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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00567-01

Fecha
14 de julio de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00567-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 2 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en la que declaró improcedente la acción de tutela promovida por la señora Mélida Correa Giraldo en contra del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2022-00567-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

14 de julio de 2022

Radicado: 25000-23-15-000-2022-00567-01
Accionante: Mélida Correa Giraldo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)
F.T: 179

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2022-00567-01
Accionante: MÉLIDA CORREA GIRALDO
Accionado: JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CALI

Temas: Acción de tutela, en la que se discute la falta de competencia territorial y la
indebida notificación de un tercero con interés en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Ausencia de la exigencia general de subsidiariedad.
Inexistencia del perjuicio irremediable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por la accionante en contra de la sentencia del 2
de junio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D.

HECHOS RELEVANTES

a) Reconocimiento pensional y medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho

La señora Mélida Correa Giraldo afirmó que la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional, en adelante CASUR, a través del Oficio 11290 del 31 de mayo de
2016, le reconoció el 100 % de la pensión de sobrevivientes causada por el señor
Alfonso Pedraza, dada su condición de compañera permanente.

Indicó que la señora Rubiera Otilia García estaba casada con el señor Alfonso
Pedraza, pero se habían separado años atrás; sin embargo, a la fecha del
fallecimiento del causante no habían liquidado la sociedad conyugal. Por lo anterior,
sostuvo que la mencionada señora instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de CASUR, en la que solicitó el reconocimiento del 50 % de
la pensión de sobrevivientes, por su condición de cónyuge supérstite.

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Accionante: Mélida Correa Giraldo

Explicó que la demanda le correspondió por reparto al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cali, el cual la admitió, a pesar de no tener
competencia territorial y, ante la declaración de la parte demandante, bajo la
gravedad de juramento, sobre el desconocimiento de la dirección de notificación
física o electrónica de ella como tercera con interés, ordenó su notificación por
emplazamiento, la cual se realizó a través de una publicación en el diario El País.
Agregó que el juzgado citado, posteriormente, designó curadora ad-litem para que
la representara en el proceso, quien contestó la demanda, pero no presentó ninguna
oposición frente a la competencia o a la notificación ni solicitó la práctica de pruebas.

Señaló que el 18 de octubre de 2019 el juzgado a cargo del proceso llevo a cabo la
audiencia inicial, en la que lo declaró saneado, por la inexistencia de irregularidades
o nulidades procesales, agotó la etapa de conciliación y fijó el litigio. Adicionalmente,
mencionó que el 22 de octubre de 2020 la autoridad judicial referida ordenó su
notificación a la dirección que obraba en uno de los documentos del expediente,
correspondiente a la calle 5 A # 71C-45, apartamento 503, Edificio Américas de la
ciudad de Bogotá, pero la Secretaría del despacho remitió el oficio a esa dirección
en la ciudad de Cali.

Finalmente, sostuvo que el 28 de mayo de 2021 el Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito Judicial de Cali dictó sentencia de primera instancia, en la que accedió
a las pretensiones de la demanda. Dicha decisión no fue apelada.

b) Peticiones

La accionante manifestó que elevó una petición ante CASUR, en la que solicitó
aclaración sobre la disminución de la mesada pensional que venía recibiendo. En
respuesta, la entidad le informó del proceso judicial y de la decisión allí adoptada.
Por lo anterior, requirió al Juzgado citado antes información sobre el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. El 20 de abril de 2022 obtuvo
copia del expediente digital.

c) Inconformidad

La accionante Mélida Correa Giraldo consideró que el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Cali transgredió su derecho fundamental al
debido proceso, toda vez que no advirtió su falta de competencia territorial para
asumir el conocimiento de la demanda, ello, porque, de un lado, el causante vivió y
prestó sus servicios en Bogotá y, de otro, las partes y ella como tercera con interés
en el proceso tenían su domicilio también en esa ciudad.

De otra parte, arguyó que la señora Rubiera Otilia García manifestó, bajo la
gravedad de juramento, que desconocía su dirección, a pesar de que en el libelo
inicial consignó el dato del domicilio, por lo que existió una clara deslealtad procesal
que no fue evidenciada, puesto que la autoridad judicial accionada, en la audiencia

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inicial, impartió legalidad al proceso, a pesar de las irregularidades relativas a su
notificación.

Asimismo, indicó que el juez, luego de agotar todo el debate procesal y probatorio,
ordenó su notificación a la dirección que obraba en el expediente, la cual era la
misma que la mencionada por la demandante; sin embargo, esa actuación no se
practicó en debida forma, porque los documentos correspondientes fueron enviados
a una dirección en Cali.

PRETENSIONES

La solicitante de la salvaguarda requirió, primero, amparar su derecho fundamental
antes mencionado y, segundo, ordenar al Juzgado Octavo administrativo del
Circuito Judicial de Cali declarar la nulidad de la sentencia del 28 de mayo de 2021
y de todo lo actuado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado núm. 76001-33-33-008-2016-00300-00.

De otra parte, solicitó ordenar a CASUR suspender el pago del 50 % de la mesada
pensional a la señora Rubiela Otilia Piedrahita de Pedraza y, en cambio, continuar
con el reconocimiento y pago, a su favor, de la totalidad de la prestación, como lo
venía haciendo.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cali

La jueza Mónica Londoño Forero indicó que sí tenía competencia para decidir el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
cuestionamiento, pues, en razón del factor territorial, definido en el ordinal 3.° del
artículo 156 de la Ley 1437 de 2011, aquella se fija por el último lugar donde
prestaron o debieron prestarse los servicios por parte del causante y, en el caso
concreto, según la hoja de vida del señor Alonso Pedraza, la última unidad en la
que laboró fue en el Departamento de Policía Valle.

Añadió que el 18 de octubre de 2016 admitió la demanda, vinculó a la señora Mélida
Correa Giraldo, en calidad de litisconsorte necesario del extremo procesal activo, y
ordenó realizar la notificación de aquella, de acuerdo con lo previsto en los artículos
291 y 293 del Código General del Proceso; posteriormente, en atención a la
respuesta de la demandada sobre el desconocimiento de la dirección de notificación
de la tercera, por medio de proveído del 22 de junio de 2018, dispuso realizar el
emplazamiento y el 18 de agosto de esa anualidad, la demandada aportó la
publicación del comunicado en un medio masivo de comunicación; sin embargo,
como no fue posible realizar la notificación, el 13 de junio de 2019 designó curadora
ad-litem para que la representara en el proceso ordinario.

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Agregó que el 22 de octubre de 2020, como medida de saneamiento del proceso,
al advertir que en los antecedentes administrativos obraba una dirección del
domicilio de la señora Correa Giraldo, ordenó realizar una nueva notificación de la
tercera con interés a la Calle 5A # 71C-45, apartamento 503, Edificio Américas de
la ciudad de Bogotá, pero el secretario del despacho remitió el Oficio 358 del 26 de
noviembre del año mencionado a la dirección citada de la ciudad de Cali. Por último,
frente al trámite del proceso ordinario, indicó que, una vez agotadas las etapas
probatoria y de alegaciones, el 28 de mayo de 2021, profirió sentencia de primera
instancia, en la que accedió a las pretensiones de la demanda, decisión que quedó
ejecutoriada el 21 de junio del año citado.

Luego del anterior recuento, destacó que la notificación de la aquí accionante fue
realizada por el secretario del despacho y, a pesar de que ejerce los controles que
cree pertinentes, se presentó un error en el trámite secretarial, sin que se configure
una falta disciplinaria del director del proceso, puesto que cada empleado debe
asumir sus funciones y responsabilidad propias del cargo. Asimismo, iteró que, en
el sub examine, existió cierta dificultad para notificar, de manera personal, a la
tercera con interés, a pesar de los múltiples intentos de hacerlo, por lo que, en aras
de garantizar el derecho de defensa y contradicción de la señora Mélida Correa
Giraldo, fue designado curadora ad-litem.

Finalmente, advirtió que existen oportunidades para solicitar la nulidad procesal ante
el despacho y se refirió a las sentencias C-449 de 1995 y C-537 de 2016, en las que
la Corte Constitucional estudió el tema mencionado.

Rubiela Otilia García de Pedraza

La tercera con interés, en primer lugar, aclaró que presentó la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en la ciudad de Cali, porque fue el último lugar donde
su cónyuge prestó lo servicios como agente de la Policía Nacional, según consta en
la Resolución 2408 del 18 de septiembre de 1975, a través de la cual CASUR
reconoció la asignación de retiro, razón por la cual, contrario a lo expuesto por la
accionante, no existía falta de competencia, ya que atendió los parámetros del
ordinal 3.° del artículo 153 de Ley 1437 de 2011, sin que para ese momento
estuviera vigente la modificación introducida por el artículo 31 de la Ley 2080 de
2021.

En segundo término, expuso que no faltó a la verdad cuando manifestó, bajo la
gravedad de juramento, que desconocía la dirección de notificación de la señora
Mélida Correa Giraldo, pues fue requerida casi y año y medio después de que
instauró la demanda y, en ese momento, desconocía si aun residía o no en la
dirección mencionada en el líbelo. Agregó que aquella fue vinculada en legal forma
al proceso, dado que, el juzgado accionado, ante la imposibilidad de realizar la
notificación personal, ordenó el emplazamiento de la tercera y verificó el
cumplimiento de su carga procesal, de conformidad con lo consagrado en el artículo
293 del Código General del Proceso; asimismo, resaltó que el despacho, mediante

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providencia del 22 de octubre de 2020, a pesar de que aquella ya había sido
vinculada y se encontraba representada, insistió en la notificación y envió la
comunicación a la dirección que obraba en los antecedentes administrativos, siendo
deber de la ahora accionante actualizar la información sobre su domicilio, sin que
pueda aducir su negligencia u omisión, con el propósito de soportar la solicitud de
amparo y menos proponer un supuesto error en el envío de los oficios, ya que tal
situación sería inane, en el entendido que ella ya no residía en el mismo lugar.

En tercer y último lugar, precisó que la señora Mélida Correa Giraldo estuvo
representada por curadora ad-litem, por lo que no existió una conculcación del
derecho al debido proceso. Y, resaltó que no puede accederse a las súplicas de la
demanda, toda vez que en el trámite procesal se respetaron las garantías
procesales y resolvió que era procedente el reconocimiento del 50 % de la
sustitución de la asignación de retiro en su favor.

Francy Elena Valdés Trujillo

En su condición de curadora ad-litem de la señora Mélida Correa Giraldo en el
proceso ordinario advirtió que el 15 de julio de 2019 fue designada en el cargo, el
24 del mismo mes y año se posesionó y, en cumplimiento de sus deberes como
auxiliar de justicia, contestó la demanda, acogiéndose a lo probado en el caso.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 2 de junio de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, declaró improcedente la acción de tutela, al concluir que no se
encontraba satisfecho el requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que la
accionante podía instaurar el recurso extraordinario de revisión con fundamento en
la causal de nulidad originada en la sentencia, con el propósito de cuestionar su
indebida notificación y representación en el medio de control con radicación núm.
2016-00300 y la falta de competencia territorial del juez.

Al respecto, puntualizó en que el recurso, por la razón mencionada, sin perjuicio de
que la accionante considerara que se configuraba otra, procedía, en tanto que, de
un lado, la sentencia del 28 de mayo de 2021 se encontraba ejecutoriada y, si bien
aquella era susceptible de apelación, lo cierto es que, de acuerdo con lo expuesto
por la demandante, cuando se enteró de su existencia, no podía impetrar el recurso
por el vencimiento del término procesal. De otro lado, explicó que el vicio enunciado,
a pesar de que se presentó en un momento procesal previo a la emisión del fallo,
no pudo advertirse antes por la afectada.

De otra parte, determinó que no existía un perjuicio irremediable que habilitara la
procedencia de la petición de amparo, porque, primero, a pesar de la disminución
del 50 % de la mesada pensional, el monto percibido permitía garantizar las
condiciones necesarias de subsistencia y, segundo, a la fecha de expedición de la
sentencia de tutela de primera instancia, la accionante se encontraba dentro del

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término para interponer el recurso extraordinario, sin que, en todo caso, el
vencimiento del plazo, habilitara la acción constitucional, en el entendido que
aquella no podía incoarse para revivir términos u oportunidades procesales
fenecidas.

IMPUGNACIÓN

La señora Mélida Correa Giraldo impugnó la sentencia de primera instancia. Como
fundamento del recurso, expresó que no se analizó la transgresión del debido
proceso, derivada de la falta de competencia de la autoridad judicial accionada para
decidir el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 2016-
00300 y su indebida notificación en el proceso. Insistió en que el exagente de Policía
desempeñó sus funciones en Bogotá y las partes y ella como tercera con interés
tenían su domicilio en esa ciudad, por lo que el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Cali debió analizar la competencia, en razón al factor territorial,
al momento de admitir la demanda.

Asimismo, reiteró que no fue vinculada al proceso en debida forma, puesto que la
demandante, en el escrito inicial, incluyó su dirección de notificación, pero,
posteriormente, bajo la gravedad de juramento, informó que la desconocía y el
juzgado accionado no advirtió esa situación ni la deslealtad procesal de la señora
Rubiela Otilia García, quien debió probar lo afirmado, sino que la avaló y, bajo un
procedimiento ilegal, nulo y arbitrario, designó una curadora ad-litem, para que
apenas contestara la demanda. Además, precisó que, después, cuando
posiblemente evidenció el error en la vinculación, intentó realizar la notificación
personal, pero envió los documentos correspondientes a una dirección de la ciudad
de Cali y no de Bogotá, como era lo correcto.

Añadió que, contrario a la conclusión del juez de tutela de primera instancia, no
puede exigírsele agotar otros medios de defensa, puesto que, en primer lugar, no
conocía del proceso y solo se enteró de la existencia de este, cuando CASUR inició
con los descuentos de la mesada pensional y, en segundo término, toda vez que el
plazo para promover el recurso extraordinario de revisión ya precluyó, porque la
sentencia proferida por el Juzgado accionado quedó ejecutoriada el 28 de mayo de
2021 y, por ende, venció el 28 de mayo de 2022, días anteriores a la fecha de la
sentencia de primera instancia.

En igual sentido, indicó que no puede aludirse a las nulidades procesales definidas
en el artículo 133 del Código General del Proceso, en el entendido que aquellas se
presentan en el trámite del proceso y, en el caso bajo estudio, se probó que no pudo
participar ni oponerse a ninguna de las actuaciones irregulares. Así, concluyó que
no cuenta con ningún medio de defensa judicial para obtener la protección de su
derecho fundamental al debido proceso y se configura un perjuicio irreparable,
precisamente porque por el tiempo transcurrido no cuenta con ninguna posibilidad
para cuestionar las irregularidades frente a la vinculación.

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CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto regula
que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras
providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-
543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a
su sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009

de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
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de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez
carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene
en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión;
d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial
ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o
legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g)
desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución
Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:

1. ¿La accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, idóneos y
eficaces, para que se proteja su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado por la indebida notificación de la admisión del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2016-00300 y la
falta de competencia territorial del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Cali, lo cual discute en la presente acción de tutela?

2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está acreditada la probable e inminente
configuración de un perjuicio irremediable?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) análisis de la existencia de otro mecanismo
de defensa judicial, (III) perjuicio irremediable y (IV) inexistencia en el caso bajo
estudio. Veamos:

4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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• Primer problema jurídico

¿La accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, idóneos y
eficaces, para que se proteja su derecho fundamental al debido proceso,
presuntamente vulnerado por la indebida notificación de la admisión del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho 2016-00300 y la falta de
competencia territorial del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Cali, lo cual discute en la presente acción de tutela?

I. Exigencia general de subsidiariedad

La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 como de esta corporación ha sostenido
que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio,
este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó
de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; 2. El
accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

II. Análisis de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial

La solicitante de la salvaguarda, en la impugnación, insistió en que el Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cali transgredió su derecho
fundamental al debido proceso, puesto que carecía de competencia territorial, para
asumir el conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió la señora Rubiera Otilia García, con el propósito de reclamar
el 50 % de la sustitución de la asignación de retiro del exagente Alonso Pedraza, en
el entendido que el causante prestó sus servicios en Bogotá, y las partes y la tercera
con interés tenían su domicilio en esa ciudad.

5 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este

orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»
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Accionante: Mélida Correa Giraldo

A su vez, señaló que no fue notificada de la admisión del proceso y existieron varias
irregularidades respecto a su vinculación a este, comoquiera que, de un lado, la
demandante, en el escrito inicial, enunció su dirección de notificación, pero,
después, declaró, bajo la gravedad de juramento, que la desconocía y, por esa
razón, la autoridad judicial accionada ordenó su emplazamiento; así mismo, sostuvo
que no pudo enterarse de la publicación porque esta se realizó en un medio de
periodístico escrito de la ciudad de Cali y, luego, se designó una curadora ad litem,
que se limitó a contestar la demanda. Finalmente, advirtió que el Juzgado
accionado, una vez agotó todo el trámite probatorio, insistió en su vinculación al
proceso, pero envió la comunicación a una dirección incorrecta.

Sobre el particular, la Subsección advierte, en primer lugar, que en el artículo 133
del Código General del proceso, aplicable por expresa remisión del artículo 208 de
la Ley 1437 de 2011, se prevé como causal de nulidad «cuando no se practica en
legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban
suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena […]».
Igualmente, en el artículo 134 ejusdem se dispone la oportunidad y trámite para
invocar la nulidad procesal y las reglas que deberán seguirse por parte del juez para
resolver el respectivo incidente.

Por su parte, el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal de
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, contenida en el ordinal
5.° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, procede para alegar la desatención al
debido proceso, entre otras cosas, cuando se estructura alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Sobre
lo anterior, es procedente mencionar, en los mismos términos en los que lo hizo el
juez de primera instancia, que si bien la primera norma citada refiere que el vicio
debe originarse con la sentencia, lo cierto es que el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, en su jurisprudencia6, ha admitido la
procedencia del mecanismo extraordinario, cuando la nulidad ocurre antes de la
expedición de esta, siempre y cuando el recurrente no haya podido advertirla antes
y acredite tal situación.

En ese orden de ideas, se concluye que la señora Mélida Correa Giraldo puede, en
primer lugar, proponer la nulidad procesal derivada de la presunta indebida
notificación de la admisión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
núm. 2016-00300 ante el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cali
o, en segundo lugar, en caso de que considere que no puede alegarlo ante esa
autoridad judicial o que aquella así lo determine, instaurar el recurso extraordinario
de revisión, con la debida comprobación de la imposibilidad de formular aquella,
para que se analice, además de la irregularidad mencionada, la falta de
competencia territorial que propone en esta sede judicial.

6 Ver entre otras, la providencia del 13 de febrero de 2020, expediente 2019-00053 y del 5 de mayo de 2020,

expediente 2017-02519.
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Siendo así, la Subsección considera que la acción de la referencia no cumple con
el requisito general de subsidiariedad, para su procedibilidad en contra de
providencias judiciales, el cual exige que se hayan agotado todos los medios de
defensa judicial dispuestos en el ordenamiento jurídico, para proteger el derecho
que se estima conculcado, antes de formular la tutela. Lo anterior encuentra su
justificación en el carácter residual de esta acción constitucional. Así las cosas, debe
reiterarse que en el presente asunto lo pretendido puede resolverse a través de los
precitados mecanismos, por lo cual, en primer lugar, la accionante deberá hacer uso
de estos, para que sea el juez ordinario resuelva lo pertinente.

En todo caso, en el siguiente acápite se verificará si se está ante la probable
configuración de un perjuicio irremediable, que amerite estudiar de fondo el presente
asunto.

• Segundo problema jurídico

¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?

III. El perjuicio irremediable

El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional7, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es, que
revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita la
atención inmediata de las autoridades públicas.

De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse que
las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de aplazar
su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se reitera que
para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
esa afectación.

IV. Inexistencia de un perjuicio irremediable en el caso bajo estudio

En el escrito de impugnación, la señora Mélida Correa Giraldo indicó que existe un
perjuicio irremediable, comoquiera que, a la fecha en que se profirió la sentencia de
tutela de primera instancia, había fenecido el término con el que contaba para
instaurar el recurso extraordinario de revisión y, en ese entendido, carecía de un

7 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.

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mecanismo para cuestionar la falta de competencia territorial del Juzgado accionado
y la indebida notificación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho núm.
2016-00300.

Al respecto, la Subsección avizora que el argumento de la accionante se basa en
una hipótesis sobre cómo podría contabilizarse el término para instaurar ese
mecanismo extraordinario de revisión. Empero, en los términos en los que se definió
en el acápite precedente, corresponderá al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Cali, en el caso de proponer la nulidad procesal, o al juez del
recurso extraordinario de revisión, determinar si debe tenerse en cuenta el hecho
de que la señora Mélida Correa Giraldo, como lo alega, únicamente, conoció de la
existencia del proceso judicial y de la decisión que allí se adoptó, en el momento en
que CASUR le comunicó la disminución de la mesada pensional que percibía y, de
esta forma, la incidencia que esa situación podría tener en el plazo con el que
contaba para impetrar los mecanismos judiciales procedentes.

En ese orden de ideas, no se avizora que exista una situación que demuestre la
probable e inminente configuración de un perjuicio irremediable, por lo que la acción
de tutela no es procedente ante la insatisfacción del requisito de la subsidiariedad,
como exigencia general de procedibilidad para acudir al presente trámite.

Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida el 2 de junio de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en la
que declaró improcedente la acción de tutela promovida por la señora Mélida Correa
Giraldo en contra del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 2 de junio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, en la que
declaró improcedente la acción de tutela promovida por la señora Mélida Correa
Giraldo en contra del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Cali,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Accionante: Mélida Correa Giraldo

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
LYGR

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