Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00447-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00447-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2022-00447-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de junio de 2022
Demandante: Manuel Mauricio Bohórquez Olmos
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00447-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2022-00447-01
Demandante: MANUEL MAURICIO BOHÓRQUEZ OLMOS
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas: Tutela de fondo – derecho fundamental de petición – falta de
legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por la Procuraduría General de la
Nación contra la sentencia proferida en primera instancia el 4 de mayo de 2022
por la Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. En esta providencia se ampararon los derechos fundamentales
al debido proceso administrativo y de acceso a la administración de justicia de la
parte accionante.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Manuel Mauricio Bohórquez Olmos, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, con el fin
de que se le proteja su derecho fundamental de petición. Lo anterior, porque
afirma que la entidad accionada no respondió los requerimientos que le presentó
el 2 y 7 de marzo de 2022, para obtener la constancia de radicación de la solicitud
de conciliación prejudicial radicada por la sociedad Construsan Ingenieros Civiles
LTDA.
1.2. Hechos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de
la siguiente manera:
2. La sociedad Construsan Ingenieros Civiles LTDA. presentó demanda de
controversias contractuales contra el Distrito Capital de Bogotá, la Secretaría
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Demandante: Manuel Mauricio Bohórquez Olmos
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00447-01
Distrital de Gobierno y el Fondo Local de Chapinero. Este proceso fue repartido
en primera instancia al Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y
se identificó con el radicado N.º 11001-33-36-031-2021-00328-00.
3. El 24 de febrero de 2022, la autoridad judicial mencionada profirió auto
inadmisorio dentro del proceso de controversias contractuales incoado por
Construsan Ingenieros Civiles LTDA., en el que le indicó que debía allegar la
constancia de radicación de la solicitud de conciliación prejudicial, en los
siguientes términos:
1. Allegue la constancia de radicación de la solicitud de conciliación
prejudicial ante el Ministerio Público, comoquiera que de los documentos
aportados no se observa ninguna fecha de recibido, para lo cual podrá
pedirla a la Procuraduría General de la Nación.
(…)
Incluso, consultado el número de radicado E-2020-491298, el mismo alude
es a una queja disciplinaria y no a un trámite de conciliación prejudicial…
4. Por lo anterior, el 2 de marzo de 2022, el abogado Manuel Mauricio Bohórquez
Olmos, en nombre de Construsan Ingenieros Civiles LTDA., presentó una
solicitud de “cumplimiento Auto del Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá Sección Tercera” ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin
de que le fuera entregada la constancia de la solicitud de conciliación prejudicial
presentada por la sociedad citada.
5. Al no recibir respuesta a la anterior solicitud, el 7 de marzo siguiente el actor
presentó formalmente una petición en la página web de la entidad accionada con
la misma finalidad.
6. Afirmó que, pese a que la Procuraduría General de la Nación no respondió su
petición, el 11 de marzo de 2022 subsanó la demanda con el temor de que le
feneciera el término para interponer el medio de control.
7. No obstante, por auto del 7 de abril siguiente el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá le insistió en que debía allegar
la constancia de la entidad accionada que acreditara el agotamiento del requisito
de procedibilidad de la conciliación prejudicial. Para el efecto, le concedió el
término de cinco días y le indicó que “en caso de ser necesario, la parte
interesada deberá ejercer la acción de tutela para la protección de su derecho
fundamental de petición”.
8. Con base en lo expuesto, impetró este instrumento de protección constitucional
en procura de la defensa del derecho fundamental de petición.
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1.3. Sustento de la vulneración
9. A juicio de la parte actora la Procuraduría General de la Nación es la llamada
a responder la petición que radicó desde el 2 de marzo de 2022 tendiente a
obtener la constancia de conciliación prejudicial presentada por la sociedad
Construsan Ingenieros Civiles LTDA., y lo debe hacer de manera clara, oportuna,
concreta y de fondo.
10. Precisó que desde la presentación de la petición hasta la fecha de
interposición de la tutela habían transcurrido más de 28 días hábiles sin obtener
la respuesta.
11. Añadió la importancia del derecho de petición y las particularidades que lo
caracterizan, de conformidad con las sentencias T-667 de 2011 y C-405 de 2016
de la Corte Constitucional.
12. Adicionalmente, alegó que no cuenta con otro mecanismo de defensa para
lograr que la accionada se pronuncie frente a su solicitud.
1.4. Pretensión constitucional
13. En concreto la parte actora solicitó:
Primera-. Que se conceda la protección de los derechos fundamentales
referenciados en el presente escrito y que fueran vulnerados por (sic)
Procuraduría General de la Nación. Y por ende, se TUTELE (sic) tales
derechos fundamentales al suscrito, los cuales vienen siendo vulnerados en
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se dejaron descritas en esta
acción constitucional.
Segunda-. Que se adopten las medidas necesarias por parte de la
Judicatura, en aras de amparar el derecho a la administración de justicia, el
que ha se ve amenazado por la tardía respuesta de la Accionada.
1.5. Trámite de primera instancia
14. En auto del 20 de abril de 2022, la Sección Segunda, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió esta solicitud de amparo. En
consecuencia, ordenó notificar en calidad de parte accionada a la Procuraduría
General de la Nación y como tercero con interés al Juzgado Treinta y Uno
Administrativo Oral del Circuito de Bogotá.
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1.6. Intervenciones
1.6.1. Procuraduría General de la Nación
15. Por intermedio de la asesora de la Oficina Jurídica de la entidad manifestó
que le requirió un informe a las dependencias de la entidad que pudieron tener
conocimiento del asunto. Al respecto, el sustanciador grado 11 de la Procuraduría
12 Judicial II de Conciliación Administrativa de Bogotá le informó que revisó las
bases de datos, pero no encontró ningún trámite incoado por Manuel Mauricio
Bohórquez Olmos y que el único antecedente encontrado con los datos que éste
otorgó en la petición fue una queja disciplinaria.
16. De otro lado, la delegada para la conciliación administrativa mencionó que al
tutelante se le dio respuesta el 22 de abril de 2022 al buzón electrónico
dr_bohorquez@outlook.com, en los siguientes términos:
En virtud de la acción de tutela adelantada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B y en atención a su derecho
de petición radicado bajo el No. E-2022-126625 de 7 de marzo de 2022, del
que tuvo conocimiento esta Delegada hasta el día de hoy, una vez
realizadas las indagaciones respecto a su solicitud de conciliación, se
estableció que efectivamente fue radicada en el correo electrónico
conciliacionadtvabogota@procuraduría.gov, el día lunes 21 de septiembre
de 2020, a las 4:17 p.m. No obstante, por error, no fue sometida a reparto
oportunamente; situación que también fue posible establecer a raíz de la
referida acción constitucional por usted interpuesta. Razón por la cual, me
permito ofrecerle mis más sentidas disculpas por la situación, por cuanto ya
no es posible adelantar el trámite conciliatorio, como quiera que
transcurrieron los cinco (5) meses que para tal fin otorga el Decreto 491 de
2020.
De conformidad con lo establecido en el inciso 3 del artículo 35 de la Ley
640 de 2001, el requisito de procedibilidad se entenderá cumplido cuando
se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre el acuerdo, o cuando
vencido el término previsto en el inciso 1º del artículo 20 de esta ley (hoy 5
meses, conforme con el Decreto 491) la audiencia no se hubiere celebrado
por cualquier causa; en este último evento se podrá acudir directamente a
la jurisdicción con la sola presentación de la solicitud de conciliación.
17. Por lo anterior, solicitó que se declarara la carencia actual de objeto por hecho
superado, teniendo en cuenta que ya le respondió la petición al actor y le informó
la razón por la que no podía entregarle la constancia de la conciliación prejudicial
incoada por la sociedad Construsan Ingenieros Civiles LTDA.
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1.6.2. Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bogotá
18. Solicitó que se niegue el amparo deprecado porque como autoridad judicial
no le ha conculcado ningún derecho fundamental al señor Bohórquez Olmos.
19. Explicó que inadmitió la demanda de controversias contractuales que
presentó en nombre de Construsan Ingenieros Civiles LTDA., para que allegara
la constancia de conciliación prejudicial y que luego de la subsanación en la que
no aportó el documento requerido le otorgó un término adicional para los mismos
fines.
20. Para concluir, mencionó que en virtud del artículo 161 del CPACA es
necesario agotar el requisito de procedibilidad.
1.7. Sentencia de primera instancia
21. En proveído del 4 de mayo de 2022 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B amparó los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y de acceso a la administración
de justicia del abogado Manuel Mauricio Bohórquez Olmos. En consecuencia, le
ordenó a la accionada adelantar y concluir la audiencia de conciliación solicitada
el 21 de septiembre de 2020 por Construsan Ingenieros Civiles LTDA y expedir
la respectiva constancia.
22. Subsidiariamente, dispuso que la accionada podría expedir una certificación
en la que constatara que la sociedad solicitó la instalación de la audiencia de
conciliación prejudicial, pero que no se realizó por razones ajenas a ésta.
23. Explicó que la respuesta que le otorgó la Procuraduría General de la Nación
al actor el 22 de abril de 2022 no era satisfactoria ni hacía cesar la vulneración
de los derechos fundamentales deprecados.
24. Relató que ha transcurrido más de un año y medio sin que la accionada haya
adelantado la audiencia de conciliación solicitada desde el 21 de septiembre de
2021.
25. Indicó que si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 35 de la Ley 640
de 2001 si ha transcurrido desde la solicitud el término señalado para interponer
la demanda contenciosa no se surte la audiencia de conciliación, se entiende
cumplido el requisito de procedibilidad. Sin embargo, tampoco se le ha dado a la
sociedad la constancia de la fecha en la que radicó su solicitud.
26. Consideró que de no accederse a lo pretendido se vulnerarían los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y de acceso a la administración
de justicia de Construsan Ingenieros Civiles LTDA., porque no le ha sido posible
radicar su demanda de controversias contractuales.
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1.8. Impugnación
27. La Procuraduría General de la Nación, por medio de la asesora de la Oficina
Jurídica señaló que no compartía la decisión del a quo, porque de conformidad
con el numeral 3 del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015, el acta se
elabora cuando se celebra la audiencia de conciliación y se llega al acuerdo
conciliatorio, pero si no se concreta “el agente del Ministerio Público expedirá
constancia en la que se indique la fecha de presentación de la solicitud de
conciliación…” ante la entidad con la indicación de la fecha en la que se celebró
la audiencia, la identificación del convocante y el convocado, el objeto de la
solicitud y la razón por la que fue imposible llegar a acuerdo.
28. No obstante, según el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 cuando vence el
término o la audiencia no se puede celebrar por cualquier causa, “la parte
convocante o interesada podrá acudir directamente a la jurisdicción con la sola
presentación de la demanda de la solicitud de conciliación”.
29. Indicó que la norma establece que solo se expide constancia cuando se
celebra la audiencia o se programa y por algún motivo no se puede realizar, pero,
dado que por error de la entidad no se logró desarrollar, el convocante puede
acudir a incoar su demanda con la sola presentación de la solicitud de
conciliación, como en efecto lo hizo al aportar la captura de pantalla que radicó
la solicitud el 21 de septiembre de 2020 a las 4:17 p.m. ante el correo electrónico
conciliacionadtvabogota@procuraduria.gov.co.
30. Arguyó que la misma petición del actor da cuenta de que se presentó por
parte de la sociedad a la que representa una solicitud de conciliación, “por lo
tanto, no se entiende por qué el Juzgado que está conociendo de la acción de
nulidad y restablecimiento (sic), y ahora el Tribunal Contencioso Administrativo
en virtud de la tutela, ESTÁN EXIGIENDO UN REQUISITO QUE CLARAMENTE
NO ESTÁ CONTEMPLADO EN LA LEY”.
31. Respecto a la respuesta de la petición radicada el 7 de marzo de 2022, alegó
que fue resuelta dentro de los 30 días siguientes a su recepción a través del
correo enviado el 22 de abril de 2022. Del mensaje de datos enviado en esa
fecha, aclaró que se configuró un hecho superado porque en este se le puso de
presente que la solicitud de conciliación extrajudicial “efectivamente fue radicada
en el correo electrónico conciliacionadtvabogota@procuraduría.gov, el día lunes
21 de septiembre de 2020, a las 4:17 p.m. No obstante, por error, no fue sometida
a reparto…”.
32. Por lo expuesto, solicitó que se revoque el fallo de tutela de primera instancia,
y en su lugar, se nieguen las pretensiones.
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1.9. Trámite de segunda instancia
33. Mediante auto del 25 de mayo de 2022 el magistrado ponente requirió al
abogado Manuel Mauricio Bohórquez Olmos para que en el término de tres días
siguientes a la notificación del proveído allegara el poder que lo faculte para a
actuar dentro de este mecanismo constitucional, en nombre y representación de
la sociedad Construsan Ingenieros Civiles LTDA.
34. Lo anterior, al evidenciar que las peticiones que presentó en nombre de
Construsan Ingenieros Civiles LTDA, cuya falta de respuesta aduce la parte
actora que configuran la conculcación de su derecho fundamental, tienen como
fin que se allegue el certificado de radicación de la solicitud de conciliación
prejudicial que presentó otro profesional del derecho en nombre de esa sociedad,
para que, posterior a ello, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá le imparta trámite al medio de control de controversias
contractuales con radicado N.º 11001-33-36-031-2021-00328-001.
35. El auto fue notificado el 2 de junio de 2022, como se observa en el índice 7
del expediente digital de la plataforma Samai. No obstante, con posterioridad a
esta providencia las partes no desplegaron ninguna actuación.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
36. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
Procuraduría General de la Nación contra la sentencia de primera instancia
proferida el 4 de mayo de 2022, por la Sección Segunda, Subsección B del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
37. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y
los documentos incorporados en el trámite del proceso, corresponde a esta Sala
resolver el siguiente problema jurídico que subyace al caso en concreto:
¿Resultó vulnerado el derecho fundamental de petición del señor Manuel
Mauricio Bohórquez Olmos ante la falta de respuesta de la Procuraduría
General de la Nación a las peticiones que le presentó el 2 y 7 de marzo
de 2022 con el fin de obtener la constancia de la solicitud de conciliación
1 En anteriores oportunidades esta Sala ha requerido el poder del abogado que presenta la tutela
en su nombre, por la presunta vulneración del derecho de petición de sus poderdantes. Al
respecto, ver sentencia del 16 de septiembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-04512-
00, M.P. Luis Albero Álvarez Parra.
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prejudicial que presentó otro abogado en nombre de la sociedad
Construsan Ingenieros Civiles LTDA., para que se admitiera la demanda
de controversias contractuales con radicado N.º 11001-33-36-031-2021-
00328-00?
38. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) la legitimación en la causa por
activa; y (iii) de acreditarse el anterior presupuesto, el estudio del caso concreto.
2.3. Generalidades de la acción de tutela
39. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera
que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o,
excepcionalmente, de particulares.
40. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su
ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la
activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
41. En ese orden de ideas, resulta evidente que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la inmediatez y la subsidiariedad, sin los cuales no le es
dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia.
42. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar a la tutela del uso inadecuado,
irracional y desmesurado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y
especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin
superior que el constituyente le confirió.
2.4. De la legitimación en la causa por activa en las acciones de tutela
43. El inciso 1 del artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda
persona puede acudir ante los jueces al ejercicio de la acción de tutela para
solicitar “por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”.
44. El Decreto 2591 de 1991, ratifica en el artículo 10 que esta acción
constitucional puede ser presentada por cualquier persona que encuentre
vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o a través de
representante o apoderado judicial, o incluso a través de la figura de la agencia
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oficiosa, cuando el titular de los derechos no esté en condiciones de promover su
propia defensa.
45. Los artículos 46 y 29 ídem, establecen que también los defensores del pueblo
y los personeros municipales pueden interponer acción de tutela2.
46. Respecto a la legitimación en la causa para incoar acciones de tutela ante los
jueces de la república, la Corte Constitucional manifestó desde la sentencia T-
416 de 1997 que esta prerrogativa “constituye un presupuesto de la sentencia de
fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto
del interés sustancial que se discute en el proceso”.
47. En ese sentido, la misma Corte en sentencia T-552 de 2006, señaló:
La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es que
la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela se
predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido la
Corte en anteriores oportunidades 3 , a partir de las normas de la
Constitución y del Decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico
colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la
acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales o de los
elementos normativos de alguna de estas cuatro posibilidades,
permiten la configuración de la legitimación en la causa, por activa, en
los procesos de tutela. (Subraya fuera de texto)
En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes:
(i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio
de representantes legales (caso de los menores de edad, los
incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii) El
ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado
debe ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción
se debe anexar el poder especial para el caso, o en su defecto el poder
general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente oficioso4.
48. Más adelante, en sentencia T-176 de 2011 se reiteró la anterior postura en
los siguientes términos:
“la legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la
persona que presenta la acción de tutela tenga un interés directo y particular
respecto del amparo que se solicita al juez constitucional, de tal forma que
fácilmente el fallador pueda establecer que el derecho fundamental
reclamado es propio del demandante”.
2Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-793, 27.09.07.
3“Ver sentencia T-531 del 4 de julio de 2002.
4 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-552, 14.07.06.
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49. Luego, en la Sentencia de Unificación 456 de 2016 el Alto Tribunal
Constitucional manifestó que “El estudio de la legitimación en la causa, es un
deber de los jueces y una valoración de oficio, que constituye un presupuesto
procesal material de la demanda.”.
50. Para el caso bajo estudio, advierte la Sala que no se logró satisfacer el
requisito de legitimación en la causa por activa del señor Manuel Mauricio
Bohórquez Olmos para presentar esta acción de tutela en procura de obtener la
defensa del derecho fundamental de petición, como pasa a explicarse.
51. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, el abogado
Bohórquez Olmos, actuando en nombre de la sociedad Construsan Ingenieros
Civiles LTDA., presentó el 2 y 7 de marzo de 2022 dos peticiones ante la
Procuraduría General de la Nación a las que adjuntó el respectivo poder para
representar a la sociedad, con el fin de obtener la constancia de solicitud de la
conciliación prejudicial que se elevó en nombre de esta sociedad para que
agotara el requisito de procedibilidad y pudiera presentar una demanda de
controversias contractuales contra el Distrito Capital de Bogotá, la Secretaría
Distrital de Gobierno y el Fondo Local de Chapinero5.
52. Si bien en el fallo del 4 de mayo de 2022 no se estudió este requisito y el juez
concedió las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, esta Sala
advirtió que a quien le asiste interés en las resultas de este mecanismo de
amparo es a Construsan Ingenieros Civiles LTDA., que es la sociedad que
presentó el contencioso de controversias contractuales que cursa ante el
Juzgado Treinta y Uno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá con el
radicado N.° 11001-33-36-031-2021-00328-00.
53. Por lo anterior, mediante proveído del 25 de mayo de 2022, el despacho
ponente de esta decisión de segunda instancia, le puso en conocimiento al actor
esta situación y le requirió el poder conferido por Construsan Ingenieros Civiles
LTDA., para actuar en su nombre y representación en esta acción de tutela. Sin
embargo, pese a que fue notificado en debida forma el 2 de junio de 2022 a los
correos electrónicos dr_bohorquez@yahoo.com y dr_bohorquez@outlook.com,
no se pronunció al respecto.
54. Nótese que el mismo Tribunal en la sentencia impugnada accedió a las
pretensiones porque de no obtenerse respuesta a la constancia requerida por el
actor, se vulnerarían los derechos fundamentales al debido proceso
administrativo y de acceso a la administración de justicia de Construsan
Ingenieros Civiles LTDA. y no del tutelante, porque no podría impetrar su
demanda de controversias contractuales.
5 Al respecto, esta Sala declaró la falta de legitimación por activa del apoderado de un grupo de
personas para presentar la acción de tutela por la falta del mandato de los sujetos a quienes
representaba en sentencia del 11 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-
05916-00, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandante: Manuel Mauricio Bohórquez Olmos
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00447-01
55. De conformidad con lo expuesto, la titularidad del derecho de petición sobre
el que se solicita la protección constitucional recae en la Sociedad Construsan
Ingenieros Civiles LTDA., que: (i) presentó la solicitud de conciliación prejudicial
cuya constancia se requiere; (ii) impetró la demanda de controversias
contractuales que no había sido admitida al momento en el que fue presentada
esta acción de tutela por la falta de ese documento; y, (iii) le dio el poder al señor
Bohórquez Olmos para que actuara en su nombre y representación para radicar
las peticiones del 2 y 7 de marzo de 2022.
56. Teniendo en consideración que el señor Bohórquez Olmos no ostenta la
titularidad del derecho cuya protección reclama, que fue requerido por este
cuerpo colegiado para subsanar esta irregularidad, pero no lo hizo, y que no hay
documento o soporte que avale su actuar para promover la solicitud de amparo
del derecho de petición del que es titular Construsan Ingenieros Civiles LTDA.,
se declarará su falta de legitimación por activa dentro en el proceso de la
referencia.
57. Así las cosas, se revocará la sentencia del 4 de mayo de 2022 en la que la
Sección Segunda, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
amparó los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y de
acceso a la administración de justicia del abogado Manuel Mauricio Bohórquez
Olmos, y en su lugar, declarará la falta de legitimación en la causa por activa del
profesional referido, al no haberse acreditado este presupuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia dictada el 4 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B. En su lugar,
DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa del señor Manuel
Mauricio Bohórquez Olmos para instaurar esta acción de tutela, por las razones
esbozadas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto N.º. 2591 de 1991.
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Demandado: Procuraduría General de la Nación
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00447-01
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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