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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2022-00661-01

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2022-00661-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, para conocer del asunto de la referencia. Segundo: Revocar la sentencia proferida el 6 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante, para, en su lugar, rechazar por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Alejandro Castillo Cabrera en contra del Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y del Fondo Nacional del Ahorro, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-15-000-2022-00661-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

11 de agosto de 2022

Radicado: 25000-23-15-000-2022-00661-01
Accionante: Alejandro Castillo Cabrera

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

F.T: 206

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2022-00661-01
Accionante: ALEJANDRO CASTILLO CABRERA
Accionados: JUZGADO CINCUENTA Y OCHO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OTRO

Temas: Acción de tutela, en la que se discute la indebida notificación del
demandado en el medio de control de repetición. Ausencia de la exigencia general
de subsidiariedad. Inexistencia del perjuicio irremediable.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por el Fondo Nacional del Ahorro en contra de la
sentencia del 6 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de repetición

El señor Alejandro Castillo Cabrera afirmó que laboró en el Fondo Nacional del
Ahorro por más de veinte años y se retiró el 15 de enero de 2013, momento en el
que entregó la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, en la que registró su
dirección de residencia, correspondiente a la calle 22 B # 64-26, torre 2,
apartamento 508, de la ciudad de Bogotá. Asimismo, señaló que adquirió con esa
entidad un crédito hipotecario, identificado con el núm. 9336713121, cuyas facturas
llegaron a esa misma dirección hasta el 2016, año en el que canceló la obligación.

De otra parte, advirtió que el 26 de enero de 2016 el Fondo Nacional del Ahorro
interpuso una demanda de repetición en su contra y, en el escrito inicial, señaló que
la dirección de notificación del demandado era la Calle 22 B # 64-26, torre 2,
apartamento 508, sur, siendo aquella incorrecta.

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Accionante: Alejandro Castillo Cabrera

Igualmente, sostuvo que conoció la existencia del proceso por terceras personas y,
por tanto, el 25 de marzo de 2022, elevó petición ante el Juzgado Cincuenta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en la que solicitó autorización para el
acceso al expediente digital, con el propósito de ejercer su derecho de defensa en
debida forma. Ante la falta de respuesta, el 30 del mismo mes y año reiteró su
requerimiento.

Adujo que el 4 de abril hogaño solicitó ante el juzgado mencionado la nulidad de
todo lo actuado en el medio de control de repetición, por la indebida notificación de
la demanda y reiteró el pedimento anterior. Finalmente, mencionó que el 16 de mayo
de la presente anualidad formuló otra solicitud a la autoridad judicial accionada, en
la que deprecó ser notificado de la demanda instaurada por el Fondo Nacional del
Ahorro en su contra; sin embargo, a la fecha de interposición de la acción, no había
recibido ninguna respuesta a sus peticiones.

b) Inconformidad

El accionante Alejandro Castillo Cabrera afirmó que el Juzgado Cincuenta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Fondo Nacional del Ahorro
transgredieron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En ese sentido, manifestó que en el medio de control de
repetición se incurrió en un defecto procedimental absoluto, puesto que no fue
notificado en debida forma por un error en la dirección mencionada en el líbelo
inicial; además, resaltó que la entidad accionada conocía ese dato e incluso envió
una comunicación a su domicilio, relacionada con la cancelación del crédito
hipotecario, dos meses después de la interposición de la demanda. Aunado a lo
anterior, indicó que el Juzgado citado no resolvió las solicitudes elevadas
relacionadas con el acceso al expediente digital y la nulidad del proceso.

PRETENSIONES

El solicitante de la salvaguarda requirió, primero, amparar sus derechos
fundamentales antes mencionados y, segundo, declarar la nulidad de todo lo
actuado en el medio de control de repetición a cargo del Juzgado Cincuenta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. En consecuencia, peticionó ordenarle
a la autoridad judicial accionada notificarlo en debida forma.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

El Juzgado referenciado aseguró que en el buzón electrónico del despacho judicial
no obraba ninguna petición radicada por el señor Alejandro Castillo en el mes de
marzo de la presente anualidad.

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De otra parte, aclaró que los días 25 de abril y 16 de mayo de 2022 la abogada
Gloria Amparo Ballen envió a la dirección electrónica
correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co la solicitud de nulidad y reiteración de
esta, las cuales fueron anexadas al proceso digital e ingresaron al despacho el 3 de
junio del año mencionado, como consta en el módulo de Gestión Judicial Siglo XXI.
En ese orden, explicó que la solicitud estaba siendo estudiada y sería decidida, una
vez se notifique a los sujetos procesales.

Finalmente, informó que envió el enlace de acceso al expediente digital del proceso
ordinario directamente al señor Alejandro Castillo Cabrera, concretamente a las
direcciones electrónicas alejandrocastillocabrera@outlook.com y
alejo35castll@hotmail.com, comoquiera que la representación del demandado está
a cargo del curador ad litem Luis Herneyder Arévalo.

Fondo Nacional del Ahorro

Paula Andrea Velásquez Álvarez, apoderada general de la entidad, advirtió que el
Fondo carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no es el
llamado a restablecer los derechos fundamentales del accionante.

Sin perjuicio de lo anterior, refirió las actuaciones procesales del medio de control
de repetición que promovió en contra del señor Alejandro Castillo Cabrera y precisó
que, a la fecha de la respuesta, se encontraba pendiente por decidir la solicitud de
nulidad por indebida notificación elevada por aquel. Además, agregó que la acción
de tutela de la referencia es improcedente, porque no existe vulneración de los
derechos fundamentales reclamados en protección.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 6 de julio de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B, amparó el derecho fundamental al debido proceso del señor Alejandro
Castillo Cabrera y dispuso lo siguiente:

«[…]SEGUNDO: Declarar la nulidad de todas las actuaciones posteriores al
auto admisorio de la demanda dentro del proceso en el medio de control de
repetición con número de radicación 110013343058201600023 00, en el que el
accionante funge como demandado, de conformidad con las razones
previamente expuestas en este proveído.

TERCERO: Conminar al Fondo Nacional del Ahorro “Carlos Lleras Restrepo”
a ser más diligente en su deber de colaborar con el correcto funcionamiento de
la administración de justicia, por las razones previamente señaladas […]»

Como fundamento de esa decisión, señaló que el Juzgado Cincuenta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, según el informe que rindió en el
trámite constitucional, no agotó todos los mecanismos dispuestos en la ley para
realizar de manera personal la notificación del auto admisorio de la demanda de
repetición o, de manera subsidiaria, a través de las otras formas previstas en el

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ordenamiento jurídico, de acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia
constitucional.

Asimismo, advirtió que no podía aplicarse el presupuesto contenido en el ordinal 4.°
del artículo 136 del Código General del Proceso, relativo al saneamiento de la
nulidad, comoquiera que, en el caso bajo estudio, el demandado no pudo ejercer
debidamente su derecho de defensa y, en ese sentido, a través de peticiones del
25 y 30 de marzo de 2022, solicitó el acceso al expediente digital y la nulidad de
todo lo actuado en el proceso, por indebida notificación, respectivamente, las cuales
reiteró el 4 y 25 de abril hogaño y envió a los correos:
correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y
jadmin58bt@cendoj.ramajudicial.gov.co. De igual forma, explicó que el 28 de junio
de 2022 el Juzgado accionado envió el enlace del expediente y solo hasta el 3 de
ese mes y año las solicitudes de nulidad fueron anexadas al proceso digital e
ingresadas al despacho, por lo que procedía el amparo del derecho al debido
proceso.

Por último, destacó que el Fondo Nacional del Ahorro indujo en un error a la
autoridad judicial accionada e incumplió con el deber definido en el ordinal 6.° del
artículo 78 del Código General del Proceso, pues, a pesar de que conocía la
dirección del domicilio del señor Alejandro Castillo Cabrera, en el proceso ordinario,
suministró un dato incorrecto, razón por la cual debía conminársele a ser más
diligente en su obligación de colaborar con el correcto funcionamiento de la
administración de justicia.

IMPUGNACIÓN

El Fondo Nacional del Ahorro impugnó la sentencia de primera instancia y señaló
que la acción de tutela es improcedente, comoquiera que no está satisfecho el
requisito de la subsidiariedad. Al respecto, sostuvo que la solicitud de nulidad que
el señor Alejandro Castillo Cabrera presentó no ha sido resuelta por el Juzgado
Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el accionante
conoce esa situación, por lo que con la decisión constitucional se está
pretermitiendo una instancia procesal.

Agregó que no se configuran los presupuestos definidos en la jurisprudencia
constitucional para aceptar la procedencia de la acción de tutela como mecanismo
de protección transitoria, menos aun cuando no existe por parte de la entidad
vulneración de los derechos fundamentales alegados como transgredidos.

OPOSICIÓN A LA IMPUGNACIÓN

El accionante solicitó confirmar el fallo de tutela de primera instancia, comoquiera
que aquel, a su juicio, se encuentra ajustado a los hechos, a las pruebas y
fundamentos jurídicos expuestos en la acción constitucional.

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Asimismo, advirtió que la entidad que impugnó el fallo no comprendió la decisión
judicial, dado que no existió una extralimitación de funciones, en el entendido que
el juez de tutela no podía limitarse a estudiar la transgresión del derecho
fundamental de petición y, en ese orden, analizar si la autoridad judicial accionada
respondió de manera pronta y oportuna las solicitudes que elevó, en la medida en
que ese no fue el objeto del amparo; además, mencionó que el fallador de primera
instancia amparó el derecho fundamental al debido proceso, porque se acreditó la
indebida notificación de la demanda de repetición, siendo esa discusión el
verdadero motivo de la litis y de la pretensión encaminada a que se declarara la
nulidad de todo lo actuado.

De otra parte, explicó que, si bien, en principio, el mecanismo constitucional no
procede en contra de providencias judiciales, lo cierto es que, en el sub examine,
se configuró un defecto procedimental absoluto, comoquiera que los accionados se
apartaron por completo del procedimiento legalmente definido para la notificación
de la demanda, en la medida en que no fue notificado personalmente del auto
admisorio del medio de control de repetición y fue emplazado, debido a un error en
la dirección de notificación que aportó el Fondo Nacional del Ahorro.

Agregó que el Juzgado accionado actuó después de que presentó las solicitudes de
nulidad y el 6 de abril de 2022 llevo a cabo la audiencia de pruebas y, únicamente,
hasta el 28 de junio hogaño, con ocasión de la presentación de la solicitud de
amparo, envió el enlace del expediente digital del proceso ordinario y agregó a las
actuaciones los memoriales contentivos de la petición de nulidad de todo lo actuado.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto regula
que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

Cuestión previa al planteamiento del problema jurídico - Manifestación de
impedimento

El 11 de agosto de 2022 el magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas manifestó
impedimento, para conocer y tramitar la presente acción constitucional, por
encontrarse inmerso en la causal descrita en el ordinal 6.° del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal, en razón a que su hermana, Clara Cecilia Suárez Vargas,

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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conoció de la acción de tutela en primera instancia y participó en su trámite y, en
ese orden de ideas, concedió la impugnación interpuesta en contra del fallo del 6 de
julio de 2022.

Pues bien, una vez analizado el expediente, se observa que, en efecto, la solicitud
de amparo de la referencia fue asignada al despacho a cargo de la magistrada Clara
Cecilia Suárez Vargas, quien integra la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, si bien no suscribió la decisión de
primera instancia impugnada, al encontrarse en la situación administrativa de
licencia, lo cierto es que, a través de proveído del 15 de julio de 2022, concedió el
recurso instaurado por el Fondo Nacional del Ahorro en contra de la decisión
proferida el 6 del mismo mes y año, por lo que participó en el proceso en el que se
dictó la decisión, cuya revisión se realiza en esta instancia, por lo que se cumple el
presupuesto previsto en la norma precitada.

Así las cosas, se considera que se presentan elementos subjetivos en la
manifestación de impedimento que llevan a considerar que la decisión que llegare
a adoptarse en el asunto mencionado comporta para el magistrado Rafael Francisco
Suárez Vargas una posible afectación de la objetividad e imparcialidad que se
demanda de los titulares de la función jurisdiccional. En razón a ello, la Subsección
declarará fundado el impedimento manifestado por el magistrado precitado. Por
tanto, lo apartará del conocimiento de la presente acción constitucional, como fue
solicitado, en aras de salvaguardar los principios de imparcialidad y transparencia.

Problema jurídico

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:

1. ¿El medio de control de repetición que se adentala en contra del señor
Alejandro Castillo Cabrera se encuentra en trámite y, en aquel, está
pendiente por resolver la solicitud de nulidad de todo lo actuado, ante la
indebida notificación de la demanda, pretensión que el accionante planteó en
el presente trámite constitucional?

2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está acreditada la probable e inminente
configuración de un perjuicio irremediable?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) improcedencia de la acción de tutela
cuando el proceso se encuentra en trámite, (III) análisis de procedencia en el caso
bajo estudio, (IV) perjuicio irremediable y (V) ausencia del perjuicio. Veamos:

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• Primer problema jurídico

¿El medio de control de repetición que se adelanta en contra del señor Alejandro
Castillo Cabrera se encuentra en trámite y, en aquel, está pendiente por resolver la
solicitud de nulidad de todo lo actuado, ante la indebida notificación de la demanda,
pretensión que el accionante planteó en el presente trámite constitucional?

I. Exigencia general de subsidiariedad

La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 como de esta corporación ha sostenido
que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio,
este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó
de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; 2. El
accionante acude directamente a la acción de tutela, a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

II. Improcedencia de la acción de tutela cuando el proceso se encuentra en
trámite

En caso de que mediante la acción de tutela pretenda cuestionarse una decisión
dictada dentro de un proceso judicial que está en trámite, esta se torna en
improcedente, puesto que es al juez natural a quien corresponde orientar las
actuaciones judiciales y subsanar los yerros en que pueda incurrir. Aunado a ello,
la Corte Constitucional3 ha reiterado que el interior del proceso es el primer
escenario donde debe efectuarse la protección de los derechos fundamentales y de
las garantías propias de aquel, para lo cual el ordenamiento jurídico ha creado los
medios y recursos necesarios con el fin de que las partes puedan utilizarlos para
alegar las irregularidades que puedan presentarse y el juez se pronuncie sobre el
particular.

2 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este

orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»
3 Ver entre otras la sentencia T-211 de 2013.

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En efecto, la acción de tutela no es un mecanismo complementario a los procesos
ordinarios, debido a que lo deseado no es reemplazar al juez natural, sino proteger
derechos fundamentales que puedan verse transgredidos con la actuación u
omisión de una autoridad judicial o administrativa o de un particular, en los casos
señalados en la ley. Por lo tanto, debe declararse la improcedencia de la tutela y,
por ende, no es posible conocer el fondo de esta, cuando la decisión controvertida
haya sido dictada dentro de un proceso que está en curso y en el cual están
pendientes etapas u oportunidades procesales que permitan proteger los derechos
fundamentales de las partes.

III. Análisis de procedencia en el caso bajo estudio

El Fondo Nacional del Ahorro, en la impugnación, señaló que no era procedente el
amparo del derecho fundamental al debido proceso del señor Alejandro Castillo
Cabrera, concedido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, a través del fallo de tutela del 6 de julio de 2022, comoquiera
que la acción de tutela no satisfacía el requisito de la subsidiariedad. Para el efecto,
explicó que el accionante solicitó ante el Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá la nulidad de todo lo actuado en el medio de control
de repetición radicado con el núm. 11001-33-43-058-2016-00023-00, que la entidad
inició en su contra, debido a que, a su juicio, existió una indebida notificación de la
demanda; asimismo, resaltó que esa petición se encuentra en trámite y debe
resolverse por el juez natural, sin que pueda utilizarse el mecanismo constitucional,
con el propósito de pretermitir etapas o instancias judiciales.

Por su parte, el señor Alejandro Castillo Cabrera, en la oposición a la impugnación,
advirtió que la decisión de tutela fue adecuada, comoquiera que el fallador de
primera instancia no podía limitar su estudio a la transgresión del derecho
fundamental de petición, sino que debía resolver el objeto del amparo, que consistió
en acreditar que no fue notificado en debida forma del inicio del medio de control
referenciado antes y, por tanto, debía declararse la nulidad de todo lo actuado en
ese proceso.

Así, se denota que, en primera medida, debe resolverse si se encuentra cumplido
el requisito de la subsidiariedad. Sobre el particular, esta Subsección observa que
el Fondo Nacional del Ahorro instauró una demanda de repetición en contra del
señor Alejandro Castillo Cabrera, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado
Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Igualmente, se tiene que el Juzgado mencionado, mediante proveído del 27 de abril
de 2016, admitió el medio de control; el 29 de noviembre de 2017 ordenó emplazar
al demandado y el 8 de noviembre de 2018, designó curador ad litem, corriéndole
traslado de la demanda. Posteriormente, el 24 de febrero de 2021 llevó a cabo la
audiencia inicial y el 6 de abril de la presente anualidad realizó la audiencia de

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pruebas, siendo estas las actuaciones principales del medio de control de repetición
registradas en el Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial.

De otra parte, se advierte, en lo que aquí interesa, que el señor Alejandro Castillo
Cabrera, a través de memoriales del 25 de marzo de 2022 y el 30 de abril del mismo
año, enviados a la dirección electrónica jadmin58bt@cendoj.ramajudicial.gov.co,
solicitó el acceso o copia integral del proceso con radicación núm. 11001-33-43-
058-2016-00023-00. Además, el 4 de abril de 2022, con reiteración del 25 del mismo
mes y año, deprecó ante el Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá la nulidad de todo lo actuado en el medio de control de la
referencia, por la indebida notificación de la demanda, en los términos previstos en
el ordenamiento procesal.

Finalmente, se avizora que el 3 de junio de la presente anualidad ingresó al
despacho el expediente de la referencia, junto con los memoriales radicados por el
aquí accionante, con el propósito de darle el trámite correspondiente. En ese
sentido, la autoridad judicial accionada, en la contestación de la presente acción de
amparo, sostuvo que la solicitud de nulidad presentada por el señor Alejandro
Castillo Cabrera está pendiente de decisión. En ese orden de ideas, se evidencia
que a la fecha no existe un pronunciamiento definitivo en el que el Juzgado
accionado haya analizado si existió una indebida notificación de la demanda y, si
por esa razón debía retrotraerse toda la actuación judicial del proceso de repetición
núm. 11001-33-43-058-2016-00023-00, en los términos requeridos por el solicitante
de la salvaguarda, por lo cual mal podría el juez constitucional invadir la órbita de la
autoridad que tiene a cargo el conocimiento del proceso y anticipar una posición
frente al tema.

En efecto, emitir un pronunciamiento de fondo en esta instancia conllevaría
desconocer las competencias que le son propias al juez de conocimiento del
proceso ordinario y desnaturalizaría el carácter subsidiario de la acción de tutela. Al
respecto, conviene destacar que la solicitud de amparo no es un mecanismo alterno
o complementario a los procesos judiciales. Por consiguiente, no es factible que los
ciudadanos acudan paralelamente a este medio subsidiario de protección de
derechos fundamentales, para que sea en esta sede donde se resuelvan las
discusiones que deben efectuarse al interior de aquellos.

En consecuencia, la Subsección considera que la acción de la referencia se torna
improcedente, por la insatisfacción del requisito de la subsidiariedad, toda vez que
a la fecha se encuentra pendiente de resolución la solicitud de nulidad, por la
indebida notificación de la demanda, por parte del Juzgado a cargo del medio de
control de repetición que promovió el Fondo Nacional del Ahorro en contra del señor
Alejandro Castillo Cabrera y, por tanto, no se han definido los disensos expuestos
por el aquí accionante.

Ahora bien, se aclara que la pretensión de la acción de la referencia, en los términos
en los que lo reconoció el señor Alejandro Castillo Cabrera, en el escrito de

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Accionante: Alejandro Castillo Cabrera

impugnación, está encaminada a que se declare la nulidad de todo lo actuado en el
proceso de repetición núm. 11001-33-43-058-2016-00023-00, por lo que en el caso
bajo estudio el recurrente no está discutiendo, como lo señaló aquel, el derecho de
petición, ante la falta de respuesta por parte del Juzgado de las solicitudes de
nulidad, sino el cumplimiento del requisito general de subsidiariedad, para discutir
la indebida notificación del admisorio del medio de control de repetición.

Aunado a lo anterior, es evidente que el juez constitucional para estudiar de fondo
los argumentos expuestos, a través del mecanismo de amparo en contra de
providencias judiciales, en primer lugar, debe analizar los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela y, posteriormente, y solo sí se supera dicho
examen, podría estudiar las causales específicas.

Así las cosas, la Subsección reitera que la presente solicitud no superó el requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela mencionado, comoquiera que a la
fecha se encuentra pendiente por resolver por parte del Juzgado Cincuenta y Ocho
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá la nulidad, por la indebida notificación
de la admisión de la demanda de repetición multicitada.

Bajo las anteriores consideraciones, se colige que la acción de la referencia se torna
improcedente, ante el incumplimiento del requisito formal de subsidiariedad. Sin
embargo, es necesario examinar si en el asunto bajo estudio existe alguna situación
que demuestre la probable e inminente configuración de un perjuicio irremediable
que flexibilice este requisito general y, por consiguiente, amerite el análisis del
fondo.

• Segundo problema jurídico

¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?

IV. El perjuicio irremediable

El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo sostenido por la Corte Constitucional4, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
la cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es, que
revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita la
atención inmediata de las autoridades públicas.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.

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Radicado: 25000-23-15-000-2022-00661-01
Accionante: Alejandro Castillo Cabrera

De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse que
las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de aplazar
su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se reitera que
para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
esa afectación.

V. Ausencia del perjuicio irremediable

Una vez revisado el escrito de tutela, se denota que el solicitante de la salvaguarda
no demostró la probable e inminente configuración de un perjuicio irremediable.
Igualmente, se advierte que, de las pruebas obrantes dentro del expediente, no es
posible determinar una circunstancia de vulnerabilidad que haga necesaria la
intervención del juez constitucional, por lo cual no es viable efectuar un análisis de
fondo, menos aun cuando la discusión sobre la indebida notificación de la demanda
y la consecuente nulidad de la actuación está por definirse en el trámite ordinario,
medio idóneo para resolver lo pretendido en esta sede de amparo.

Por consiguiente, fuerza concluir que la presente acción no cumple el requisito
general de subsidiariedad ni está demostrada la existencia de un perjuicio
irremediable. En consecuencia, se revocará la sentencia proferida el 6 de julio de
2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B, que amparó el derecho fundamental al debido proceso del accionante y, en su
lugar, se rechazará por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Alejandro Castillo Cabrera en contra del Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y del Fondo Nacional del Ahorro.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Declarar fundado el impedimento manifestado por el magistrado Rafael
Francisco Suárez Vargas, para conocer del asunto de la referencia.

Segundo: Revocar la sentencia proferida el 6 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que amparó el
derecho fundamental al debido proceso del accionante, para, en su lugar, rechazar
por improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Alejandro Castillo
Cabrera en contra del Juzgado Cincuenta y Ocho Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y del Fondo Nacional del Ahorro, de conformidad con la parte motiva de
esta providencia.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

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Accionante: Alejandro Castillo Cabrera

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Quinto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Impedido
LYGR

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