Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-01309-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2022-01309-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2022-01309-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
16 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá, D.C. dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 25000-23-15-000-2022-01309-01
Accionante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Accionado: JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ
Tema: Acción de tutela / derecho de petición y acceso a la
administración de justicia
Acción de tutela – sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el señor
Ericsson Ernesto Mena Garzón contra la providencia del 16 de enero de
2023, mediante la cual la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la acción de tutela de la
referencia.
I. ANTECEDENTES
El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón, quien actúa a nombre propio,
instauró acción de tutela en contra el Juzgado 22 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de obtener el amparo de los
derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de
justicia, con fundamento en los siguientes:
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ACCIÓN DE TUTEL A
Radicado: 25000-23-15-000-2022-01309-01
Ac c i o n a n t e : E r i c s s o n E r n e s t o M e n a G a r z ó n
1. HECHOS
El 7 de noviembre de 2022, el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón,
radicó derecho de petición ante el Juzgado Veintidós Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá sin que a la fecha de la presentación de la
presente acción de tutela haya obtenido respuesta alguna.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
El señor Ericsson Ernesto Mena Garzón sostuvo que la demora en la
respuesta a la petición que radicó el 7 de noviembre de 2022 vulnera
sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
Por otro lado, expuso que el Juez Veintidós Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá no se encuentra capacitado para resolver sobre los
temas ambientales contenidos en la acción popular que cursa en su
Despacho y tampoco acude al concepto de un profesional especializado
en temas como entomología, toxicología ambiental, entre otros.
3. PRETENSIONES
Por lo anterior, solicitó:
«1. Se TUTELE los derechos constitucionales consagrados en los ARTÍCULO
8,11,23,29,49,79,80 y 229.
2. Se ORDENE al JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA -
BOGOTA, en cabeza del Señor JUEZ LUIS OCTAVIO MORA BEJARANO, dar
respuesta de fondo y de forma al cuestionario del día 07 de noviembre del 2022.
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3. Se ORDENE al JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA –
BOGOTA presentar evidencias que demuestren que el proceso de demanda Acción
popular
Proceso: A.P. 11001333502220170035600
Accionantes: VLADIMIR LENIN RODRÍGUEZ y OTROS
Accionados: BOGOTÁ, D.C. y OTROS
Controversia: DERECHO AL GOCE DE UN AMBIENTE SANO Y OTROS
Se ha efectuado en todas las etapas procesales con todo el rigor científico y técnico, deberá
presentar certificados de que tiene la formación profesional en temas y derecho
ambientales y que ha acudido a peritaje experto para la toma de decisiones en esta
demanda de acción popular.
3. Se solicita se DECRETE MEDIDA PROVISIONAL a todo tipo de decisión emitida
por el JUZGADO 22 ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA – BOGOTA, hasta
que demuestre la IDONEIDAD, la EXPERIENCIA y la FORMACION PROFESIONAL
en temas ambientales y demuestre que se ha apoyado con expertos en temas ambientales
para la toma de decisiones en todas las etapas procesales de la demanda de acción popular
Proceso: A.P. 11001333502220170035600». (Sic en toda la cita)
4. INFORMES
Mediante auto de 12 de diciembre de 2022, la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió
la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Juzgado
Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá como
accionado.
4.1. El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá manifestó que la acción popular identificada con el radicado
11001333502220170035600, donde el accionante funge como
coadyuvante, actualmente se encuentra al Despacho para proferir auto
que resuelve la solicitud de pruebas y, además, debe resolver quince
(15) solicitudes, en su mayoría, elevadas por el actor Vladimir Lenin
Rodríguez y el coadyuvante Ericson Ernesto Mena Garzón.
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En ese orden de ideas, sostuvo que para poder dar continuidad al
proceso es necesario revisar minuciosamente el expediente que cuenta
con 6 cuadernos principales con más de 1000 páginas, varios videos y
las 15 solicitudes que no han sido resueltas y que cuentan con más de
192 páginas.
Ahora, en lo que tiene que ver con el memorial radicado el 8 de
noviembre de 2022, el señor Ericsson Mena Garzón solicitó lo siguiente:
1. Qué determinación o acciones se han tomado por parte de este
despacho con base al documento técnico aportado por el suscrito,
documento emitido por la SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
que en calidad de AUTORIDAD AMBIENTAL y parte demandada
como documento toxicológico, que demuestra la presencia de
sustancias químicas peligrosas en el predio en litigio predio de la
antigua planta de Bavaria en la localidad de Kennedy que pueden
afectar la fauna vertebrada e invertebrada, la flora y la SALUD
HUMANA.
2. Qué determinación o acciones se han tomado por parte de este
despacho con base en el tema de fauna silvestre y la afectación
a la misma por los procesos constructivos del proyecto PLAN
PARCIAL BAVARIA FABRICA Y AVENIDA GUAYACANES, en el
entendido que desde el Misterio Público en la primera audiencia
de pacto de cumplimiento se pidió información sobre la entidad
que era la encargada de los animales presentes en este predio,
lo cual se puede denominar como FAUNA SILVESTRE sea
vertebrada o invertebrada.
3. Responda por que en ninguna de las ETAPAS PROCESALES de la
presente demanda de ACCIÓNPOPULAR, se mencionó el tema de
la sustracción del PREDIO EN CESIÓN COMO RESERVA VIAL del
proyecto Avenida guayacanes, en el entendido que la demanda
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claramente cita medida de protección para el “PREDIO DE
BAVARIA” predio del cual fue sustraído el predio en cesión sin que
se advirtiera en ningún momento de las etapas procesales a la
parte demandada.
4. Responda en que momento de las etapas procesales de la
presente demanda de ACCIÓN POPULAR se advierte a la parte
demandada de la sustracción del predio en cesión del predio que
inicialmente fue sujeto a medida de protección.
5. Responda bajo qué formación académica de índole AMBIENTAL,
científica o apoyo técnico tiene este despacho para evaluar
pruebas, testimonios o documentales relevantes para esta
demanda de ACCIÓN POPULAR, adjuntar soportes que
demuestren la experiencia y la experticia en litigios de esta
índole.
6. Responda que determinación o acciones se han tomado por parte
de este despacho en cuanto al tema de desactualización de los
estudios forestales efectuados en el predio en litigio, en el
entendido que la norma que rige estos estudios claramente
declara que están sujetos a CADUCIDAD.
7. Responda que criterios técnicos y científicos, sirvieron para que
este despacho determinara que el uso de herbicidas en el predio
en litigio, no se consideraba una grave amenaza a la fauna y la
flora sujeta a protección por la presente demanda de acción
popular y a su vez una grave amenaza a los intereses colectivos.
8. Responda que determinación o acciones se han tomado por parte
de este despacho, en cuanto se advierte que el DERECHO A UN
AMBIENTE SANO aparte de ser un derecho colectivo, es un
derecho humano de acuerdo a la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró el 28 de julio de 2022, que todas las
personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente
saludable.
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9. Responda como se adoptará el ACUERDO DE ESCAZÚ la cual es
ya una ley colombiana en el presente litigio.
Asimismo, solicitó lo siguiente:
• Se efectúe audiencia de pruebas de manera ORAL y por medio de
entorno virtual. dado que el suscrito por estar bajo amenaza de
muerte no puede efectuar presencialmente la misma.
• Se tenga en cuenta el testimonio del Biólogo FIDEL POVEDA para
la esta audiencia de pruebas.
• Se determine que todas las pruebas aportadas por FIDUCIARIA
DAVIVIENDA y efectuadas por MASTERPLAN S.A.S, que
contengan información correspondiente a inventarios forestales
del predio en litigio, sean rechazadas por estar sujetas a
DESACTUALIZACIÓN dado que la norma que aplica para estudios
forestales afirma que poseen una CADUCIDAD.
• Se determine que todas las pruebas aportadas por la SDA que
contengan información correspondiente a inventarios forestales
del predio en litigio sean rechazadas por estar sujetas a
DESACTUALIZACIÓN dado que la norma que aplica para estudios
forestales afirma que poseen una CADUCIDAD.
Frente a las anteriores peticiones, manifiesta que el coadyuvante ha
sido notificado sobre todas las actuaciones procesales realizadas por el
Despacho desde su vinculación a la acción popular, por lo que resulta
inapropiado revivir los términos otorgados para impugnar las decisiones
debidamente ejecutoriadas.
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Por otro lado, no puede el señor Ericsson Ernesto Mena a través de
peticiones pretender que se resuelva la controversia de fondo, puesto
que la acción popular cuenta con etapas procesales que se deben
adelantar a efectos de no vulnerar a las partes e intervinientes.
Ahora, sobre las solicitudes probatorias, señaló que el Despacho
realizará el pronunciamiento en la providencia que emitirá una vez
culmine el análisis de las múltiples solicitudes realizadas y documentos
aportados al expediente por el coadyuvante y las demás partes
intervinientes.
Finalmente, manifestó que ha contestado alrededor de 12 acciones de
tutela presentadas por los accionantes y el señor Ericsson Ernesto Mena
como coadyuvante.
5. LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través de sentencia del 16 de enero de 2023, negó el
amparo solicitado al considerar que la etapa probatoria es el escenario
para el decreto de los peritajes sin que se pueda descalificar desde
ahora al juez, tampoco puede hacerse uso de la figura del derecho de
petición dentro del trámite de un proceso por cuanto cada acción o
medio de control tiene su ritualidad y expuso que tampoco existe una
mora producto de la negligencia o arbitrariedad del juez conductor.
6. IMPUGNACIÓN
El accionante recurrió el fallo de primera instancia y manifestó que el
Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá ha
efectuado una serie de omisiones que afectan la integridad de la acción
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popular ya que como coadyuvante ha advertido de una gran cantidad
de elementos probatorios que demuestran que la parte demandada
vulnera los derechos e intereses colectivos de las comunidades
aledañas al predio en litigio.
Así las cosas, la calidad de las pruebas se ha visto afectada por el
desconocimiento técnico y profesional por parte del Despacho y se
vulnera el derecho a controvertirlas por no correrse traslado a la parte
demandante y además jamás han sido evaluadas por un experto.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1ero del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:
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¿El Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
vulneró los derechos fundamentales de petición y acceso a la
administración de justicia del accionante al no dar respuesta a la
petición que radicó el 7 de noviembre de 2022?
3. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, “Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto”.
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.
3. Del derecho de petición ante autoridades judiciales1
1 Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2007.
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En lo que respecta al derecho de petición ante las autoridades
judiciales, la Corte Constitucional ha señalado2 que, si bien es cierto,
este derecho puede ejercerse ante los jueces y, en consecuencia, estos
se hallan obligados a tramitar y responder las solicitudes que se les
presenten en los términos que la ley señale, pues de no hacerlo
desconocen esta garantía fundamental, también lo es que el juez y las
partes están sometidos a las reglas propias del proceso judicial:
«El juez o magistrado que conduce un proceso judicial está sometido -
como también las partes y los intervinientes- a las reglas del mismo,
fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales
contempladas para las actuaciones administrativas no son
necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le son
presentadas peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos
en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada
juicio (artículo 29 C.P.)»3.
Por lo tanto, la misma Corte advirtió que:
«Debe distinguirse con claridad entre aquellos actos de carácter
estrictamente judicial y los administrativos que pueda tener a su cargo
el juez. Respecto de estos últimos son aplicables las normas que rigen
la actividad de la administración pública, es decir, en la materia bajo
análisis, las establecidas en el Código Contencioso Administrativo
(Decreto 01 de 1984)»4.
De esta manera, la misma Corte señaló:
«Las actuaciones del juez dentro del proceso están gobernadas por la
normatividad correspondiente, por lo cual las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél en asuntos relacionados
con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del
proceso»5.
2 Sentencia T-334 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
3 Ibídem
4 Ibídem
5 Sentencia T-344 de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
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En consecuencia, la solicitud de pruebas, acumulación de procesos, de
denuncia del pleito, entre otros, se deben tramitar conforme a las reglas
señaladas por los respectivos ordenamientos procesales.
En ese orden de ideas, el máximo Tribunal Constitucional estableció
que la omisión del funcionario judicial en resolver las solicitudes
formuladas por las partes o sus apoderados, propias de la actividad
jurisdiccional, no configura una violación del derecho fundamental de
petición, sino al debido proceso6 y al acceso de la administración de
justicia,7 en la medida en que dicha conducta, al desconocer los
términos de ley sin motivo probado y razonable, implica una dilación
injustificada8 al interior del proceso judicial, la cual está proscrita por
el ordenamiento constitucional (CP, arts. 29 y 229).
4. Caso concreto
En el presente asunto, el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón,
interpone la presente acción de tutela, al considerar vulnerados sus
derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de
justicia por parte del Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, como consecuencia de la omisión en dar respuesta
a la petición que radicó el 7 de noviembre de 2022.
Así las cosas, se tiene que la petición contenía los siguientes
requerimientos:
6 Ver las sentencias T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-178 de 2000, M.P.
José Gregorio Hernández Galindo; T-007 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y T-604 de 1995,
M.P. Carlos Gaviria Díaz.
7El derecho de acceso a la administración de justicia ha sido desarrollado por la Corte
Constitucional en varias sentencias; entre ellas, pueden citarse las siguientes: Sentencia T-006
de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; T-173 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo;
C-416 de 1994 y T-268 de 1996, M.P. Antonio Barrera Carbonell, entre muchas otras.
8 Corte Constitucional T-368/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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[…]
1. Que determinación o acciones se han tomado por parte de este despacho con base
al documento técnico aportado por el suscrito, documento emitido por la
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE que en calidad de AUTORIDAD
AMBIENTAL y parte demandada como documento toxicológico, que demuestra
la presencia de sustancias químicas peligrosas en el predio en litigio predio de la
antigua planta de Bavaria en la localidad de Kennedy que pueden afectar la fauna
vertebrada e invertebrada, la flora y la SALUD HUMANA.
2. Que determinación o acciones se han tomado por parte de este despacho con base
en el tema de fauna silvestre y la afectación a la misma por los procesos
constructivos del proyecto PLAN PARCIAL BAVARIA FABRICA Y AVENIDA
GUAYACANES, en el entendido que desde el Misterio Público en la primera
audiencia de pacto de cumplimiento se pidió información sobre la entidad que era
la encargada de los animales presentes en este predio, lo cual se puede denominar
como FAUNA SILVESTRE sea vertebrada o invertebrada.
3. Responda por que en ninguna de las ETAPAS PROCESALES de la presente
demanda de ACCIÓNPOPULAR, se mencionó el tema de la sustracción del
PREDIO EN CESIÓN COMO RESERVA VIAL del proyecto Avenida
guayacanes, en el entendido que la demanda claramente cita medida de protección
para el “PREDIO DE BAVARIA” predio del cual fue sustraído el predio en cesión
sin que se advirtiera en ningún momento de las etapas procesales a la parte
demandada.
4. Responda en que momento de las etapas procesales de la presente demanda de
ACCIÓN POPULAR se advierte a la parte demandada de la sustracción del predio
en cesión del predio que inicialmente fue sujeto a medida de protección.
5. Responda bajo qué formación académica de índole AMBIENTAL, científica o
apoyo técnico tiene este despacho para evaluar pruebas, testimonios o
documentales relevantes para esta demanda de ACCIÓN POPULAR, adjuntar
soportes que demuestren la experiencia y la experticia en litigios de esta índole.
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6. Responda que determinación o acciones se han tomado por parte de este despacho
en cuanto al tema de desactualización de los estudios forestales efectuados en el
predio en litigio, en el entendido que la norma que rige estos estudios claramente
declara que están sujetos a CADUCIDAD.
7. Responda que criterios técnicos y científicos, sirvieron para que este despacho
determinara que el uso de herbicidas en el predio en litigio, no se consideraba una
grave amenaza a la fauna y la flora sujeta a protección por la presente demanda de
acción popular y a su vez una grave amenaza a los intereses colectivos.
8. Responda que determinación o acciones se han tomado por parte de este despacho,
en cuanto se advierte que el DERECHO A UN AMBIENTE SANO aparte de ser
un derecho colectivo, es un derecho humano de acuerdo a la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró el 28 de julio de 2022, que todas las personas del
mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable.
9. Responda como se adoptará el ACUERDO DE ESCAZÚ la cual es ya una ley
colombiana en el presente litigio.[…].
Asimismo, realizó las siguientes solicitudes:
[…]
1. Se efectúe audiencia de pruebas de manera ORAL y por medio de entorno virtual.
dado que el suscrito por estar bajo amenaza de muerte no puede efectuar
presencialmente la misma.
2. Se tenga en cuenta el testimonio del Biólogo FIDEL POVEDA para la esta
audiencia de pruebas.
3. Se determine que todas las pruebas aportadas por FIDUCIARIA DAVIVIENDA
y efectuadas por MASTERPLAN S.A.S, que contengan información
correspondiente a inventarios forestales del predio en litigio, sean rechazadas por
estar sujetas a DESACTUALIZACIÓN dado que la norma que aplica para
estudios forestales afirma que poseen una CADUCIDAD.
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4. Se determine que todas las pruebas aportadas por la SDA que contengan
información correspondiente a inventarios forestales del predio en litigio sean
rechazadas por estar sujetas a DESACTUALIZACIÓN dado que la norma que
aplica para estudios forestales afirma que poseen una CADUCIDAD. […].
De conformidad con lo anterior, observa esta Sala de Subsección que
lo pretendido por el accionante con las solicitudes formuladas ante el
Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá es
utilizar el derecho de petición para impulsar el proceso o para
adelantarse a las etapas procesales contempladas en la Ley.
En ese orden de ideas y tal cual lo manifestó el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón no puede
hacer uso del derecho de petición para adelantarse a los trámites del
proceso por cuanto en este caso la acción popular tiene sus propias
ritualidades y sus respectivas etapas procesales, por lo que las
solicitudes y requerimientos deben ser radicadas en los momentos
procesales dispuestos para ello frente a los cuales podrá utilizar los
recursos a que haya lugar en caso de considerarlo necesario.
Así las cosas, esta Sala de Subsección confirmará el fallo del 16 de
enero de 2023 proferido por la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó el amparo solicitado
por el señor Ericsson Ernesto Mena Garzón.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda, Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
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FALLA
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 16 de enero de 2023,
proferida por la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
negó el amparo solicitado por el señor Ericsson
Ernesto Mena Garzón.
.
SEGUNDO. - REGÍSTRESE la presente providencia en la
plataforma SAMAI.
TERCERO. - ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dieciséis (16) de febrero de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
www.consejodeestado.gov.co 15
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
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