Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2022-01257-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencias judiciales: su examen de fondo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2022-01257-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2022-01257-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01
Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
Demandado: JUZGADO 21 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Su examen de fondo
requiere del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia establecidos por la
jurisprudencia constitucional / REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – No se cumple porque
la parte actora tenía otros mecanismos ordinarios como el recurso de apelación y el recurso
del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que no se ejercieron oportunamente / ABUSO DEL
DERECHO - No se acreditó / REQUISITO DE INMEDIATEZ - No se cumple en este caso,
porque se encontraba superado el estado de cosas inconstitucional alegado y, pese a ello,
la accionante no demostró la ocurrencia de otra circunstancia que justifique su demora en
interponer la acción.
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 6 de diciembre de 20221, proferida por la Sección Segunda,
Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 24 de noviembre de 2022, la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES presentó acción de tutela contra el Juzgado 21 Administrativo de
1 Se advierte que, el 28 de agosto de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia. Tras verificar en el aplicativo
Samai las actuaciones que surtieron en primera instancia, se encontró que, después de haberse
proferido el fallo impugnado, el expediente fue enviado a la Corte Constitucional el 1º de febrero de
2023, luego de lo cual Colpensiones (i) propuso la nulidad por falta de notificación de dicha
providencia, solicitud que fue negada mediante auto del 28 de julio de 2023, y (ii) interpuso recurso
de reposición contra la anterior decisión, recurso que fue resuelto favorablemente por auto del 3 de
agosto de 2023, notificado el 8 del mismo mes y año. Posteriormente, a través de proveído del 15
de agosto de 2023, se concedió la impugnación presentada por Colpensiones y, el 24 de agosto
siguiente, se remitió el expediente a esta Corporación.
Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Juzgado 21 Administrativo de Bogotá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Bogotá, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, en conexidad con los principios
de sostenibilidad financiera del sistema pensional y de seguridad jurídica. Formuló
las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de Colpensiones al debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad ante la ley,
orientados a la Defensa del patrimonio público y a la protección del principio de
sostenibilidad financiera, en consideración a que el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Bogotá – Sección Segunda incurrió en violación
directa a la Constitución, desconocimiento del precedente jurisprudencial y
defecto sustantivo, en la sentencia proferida el 17 de febrero de 2012, dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No.
11001333102120100047300.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO de manera definitiva la sentencia proferida
el 17 de febrero de 2012, por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
de Bogotá – Sección Segunda, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001333102120100047300, teniendo en
cuenta que la decisión allí adoptada es contraria a la normatividad y a la
jurisprudencia constitucional fijada en la materia. En su lugar, ORDENE al
despacho accionado, profiera nueva decisión subsanando los yerros alegados
en la presente tutela.
1.2. Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda, el apoderado de COLPENSIONES narró
que, mediante Resolución 004694 de 17 de febrero de 2010, reconoció pensión de
jubilación a favor de la señora Ana Isabel Hernández Peñuela, en aplicación del
Decreto 546 de 1971, y, en virtud del régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, tomó como IBL el promedio de los factores devengados
durante los últimos 10 años de servicio.
A instancias del recurso interpuesto contra el anterior acto administrativo, mediante
Resolución 01909 del 14 de mayo de 2010, se incrementó la cuantía de la mesada
inicialmente reconocida.
Inconforme con el monto de la prestación, la señora Hernández Peñuela interpuso
acción de tutela, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Quinto Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, que, en sentencia del 10 de agosto de 2010,
amparó transitoriamente los derechos de la accionante y ordenó que se reliquidara
la pensión con el IBL establecido en el Decreto 546 de 1971, en atención al 75%
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Juzgado 21 Administrativo de Bogotá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicios. La
decisión judicial se cumplió mediante Resolución 030526 del 15 de octubre de
2010.
Posteriormente, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, la señora Hernández Peñuela instauró demanda contra las Resoluciones
004694 del 17 de febrero y 01909 del 14 de mayo, ambas de 2010. Allí solicitó la
reliquidación de la pensión de jubilación con el IBL establecido en el Decreto 546
de 1971, pretensión que prosperó, en la medida en que el Juzgado 21
Administrativo de Bogotá (autoridad accionada), en sentencia del 17 de febrero de
2012, ordenó la liquidación de la mesada con el 75% de la asignación mensual más
elevada y todos los factores salariales devengados en el último año de servicios. A
esa decisión se le dio cumplimiento mediante Resolución GNR 122269 del 5 de
junio de 2013.
1.3. Argumentos de la tutela
Manifestó que la acción de tutela cumple a cabalidad los requisitos generales
exigidos para su procedencia contra la providencia judicial censurada. En relación
con la inmediatez, señaló que, de conformidad con el artículo 86 Superior, la
demanda puede incoarse en cualquier tiempo y, además, en el caso concreto se
establece que la afectación de los derechos fundamentales invocados es
permanente y sucesiva, puesto que la mesada se viene pagando mes a mes.
En cuanto a las causales específicas de procedencia, considera que la autoridad
judicial demandada incurrió en los siguientes defectos:
Defecto sustantivo. La sentencia censurada desconoció el precedente
jurisprudencial sobre la materia y otorgó un alcance indebido al artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, toda vez que no tuvo en cuenta que en las pensiones amparadas
por el régimen de transición previsto en esa norma, se aplican los requisitos de
tiempo de servicio, semanas cotizadas, edad y la tasa de reemplazo consagradas
en el régimen anterior que corresponda, pero el ingreso base de liquidación -IBL-,
se determina conforme a lo indicado en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993.
Sobre el particular, realizó un extenso análisis en el que hizo referencia a las
sentencias C-258 de 2013, C. 539 de 2011, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
395 de 2017, SU-631 de 2017, SU-068 de 2018, SU-114 de 2018, entre otras
proferidas por la Corte Constitucional; y a la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018, emitida por el Consejo de Estado, dentro del radicado
52001233300020120014301, M.P. César Palomino Cortés.
Violación directa a la Constitución Nacional. La sentencia cuestionada adolece
de este vicio porque la autoridad judicial accionada prefirió la aplicación de
disposiciones legales sobre las constitucionales, y las interpretó en contra de lo
dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-168 de 1995, C-596
1997; SU-230 de 2015, C-258 de 2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017, SU-631
de 2017, SU-068 de 2018 y T-109 de 2019, entre otras.
Adujo que la decisión censurada constituye un claro abuso al principio de
sostenibilidad del sistema pensional establecido en el artículo 48 de la Constitución
Política, adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005.
Además, considera que con la indebida interpretación del artículo 36 de la Ley 100
de 1993, el juzgado accionado incurrió en violación al debido proceso; y con el
desconocimiento o inaplicación del precedente jurisprudencial establecido en las
sentencias C-258 de 2013 y SU 230 de 2015, vulneró el acceso a la administración
de justicia de la administradora de pensiones.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 24 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador del
proceso en primera instancia admitió la demanda, dispuso que aquel se notificara
al juez 21 administrativo de Bogotá, al que requirió para que se pronunciara.
2.2. La juez ponente de la providencia cuestionada sostuvo que se profirió con el
lleno de los requisitos legales, y una vez efectuado el trámite procesal
correspondiente, sin que se advierta la vulneración o amenaza a derecho
fundamental alguno.
Adujo que la acción es improcedente porque COLPENSIONES no agotó todos los
medios disponibles para la salvaguarda de los derechos fundamentales que invoca
como vulnerados, habida consideración de que contra la sentencia del 17 de
febrero de 2012 no se interpuso el recurso de apelación procedente.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Juzgado 21 Administrativo de Bogotá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Aunado a lo anterior, agregó que la solicitud tampoco cumple con el requisito de
inmediatez, dado que pasaron más de diez años desde la ejecutoria de la
providencia objeto de reproche, y además, no se encuentra demostrada alguna de
las situaciones señaladas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-391 de
2016, que justifique que la entidad accionante haya dejado transcurrir tanto tiempo
sin interponer la tutela.
3. Fallo impugnado
La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022, declaró
improcedente la tutela, por estimar que no cumple con el requisito de inmediatez,
toda vez que desde la expedición de la sentencia (17 de febrero de 2012), «han
transcurrido más de 22 años (sic)», lo cual permite inferir que la vulneración
invocada no es grave ni urgente, de manera que no resulta razonable brindar la
protección inmediata que caracteriza a la acción constitucional.
Asimismo, adujo que contra la sentencia no se interpuso el recurso ordinario
procedente, por tanto, la accionante no puede pretender que luego de tantos años
se revoque la sentencia que censura.
4. Impugnación
El apoderado de COLPENSIONES sostuvo que la entidad inició su operación el 28
de septiembre de 2012, y que la Corte Constitucional mediante auto 110 del 2013
reconoció que existía un estado de cosas inconstitucional y dispuso ajustes al plan
de acción para corregir el atraso estructural del régimen de prima media.
Argumentó que debe tenerse presente que el número de expedientes y peticiones
en trámite en la entidad era desproporcionado, y no era posible la atención de todos
los asuntos oportunamente, de ahí que no se haya interpuesto el recurso de
apelación contra la sentencia cuestionada, pues la entidad no contaba con la
capacidad estructural para ejercer una defensa oportuna.
Agregó que conforme a la SU-427 de 2016 la acción de tutela es procedente incluso
cuando no se agotaron todos los recursos ordinarios o extraordinarios, siempre que
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existan circunstancias especiales, como lo es el referido estado de cosas
inconstitucional y el abuso palmario del derecho.
Frente al requisito de inmediatez, señaló que el juez debe evaluar las circunstancias
específicas del caso, de acuerdo a los principios de la sana crítica, con miras a
comprobar si existe justificación en la inactividad del accionante y, ante todo,
determinar si la vulneración de derechos fundamentales alegada por la parte actora
es permanente, continua y actual, lo cual, habilita la intervención del juez
constitucional. Para sustentar su tesis, citó las sentencias SU-391 de 2016, T-774
de 2015 y SU-427 de 2016, proferidas por la Corte Constitucional.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema Jurídico
En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar a
confirmar, revocar o modificar el fallo del 6 de diciembre de 2022, proferido la
Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el cumplimiento
de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Sólo en el evento de que se reúna
esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la autoridad
judicial accionada incurrió en los defectos endilgados y, por ende, vulneró los
derechos fundamentales invocados por COLPENSIONES.
2. Análisis de la Sala
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en
casos en los que se alega un abuso del derecho en materia pensional
Además de los requisitos generales2 y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales que han sido definidos por la jurisprudencia
2
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta
la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y
extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii)
que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.
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constitucional3, la Corte ha establecido reglas especiales de procedencia en
aquellos casos en los que se cuestionan providencias judiciales por incurrir en un
abuso del derecho en materia pensional, en esencia, estos lineamientos se
relacionan con la flexibilización de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez4.
• De la subsidiariedad en el caso concreto
La Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, señaló que el Acto
Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Política,
dispuso que «la ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las
pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales
válidamente celebrados». (Se destaca).
Agregó la Corte que, aunque ese precepto constitucional no ha sido desarrollado
mediante una ley, el ordenamiento jurídico consagra para esos fines el recurso
especial de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 5 y, conforme
con el artículo 251 del CPACA, ese mecanismo debe presentarse dentro de los 5
años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.
3
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, el juez de tutela debe
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional,
en la sentencia C-590 de 2005.
4 Estos lineamientos en principio se establecieron en casos en que la UGPP era accionante, pero
también son aplicables cuando la parte actora es COLPENSIONES, por tratarse de una entidad
administradora de pensiones que igualmente cuestiona providencias judiciales en asuntos
pensionales y que, además, alega la afectación permanente de los recursos públicos que administra
con ocasión de la condena impuesta, similitudes que se presentan y que hacen viable la aplicación
de dichas reglas por analogía, tal como lo hizo el alto tribunal constitucional en la sentencia T-365
de 2021.
5 «ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL
TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público
o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de
cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia,
de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la
República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por
el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para
este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». (Apartes tachados fueron declarados
inexequibles a través de sentencia C-835 de 2003).
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Por eso, en ese fallo dijo el tribunal Constitucional que «…ante la existencia de otro
mecanismo judicial como lo es el recurso de revisión consagrado en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP
para cuestionar decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido
en un abuso del derecho [o contrariando la ley], son improcedentes al tenor del
artículo 86 de la Constitución».
En criterio de la Sala, lo allí señalado se extiende a la causal de revisión prevista
en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA, de manera que es aplicable el análisis
de la Corte Constitucional que se mantiene vigente, como puede constatarse, entre
otras, en las sentencias SU-631 de 2017 y T-334 de 2021.
En estas providencias la Corte Constitucional destacó que la tutela sólo procedería
en los eventos en que se esté frente a un abuso palmario del derecho; para lo cual
estableció, principalmente, dos condiciones a saber: (i) un incremento pensional
sustancial en los últimos años que no sea consecuente con la historia laboral del
beneficiario; y (ii) que el aumento se derive de una vinculación precaria en cargos
con asignaciones salariales superiores derivados de encargos o nombramientos en
provisionalidad. Ello, sin perjuicio de que se puedan deducir otros eventos de esa
naturaleza.
Concretamente, la sentencia SU-631 de 20176 expuso:
Según lo resumió esta Sala en la Sentencia SU-427 de 2016, el debate judicial
sobre el abuso del derecho en la obtención de reliquidaciones que
presumiblemente quebrantan los principios y la sostenibilidad del sistema de
seguridad social en pensiones, tiene dos vías. Por un lado está el recurso de
revisión ante la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado (según la
jurisdicción a la que corresponda dirimir el asunto), que hace improcedente el
amparo y, por otro, la acción de tutela. Ésta última queda reservada
exclusivamente a los “casos de palmario abuso del derecho”.
(…)
Cabe destacar que la existencia del mecanismo de revisión tanto en la
jurisdicción laboral ordinaria, como en la contencioso administrativa implica
que, en principio, la acción de tutela no supera el análisis de procedencia, pues
la existencia de un mecanismo principal de acción judicial inhabilita al juez
constitucional para decidir el asunto de fondo, en casos como estos.
Sin embargo, existen casos particulares en los cuales de concretarse el riesgo
inminente que se ciñe sobre los derechos que se busca proteger, acarrearía
un perjuicio que no podría resarcirse y que impide o dificulta el ejercicio de los
derechos fundamentales. En la Sentencia SU-427 de 2016, esta Sala Plena
6 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
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estableció que asuntos como los que se analizan serían competencia del juez
constitucional, solo cuando el abuso del derecho aparezca de modo palmario.
En lo que sigue la Sala Plena de esta Corporación, con arreglo al patrón fáctico
de la Sentencia SU-427 de 2016 y con el ánimo de fijar criterios interpretativos
claros para establecer cuándo un abuso del derecho surge de modo palmario,
recogerá los lineamientos básicos para determinar los eventos en los que
resulta imperiosa la intervención del juez de tutela.
(…)
El carácter palmario del abuso del derecho debe ser identificado por el juez de
tutela al momento de hacer el análisis de procedencia de la acción de tutela.
No solo debe advertir (i) que el ejercicio del derecho pensional pudo haber
desbordado los límites que le impone el principio de solidaridad del sistema de
seguridad social –caso en el cual no debe perder de vista que la acción de
tutela será, en principio, improcedente ante la existencia del recurso de
revisión-, sino además (ii) constatar que la ventaja irrazonable que generó pone
en un riesgo inminente a los demás afiliados del sistema de seguridad social,
con ocasión de una anomalía en la interpretación judicial, en relación con la
cual CAJANAL no pudo ejercer su derecho de defensa y la UGPP se encuentra
obligada a hacer erogaciones cuantiosas que, por su carácter periódico,
atentan contra la equidad y la sostenibilidad del sistema, de manera actual.
Todo ello debe derivar de la elusión de los principios y de las reglas que rigen
el sistema pensional.
(…)
Entonces, la UGPP se encuentra facultada para cuestionar por vía de tutela,
exclusivamente, sentencias judiciales que, con ocasión de un abuso del
derecho en modo palmario, hayan hecho reconocimiento de mesadas
pensionales sin advertir la existencia de vinculaciones precarias y con
fundamento en ellas. En virtud del principio de inmediatez, tal posibilidad la
mantendrá por seis meses contados a partir de la notificación de esta decisión.
Pensiones logradas a través de abuso del derecho, del que no sea demostrado
su carácter palmario por parte de la UGPP solo podrán ser discutidas por ella
mediante el recurso de revisión regulado en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, por debido proceso, o por cualquier norma que desarrolle el mandato
incorporado en la Constitución, mediante el Acto Legislativo 01 de 2005.
Esa tesis fue reiterada en la sentencia T-334 de 20217, así:
Ahora, para determinar el abuso del derecho, la Corte ha señalado que se
presenta, entre otros supuestos, cuando: (i) se evidencia un incremento
pensional significativo en los últimos años de servicios, que escapa del sendero
ordinario de la carrera pensional del beneficiario y que conduce a que su
pensión no guarde ninguna relación o correspondencia con los aportes que
acumuló en su vida laboral, y/o (ii) que el aumento sea consecuencia de una
vinculación precaria en un cargo con ingresos salariales superiores como, por
ejemplo, las suplencias en el caso de los congresistas, el encargo como
magistrados y la asignación en cargos provisionales.
(…)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en casos en los que se alega un
posible abuso del derecho en un reconocimiento pensional, unificó su
jurisprudencia en relación con la satisfacción del requisito de subsidiaridad de
7 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo
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Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01
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Demandado: Juzgado 21 Administrativo de Bogotá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
la acción de tutela, a partir de la Sentencia SU-427 de 2016. Estas reglas fueron
objeto de precisión en la Sentencia SU-631 de 2017, en la que se supeditó la
procedencia de la acción de tutela, a pesar de que la UGPP cuente con la
posibilidad del recurso extraordinario de revisión que regulan los
artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, a que se trate de un supuesto de
abuso palmario del derecho, cuya configuración sujetó a dos
condiciones: (i) que se trate de una “vinculación precaria” y (ii) que se trate de
un “incremento excesivo en la mesada pensional”. En caso de que no se
acrediten estos presupuestos, no podría considerarse que se trata de un
caso de perjuicio irremediable que amerite la protección constitucional
transitoria. (Destaca la Subsección).
En la misma línea, se pronunció el alto tribunal en sentencia T-290 de 20228, en la
que precisó los criterios de «vinculación precaria» e «incremento excesivo de la
mesada pensional», así:
42. La Corte precisó que las vinculaciones precarias se presentan cuando
un servidor durante la mayor parte de su vida laboral aportó con una base de
cotización y luego, en el transcurso del último año de servicios, es nombrado
para un cargo de mayor remuneración por un tiempo corto y, con fundamento
en esa vinculación, obtiene un ingreso más alto que, conforme el artículo 6 del
Decreto 546 de 1971, sirve para calcular su IBL y estimar su mesada pensional
que, así, no responderá a la cotización histórica efectuada. La Corte indicó que
“En casos como los que se analizan en los que el marco temporal que sirve
para liquidar la prestación es el último año de servicios, se considerará una
vinculación precaria el ejercicio de una función en la Rama Judicial o en
el Ministerio Público que, conforme las particularidades del caso, sea
minúsculo para un periodo anual” (subrayado fuera de texto). De otra parte,
resaltó que la vinculación precaria con el Estado depende de dos factores. El
primero, el nivel de estabilidad que ofrece el vínculo entre el funcionario y el
cargo de mayor jerarquía y remuneración desempeñado, el cual es fuerte para
los nombramientos en propiedad por concurso de méritos y débil respecto de
los encargos, las provisionalidades y las propiedades de libre nombramiento y
remoción, “de las que puede surgir una vinculación precaria de las funciones
temporalmente ejercidas y nunca de los cargos a los que llega el funcionario
como consecuencia de un nombramiento efectuado por el derecho que otorga
una lista de elegibles”. El segundo factor consiste en el carácter exiguo del
vínculo, el cual “solo puede impactar a los nombramientos de libre
nombramiento y remoción, en provisionalidad y aquellos hechos en encargo,
que cobran relevancia para determinar la cuantía de la mesada pensional”.
43. Respecto del incremento excesivo de la mesada pensional, dicha
sentencia indicó que la mesada pensional debe haberse aumentado de tal
forma que implica un tratamiento diferenciado para quien la obtuvo y, con dicho
incremento, una ventaja ilegítima que comprometa los principios de igualdad y
solidaridad en el caso concreto. Asimismo, señaló que solo los incrementos que
sean evidentes y se descubran de un primer acercamiento al caso concreto
“ameritan la intervención del juez de tutela. Los demás pueden ser
cuestionados a través de la jurisdicción laboral ordinaria o contencioso
administrativa, según el caso. La remisión de los casos al juez ordinario, no
implica de ningún modo restarle relevancia al caso, sino constatar que la
urgencia que presenta es relativa y no notoria”. Si bien en la sentencia se hizo
referencia a las nociones de “ventaja irrazonable” o “ventaja ilegítima” respecto
de quien es titular de la pensión, así como a la falta de correspondencia entre
la pensión y la historia laboral, tales aspectos están relacionados con los
8 M.P. Alejandro Linares Cantillo
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Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones
Demandado: Juzgado 21 Administrativo de Bogotá
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
criterios de vinculación precaria e incremento excesivo de la mesada pensional
y parecen ser consecuencia de aquellos, como se desprende de lo expuesto
en la providencia. Finalmente, la Corte también señaló que la fijación de los
criterios frente al abuso palmario del derecho no obsta para que, en
consonancia con la independencia y la autonomía judicial, el juez consolide su
propia visión de los distintos casos concretos que se le presenten y determine
la procedencia, conforme su propio criterio, que deberá motivar de acuerdo a
las particularidades del caso concreto.
En esa oportunidad, la Corte fue enfática en señalar que le corresponde a la
administradora de pensiones accionante acreditar el abuso palmario del derecho,
demostrando al menos los dos criterios indicados por la jurisprudencia, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. Sobre el particular, señaló:
44. Las sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de 2017 han sido reiteradas
en providencias posteriores. Asimismo, la Corte ha resaltado que la UGPP tiene
la carga de acreditar la configuración del abuso palmario del derecho. Cabe
precisar que, en algunas decisiones, la Corte ha señalado como criterios para
acreditar dicho abuso únicamente la vinculación precaria y el incremento
excesivo de la mesada pensional mientras que, otras veces, ha añadido otros
criterios como la falta de correspondencia entre el reconocimiento pensional y
la historia laboral, y la ventaja irrazonable en comparación con otros
beneficiarios del sistema pensional.
45. Es importante resaltar que esta corporación ha sido exigente frente a
la configuración del abuso palmario del derecho y en varias oportunidades ha
declarado improcedentes acciones de tutela presentadas por la UGPP, al no
haberse acreditado dicho abuso, principalmente por no evidenciarse, o bien
una vinculación precaria, o un incremento excesivo en la mesada pensional.
Así, pueden citarse las sentencias SU-631 de 2017, T-034 de 2018, T-212 de
2018, SU-068 de 2018, SU-114 de 2018 y T-080 de 2019.
46. Asimismo, es necesario resaltar que en el Auto 769 de 2018 esta
corporación señaló que la verificación de uno solo de los criterios indicativos
del abuso palmario del derecho no es suficiente para predicar su ocurrencia y
resaltó que, de aceptarse la existencia de dicho abuso con base
exclusivamente en incrementos pensionales considerables, se desconocería la
jurisprudencia sobre la materia, se comprometería el carácter subsidiario de la
acción de tutela y se restaría eficacia al recurso extraordinario de revisión.
Bajo esa orientación, con el ánimo de establecer si la acción de tutela interpuesta
por COLPENSIONES cumple el requisito de subsidiariedad, se debe determinar si
la afectación invocada proviene de un abuso palmario del derecho, para lo cual es
determinante acreditar no sólo que el incremento pensional es sustancial, lo que en
este caso es evidente9, sino también que dicho aumento se haya originado en una
vinculación precaria.
9 La mesada pensional reconocida inicialmente por la administradora de pensiones ascendía a
$3.499.271 (para el año 2010, según la Resolución 01909 de 2010) y una vez reliquidada en
cumplimiento de la sentencia censurada se incrementó a $12.750.693 (R. GNR 122269 de 2013).
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Ahora bien, no sobra señalar que contra la sentencia censurada, proferida por el
Juzgado 21 Administrativo de Bogotá el 17 de febrero de 2012, la entidad
interesada no interpuso el recurso de apelación, y tampoco intentó oportunamente
el recurso de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, no obstante,
conforme con la orientación jurisprudencial en la materia, la Sala pasa a examinar
si existe un abuso palmario del derecho, caso en el cual habría lugar a flexibilizar
los requisitos de subsidiariedad e inmediatez.
En el sub lite, COLPENSIONES sostiene que «la señora ANA ISABEL
HERNANDEZ PEÑUELA quien laboró para la Rama Judicial en propiedad en el
cargo de JUEZ DEL CIRCUITO desde el año 1991, percibiendo un salario mensual
para los años 2009 y 2010 de $5.154.000, durante solo tres meses del año 2009,
desempeñó las labores de MAGISTRADA y registró cotizaciones mensuales por un
valor de $12.422.000, vinculación precaria que, a la postre, la llevó a obtener una
ventaja irrazonable y un incremento del 264% del valor de la mesada pensional,
derivada de la sentencia atacada»; no obstante, revisado el material probatorio
allegado por la accionante, se encontró lo siguiente:
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La historia laboral de la pensionada refleja que su vinculación como magistrada de
Tribunal no fue por tres meses, como lo asegura la accionante, toda vez que el
último año de servicio corrió entre el 30 de abril de 2009 y el 30 de abril de 2010, y
se verifica que al menos durante la mitad de ese periodo, la titular del derecho
desempeñó el cargo que le proporcionó el incremento pensional.
Aunado a ello, de la misma historia laboral se descarta que durante el último año
de servicio la señora Hernández Peñuela hubiese ingresado de manera fugaz al
cargo, con el único fin de obtener el incremento en su prestación, por cuanto se
nota con claridad que al 30 de abril de 2009, esto es, al iniciar el periodo de
liquidación (último año de servicio) ya venía ocupando el empleo de magistrada, el
cual había desempeñado temporalmente desde el año 2006, con interrupciones,
sumando en total 1 año, 11 meses y 17 días. En todo caso, COLPENSIONES no
se ocupó de acreditar las minucias de las situaciones administrativas que dieron
lugar a esos nombramientos transitorios, de manera que no se conoce si se trató
de encargos, licencias o nombramientos provisionales para cubrir vacantes
temporales o definitivas.
En ese orden, de cara al cumplimiento de los requisitos generales, la vinculación
de la señora Ana Isabel Hernández Peñuela no puede ser calificada como fugaz o
precaria, de modo que no es válido afirmar que se está presencia de un abuso
palmario del derecho y, por ende, no es viable flexibilizar la exigencia de
subsidiariedad como lo pretende la accionante. En consecuencia, se concluye que
la acción impetrada no cumple ese requisito general de procedencia.
• De la inmediatez en el caso concreto
La Corte Constitucional, en las sentencias SU-427 de 2016 y SU 631 de 2017, se
refirió a la flexibilización en aquellos casos en que la UGPP promueve la acción de
tutela contra providencias que reconocieron pensiones con abuso palmario del
derecho, en el sentido de indicar que el estado de cosas inconstitucional en el que
estuvo inmersa CAJANAL hasta el momento de la liquidación de esa entidad,
evidencia su imposibilidad fáctica de respuesta para constatar el cumplimiento de
los requisitos de procedencia de la acción, lo cual justifica que sobrepase el término
de seis meses establecido por la jurisprudencia constitucional como plazo para
incoar la acción de tutela contra providencias judiciales.
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Radicación: 25000-23-15-000-2022-01257-01
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Sobre este punto, al efectuar un recuento de las sentencias de unificación en cita,
la Corte en sentencia T-290 de 2022, sintetizó:
47. Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte también se ha pronunciado
acerca del requisito de inmediatez en estos casos y ha flexibilizado su
estudio teniendo en cuenta, de un lado, el estado de cosas inconstitucional
que se declaró frente al bloqueo institucional de CAJANAL y a la posterior
subrogación de funciones que tuvo lugar con la UGPP y, de otro lado, la
afectación permanente en el tiempo de los derechos invocados10. (…)
Conforme a lo anterior, son dos los aspectos que determinan la flexibilización del
requisito de inmediatez en estos asuntos: (i) el estado de cosas inconstitucional que
atravesó CAJANAL antes de ser subrogado en sus funciones por la UGPP y (ii) la
afectación permanente en el tiempo de los derechos invocados.
Ahora bien, es cierto que en los casos analizados en las providencias acotadas el
extremo activo fue la UGPP, sin embargo, esa interpretación también fue acogida
por la Corte Constitucional en casos en que COLPENSIONES era la accionante,
por tratarse de solicitudes de amparo presentadas por una entidad administradora
de pensiones, en la que igualmente se cuestionaban providencias judiciales
proferidas en asuntos pensionales, con la consecuente afectación permanente de
los recursos públicos surgida de la condena impuesta11.
Dicho lo anterior, la Sala verifica que la transición del ISS a COLPENSIONES
estuvo subsumida en un estado de cosas inconstitucional, cuando se realizó la
transición del ISS, que fue declarado por la Corte en auto 110 del 5 de junio de
201312, en razón al desbordamiento de solicitudes de ciudadanos en puntos de
atención, al alto volumen de solicitudes de reconocimiento sin resolver, al proceso
de corrección manual de historias laborales y al alto volumen de tutelas sin atender,
entre otras situaciones que verificó la corporación en esa oportunidad. Este
escenario se mantuvo hasta el 18 de diciembre de 2015, cuando fue levantado por
la sentencia T-774 del 2015, que lo declaró superado.
10 Corte Constitucional, sentencias SU-631 de 2017, T-034 de 2018, T-039 de 2018, T-212 de 2018
y SU-114 de 2018. En la sentencia SU-631 de 2017, la Corte encontró satisfecho este requisito a
pesar de que los amparos se presentaron aproximadamente entre 10 años, 2 años y 6 años después
de las decisiones cuestionadas y en la sentencia SU-114 de 2018 la Corte también estimó cumplido
el requisito a pesar de que las acciones de tutela se presentaron entre 1 año y 10 meses, hasta 2
años y 5 meses luego del hecho vulnerador.
11 Sobre el particular, ver la sentencia T-365 de 2021, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
12 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
Así las cosas, se evidencia que el estado de cosas inconstitucional invocado por el
apoderado de COLPENSIONES no justifica el lapso, a todas luces excesivo, que
transcurrió desde que se profirió la sentencia objeto de reproche, que data del 17
de febrero de 2012, hasta la radicación de la acción de la referencia (24 de
noviembre de 2022). Principalmente, porque el estado de cosas inconstitucional
llegó a su fin el 18 de diciembre de 2015, es decir, que a partir de esa fecha la
entidad accionante estuvo en capacidad de ejercer el mecanismo constitucional y
no lo hizo sino hasta el 24 de noviembre de 2022.
Aunque el estado de cosas inconstitucional podría explicar por qué en su momento
COLPENSIONES no apeló la sentencia condenatoria que ahora considera
expedida con abuso del derecho, de ninguna manera justifica su posterior inacción,
pues desde que la Corte Constitucional declaró superada aquella situación la
entidad hubiera podido interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20
de la Ley 797 de 2003, para lo cual tenía hasta el 13 de marzo de 2017, sin
embargo, así no lo hizo, y ahora pretende remediar ese descuido por vía de acción
de tutela.
En cuanto al segundo aspecto a revisar, cual es la afectación permanente en el
tiempo de los derechos invocados, la Sala recuerda que en la sentencia SU-108 de
201813 la Corte Constitucional señaló «(…) que el carácter tracto sucesivo de una
pretensión no es suficiente para explicar la demora en que se haya incurrido en el
ejercicio del amparo constitucional, por su naturaleza residual y subsidiaria de
defensa judicial».
Significa lo anterior que la jurisprudencia constitucional ha decantado que para
flexibilizar el requisito de inmediatez no basta con que la parte actora alegue la
afectación permanente de los derechos invocados, por tratarse del pago de una
prestación periódica o de tracto sucesivo, sino que es imperioso que se presenten
otros elementos que justifiquen el no haber interpuesto la acción en el término
previsto para ello. En ese sentido, en la sentencia SU 108 de 2018, la Corte
Constitucional sostuvo:
56. De esta forma, la Sala concluye que, a partir de la línea jurisprudencial
trazada por esta Corporación en las sentencias T-088 de 2017, SU-168 de
2017, T-038 de 2017 y SU-069 de 2018, en el análisis del requisito de
inmediatez de las acciones de tutela contra providencias judiciales que
niegan la indexación de la primera mesada pensional y en las cuales ha
13 Criterio reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia T- 365 de 2021.
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transcurrido un tiempo considerable entre la interposición de la acción de
tutela y la sentencia que constituye el hecho vulneratorio de los derechos
fundamentales, el juez constitucional deberá tener en cuenta, entre otros,
los siguientes elementos, que son de naturaleza enunciativa y su valoración
se encuentra sujeta a cada caso concreto:
(i) Que exista una razón justificada que explique por qué el accionante
no interpuso la acción de tutela dentro de un plazo razonable y justifique la
tardanza en actuar. Dicha justificación puede fundamentarse en la
ocurrencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito, en la incapacidad
o imposibilidad del actor para interponer la tutela en un término razonable o
en la ocurrencia de un hecho nuevo que cambie de manera drástica las
circunstancias del caso concreto.
A su vez, en el evento en el que el accionante justifique la tardanza en
interponer la acción constitucional en un hecho nuevo, se deberá evidenciar
que la haya interpuesto dentro de un término razonable frente a la ocurrencia
del hecho nuevo.
(ii) Que durante el tiempo en el que se presentó la tardanza en la
interposición de la acción de tutela, se evidencie que existió diligencia de
parte del accionante en la gestión del reconocimiento de la indexación de
su mesada pensional, a través de la formulación de las acciones ordinarias
que sean pertinentes para ese propósito. Este criterio contribuye a
demostrar, en principio, el carácter actual y permanente del daño causado
al accionante por la vulneración a sus derechos fundamentales. (…)
(iii) Que se acredite la existencia de circunstancias que ubiquen al
accionante en una situación de debilidad manifiesta, por cuenta de la cual
resulte desproporcionado solicitarle la interposición de la acción de
tutela dentro de un plazo razonable. Dicha circunstancia se puede
acreditar, bien sea por una condición de salud física o mental, así como por
una situación socioeconómica desfavorable, que vuelva
desproporcionadamente arbitrario exigir la interposición de la acción en un
plazo razonable.
En ese contexto, pese a que se alegue que la reliquidación ordenada por el Juzgado
21 Administrativo de Bogotá comporta una afectación continua y permanente de los
derechos fundamentales de COLPENSIONES, lo cierto es que en el caso bajo
examen dicha entidad se demoró casi diez años en interponer la acción de tutela y
no acreditó (i) la existencia de un suceso de fuerza mayor o caso fortuito que
explique su tardanza; (ii) la existencia de un hecho nuevo que justifique la
presentación de la acción después de tanto tiempo; (iii) su diligencia en la
formulación de otros mecanismos ordinarios para restablecer los derechos que
estima conculcados; ni (iv) que se encontrara en una situación de debilidad
manifiesta o imposibilidad, como lo sería el estado de cosas inconstitucional, puesto
que el mismo se superó el 18 de diciembre de 2015.
Bajo el escenario descrito, la Sala no encuentra razones para flexibilizar el requisito
de inmediatez en este caso y, por tanto, lo tiene como no superado, puesto que,
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
encuentra probada, más bien, la falta de diligencia de Colpensiones para ejercer
los mecanismos de protección de sus derechos, como se evidenció a lo largo de
esta providencia.
En esas condiciones, ante el incumplimiento de los dos requisitos previamente
expuestos: subsidiariedad e inmediatez, la acción de tutela de la referencia resulta
improcedente. Como consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, pero por las
razones aquí esgrimidas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 6 de diciembre de 2022, proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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