Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00899-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2022-00899-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00899-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2022-00899-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
27 de octubre de 2022
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante: Mary Villegas Rivera
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante MARY VILLEGAS RIVERA
Demandado FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Temas Acción de tutela para procurar el cumplimiento de una sentencia
de condena. La subsidiariedad. Procedencia cuando se procura
el cumplimiento de obligaciones de dar sumas de dinero.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Mary Villegas Rivera,
contra la sentencia del 24 de agosto de 2022, proferida por la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dispuso:
“PRIMERO.- NEGAR, la acción de tutela promovida por la señora Mary Villegas Rivera, en
contra del Fiscalía General de la Nación, por lo expuesto en la parte motiva.”1
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 4 de agosto de 20222, Mary Villegas Rivera instauró acción de tutela contra la
Fiscalía General de la Nación, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad, al mínimo vital y a la salud, con
ocasión al incumplimiento en el pago de la sentencia condenatoria del 29 de mayo
de 2014. En esta providencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la
responsabilidad extracontractual del Estado por la privación injusta de la libertad de
la que fue objeto la hoy accionante.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1.- Respetuosamente solicito a los H. Magistrados, Tutelar los derechos fundamentales
antes descritos y los que consideren a su criterio violados a la suscrita MARY VILLEGAS
RIVERA, con arraigo en el derecho a la dignidad humana en beneficio de una persona
mayor de 76 años encuadrada en la CUARTA EDAD.
2.- Se ordene a la Fiscalía General de la Nación para que dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas proceda al pago de la sentencia, ya que la respuesta de los operarios de
la Fiscalía en este año, de manera codial en el celular servicio pago de sentencias no.
1 Página 11 de la sentencia de tutela del 24 de agosto de 2022. Samai, índice 2
2 La acción de tutela se presentó el 4 de agosto de 2022, ante el Consejo de Estado y se le asignó la radicación
nro. 110010315000202204239-00, pero en auto del 5 de agosto de 2022, el asunto fue remitido por
competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El proceso fue sometido nuevamente a reparto y
el 16 de agosto de 2022, fue asignado al despacho de la magistrada Amparo Oviedo Pinto bajo la radicación
nro. 25000-23-15-000-2022-00899-00. Samai para Tribunales Administrativos, índices 1 y 2.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante: Mary Villegas Rivera
(…) informan que por ser la radicación del año 2014-10-20 se estará pagando en el mes
de Julio de 2022, hecho que hasta la fecha no ha ocurrido, como así lo han vendo
asegurando en años anteriores.” (sic para toda la cita)
2. Hechos
De los antecedentes del proceso constitucional, se advierten como hechos
relevantes los siguientes:
2.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió
sentencia de segunda instancia del 29 de mayo de 2014 en la que declaró la
responsabilidad administrativa y patrimonial de la Fiscalía General de la
Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto la señora Mary
Villegas Rivera.
En consecuencia, condenó a la entidad a pagar los perjuicios morales a favor
de los demandantes en la suma de 100 SMLMV. Además, dispuso el pago de
$90.658.917 a favor de la señora Mary Villegas Rivera por concepto de daño
material. El fallo quedó ejecutoriado el 19 de junio de 2014.
2.2. El 20 de octubre de 2014, la parte demandante radicó solicitud de pago ante
la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, ante la omisión de pago,
instauró acción de tutela, pero fue declarada improcedente dado que la actora
contaba con otro mecanismo judicial: la acción ejecutiva.
2.3. La accionante informó que el 27 de septiembre de 2017, radicó demanda
ejecutiva para procurar el cumplimiento de la sentencia condenatoria del 29 de
mayo de 2014. El proceso ejecutivo se identifica con la radicación nro. 11001-
33-36-035-2018-00348-00 y su conocimiento correspondió al Juzgado 35
Administrativo del Circuito de Bogotá.
Del proceso ejecutivo, destacó las siguientes actuaciones relevantes: El 6 de
febrero de 2019, se libró mandamiento de pago contra la Fiscalía General de
la Nación. En auto separado negó las medidas cautelares solicitadas; el 2 de
diciembre de 2020, el despacho ejecutor ordenó seguir adelante con la
ejecución y liquidar el crédito; en auto del 24 de enero de 2022, el Juzgado
aprobó la liquidación del crédito, pero hasta la fecha de interposición de la
acción de tutela no se había cumplido con el pago.
3. Fundamentos de la acción
La accionante sustentó su solicitud de amparo en los siguientes términos:
“Como se puede observar, el problema que ha conllevado a que me vea obligada a presentar
esta acción de TUTELA obedece a que la fiscalía viola mis derechos fundamentales, porque
ya di cumplimiento a lo ordenado por el Juez Constitucional de formular la demanda ejecutiva;
desconoce los dos fallos el del H. Consejo de Estado y el fallo del proceso ejecutivo emanado
del Juez 35 Contencioso Administrativo y desconoce que el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público desde el año 2017 presupuesto y pago la sentencia judicial, donde está la seguridad
jurídica de los fallos judiciales Honorables Magistrados.
2.- La solicitud de amparo Constitucional obedecer al Derecho Fundamental a la Dignidad
Humana del interés superior minino vital- tercera edad para poder cubrir las necesidades
básicas, porque mis peticiones son justificadas, respetuosas pero desesperadas, angustiosas
y no han sido atendidas a pesar del tiempo transcurrido por la entidad condenada. (…) Con
esa actitud omisiva, negligente se pone en tela de juicio la seguridad jurídica y los fallos son
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante: Mary Villegas Rivera
burlados y obligan a los beneficiarios negociarlos con el sector financiero.” (sic para toda la
cita)
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 16 de agosto de 2022, la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela
promovida por Mary Villegas Rivera contra la Fiscalía General de la Nación;
vinculó, en calidad de tercero con interés, al Ministerio de Hacienda y Crédito
Público; y dispuso que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
4.2. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional de la Dirección
de Asuntos Jurídicos, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda
por considerar que no se configuró violación alguna a los derechos
fundamentales de la accionante, pues la entidad no ha negado el derecho que
le asiste al pago de la sentencia de condena.
Adicional a lo anterior, expuso que la acción de tutela no tiene relevancia
constitucional por tratarse de una asunto meramente económico.
Destacó que la acción de tutela tampoco supera el requisito de subsidiariedad
debido a que existe un proceso administrativo para proceder con el pago que
aún se encuentra en trámite y en este caso no se materializan situaciones que
justifiquen la alteración del turno para proceder con el pago prioritario de la
sentencia. En todo caso, manifestó que la entidad procedió con el pago a favor
de la señora Mary Villegas Rivera a través de depósito judicial en el Banco
Agrario de Colombia el 18 de julio de 2022 y aportó en copia digitalizada los
soportes de la transacción.
4.3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público guardó silencio.
5. Sentencia impugnada
En sentencia de tutela del 24 de agosto de 2022, la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el amparo
constitucional solicitado por la señora Mary Villegas Rivera.
Dijo que, pese a la demora en que incurrió la Fiscalía General de la Nación para el
pago del título derivado de sentencia condenatoria, lo cierto es que, en el curso del
proceso de tutela “(…) la entidad pagó a favor de la accionante la condena impuesta en la
sentencia judicial proferida por el Consejo de Estado, con lo cual ya se halla (sic) satisfecho lo
solicitado en la presente acción constitucional.” Como fundamento fáctico de lo expuesto,
mencionó el comprobante de pago que allegó la Fiscalía General de la Nación con
destino a la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia, el 18 de
julio de 2022, a nombre de la señora Mary Villegas Rivera.
6. Impugnación y actuaciones previas al fallo que la resuelve
6.1. La señora Mary Villegas Rivera impugnó la sentencia de tutela de primera
instancia. Informó que, el 29 de agosto del año en curso, acudió al Banco
Agrario de Colombia a indagar por el dinero que la Fiscalía General de la
Nación indicó que había consignado en cumplimiento de la sentencia de
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante: Mary Villegas Rivera
condena del 29 de mayo de 2014. Según la accionante, el gerente del Banco
Agrario manifestó que no se había efectuado depósito judicial a su nombre.
Conforme lo anterior, solicitó:
“(…) Ordene aclarar la actuación de la Fiscalía General de la Nación y oficie el Banco
Agrario de Colombia con el fin de establecer mediante qué número de título de depósito
judicial y en qué fecha y a nombre de quién se realizó la consignación señalada en la
respuesta a la tutela. Porqué la Fiscalía General de la Nación no está dando
cumplimiento al procedimiento establecido para el pago de sentencias. (…) Sean las
anteriores consideraciones lo suficiente para que su despacho disponga lo que estime
pertinente y conducente, porque faltar a la verdad a la H. Magistrada Constitucional de
Tutela, se me hace sumamente grave.”
6.2. En memorial radicado el 3 de octubre de 2022, la señora Mary Villegas Rivera
puso de presente que el juzgado que conoce del proceso ejecutivo le informó
que no ha recibido depósito judicial constituido por la Fiscalía General de la
Nación a favor de la accionante. Pidió que se tenga en cuenta esa situación
para resolver la impugnación y que se dé celeridad al trámite.
6.3. El despacho sustanciador en etapa de impugnación profirió auto el 4 de
octubre de 2022, en el que vinculó, en calidad de terceros con interés, al
Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá, despacho que conoce el
proceso ejecutivo adelantado por la señora Villegas Rivera, y al Banco Agrario
de Colombia para que se pronunciaran respecto del pago que aseguró haber
realizado la Fiscalía General de la Nación y que fundamentó la decisión de
negar las pretensiones de la acción de tutela en primera instancia.
6.4. El Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá, a través del titular del
despacho, rindió informe en el que relacionó las principales actuaciones del
proceso ejecutivo y el enlace para acceder al expediente digitalizado del
proceso ejecutivo.
informó que, en memorial del 20 de septiembre de 2022, la señora Mary
Villegas Rivera radicó de manera directa memoriales en los que solicitaba el
pago del título judicial a su nombre, conforme soportes de pago emitidos por
la Fiscalía General de la Nación. Posteriormente, el 3 de octubre de 2022, el
abogado de la parte ejecutante radicó memoriales en los que solicitó a ese
despacho que se pronunciara sobre el título solicitado por la señora Mary
Villegas Rivera, dado que existen otros beneficiarios de la sentencia de
condena.
Advirtió que, con ocasión a las anteriores solicitudes, profirió auto del 10 de
octubre de 2022 en el que requirió a la Fiscalía General de la Nación para que,
en el término de 10 días informara “el trámite administrativo y contable surtido respecto
del pago de la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2020 dentro del proceso ejecutivo No.
11001333603520180034800, e indicara de manera concreta el monto reconocido y
consignado (…). Se está a la espera de la respuesta de la Fiscalía, para así obtener claridad
y proceder a ordenar a quien corresponda el monto consignado como pago de la condena
impuesta en la sentencia.”
Finalmente, indicó que la acción de tutela no es procedente en cuanto el
despacho no ha adoptado una decisión de fondo respecto de la entrega del
título judicial, presuntamente, constituido por la Fiscalía General de la Nación.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante: Mary Villegas Rivera
Por el contrario, advirtió que el despacho se encuentra en el trámite de aclarar
lo pertinente respecto del pago realizado por la entidad accionada.
6.5. El Banco Agrario de Colombia, a través de representante legal, informó que
se evidenció un depósito judicial donde figura como demandante la señora
Mary Villegas consignado a órdenes de un juzgado diferente al que adelanta
la ejecución. Destacó que esta información fue extraída de la base de datos
del producto de Depósitos Especiales del Banco Agrario de Colombia en
donde reposa la información de las consignaciones de los recursos recibidos
por el Banco para la respectiva emisión de Depósitos Judiciales, los cuales
quedan a órdenes de los despachos judiciales y/o entes coactivos
correspondientes. También expuso que en caso de inconsistencia debe
aportarse el soporte de pago de la transacción para proceder con la búsqueda
específica.
Precisó que las autoridades a favor de las que se constituyen los depósitos
judiciales son quienes deben “(…) confirmar electrónicamente para pago los depósitos
pendientes, así como deberán verificar el beneficiario de los depósitos judiciales o cualquier
novedad sobre los mismos (Conversión, Fraccionamiento, Reposición, Prescripción o Pago),
lo anterior teniendo en cuenta que el Banco Agrario de Colombia no tiene la facultad o
responsabilidad de autorizar para pago los depósitos judiciales que se han constituido en las
cuentas de los despachos a cargo de Rama Judicial o cualquier otro ente coactivo.”
Finalmente, expuso que la entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante por lo que solicitó ser desvinculado de la
acción de tutela.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Con fundamento en los antecedentes expuestos, en primer lugar, corresponde a la
Sala establecer si la acción de tutela acredita los requisitos generales de
procedibilidad, en especial, el de subsidiariedad.
En caso de que se encuentren acreditados todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el Decreto 2591 de 1991, pasará la Sala a determinar si la Fiscalía
General de la Nación vulneró los derechos fundamentales de la señora Mary
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante: Mary Villegas Rivera
Villegas Rivera al debido proceso, a la dignidad, al mínimo vital y a la salud, derivado
del incumplimiento en el pago de la sentencia condenatoria del 29 de mayo de 2014
3. Alcance del presupuesto general de subsidiariedad y su análisis en el
caso concreto
3.1. Del carácter subsidiario de la acción de amparo se deriva que los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos no pueden ser
desplazados o suplantados por la acción de tutela, claro está, siempre que
estos sean idóneos y eficaces.
En consecuencia, la tesis de la Sección, expuesta en diversas sentencias,
consiste en que, por regla general, cuando existe otro medio de defensa
judicial, idóneo y eficaz, no es procedente la acción de tutela. Por supuesto, la
idoneidad y eficacia del medio de defensa se definen en función del caso
concreto, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentra el solicitante
y, además, dependen de la existencia o no de un perjuicio irremediable, en los
términos del numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En tal sentido, es claro que al juez natural le corresponde impulsar y decidir
los asuntos que se encuentran bajo su conocimiento, por lo que no le es dable
al juez de tutela, en principio, interferir o contrariar so pretexto de proteger los
derechos fundamentales, las decisiones que se profieren de forma legítima en
el proceso ordinario. La acción de tutela que se presenta en contra de la
decisión judicial, en principio, deviene improcedente, pues ello desconocería
el principio de autonomía judicial.
3.2. La Sala pasa a analizar el precedente constitucional relativo al presupuesto de
subsidiariedad cuando se pretende el cumplimiento de providencias judiciales
a través de la acción de tutela.
La Corte Constitucional de manera pacífica ha indicado que, en principio, el
mecanismo judicial a través del cual debe procurarse el cumplimiento de la
sentencia judicial es el proceso ejecutivo, en los términos de los artículos 422
al 445 del Código General del Proceso y de los artículos 297 y subsiguientes
del CPACA. No obstante, reconoce que, a la luz del análisis de los criterios de
idoneidad y efectividad, la Corte ha considerado la procedencia excepcional
de la acción de tutela, según el tipo de obligación cuyo cumplimiento se
reclame, la repercusión del incumplimiento en la satisfacción de los derechos
fundamentales amparados y la posibilidad de hacerlos exigibles por medio del
proceso ejecutivo4.
En esa línea, el análisis de procedibilidad de la acción de tutela es diferenciado
respecto de las obligaciones de dar sumas de dinero y las obligaciones de
hacer. Frente a las primeras, se ha considerado que el análisis de
procedibilidad debe ser más estricto y riguroso, ya que el legislador dotó al
proceso ejecutivo de herramientas eficaces para lograr el recaudo efectivo de
la deuda. Es por lo anterior, que el Tribunal Constitucional ha negado el
análisis de fondo de la acción de tutela, dada la posibilidad de lograr la
satisfacción de las pretensiones cuando el interesado tiene a su disposición el
4 Corte Constitucional. Sentencia T-261 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante: Mary Villegas Rivera
proceso ejecutivo, en aquellos eventos en que se pretende “: i) el pago de la
indemnizaciones ordenadas por la autoridad judicial 5, ii) la entrega de intereses moratorios
reconocidos judicialmente6, iii) la cancelación de los salarios dejados de percibir 7 y iv) sumas
debidas a raíz del reajuste pensional8.”
De otra parte, el Tribunal Constitucional considera que en los eventos en los
que se pretende el cumplimiento de órdenes judiciales relativas a una
obligación de hacer, la idoneidad del proceso ejecutivo es menos robusta y la
acción de tutela puede constituir un mecanismo de defensa judicial más
apropiado para propender el cumplimiento de la obligación en tanto está
dotado de mejores herramientas para lograr tal propósito.
3.3. La finalidad de la acción de tutela instaurada por la señora Mary Villegas Rivera
es que se ordene el pago inmediato de la sentencia condenatoria del 29 de
mayo de 2014, pues considera que el retardo en la satisfacción de esta
obligación por parte de la Fiscalía General de la Nación afecta sus derechos
fundamentales a la dignidad, a la salud y al debido proceso. Destacó que, a
pesar de que se adelantó un proceso ejecutivo para lograr la cancelación de
la deuda, no ha sido posible obtener el pago, por lo que ante la falta de eficacia
del proceso decidió acudir a la acción de tutela.
Así pues, las intervenciones de la accionante en el proceso constitucional y la
información que deriva del expediente digitalizado del proceso ejecutivo que
fue aportado en el trámite de la impugnación, permiten concluir con claridad
que la accionante pretende el cumplimiento de una obligación de dar sumas
de dinero contenido en una sentencia de responsabilidad extracontractual por
privación injusta de la libertad. Por lo que, en aplicación del precedente
constitucional mencionado, la acción de tutela es improcedente, pues el
mecanismo judicial a través del cual debe procurarse esta pretensión es el
proceso ejecutivo.
3.4. Ahora, en punto de establecer la eficacia de ese mecanismo judicial, dado que
fue controvertida por la señora Mary Villegas Rivera en sus intervenciones,
conviene recordar que el conocimiento de la demanda ejecutiva por ella
propuesta correspondió al Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y que se había adelantado hasta la liquidación del crédito y de las
costas del proceso en autos del 24 de enero y 16 de marzo de 2022,
respectivamente.
Los antecedentes del caso dan cuenta de que, con la respuesta de la Fiscalía
General de la Nación en la acción de tutela que nos ocupa, en la que se informó
el pago de la sentencia y constitución de título judicial ante el Banco Agrario
de Colombia, se generaron inquietudes en cuanto al real pago de la deuda,
sus beneficiarios y la forma de obtener finalmente el dinero. Se observa que
es posible que esta situación obedezca al hecho de que la información y
soportes respecto del pago fueron presentados por la Fiscalía General de la
Nación ante el juez de tutela de primera instancia, pero no ante el juez de la
ejecución.
5 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-438 de 1993.
6 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1995.
7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-553 de 1995, T-478 de 1996, T-403 de 1996 y T-321 de 2003.
8 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-342 de 2002.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante: Mary Villegas Rivera
Fue por lo anterior, que el despacho sustanciador de la impugnación resolvió
vincular al proceso al Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en su calidad de juez del ejecutivo, y al Banco Agrario con el objeto
de que brindaran información relevante para decidir el asunto en esta
instancia.
En ese orden, es importante mencionar que , a partir de la situación expuesta,
el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá informó que, el 10
de octubre de 2022, profirió auto en el que requirió a la Fiscalía General de la
Nación para que, en el término de 10 días aclarara y allegara los soportes del
trámite administrativo y contable surtido respecto del pago de la sentencia
proferida el 2 de diciembre de 2020, dentro del proceso ejecutivo No.
11001333603520180034800.
El Juzgado requirió esta información para obtener claridad y poder definir el
pago de la sentencia de condena a los beneficiarios conforme la liquidación
del crédito aprobada y adoptar las demás determinaciones del caso.
Entonces, es claro para la Sala que el proceso ejecutivo adelantado ante el
Juzgado 35 Administrativo de Bogotá cumple con el requisito de eficacia, pues
se encuentra en una etapa avanzada del proceso y, con ocasión de la
información que ha recibido relativa al pago de la obligación, ha adelantado
órdenes perentorias para aclarar la situación administrativa relativa a la
satisfacción de la obligación por parte de la ejecutada.
Así pues, es al juez natural de la causa a quien corresponde aclarar los
trámites relativos al pago de la obligación y de la constitución del título judicial,
no al juez de tutela, dado que ello conllevaría una usurpación de las
competencias legales. Más aún, cuando se acreditó que el Juzgado que
conoce el proceso ejecutivo, en términos razonables, ha orientado el proceso
para aclarar las inquietudes derivadas de la información de pago
recientemente allegada.
3.5. Ahora, dado que la señora Mary Villegas Rivera actúa de manera directa ante
esta Corporación y que invoca una legítima inconformidad por la demora en el
pago de la sentencia condenatoria a su favor que ha tardado más de 8 años;
a pesar de la conclusión de improcedencia de la pretensión por no cumplir con
la subsidiariedad, la Sala realizará una breve precisión en relación con la
constitución y pago de los depósitos judiciales.
Los depósitos judiciales son los dineros que deben consignarse por orden
judicial para el pago, en este caso, de una controversia judicial. El artículo 203
de la Ley 270 de 1996 dispone que estos dineros deben depositarse en el
Banco Agrario de Colombia.
Por su parte, en el Acuerdo PCSJA21-11 de 2021, el Consejo Superior de la
Judicatura “adopt[ó] el reglamento para la administración, control y manejo eficiente de los
depósitos judiciales y (…) dicta otras disposiciones” donde explica, entre otros, el
proceso de constitución, autorización y pago de los depósitos judiciales. En el
artículo 13 se establece que los depósitos se pagarán únicamente al
beneficiario o a su apoderado, según lo establecido en el contrato de mandato,
“según orden expedida por el funcionario judicial competente” y agrega: “Todas las órdenes
y autorizaciones de pago por cualquier concepto de depósitos judiciales, deberán provenir de
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante: Mary Villegas Rivera
los administradores de las cuentas judiciales (juez y secretario, responsables del proceso en
las Oficinas Judiciales, de Apoyo y Centro de Servicios) a través del acceso seguro dual al
Portal Web Transaccional. El Banco será responsable de validar en el sistema, al beneficiario
previamente seleccionado por los administradores de la cuenta judicial (…)”
De lo dicho se destaca que los trámites relativos a la verificación de la
constitución del depósito y la autorización del pago a los beneficiarios es una
función que corresponde exclusivamente al titular del despacho o los
funcionarios autorizados por éste para tal fin.
Establecido lo anterior, se reitera que el asunto no supera el requisito de
subsidiariedad, dado que es al juez del ejecutivo al que le corresponde, en
ejercicio de sus competencias legales procurar, si están dadas las
circunstancias, el pago del título ejecutivo. Asimismo, le corresponde resolver
la situación que ha surgido relativa al pago de la sentencia por parte de la
Fiscalía General de la Nación a través de depósito judicial constituido a favor
del juzgado. Trámites que, según las pruebas del proceso, se han adelantado
dentro de términos razonables por parte del juez 35 Administrativo del Circuito
de Bogotá.
3.6. En línea con lo anterior, del informe aportado por el representante legal del
Banco Agrario de Colombia deriva que existe un título judicial constituido en
un expediente en el que aparece como accionante la señora Villegas Rivera,
pero aparece constituido a favor de un Juzgado diferente al que adelanta la
Ejecución, por ello se dispondrá la remisión del mencionado informe para que
haga parte del expediente del proceso ejecutivo nro. 11001333603520180034800,
pues se estima que puede ser útil para que el juez de la causa aclare la
situación relativa al pago del título ejecutivo.
4. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de tutela de primera
instancia, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda. En su
lugar, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, presentada por la señora
Mary Villegas Rivera por no superar el requisito general de subsidiariedad.
Dadas, las particularidades del caso concreto y considerando la demora que ha
tomado el pago de la sentencia de condena del 29 de mayo de 2014, la Sala instará
a la Fiscalía General de la Nación para que se sirva responder el requerimiento
realizado por el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá, en auto del 10 de octubre de
2022, dentro del término judicial de 10 días allí dispuesto. Esto, porque es relevante
aclarar la situación relativa al pago de la obligación pendiente por parte de la entidad
para que el juez de la ejecución pueda adoptar las decisiones correspondientes a
favor de la parte ejecutante.
También se dispondrá la remisión de los informes y anexos presentados en esta
acción de tutela por la Fiscalía General de la Nación y el Banco Agrario de Colombia
al proceso ejecutivo nro. 11001333603520180034800, dado que la información allí
contenida puede ser relevante para aclarar la situación de pago de la obligación y
la constitución del depósito judicial a favor del despacho.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00899-01
Demandante: Mary Villegas Rivera
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 24 de agosto de 2022, proferida por la Sección
Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su
lugar, declarar la improcedencia de la acción de tutela por incumplir el requisito
de subsidiariedad.
2. Instar a la Fiscalía General de la Nación para que atienda al requerimiento
realizado por el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá, en auto del 10 de
octubre de 2022, dentro del término judicial de 10 días allí dispuesto. Esto,
porque es importante aclarar la situación relativa al pago de la obligación
pendiente por parte de la entidad para que el juez de la ejecución pueda
adoptar las decisiones correspondientes a favor de la parte ejecutante.
3. Por Secretaría General, remitir los informes y anexos presentados en esta
acción de tutela por la Fiscalía General de la Nación y por el Banco Agrario de
Colombia hacia el proceso ejecutivo nro. 11001333603520180034800, cuyo
conocimiento adelanta el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá
4. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
5. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
6. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.