pueblo era de libre nombramiento y
remoción y, por ende, no es destinataria de la protección a la estabilidad laboral
prevista en la normativa y jurisprudencia vigentes relacionadas con la condición de
prepensionada.
Establecido lo anterior, corresponde a la Sala verificar si la solicitud de amparo
cumple con el requisito general de subsidiaridad dado que lo pretendido por la
demandante es que se deje sin efecto el acto administrativo por medio del que se
declaró insubsistente el nombramiento en el cargo que ocupaba en la Defensoria
del Pueblo.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
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invocados. De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han
agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido,
la Corte Constitucional manifestó2:
“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a
situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o
amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no
tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto
de lograr la protección del derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales
diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la
discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado
la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre
prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es,
por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar
el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico
para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales (…)”.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos
se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Del escrito de tutela, se advierte que el propósito de la actora mediante la presente
solicitud de amparo es dejar sin efecto la Resolución núm. 502 del 16 de abril de
2021, en la cual el Defensor del Pueblo confirmó la decisión de declarar
insubsistente su nombramiento en el cargo de libre nombramiento y remoción
denominado asesor, código 1030, grado 23.
Al respecto, se reitera que en el caso objeto de estudio la señora Guerrero López
contó con otro mecanismo de defensa judicial para la garantía de los derechos
invocados en la presente solicitud de amparo, esto es, es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del CPACA,
pues dicho mecanismo le permitía cuestionar la constitucionalidad y legalidad del
acto administrativo que declaró insubsistente su nombramieto, con plena garantía
del debido proceso e incluso de haberlo considerado contaba con la posibilidad de
solicitar medidas cautelares conforme al artículo 230 del CPACA, entre estas, la
2 Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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suspensión provisional de los efectos del acto administrativo que se considera
vulneró los derechos fundamentales que alega la parte actora 3.
En relación con la existencia de otro medio de defensa judicial, el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, establece:
“Artículo 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción
de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser
reparado en su integridad mediante una indemnización.” (Negrilla fuera de
texto)
Así mismo, la Corte Constitucional, en la Sentencia T- 972 de 2005 consideró:
“Se encuentra ya muy decantada la jurisprudencia de la Corte acerca
de la naturaleza residual de la acción de tutela y sus condiciones de
procedencia cuando existe un mecanismo ordinario de defensa. Así ha
destacado en múltiples oportunidades que los medios y recursos
judiciales ordinarios son el escenario preferente para invocar la
protección de los derechos constitucionales fundamentales que se
consideren vulnerados en una situación específica, y a ellos deben
acudir, en principio, los afectados, a fin de hacer prevalecer la
supremacía de estos derechos y el carácter inalienable que les confiere
la Carta.
En consecuencia, la acción de tutela adquiere la condición de medio
subsidiario, cuyo propósito no es el de desplazar a los otros
mecanismos, sino el de fungir como último recurso orientado a suplir los
vacíos de defensa que en determinadas circunstancias presenta el
orden jurídico, en materia de protección de derechos fundamentales.
Así, la protección de derechos fundamentales es un asunto que el orden
jurídico reserva a la acción de tutela en la medida que el mismo no
ofrezca al afectado otros medios de defensa judicial, de igual o similar
eficacia. Sin embargo, de la sola existencia de un medio alternativo de
3 La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha considerado que, por regla general, la acción de tutela es
improcedente contra actos administrativos particulares en las sentencias: T-514 de 2003, T-961 de 2004, T-710
de 2007, T-016 de 2008, T-078 de 2009, T-945 de 2009, T-487 de 2010, T-660 de 2011, T-969 de 2011, T-154
de 2012, T-492 de 2012, T-922 de 2012, T-060 de 2013 y T-030 de 2015.
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defensa judicial, no deviene automáticamente la improcedencia de la
acción de tutela.
En aquellos eventos en que se establezca que el ordenamiento jurídico
tiene previsto un medio ordinario de defensa judicial, corresponde al
juez constitucional resolver dos cuestiones: la primera, consiste en
determinar si el medio judicial alterno presenta la idoneidad y eficacia
necesarias para la defensa de los derechos fundamentales. Si la
respuesta a esa primera cuestión es positiva, debe abordarse la
cuestión subsiguiente consistente en determinar si concurren los
elementos del perjuicio irremediable, que conforme a la jurisprudencia
legitiman el amparo transitorio.”
En conclusión, la acción de tutela es improcedente por no cumplir el requisito de
procedibilidad de subsidiariedad y, por lo tanto, se impone confirmar la sentencia
impugnada.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 7 de febrero de 2022, proferida por la Sección
Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. Notificar la presente decisión a por el medio más expedito posible.
3. Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
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(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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