Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2022-00955-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2022-00955-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2022-00955-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
7 de diciembre de 2022
Radicación: 25000-23-15-000-2022-00955-01
Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2022-00955-01
Demandante: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E
Demandado: JUZGADO SESENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo por sumas
de dinero (obligación de dar). Requisitos generales de
procedencia -subsidiariedad e inmediatez-
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.,
contra la sentencia de 13 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, dentro de la
acción de tutela en la que declaró su improcedencia por falta de legitimación en la
causa por activa y por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad e
inmediatez.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La entidad accionante refirió que el 25 de octubre de 2018 suscribió el contrato
No. 5954 con la Constructora Guerrero y Cía Sociedad en Comandita (S. en C.),
para la “realización de actividades de adecuación de ambientes incluyendo
acabados para el área de bienestar de la Unidad Occidente de Kennedy”.
Aseguró que el período de ejecución del contrato fue entre el 21 de diciembre de
2018 al 4 de febrero del 2019, equivalente a uno y medio (1.5) meses contados a
partir de la suscripción del acta de inicio entre el supervisor del contrato y el
contratista. Agregó que el valor del contrato fue de $172’482.880.
Así mismo, sostuvo que en el contrato se incluyó una cláusula en la que se
estimaba que el incumplimiento de las obligaciones acarrearía sanciones de
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Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
carácter pecuniario, para lo cual se contempló un procedimiento de imposición de
multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.
En cuanto a la ejecución del referido contrato mencionó que se suscribieron dos
actas en donde se anotaron algunas inconformidades frente a los materiales
utilizados y los resultados obtenidos. Además, aseguró que se realizó una reunión
con un representante de la constructora debido a algunas afectaciones que había
sufrido la obra.
Señaló que, por esa razón, se dio inicio al procedimiento administrativo
sancionatorio el cual concluyó con la emisión de la Resolución No. 0443 de 27 de
junio de 2019, en la que se declaró el incumplimiento parcial del contrato por parte
del contratista.
Indicó que la decisión anterior fue objeto de recurso de reposición presentado por
la constructora y que el mismo fue resuelto a través de la Resolución No. 0624 de
30 de agosto de 2019, en el sentido de no reponer el acto administrativo
sancionatorio.
Manifestó que el 5 de diciembre de 2019 expidió la Resolución No. 0846, mediante
la cual resolvió liquidar unilateralmente el contrato y ordenó el pago de
$44’854.202, a favor del contratista.
Refirió que el 6 de diciembre de 2019, la Constructora Guerrero y Cía S. en C.
presentó demanda ejecutiva en su contra con el fin de obtener el pago de
$172’482.000 como capital pendiente de pago por la ejecución del contrato No.
5954 de 2018 y los respectivos intereses moratorios, radicada bajo el No. 11001-
33-43-060-2019-00380-00.
La demanda correspondió por reparto al Juzgado Sesenta Administrativo del
Circuito de Bogotá, Sección Tercera, que por auto de 23 de enero de 2020 libró
mandamiento de pago a favor de la parte demandante.
En providencia de 17 de septiembre de la misma anualidad se ordenó seguir
adelante con la ejecución y mediante auto de 26 de noviembre de 2020, se aprobó
la liquidación de las costas realizada por la Secretaría del Despacho.
El 15 de julio de 2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E. presentó la liquidación del crédito, la cual fue aprobada mediante auto de
18 de noviembre de 2021.
Por último, la entidad demandante sostuvo que el 29 de junio de 2022 presentó
incidente de desembargo, el cual a la fecha de presentación de la acción de tutela
(27 de agosto de 2022), no había sido resuelto.
2. Fundamentos de la acción
La entidad accionante presentó acción de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia supuestamente vulnerados por el Juzgado Sesenta Administrativo del
Circuito de Bogotá, Sección Tercera, con la emisión de las providencias de 23 de
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enero, 17 de septiembre, 26 de noviembre de 2020 y 15 de julio de 2021,
mediante las cuales se libró mandamiento de pago y se aprobó la liquidación de
las costas y del crédito, en el marco del proceso ejecutivo No. 11001-33-43-060-
2019-00380-00.
En primer lugar, aseguró que la solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia, toda vez que: (i) goza de relevancia constitucional
porque se relaciona con la vulneración de los derechos fundamentales invocados;
(ii) cumple con el requisito de la subsidiariedad, dado que “se interpone para la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la protección de los recursos a la salud de la actora
vulnerados por las decisiones adoptadas en el proceso ejecutivo sin el lleno de los
requisitos legales” y, por último, (iii) se interpuso dentro de un plazo razonable
dado que la última actuación desplegada por la autoridad judicial demandada fue
el 12 de mayo de 2022.
Enseguida, refirió que el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá,
Sección Tercera, incurrió en defecto fáctico, teniendo en cuenta que “al momento
de la radicación de la demanda ejecutiva por parte de la firma CONSTRUCTORA
GUERRERO Y CIA S EN C, no incluyó como elementos probatorios” las
Resoluciones Nos. 0443 de 27 de junio de 2019 y 0624 de 30 de agosto de 2019,
mediante las cuales se declaró el incumplimiento del contrato que sirvió de base
para la ejecución.
Por lo anterior, sostuvo que la obligación que pretende hacer valer la firma
Constructora Guerrero y Cía S. en C. está viciada de nulidad, por existir un error
inducido, el cual según la sentencia T-145 de 2014, proferida por la Corte
Constitucional, se presenta cuando la autoridad judicial es víctima de factores
externos al proceso que lo determinan o influencian a tomar determinada decisión
que resulta contraria a derecho o a la realidad fáctica del caso.
Adujo que “las pruebas aportadas para efectos del mandamiento de pago fueron
inexactas, lindando en un fraude procesal, como quiera que el supuesto título
ejecutivo aducido no cumplía con las características de ser claro, expreso y
exigible al requerirse, como se expuso, un título ejecutivo complejo, integrado por
el contrato más las constancias de cumplimiento o recibo de las obras contratadas
y el reconocimiento del deudor de lo ejecutado conforme a lo pactado en el
negocio jurídico”.
Indicó que de haber acompañado las facturas y el contrato con las resoluciones
que declararon el incumplimiento contractual, se hubiese concluido que el saldo a
favor del contratista correspondía a un valor menor que el que finalmente fue
objeto de ejecución.
Finalmente, puso de presente que “al tratarse de una entidad prestadora del
servicio de salud, cuyos recursos son inembargables, se pone en riesgo la salud y
la vida de los pacientes a su cargo puesto que ese recurso se requiere para
atender las obligaciones propias de la ESE y garantizar el servicio público de
atención médica hospitalaria”. Además, que debe tenerse en cuenta que la
Procuraduría General de la Nación mediante la Circular No. 014 de 8 de junio de
2018, exhortó a los Jueces de la Republica para que se abstengan de ordenar o
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decretar embargos sobre los recursos del Sistema General de Seguridad en
Salud, dado que se estaría afectando gravemente el patrimonio público y la
prestación del servicio de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERA.- Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, derecho a la
salud y protección de los recursos públicos.
SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Juzgado 60
Administrativo – Sección Tercera, decretar la nulidad procesal, por inducción al error
frente a la omisión de la valoración de los elementos probatorios externos, con motivo
de la no radicación de los mismos por parte de la firma CONSTRUCTORA
GUERRERO Y CIA S EN C”.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 30 de agosto de 2022, el titular del Juzgado
Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, allegó el
expediente digital contentivo del proceso ejecutivo No. 11001-33-43-060-2019-
00380-00. Actor: Constructora Guerrero y Cía S en C.
5. Trámite procesal
Por auto de 30 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A”, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a
la parte accionante y a la parte demandada, así como a la Constructora Guerrero y
y Cía S. en C., en calidad de tercera con interés en el trámite constitucional.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá
A través de memorial de 2 de septiembre de 2022 el titular del despacho judicial
accionado solicitó que se declare la improcedencia de la acción constitucional, al
considerar que no cumple con el requisito de la subsidiariedad. Agregó, que en
cualquier caso no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, pues las
actuaciones que se han surtido en el trámite judicial han respetado el ordenamiento
jurídico procesal y sustancial.
De manera previa, sostuvo que se configuró la falta de legitimación en la causa por
activa, dado que el poder allegado por la parte demandante fue conferido para la
representación de un proceso de controversias contractuales y no para la acción de
tutela bajo examen.
En cuanto a las inconformidades expuestas en el escrito de tutela indicó que,
contrario a lo afirmado por la entidad actora, no se ha incurrido en “error por defecto
fáctico”, pues si bien algunas actuaciones no fueron tenidas en cuenta en el proceso
ejecutivo, ello obedece a “la desidia de la ahora accionante quien omitió de manera
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oportuna ejercer su derecho de defensa oponiéndose a las pretensiones de la
demanda formulada”.
Resaltó que la orden de seguir adelante con la ejecución se profirió en septiembre
del 2020 y no se realizó alguna actuación por la parte demandada, al punto que el
15 de julio de 2021, la entidad aportó la liquidación de crédito sin informar al
despacho los supuestos errores que ahora le están siendo endilgados en este
trámite constitucional.
En este sentido, sostuvo que la acción de tutela no puede utilizarse con el fin de
reemplazar los mecanismos ordinarios de defensa cuando estos no fueron
agotados en debida forma, máxime si se tiene en cuenta que tuvo la oportunidad
de controvertir las actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo.
Por último, indicó que a la fecha no se ha decretado ninguna medida cautelar por
lo que tampoco puede predicarse alguna afectación por esa causa.
6.2. Respuesta de la Constructora Guerrero y Cía S en C
Mediante correo electrónico recibido el 12 de septiembre de 2022, el apoderado
judicial de la constructora pidió se declarara la improcedencia de la acción
constitucional, bajo el argumento de que lo pretendido por el entidad accionante es
reabrir un debate legal que ya fue ventilado en el marco del proceso ejecutivo que se
adelanta ante el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección
Tercera, con lo cual se ponen en riesgo los principios de autonomía judicial y
seguridad jurídica.
Afirmó que la actuación desplegada por la autoridad judicial demandada ha
respetado el ordenamiento jurídico y que, además, se valoraron de forma integral y
acertada las pruebas aportadas al proceso ejecutivo.
Aseguró que quien ha actuado de mala fe es la Subred Integrada de Servicios de
Salud Sur Occidente E.S.E., pues se ha negado a cumplir con las obligaciones
contraídas con la constructora, produciendo un detrimento constante, incesante e
indefinido del erario.
Por lo anterior, señaló que desde el 26 de abril de 2022 remitió un correo electrónico
dirigido a la Contraloría de Bogotá, en el que le informó sobre el crecimiento de la
liquidación del crédito. Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido el pago de las
sumas adeudadas y ese ente de control no ha desplegado ninguna acción al
respecto, por lo que pidió que se vincule a dicho organismo al trámite constitucional.
7. Sentencia de tutela impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”,
mediante sentencia de 13 de septiembre de 2022, declaró improcedente la
solicitud de amparo constitucional por configurarse la falta de legitimación en la
causa por activa y no cumplir los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
En primer lugar, encontró que la entidad accionante no aportó poder especial para
adelantar el trámite de tutela, razón por la que se debía declarar la falta de
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legitimación por activa, toda vez que el poder allegado al escrito de tutela se
otorgó a la apoderada para que “asuma la defensa de la entidad en el proceso de
la referencia”, sin embargo, en el encabezado se consignó “controversias
contractuales”, sin que se evidencie un poder especial para la presentación de la
acción constitucional.
Por otro lado, aseguró que la acción de tutela fue interpuesta sin el cumplimiento
del requisito de la subsidiariedad, dado que la entidad accionante no hizo uso de
los medios de defensa que tenía a su alcance “para controvertir el auto que libró
mandamiento de pago, obsérvese que, Subred Integrada de Servicios Sur
Occidente ESE contestó la demanda ejecutiva de manera extemporánea, esto es,
4 meses después de emitida y notificada la providencia que libró mandamiento de
pago”.
Para terminar, resaltó que tampoco se cumple con el requisito de la inmediatez, en
tanto la providencia demandada fue proferida el 23 de enero de 2020, es decir,
hace más de dos (2) años, lo cual permite concluir a la Sala que los derechos
fundamentales alegados no se encuentran en peligro inminente porque el tiempo
que tardó en acudir a la acción de tutela resulta desproporcionado.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
apoderado de la accionante impugnó el fallo de primera instancia en escrito en el
que reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela.
En concreto, insistió en que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
fáctico, teniendo en cuenta que “no existió valoración probatoria dentro del
proceso que cursó ante el JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ, ya que, si bien es cierto no existió contestación de
demanda mediante cual se pueda alegar el principio de contradicción, también es
cierto que el juez debe fallar fuera de toda duda, es así como el juez debe, en su
sana crítica, solicitar elementos probatorios de la parte demandada, más aún si se
trata de una autoridad administrativa y los recursos objeto del proceso ejecutivo
son de la salud, toda vez que es contra quien se están alegando derechos
económicos a una entidad estatal prestadora del servicio de salud”.
En particular, sostuvo que debieron aportarse junto con la demanda ejecutiva
elementos probatorios relevantes como las Resoluciones Nos. 0443 de 27 de junio
de 2019 y 0624 de 30 de agosto de 2019, que declararon el incumplimiento del
contrato que sirvió de base para la ejecución.
Aseguró que para que un proceso ejecutivo se lleve a cabo es necesario que el
título valor contenga una obligación clara, expresa y exigible, que provenga del
deudor y que preste mérito ejecutivo, requisitos que no se cumplen en el presente
caso, ya que no existe documento emitido por parte de la entidad que dé cuenta
de la satisfacción frente a la obra contratada ni de “la declaración del crédito del
ejecutante y la deuda del ejecutado”. Además, indicó que la obligación no es
exigible dado el incumplimiento contractual por parte de la constructora.
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Por otro lado, en cuanto al requisito de inmediatez sostuvo que es deber de todo
funcionario realizar las actuaciones pertinentes para proteger los derechos
fundamentales que considere vulnerados por acciones u omisiones de terceros
que pretendan menoscabar el patrimonio público, sin importar el momento en que
el funcionario tenga conocimiento del posible daño antijurídico y patrimonial para
el Estado.
Sobre el particular, mencionó la sentencia T-1028 de 2010 de la Corte
Constitucional, según la cual es posible excepcionar el requisito de la inmediatez
cuando existan razones válidas para la inactividad o cuando ocurre un hecho
completamente nuevo y sorpresivo que hubiere cambiado drásticamente las
circunstancias previas.
En el asunto bajo examen, sostuvo que mientras se encontraba en curso la acción
de tutela el Juzgado demandado profirió autos de 1 de septiembre de 2022,
mediante los cuales aprobó la actualización de la liquidación del crédito
presentada por la parte ejecutante y negó su solicitud de desembargo, por lo que
ocurrió un hecho nuevo que justifica el estudio de fondo de los argumentos
propuestos en el escrito de tutela.
En ese sentido, admitió que “si bien la administración cometió errores en la
defensa técnica”, lo relevante fue que una vez la Oficina Asesora Jurídica se
percató de lo sucedido acudió a la acción de tutela.
Por lo anterior pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se amparen los derechos fundamentales invocados dejando sin efecto las
providencias del Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección
Tercera, y declarando la nulidad de todo lo actuado en el proceso ejecutivo.
Con el escrito de impugnación se aportó poder especial suscrito por la gerente y
representante legal de la entidad, a favor de la abogada Paula Vivian Tapias para
que actúe como apoderada en el trámite de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer, en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 13 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en la que se
declaró improcedente la acción de tutela promovida por la parte demandante por
falta de legitimación en la causa por activa y por incumplir los requisitos de
subsidiariedad e inmediatez.
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En caso de que la solicitud cumpla con la totalidad de los requisitos de
procedencia, debe determinar si las providencias de 23 de enero, 17 de
septiembre, 26 de noviembre de 2020 y 15 de julio de 2021, mediante las cuales
se libró mandamiento de pago y se aprobó la liquidación de las costas y del crédito
en el marco del proceso ejecutivo No. 11001-33-43-060-2019-00380-00,
incurrieron en defecto fáctico, pues no se tuvieron en cuenta las Resoluciones
Nos. 0443 de 27 de junio de 2019 y 0624 de 30 de agosto de 2019, que
declararon el incumplimiento del contrato que sirvió de base para la ejecución.
3. De la subsidiariedad de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.”
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el
solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o, si, por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el solo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
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lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20151:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo
suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente
conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no
concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría
un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional
(personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de
familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación
requiere de particular consideración por parte del juez de tutela."2 (Negrilla por
fuera del texto)
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos3, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La parte actora impugnó la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela por no haber acreditado la legitimación en la
causa por activa y por el incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad y de
inmediatez.
Aseguró que aun cuando la entidad cometió algunos errores de defensa técnica
por no haber contestado la demanda ejecutiva dentro del término que le fue
concedido, lo cierto es que una vez la Oficina Asesora Jurídica tuvo conocimiento
de lo sucedido acudió a la acción de tutela. A lo que agregó que
1
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle
Correa, sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime
Araújo Rentería, sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003
M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
2
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
3
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
independientemente del momento en que se haya interpuesto la solicitud de
amparo todos los funcionarios públicos están en la obligación de realizar las
actuaciones pertinentes para proteger el erario.
Así mismo, insistió en que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
fáctico, por cuanto libró mandamiento de pago y aprobó la liquidación del crédito
sin contar con las Resoluciones Nos. 0443 de 27 de junio de 2019 y 0624 de 30 de
agosto de 2019, que declararon el incumplimiento del contrato que sirvió de base
para la ejecución.
Por último, aportó poder especial suscrito por la gerente y representante legal de
la entidad demandante.
4.2. La Sala observa que la apoderada de la entidad demandante presentó el
escrito de tutela, junto con un poder en el que la gerente y representante legal de
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. la facultaba para
que asumiera “la defensa de la entidad en el proceso de la referencia”. Sin
embargo, en el encabezado se hacía referencia a un proceso de “controversia
contractual” y no a una acción de tutela, por lo que, como lo advirtió el juez
constitucional de primera instancia, dicho poder no cumplía con los requisitos
exigidos por el Decreto 2591 de 19914 y la jurisprudencia constitucional5, por lo
que la solicitud de amparo fue presentada con ausencia de poder.
Ahora bien, al haberse aportado con el escrito de impugnación poder especial
para actuar en representación de la referida persona jurídica, la Sala da por
superado ese presupuesto procesal6, y se reconocerá personería a la abogada,
por lo que procederá a analizar el cumplimiento de los restantes requisitos de
procedencia.
4.3. Como lo advirtió el a quo en el asunto bajo examen, la solicitud de amparo
resulta improcedente porque desatiende los requisitos de subsidiariedad e
inmediatez, por las razones que se exponen a continuación:
4.3.1. En primer lugar, de conformidad con el expediente allegado a este trámite
constitucional en formato digital, la Sala observa que el 6 de diciembre de 2019, la
Constructora Guerrero y Cía S. en C. presentó demanda ejecutiva contra la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., con el fin de
obtener el pago de $172’482.000, correspondientes al título ejecutivo compuesto
por: “(i) el Contrato No. 5954 de 2018 suscrito entre las partes del proceso; (ii) las
Facturas de Venta Nos. CG 15 del 8 de enero de 2019 y CG 16 del 4 de febrero
de 2019; (iii) Acta parcial de obra No. 1 del 8 de enero de 2019; (iv) Acta de obra
4
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud”.
5
Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2002. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
6
Ver al respecto, sentencia de 28 de marzo de 2019, exp. No. 20001-23-33-000-2018-00301-01 y
auto de 17 de agosto de 2017, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
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Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
No. 2 final de 4 de febrero de 2019; y (v) Oficios del 14 de enero y 4 de febrero de
2019, mediante los cuales la parte demandante radicó las referidas facturas,
acompañadas de los demás requisitos previstos en la cláusula tercera del citado
contrato, en donde se establece la forma y condiciones de pago”.
El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Tercera, en
auto de 23 de enero de 2020 libró mandamiento de pago a favor de la parte
demandante y negó la solicitud de medidas cautelares.
Lo anterior, teniendo en cuenta que “del contrato y las facturas de venta se
desprende una obligación clara y expresa, y de las actas de recibo y los referidos
oficios se concluye que dicha obligación es actualmente exigible, puesto que dan
cuenta del cumplimiento, por parte de la demandante, de los requisitos de pago
exigidos [en] la cláusula tercera del mentado contrato, por ende se concluye que
dichas documentales constituyen título ante esta jurisdicción y resulta procedente
librar el mandamiento de pago solicitado”.
La decisión se notificó a la parte ejecutada mediante correo electrónico de 10 de
febrero de 2020, por lo que tenía hasta el 21 de febrero de 2020 para proponer
excepciones. No obstante, el escrito de contestación de la demanda se remitió el
12 de agosto de 2020, es decir, de forma extemporánea.
Por lo anterior, la autoridad judicial demandada profirió auto de 17 de septiembre
de 2020, a través del cual ordenó seguir adelante con la ejecución. Por auto de 26
de noviembre de 2020 se aprobó la liquidación de costas realizada por la
Secretaría del Despacho.
El 15 de julio de 2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente
E.S.E. presentó la liquidación del crédito, la cual fue aprobada mediante auto de
18 de noviembre de 2021.
El 26 de abril de 2022, la constructora radicó escrito de actualización de la
liquidación del crédito y solicitud de medidas cautelares, y el 29 de junio de 2022
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. presentó
incidente de desembargo.
Por último, el 1 de septiembre de 2022 se profirieron dos autos en los que (i) se
aprobó la actualización del crédito y (ii) se negó el decreto de medidas cautelares,
así como la solicitud de desembargo radicada por la parte ejecutada.
Por lo anteriormente expuesto, la Sala observa que en el presente asunto la
entidad accionante tuvo la posibilidad de controvertir el auto que libró
mandamiento de pago formulando recurso de reposición en su contra, siendo éste
el único medio de defensa judicial contemplado por el legislador para discutir los
requisitos formales del título ejecutivo. Así lo establece el artículo 430 del Código
General del Proceso:
“ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda
acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento
ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal.
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Los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de
reposición contra el mandamiento ejecutivo. No se admitirá ninguna controversia
sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso.
En consecuencia, los defectos formales del título ejecutivo no podrán reconocerse o
declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la
ejecución, según fuere el caso”.
En este orden de ideas, como quiera que las inconformidades planteadas por el
actor en el escrito de tutela se relacionan con los requisitos formales del título
ejecutivo, pues apuntan a controvertir su falta de claridad, expresividad y
exigibilidad, es claro que la solicitud de amparo fue elevada con el fin de remediar
los errores en la defensa de la entidad ejecutada.
En otras palabras, la oportunidad procesal para discutir la incidencia de las
Resoluciones Nos. 0443 de 27 de junio de 2019 y 0624 de 30 de agosto de 2019,
que declararon el incumplimiento del contrato, en la validez del título ejecutivo, era
el término de ejecutoria del auto que libró mandamiento ejecutivo, momento en el
que la parte ejecutada podría interponer el recurso de reposición.
De hecho, no resulta de recibo para esta Sala que la entidad accionante pretenda
que se dejen sin efecto las providencias demandadas y se declare la nulidad del
proceso ejecutivo, argumentando que la autoridad judicial demandada incurrió en
defecto fáctico por no tener en cuenta las referidas resoluciones, pues en realidad
le correspondía a ella, como parte ejecutada, aportar oportunamente todos
aquellos elementos que permitieran excepcionar el pago de la obligación.
Como lo ha advertido esta Sala la acción de tutela no puede ser usada para
revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico, por lo que no es posible estudiar de fondo dichos
argumentos7. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha indicado que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales debe haber agotado los
medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto, por lo que no
puede utilizarse como un “camino excepcional para solucionar errores u
omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos
jurisdiccionales ordinarios”8.
Valga indicar que el requisito de la subsidiariedad entraña tres supuestos que
llevan a la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, los
cuales son: a) cuando el asunto está en trámite; b) cuando no se hayan agotado
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios y c) cuando se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico.
En el asunto bajo examen, lo que se advierte es que la entidad se abstuvo de
hacer un uso debido del mecanismo defensa judicial con el que contaba en el
marco del proceso ejecutivo, omisión que ahora no puede trasladar a la autoridad
7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 22 de septiembre de 2022, exp. No. 11001-
03-15-000-2022-04415-00; 4 de agosto de 2022, exp. No. 11001-03-15-000-2022-02820-00y 10 de
septiembre de 2020, exp. No. 11001-03-15-000-2020-04312-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
8
Corte Constitucional, sentencia de T-396 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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judicial ante quien se tramitó el proceso y tampoco permite habilitar la procedencia
de la tutela para remediar tal circunstancia.
De este modo, abstenerse de utilizar los recursos procesales que se tienen al
alcance, desplaza a la acción de tutela como mecanismo judicial de defensa de los
derechos fundamentales, teniendo en cuenta que no está diseñada para remediar
los errores de defensa en que se incurra en los procesos judiciales.
Por consiguiente, la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de la
subsidiariedad, pues la parte demandante contó con otro medio de defensa idóneo
y eficaz para la protección de sus intereses.
4.3.2. De igual modo, la acción de tutela tampoco cumple con el requisito de la
inmediatez teniendo en cuenta que la misma se dirigió contra los autos de 23 de
enero, 17 de septiembre, 26 de noviembre de 2020 y 15 de julio de 2021, y su
interposición tuvo lugar el 27 de agosto de 2022, es decir, transcurridos más de los
seis (6) meses señalados por esta Corporación y la Corte Constitucional9 como
plazo razonable.
Así mismo, aun cuando en el transcurso de la acción de tutela se emitieron los
autos de 1 de septiembre de 2022, mediante los cuales se aprobó la actualización
de la liquidación del crédito y se negaron las solicitudes de medidas cautelares y
de desembargo presentadas por las partes, dicha circunstancia no constituye un
hecho nuevo que justifique la interposición de la acción de tutela. Por el contrario,
de entrar a analizar de fondo esa providencia se estaría afectando el derecho de
defensa de la parte demandada y del tercero con interés, pues es posterior a la
radicación de la solicitud de amparo.
Por último, la Sala no estudiará de fondo el argumento relacionado con la
supuesta protección de los recursos públicos, dado que en el escrito de tutela no
se exponen razones suficientes que eventualmente ameriten un análisis de fondo
de la acción de tutela.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión objeto de impugnación
proferida el 13 de septiembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
9
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios
S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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RESUELVE:
Primero.- RECONÓCESE personería a la abogada Paula Vivian Tapias, como
apoderada de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
Segundo.- CONFÍRMASE la sentencia de 13 de septiembre de 2022, dictada por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, por
las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
14
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