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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00307-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00307-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 29 de marzo de 2022 por la Subsección A, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 22 Según se desprende de la Resolución nro. 2098 del 12 de marzo de 2021 “por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República que se realizarán el 13 de marzo de 2022” expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 23 De conformidad con la Resolución nro. 4371 del 18 de mayo de 2021 “por la cual se fija el calendario electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta) para el período constitucional 2022 – 2026” expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 24 Según se observa en el acta de reparto. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 02. 11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 25000 23-15 000 2022 00307 01 Accionante: Víctor Velásquez Reyes TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2022-00307-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

26 de mayo de 2022

Radicación: 25000 23-15 000 2022 00307 01
Accionante: Víctor Velásquez Reyes

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiséis(26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2022-00307-01
Accionante: VÍCTOR VELÁSQUEZ REYES
Accionado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se
controvierte un acto administrativo y no está acreditado
un perjuicio irremediable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor en contra del fallo
de tutela proferido el 29 de marzo de 2022 por la Subsección A, Sección
Cuarta, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró
improcedente el amparo solicitado.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Víctor Velásquez Reyes promovió acción de tutela en contra del
Consejo Nacional Electoral con el fin de que se amparen los derechos
fundamentales a elegir y ser elegido, a constituir partidos, a la igualdad
y al debido proceso; para ello formuló la siguiente pretensión1:

“[…] VÍCTOR VELÁSQUEZ REYES (…), actuando en mi condición de
petente de la personería jurídica para Y del MOVIMIENTO UNIÓN

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 01.
1

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Radicación: 25000 23-15 000 2022 00307 01
Accionante: Víctor Velásquez Reyes

CRISTIANA, de conformidad con el pronunciamiento de la Corte
Constitucional dentro de la S. U. 257 del 05 de agosto de 2021, por
el presente escrito ante Ud., llego para solicitarle se sirva
ampararnos constitucionalmente, tanto al suscrito como al
Movimiento que lidero en (sic) nuestros derechos fundamentales
como son: el de elegir y ser elegido, constituir partidos, movimientos
sin limitación alguna, al de igualdad, a no ser discriminados, a tener
pronta y cumplida justicia, a un debido proceso y sin dilaciones, a
que no se nos exija requisitos no contemplados en la ley y todos los
demás que el despacho encuentre vulnerados y amenazados y que,
con el comportamiento de los miembros del Consejo Nacional
Electoral se nos viola y amenazan con seguir vulnerándose, acorde
con los sucesos que mas adelante explicaré […]”. (Mayúsculas en el
escrito de tutela)

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que el Movimiento Unión Cristiana es una
agrupación política constituida por ciudadanos evangélicos que surgió con
ocasión de la Constitución Política de 1991 por haber participado en la
Asamblea Nacional Constituyente con dos miembros, por lo que se le
reconoció personería mediante la Resolución nro. 007 del 11 de julio de
1991 expedida por el Consejo Nacional Electoral.

Sostuvo que, a través de la Resolución nro. 1057 del 13 de julio de 2006,
el Consejo Nacional Electoral declaró la pérdida de personería por no
haber participado “en las elecciones inmediatamente anteriores a esta
fecha”2.

Explicó que, mediante la sentencia SU – 257 de 2021, la Corte
Constitucional ordenó al Consejo Nacional Electoral reconocer personería
al partido Nuevo Liberalismo y agregó que también se dispuso que: “Esta
decisión producirá efectos inter comunis para las elecciones de 2022,
frente a aquellos terceros que hubieran estados en las mismas o similares
condiciones del Partido Nuevo Liberalismo expresamente analizadas en
esta providencia”3.

2
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 01.
3
Ibídem.
2

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Radicación: 25000 23-15 000 2022 00307 01
Accionante: Víctor Velásquez Reyes

Expuso que, con fundamento en el precitado fallo solicitó, al Consejo
Nacional Electoral el reconocimiento de personería del Movimiento Unión
Cristiana bajo el argumento que “no pudo volver a participar en las
elecciones por la persecución de que fue objeto por grupos armados, por
la muerte y secuestro de pastores miembros de nuestras Iglesias y del
nuestro colectivo”4.

Indicó que dicha petición fue resuelta desfavorablemente por el Consejo
Nacional Electoral mediante la Resolución nro. 8839 del 7 de diciembre
de 2021, por considerar que no había pruebas de la muerte de los
pastores y porque “el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH-
mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 2021 identificado bajo
radicado CNE-E-2021-024155 dijo: En atención a su oficio CNE-SS-
KMQ/47583/JLLP/CNE-E-2021-012768, mediante el cual solicita al Centro
Nacional de Memoria Histórica (CNMH): “certificar si dentro de sus bases
de datos se registran atentados terroristas, masacres, secuestro, minas,
daño a bienes civiles y/u homicidio de miembros del movimiento político
“Movimiento Unión Cristiana’”; el Observatorio de Memoria y Conflicto
(OMC) del CNMH se permite anexar la información recopilada sobre los
eventos de violencia perpetrados contra las personas pertenecientes a
dicho partido político; de igual manera, la Dirección de Archivo de los
Derechos Humanos del CNMH informa que una vez realizadas las
consultas en la Base de Datos del Archivo Virtual de los Derechos
Humanos no se evidenciaron registros relativos a los términos:
“Movimiento Unión Cristiana”, y “Unión Cristiana” (…)”5.

Relató que, frente a dicha decisión, la presidente del Consejo Nacional
Electoral salvó voto y para ello lo transcribió en el escrito de tutela.

4
Ibídem.
5
Ibídem.
3

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Radicación: 25000 23-15 000 2022 00307 01
Accionante: Víctor Velásquez Reyes

Señaló que, en contra de la Resolución nro. 8839 de 2021, interpuso
recurso de reposición y mediante el acto administrativo nro. 1554 del 23
de febrero de 2021 se confirmó la decisión.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 14 de marzo de 20226, la Subsección A, Sección Cuarta,
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, admitió la tutela y dispuso
notificar al Consejo Nacional Electoral7.

Igualmente, requirió al presidente del Consejo Nacional Electoral para que
remitiera copia del expediente administrativo radicado con el nro. CNE –
2021 – 012768, el cual fue allegado8.

Por último, se negó la medida provisional solicitada por el actor.

3.2. La profesional universitaria adscrita a la Asesoría Jurídica y de
Defensa Judicial del Consejo Nacional Electoral9 rindió informe en término
vía correo electrónico, en el que señaló que la tutela es improcedente
porque lo pretendido por el actor es controvertir los actos administrativos
nros. 8839 de 2021 y 1554 de 2022 que gozan de presunción de legalidad,
de conformidad con el artículo 88 del CPACA.

6
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 01.
7
Esta orden se cumplió el 15 de marzo de 2022. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 2315 000 2022
00307 01.
8
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 01.
9
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 01.
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Accionante: Víctor Velásquez Reyes

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección A, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 29 de marzo de 2022, dispuso lo
siguiente10:

“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela
interpuesta por el señor VÍCTOR VELÁSQUEZ REYES por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de este proveído […]”.
[Negrillas en la providencia]

Para dilucidar el asunto explicó que la tutela deviene improcedente porque
el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir los actos administrativos nro. 8839 de 2021 y
1554 de 2022 expedidos por el Consejo Nacional Electoral.

En cuanto al perjuicio irremediable expuso:

“[…] El actor alegó en el escrito de tutela un perjuicio irremediable
generado por la actuación desplegada por el Consejo Nacional
Electoral, en tanto se le impedía su participación política en las
elecciones de Congreso y presidenciales que se celebran en el año
en curso; no obstante, tal como se expuso en el auto que negó la
medida preventiva, revisado el calendario electoral para las
elecciones de Congreso de la República, se tiene que la inscripción
para candidaturas feneció el 13 de diciembre de 2021, fecha anterior
al ejercicio de la presente acción constitucional incluso como es de
conocimiento público las elecciones ya fueron sufragadas el pasado
13 de marzo de 2022, lo que por contera deslegitima la urgencia de
intervención del juez constitucional para excepcionalmente proceder
el ejercicio de acción de tutela contra acto administrativo por
perjuicio irremediable.
A su vez, de cara a las elecciones de presidente y vicepresidente
(primera vuelta) la Registraduría Nacional del Estado Civil mediante
Resolución nro. 4371 del 18 de mayo de 2021 fijó el calendario
electoral, en el cual se señaló que el 11 de marzo de 2022 hubo
cierre de período de inscripciones de candidaturas y promotores del
voto, con lo cual se desvirtúa la urgencia manifiesta de la acción de
tutela en tanto el actor promovió la acción de tutela al vencimiento
de los términos señalados […]”.

10
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 01.
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Radicación: 25000 23-15 000 2022 00307 01
Accionante: Víctor Velásquez Reyes

En ese sentido, concluyó que no está acreditado un perjuicio irremediable
y que los aludidos actos administrativos pueden controvertirse a través
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
constituye el medio idóneo y eficaz por cuanto el accionante puede
solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de lo actos
demandados.

Por último, acotó que, “frente a lo alegado por el actor referente a que en
su caso se violó el precedente constitucional por cuanto el Consejo
Nacional Electoral no tuvo en cuenta los efectos inter comunis de la
sentencia SU –257 de 2021, precisa la Sala que si el actor considera que
cumple con los criterios para estar cobijado por la citada sentencia
judicial, lo propio era acudir al trámite de incidente de desacato y no,
reabrir un asunto que ya fue resuelto por el máximo órgano de la
jurisdicción Constitucional”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el actor lo impugnó con
fundamento en lo siguiente11:

“[…] En tiempo oportuno IMPUGNO EL FALLO DENEGATRIO DEL
amparo POR SER ABIERTAMENE CONTRARIO AL ESTADO SOCIAL DE
DERECHO Y LA VERDAD DE LOS SUCESOS:
1. LA TUTELA SE INSTAURO POR LA Inmediatez del término para
participar en elecciones, tanto para senado como para la
presidencia, precisamente para evitar un daño irremediable.
2. Para defender y evitar ese daño, no hay remedio mas eficaz que
la tutela.
3. Los salvamentos de voto de la primera como de la confirmatoria
son dicientes y aunque distintos prueban que existe la prueba de la
persecución y muerte de los lideres del movimiento
4. El Tribunal no hizo justicia, QUE, TRISTEZA […]”.

(Mayúsculas en el escrito de impugnación).

11
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 02.
6

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Accionante: Víctor Velásquez Reyes

Por auto del 4 de abril de 2022 se concedió la impugnación12 y la misma
fue asignada por acta de reparto el 6 de abril de 202213.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199114, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201515, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202116, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201917 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente18:

12
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 02.
13
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 02.
14
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
15
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
16
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
17
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
18
Lo que se desprende de las pruebas aportadas por las partes.
7

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6.2.1. A través de la Resolución nro. 8839 del 7 de diciembre de 2021,
“por la cual se resuelve la solicitud de reconocimiento de personería
jurídica al MOVIMIENTO UNIÓN CRISTIANA con fundamento de (sic) la
sentencia proferida por la Corte Constitucional SU 257 del 5 de agosto de
2021, dentro del radicado CNE – 2021 – 012768”, el Consejo Nacional
Electoral dispuso:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR la solicitud de reconocimiento de
la personería jurídica del MOVIMIENTO “UNIÓN CRISTIANA”
presentada por el ciudadano VÍCTOR VELÁSQUEZ REYES (…), con
fundamento en las consideraciones expuestas en el presente
proveído […]”. (Mayúsculas de la resolución)

6.2.2. En contra de la precitada decisión, el señor Víctor Velásquez Reyes
interpuso recurso de reposición y, mediante la Resolución nro. 1554 del
23 de febrero de 2022, el Consejo Nacional Electoral la confirmó.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En el asunto bajo examen, mediante fallo del 29 de marzo de 2022, la
Subsección A, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela porque el actor
cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para atacar los actos administrativos que negaron el reconocimiento de
personería al movimiento “Unión Cristiana”, y agregó que no está
configurado un perjuicio irremediable por considerar que la petición de
amparo fue interpuesta después de las fechas para inscripción de
candidaturas a las elecciones de congreso, así como de presidente y
vicepresidente.

El actor impugnó el precitado fallo alegando que la tutela se presentó para
evitar la ocurrencia de un daño irremediable por la inmediatez para
participar en las elecciones de senado y presidencia.

8

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Accionante: Víctor Velásquez Reyes

La Sala confirmará el fallo de primera instancia, en la medida que el hecho
que presuntamente estaría vulnerando los derechos fundamentales del
actor se concretan en la expedición de la Resolución nro. 8839 del 7 de
diciembre de 2021 que negó la solicitud de reconocimiento de personería
al movimiento Unión Cristiana, decisión que fue confirmada en el acto
administrativo nro. 1554 de 2022; de modo que el mecanismo de defensa
judicial idóneo para controvertir lo allí resuelto es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto por el artículo 138 del
CPACA.

Lo anterior, debido a que, de conformidad con el artículo 86 de la
Constitución y el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la
acción de tutela tiene un carácter excepcional y subsidiario para la
protección y garantía de los derechos fundamentales, lo que significa que
este mecanismo solo es procedente cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reiterado que,
por regla general, la acción de tutela no procede para controvertir la
validez ni la legalidad de los actos administrativos, en razón a que la
naturaleza residual y subsidiaria de este mecanismo constitucional
impone al ciudadano la carga razonable de acudir previamente, a través
de los respectivos medios de control, ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con el fin de solucionar los conflictos con la administración
y proteger los derechos de las personas19.

En otra oportunidad, la Corte indicó que “la acción de tutela no es
procedente, en general, para controvertir actos administrativos, toda vez
que las discrepancias suscitadas por la aplicación o interpretación de los
mismos, deben ser dirimidas a través de la jurisdicción de lo contencioso

Corte Constitucional. Sentencia T – 260 del 6 de julio de 2018. M.P.: Alejandro Linares
19

Cantillo.
9

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administrativo. Sin embargo, se ha aceptado la procedencia excepcional
de la acción de tutela contra los actos administrativos, si del contenido de
los mismos deviene una vulneración de los derechos fundamentales o la
amenaza de la ocurrencia de un perjuicio irremediable, de tal magnitud
que obligue a protegerlos de manera urgente”20.

En cuanto al perjuicio, la jurisprudencia constitucional ha explicado que
para que éste sea irremediable debe cumplir con las características de
inminente, grave, urgente y la medidas a adoptar impostergables21:

“[…] En primer lugar, estableció que el daño debe ser inminente, es
decir que está por suceder en un tiempo cercano, a diferencia de la
mera expectativa ante un posible menoscabo. Este presupuesto
exige la acreditación probatoria de la ocurrencia de la lesión en un
corto plazo que justifique la intervención del juez constitucional. Es
importante resaltar que la inminencia no implica necesariamente
que el detrimento en los derechos este consumado. Asimismo, indicó
que las medidas que se debían tomar para conjurar el perjuicio
irremediable deben ser urgentes y precisas ante la posibilidad de
un daño grave evaluado por la intensidad del menoscabo material
a los derechos fundamentales de una persona. En esa oportunidad,
la Corte señaló que la gravedad del daño depende de la importancia
que el orden jurídico le concede a determinados bienes bajo su
protección.

Finalmente estableció que la acción de tutela debe
ser impostergable para que la actuación de las autoridades y de
los particulares sea eficaz y pueda asegurar la debida protección de
los derechos comprometidos […]”.

En el asunto bajo examen, el actor en el escrito de impugnación alegó
que la tutela se presentó para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable teniendo en cuenta la inmediatez del término para participar
en las elecciones de congreso, así como de presidente y vicepresidente;
sin embargo, tal como lo anotó el a quo, revisado el calendario electoral
para las elecciones de congreso que se celebraron el 13 de marzo de
2022, se tiene que el 13 de diciembre de 2021 se venció el período de

20
Corte Constitucional. Sentencia T - 492 del 28 de junio de 2012. M.P.: Nilson Pinilla
Pinilla.
21
Corte Constitucional. Sentencia T – 471 del 19 de julio de 2017. M.P.: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
10

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inscripción de candidatos22, y, en cuanto a las elecciones de presidente y
vicepresidente, se observa que el 11 de marzo de 2022 se cerró el período
de inscripciones de candidaturas23; mientras que en este evento la
solicitud de amparo fue radicada el 11 de marzo de 202224, fecha para la
cual ya había finalizado el período de inscripción para las dos elecciones
mencionadas, de donde se concluye que el alegado perjuicio que se
pretende evitar con esta acción no cumple con la característica de
inminente.

Conforme con lo expuesto, la Sala confirmará el fallo proferido el 29 de
marzo de 2022 por la Subsección A, Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que declaró improcedente la tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 29 de marzo de
2022 por la Subsección A, Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, según lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

22
Según se desprende de la Resolución nro. 2098 del 12 de marzo de 2021 “por la cual
se fija el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República que se
realizarán el 13 de marzo de 2022” expedida por la Registraduría Nacional del Estado
Civil.
23
De conformidad con la Resolución nro. 4371 del 18 de mayo de 2021 “por la cual se
fija el calendario electoral para las elecciones de presidente y vicepresidente de la
República (primera vuelta) para el período constitucional 2022 – 2026” expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil.
24
Según se observa en el acta de reparto. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 25000 2315 000 2022 00307 02.
11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 25000 23-15 000 2022 00307 01
Accionante: Víctor Velásquez Reyes

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el ley.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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