Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00409-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00409-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2022-00409-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de julio de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de julio de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-15-000-2022-00409-01
Demandante: GIOVANNA ANDREA FRANCO RUBIANO
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO
TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA AUTO QUE DECLARÓ
INFUNDADO IMPEDIMENTO FORMULADO POR UNA
SECRETARIA DE UN JUZGADO. LOS JUECES Y
SECRETARIOS ESTÁN EXPRESAMENTE
FACULTADOS PARA DECLARARSE IMPEDIDOS
POR MINISTERIO DE LA LEY.
Síntesis del caso: se cuestiona el auto que declaró infundado el impedimento manifestado
por la actora como secretaria de un juzgado permanente para tramitar 138 procesos que
cursan en un juzgado transitorio en los cuales se pretende el reconocimiento de la
bonificación judicial como factor salarial. La Sala revocará la decisión de primera instancia
y, en su lugar, accederá al amparo por encontrar configurado el defecto sustantivo por
desatención del artículo 146 del Código General del Proceso.
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 22 de abril de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Cuarta
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada
por la señora GIOVANNA ANREA FRANCO RUBIANO contra el
JUZGADO SEGUNDO (2°) ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia
SEGUNDO: Remítase el expediente, a la Corte Constitucional para su
eventual revisión
NOTIFÍQUESE POR CORREO ELECTRÓNICO la presente providencia
a:
La accionante: gfrancor@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Expediente: 25000-23-15-000-2022-00409-01
Demandante: Giovanna Andrea Franco Rubiano
Acción de tutela
El accionado: j412admssobta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Se precisa a las partes que para la radicación de los memoriales a que
haya lugar deberá utilizarse el buzón:
rmemorialesposec04tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Para la consulta del expediente deberá formularse la respectiva solicitud
a la dirección electrónica: scs04sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co
(…)”.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2022 la demandante formuló acción de
tutela con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido
proceso y trabajo.
Como fundamento fáctico de la acción la demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:
1) Se vinculó a la Rama Judicial desde el 10 de mayo de 2010 y actualmente ocupa
en carrera el cargo de secretaria del Juzgado Veinticinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá.
2) Solicitó al Consejo Superior de la Judicatura el reconocimiento de la bonificación
judicial como factor salarial, sin embargo, la solicitud fue negada, por lo cual
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra esa autoridad
para que le fuera reconocido ese emolumento como base para liquidar todas las
prestaciones sociales.
3) A través del artículo 3 del Acuerdo PCSJA-11918 del 2 de febrero de 2022 el
Consejo Superior de la Judicatura creó tres juzgados transitorios en el circuito
judicial de Bogotá, cada uno conformado por un juez, un sustanciador y un
profesional universitario grado 16 y en el parágrafo 3º de ese mismo acto dispuso
que los secretarios de los juzgados administrativos permanentes en los que el titular
del despacho se declare impedido brindarán apoyo en las funciones secretariales
de los juzgados transitorios.
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Expediente: 25000-23-15-000-2022-00409-01
Demandante: Giovanna Andrea Franco Rubiano
Acción de tutela
4) El 3 de marzo de 2022 la actora manifestó su impedimento ante el Juzgado
Segundo Transitorio Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para tramitar 138
procesos en atención a que se discutía la naturaleza salarial de la bonificación
judicial en la cual tiene interés, por lo que solicitó que se le apartara de su trámite.
5) Mediante auto del 8 de marzo de 2022 el juzgado declaró infundado el
impedimento y notificó la decisión en la misma fecha.
6) La decisión se sustentó en que los secretarios no tienen incidencia directa y
sustancial en los resultados del proceso puesto que sus funciones se limitan a
gestionar los expedientes con sujeción a las órdenes del juez y los trámites se rigen
por uno plazos establecidos, cuya observancia es de imperativo cumplimiento.
7) Además, en la misma providencia se indicó que el proceso judicial que adelanta
la servidora judicial sobre el reconocimiento de la bonificación judicial como factor
salarial cursa en un despacho distinto.
El fundamento de la vulneración
La demandante alegó que en la providencia cuestionada se incurrió en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y fáctico por las siguientes razones:
La autoridad judicial accionada le otorgó al artículo 146 del Código General del
Proceso1 una interpretación que “en principio resulta formalmente posible a partir
de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de
rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados”.
A su juicio, las causales de impedimento o recusación no son cláusulas abiertas de
aplicación dispositiva, sino imperativas e imponen la separación de un servidor
judicial del conocimiento de un proceso si se encuentra en una situación que pueda
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“Impedimentos y recusaciones de los secretarios. Los secretarios están impedidos y pueden
ser recusados en la misma oportunidad y por las causales señaladas para los jueces, salvo
las de los numerales 2 y 12 del artículo 141.
De los impedimentos y recusaciones de los secretarios conocerá el juez o el magistrado ponente.
Aceptado el impedimento o formulada la recusación, actuará como secretario el oficial mayor, si lo
hubiere, y en su defecto la sala o el juez designará un secretario ad hoc, quien seguirá actuando si
prospera la recusación. Los autos que decidan el impedimento o la recusación no tienen recurso
alguno. En este caso la recusación no suspende el curso del proceso”. (Negrillas de la Sala).
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Expediente: 25000-23-15-000-2022-00409-01
Demandante: Giovanna Andrea Franco Rubiano
Acción de tutela
violentar su imparcialidad, de manera que si manifestó estar incursa en los
numerales 1, 5, 6, 8, 10 y 14 del artículo 141 del CGP correspondía declarar fundada
su manifestación.
Además, el juez en la providencia objeto de tutela tampoco resolvió todas las
causales que invocó.
Finalmente, señaló que se dejó de aplicar dicha norma de rango legal para otorgarle
efectos de manera preferente a un acto administrativo de menor jerarquía como lo
es el parágrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA22-11918 del 2 de febrero de
2022 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura2, lo cual violó el artículo
150.2 de la Constitución Política.
El legislador conocía la naturaleza y funciones del ejercicio secretarial, luego
entonces no puede considerarse que por el hecho de que los secretarios no tienen
incidencia directa y sustancial en las resultas del proceso como en el presente caso,
no habría lugar a declarar fundado el impedimento, pues el legislador tenía clara la
naturaleza de las funciones secretariales y aun así previó esa facultad en el artículo
146 del CGP.
La conclusión a la que arribó la demandada desconoció la sentencia C-073 de 1996
con efectos erga omnes, en la cual la Corte Constitucional determinó que “no puede
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, dentro de las
atribuciones contempladas en el artículo 257-3 de la Carta, ocuparse de regular
asuntos de carácter judicial, toda vez que sus funciones deben estar encaminadas
a reglamentar únicamente materias administrativas y funcionales de la
administración de justicia y, si es el caso, tan sólo a proponer proyectos de ley
relativos a códigos sustantivos y procedimentales”.
Por otro lado, en cuanto al fáctico alegó que no se valoraron los contratos de
prestación de servicios que celebró con su apoderada judicial quien precisamente
también es la misma abogada litigante en los procesos en que se manifestó
impedida.
2
“[L]os secretarios de los juzgados administrativos permanentes, en los que el titular del despacho
se haya declarado impedido, deberán brindar el apoyo en las funciones secretariales a los juzgados
creados en [ese] artículo”.
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Expediente: 25000-23-15-000-2022-00409-01
Demandante: Giovanna Andrea Franco Rubiano
Acción de tutela
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“DEJAR SIN EFECTO NI VALOR JURÍDICO el auto proferido el 8 de
marzo de 2022 por el Juzgado 2 Administrativo Transitorio del Circuito de
Bogotá, dentro de los siguientes expedientes, a través del cual negó el
impedimento presentado:
11001333502520100057000 – 11001333502520110033600
11001333502520120008100 – 11001333502520140058900
11001333502520160028300 – 11001333502520160041100
11001333502520170020200 – 11001333502520170024200
11001333502520170030300 – 11001333502520180001600
11001333502520180024900 – 11001333502520180025200
11001333502520180030900 – 11001333502520180034500
11001333502520180037300 – 11001333502520180037600
11001333502520180046300 – 11001333502520180048300
11001333502520180048600 – 11001333502520180051700
11001333502520180054000 – 11001333502520180054500
11001333502520190001000 – 11001333502520190004500
11001333502520190006600 – 11001333502520190007600
11001333502520190009200 – 11001333502520190009300
11001333502520190009800 – 11001333502520190010100
11001333502520190012500 – 11001333502520190015700
11001333502520190016700 – 11001333502520190017400
11001333502520190017500 – 11001333502520190021800
11001333502520190023000 – 11001333502520190023100
11001333502520190023400 – 11001333502520190025000
11001333502520190025200 – 11001333502520190025600
11001333502520190027800 – 11001333502520190028600
11001333502520190031100 – 11001333502520190031300
11001333502520190031500 – 11001333502520190034500
11001333502520190034600 – 11001333502520190034700
11001333502520190037900 – 11001333502520190038200
11001333502520190039000 – 11001333502520190039100
11001333502520190039500 – 11001333502520190044000
11001333502520190044400 – 11001333502520190044700
11001333502520190045700 – 11001333502520190047200
11001333502520190048000 – 11001333502520190052200
11001333502520190054000 – 11001333502520190054500
11001333502520190055800 – 11001333502520190056000
11001333502520190056100 – 11001333502520190056200
11001333502520200000300 – 11001333502520200001800
11001333502520200006400 – 11001333502520200009300
11001333502520200009500 – 11001333502520200009600
11001333502520200010100 – 11001333502520200018700
11001333502520200023100 – 11001333502520200026300
11001333502520200030200 – 11001333502520200031900
11001333502520200033300 – 11001333502520200033500
11001333502520200034300 – 11001333502520200034500
11001333502520200034800 – 11001333502520200035100
11001333502520200036200 – 11001333502520200036400
11001333502520200036900 – 11001333502520200038200
11001333502520200039100 – 11001333502520210003900
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Expediente: 25000-23-15-000-2022-00409-01
Demandante: Giovanna Andrea Franco Rubiano
Acción de tutela
11001333502520210004700 – 11001333502520210005000
11001333502520210005700 – 11001333502520210010000
11001333502520210010100 – 11001333502520210010300
11001333502520210013600 – 11001333502520210015700
11001333502520210019500 – 11001333502520210019900
11001333502520210020300 – 11001333502520210020400
11001333502520210020900 – 11001333502520210022100
11001333502520210022600 – 11001333502520210023300
11001333502520210024500 – 11001333502520210024800
11001333502520210028700 – 11001333502520210029400
11001333502520210030900 – 11001333502520210031000
11001333502520210031100 – 11001333502520210032600
11001333502520210032800 – 11001333502520210033400
11001333502520210034300 – 11001333502520210034400
11001333502520190048400 – 11001333502520190049400
11001333502520190049500 – 11001333502520190052600
11001333502520190053300 – 11001333502520190054600
11001333502520190056500 – 11001333502520200002100
11001333502520200003400 – 11001333502520200003500
11001333502520200008500 – 11001333502520200035900
11001333502520200037800 – 11001333502520210007400
11001333502520210014800 – 11001333502520210014900
11001333502520210019500 – 11001333502520210019900.
5.2. ORDENAR al Juzgado 2 Administrativo Transitorio del Circuito de
Bogotá que, dentro del término perentorio que esa Corporación considere
adecuado, PROFIERA AUTO DE REEMPLAZO en los procesos
relacionados anteriormente, en el sentido de aceptar los impedimentos
manifestados.
5.3. Instar a la Autoridad Judicial accionada para que, en lo sucesivo, se
abstenga de incurrir en las conductas y trasgresiones que ocasionaron la
interposición de la presente acción”. (archivo disponible en medio
magnético en el aplicativo SAMAI).
Actuación procesal
Mediante auto de 5 de abril de 2022 la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela y ordenó la
notificación al Juzgado Segundo Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Bogotá con el fin de que allegara un informe sobre los hechos que motivaron el
ejercicio de la acción.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante sentencia de 22 de abril de 2022 declaró improcedente el mecanismo, tras
considerar que no cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
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Expediente: 25000-23-15-000-2022-00409-01
Demandante: Giovanna Andrea Franco Rubiano
Acción de tutela
Sin embargo, señaló que el hecho de que la accionante haya instaurado una
demanda de contenido similar a las que cursan en el despacho no tiene por qué
alterar el desempeño de su trabajo respecto de los expedientes antes relacionados,
pues los servidores judiciales tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano
a que se les preste el servicio de administración de justicia, sin preferencias, pero
tampoco sin dilaciones injustificadas.
Si bien la demandante indicó en su manifestación de impedimento las causales
referidas a (i) tener interés directo o indirecto, (ii) pleito pendiente con alguna de las
partes, (iii) amistad íntima con alguna de las partes y que (iv) la apoderada en
muchos procesos es mandataria de la actora, a partir del escrito radicado ante el
juzgado accionado no se observaron pruebas que permitieran declarar fundado su
impedimento.
Impugnación
La parte demandante manifestó que la autoridad judicial demandada, a pesar de
que declaró improcedente el mecanismo realizó un estudio de fondo sobre el
asunto, lo cual carece de sentido pues “la diferencia entre los ejercicios de
determinación de procedencia y mérito de las pretensiones de una acción son
sustancialmente diferentes, pues mientras el primero se reduce a la evaluación de
aptitud del mecanismo procesal utilizado para los efectos perseguidos, el segundo
se refiere al estudio jurídico y fáctico de una determinada controversia con el fin de
concluir el mérito en derecho de unas ciertas pretensiones”, por lo que la tutela no
podía ser declarada improcedente bajo argumentos que atacaban el fondo del
asunto.
Expuso que el asunto sí revestía relevancia constitucional y que se debía examinar
de fondo por cuanto se violó el artículo 29 de la Constitución Política en la medida
en que se inaplicó una norma procesal (artículo 146 del CGP) para privilegiar de
manera preferente un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura.
II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
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Expediente: 25000-23-15-000-2022-00409-01
Demandante: Giovanna Andrea Franco Rubiano
Acción de tutela
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.
1. La finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado
Segundo Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que
se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y
trabajo, presuntamente vulnerados con ocasión del auto que declaró infundado el
impedimento presentado por la actora en calidad de secretaria de un juzgado
permanente frente a 138 expedientes en los que se pretende el reconocimiento de
la bonificación judicial como factor salarial.
La demandante alegó que en la providencia cuestionada se incurrió en los defectos
sustantivo, violación directa de la Constitución y fáctico.
En la sentencia de primera instancia la Subsección B de la Sección Cuarta del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente el mecanismo, tras
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Expediente: 25000-23-15-000-2022-00409-01
Demandante: Giovanna Andrea Franco Rubiano
Acción de tutela
considerar que no cumplió con el requisito general de relevancia constitucional, sin
embargo, expuso varias consideraciones sobre el fondo del asunto.
En la impugnación el demandante manifestó que el asunto sí tenía relevancia
constitucional por cuanto se alegó la vulneración del debido proceso y se plantearon
de manera específica unos defectos, aunado a que la providencia cuestionada, si
bien manifestó que no cumplió con el requisito mencionado, lo cierto es que realizó
un estudio del caso, lo cual evidenciaba aún más el cumplimiento de dicho
presupuesto.
Contrario a lo decidido en primera instancia, para la Sala el presente caso es
constitucionalmente relevante y cumple con los demás requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por las siguientes
razones: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance
de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se
cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue
promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
atacada3; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba
ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar
los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, (vi) la
cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, pues lo alegado por la
tutelante corresponde a un debate de suma importancia desde el punto de vista
constitucional referido a la posibilidad con la que cuentan los secretarios de los
despachos judiciales de declararse impedidos en los mismos términos que los
funcionarios judiciales para evitar comprometer principios como la imparcialidad e
independencia en los procesos que tramitan, además, se alegó la supuesta
vulneración de derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y
trabajo y lo propuesto en el escrito de tutela no corresponde a una simple reiteración
de lo planteado en el impedimento.
Así las cosas, en los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala
revocará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la tutela por
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La notificación se efectuó el 8 de marzo de 2022 y la tutela se presentó el 21 de abril siguiente.
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Expediente: 25000-23-15-000-2022-00409-01
Demandante: Giovanna Andrea Franco Rubiano
Acción de tutela
carencia del presupuesto de relevancia constitucional y, en su lugar, se accederá al
amparo pues encuentra que se incurrió en un defecto sustantivo por las razones
que procederán a exponerse:
1) En el escrito de tutela la parte actora señaló que en la providencia atacada se le
otorgó al artículo 146 del Código General del Proceso4 una interpretación que
contraviene la voluntad del legislador, pues en dicho precepto se contempló de
manera expresa, puntual y clara la posibilidad de que los secretarios se aparten de
los procesos judiciales ante una situación de imparcialidad que, según manifestó,
corresponde a su caso frente a 138 procesos en los que se pretende el
reconocimiento de la bonificación judicial prevista en el Decreto 383 de 2013 para
los servidores públicos de la Rama Judicial como factor salarial.
2) Asimismo, adujo que las causales de impedimento o recusación no son cláusulas
abiertas de aplicación dispositiva, sino imperativas que imponen la separación de
un funcionario judicial del conocimiento de un proceso, de manera que si manifestó
estar incursa en varias causales del artículo 141 del CGP correspondía declarar
fundada su manifestación.
3) Finalmente, señaló que en este caso se dejó de aplicar dicha norma de rango
legal para otorgarle efectos de manera preferente a un acto administrativo de menor
jerarquía como el parágrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA22-11918 del 2 de
febrero de 2022 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura5, lo cual violó el
artículo 150.2 de la Constitución Política.
4) Sobre el particular, sea lo primero destacar que le asiste razón a la parte actora
en punto a que efectivamente el artículo 146 del Código General del Proceso
estatuye que los secretarios están impedidos y pueden ser recursados por las
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“Impedimentos y recusaciones de los secretarios. Los secretarios están impedidos y pueden ser
recusados en la misma oportunidad y por las causales señaladas para los jueces, salvo las de los
numerales 2 y 12 del artículo 141.
De los impedimentos y recusaciones de los secretarios conocerá el juez o el magistrado ponente.
Aceptado el impedimento o formulada la recusación, actuará como secretario el oficial mayor, si lo
hubiere, y en su defecto la sala o el juez designará un secretario ad hoc, quien seguirá actuando si
prospera la recusación. Los autos que decidan el impedimento o la recusación no tienen recurso
alguno. En este caso la recusación no suspende el curso del proceso”.
5
“[l]os secretarios de los juzgados administrativos permanentes, en los que el titular del despacho
se haya declarado impedido, deberán brindar el apoyo en las funciones secretariales a los juzgados
creados en [ese] artículo”.
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mismas causales establecidas para los funcionarios, a excepción de las
contempladas en los numerales 2 y 4 de la siguiente manera:
“Artículo 146. Impedimentos y recusaciones de los secretarios. Los
secretarios están impedidos y pueden ser recusados en la misma
oportunidad y por las causales señaladas para los jueces, salvo las
de los numerales 26 y 127 del artículo 141.
De los impedimentos y recusaciones de los secretarios conocerá el juez
o el magistrado ponente.
Aceptado el impedimento o formulada la recusación, actuará como
secretario el oficial mayor, si lo hubiere, y en su defecto la sala o el juez
designará un secretario ad hoc, quien seguirá actuando si prospera la
recusación. Los autos que decidan el impedimento o la recusación no
tienen recurso alguno. En este caso la recusación no suspende el curso
del proceso”. (negrillas de la Sala).
5) Fue precisamente en virtud de esa norma que la actora le manifestó al Juzgado
Segundo Transitorio Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que se
encontraba impedida para conocer los procesos en los que se solicitó su apoyo por
encontrarse incursa en las causales 1, 5, 6, 9, 10 y 14 del artículo 141 de Código
General del Proceso.
6) Sin embargo, mediante auto del 8 de marzo de 2022 se declaró infundado el
impedimento con fundamento en que la función delegada en los secretarios de los
despachos permanentes de prestar su apoyo a los despachos transitorios fue
establecida en el en el parágrafo 3 del artículo 3 del Acuerdo PCSJA22-11918 del
2 de febrero de 2022 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura y en la
medida que las labores adelantadas por los secretarios son de impulso de los
procesos que se desarrollan con arreglo a ritualidades y términos objetivos, lo cual
no compromete la imparcialidad de estos del mismo modo y al mismo nivel que sí
se vería comprometida la de los funcionarios judiciales que tuviesen interés directo,
así:
“El artículo 146 del Código General del Proceso establece que “De los
impedimentos y recusaciones de los secretarios conocerá el juez o el
magistrado ponente”, es decir, para el presente caso, el suscrito Juez. En
este orden de ideas, este Despacho considera que no le asiste razón a la
señora Secretaria, toda vez que aunque el artículo 146 del CGP establece
6
“2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su
cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente”.
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“12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia
del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o
testigo”.
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que “Los secretarios están impedidos y pueden ser recusados en la
misma oportunidad y por las causales señaladas para los jueces”, las
labores que se adelantan por Secretaría, son labores de impulso de los
procesos, que se desarrollan con arreglo a ritualidades y términos
objetivos, en las que no se compromete la imparcialidad de los secretarios
del mismo modo y al mismo nivel que sí se vería comprometida la del
fallador que tuviese interés directo.
Los secretarios no tienen incidencia directa y sustancial en los resultados
del proceso, toda vez que sus funciones se limitan a gestionar los
expedientes siguiendo las órdenes del juez a cargo de los expedientes y
cada una de esas órdenes tiene procedimientos y plazos establecidos,
cuya observancia es de imperativo cumplimiento para los secretarios, en
aras de la correcta y cumplida administración de justicia.
La naturaleza de la función secretarial no es la de decidir sobre los
resultados de los procesos ni sobre la manera en que se adelantan con
arreglo a las posibilidades procedimentales con que cuentan los jueces
para impulsar los expedientes, sino que están limitadas a formalidades y
términos objetivamente dispuestos, lo cual les impide actuar con
discrecionalidad o arbitrariedad, pues siguen un derrotero marcado por la
ley y por el juez del caso.
Por si fuera poco, el proceso que adelanta la secretaria que pretende ser
declarada impedida, en procura de lograr el reconocimiento de unas
bonificaciones judiciales como factor salarial, cursa en un despacho
distinto al suyo.
La aceptación de impedimento en el caso de los jueces y magistrados es
meridianamente clara y justificada, toda vez que en desarrollo de sus roles
en cuanto al proceso, deciden e imponen sus fallos por ministerio de la
Constitución y de la ley, mientras que en el caso de los secretarios, su
labor se restringe a impulsar los procesos en sus diferentes etapas y bajo
las reglas propias de cada procedimiento, que están claramente
reguladas en las normas y en las que el margen de configuración de
decisiones es inexistente, salvo cuando reemplazan a los jueces en virtud
de algún encargo, hipótesis que no se presente en este caso”.
7) En esos términos, la Sala advierte que en el caso concreto la discusión se centra
es establecer si se configuró un defecto sustantivo por cuanto el juzgado accionado
declaró infundado el impedimento manifestado por la demandante en desatención
de lo preceptuado en el artículo 146 del Código General del Proceso.
8) Para responder a dicho problema jurídico, sea lo primero aclarar que en la
providencia materia de amparo la autoridad judicial accionada tuvo en cuenta el
artículo 146 del Código General del Proceso, tal como se aprecia de las
consideraciones transcritas y como lo reconoció la propia tutelante, por lo que sobre
dicho punto no existe debate.
9) No obstante, el objeto de la litis se dirige a establecer si con base en una
interpretación incorrecta de la norma y del caso concreto el juzgado accionado
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incurrió en un defecto sustantivo por considerar que como las labores y funciones
desempeñadas por la actora en su calidad de secretaria son de trámite, están
sujetas a términos objetivos y no tienen incidencia directa sobre las resultas del
proceso.
10) En este caso, la Sala advierte que se interpretó indebidamente el artículo 146
del Código General del Proceso pues con base en un razonamiento sin sustento
jurídico de la norma, excusada en las funciones que desempeñan los secretarios de
los juzgados, se desatendió la voluntad del legislador que de manera expresa, clara
e inequívoca señaló que los secretarios “los secretarios están impedidos y pueden
ser recusados en la misma oportunidad y por las causales señaladas para los
jueces, salvo las de los numerales 2 y 12 del artículo 141”, excepciones que en todo
caso tampoco se encontraban en discusión en tanto las casuales que invocó la
actora fueron 1, 5, 6, 8, 10 y 14 del artículo 141 del CGP.
11) En esa medida, bajo la justificación de que los secretarios ejercen funciones
meramente de impulso y no tienen incidencia en la decisión, el juzgado demandado
no podía imponer una interpretación abiertamente en contravía de lo que la propia
norma estableció, pues precisamente el instituto de los impedimentos y las
recusaciones lo que pretenden es garantizar la imparcialidad de quienes, debido a
sus funciones, tramitan y deciden los procesos.
12) Asimismo, el juzgado accionado tampoco podía desconocer la ley con base en
interpretaciones subjetivas con fundamento en que un acuerdo dispuso que los
secretarios de los despachos permanentes debían prestar apoyo en los despachos
transitorios, pues, en primer lugar, dicho acuerdo en ningún aparte estableció que
los secretarios que fueran designados para prestar apoyo a los juzgados transitorios
no podían declararse impedidos, como lo entendió el titular del juzgado, y, en
segundo lugar, debido a que si aun en gracia de discusión así se hubiese
establecido en dicho acuerdo lo cierto es que a través de un acto administrativo no
es posible desconocer u oponerse a una norma de rango legal, como lo es el artículo
146 ut supra.
13) En consecuencia, para la Sala es claro que este caso no solo se le dio un
alcance al acuerdo que no tenía, por cuanto se reitera, en él nunca se estableció
que los secretarios no podían declararse impedidos cuando sobre ellos recayera
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una causal que comprometiera su imparcialidad, sino que también pasó por alto el
rango de normas superiores, con base en una interpretación que no es de recibo
para la Sala, con el fin de darle prioridad a una disposición que por su naturaleza no
podía contravenir normas legales de mayor jerarquía.
14) En la medida que se evidenció la configuración del defecto sustantivo, lo cual
resulta suficiente para acceder al amparo pretendido, la Sala se relevará del estudio
de los defectos restantes.
15) En suma, para la Sala es claro que en la providencia objeto de tutela se incurrió
en un defecto sustantivo debido a que se interpretó indebidamente el artículo 146
del CGP que previó expresamente que los secretarios pueden declararse impedidos
y pueden ser recusados en la misma oportunidad y por los mismos numerales que
los jueces, salvo las excepciones allí previstas, por consiguiente, se ordenará al
Juzgado Segundo Transitorio Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que
profiera una providencia de remplazo en la cual atienda las consideraciones de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA
Revócase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por la señora Giovanna Andrea Franco Rubiano. En su lugar,
dispónese:
1°) Ampárase los derechos fundamentales invocados por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2º) En consecuencia, déjase sin efecto el auto proferido el 8 de marzo de 2022 que
declaró infundado el impedimento manifestado por la tutelante.
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Acción de tutela
3º) Ordénase al Juzgado Segundo Transitorio Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá que en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de
notificación de esta providencia profiera una decisión en reemplazo en la cual se
tengan en cuenta las consideraciones expuestas en esta providencia.
4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
5°) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia de la misma.
6º) Por Secretaría, publíquese la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
7º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Salva voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado
ponente en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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