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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2023-00234-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2023-00234-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 2 de mayo de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para disponer: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por Francisco Misael Batalla, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16. 16 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 11 de 12 Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01 Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones Demandado: Juzgado 66 Administrativo de Bogotá Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia Decisión: Revoca ______________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2023-00234-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 28 de septiembre de 2023

Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
Demandado: Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL|Procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales adoptadas en el trámite del incidente
de desacato | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: El demandante enjuició la providencia que se abstuvo de abrir incidente
de desacato dentro de una acción de tutela.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte actora contra la Sentencia de 2 de
mayo de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negó el
amparo solicitado2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 19 de abril de 2023, Francisco Misael Batalla Quiñones presentó
acción de tutela contra el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá, por la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia, con ocasión de la providencia en la
que se abstuvo de abrir incidente de desacato, en el marco del proceso
de tutela No. 11001-33-43-066-2022-00340-00.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

1 El artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333

de 2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: Negar la acción de tutela incoada por el señor Francisco Misael Batalla Quiñones en contra del

Juzgado Sesenta y Seis (66) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de conformidad con lo señalado en la
parte motiva de este proveído”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
Demandado: Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________

“PRIMERO: Tutelar mis derechos constitucionales fundamentales vulnerados, al
Debido Proceso Judicial, al acceso a la administración de justicia y en
consecuencia REVOCAR y DEJAR SIN EFECTOS la decisión adoptada por el
Juzgado Sesenta y Seis (66) Administrativo Oral del Circuito Judicial Bogotá,
D.C. -Sección Tercera, consignada, en el auto de fecha Veinte (20) de enero
de 2023, notificado formalmente vía correo electrónico el Veinte(20) de enero
de 2023 y ejecutoriado el veinte (20) de enero de 2023, que resolvió el
incidente de desacato, negándolo abrir en contra de la Procuraduría General
de la Nación - División de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad y por
consiguiente ordeno archivar el expediente.

SEGUNDO. Ordenar al Juzgado Sesenta y Seis (66) Administrativo Oral del
Circuito Judicial Bogotá, D.C. -Sección Tercera, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) siguientes al fallo de primera instancia de la presente acción
constitucional de tutela, RETOME el trámite incidental en procura de garantizar
respeto y goce pleno de los derechos constitucionales fundamentales en el
fallo de primera instancia en acción de tutela de 5 de diciembre de 2022
Proceso: 11001-33-43-066-2022-00340-00.

TERCERO: Ordenar al Juzgado Sesenta y Seis (66) Administrativo Oral del
Circuito Judicial Bogotá, D.C. -Sección Tercera, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) siguientes al fallo de primera instancia de la presente acción
constitucional de tutela, ordene a la PGN GRUPO SIRI, eliminar del
CERTIFICADO ESPECIAL la inhabilidad Intemporal, permanente o perpetua en
aplicación de la excepción Constitucional, Jurisprudencial y Legal que se
equiparan a la excepción también constitucional de Delitos políticos y
culposos. Toda vez que los delitos de reproche penal, no son de los que
afectan directamente el erario público de conformidad con el artículo 122
inciso 5° constitucional, amen que la misma se funda en el artículo 44 del
código penal colombiano, cuyo EFECTO ES TEMPORAL y su aplicación no es DE
PLENO DERECHO ya que no existe omisión por parte de la sentenciadora
instructora en su imposición.

1.- Excepción Constitucional: Artículo 122 inciso 5° - modificado por el artículo 4
del Acto Legislativo 1 de 2009.

2.- Excepción Jurisprudencial: Sentencias C-948 de 2002 y C652, C-329, C-064
de 2003, Corte Constitucional, SP2295-2020, AP3094- 2021,SP2831-2021, Corte
Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal.

3.- Excepción Legal: Artículo 42 numeral 1° parágrafo 2 de la Ley 1952de 2019
y Articulo 44 Código Penal Colombiano.

CUARTO: Advertir al Juez Sesenta y Seis (66) Administrativo Oral del Circuito
Judicial Bogotá, D.C. -Sección Tercera, el funcionario Juez MILTON JOJANI
MIRANDA MEDINA, que es su deber cumplir los principios definidos en el
Artículo 3º del Decreto 2591 de 1991, así como cumplir las funciones definidas
en el Decreto 2591 de 1991, especialmente en el caso que ocupa la presente
acción constitucional, las establecidas en el Artículo 23º del decreto
precitado en relación con garantizar la protección plena y efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales conculcados por la accionada e
incidentada en el proceso de tutela 11001-33-43-066-2022-00340-00 y las
establecidas en el Artículo 27º del mismo Decreto en relación al
procedimiento para el cumplimiento pleno y efectivo de lo ordenado por la
justicia constitucional, so pena de incurrir en los delitos de fraude a resolución
judicial, prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere
lugar, establecidos en el Artículo 53 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Advertir a la PGN GRUPO SIRI, de su deber de cumplir las órdenes
judiciales, so pena de incurrir en los delitos de fraude a resolución judicial,

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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
Demandado: Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________

prevaricato por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar,
establecidos en el Artículo 53 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: Otorgar las solicitudes ULTRAPETITA y EXTRAPETITA que su despacho a
bien tenga, de conformidad con la situación fáctica y jurídica del accionante
con miras a cesar la re-victimización de la cual estoy siendo objeto en este
momento.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela sus anexos,
fueron identificados los siguientes:

4. 1) Mediante Sentencia de 5 de septiembre de 2016, el Juzgado 2
Penal de Circuito de Pasto condenó a Francisco Misael Batalla Quiñones
como coautor y a título de dolo por los delitos de fraude procesal en
concurso con falsedad ideológica y falsedad material en documento
público (se trascribe): “por un término de prisión de 3 años y 4 meses,
inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un
término de 4 años, y multa de 100 SMLMV”.

5. 2) El 23 de noviembre de 2022, Francisco Misael Batalla Quiñones
presentó acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la
Nación – Grupo del Sistema de Información de Registro de Sanciones y
Causas de Inhabilidad – SIRI, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, trabajo, habeas data y elegir y ser elegido,
con ocasión del reporte de antecedentes disciplinarios expedido por esa
autoridad, que reflejaba una inhabilidad permanente derivada de la
condena penal impuesta, así como el registro de una condena penal por
peculado por apropiación, tipo penal que fue excluido de la imputación
de cargos hecha por la Fiscalía General de Nación.

6. 3) El Juzgado 66 Administrativo de Bogotá, mediante Sentencia de 5
de diciembre de 20223, amparó los derechos fundamentales al habeas
data, al trabajo y a elegir y ser elegido del señor Batalla Quiñones. En
consecuencia, ordenó a la Procuraduría General de la Nación que, en el
término de 48 horas siguientes a la notificación, (a) realizara las
correcciones y/o actualizaciones de la información registrada en el SIRI,
respecto de los delitos objeto de la sanción penal impuesta a Francisco
Misael Batalla Quiñones y (b) verificara, en el marco de sus competencias,
la temporalidad del registro de las inhabilidades reportadas en los
certificados de antecedentes especiales que se expedían a nombre del
actor. Asimismo, aclaró que, de ser procedente, en el mismo plazo,
debería efectuar las correcciones a que hubiera lugar. Decisión que fue
notificada a las partes el 5 de diciembre de 20224, sin que hubiera sido
impugnada.

3 Rad. 11001-33-43-066-2022-00340-00.
4 Tal y como consta en la consulta de procesos de la página de la Rama Judicial.

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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
Demandado: Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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7. 4) El 16 de diciembre de 2022, el señor Batalla Quiñones solicitó la
apertura de incidente de desacato contra la Procuraduría General de la
Nación, bajo el argumento de que no se había dado cumplimiento a lo
ordenado en el fallo de tutela de 5 de diciembre de 2022, lo cual lo
perjudicaba junto con su núcleo familiar, pues tuvo la posibilidad de ser
elegido personero municipal pero la inhabilidad hizo imposible su
materialización.

8. 5) En memorial de 11 de enero de 2023, la entidad accionada allegó
informe previo a la apertura del incidente de desacato, dentro del cual
manifestó que (a) se actualizó el registro de información del SIRI para
eliminar el reporte sobre el punible de peculado por apropiación, lo que
demostraba su cumplimiento y (b) explicó que no era posible efectuar
corrección alguna sobre el registro de inhabilidad de los certificados de
antecedentes especiales, por cuanto la inhabilidad intemporal era de
carácter legal y esta impedía el ejercicio de determinados cargos
públicos, incluyendo el de personero municipal5. Por lo tanto, se debían
certificar todas las anotaciones que existieran en el registro, tal y como lo
señalaba el inciso tercero del artículo 238 de la Ley 1952 de 2019.

9. 6) En Auto de 20 de enero de 2023, el Juzgado 66 Administrativo de
Bogotá resolvió no abrir el incidente de desacato propuesto, al considerar
que, dentro del informe rendido por la entidad accionada, se había
respaldado razonablemente la interpretación de las normas que realizó la
Corte Constitucional sobre la intemporalidad de la inhabilidad para el
desempeño de determinados cargos públicos6 y la imposibilidad de
eliminar el registro en el certificado de antecedentes especiales sobre la
condena privativa de la libertad que le fue impuesta por incurrir en los
delitos de fraude procesal en concurso con falsedad ideológica y material
en documento público.

10. 7) El 25 de enero de 2023, el señor Batalla Quiñones presentó
impugnación contra la Sentencia de 5 de diciembre de 2022 y el Auto de
20 de enero de 2023. La primera fue rechazada por extemporánea y la
segunda por improcedente, mediante Auto de 27 de enero de 20237.

5 Ley 136 de 1994. “ARTÍCULO 174. INHABILIDADES. No podrá ser elegido personero quien:

a )Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable;
b)Haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o
descentralizada del distrito o municipio;
c)Haya sido condenado, en cualquier época, a pena privativa de la libertad excepto por delitos políticos o
culposos (…).”
6 Corte Constitucional, Sentencia C-1016 de 2012. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sentencia de 24 de

agosto de 2015, Rad. 25000-23- 41-000-2015-01646-00/01.
7 “PRIMERO: RECHAZAR por extemporánea la impugnación propuesta por el actor en contra del fallo de tutela

del 5 de diciembre de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. // SEGUNDO:
RECHAZAR por improcedente la impugnación presentada por el actor contra el proveído del 20 de enero de
2023, dictado en el marco del presente incidente de desacato, de conformidad con lo dicho en la parte motiva
de esta decisión. // TERCERO: Por Secretaría, dar inmediato cumplimiento a la orden contenida en el numeral

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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
Demandado: Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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11. Como fundamento de la vulneración, la parte actora, de un lado,
reprochó que el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá, en el Auto de 20 de
enero de 2023, no hubiera dado apertura al incidente de desacato que
solicitó en la acción de tutela con radicado No. 11001-33-43-066-2022-
00340-00, a pesar del notorio y grave incumplimiento por parte de la
Procuraduría General de la Nación.

12. De otro lado, indicó que la Procuraduría General de la Nación –
Grupo SIRI no había impugnado la decisión proferida y tampoco notificó o
puso en su conocimiento las acciones administrativas realizadas que dieron
lugar a un cumplimiento parcial en cuanto a las órdenes de tutela, esto es,
la actualización del registro de información del SIRI, donde se evidenciaba
la eliminación del reporte sobre el delito de peculado por apropiación.

13. Respecto de la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones
públicas, mencionó que la Procuraduría General de la Nación no había
cumplido a cabalidad con lo ordenado en el numeral segundo del fallo de
tutela, pues no había eliminado y/o corregido del SIRI la inhabilidad que
seguía apareciendo reportada en el certificado especial de antecedentes
disciplinarios.

14. Finalmente, adujo que la providencia que se abstuvo de abrir
incidente de desacato contenía un defecto fáctico ya que se sustentó
únicamente con los informes rendidos por la Procuraduría General de la
Nación, lo que condujo a error al juez de tutela sobre la temporalidad del
registro de la inhabilidad especial en el SIRI, sin tener en cuenta las
excepciones legales sobre los delitos por los que había sido condenado
con pena privativa de la libertad, los cuales no constituían una inhabilidad
permanente o vitalicia como aquellos delitos mencionados en el inciso 5
del artículo 122 de la Constitución Política.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

15. Mediante Sentencia de 2 de mayo de 2023, la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el
amparo solicitado, tras concluir que, no se evidenció vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración
de justicia, pues, mediante Sentencia de 5 de diciembre de 2022, el
Juzgado 66 Administrativo de Bogotá en ningún momento ordenó eliminar
el certificado especial de inhabilidad del actor. Motivo por el cual no se
podía predicar un incumplimiento del fallo de tutela, declarar el desacato

segundo de la parte resolutiva de la providencia del 20 de enero de 2023, en el sentido de ARCHIVAR las
presentes diligencias.”.

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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
Demandado: Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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de la sentencia e imponer una sanción, comoquiera que la Procuraduría
General de la Nación desplegó las actuaciones necesarias para acatar la
decisión impartida.

16. Indicó igualmente que, si la parte actora estaba inconforme con lo
decidido en la Sentencia de 5 de diciembre de 2022, tenía la carga de
haber presentado escrito de impugnación contra la misma en tiempo. No
obstante, lo hizo de manera extemporánea.

17. El señor Batalla Quiñones impugnó la decisión anterior y adujo que, si
bien el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá, dentro de la parte resolutiva
de la providencia cuestionada, no utilizó el término “eliminar” la inhabilidad
del certificado especial, a su juicio, dentro de la parte motiva de esa
decisión se daba a entender que debía suprimirse la inhabilidad
permanente del certificado especial expedido por la Procuraduría General
de la Nación.

18. Manifestó que dentro de la actuación administrativa adelantada por
la Procuraduría General de la Nación (Grupo SIRI) al haber eliminado el
registro del delito de peculado por apropiación, también debió quitar y/o
corregir la inhabilidad especial del certificado de antecedentes
disciplinarios, ya que los delitos por los cuales se le imputó responsabilidad
penal no constituían inhabilidad permanente para el ejercicio de derechos
y funciones públicas pues no estaban consagrados dentro el inciso 5 del
artículo 122 de la Constitución Política, así como tampoco, eran tipos
penales que estuvieran contenidos en Título XV de la Ley 599 de 2000, esto
es, de los delitos contra la Administración Pública. En ese entendido,
concluyó que la inhabilidad era accesoria con efectos temporales, pues
esta se limitó a un término de 48 meses como sanción temporal conforme
lo establecía el artículo 44 del Código Penal.

19. Por último, señaló que no sería de recibo declarar improcedente la
presente acción de tutela ante el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional por falta de carga argumentativa exigida para el
estudio del defecto fáctico que se alegaba, en razón de que tal
pronunciamiento re-victimizaba al accionante al existir una clara y
marcada violación directa a la excepción constitucional del inciso 5 del
artículo 122. Además, consideró que, en la providencia cuestionada, no se
valoró a fondo las pretensiones conforme a los delitos cometidos y a la
sanción impuesta, de modo que se dejaron de valorar aspectos relevantes
como la temporalidad de la inhabilidad para desempeñar cargos
públicos.

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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales adoptadas en el trámite del incidente de desacato.
2.3. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

20. Establecer, luego de verificados los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales adoptadas en el trámite
del incidente de desacato, si el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del señor Batalla Quiñones, al negar8 abrir el
incidente de desacato, tras valorar erróneamente las actuaciones
desplegadas por la Procuraduría General de la Nación para acatar las
órdenes impartidas en la Sentencia de 5 de diciembre de 2022. Como
consecuencia de lo anterior, se procederá a confirmar, modificar o
revocar el fallo impugnado, según sea el caso.

2.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales adoptadas en el trámite del incidente de desacato

21. La Corte Constitucional, mediante Sentencia SU-34 de 2018, expresó
que para que la acción de tutela fuera procedente cuando se estaba
ante decisiones adoptadas en el trámite del incidente de desacato, se
requería la superación de los siguientes requisitos: (1) que la decisión
adoptada en el trámite de desacato se encontrara ejecutoriada, es decir,
que la acción de tutela era improcedente si se interponía antes de
finalizado el trámite, (2) que se acreditaran los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se
sustentara, por lo menos, la configuración de una de las causales
específicas (defectos) y (3) que los argumentos del promotor de la acción
de tutela debían ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato.

22. En este caso, la Sala revocará la decisión de negar el amparo y se
declarará la improcedencia de la acción de tutela, dado que no se logró
evidenciar que el asunto superara los requisitos aludidos, por las razones
que pasan a explicarse:

23. Pese a que se cumplió con el primer requisito, esto es, que la
decisión cuestionada se encontrara ejecutoriada, en la medida que el
trámite de incidente de desacato finalizó con el Auto de 20 de enero de

8 En Auto de 20 de enero de 2023, proferido por el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá.

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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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2023, en el que se dispuso no abrir el incidente de desacato, no se satisfizo
el requisito de relevancia constitucional, toda vez que la parte actora no
desplegó la carga argumentativa que justificara la intervención del juez de
tutela y con ello pretende reabrir un debate ya zanjado por el juez natural.

24. Al respecto, debe indicarse que, la relevancia constitucional es uno
de los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la
Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no puede entrar
a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir
a otras jurisdicciones”9.

25. Para la Corte Constitucional, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. En
consecuencia, el juez debe analizar (se trascribe): “(i) que el asunto tenga
la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales” 10.

26. Además, ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales11.

27. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela12 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto

9 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005
10 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
11 Ibidem.
12 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El

primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”

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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
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Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
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de obtener una nueva instancia13; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de mera legalidad14.

28. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el
accionante (1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia
constitucional. Pues el hecho de que la parte hubiere alegado la presunta
afectación a sus derechos fundamentales y principios constitucionales, por
sí sola, no justifica la intervención del juez de tutela.

29. Aunado a lo anterior, (2) pretendió revivir un debate propio del
Juzgado 66 Administrativo de Bogotá, como juez del desacato, sobre la
temporalidad del registro de la inhabilidad para el ejercicio de derechos y
funciones públicas. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se
estudiara un aspecto que ya fue resuelto.

30. En ese entendido, aunque la parte accionante encuadró algunos de
sus reparos en un defecto fáctico, la Sala evidenció que reiteró los mismos
argumentos que expuso en la tutela No. 2022-00340-00, concretamente, en
la solicitud de apertura del incidente de desacato, en lo relacionado con
la temporalidad de la inhabilidad a él impuesta. Argumentos que fueron
abordados y resueltos por el Juzgado 66 Administrativo de Bogotá en el
Auto que resolvió la solicitud de abrir el incidente de desacato, tras
concluir que (se trascribe):

“2.1.2. Ahora bien, en lo atinente a la segunda orden impartida, referida a que
se “(ii) verifiquen, en el marco de sus competencias, la temporalidad del
registro de las inhabilidades especiales reportadas en los certificados de
antecedentes especiales que se expiden a nombre del actor y, de ser
procedente, en el mismo plazo, efectúen las correcciones a que haya lugar”,
lo que encuentra el Despacho es que, conforme a los argumentos expuestos
en cada uno de los informes de cumplimiento allegados y tal como lo sostiene
la Agente del Ministerio Público que rindió concepto, la División de Registro de
Sanciones y Causas de Inhabilidad (antes Grupo SIRI), procedió a revisar, en
los términos ordenados, la temporalidad de las inhabilidades reportadas en los
certificados de especiales de antecedentes que se expiden a nombre del
actor, concluyendo que, según lo prevén las disposiciones normativas
especiales que rigen el desempeño de los distintos cargos, no es posible
efectuar ninguna corrección o ajustes, pues, se trata de mandatos legales que
imponen ese tipo de restricciones a los aspirantes que pretendan su
desempeño, al margen de los mandatos del artículo 122 de la Constitución
Política.

Así, de manera ilustrativa se citó el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, que es del
siguiente tenor:

13 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
14 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
Demandado: Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________

“Artículo 37.- Inhabilidades para ser alcalde. El Artículo 95 de la Ley 136 de
1994, quedará así:

"Artículo 95.- Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a
pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o
haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la
presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una
profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones
públicas.”

Sobre este tipo de restricciones de orden legal, que en sentencia C-037 de
2018, la Corte Constitucional se pronunció en los términos que pasa a
reseñarse, que dada su pertinencia para verificar la razonabilidad de la
postura asumida por la Procuraduría General de la Nación en lo concerniente
al cumplimiento de la orden en cuestión (…)

En tal perspectiva, bajo los razonamientos constitucionales antes transcritos,
estima el Despacho que la postura asumida por la entidad accionada en el
marco del informe de cumplimiento de la orden en verificación deviene
razonable, en la medida que encuentra respaldo en la interpretación que de
las normas analizadas en esa oportunidad realizó la Corte Constitucional sobre
la intemporalidad de la inhabilidad para el desempeño de determinados
cargos públicos, circunstancia que impone a esta instancia judicial abstenerse
de dar apertura al incidente de desacato solicitado por el actor y tener por
cumplida la sentencia de tutela del 5 de diciembre de 2022.”

31. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de la intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien se pronunció sobre los reparos que
formuló la parte actora contra el cumplimiento de la Sentencia de 5 de
diciembre de 2022. En ese orden, se reitera que lo pretendido por el
accionante fue reabrir el debate jurídico, pese a que el Juzgado 66
Administrativo de Bogotá dejó claro que no era posible efectuar ninguna
corrección o ajuste, pues se trataba de un mandato legal el cual imponía
ese tipo de restricción, conforme al artículo 122 de la Constitución Política.

32. Así las cosas, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juzgador natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise
las decisiones del juez natural. En otras palabras, la presentación simple de
las discrepancias entre lo decidido y el criterio de quien enjuicia dicha
decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el
asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues este es un mecanismo constitucional de
amparo de derechos fundamentales de carácter excepcional15.

15 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
Demandado: Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________

33. Ahora bien, para la Sala es importante señalar, en gracia de
discusión, tal como lo hizo el juez de tutela de primera instancia, que, si el
señor Batalla Quiñones no estaba de acuerdo con el alcance de las
órdenes de tutela impartidas en la Sentencia de 5 de diciembre de 2022,
hubiera podido, en la respectiva oportunidad procesal, impugnar dicha
providencia (artículo 31 del Decreto 2591 de 1991) o, incluso, haber
solicitado su aclaración (artículo 285 de CGP).

34. En suma, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el fondo
del asunto, toda vez que el mecanismo constitucional no es un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la
ley.

2.3. Conclusión

35. Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará la providencia
de primera instancia que negó el amparo solicitado, para declarar la
improcedencia por la falta del requisito de relevancia constitucional. En
ese sentido, no hay lugar a pronunciarse sobre los demás requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial ni sobre el
defecto alegado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 2 de mayo de 2023, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para disponer:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por Francisco Misael Batalla, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.

16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00234-01
Demandante: Francisco Misael Batalla Quiñones
Demandado: Juzgado 66 Administrativo de Bogotá
Referencia: Acción de tutela. Segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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