Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00907-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-00907-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2022-00907-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
10 de noviembre de 2022
Demandante: Orlando David Mora Pinza
Demandados: Consejo Nacional Electoral y otro
Radicado: 25000-23-15-000-2022-00907-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2022-00907-01
Demandante: ORLANDO DAVID MORA PINZA
Demandados: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y OTRO
Tema: Procedencia de la tutela cuando se sanciona a miembros de un
partido político. Configuración de perjuicio. Amparo transitorio.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Derrotado el proyecto de fallo propuesto por el magistrado Carlos Enrique Moreno
Rubio, la Sala procede a resolver la impugnación presentada por la parte actora
contra la providencia del 30 de agosto del 2022 dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”. Dicho fallo declaró improcedente
esta tutela por no superar el requisito general de la subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda.
1. El señor Orlando David Mora Pinza, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral y el Partido Cambio Radical.
Con la petición de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales a
elegir y ser elegido “en conexidad con la representación efectiva y al debido
proceso”.
2. Consideró vulneradas las mencionadas garantías por los siguientes motivos:
• Respecto del Partido Cambio Radical, debido a la sanción que le impusieron
las autoridades de esa agrupación de pérdida de voz y voto, en su calidad de
diputado de la Asamblea del Departamento de Nariño.
• En relación con el Consejo Nacional Electoral, por la demora que le ha dado al
trámite de la impugnación en contra de la sanción que le impuso el partido
político mencionado.
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Demandante: Orlando David Mora Pinza
Demandados: Consejo Nacional Electoral y otro
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió:
Se ordene la protección inmediata de mi derecho político fundamental de
representación efectiva, por medio de la suspensión de los efectos de los actos de
decisión proferidos por el partido Cambio Radical y en consecuencia se me restituya en
mi calidad de diputado de la Asamblea de Nariño, los derechos de Voz y Voto, con el
propósito de representar los intereses de mis electores.
(…)
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala expone los siguientes hechos relevantes para la decisión que se adoptará en
la sentencia:
4. El actor informó que fue elegido como diputado de la Asamblea del
Departamento de Nariño, avalado por el Partido Cambio Radical. Ocuparía este
cargo por el periodo comprendido entre el 1º de enero del 2020 y el 31 de diciembre
del 2023.
5. Manifestó que el 9 de marzo del 2022, por medio de oficio enviado a su correo
electrónico, el Consejo de Control Ético de su partido le comunicó sobre la apertura
de una investigación en su contra. Esto, por haber incurrido presuntamente en doble
militancia. Por lo tanto, le informó que tenía 5 días hábiles para contestar y dar sus
argumentos de defensa.
6. El mencionado consejo le informó que dicha investigación tuvo como causa
una queja anónima en la cual se aportó una fotografía que reposaba en una
publicación de la red social Facebook, en donde aparecía acompañado de su
hermano Jesús Fernando Mora Pinza – ex candidato al Senado de la República por
el partido Nuevo Liberalismo - y Juan Manuel Galán, ex pre candidato presidencial
del mismo partido. Lo anterior se dio en el evento de inscripción del señor Galán
como precandidato presidencial. En ese sentido, el consejo advirtió que
presuntamente estaba apoyando candidaturas de otro partido político.
7. La fotografía es la siguiente. A pesar de lo borrosa, se puede apreciar de
izquierda a derecha a los siguientes: al actor; luego a su hermano con una camiseta
estampada con el apellido “GALÁN”; después el ex candidato Juan Manuel Galán y
luego otra persona, cuya identidad no fue precisada en la investigación.
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Demandante: Orlando David Mora Pinza
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8. Al descorrer el traslado de la apertura de la investigación, el señor Orlando
David Mora Pinza manifestó que de ningún modo incurrió en doble militancia. Indicó
que aunque exista la fotografía, ello de ninguna manera probaba que hubiera
realizado actos concretos de apoyo a otro candidato.
9. Agregó que para esa fecha, el Partido Cambio Radical no había hecho oficial
su apoyo a ningún candidato a la presidencia y que su presencia en el evento se
debió a que es un ciudadano con derecho a escuchar las propuestas de los
precandidatos presidenciales, lo cual no constituye doble militancia.
10. El Consejo de Control Ético dictó el pronunciamiento número 198 del 17 de
marzo del 2022. En este concluyó que el actor había incurrido en la falta gravísima
de doble militancia. Por lo tanto, lo sancionó con la pérdida de sus derechos de voz y
voto en la Asamblea de Nariño por lo que le resta de periodo legal.
11. Para fundamentar la decisión, el consejo consideró que la fotografía probaba
con certeza que el accionante estaba apoyando la candidatura de otro partido distinto
al que pertenece. Por lo tanto, precisó que según la Resolución número 033 del 24
de febrero del 2022, esta es una falta gravísima. En ese sentido, le impuso la sanción
mencionada anteriormente. Igualmente, se le indicó al sancionado que podía
presentar recurso dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la
decisión.
12. Inconforme con dicha decisión, el señor Mora Pinza la impugnó. Insistió en
que no se probó que él hubiera realizado actos concretos de apoyo a otro candidato,
como proselitismo o arengas políticas, sino que simplemente acudió a ese evento
con el objeto de realizar un saludo fraterno a su hermano. Por lo tanto, solicitó
revocar la sanción impuesta.
13. El recurso fue decidido por el Comité Central del partido, por medio de Acta
número 106 del 4 de mayo del 2022. Dicho órgano consideró que sí se configuró la
doble militancia, pues el actor no podía afirmar que estaba realizando un simple
saludo a su hermano, cuando el contexto era bastante particular, ya que se
encontraba en un evento político de otro partido político.
14. Por lo tanto, concluyó que la presencia del accionante en el evento afectaba la
imagen y la moral del partido Cambio Radical. En ese orden, indicó que esa es una
actuación contraria al Código de Ética de carácter grave y bajo ese entendido,
confirmó la sanción impuesta de pérdida de voz y voto por el tiempo restante del
periodo.
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15. La sanción fue ejecutada por la mesa directiva de la Asamblea de Nariño por
medio de la Resolución número 139 del 17 de mayo del 2022, en la cual dicho
órgano modificó el quórum deliberatorio y decisiorio, excluyendo al actor.
16. El 18 de mayo del 2022, el actor impugnó la decisión sancionatoria ante el
Consejo Nacional Electoral. Solicitó a dicha autoridad como medida previa, que se
suspendiera la sanción impuesta, toda vez que, a su juicio, carece de soporte
probatorio. Insistió en que la decisión de quitarle sus derechos de voz y voto fue
desproporcionada y configura un perjuicio irremediable para su ejercicio como
diputado en representación de sus electores.
17. El actor informó que el magistrado sustanciador de la impugnación citó a
audiencia pública para el 5 de agosto del 2022 y allí se escucharon a las partes.
Manifestó que a los representantes del partido se les dio mucho más tiempo que a él
para presentar sus argumentos. Además, que el magistrado mencionó en la
audiencia que no pudo ingresar al expediente sancionatorio, por lo cual no pudo
asumir ninguna decisión sobre las medidas previas solicitadas por el actor.
18. Precisó que a la fecha no se ha resuelto la impugnación presentada, demora
que considera que se debe a que existió cambio de los magistrados del Consejo
Nacional Electoral.
1.4. Fundamentos de la solicitud
19. El accionante consideró vulnerados sus derechos a elegir y ser elegido en
conexidad con la representación política y al debido proceso.
20. Respecto de sus derechos a elegir y ser elegido en conexidad con la
representación política, consideró que el hecho de haber sido sancionado con la
pérdida de voz y voto significa que terminó su vida política. Por lo tanto, no puede
ejercer su dignidad como diputado ni representar los intereses de sus electores. Así,
manifestó que esto es una situación de gravedad que le permite utilizar esta tutela
como un mecanismo que permita proteger esos derechos aunque sea de manera
transitoria.
21. De conformidad con lo anterior, mencionó que la imposición de la sanción por
parte del partido Cambio Radical tuvo varias irregularidades. En primer lugar,
manifestó que la decisión de sanción dictada por el Consejo de Control Ético se
notificó por correo, pero no se hizo citación de notificación personal, como lo exige la
Ley 1437 del 2011. En segundo lugar, porque se hizo la publicación de su sanción
por medio de un comunicado de prensa, sin que previamente se le haya informado a
él esa decisión.
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22. En tercer lugar, porque las decisiones asumidas por las autoridades del
partido no tuvieron en cuenta que:
i) En los Estatutos de Cambio Radical no existe la sanción de pérdida de voz,
sino únicamente de voto. Por tal motivo, el hecho de quitarle la posibilidad de
discutir en la Asamblea implica el fin de su vida política sin tener base legal
alguna.
ii) Los Estatutos del partido no tienen una graduación de las conductas. Es
decir, las sanciones son impuestas por el arbitrio de las autoridades de
Cambio Radical, lo que atenta de manera flagrante los principios de tipicidad,
culpabilidad y antijuridicidad.
iii) La sanción de la pérdida del voto sólo está consagrada en los Estatutos
cuando el miembro del partido se aparta de la decisión de bancadas. Así, el
actor manifestó que como el partido no había avalado el apoyo a algún
candidato, de ninguna manera violó una directriz de la bancada de su partido
y por tal motivo no se le podía imponer la pérdida del voto.
23. Con todo, concluyó que las autoridades del partido se excedieron en su
decisión de sancionarlo de tal manera que lo privaran de actuar como diputado y
además de representar a sus electores, lo que en la práctica implica realmente una
destitución del cargo. Lo anterior sin ningún sustento legal, menos aún si se tiene en
cuenta que según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el caso Petro vs Colombia se hizo claridad en el sentido de que solo un juez de la
República puede tomar esa determinación.
24. Finamente, consideró que las actuaciones surtidas ante el Consejo Nacional
Electoral no han contado con las garantías necesarias para proteger sus derechos.
Manifestó que dicha autoridad ha sido demorada en tramitar la impugnación, lo cual
se puede prolongar por el cambio de magistrados. Además, que su actuación ha
desatendido el principio de igualdad entre las partes, porque le otorgó más tiempo a
los miembros del partido para exponer argumentos que a él. Adicionalmente, porque
no ha decidido sobre las medidas previas que solicitó.
25. Por lo tanto, solicita que se protejan sus derechos fundamentales vulnerados
por todas estas irregularidades y se le permita volver a desempeñarse como
diputado, con derechos de voz y voto para representar a sus electores.
1.5. Trámite de la acción de tutela
26. Mediante auto del 19 de agosto del 2022, el magistrado ponente de primer
grado admitió la tutela y dispuso la notificación del Consejo Nacional Electoral y el
Partido Cambio Radical.
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1.6. Intervenciones
27. El Director Jurídico del Partido Cambio Radical se opuso a las pretensiones
de la presente tutela. En primer lugar, consideró que no cumple con el requisito de
subsidiariedad, ya que el accionante ejerció la impugnación ante el Consejo Nacional
Electoral, que aún se encuentra en trámite. Destacó que de todas formas el acto que
expida dicha autoridad se puede demandar ante la jurisdicción contenciosa
administrativa.
28. En todo caso, puso de presente que la sanción impuesta al actor tuvo como base
la doble militancia por apoyo a otro candidato de otro partido diferente, que según los
Estatutos y el Reglamento Interno, es calificada como grave. En ese orden, las
autoridades del partido hicieron la debida ponderación de la sanción.
29. Además, consideró que en el curso del proceso disciplinario el actor pudo ejercer
de manera correcta su derecho de defensa, pues presentó sus argumentos luego de
abierta la investigación. Igualmente, pudo presentar recurso de apelación contra la
decisión del Consejo de Ética.
30. El Consejo Nacional Electoral consideró que no incurrió en ninguna
vulneración de los derechos fundamentales del accionante. Por el contrario, informó
que ha desplegado las actuaciones pertinentes y que el 30 de agosto del 2022
presentó proyecto para decidir sobre la medida previa solicitada por el señor Mora
Pinza. Bajo ese entendido, consideró que no ha hecho una gestión indebida del
asunto.
1.7. Fallo impugnado
31. La Sección Cuarta, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de sentencia del 30 de agosto del 2022 declaró improcedente la presente
tutela por no superar el requisito de la subsidiariedad.
32. En ese sentido, consideró que como el actor presentó impugnación ante el
Consejo Nacional Electoral y está aún se encuentra en trámite, todavía no ha
agotado los mecanismos ordinarios. Además, puso de presente que esta decisión
puede ser demandada ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Así, concluyó
que como aún cuenta con esos mecanismos, la tutela es improcedente, en la medida
en que no se acreditó ningún perjuicio irremediable que hiciera más flexible el
requisito de subsidiariedad.
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1.8. Impugnación
33. El actor impugnó la decisión dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”. Según su criterio, en este caso sí se
encuentra probado un perjuicio irremediable que hace procedente esta tutela.
34. Puso de presente que, según la sentencia T-009 del 2017 de la Corte
Constitucional, en los casos en los que se cuestionen decisiones de los partidos
políticos debe hacerse un análisis de las circunstancias del caso para verificar la
procedencia de la tutela como un mecanismo para proteger los derechos políticos.
35. Indicó que uno de esos criterios es que se haga evidente y nugatorio un derecho
fundamental, como ocurre en este caso, en el cual se vio privado de sus derechos de
voz y voto como diputado de la Asamblea de Nariño. Lo anterior debido a una
sanción desproporcionada realizada por las autoridades del Partido Cambio Radical.
En esa medida, considera que la tutela es procedente para la protección de sus
derechos a elegir, ser elegido en conexión con la representación efectiva de sus
electores.
36. Insistió en que no incurrió en doble militancia porque en el proceso disciplinario
no se acreditó el ánimo de apoyar a otro candidato de otro partido. Afirmó que la
única prueba fue una fotografía, de la cual no se podía efectuar ninguna conclusión
sobre su intención de apoyo y reprochó que este haya sido el medio probatorio para
quitarle sus derechos de voz y voto.
37. Recalcó nuevamente que en los estatutos del partido no existe la sanción de
pérdida de voz. Además, que la pérdida del voto solo procede cuando se haya ido en
contra de una decisión en bancada, lo cual no ocurrió en este caso, porque el partido
no dio una directriz sobre a cuál candidato iba a apoyar. Por lo tanto, adujo que la
decisión de quitarle sus derechos de voz y voto es desproporcionada y le impide
ejercer como diputado y representar a sus electores.
38. Finalmente, manifestó que otro criterio para enervar la subsidiariedad es que el
medio alterno a la tutela no sea efectivo. Así, consideró que el CNE ha demorado
mucho en decidir sobre la medida previa que solicitó y además le ha dado un curso
al proceso sin igualdad, pues reiteró que a los miembros del partido se les otorgó
mucho más tiempo que a él para intervenir en la audiencia celebrada el pasado 4 de
agosto del 2022.
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39. Debido a lo anterior, el actor solicitó que se ordenara al CNE que decidiera la
medida previa de protección y diera respuesta inmediata a la impugnación, en los
siguientes términos:
En atención a los argumentos acá presentados solicito respetuosamente a usted señor
AD QUEM se me protejan mis derechos fundamentales de debido proceso y derechos
políticos a elegir y ser elegido en conexidad con la participación y representación
efectiva, con el propósito que:
Se ordene al Consejo Nacional Electoral se ejecuten las medidas previas de protección
del derecho político fundamental de representación efectiva, por medio de la suspensión
de los efectos de los actos de decisión proferidos por el partido Cambio Radical y en
consecuencia se me restituya en mi calidad de Diputado los Derechos de Voz y Voto,
con el propósito de representar los intereses de mis electores.
Se ordene al Consejo Nacional Electoral de respuesta inmediata a la solicitud incoada
como Impugnación de la decisión tomada por el partido Cambio Radical a través del
pronunciamiento N° 198 del 17 de marzo de 2022 y Acto Administrativo No. 106 del 4 de
mayo de 2022, de conformidad con la parte final del inciso primero del artículo 7 de la ley
130 de 1994.
1.9. Actuación en segunda instancia
40. El magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, por medio de auto del 23 de
septiembre del 2022, ordenó al CNE que aportara copia de la decisión asumida en la
causa del señor Orlando David Mora Pinza. Además, que en caso de no haber
decidido el asunto, informara las razones por las cuales no ha emitido
pronunciamiento.
41. Sin embargo, el CNE guardó silencio a pesar de que fue notificado de dicha
providencia, como se puede apreciar en la actuación 7 del sistema Samai en el
proceso de segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
42. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B” el 30 de agosto del
2022. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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2.2. Legitimación en la causa
43. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
44. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19911, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii)
a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa.
45. Con fundamento en el marco conceptual expuesto2, la Sala advierte que el
tutelante es titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a
que resultó afectado por la sanción impuesta por el partido Cambio Radical y por la
presunta demora en el trámite de la impugnación de esa decisión ante el Consejo
Nacional Electoral. En consecuencia, goza de legitimación en la causa por activa.
46. Por otro lado, se observa que el partido Cambio Radical y el Consejo Nacional
Electoral están igualmente legitimados en la causa por pasiva, por ser la autoridad
que impuso la sanción al actor y la que tiene en trámite la impugnación contra esa
decisión, respectivamente.
2.3. Problema jurídico
47. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y
las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado, el informe y
argumentos esgrimidos por las autoridades demandadas, corresponde a esta Sala
resolver el siguiente problema jurídico que subyace al caso en concreto:
• ¿La acción de tutela es procedente en este caso como un mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable debido a que, según el actor, la
sanción impuesta por el Partido Cambio Radical puede realizar actividad
alguna relacionada con su cargo de diputado?
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
2 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha
venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de
tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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48. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el requisito general de subsidiariedad de
la acción de tutela; (iii) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra las
sanciones disciplinarias; (iv) el ejercicio pleno del cargo como un componente del
derecho a elegir y ser elegido; (v) la facultad sancionatoria de los partidos políticos y
sus límites y (vi) análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
49. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto Ley 2591 de 1991.
50. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho
fundamental que se dice vulnerado o amenazado.
51. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.
52. La acción se reglamentó por medio del Decreto Legislativo 2591 de 1991, el
cual en su artículo 6 consagra las siguientes causales de improcedencia de la acción
cuando: (i) existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; (ii) para
proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus; (iii) se pretenda
proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el
artículo 88 de la Constitución; (iv) sea evidente que la violación del derecho originó
un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del
derecho; (v) se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.
2.5. El requisito general de subsidiariedad de la acción de tutela
53. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral
1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
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54. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.
55. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia3.
56. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige
que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
2.6. La procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de las
sanciones disciplinarias
57. La Corte Constitucional ha creado unos requisitos especiales para determinar
la procedencia de la acción de tutela con ocasión de sanciones disciplinarias. En este
sentido, en la tutela T-009 del 2017 estudió una sanción impuesta a un miembro de
un partido político y determinó que para establecer si procede la tutela, es necesario
verificar que exista un perjuicio irremediable, según los siguientes criterios:
En la sentencia T-1093 de 2004, reiterada en Sentencias T-1039 de 2006 y T-629 de
2009, se señalaron algunos requisitos específicos para la configuración de un
perjuicio irremediable con ocasión de la imposición de una sanción
disciplinaria: (i) que existan motivos serios y razonables que indiquen que una
determinada providencia sancionatoria en materia disciplinaria puede haber sido
adoptada con desconocimiento de las garantías constitucionales y legales pertinentes
y, por ende, con violación de los derechos fundamentales de los afectados, en
particular al debido proceso; (ii) que el perjuicio derivado de la providencia
sancionatoria adoptada de manera inconstitucional amenace con hacer nugatorio el
ejercicio de uno o más derechos fundamentales de los sujetos disciplinados, (iii) que
el perjuicio en cuestión llene los requisitos de ser cierto e inminente, grave y de
3 En sentencia T-313 de 2005, se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común
garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de
los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada
de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política
que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las
jurisdicciones”.
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urgente atención, y (iv) que los medios judiciales ordinarios con los que cuentan los
afectados para su defensa no sean lo suficientemente expeditos como para controlar
la legalidad y constitucionalidad de las medidas sancionatorias impugnadas con la
urgencia requerida para impedir la afectación irremediable del derecho fundamental
invocado.
2.7. El ejercicio pleno del cargo como un componente del derecho a elegir y ser
elegido
58. La Constitución Política establece, en el artículo 40, varias formas en las que
se manifiesta el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio
y control del poder político. Entre ellas, por ejemplo, la facultad de elegir
representantes y ser elegido como tal (numeral 1) y el de acceder al desempeño de
funciones y cargos públicos (numeral 7)4.
59. Se ha establecido que una interpretación adecuada de esta norma debe
apuntar a que el ciudadano no solo se limita a votar por sus representantes, sino que
su injerencia en el poder político es mucho más activa y se manifiesta en diferentes
espacios. Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-1337 del 2001:
5. Como puede fácilmente observarse en esta disposición, la idea de ciudadanía ha
cambiado con la democracia participativa. Ésta opta porque la injerencia de los
ciudadanos no quede reducida únicamente a la votación cada cierto tiempo, sino que
amplía la participación a otros espacios, especialmente a los que tienen que ver, de
acuerdo al artículo 40 de la Constitución, con “la conformación, ejercicio y control del
poder político”. Por esta razón, el Constituyente expresó y consagró explícitamente
como uno de los fines esenciales del Estado, el “facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y
cultural de la Nación”.(Art. 2 CN) Es precisamente éste objetivo el que da sentido y
sustento a los derechos políticos y en consecuencia, dentro del concepto amplio de
democracia participativa, debe entenderse que éstos no son sólo los del artículo 40,
sino cualquiera que pueda llegar a tener una conexión con éste fin.
60. Para el caso que nos ocupa, el aparte del artículo 40 constitucional que hace
referencia a la facultad del ciudadano de participar en el ejercicio del poder político
4 La norma completa es la siguiente: ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir y
ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas
de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin
limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. Revocar el
mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley. 5. Tener
iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución
y de la ley. 7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por
nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y
determinará los casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la adecuada y
efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.
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cobra gran relevancia. En efecto, en el marco de una democracia participativa, los
representantes elegidos por los ciudadanos deben poder ejercer de manera efectiva
esa representación que les fue conferida. Por eso se habla del derecho a la
representación efectiva, que tiene una estrecha relación con los derechos a elegir y
ser elegido. Así lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia T-358 del 2002:
El concepto de democracia participativa envuelve y amplia el de democracia
representativa. No hace desaparecer las características de esta última, sino que las
reinterpreta con un criterio distinto de la relación entre poder, Sociedad y Estado. Con
esta nueva mirada, no puede entenderse que el derecho político a elegir a los
miembros de las Corporaciones públicas de decisión se agote únicamente con el
ejercicio al voto. En la democracia participativa, debe también asegurarse que la
expresión ciudadana tenga materialmente efectividad. La representación efectiva es
por lo tanto una característica inescindible del derecho ciudadano al ejercicio del
poder público a través de sus representantes. No puede aceptarse que una vez el
ciudadano ha elegido, esa conformación del poder eventualmente deje de tener
efecto por alguna circunstancia, y que frente a tal situación no exista un mecanismo
para evitarla. Tal y como fue expresado en la sentencia de esta Corporación, la
representación efectiva es un derecho político por la conexión conceptual que
establece con el derecho a elegir y ser elegido, por el estrecho vínculo que establece
con el fin político de conformación y ejercicio del poder por parte del ciudadano,
establecido en la Constitución y por ser expresión de los mandatos y principios
constitucionales consagrados en los artículos 1, 2, 3, 4 y 40.
61. Lo anterior es lógico desde el punto de vista constitucional, pues la facultad de
elegir representantes va ligada a que estos puedan desempeñar un papel efectivo de
representación política efectiva y esto a su vez, como lo dijo la Corte, es un derecho
fundamental. Así, cuando se advierta que está siendo vulnerado, debe procederse a
su protección.
62. Bajo ese orden de ideas, se tiene que el artículo 40 constitucional contiene el
derecho a la representación efectiva, que no es otra cosa que la posibilidad que tiene
el representante de ejercer su labor de manera plena. Así, en caso de faltar un
representante, esto implica la pérdida de una voz deliberativa en el seno de la
corporación. Así lo dijo la Corte Constitucional:
En efecto, la ausencia de un congresista en el seno de la institución, es la ausencia
de una voz deliberativa. Y tal situación afecta la efectiva representación, pues la
confianza depositada en el ciudadano elegido ha sido truncada.
63. En el mismo sentido, la sentencia T-1337 del 2001 dijo al respecto:
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La representación entonces, implica en un primer momento, la conformación
del poder político ejercida por los ciudadanos a través de la elección, que a la
luz del artículo 40 Superior, es manifestación de un derecho político
fundamental. Sin embargo, la representación no se agota allí sino que
involucra también el derecho a que el Estado mantenga la integridad del cuerpo
representativo.
(...)
Esto porque el derecho político de participación, de acuerdo a como lo prevé el
artículo 40 superior, no incluye únicamente la conformación del poder. De la
misma disposición se colige que en el derecho mencionado también está
involucrado su ejercicio, que en el caso que se analiza, toma realidad a través
de la efectiva representación. Existe por tanto una conexión inescindible entre
el derecho a la participación y la representación efectiva, pues en los casos en
que esta última falta, el primero comienza a perder uno de sus elementos
conceptuales: el ejercicio del poder.
64. Así las cosas, es evidente que la permanencia en el cargo de elección y su
ejercicio pleno es una garantía que envuelve el derecho a elegir y ser elegido, en
conexidad con la representación efectiva. En ese sentido, es de vital importancia la
protección que deben tener los elegidos para que desempeñen su labor y los
derechos políticos de sus electores no se hagan nugatorios.
65. Sobre este tema, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Petro Urrego vs Colomba hizo claridad al respecto y dijo que el
Estado debe garantizar las condiciones y mecanismos para ejercer de manera plena
los derechos políticos:
(….) Constituye(n) un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las
sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos
previstos en la Convención. Además, de conformidad con el artículo 23 convencional,
sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino
también de “oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar
con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos
políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos. Los derechos políticos y su
ejercicio propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Por lo
tanto, el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos
derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad
y no discriminación. La participación política puede incluir amplias y diversas
actividades que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito
de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de
la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política
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estatal a través de mecanismos de participación directa o, en general, para intervenir
en asuntos de interés público, como por ejemplo la defensa de la democracia (…)5.
66. Bajo esta óptica, la facultad de ejercer los cargos públicos es un derecho
político que debe ser garantizado por el Estado, cuya protección emana directamente
de la Constitución Política. Además, tiene íntima relación con la representación
efectiva de los ciudadanos. Por lo tanto, en la medida en que se advierta su
vulneración, corresponde protegerla, dada la trascendencia que tiene en un contexto
de democracia participativa.
2.8. La facultad sancionadora de los partidos políticos y sus límites
67. La reforma constitucional introducida en el Acto Legislativo 01 del 2003 tuvo
como finalidad el fortalecimiento de los partidos políticos. Ello se hizo evidente con la
introducción del sistema de bancadas, en donde se puede apreciar un sometimiento
del ciudadano elegido a las directrices dadas por el partido.
68. Así, los incisos 6 y 7 del artículo 108 de la Constitución introducidos por la
mencionada reforma, establecieron que los miembros de las Corporaciones Públicas
elegidos por un mismo partido, actuarán en ellas como bancada. Además, el
constituyente hizo énfasis sobre la graduación de las sanciones que se impondrían a
los integrantes del partido que incumplieran con sus directrices, hasta la expulsión y
además podrían contemplar pérdida del voto por el resto del periodo:
Artículo 108.
(…)
Los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo atinente a su
régimen disciplinario interno. Los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos
por un mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarán en ellas como
bancada en los términos que señale la ley y de conformidad con las decisiones
adoptadas democráticamente por estas.
Los estatutos internos de los partidos y movimientos políticos determinarán los
asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará este régimen y podrán
establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices por parte de los
miembros de las bancadas, las cuales se fijarán gradualmente hasta la expulsión, y
podrán incluir la pérdida del derecho de voto del congresista, diputado, concejal o edil
por el resto del período para el cual fue elegido.
69. Como se puede apreciar, el constituyente otorgó la facultad a los partidos de i)
fijar su régimen disciplinario interno y ii) establecer sanciones desde la expulsión del
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia del 8 de julio del 2020, caso Petro Urrego vs
Colombia.
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partido, junto con la pérdida de derecho al voto, por la inobservancia de las
directrices por parte de los miembros de las bancadas.
70. En todo caso, la Corte Constitucional ha fijado ciertos límites para la facultad
de imponer sanciones por parte de los partidos a sus miembros. En la sentencia SU-
585 del 2017 se dijo que, aunque los partidos tienen autonomía – dentro de lo cual
se incluye la facultad de configuración a través de los estatutos y reglamentos -, en
todo caso debían respetar la Constitución y la ley:
La autonomía de los partidos y movimientos políticos es una materialización de los
principios de pluralismo y de separación entre asuntos públicos y privados y una
condición de la democracia real. Se trata de reconocer que en los regímenes
absolutos, no existe separación entre los partidos y el poder público y se acude a
crear un partido de Estado, en el entendido de que el partido es controlado por los
gobernantes o viceversa y se excluye de iure o de facto la libre contienda política.
Esto quiere decir que la democracia exige garantías de no injerencia de los órganos
del poder público en la organización y gestión de estas instituciones. Dicha garantía
fue reconocida por la sentencia C-089 de 1994 que examinó la constitucionalidad de
la Ley Estatutaria 130 de 1994, Estatuto Básico de Partidos y Movimientos Políticos,
pero advirtió que la autonomía de los partidos y movimientos políticos no era
absoluta, ya que debía ser ejercida dentro del respeto de la Constitución y las leyes,
las que podían señalar deberes a los partidos, normas mínimas de estructura y
funcionamiento, siempre y cuando fueran razonables y no afectarán la esencia de su
autonomía. Concluyó así dicha sentencia que “La libertad que la Constitución
reconoce a los partidos y movimientos políticos, es irrestricta dentro de esos límites,
que no son propiamente estrechos ni mezquinos”, al tiempo que reconoció que la
manifestación primaria de dicha autonomía era la facultad de darse sus propios
estatutos. Fruto de este razonamiento, la Corte Constitucional declaró la
constitucionalidad del artículo 41 del proyecto de ley, que preveía que los partidos
políticos debían organizar en su seno, Consejos de Control Ético, como una forma de
garantizar la moralidad de sus miembros, pero sin influencia externa.
71. Un poco más preciso hacia la facultad de imponer sanciones, la sentencia T-
009 del 2017 dijo que estas deben respetar los lineamientos de tipicidad de las
conductas y las sanciones, la proporcionalidad, la presunción de inocencia, defensa y
contradicción, así como la facultad de impugnarlas.
En este orden de ideas, los procedimientos sancionatorios disciplinarios aplicables al
interior de los partidos políticos, deben respetar las siguientes garantías
fundamentales: (i) tipicidad de las conductas sancionables y de las sanciones; (ii)
proporcionalidad de la sanción prevista frente a la conducta realizada; (iii) presunción
de inocencia; (iv) ejercicio del derecho de defensa y de contradicción; y (v) facultad
de impugnar la decisión sancionatoria.
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72. Lo anterior, a juicio de la Sala, va en concordancia con el respeto al debido
proceso, ya que las garantías anotadas por la Corte Constitucional pretenden velar
por un correcto ejercicio de la facultad sancionadora de los partidos políticos,
respetando sobre todo principios básicos como la tipicidad de las conductas y las
sanciones, así como la facultad de impugnarlas.
73. Bajo esa óptica, es evidente que el derecho al ejercicio del cargo público, en
conexión con la representación efectiva puede verse limitado por la imposición de
una sanción por parte del partido político. Sin embargo, esta decisión debe estar
precedida del respeto al debido proceso, a la Constitución y a la ley, como garantías
propias de un juicio disciplinario.
74. De ese modo, es evidente la tensión constitucional que existe entre la
potestad de los partidos de imponer sanciones y el derecho que tiene el ciudadano
elegido para ejercer el mandato, lo que incluye la posibilidad de poder participar con
voz y voto en la respectiva Corporación, como elementos principales para poder
ejercer la representación efectiva.
75. En todo caso, es evidente que, según lo expuesto, la potestad sancionadora
de los partidos debe tener unos criterios definidos, donde se destacan las garantías
propias del debido proceso como la tipicidad y la proporcionalidad de la conducta
realizada por el miembro del partido.
2.9. Caso concreto
76. La Sala anticipa que amparará de manera transitoria los derechos
fundamentales alegados por el actor, debido a que se existe el riesgo que en este
asunto se presente un perjuicio irremediable. Por ende, este mecanismo
constitucional es procedente pese a que el procedimiento administrativo no ha
finalizado y aunque la decisión final que se adopte en ese trámite puede ser
controvertida ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Así las cosas, la
Sala analizará el caso de conformidad con los criterios dados por la Corte
Constitucional para la procedencia de la tutela contra sanciones disciplinarias.
77. En este caso se advierte que el perjuicio derivado de las decisiones
sancionatorias de los órganos de Partido Cambio Radical amenaza con hacer
nugatorio el ejercicio los derechos fundamentales del accionante. Ello es así,
porque el hecho de privar al diputado sancionado de sus facultades de voz y voto
afecta de manera grave su derecho a ser elegido, en conexión con la representación
efectiva, tal como se dijo en el numeral 2.7 de esta providencia.
78. Lo anterior porque con la sanción impuesta al señor Mora Pinza, el ejercicio
de su cargo se ha visto limitado en todos sus aspectos, incluso con la facultad
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deliberativa al interior de la Asamblea, máxime cuando queda muy poco tiempo para
que culmine su periodo. Esto repercute directamente con la representación efectiva
como derecho político.
79. Bajo el análisis expuesto, es evidente que el perjuicio en cuestión llena los
requisitos de ser cierto e inminente, grave y de urgente atención.
80. La imposición de una sanción que impide al accionante que desempeñe de
manera efectiva en su cargo, quedando tan poco tiempo para que culmine su
periodo, es una circunstancia que advierte este juez constitucional como un motivo
relevante a tener en cuenta que limita excesivamente sus derechos políticos y que
permite que esta tutela sea procedente como un mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
81. Así, el hecho de que se haya privado al actor de sus derechos de voz y voto
constituye una decisión que le impide ejercer su cargo de diputado, circunstancia que
imposibilita el ejercicio de su derecho fundamental de ser elegido. En este caso,
existe la posibilidad de que la sanción impuesta por el partido sea revoca por el CNE
o por la autoridad judicial competente. Sin embargo, puede que esta revocatoria se
presente cuando el actor haya terminado su periodo o al menos en una época en la
que le quedará poco tiempo como diputado, situación que hace evidente que se está
ante la posibilidad que se configure un perjuicio irremediable.
82. Además de lo anterior, otro hecho muy relevante para superar la subsidiaridad
en esta tutela, es que, si bien el accionante impugnó la sanción impuesta por el
partido ante el CNE, este mecanismo no ha sido efectivo ni expedito para controlar
esa decisión.
83. En efecto, se aprecia que esta autoridad electoral tiene bajo su conocimiento
la impugnación contra la sanción desde el 18 mayo del 2022. Al efecto, realizó una
audiencia el 5 de agosto del 2022 y presentó proyecto para decidir la medida previa
solicitada por el accionante el 30 de agosto del 2022. Sin embargo, esta Sala no
tiene ninguna noticia adicional sobre la decisión final por parte de esa entidad, pese a
se le requirió esa información
84. En efecto, el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, por medio de auto del 23
de septiembre del 2022, ordenó al CNE que aportara copia de la decisión asumida
en la causa del señor Orlando David Mora Pinza. Además, en caso de no haber
decidido el asunto, informara las razones por las cuales no ha emitido
pronunciamiento. Sin embargo, la autoridad electoral no se pronunció sobre este
requerimiento.
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85. Bajo esa perspectiva, es evidente que el trámite de la impugnación
administrativa ha sido demorado y no hay ninguna situación que haya informado el
CNE para justificar esta tardanza. Esto hace que el mecanismo que adujo el juez de
primer grado para no superar la subsidiariedad ha sido a todas luces poco expedito e
inefectivo para la protección de los derechos del actor.
86. Así las cosas, en el presente caso existe el riesgo que se configure un
perjuicio irremediable porque desde que el actor fue sancionado por su partido no ha
podido ejercer uno de los elementos esenciales del derecho a ser elegido
(representación y ejercicio efectivo del cargo), ya que no puede ejercer sus derechos
de voz y voto como diputado, quedándole muy poco tiempo para que finalice su
periodo.
87. Además, también existe el riesgo, en el caso que la sanción sea revocada por
el CNE, que se configure un perjuicio irremediable, precisamente porque al actor
lleva varios meses sin poder participar activamente –con voz y voto– en la Asamblea
del Departamento de Nariño.
88. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que es necesario amparar
de manera transitoria los derechos fundamentales del actor a ser elegido en
conexidad con la representación efectiva. Esto con el fin de evitar que se configure
un perjuicio irremediable. Ello en la medida en que la decisión que dicte el CNE
puede ser demandada ante el juez contencioso, e incluso se pueden solicitar
medidas cautelares, de conformidad con lo establecido en los artículos 229 y
siguientes del CPACA.
89. Por ende, esta Sala dejará sin efectos la sanción impuesta por el Partido
Cambio Radical hasta que el CNE resuelva la impugnación interpuesta contra la
decisión del referido partido de privar al actor de su voz y voto en la Asamblea de
Departamento de Nariño.
90. Igualmente, se ordenará a la mesa directiva de aquella corporación pública
que suspenda provisionalmente los efectos de la Resolución número 139 del 17 de
mayo del 2022, en la cual dicho órgano modificó el quórum deliberatorio y decisorio,
excluyendo al actor. Lo anterior hasta que el CNE resuelva el recurso de
impugnación interpuesto por la parte actora.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR el fallo del 30 de agosto del 2022 dictado por el Tribunal
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Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B que declaró
improcedente la presente acción de tutela por no superar el requisito de la
subsidiaridad. En su lugar, AMPARAR de manera transitoria los derechos
fundamentales del actor a ser elegido en conexidad con la representación efectiva y
al debido proceso.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sanción que le impuso el Comité Central del
partido Cambio Radical, por medio de Acta número 106 del 4 de mayo del 2022. Este
amparo será transitorio hasta que el Consejo Nacional Electoral decida de fondo y de
manera definitiva la impugnación interpuesta por el señor Orlando David Mora Pinza
contra la mencionada sanción.
TERCERO: ORDENAR a la mesa directiva de la Asamblea Departamental de Nariño
que suspenda provisionalmente los efectos de la Resolución número 139 del 17 de
mayo del 2022 hasta que el Consejo Nacional Electoral decida de fondo y de manera
definitiva la impugnación impuesta por el señor Orlando David Mora Pinza contra la
sanción que lo privó de su voz y voto en esa corporación.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Salva voto
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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