Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2022-01339-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2022-01339-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2022-01339-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
2 de marzo de 2023
Radicado: 25000-23-15-000-2022-01339-01
Demandante: Juan Manuel Valdés Barcha
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2022-01339-01
Demandante: JUAN MANUEL VALDÉS BARCHA
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN –
PROCURADURÍA SEXTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO
DE ESTADO CON FUNCIONES DE JUZGAMIENTO
DISCIPLINARIO Y SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE
JUZGAMIENTO
Temas: Acción de tutela contra fallo disciplinario. Sanción de
destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Incumplimiento del requisito de subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora contra la sentencia de 17 de enero de 2023, dictada
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“B”, en la que declaró improcedente la acción de tutela por considerar que no
cumplió el requisito de la subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante manifestó que el 30 de abril de 2015, mientras se encontraba
desempeñando el cargo de Director Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje
(en adelante SENA), la señora Rusby Cecilia Vargas Almeida formuló queja por
acoso laboral en su contra ante el Comité de Convivencia Laboral de la entidad,
de la que, aseguró, no cuenta con copia ni tampoco reposa en el expediente del
proceso disciplinario. Agregó que, como consecuencia de dicha queja, el 15 de
septiembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de conciliación, en donde ambas
partes aceptaron que no hubo acoso laboral y asumieron los compromisos de
mejora para resolver la situación.
Refirió que el 15 de septiembre de 2015 se llevó a cabo la audiencia de
conciliación, en donde ambas partes aceptaron que no hubo acoso laboral y
asumieron los compromisos de mejora para resolver la situación.
No obstante, el 29 de marzo de 2017 recibió una citación de la Procuraduría
General de la Nación, con el fin de que rindiera una versión libre frente a la
referida queja por acoso laboral.
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Mencionó que no fue notificado por el Comité de Convivencia Laboral del
incumplimiento de la conciliación, ni tuvo ninguna otra supuesta conducta de
acoso laboral.
Afirmó que el 15 de marzo de 2022 se le notificó que contaba con diez (10) días
hábiles para alegar de conclusión, sin embargo, no se le descorrió traslado de
pruebas, ni se le otorgó acceso al expediente.
Manifestó que el 24 de marzo de 2022 solicitó que se le asignará una cita para
consultar el expediente el día 25 de marzo de 2022 o que se le remitiera copia
digital del mismo.
Refirió que el 25 de marzo de 2022, el despacho remitió un correo electrónico con
dos archivos ilegibles, por lo que ese mismo día solicitó que se reenviará porque
los archivos adjuntos estaban dañados.
Aseveró que el 28 de marzo de 2022 se reenvió el expediente mediante “un Drive,
pero los archivos no tienen permiso de acceso para su consulta”.
Sostuvo que el 30 de marzo de 2022 solicitó que se le ampliara el término para
alegar de conclusión, dado que no se habían remitido los elementos probatorios
necesarios para ello. La solicitud fue resuelta por el despacho manifestando que
siempre ha habido acceso al expediente y que, en todo caso, los elementos
probatorios se habían trasladado el 22 de ese mismo mes y año.
Aseguró que el mismo día, luego de comunicarse telefónicamente con el
despacho del Procurador, le fue remitido el expediente a las 3:58 p.m. y que
procedió a remitir el memorial de alegatos de conclusión.
Manifestó que el 1 de abril de 2022, la Procuraduría Sexta Delegada ante el
Consejo de Estado con funciones de Juzgamiento emitió fallo disciplinario en el
que se resolvió sancionar con destitución e inhabilidad general por el término de
diez (10) años al señor Juan Manuel Valdés Barcha, por considerar que se
encontró demostrado que cometió la conducta de acoso laboral en los términos
establecidos en la Ley 1010 de 2006 (IUS 2015-448672-IUC-D-2016-120-883772).
Indicó que interpuso recurso de apelación y solicitud de nulidad, al considerar que
no se le dio traslado de las pruebas que reposaban en el expediente sino hasta un
día antes del vencimiento del término para alegar de conclusión, por lo que su
derecho de defensa estaba siendo desconocido.
Por último, expresó que la decisión fue confirmada en su integridad por la Sala
Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación,
conformada por el Procurador Segundo y la Procuradora Primera Delegados,
mediante fallo de 25 de octubre de 2022.
2. Fundamentos de la acción
El actor interpuso acción de tutela, como mecanismo transitorio1, con el fin de que
se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, de
acceso a cargos públicos, a la igualdad y a la moralidad administrativa, los cuales
considera vulnerados con la emisión del fallo disciplinario de 25 de octubre de
2022, por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría
1 En el escrito de tutela utiliza la expresión “solicitud de amparo provisional de protección”.
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General de la Nación, en el que se confirmó la decisión de 1 de abril de 2022,
proferida por la Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado con
Funciones de Juzgamiento Disciplinario que dispuso sancionar al señor Juan
Manuel Valdés Barcha con destitución en el cargo e inhabilidad general por el
término de diez (10) años, por encontrar probada la conducta de acoso laboral.
Sostuvo que la decisión demandada desconoció sus derechos fundamentales,
pues fue proferida sin tener en consideración que en el recurso de apelación se
planteó la ocurrencia de una nulidad procesal por no haberle garantizado el
traslado oportuno de todos los elementos probatorios dentro del término para
alegar de conclusión.
Indicó que la solicitud de nulidad debió resolverse antes de emitir el fallo de
segunda instancia y de haber sido desfavorable a sus intereses se le debió
garantizar la posibilidad de interponer recurso de reposición con el fin de
garantizar su derecho de defensa.
Así mismo, aseveró que “no se valoraron los testimonios, las pruebas aportadas y
todos los elementos del proceso para determinar, tal y cómo aquí lo demuestro
qué había caducidad de la supuesta conducta y al no resolver la nulidad, vulnera
el debido proceso, con el cual adicionalmente se habría cumplido con los 5 años
para la prescripción del proceso. Es decir, vuelve a vulnerar mis derechos a la
defensa, a la igualdad y al debido proceso”.
Refirió que en el expediente no está probada la conducta de dolo por lo que la
sanción de 10 años resulta abiertamente desproporcional.
Mencionó que la motivación de confirmación del fallo sancionatorio utiliza normas
y jurisprudencia diferentes a la norma sobre la que se debía juzgar la conducta, es
decir, “hay una falsa motivación en la decisión, sobre las normas de las que no me
pude defender porque solo las conocí hasta el fallo y nunca en el escrito de
acusación se me endilgo tales conductas”.
Enseguida, refirió que se configuró un perjuicio irremediable por cuenta de la
ejecución de un fallo sancionatorio sin el cumplimiento de los requisitos legales, en
el que no se resolvió de forma previa la solicitud de nulidad. A lo que agregó que
no cuenta con la posibilidad de demandar, pues la solicitud de nulidad no fue
resuelta, luego, no cuenta con un acto administrativo el cual controvertir.
Por lo anterior, aseguró que se deben suspender los efectos y la inscripción de la
sanción disciplinaria para evitar la configuración de un perjuicio irremediable frente
a sus derechos fundamentales de acceso a los empleos públicos y al trabajo.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formularon las siguientes:
“Primera. Que se proteja mis derechos fundamentales al debido proceso, moralidad
administrativa, igualdad, defensa y acceso a empleos públicos.
Segunda. Que en consecuencia de la anterior protección se acceda a la solicitud de
medida provisional y ordene la suspensión del acto administrativo IUS – 2015 –
448672; IUC – D – 2016 – 120- 883772, IUS 161-8436 expedido por el Procurador
Segundo Delegado, Esiquio Manuel Sánchez Herrera y la Procuradora Primera
Delegada, Luz Estella García Forero, hasta que demanden su propio acto y en el cual
resuelve:
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“PRIMERO: Confirmar en su integridad el fallo emitido el 1° de abril de 2022, por el
cual la procuraduría Sexta delegada ante el Consejo de Estado con funciones de
Juzgamiento, resolvió sancionar con destitución e inhabilidad general por el término de
diez años al señor Juan Manuel Valdés Barcha, identificado con C.C (…) expedida en
Envigado — Antioquia, en su condición de Director del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo del SENA, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva del presente proveído.
SEGUNDO: Por la secretaría de la Sala, comunicar la presente decisión a la quejosa,
Rusby Cecilia Vargas Almeida, y a todos los jurídicamente interesados, dándoles a
conocer que contra lo aquí decidido no procede recurso alguno.
TERCERO: Por la secretaría de la Sala, previos los registros y anotaciones
correspondientes, devolver el expediente a la Sexta Delegada ante el Consejo de
Estado con Funciones de Juzgamiento, para que se surta el archivo definitivo de las
diligencias”.
Además, como medida provisional pidió que se suspendieran provisionalmente
los efectos del fallo disciplinario.
4. Pruebas relevantes
Mediante correo electrónico de 11 de enero de 2023, la entidad accionada allegó
copia digital del expediente disciplinario No. IUS-2015-448672-IUC-D-2016-120-
883772, implicado: Juan Manuel Valdés Barcha.
5. Trámite procesal
El despacho del magistrado ponente de primera instancia admitió la acción de
tutela mediante auto de 16 de diciembre de 2022, en el que ordenó la notificación
de la Procuradora General de la Nación, al Procurador Segundo Delegado y a la
Procuradora Primera Delegada de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento,
con el fin de que remitieran un informe sobre los hechos y las pretensiones de la
solicitud de amparo.
En el mismo auto se resolvió no acceder a la medida provisional solicitada,
consistente en suspender los efectos del fallo sancionatorio, teniendo en cuenta
que “de la lectura de la tutela y de los documentos aportados no aparece
ostensible la violación de los derechos que invoca. Por tanto, una vez se conozca
el pronunciamiento de las autoridades accionadas y se cuente con otros
elementos de juicio se emitirá la decisión de fondo que corresponda”.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación
Por escrito allegado el 11 de enero de 2023, la abogada asesora 1AS grado 19 de
la Oficina Jurídica de la entidad pidió que se declare la improcedencia de la acción
de tutela, al considerar que no cumple con el requisito de la subsidiariedad porque
el actor cuenta con otro medio de defensa judicial para controvertir los actos
administrativos mediante los cuales le fue impuesta la sanción disciplinaria, en
particular, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. A lo que
agregó que no se comprobó la existencia de un perjuicio irremediable que habilite
la procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues hasta la
fecha no se ha actualizado el Sistema de Información SIRI por lo que aún no figura
la anotación de la sanción en el certificado de antecedentes.
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Así mismo, sostuvo que una vez se tuvo conocimiento de la acción constitucional
procedió a solicitar informe a las dependencias que tuvieron conocimiento del
proceso disciplinario, quienes indicaron lo siguiente:
Manifestó que la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 3 le informó que la
actuación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación tuvo como génesis
un escrito recibido en este organismo de control el 14 de diciembre de 2015, por
medio del cual la señora Rusby Cecilia Vargas Almeida, funcionaria del SENA,
allegó información relacionada con el trámite de una queja por acoso laboral ante
el Comité de Convivencia de dicha entidad.
Señaló que de acuerdo con lo acreditado en el expediente disciplinario, los hechos
constitutivos de acoso laboral ocurrieron entre los meses de enero y abril del año
2015 y que a pesar de que cesaran ese tipo de comportamientos, ello no implica
que no hubiesen ocurrido. Además, mencionó que en la comunicación radicada
con el No. 1-2015-030473 de 13 de noviembre de 2015, se manifestó
expresamente por la señora Vargas Almeida que “No puede ser que la entidad dé
por atendida la situación de terminación de acoso laboral […] frente al Acta de la
Conciliación no la firmé porque no estoy de acuerdo con lo allí consignado; por lo
tanto, contrario a lo indicado por el señor Valdés Barcha, no existía conciliación
sobre el acoso laboral que se había presentado”.
En cuanto a la nulidad solicitada advirtió que no se configuró dado que, una vez
recaudadas las pruebas ordenadas en la etapa de descargos, “mediante Auto de
fecha 14 de marzo de 2022 se corrió traslado a los sujetos procesales para la
presentación de sus alegatos de conclusión, el cual se los notificó por correo
electrónico, en la misma fecha. Sin embargo, no fue sino hasta el 25 de marzo de
2022, a las 7:40 a.m., que el defensor del investigado solicitó acceso al expediente
(folio 186) y, además, pidió que se corriera nuevamente el término para presentar
los alegatos de conclusión. Aun así, en la misma fecha (25 de marzo de 2022, a
las 10:40 a.m.) se le envió el expediente escaneado (folio 187); empero, solo
hasta el 28 de marzo de 2022, a las 11:33 a.m., (folio 188) indicó que no había
podido abrir los archivos, por lo que ese mismo día, a la 1:54 p.m. (folio 189), se le
remitió nuevamente la copia en formato pdf; con todo, dos días después, el 30 de
marzo, último día hábil para presentar los alegatos, el defensor presentó memorial
en el que pidió que se corriera nuevamente el término para la presentación de
alegatos porque no había sido posible tener acceso a los elementos probatorios ni
al expediente, cuando este Despacho había realizado todas las gestiones
necesarias para ello. En todo caso, el defensor, mediante correo electrónico
enviado el día 30 de marzo de 2022, presentó los respectivos alegatos de
conclusión (folio 197 y siguientes)”.
En cuanto a la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento aseveró que le
informó que no se ha presentado ninguna irregularidad en el proceso ni se ha
afectado el derecho de defensa del actor, pues desde el 20 de mayo de 2021 se
había remitido copia del expediente a su apoderado. A lo que agregó que “existe
constancia que el 22 y 28 de marzo de 2022, vía correo electrónico se trasladó
copia del resto del proceso y de las pruebas testimoniales practicadas en
descargos y las que fueron remitidas por el SENA en archivos PDF cargados en
OneDrive, verificándose que el defensor, dentro del término, contaba con todas las
piezas procesales para edificar y presentar sus alegatos conclusivos”.
Refirió que todos los testimonios y distintas pruebas arrimadas al proceso
disciplinario fueron valorados de acuerdo con las reglas de la experiencia y la sana
crítica, de lo cual da cuenta la decisión objeto de reproche constitucional.
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Aseguró que se le demostró la responsabilidad al disciplinable Juan Manuel
Valdés Barcha según la conducta de acoso laboral advertida a título de dolo y la
consecuente sanción frente a la falta gravísima establecida en la ley, imponiendo
la sanción mínima de acuerdo con los criterios de graduación legal.
Sostuvo que se le brindaron todas las garantías procesales tanto al disciplinable
como a su abogado, se dieron respuestas a todos los requerimientos formulados
en cada etapa, no advirtiendo ninguna circunstancia para nulitar la actuación,
tampoco de caducidad ni prescripción de la acción disciplinaria conforme se le
diera respuesta en el marco del fallo proferido por esa colegiatura.
En cualquier caso, advirtió que el amparo constitucional invocado no es el
mecanismo idóneo con el que cuenta el accionante para atacar la decisión
disciplinaria teniendo en cuenta que “pese a que en la parte resolutiva no se
consignó lo que se dijo en el fallo referente a la planteada nulidad, ello por sí solo
no deshabilita al disciplinable para agotar otros mecanismos ordinarios ante la
jurisdicción contenciosa administrativa para defender la supuesta vulneración de
los derechos que pregona le han sido desconocidos por esta entidad”.
8. Sentencia de tutela impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”,
en sentencia de 17 de enero de 2023, resolvió declarar improcedente la acción de
tutela, al considerar que no cumple con el requisito de la subsidiariedad, “toda vez
que el demandante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como es el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del C.P.A.C.A., con el cual puede cuestionar la decisión mediante la
cual fue sancionado y, si así lo decide, solicitar las medidas cautelares que
considere necesarias para salvaguardar sus derechos, entre otras, la suspensión
provisional de los efectos de los actos sancionatorios”. A lo que agregó que no
demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilitara la procedencia
excepcional de la acción de tutela.
9. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el actor2
impugnó la anterior decisión, por lo que solicitó que se revocara y se accediera a
las pretensiones de la acción de tutela.
En primer lugar, advirtió que, de conformidad con la sentencia T-400 de 2022 de la
Corte Constitucional, la acción de tutela resulta procedente para controvertir actos
administrativos de carácter sancionatorio proferidos por la Procuraduría General
de la Nación, frente a lo cual le son aplicables los requisitos generales y
especiales de la acción de tutela contra providencias judiciales. Lo anterior, en su
sentir, se justifica en que “el ejercicio de la potestad disciplinaria del Estado
plantea un espacio en el que también se imparte justicia (…) por cuanto se trata
de un escenario en el que se imputa la comisión de conductas que han sido
tipificadas como faltas y para las que se han previsto sanciones”.
En este sentido, sostuvo que la acción de tutela cumple con el requisito la
subsidiariedad, dado que se agotaron todos los medios de defensa judicial porque
2 El actor presentó escrito de impugnación en nombre propio el 26 de enero de 2023. No obstante,
el 21 de febrero de 2023 allegó otro memorial dando alcance a la impugnación suscrito por el
abogado Jhon Fredy Osorio Pemberty, quien allegó poder de representación.
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la decisión se profirió en el marco del recurso de apelación y si “bien es cierto que
existe la posibilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa, de
acuerdo a las circunstancias fácticas que se abordan, estamos ante una grave
amenaza de perjuicio irremediable en mi contra, por lo que de conformidad con el
inciso 3ro del artículo 86 constitucional, la acción tuitiva puede operar de manera
transitoria”.
En cuanto al perjuicio irremediable afirmó que aun cuando actualmente se
desempeña como director ejecutivo del Parque Arví, entidad sin ánimo de lucro,
de naturaleza jurídica mixta, esto es pública y privada, para permanecer en el
cargo es necesario que no tenga alguna inhabilidad. Además, sostuvo que ha sido
objeto de ataques mediáticos que han llevado a que incluso la Personería Distrital
de Medellín haya abierto una indagación preliminar por presuntas irregularidades
en mi nombramiento como director ejecutivo de la Corporación Parque Arví, lo que
ha llevado a que la Junta Directiva de esa organización esté sumamente
preocupada por su cargo, y está a punto de perder su empleo a pesar de que los
conceptos jurídicos de especialistas en la materia señalan que mis funciones se
rigen por el régimen del derecho privado y que, por tanto, para ese cargo no
aplicaría la sanción de inhabilidad.
Incluso afirmó que el fallo disciplinario afecta su entorno familiar, su buen nombre
y su honra.
Aseguró que en su vida laboral se ha desplegado en el sector público por lo que la
inhabilidad afecta en buena medida su vida profesional.
Refirió que es “un padre de familia, con edad suficiente para seguir trabajando en
lo público por 10 años o más y si bien cuento con la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho frente a la jurisdicción contenciosa administrativa, no
es un secreto que la tradición jurídica en este tipo de procesos es que sean casos
cuya solución en primera instancia tarde entre 3 y 5 años sin contar las instancias
subsiguientes”.
En este sentido, mencionó que lo que pretende no es la declaratoria de nulidad de
los fallos sancionatorios, “sino la suspensión provisional de sus efectos hasta
tanto se resuelva la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.
Aseveró que aun cuando puede solicitar medidas cautelares en el proceso
ordinario estas tardan meses, un año o más e incluso nunca son decretadas por lo
que ocurriría un perjuicio irremediable.
Refirió que la acción de tutela cumple con los demás requisitos generales de
procedencia, en tanto: (i) goza de relevancia constitucional en la medida en que el
debate propuesto se relaciona con el desconocimiento del derecho fundamental al
debido proceso; (ii) cumple con el requisito de inmediatez dado que la solicitud de
amparo se interpuso días después de haberse notificado la decisión demandada;
(iii) se cuestiona una irregularidad procesal, consistente en un defecto fáctico por
no practicarse ni valorarse de ninguna manera las pruebas solicitadas y
decretadas en los descargos, por lo que quedó desprovisto de cualquier tipo de
defensa probatoria, siendo ello determinante en los fallos tutelados; (iv) se
identificaron los hechos y los derechos vulnerados de manera razonable y, por
último, (v) no se trata de sentencias de tutela.
Enseguida sostuvo que la decisión demandada incurrió en defecto fáctico por no
valorar las pruebas que fueron decretadas a su favor, por el Procurador Sexto
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Delegado ante el Consejo de Estado mediante auto No. 075 de 8 de septiembre
de 2021, las cuales, a su juicio, de haber sido tenidas en cuenta hubiesen
cambiado drásticamente el sentido de la decisión. Las pruebas decretadas fueron
las siguientes:
“1. Testimonio de Carlos Hernán Vargas, quien ostentó la calidad de Coordinador
de Relaciones Laborales, con el objeto de informar el procedimiento de asignación
de funciones en el SENA y también la existencia de hechos o actuaciones que
hayan podido permear el debido ejercicio del disciplinado.
2. Testimonio de Iván Ernesto Rojas Guzmán, Director de Planeación Nacional del
SENA, con el objeto de rebatir el argumento de que el disciplinado no actuó de
acuerdo a las normas pertinentes en el manejo de relaciones con sus subalternos.
3. Testimonio de Lady Yanery Hincapie Rozo, Líder de Certificación de
Competencias Laborales en el Eje Cafetero del SENA, con el objeto de determinar
si el disciplinado actuó de acuerdo a las normas pertinentes en el manejo de
relaciones con sus subalternos en toda la entidad.
4. Testimonio de Luis Gabriel Bernal Arboleda, Contratista de seguimiento a los
procesos que adelantaba la Dirección del Sistema Nacional para el Trabajo, con el
objeto de determinar las actuaciones que realizó el disciplinado en el presente
asunto y que las circunstancias de hecho narradas, respecto de circunstancias de
acoso laboral.
5. Testimonio de Kenny Daniels Dumar, Contratista y realizaba el seguimiento al
cumplimiento y modificación de metas relacionadas con la certificación de
competencias laborales en la Dirección del Sistema Nacional de Formación para
el Trabajo, el cual era útil para aclarar las modificaciones a los procedimientos
internos de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo que
permitiera desarrollar el cumplimiento de las metas y garantizar las necesidades
de oferta en el país.
6. Testimonio de Juliana Alejandra Osorio Urrego, Contratista de la Dirección del
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y luego Coordinadora en
Antioquia del proceso de Certificación de Competencias Laborales, con el objeto
de aclarar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que se llevaron a
cabo los hechos narrados por la quejosa y si existieron conductas que
desobedecieran las normas y deberes del disciplinado.
7. Se ordenó oficiar al SENA con el propósito de que remita pruebas
documentales y se sirva informar lo siguiente:
7.1. Cuando fue comunicada a la Oficina de Relaciones Laborales del SENA o a la
Secretaría General, la renuncia a la asignación de funciones de la quejosa y se
remita fotocopia de la misma.
7.2. Se expida certificación, específicamente del recorrido que tuvo la expedición
del acto administrativo mediante el cual se modificó la asignación de funciones de
la señora Rusby Cecilia Vargas Almeida en el año 2015, determinando lo
siguiente:
7.2.1. Nombre del funcionario inicial a quien se remitió la supuesta renuncia a la
asignación de funciones de la quejosa.
7.2.2. Análisis o respuestas otorgadas por el SENA para validar específicamente
la supuesta renuncia y argumento por medio del cual, al parecer, se fundamentó,
mediante acto administrativo, la modificación de la asignación de funciones de
coordinación.
7.2.3. traslados del acto administrativo y revisiones del mismo con los funcionarios
que hayan intervenido, determinando tiempos y recorrido del acto administrativo.
7.2.4. Suscripción y notificación del referido acto administrativo a la señora Vargas
Almelda.
7.3. Se expida certificación de funciones con encargos y determinación del grupo
al cual se encontraba asignada cuando se encontraba en propiedad de su empleo
de carrera, así como asignación de funciones de la señora Rusby Cecilia Vargas
Almeida, desde el año 2014 al año 2018.
7.4. Se expida certificación por parte del Comité Convivencia Laboral de la
Entidad, que trató los temas relacionados con la señora Vargas Almeida indicando
lo siguiente:
7.4.1. Hechos que fueron puestos en conocimiento de ese comité.
7.4.2. Análisis de los hechos.
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7.4.3. Solicitudes realizadas por la señora Vargas Almeida en el marco de la
audiencia de conciliación.
7.4.4. Determinación de la ocurrencia de los hechos si existiere.
7.4.5. Recomendaciones realizadas en el asunto.
7.4.6. Seguimiento a las recomendaciones.
7.4.7. Concepto del Comité de Convivencia Laboral sobre los hechos analizados.
7.4.8. Idoneidad y capacidad de los integrantes del Comité de Convivencia
Laboral.
7.5. Que se informe si en algún momento el señor Valdés Barcha rinde un
concepto a la oficina de relaciones laborales del SENA o a la Secretaría General
de esa entidad, para realizar algún cambio en las asignaciones realizadas a la
señora Vargas Almeida.
7.6. Que se informe por parte de la Dirección de Planeación del SENA de las
metas de certificación de competencias laborales para los años 2014, 2015 y
2016.
7.7. Que se remita en fotocopia la calificación de desempeño de la señora Vargas
Almeida para los años 2014, 2015 y 2016 en el desempeño de funciones de la
Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo”.
Indicó que dichas pruebas resultaban conducentes, pertinentes y útiles para el
proceso disciplinario, sin embargo, fueron ignoradas en los fallos sancionatorios,
pues se limitaron a valorar únicamente los testimonios traídos por la quejosa.
Así mismo, por escrito de 21 de febrero de 2023, presentado mediante apoderado
judicial, aseveró que fue despedido de su cargo como director de la Corporación
Parque Arví e insistió en que debe accederse al amparo constitucional solicitado,
por lo que es claro el perjuicio irremediable que se le está causando.
A lo que agregó que “la Personería Distrital de Medellín, mediante decisión del 3
de febrero de 2023, en la averiguación disciplinaria Nro. 859198428-2023 decidió
abrir investigación disciplinaria en contra de JUAN MANUEL VALDÉS BARCHA,
argumentando que él, como Director Ejecutivo de la Corporación Parque Arví,
sabía de la sanción disciplinaria en su contra y continuó prestando sus servicios a
sabiendas de la inhabilidad sobreviniente, por lo que se le pretende sancionar con
una falta gravísima por esos motivos, situación que puede llevar al señor VALDÉS
BARCHA a una sanción de entre 10 y 20 años más de inhabilidad, causándole un
perjuicio irremediablemente mayor que al que ya está sometido por la irregular y
contraevidente decisión de la Procuraduría General de la Nación”.
Aseguró que en su caso operó la prescripción de la acción disciplinaria desde el
23 de enero de 2022, pues el auto de apertura de la investigación en el presente
asunto se dictó el 23 de enero de 2017, por lo que ya habían transcurrido más de
5 años. Al respecto, sostuvo que aun cuando los términos en las acciones
disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación fueron suspendidos
entre el 17 de marzo y el 25 de mayo de 2020, tales suspensiones no tienen
efecto alguno sobre la contabilidad de los plazos de caducidad o prescripción.
Por lo anterior, sostuvo que el proceso disciplinario debió terminarse y archivarse,
toda vez que, como se analizó atrás, el auto que dio apertura a la investigación fue
proferido el 23 de enero de 2017 y la prescripción de que trata la Ley 734 de 2002
operó el 23 de enero de 2022, y no fue sino hasta el 1° de abril de 2022 que se
dictó la decisión de primera instancia, es decir, que pasaron 68 días más de
operada la prescripción para proferir el fallo, sin contar que la decisión disciplinaria
terminó el 6 de diciembre de 2022 con la notificación por edicto del fallo de
segunda instancia proferido el 25 de octubre de 2022.
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Desde esa perspectiva, aseguró que no solo se está vulnerando el derecho
fundamental al debido proceso, sino también de manera tajante el derecho a la
igualdad, toda vez que la misma Procuraduría General de la Nación en dos casos
de similares circunstancias está operando de manera completamente diferente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 17 de enero de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, en la que se
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la
subsidiariedad y no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable o, si
debe acceder al amparo constitucional solicitado pues aun cuando el accionante
cuenta con otro medio de defensa judicial para obtener la nulidad del acto
administrativo que impuso sanción disciplinaria, lo cierto es que la solicitud de
amparo resulta procedente como mecanismo transitorio, en tanto con la decisión
se le impide continuar desempeñando cargos públicos por los próximos diez (10)
años lo que afecta su vida profesional, la subsistencia de su núcleo familiar, su
honra y buen nombre.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra actos
administrativos
El artículo 86 de la Constitución Política, establece que cuando el afectado
dispone de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo
constitucional de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin
de evitar un perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial ordinario o extraordinario, salvo que éste no resulte eficaz para
la protección de los derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida
transitoria para evitar un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de
la subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
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amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos” 3,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos para restablecer el derecho conculcado.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso.
Dentro del marco expuesto, es importante tener en cuenta que la Corte
Constitucional en diferentes pronunciamientos ha reiterado el carácter residual y
excepcional de la tutela, por lo que, en principio, no constituye el mecanismo
adecuado para controvertir las actuaciones administrativas. Al respecto, en la
sentencia T-514 de 2003, reiterada por las sentencias T-451 de 2010 y T-956 de
2011, expresó lo siguiente:
“La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros
mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que
procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones
administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá
suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de
1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991), mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo”.
Por su parte, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de 5 de marzo de 2014, consideró que no todo perjuicio
irremediable conduce a la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio,
pues es necesario que además de esa entidad, tal daño sea injustificado, que no
provenga de una acción legítima de la autoridad contra quien se interpone, que en
términos generales corresponde a lo que la jurisprudencia sobre la materia, tanto
de la Corte Constitucional como de esta Corporación, han denominado
presupuestos de procedibilidad.
Precisado lo anterior, se observa que, con la finalidad de garantizar el acceso
efectivo a la administración de justicia, el cual se puede ver afectado por la
extensa duración de los procesos ante la jurisdicción Contencioso Administrativa,
a petición del interesado, debidamente sustentada en el respectivo medio de
control, el Juez podrá decretar las medidas cautelares que considere necesarias
para salvaguardar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia.
Al respecto, el capítulo XI de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)- ha dispuesto las
medidas cautelares en las acciones contencioso administrativas como un
mecanismo de defensa provisional, idóneo y eficaz si lo que se pretende es evitar
un perjuicio irremediable, razón por la que es deber del actor agotar dicho medio,
en primer término, debido a la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de
3 Corte Constitucional, sentencia T-243 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
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tutela. Según el artículo 230, las medidas cautelares, podrán ser: i) preventivas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa con el fin de evitar
un perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; ii) conservativas, cuando
el juez ordena mantener la situación o que se restablezca al estado en que se
encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazadora; iii) anticipativas,
cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa; iv) suspensivas,
cuando se ordene suspender provisionalmente los efectos de un acto
administrativo.
El artículo 231 de la misma normatividad contempla los requisitos que deben
acreditarse para decretar las medidas cautelares, ya sea que se trate de
suspensión provisional o de otras medidas. Cuando se pretenda la suspensión
provisional de los efectos del acto administrativo demandado, ésta procederá por
violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en solicitud separada,
que surja del análisis y confrontación del acto con las normas superiores
invocadas como vulneradas o del estudio de las pruebas del expediente. Así
mismo, cuando se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de
perjuicios, deberá acreditarse la existencia de aquellos.
De acuerdo con el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011, las medidas cautelares de
urgencia pueden ser adoptadas por el Juez o Magistrado desde la presentación de
la solicitud sin previa notificación a la otra parte, siempre y cuando se evidencie
que por la urgencia no es posible agotar el trámite previsto en el artículo 233
ibídem.
En suma, la acción de tutela no es el medio judicial idóneo para debatir la
legalidad de actos administrativos, pues para el efecto el ordenamiento jurídico
establece diferentes mecanismos de defensa judicial en los que son procedentes
las medidas cautelares contempladas en dicha normatividad. Solo en casos muy
excepcionales, en los que sea evidente la configuración de un perjuicio
irremediable o que el mecanismo de defensa judicial ordinario no goza de la
idoneidad requerida, le corresponde al juez constitucional restablecer los derechos
fundamentales vulnerados o amenazados.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. El asunto bajo examen
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, que declaró
la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no cumplía con el
requisito de la subsidiariedad, pues cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en donde puede controvertir la legalidad del acto
administrativo que le impuso sanción disciplinaria consistente en destitución e
inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de diez (10) años.
La impugnación se sustentó en la solicitud de amparo resulta procedente como
mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
teniendo en cuenta que la decisión de destitución e inhabilidad para ejercer cargos
públicos pone en riesgo su vida laboral, el sustento de su familia, su honra y buen
nombre. En ese sentido, solicitó que se suspendan de forma provisional los
efectos del fallo disciplinario hasta tanto se resuelva la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
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Además, sostuvo que el resto de requisitos generales de procedencia se
encuentran cumplidos, de conformidad con lo precisado por la Corte
Constitucional en la sentencia T-400 de 2022.
Por último, endilgó que la decisión demandada incurrió en defecto fáctico por
limitarse a valorar los testimonios allegados por la quejosa y no tener en cuenta
los testimonios y pruebas documentales que resultaban favorables al actor.
4.2. La Sala confirmará la decisión objeto de impugnación porque no se
cumplen los requisitos para habilitar la procedencia de la acción de tutela
como mecanismo transitorio
4.2.1. Como lo dispuso el juez constitucional de primera instancia, la Sala
considera que la acción de tutela no resulta procedente para controvertir la
legalidad del fallo de 25 de octubre de 2022, proferido por la Sala Disciplinaria
Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación que dispuso
sancionar al señor Juan Manuel Valdés Barcha con destitución en el cargo e
inhabilidad general por el término de diez (10) años, por encontrar probada la
conducta de acoso laboral, en tanto que existe otro medio de defensa judicial
como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se
encuentra regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20114, el cual de acuerdo
con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es idóneo y eficaz para
controvertir las decisiones disciplinarias proferidas por la Procuraduría General de
la Nación en el marco de sus competencias5.
4.2.2. Ahora bien, aun cuando el actor manifestó en el escrito de impugnación que
para el momento de la presentación de la acción de tutela resultaba procedente
como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable, lo cierto es que las condiciones establecidas por la jurisprudencia
constitucional para considerar un perjuicio como irremediable no están cumplidas
en este caso, como se pasa a explicar:
En efecto, cuando se trate de una acción de tutela dirigida contra un acto
administrativo, la Corte Constitucional ha establecido que por regla general resulta
improcedente dado que el legislador contempló otros medios de defensa judicial
para controvertir la legalidad de dicha decisión. Por lo anterior, solo puede
habilitarse la procedencia cuando “(i) el mecanismo alternativo se torna ineficaz o
inidóneo para proteger los derechos del accionante, máxime si el retiro del trabajo
tiene como consecuencia directa generar una afectación al mínimo vital que exija
un amparo preferente y definitivo o (ii) como mecanismo transitorio cuando exista
la amenaza de la existencia de un perjuicio irremediable que sea inminente, grave
y que exija medidas urgentes e impostergables”6.
4 Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica,
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por
las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá
pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho
directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.
5 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
6 Corte Constitucional, sentencia T-360 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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En este último evento, la Corte Constitucional ha indicado que “la tutela se torna
viable y el amparo se otorga transitoriamente hasta tanto la situación sea
definida en la jurisdicción competente” 7.
Frente a este punto, en la sentencia SU-695 de 20158, se precisó que para que un
perjuicio se considere irremediable debe ser (i) inminente, es decir, que amenaza
o está por suceder prontamente, esto es, tiende a un resultado cierto derivado de
una causa que está produciendo la inminencia; (ii) que las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes, en el sentido de
que se debe precisar una medida o remedio de forma rápida que evite la
configuración de la lesión; (ii) grave, pues el daño o menoscabo material o moral
en el haber jurídico de la persona, debe ser de gran intensidad y, por último, que
(iii) la urgencia y la gravedad hagan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su
integridad.
En el asunto bajo examen, si bien la parte actora alegó que con la decisión de
destitución e inhabilidad se configuró un perjuicio irremediable por haber perdido
su último empleo y no poder acceder a otros en el sector público, en donde ha
tenido su experiencia profesional, afectando la subsistencia de su familia, en
realidad las razones expresadas no permiten concluir la configuración de un
perjuicio irremediable en los términos que ha precisado la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, esto es , que sea inminente, grave, que requiera medidas
urgentes e impostergables9.
Así mismo, se insiste, el actor tiene la posibilidad de iniciar el medio de control de
nulidad y restablecimiento para controvertir la decisión demandada, en el cual es
posible hacer uso de las medidas cautelares en las acciones contencioso
administrativas, las cuales, según el artículo 230 del CPACA, podrán ser: (i)
preventivas, cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa con el
fin de evitar un perjuicio irremediable o la agravación de los efectos; (ii)
conservativas, cuando el juez ordena mantener la situación o que se restablezca
al estado en que se encontraba antes de la conducta vulneradora o amenazadora;
(iii) anticipativas, cuando se ordene la adopción de una decisión administrativa; y,
(iv) suspensivas, cuando se ordene suspender provisionalmente los efectos de
un acto administrativo.
Por lo anterior, es en ese proceso judicial donde tiene que darse un amplio debate
probatorio en torno a la legalidad del acto administrativo que impuso sanción
disciplinaria de destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cargos
públicos, el cual, en principio, por la naturaleza célere de la acción de tutela
difícilmente se puede dar.
En este orden de ideas, es claro para la Sala que la acción de tutela resulta
improcedente, pues los reproches formulados por el actor, deben ser ventilados en
el respectivo medio de control, dado que se refieren a la forma como se llegó a
cabo el proceso disciplinario (traslado de pruebas en el término para alegar de
conclusión), así como a la valoración probatoria y la aplicación normativa
efectuada por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría
General de la Nación para imponer sanción de destitución e inhabilidad general
para cargos públicos, por lo que se trata de inconformidades que, en últimas,
7 Sentencia T-161 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís (E).
8 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
9 Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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tocan con la legalidad del acto administrativo de 25 de octubre de 2022, debate
que debe ventilarse ante el juez natural y que escapa de la órbita de acción del
juez constitucional.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 17 de enero de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “B”.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- RECONÓCESE personería al abogado Jhon Fredy Osorio Pemberty,
para actuar como apoderado del señor Juan Manuel Valdés Barcha.
Segundo.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de enero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B”, por
las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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