Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2022-00611-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2022-00611-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2022-00611-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
15 de septiembre de 2022
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00611-01
Demandante: ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO – ASEMDEP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2022-00611-01
Demandante: ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO -ASEMDEP-
Demandado: DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Ejercicio del derecho
de asociación sindical y negociación colectiva de empleados
públicos. Unidad de pliego de solicitudes y unidad de
integración cuando se trata de dos o más sindicatos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la señora Martha Cecilia Reina Gómez, en calidad de presidenta
de la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo,
ASDEP, contra la sentencia de 1 de julio de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en la que se
resolvió lo siguiente:
“1.º) Niéguese el amparo de los derechos al debido proceso, y de asociación, autonomía
y libertad sindical invocados por la Asociación de Empleados de la Defensoría del Pueblo
-ASEMDEP-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2.º) Tutélese los derechos fundamentales a la igualdad y a la negociación colectiva de la
Asociación de Empleados de la Defensoría del Pueblo - ASEMDEP-, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
3.°) Ordénese a la Defensoría del Pueblo que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, suspenda la negociación de la vigencia
2022, iniciado con ocasión del pliego de solicitudes presentado por ASDEP el 28 de
febrero de 2022, únicamente en lo que se refiere al proceso de autocomposición que
adelanta ASDEP con las organizaciones sindicales ASEMDEP y SINDHEP, situación
que permanecerá hasta tanto dichos organismos sindicales concurran en unidad de
pliego, así como en unidad de integración de las comisiones negociadoras y asesoras,
con sujeción a los principios de concurrencia, economía, celeridad, igualdad,
concertación, defensa de los intereses comunes y justicia social, entre los representantes
de cada organismo sindical. Superado lo anterior, se reanudará el proceso en los
términos del Decreto 160 de 2014, sin que ello implique la alteración del proceso de
autocomposición con las demás organizaciones partícipes.
4.º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes.
5.°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión
dentro de los plazos y condiciones excepcionales adoptados por el Consejo Superior de
la Judicatura, y una vez que retorne el expediente archívese con las constancias previas
de secretaría”.
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I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante relató que el 26 de febrero de 2021, la Asociación de Empleados de
la Defensoría del Pueblo, ASEMDEP, junto con el Sindicato de Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, SINDHEP,
presentaron pliego de solicitudes ante el Defensor del Pueblo y el Ministro del
Trabajo.
Agregó que los días 25 y 26 de febrero de 2021, a través de medios virtuales, los
presidentes de las organizaciones sindicales ASEMDEP, SINDHEP y ASDEP se
reunieron con la finalidad de unificar el pliego de solicitudes que sería presentado
a la Defensoría del Pueblo, según lo regulado en el numeral 1 del artículo 8 del
Decreto 160 de 2014.
Indicó que el pliego no fue suscrito por ASDEP, pues no hubo acuerdo con
ASEMDEP y SINDHEP en la inclusión de su solicitud número 44, relacionado con
el periodo de duración de los encargos, pese a que se había logrado la
construcción conjunta de aproximadamente 195 solicitudes, correspondiente al
99%.
Señaló que la Defensoría del Pueblo mediante oficio No. 20210000500680581 de
2 de marzo de 2021, designó a sus negociadores e informó a los presidentes de
los sindicatos ASEMDEP, SINDHEP y ASDEP que la instalación de la negociación
se llevaría a cabo el 9 de marzo de 2021.
Sostuvo que a ASDEP se le informó de la instalación de la negociación y participó
con voz y voto en la instalación de la citada mesa de negociación, sin embargo,
ASEMDEP y SINDHEP desconocen la forma en que ASDEP presentó a las
autoridades su pliego de solicitudes.
Indicó que el 9 de marzo de 2021, los representantes de la Defensoría del Pueblo
suspendieron la negociación colectiva, toda vez que el pliego de solicitudes debía
ser unificado, sin embargo, la anterior decisión no la compartió ASEMDEP ni
SINDHEP por ser un aspecto meramente formal y que no correspondía con la
realidad fáctica, en la medida que solo existía una solicitud del pliego de ámbito
común y general de los sindicatos en la que no convergían las 3 organizaciones
sindicales.
Afirmó que en razón a la pandemia por el COVID-19, las organizaciones
ASEMDEP y SINDHEP no insistieron a la Defensoría del Pueblo en el reinicio de
la mesa de negociación, toda vez que consideraron que no tenía ningún sentido
para los trabajadores adelantar virtualmente unas negociaciones, cuando el pliego
contenía trascendentales solicitudes para garantizar sus derechos
constitucionales.
Relató que el 5 de abril de 2021, la Defensoría del Pueblo les insistió a las
organizaciones sindicales en la necesidad de cumplir con el acuerdo alcanzado en
la reunión celebrada el 9 de marzo de 2021 y les sugirió determinar los puntos
comunes de los dos pliegos de solicitudes presentados e identificar con claridad
en cuales no había acuerdo entre estas.
Aseguró que la presidente de ASDEP nunca aceptó reunirse con ASEMDEP y
SINDHEP para solucionar este desacuerdo y para superar el obstáculo invocado
por la Defensoría del Pueblo para reiniciar la negociación suspendida del pliego de
solicitudes del año 2021.
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Adujo que el 2 de marzo de 2022, la Secretaría General de la Defensoría del
Pueblo informó a los presidentes de ASEMDEP y SINDHEP que el 28 de febrero
de esa anualidad la organización sindical ASDEP presentó pliego de solicitudes y
que la instalación de la negociación se llevaría a cabo el 9 de marzo de 2022.
Resaltó que el 11 de marzo de 2022, los presidentes de las organizaciones
sindicales ASEMDEP y SINDHEP solicitaron al Defensor del Pueblo que se
reiniciara y desarrollara la mesa de negociación instalada el 9 de marzo de 2021, y
que la solicitud presentada por ASDEP fuera tratada una vez se hubieran discutido
los demás puntos del pliego de solicitudes que radicó conjuntamente ASEMDEP y
SINDHEP.
Afirmó que el 20 de mayo de 2022, ASEMDEP presentó a la Defensoría del
Pueblo una petición para que se abstuvieran de iniciar negociación o arreglo
directo del pliego de solicitudes presentado por ASDEP, sin embargo, no se ha
dado respuesta.
Finalmente, manifestó que la Defensoría del Pueblo al instalar una segunda mesa
de negociación para negociar exclusivamente con ASDEP el pliego de solicitudes
presentado el 28 de febrero de 2022, excluyó a ASEMDEP y SINDHEP de esta
negociación.
2. Fundamentos de la acción
La asociación actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen
los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la asociación
sindical, autonomía sindical, al trabajo y a la negociación colectiva, así como los
principios de buena fe y confianza legítima y las garantías previstas en los
Convenios No. 87, 98, 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo,
supuestamente vulnerados por la Defensoría del Pueblo al iniciar la mesa de
negociación colectiva con ASDEP, excluyendo a las organizaciones sindicales
ASEMDEP y SINDHEP.
Indicó que la Defensoría del Pueblo al privilegiar a ASDEP, amenaza los derechos
fundamentales alegados, toda vez que en la medida que el término para
desarrollar la etapa de negociación directa es de 20 días, establecidos en los
Decretos 160 de 2014 y 1072 de 2015, son demasiado cortos y causaría un
perjuicio irremediable a los trabajadores afiliados y a las organizaciones sindicales,
por lo que la solicitud de amparo es el mecanismo idóneo para que se garantice la
vigencia de los derechos afectados.
Por último, la parte actora invocó la sentencia C-063 de 20081 de la Corte
Constitucional, la decisión dictada en el proceso No. “2017-03-55 AT” del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el fallo de 5 de julio de 2012 del Consejo de
Estado, pronunciamientos relacionados con el derecho a la asociación sindical.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“1. Con apoyo en los hechos narrados y los fundamentos jurídicos relacionados en el
presente escrito, de manera respetuosa solicitamos al honorable Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, se TUTELEN los derechos fundamentales de nuestra organización
sindical “ASEMDEP” a: Igualdad de trato (art. 13 CP), Debido Proceso (art. 29 CP),
Asociación sindical, autonomía sindical (Art. 39, 53 CP, Convenios 87, 98) negociación
colectiva (Art. 55 CP, Convenios 151, 154 OIT), Buena Fe (Art. 83 CP) amenazados por la
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M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
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acción – omisión del señor Defensor del Pueblo Dr. Carlos Ernesto Camargo Assis y sus
negociadores, de iniciar mesa de negociación colectiva con ASDEP, excluyendo y
discriminando de esta negociación a las organizaciones sindicales ASEMDEP y SINDHEP.
2. Consecuencialmente, se ordene al señor Defensor del Pueblo Dr. Carlos Ernesto
Camargo Assis, la suspensión inmediata de la mesa de negociación instalada por la
Defensoría del Pueblo el pasado primero (1º) de junio de 2022, privilegiando a la
organización sindical ASDEP y se ordene el REINICIO de la mesa de negociación
colectiva instalada y suspendida el nueve (9) de marzo de 2021 para la negociación del
pliego de solicitudes radicado el día 26 de febrero de 2021 en la que participan las
organizaciones sindicales (ASEMDEP, SINDHEP y ASDEP) una vez se supere el
desacuerdo existente con ASDEP en (la solicitud No. 44) del pliego unificado presentado
por las organizaciones, en aras de garantizar en la mayor medida: la representación de
todos los trabajadores en la negociación colectiva del pliego; el derecho de autonomía y
asociación sindical, Negociación Colectiva, igualdad de trato, Debido proceso, Buena Fe y
confianza legítima.”.
4. Pruebas relevantes
La parte accionante allegó los siguientes documentos relevantes:
• Registro sindical de ASEMDEP.
• Pliego de solicitudes radicado mediante correo electrónico ante la
Defensoría del Pueblo.
• Copia de la radicación del pliego de solicitudes por parte de ASDEP ante la
Defensoría del Pueblo.
5. Trámite procesal
Por auto de 14 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B”, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a
la parte demandante, a la autoridad administrativa demandada, así como al
Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría
del Pueblo, SINDHEP, y a la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la
Defensoría del Pueblo, ASDEP.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Defensoría del Pueblo
En escrito de 16 de junio de 2022, un abogado adscrito a la entidad solicitó que se
declare la improcedencia o, en su defecto, se nieguen las pretensiones a la acción
de tutela.
Afirmó que en un primer momento se remitió la comunicación de designación de
los negociadores e instalación de la mesa a las asociaciones ASEMDEP y
SINDHEP, por cuanto el pliego presentado por ASDEP se recibió el 26 de febrero
de 2021 en el correo de la Oficina Jurídica de la entidad, por lo que solo se tuvo
conocimiento del mismo con posterioridad a la proyección de la comunicación, lo
que desvirtúa la afirmación realizada por la parte actora, en cuanto a que ASDEP
no presentó pliego de solicitudes para el año 2021.
Resaltó que en la reunión celebrada el 9 de marzo de 2021 en las instalaciones de
la Sede Nacional de la Defensoría del Pueblo, la comisión negociadora de la
administración y de las 3 organizaciones sindicales determinaron que la
negociación colectiva comenzaría el 6 de abril de 2021 en sesiones que se
realizarían los martes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en el auditorio principal del antiguo
bloque “C”, ubicado en la calle 55 No. 10-32 - Sede Nacional, siempre y cuando
los sindicatos presentaran un pliego de peticiones y una comisión negociadora
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unificada para el 16 marzo de 2021, tal como lo establece el artículo 2.2.2.4.7.
Decreto 1072 de 2015.
Agregó que en comunicaciones de 31 de marzo y de 7 de abril de 2021, se les
informó a las asociaciones sindicales que la Defensoría del Pueblo estaba en
disposición para iniciar la negociación colectiva, siempre y cuando realicen la
unificación del pliego de solicitudes como se acordó en la reunión celebrada el 9
de marzo de 2021, y se les mencionaron distintas opciones para superar la
situación, sin que a la fecha se hubiese presentado el pliego de solicitudes
unificado.
Sostuvo que en el año 2022, dentro de los términos fijados por el Decreto 1072 de
2015, la organización sindical ASDEP presentó pliego de solicitudes sin que se
recibiera pliego por parte de ASEMDEP y SINDHEP, razón por la cual en
cumplimiento de lo ordenado por el mencionado decreto y ante la no existencia de
un pliego vigente, la Defensoría del Pueblo procedió a designar los negociadores y
citar a la instalación de la mesa en los términos del artículo 2.2.2.4.10. del Decreto
1072 de 2015.
Aclaró que la Defensoría del Pueblo conocedora de lo sucedido durante la
vigencia 2021 y con el fin de garantizar la participación de las organizaciones
sindicales existentes en la entidad, invitó nuevamente a ASEMDEP, SINDHEP y
ASDEP, con el fin de adelantar acciones de coordinación para la integración de
sus solicitudes, con el fin de que concurran en unidad de pliego y en unidad de
integración de las comisiones negociadoras y asesoras.
Señaló que a pesar de la invitación y el espacio ofrecido, mediante comunicación
de 13 de abril de 2022, la Presidenta de ASDEP solicitó la instalación de la mesa
de negociación colectiva, frente a lo cual la Defensoría del Pueblo en acatamiento
del artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1072 de 2015, procedió a citar a su instalación,
con la organización sindical ASDEP, única que presentó pliego de solicitudes para
la vigencia 2022.
Indicó que para marzo de 2022, las organizaciones sindicales ASEMDEP y
SINDHEP solicitaron la instalación de la mesa de negociación vigencia 2021, la
cual fue respondida con oficio de 21 de abril de 2022, en donde se reiteró la
disposición de iniciar la etapa de arreglo directo, una vez se cumpla con las
condiciones y requisitos de la comparecencia sindical en la negociación
establecidos en el artículo 2.2.2.4.7 del Decreto 1072 de 2015.
Por otra parte, en relación con la petición de 31 de mayo de 2022 relativa al acta
de instalación de la mesa de negociación colectiva de 9 de marzo de 2021, indicó
que contrario a lo manifestado por la parte demandante, la Defensoría del Pueblo
dio respuesta, la cual anexó con la contestación de la solicitud de amparo.
Resaltó que la negociación del pliego de solicitudes presentado por ASDEP
correspondiente al año 2021 no fue iniciada y, por ende, es imposible reiniciarla o
reanudarla, pues las organizaciones sindicales ASDEP, SINDHEP y ASEMDEP no
cumplieron con los requisitos de comparecencia de presentación de pliego y
comisiones negociadoras unificados en atención a lo preceptuado en el artículo
2.2.2.4.7 numeral 1 del Decreto 1072 de 2015 y con apego al concepto emitido el
23 de abril de 2021 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
bajo radicado No. 11001-03-06-000-2021-00050-00.
Por último, manifestó que al no haberse iniciado la negociación colectiva
correspondiente al año 2021 por una actuación imputable a los sindicatos, entre
ellos el accionante, lo procedente era que si las organizaciones sindicales
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consideraban pertinente ejercer su derecho a la negociación colectiva de trabajo
radicaran un pliego de solicitudes en el primer bimestre del año 2022, tal y como lo
hicieron en el año 2021, actuación que únicamente adelantó la organización
sindical ASDEP, a través de oficio remitido el 28 de febrero de 2022.
6.2. Respuesta de la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la
Defensoría del Pueblo, ASDEP
En escrito de 16 de junio de 2022, la presidenta nacional pidió que se negaran las
pretensiones, toda vez que no se demostró la vulneración de derecho fundamental
alguno a la asociación sindical accionante.
Relató que en atención a que la Defensoría del Pueblo suspendió las
negociaciones en el año 2021, con el fin de que se unificara el pliego que
presentaron ASEMDEP, SINDHEP y ASDEP, lo cierto es que las dos primeras no
han aceptados las diferentes fórmulas que remitió ASDEP con el fin de reiniciar las
negociaciones.
Sostuvo que los directivos de las organizaciones ASEMDEP y SINDHEP en lugar
de facilitar la unificación de los pliegos con la fórmula presentada por ASDEP, lo
que hicieron fue radicar un pliego de solicitudes por cada asociación al que
denominaron “PLIEGO UNIFICADO”, bajo el argumento de que al de ellos había
sido integrada la mayoría de nuestros puntos.
Afirmó que transcurridos más de 9 meses desde la suspensión de la negociación,
cuando estaba a punto de terminar la vigencia del pliego radicado en el año 2021,
los presidentes de ASEMDEP y SINDHEP le comunicaron la intención de reactivar
la negociación que estaba a punto de perder su vigencia, sin embargo, solo hasta
el 9 de marzo de 2022, luego de vencido el término legal le remitieron un
comunicado con el fin de materializar la reactivación.
Señaló que el 28 de febrero de 2022, radicaron ante la Defensoría del Pueblo y el
Ministerio de Trabajo el pliego resultante de la asamblea y el listado de los
negociadores y asesores designados por ASDEP y que el 2 de marzo de 2022,
recibieron comunicación suscrita por el Subdirector de Gestión del Talento
Humano de la Defensoría del Pueblo, la respectiva comunicación prevista en el
artículo 2.2.2.4.10 del Decreto 1072 de 2015 en la que se nos informaron los
nombres de sus negociadores y asesores y el sitio y hora para instalar e iniciar la
negociación.
Adujo que contrario a lo manifestado en el escrito de tutela, la pandemia y la
virtualidad no fueron obstáculo para la realización de los procesos de negociación
colectiva en las entidades públicas, prueba de ello fue la realización de la
negociación colectiva nacional en la que ASDEP participó como negociador
principal con tres negociadores, la cual se desarrolló durante casi tres meses de
manera mixta (virtual y presencial), con la participación de más de 200 personas
entre negociadores y asesores.
Por último, manifestó que no es cierto que ASDEP hubiera sido renuente a los
supuestos llamados para concertar una reunión, lo que demuestra el afán de
actuar a espaldas y deslealmente con dicha organización y con los trabajadores
de la entidad, pidiendo que se diera por unificado un pliego que nunca lo fue.
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6.3. Coadyuvancia del Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos de la Defensoría del Pueblo, SINDHEP
En escrito de 16 de junio de 2022, el presidente de la Junta Directiva de esa
asociación coadyuvó las pretensiones de la solicitud de amparo con sustento en lo
siguiente:
Afirmó que las actuaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo en el marco
de la negociación sindical del año 2021 son violatorias de los Convenios Nos. 151
y 154 de la OIT, así como lo dispuesto en la legislación nacional en cuanto a su
obligación de tramitar las solicitudes respetuosas que se le hayan puesto en
conocimiento, tal como se extrae de la aceptación del pliego unificado presentado
por las organizaciones ASEMDEP y SINDHEP en la vigencia 2021.
Sostuvo que la mesa de negociación que surgió con ocasión de tales pliegos se
inició efectivamente el 9 de marzo de 2021, y a la fecha la Defensoría del Pueblo
se niega a reiniciarla, en tanto que una vez instalada fue suspendida con
argumentos infundados que buscan obstaculizar el ejercicio de los derechos
fundamentales de asociación sindical y negociación colectiva de las
organizaciones sindicales ASEMDEP y SINDHEP.
Indicó que la entidad accionada actuó de manera ambigua y engañosa, a lo que
agregó que ha omitido las obligaciones legales que le atañen conforme con lo
contenido en el Decreto 1072 de 2015, en cuanto a surtir todas las etapas de la
negociación colectiva, pues decidió interpretar que es deber de los sindicatos
presentar pliego de solicitudes todos los años, imponiendo requisitos que no obran
en la ley y sustrayéndose con base en este argumento de su obligación de
adelantar la negociación sindical instalada y suspendida 9 de marzo del año 2021.
Resaltó que el comportamiento de la Defensoría del Pueblo resultó en un acto de
injerencia, que puede representar una violación a lo dispuesto en el artículo 5 del
Convenio 151 de la OIT, pues no es aceptable que decida interpretar y definir que
no procede a atender las solicitudes de un pliego unificado, lo que vulnera los
derechos e intereses de dos organizaciones que agotaron los requisitos de
unificación.
Finalmente, señaló que las organizaciones sindicales no pueden actuar conforme
al capricho y libre arbitrio de la administración, pues vulneraría el principio de
autonomía sindical y de no intervención en asuntos propios de las organizaciones
sindicales.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en
sentencia de 1 de julio de 2022, negó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y de asociación, autonomía y libertad sindical. Empero tuteló los
derechos fundamentales a la igualdad y a la negociación colectiva de ASEMDEP
y, en consecuencia, ordenó a la Defensoría del Pueblo que dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la decisión suspendiera la negociación de la
vigencia 2022, únicamente en lo que se refiere al proceso de autocomposición que
adelanta ASDEP con las organizaciones sindicales ASEMDEP y SINDHEP.
En primer lugar, luego se realizar un relato de los hechos ocurridos en el presente
asunto, advirtió que las organizaciones sindicales son las destinatarias del
cumplimiento del numeral 1º del artículo 2.2.2.4.7 y del numeral 1º del artículo
2.2.2.4.10 del Decreto 1072 de 2015 –que recopiló el Decreto 160 de 2014–, por lo
que a la Defensoría del Pueblo no le es imputable la falta de cumplimiento total o
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parcial de estos requerimientos fijados legalmente para dar inicio al proceso de
negociación colectiva.
Agregó que en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de
controversias con las organizaciones de empleados públicos, la Sección Quinta
del Consejo de Estado en fallo de tutela de 27 de enero de 2022, precisó que son
los mismos sindicatos los encargados de coordinar, de forma previa y en ejercicio
de su autonomía, los aspectos a que hubiere lugar para integrar sus pliegos y las
comisiones negociadoras, sin que dicha carga pueda ser trasladada a las
autoridades estatales por cuanto estas no pueden inmiscuirse en dichos aspectos
que son exclusivos de los sindicatos. Por consiguiente, consideró que el juez de
tutela no puede amparar situaciones donde la vulneración de los derechos
fundamentales del actor se deriva de una omisión al cumplimiento de las cargas
que le impone el Decreto 1072 de 2015.
En segundo lugar, resaltó que los deberes a cargo de las organizaciones
sindicales, en particular, el de unificar el pliego de solicitudes al punto de que si no
se cumple y la autoridad da inicio a las actividades de negociación con aquellas
organizaciones que sí lo presentaron, sin la asistencia de las demás que puedan
estar constituidas, suponen una amenaza a los derechos fundamentales a la
igualdad y a la negociación colectiva de estas últimas.
Por último, manifestó que la iniciación de las actividades de negociación por la
Defensoría del Pueblo y ASDEP del pliego de solicitudes presentado el 28 de
febrero de 2022, sin la asistencia de las demás organizaciones sindicales de
empleados públicos de dicha entidad deviene en la amenaza a los derechos
fundamentales a la igualdad y a la negociación colectiva de ASEMDEP y
SINDHEP, en tanto les correspondía la carga ineludible de coordinación entre
todas las organizaciones sindicales, como lo dispone el numeral 1 del artículo 8
del Decreto 160 de 2014.
8. Escrito de impugnación
8.1. Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
presidenta de la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del
Pueblo, ASDEP, impugnó la sentencia. Solicitó al juez constitucional que se
revoque la decisión que accedió al amparo constitucional y, en su lugar, se declare
la improcedencia de la acción de tutela.
Sostuvo que en la sentencia impugnada se abrogaron funciones propias del
legislador, pues el Decreto 160 de 2014 establece los requisitos para presentar
pliegos de solicitudes, por lo que el hecho de que en el fallo de tutela se ordenara
comparecer a las demás asociaciones, modifica lo establecido en el mencionado
decreto, lo cual no es competencia del juez de tutela.
Indicó que en la sentencia impugnada se dio por sentado que las organizaciones
sindicales ASEMDEP y SINDHEP, dentro del primer bimestre del año 2022,
presentaron el pliego de solicitudes ante la Defensoría del Pueblo para iniciar
negociación para dicha anualidad, cuando la única organización sindical que lo
hizo en términos legales fue ASDEP.
Afirmó que en el fallo impugnado fue arbitraria la aplicación del numeral 1 del
artículo 8 del Decreto 160 de 2014, pues no valoró las pruebas que demostraban
que para el año 2022, la asociación ASDEP cumplió con todos los requisitos para
presentar pliego de solicitudes para ese año, los cuales no cumplió ASEMDEP ni
SINDHEP, quienes para dicho año no radicaron pliego alguno.
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Resaltó que la sentencia impugnada le impone una carga pública desmesurada,
inconmensurable e invasiva de la autonomía de la voluntad privada, pues
ASEMDEP y SINDHEP voluntariamente dejaron de presentar pliego de solicitudes
y se les impone la obligación de autocomponer con el sindicato ASDEP.
Afirmó que en el presente asunto no podía subsanarse la integración de pliegos y
la unificación de la comisión negociadora, por ser esta una obligación impuesta a
las organizaciones sindicales y, en consecuencia, no hay lugar a amparar la
situación, mucho menos puede obviarse la omisión de la presentación de pliegos
por parte de las accionantes.
Por último, manifestó que “no se armonizan las pretensiones con los
considerandos, y finalmente en el resuelve de la acción de amparo, termina
reviviendo un término fenecido en el año 2021, desconociendo el principio de
preclusividad de términos y pretermitiendo la instancia, esto es, por vía de hecho,
trasladando los efectos de un pliego para la vigencia del 2021 -suspendido, según
dichos del accionante-, alterando el procedimiento, extendiendo su vigencia para
el año 2022, y creando una instancia que denomina “procedimiento de
autocomposición”.
8.1. En escrito de 21 de julio de 2022, el señor John Harvey Monroy León, quien
afirmó ser asociado de ASEMDEP, solicitó que se declare desierta la impugnación
presentada por la presidenta de ASDEP, por considerar que esta no estaba
legitimada para interponerla. Al respecto, la Sala se abstendrá de dar trámite a esa
solicitud, en razón a que el peticionario no es el representante legal de ASEMDEP.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar
si se debe revocar la sentencia proferida el 1 de julio de 2022, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en la que se
ordenó a la Defensoría del Pueblo suspender la negociación de la vigencia 2022
hasta que se adelantara el proceso de autocomposición de las organizaciones
sindicales de dicha entidad, lo que a juicio de la organización ASDEP, vulnera los
derechos fundamentales a la negociación colectiva y a la autonomía de los
sindicatos, pues i) esta cumplió con los requisitos establecidos en el Decreto 160
de 2014 para presentar el pliego de solicitudes y ii) las asociaciones ASEMDEP y
SINDHEP no han formulado pliego alguno en la vigencia 2022, de acuerdo a lo
dispuesto en el Decreto 160 de 2014.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición
que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga
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de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.
Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las
casos que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para
interponer la acción de tutela (…)”.
En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y
subsidiario de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona,
cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La organización sindical ASEMDEP presentó acción de tutela con el propósito
de que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
a la asociación sindical, a la autonomía sindical, al trabajo y a la negociación
colectiva, los principios de buena fe y confianza legítima y se garantice la
efectividad de los Convenios Nos. 87, 98, 151 y 154 de la OIT, supuestamente
vulnerados por la Defensoría del Pueblo al iniciar la mesa de negociación colectiva
con ASDEP, en razón a un pliego de solicitudes que esta asociación presentó en
la vigencia del año 2022, excluyendo a las organizaciones sindicales ASEMDEP y
SINDHEP.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en
sentencia de 1 de julio de 2022, negó el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y de asociación, autonomía y libertad sindical. Sin embargo, tuteló
el de igualdad y a la negociación colectiva de ASEMDEP. Por consiguiente,
ordenó a la Defensoría del Pueblo suspender la negociación de la vigencia 2022,
que inició con ocasión al pliego de solicitudes presentado por ASDEP, únicamente
en lo que se refiere al proceso de autocomposición que adelanta ASDEP con las
organizaciones sindicales ASEMDEP y SINDHEP, situación que permanecerá
hasta que concurran en unidad de pliego, así como en unidad de integración de
las comisiones negociadoras y asesoras, con sujeción a los principios de
concurrencia, economía, celeridad, igualdad, concertación, defensa de los
intereses comunes y justicia social, entre los representantes de cada organismo
sindical.
Lo anterior, en razón a que la iniciación de las actividades de negociación por la
Defensoría del Pueblo y ASDEP del pliego de solicitudes presentado por dicha
organización sindical, sin la asistencia de las demás organizaciones sindicales de
empleados públicos de dicha entidad deviene en la amenaza a los derechos
fundamentales a la igualdad y a la negociación colectiva de ASEMDEP y
SINDHEP, en tanto les correspondería la carga ineludible de coordinación entre
todas las asociaciones, tal y como lo dispone el numeral 1 del artículo 8 del
Decreto 160 de 2014, previo a instalar la mesa de negociaciones.
La asociación ASDEP impugnó la anterior decisión, bajo el argumento de que la
decisión del juez de tutela vulnera los derechos a la negociación colectiva y a la
autonomía de los sindicatos, pues i) esta cumplió con los requisitos establecidos
en el Decreto 160 de 2014 para presentar el pliego de solicitudes y ii) las
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asociaciones ASEMDEP y SINDHEP no han presentado pliego alguno en la
vigencia 2022, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 160 de 2014.
Con el fin de resolver la impugnación formulada, la Sala realizará unas breves
consideraciones en relación con el derecho a la negociación colectiva, contenido
en la Constitución Política e instrumentos internacionales que hacen parte de la
legislación interna.
4.2. Lo primero que debe indicarse, es que el artículo 39 de la Constitución Política
consagra el derecho de todos los trabajadores y empleadores de constituir
sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado, exceptuando únicamente a
los miembros de la Fuerza Pública.
En el ámbito internacional, el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos2 reconoce el derecho de toda persona a asociarse con otras
para fundar sindicatos, afiliarse a ellos y proteger sus intereses. Igualmente, el
numeral 2 de esa disposición, declara que el ejercicio de ese derecho “solo podrá
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública
o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de los demás”.
Asimismo, el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales3 consagra el derecho a la libertad sindical así:
“1. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con
sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y
proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones
al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la
protección de los derechos y libertades ajenos;”.
A la par de ese derecho de asociación sindical se incorpora en el artículo 55 de la
Carta el derecho a la negociación colectiva, en los siguientes términos:
“ARTICULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las
relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado
promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos
colectivos de trabajo”.
Estos derechos gozan de una necesaria interdependencia, en tanto la posibilidad
de que se garantice ampliamente el derecho a la libertad sindical, se supedita, en
buena medida, a que no se frustre la materialización o concreción del derecho a la
negociación colectiva para regular las relaciones laborales.
En relación con la libertad de asociación sindical, a Corte Constitucional en la
sentencia T-376 del 20204, señaló que se compone de los siguientes elementos: (i)
todo trabajador sin distinción de su origen, sexo, raza, nacionalidad, orientación
política, sexual o religiosa entre otras, que se identifique en un grupo con intereses
comunes tiene el derecho a asociarse libremente; (ii) la prohibición de intervención
estatal se circunscribe a abstenerse de interferir en el ámbito de constitución,
organización y funcionamiento interno, los cuales son exclusivos del sindicato,
siempre y cuando no transgredan la legalidad; (iii) la garantía constitucional de
libertad de asociación protege a la colectividad por lo que prevalece sobre los
2
Aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 1968.
3
Aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 74 de 1968.
4
M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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derechos subjetivos del trabajador los cuales no pueden colisionar con los
derechos de la organización y (iv) la disolución o cancelación de la personería
jurídica de un sindicato solo puede darse por vía judicial.
En efecto, esa misma corporación judicial en la Sentencia C-741 de 20135,
manifestó que cada uno de estos derechos (conformar sindicatos y a la
negociación colectiva), cuenta con un ámbito propio de protección: mientras que el
derecho de asociación sindical ampara la facultad de constituir organizaciones de
trabajadores y de empleadores, la negociación colectiva pretende salvaguardar la
existencia de un mecanismo de regulación de las relaciones laborales.
Ahora bien, en varios instrumentos internacionales se ha reconocido el derecho a
la negociación colectiva. En el Convenio No. 154 de la OIT, el cual fue incorporado
al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 524 de 1999, respecto del
cual la Corte Constitucional en sentencia C-466 de 20086, manifestó que hace
parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, se establece en el
artículo 2 lo siguiente:
“Artículo 2. A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva
comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de
empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y
una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:
(a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
(b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
(c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o
varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”.
Valga indicar que el derecho a la negociación colectiva ha sido entendido en todos
los ámbitos en los que exista una relación laboral, tanto en el ámbito de las
relaciones privadas como con el Estado.
Al respecto, el Convenio No. 151 de la OIT7, sobre las relaciones de trabajo en la
administración pública, tiene por objeto imponer a los Estados los compromisos de
garantizar que los empleados públicos puedan ejercer los derechos, cuya
protección debe ser preservada en el entorno de una relación laboral.
En efecto, los artículos 7 y 8 del mencionado Convenio incorporan la obligación de
fomentar el desarrollo y el empleo de los mecanismos de negociación colectiva
entre la administración y las organizaciones sindicales, en los siguientes términos:
“Artículo 7. Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las
condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de
procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las
organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o de
cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados
públicos participar en la determinación de dichas condiciones.
Artículo 8. La solución de los conflictos que se planteen con motivo de la determinación
de las condiciones de empleo se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las
condiciones nacionales, por medio de la negociación entre las partes o mediante
procedimientos independientes e imparciales, tales como la mediación, la conciliación y
el arbitraje, establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados”.
Ahora bien, en lo que atañe con los empleados públicos, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 160 de 5 de febrero de 2014, el cual fue incorporado al Decreto
5
M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
6
M.P.: Jaime Araújo Rentería.
7
Aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 411 de 1997.
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1072 de 2015, “[p]or medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Trabajo”, que en el capítulo referente a los sindicatos de empleados
públicos regula las negociaciones colectivas entre las entidades y autoridades
públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos.
Se debe precisar que la clasificación adicional de los sindicatos en el sector
público atiende a la naturaleza del tipo de vinculación laboral de los afiliados con la
correspondiente entidad pública, y que desde la sentencia C-377 de 19988, la
Corte Constitucional señaló que “la diferenciación entre trabajadores oficiales y
empleados públicos [respecto de su derecho de sindicalización] (…), bajo el
argumento de que no se puede afectar la facultad de las autoridades de fijar
autónomamente las condiciones del empleo”, es decir, que los sindicatos de
empleados públicos no pueden afectar algunas facultades que por mandato
constitucional y legal ostentas las entidades estatales.
De hecho, para el caso de los sindicatos de empleados públicos por estar en juego
el ejercicio de la función pública, en sus distintas modalidades, sus funciones son
específicas y, por tanto, no pueden presentar pliegos de peticiones, ni negociar
convenciones colectivas, ni ser beneficiarios por extensión de convenciones de
trabajadores9.
En efecto, sobre el derecho de negociación colectiva de los empleados públicos, la
Corte Constitucional aseveró que esta clase de servidores goza del derecho de
sindicalización y, por ende, de la búsqueda de soluciones negociadas y
concertadas. Sin embargo, advirtió que este derecho no puede afectar la facultad
que la Constitución Política les confiere a las autoridades de fijar unilateralmente
las condiciones de empleo y de salarios.
Por otra parte, respecto a las reglas de procedimiento para la negociación
colectiva de los empleados públicos, esta fue avalada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”, en la sentencia de 28 de octubre de 201510, en
la que se manifestó que en lo atinente a los empleados públicos, “[e]l derecho de
negociación colectiva se materializa [a] través de los procedimientos, condiciones
y límites establecidos en la Constitución Política (artículos 39, 55, 150 numeral 19
literal e.), Convenios 151 y 154 de la OIT y Decreto 160 de 2014”.
En esa decisión se precisó que los empleados públicos tienen derecho a participar
en la definición de sus condiciones de trabajo, porque se trata de asuntos que
indudablemente los afectan, y, por ende, “nada en la Carta se opone a que los
empleados públicos formulen peticiones a las autoridades sobre sus condiciones
de empleo y las discutan con ellas, con el fin de lograr un acuerdo en la materia, lo
cual implica que el derecho de negociación colectiva no tiene por qué considerarse
anulado”.
En definitiva, los empleados públicos gozan de derecho de asociación sindical y a
desarrollar negociaciones colectivas, de acuerdo con las regulaciones que se
establecieron para el efecto, sin que ello afecte la facultad que ostenta la
administración de fijar unilateralmente las condiciones de empleo y salarios.
4.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que en la Defensoría del
Pueblo existen tres organizaciones sindicales de empleados oficiales: la
Asociación de Empleados de la Defensoría del Pueblo, ASEMDEP, el Sindicato de
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo,
8
M.P.: Alejandro Martínez Caballero.
9
Sentencia SU-086 de 2018, M.P.: Diana Fajardo Rivera.
10
Radicado No. 05001-23-31-000-2008-00271-01, C.P.: Gerardo Arenas Monsalve.
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SINDHEP y la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del
Pueblo, ASDEP.
Igualmente, se evidencia que la negociación colectiva para la vigencia de 2021 se
suspendió en razón a que la Defensoría del Pueblo constató que entre las tres
organizaciones sindicales no se había presentado un pliego unificado, y que hasta
tanto esa condición no se cumpliera era improcedente reanudar la negociación.
Posteriormente, el 28 de febrero de 2022 ASDEP radicó un pliego de solicitudes
ante la Defensoría del Pueblo y esta última procedió a nombrar a los negociadores
y a dar inicio a la negociación colectiva, razón por la cual la organización sindical
ASEMDEP formuló la solicitud de amparo que ocupa la atención de la Sala.
La organización sindical ASDEP, en el escrito de impugnación, reprocha la
sentencia de tutela de 1 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, bajo el argumento de que
para la vigencia 2022 las asociaciones ASEMDEP y SIDHEP no presentaron
pliego de solicitudes de acuerdo con lo establecido en el Decreto 160 de 2014,
razón por la cual no hay pliegos que deban unificarse, pues solo existe el
propuesto por ASDEP ante la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, la Sala no desconoce que el artículo 8 del Decreto 160 de 2014, el
cual fue recopilado en el Decreto 1072 de 2015, establece los requisitos y las
condiciones para que un sindicato de empleados públicos formule un pliego de
solicitudes ante la administración o entidad estatal, tal como lo afirmó la
organización sindical ASDEP en el escrito de impugnación. Sin embargo, el
numeral 1 del artículo 2.2.2.4.7. del Decreto 1072 de 2015, en el capítulo de
sindicatos de empleados públicos, estableció lo siguiente:
“ARTÍCULO 2.2.2.4.7. Condiciones y requisitos para la comparecencia sindical a la
negociación. Para la comparecencia sindical a la negociación se deben cumplir las
siguientes condiciones y requisitos:
1. Dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de organizaciones
sindicales de empleados públicos, estas deberán realizar previamente actividades
de coordinación para la integración de solicitudes, con el fin de concurrir en
unidad de pliego y en unidad de integración de las comisiones negociadoras y
asesoras.
2. Los negociadores deben ser elegidos en Asamblea Estatutaria.
3. El pliego de solicitudes debe adoptarse en asamblea y presentarse dentro de los dos
meses siguientes a la realización de la misma.
4. El escrito sindical por el cual se presenta y anexa el pliego a las entidades y
autoridades públicas competentes, deberá ir con copia al Ministerio del Trabajo e indicar
la fecha de la asamblea sindical y los nombres de los negociadores designados”.
(Negrilla y subraya de la Sala)
De lo anterior, se observa que al existir otras dos organizaciones sindicales dentro
de la Defensoría del Pueblo era necesario que previo a la presentación o
radicación del pliego de solicitudes, todas debieran llevar a cabo actividades
coordinadas con el fin de integrar las solicitudes en un solo pliego. Es decir, que
es una obligación de los sindicatos la necesaria coordinación para la integración
de las solicitudes, lo que permite garantizar un escenario consensuado en el
proceso de negociación colectiva al que pueden concurrir en unidad de pliego y de
integración ante el respectivo empleador.
Ahora bien, se debe precisar que si bien en el presente asunto ASDEP radicó el
pliego de solicitudes dentro de los dos meses siguientes a la asamblea de dicha
organización, lo cierto es que la norma antes transcrita establece de manera
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categórica que en caso de existir varios sindicatos, estos deben, previamente,
desarrollar actividades coordinadamente con el fin de presentar un pliego en
unidad, lo que se echa de menos en el asunto bajo examen.
Se reitera que la necesidad de que haya unidad de pliego tiene como propósito
facilitar ese proceso de negociación colectiva, y que en ese enclave asociaciones -
empleador, existan unos puntos de inicio consensuados, lo que no le corresponde
realizar en este caso concreto a la Defensoría del Pueblo ni al juez de tutela. Es
justamente una expresión del principio de autonomía sindical que no puede ser
objeto de injerencias externas.
Sobre este particular, la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado
en fallo de tutela de 5 de agosto de 202111, se refirió a las reglas y condiciones
desarrolladas en el Decreto 1072 de 2015, y precisó que “el procedimiento de
negociación establece condiciones y requisitos para la comparecencia sindical,
entre ellas, dentro de la autonomía sindical, en caso de pluralidad de
organizaciones sindicales de empleados públicos, estas deberán realizar
previamente actividades de coordinación para la integración de solicitudes
con el fin de concurrir en unidad de pliego y en unidad de integración de las
comisiones negociadoras y asesoras”.
En ese orden de ideas, fue justamente esa falta de unidad de pliego y unidad de
integración, la que llevó, acertadamente, al juez de tutela de primera instancia a
acceder al amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y a la negociación
colectiva, escenario en el que resulta improcedente limitar o cercenar esa
posibilidad de negociación, o imponer el que haya sido formulado por una de las
asociaciones, solo bajo el argumento de que ASEMDEP y SIDHEP no lo
formularon oportunamente, pues ello llevaría a vaciar de contenido,
adicionalmente, el derecho de asociación sindical.
Por consiguiente, el hecho de que en la sentencia impugnada se ordenara la
suspensión de la negociación colectiva con el fin de que las organizaciones
ASEMDEP, SIDHEP y ASDEP concurran en unidad de pliego, con sujeción a los
principios de concurrencia, economía, celeridad, igualdad, concertación, defensa
de los intereses comunes y justicia social, entre los representantes de cada
organismo sindical, responde a una obligación previamente establecida en el
ordenamiento jurídico, específicamente en el artículo 2.2.2.4.7. del Decreto 1072
de 2015, no a una supuesta atribución de funciones legislativas del juez de tutela
de primera instancia como lo afirmó ASDEP en el escrito de impugnación, lo que
descarta la solicitud de que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo
constitucional.
Finalmente, el hecho de que para el año 2022 las organizaciones ASEMDEP y
SIDHEP no radicaran pliego de solicitudes no es justificación válida para
desconocer la obligación de concertar, de trabajar de manera coordinada con el fin
de que haya unidad de pliego y unidad de integración y presentarlo ante la
Defensoría del Pueblo, y así cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de
2015, toda vez que dicha obligación nace del hecho de que existía una pluralidad
de asociaciones.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará el fallo de primera instancia que
accedió al amparo constitucional de los derechos fundamentales a la igualdad y de
negociación colectiva de ASEMDEP.
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Radicado No. 11001-03-15-000-2021-03765-00, C.P.: Rafael Francisco Suarez Vargas.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 1 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, por
las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
16
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