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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2023-00253-01

Fecha
15 de junio de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2023-00253-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de mayo de 2023, proferida por la Subsección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo, conforme a la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2023-00253-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

15 de junio de 2023

Demandante: Marly Gutiérrez Rodríguez y Otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo
del Circuito de Bogotá y Otros
Radicado: 25000-23-15-000-2023-00253-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00253-01 (principal),
25000-23-15-000-2023-00254-00 (acumulado)
25000-23-15-000-2023-00256-00(acumulado)
25000-23-15-000-2023-00263-00 (acumulado)
Demandantes: MARLY GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ Y OTRAS
Demandados: JUZGADO CUARENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ, Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial y contra actos
administrativos- Improcedencia de la solicitud de amparo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 5 de mayo de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró improcedente
la acción de tutela de la referencia.

Se aclara que posteriormente se admitió la acumulación de las demandas de Olga
Janneth Saavedra Murillo, Luz Amparo Palacios Ramos y Carolina Liseth Cortés
Alvear, cuyos radicados son 25000-23-15-000-2023-00254-00, 25000-23-15-000-
2023-00256-00 y 25000-23-15-000-2023-00263-00, respectivamente; las cuales
comparten los mismos fundamentos fácticos e idénticas pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Mediante correo electrónico del 25 de abril de 2023 y dirigido al buzón
apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co la ciudadana Marly Gutiérrez Rodríguez
interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo
del Circuito de Bogotá, la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento
Administrativo de la Función Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y la Universidad de Pamplona.

2. En criterio de la accionante, las citadas entidades trasgredieron los derechos

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Demandante: Marly Gutiérrez Rodríguez y Otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo
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fundamentales “de petición, a la igualdad, el debido proceso (debido proceso
administrativo), defensa, participación y acceso a los cargos públicos, en armonía
con el principio de confianza legítima y legalidad, mérito, igualdad en el ingreso,
contradicción transparencia, imparcialidad, idoneidad y seguridad jurídica.”

3. Lo anterior, con ocasión de la situación acaecida en la convocatoria para la
provisión de cargos en carrera, al interior del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, convocada mediante acuerdo No. 2081 del 21 de septiembre de 2021 y
que fue proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

SEGUNDO: Se revoque el contenido del fallo tutelar del Juzgado
Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá de fecha 14 de
abril de 2023 a favor en la tutela de la accionante Eliana Paola Colorado
radicada con numero 11001-33-41-045-2023-00160-00.

TERCERO: Ante la emisión de sentencia por parte del Juzgado
Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá de fecha 14 de
abril de 2023 a favor en la tutela de la accionante Eliana Paola Colorado
radicada con numero 11001-33-41-045-2023-00160-00 ordenando la
publicación de la lista de elegibles de la OPEC 166313, por ende, ante
la publicación de la lista de elegibles el día 17 de abril de 2023 por parte
de la CNSC para la OPEC 166313, solicito se me permita la vinculación
a la acción de tutela DE LA SEÑORA Eliana Paola Colorado.

CUARTO: Se decrete la NULIDAD CONSTITUCIONAL de todo lo
actuado en el proceso o concurso de méritos CONVOCATORIA 2149
de 2021, proceso abierto de selección ICBF, OPEC 166313, y las
demás OPEC que su Despacho estime pertinente según la valoración
de los aspectos expuestos por la suscrita en este documento, así como
las que encuentre probadas su despacho, desde la convocatoria a
presentación de pruebas escritas.

QUINTO: Se ordene la suspensión de la publicación de las listas de
elegibles, teniendo en cuenta las irregularidades presentadas en la
convocatoria 2149 de 2021, como se menciona y describe en el
contenido de la presente tutela.

SEXTO: Se intervenga bajo las facultades que la ley le confiere para
que la lista de elegibles no quede en firme hasta tanto se resuelvan
otras tutelas que están en curso, igualmente, se de respuesta a la
presente acción de tutela, a la impugnación instaurada el día 17 de abril
de 2023 ante el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo Del Circuito
de Bogotá y de ser posible el Consejo de Estado en su sección
pertinente, se pronuncie sobre la medida cautelar de suspensión de los
efectos del acto atacado (convocatoria 2140 de 2021) o haya sentencia
definitiva, que coloque fin a la acción contenciosa instaurada, en
atención de evitar un perjuicio mayor, respecto a la declaratoria de
insubsistencia de las personas, pues no tiene sentido dicha

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insubsistencia y posteriormente que el consejo de estado ordene la
suspensión de los efectos de la convocatoria; aunado a que
inicialmente se agotaron mecanismos de protección constitucional
como la tutela.

SEPTIMO: Se ordene las medidas cautelares teniendo en cuenta lo
expuesto y evidencias presentadas.

OCTAVO: Se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil rehacer
la prueba de competencias funcionales OPEC 166313, desde la fase
de construcción de las preguntas “ITEMS” prestando especial atención
en la máxima del mérito y en sus obligaciones como ente rector del
acceso a la Carrera Administrativa, así como al acuerdo suscrito con el
ICBF, y las demás OPEC que su despacho considere pertinente
conforme al estudio de la presente acción

NOVENO: Se ordene a la Comisión Nacional del Servicio Civil,
reestructurar las pruebas escritas conforme a los lineamientos que
obedezcan al MERITO.

DECIMO: Solicito a su señoría que posterior al reconocimiento, se
ordene las acciones e imparta al trámite legal establecido para ello en
aras de una pronta y efectiva Justicia frente a tan evidente vulneración
de los derechos invocados y sujetos de protección.

Las demás decisiones u ordenes que su Despacho tenga a bien emitir,
con el propósito de salvaguardar los derechos fundamentales
invocados, así como los principios constitucionales expuestos y que
tienen relación directa con los mismos.”1

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

1.3.1. Hechos relacionados con la convocatoria del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar.

5. La Comisión Nacional del Servicio Civil el 21 de septiembre de 2021, dictó el
Acuerdo No. 2081 de 2021, “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del
Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los
empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – Proceso de Selección ICBF 2021.”

6. Agotadas las etapas propias del concurso, la Comisión Nacional del Servicio
Civil, mediante comunicado del 3 de marzo de 2023, puso en conocimiento de todos
los interesados las listas de elegibles del mencionado proceso. Sin embargo, en
dicha oportunidad, precisó que ciertos empleos no serían publicados en la

1 Transcripción del texto original con posibles errores.

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correspondiente lista, con ocasión de las múltiples acciones constitucionales que se
encontraban en curso.

7. Dentro de los empleos que fueron objeto de dicha exclusión, se encontraba
el identificado con OPEC 166313, cargo para el cual, la ciudadana Eliana Paola
Colorado participó y aprobó el examen de conocimientos.

1.3.2. Hechos de la acción de tutela 2023-00160-00

8. Con base en la anterior situación, la señora Colorado promovió acción de
tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil. Tal asunto correspondió por
reparto al Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá y bajo el
radicado No. 11001-33-41-045-2023-00160-00, que mediante auto del 27 de marzo
de 2023 admitió la solicitud de amparo; vinculó al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar; y, finalmente, ordenó que se publicara en el sitio web de la Comisión
Nacional del Servicio Civil y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el escrito
de tutela y el auto admisorio, a efectos de poner en conocimiento de los demás
participantes e interesados la existencia de la solicitud.

9. Agotado el trámite correspondiente, el juez constitucional profirió la sentencia
del 14 de abril de 2023 a través de la cual concedió el amparo de los derechos
invocados y dispuso:

“TERCERO: ORDENAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC,
representada legalmente por el Dr. Mauricio Lievano <SIC> Bernal, o quien
haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la notificación de la presente decisión, realicé la publicación de las
listas de elegibles de la OPEC 166313, correspondiente al proceso de selección
para proveer los cargos de la planta de personal del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar – Proceso de Selección ICBF 2021. Así como acreditar el
cumplimiento de lo ordenado ante este Despacho.”

10. La ciudadana Marly Gutiérrez Rodríguez, inconforme con la orden de tutela
inició la solicitud de amparo de la referencia. En igualdad de condiciones se
encuentran las señoras Olga Janneth Saavedra Murillo, Luz Amparo Palacios
Ramos y Carolina Liseth Cortés Alvear. Al respecto, narraron que aplicaron al cargo
identificado OPEC 166313, cuyo resultado en la prueba de conocimientos fue
insatisfactorio.

11. Manifestaron que en las pruebas practicadas al interior de la citada
convocatoria, se presentaron múltiples irregularidades; resaltando, entre otras, la
falta de enfoque de género, redacción poco clara y confusa, errores de carácter
gramatical y demás.

12. Indicaron que, como consecuencia de tales hallazgos, se han promovido
acciones penales por la posible comisión de actos de corrupción; así como también
se han instaurado demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
que cuestionan la legalidad de los actos proferidos en la mencionada convocatoria.

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13. Resaltaron que, en la decisión adoptada por el Juzgado Cuarenta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá, se negó la participación de otras personas,
que se encontraban debidamente inscritas para la provisión de cargos ofrecidos en
la convocatoria.

14. Concluyeron su intervención, solicitando, por un lado, reconstruir la actuación
correspondiente para practicar nuevamente las pruebas dentro del concurso; y, por
otro lado, suspender la publicación de las listas de elegibles para el cargo ya
mencionado, con ocasión de las múltiples inconsistencias que rodearon el proceso.

1.4. Sustento de la vulneración

15. El extremo accionante consideró que los derechos fundamentales invocados
en su escrito de amparo fueron trasgredidos por el actuar de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, en los siguientes términos:

“…porque la actuación administrativa emanada de la COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL, LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA modifica las reglas del concurso
establecidas en el Acuerdo de Convocatoria, Guía para el aspirante e
instrucciones establecidas en el cuadernillo al momento de realizar las
calificaciones, aunado a las irregularidades evidenciadas en la estructuración
de la convocatoria como tal.”

16. Asimismo, reprocharon la decisión adoptada por el Juzgado Cuarenta y
Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, indicando que la interpretación dada al
presente asunto socavó sus derechos fundamentales, pues, accedió a las
pretensiones invocadas por la señora Eliana Paola Colorado, desconociendo la
existencia de otras acciones de tutela que cuestionan el actuar de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

17. La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A, por auto del 26 de abril de 2023 admitió la acción
de tutela, negó la medida provisional solicitada por la accionante 2, ordenó notificar

2 Como sustento de la anterior decisión, el a quo consideró: Observa el Despacho que no se cuenta

con los elementos de juicio necesarios para adoptar la medida provisional solicitada por la parte
actora, pues de lo narrado en el libelo introductorio se advierte que la lista de elegibles fue publicada
en cumplimiento de una orden de tutela; además se ha informado que sobre la nulidad de las
actuaciones del concurso de mérito existen procesos en trámite ante la Fiscalía General de la Nación
y el Consejo de Estado, por tanto sólo una vez se corra el traslado de la acción y se escuche a las
autoridades accionadas, podrá resolverse sobre la presunta vulneración de derechos fundamentales
individuales de la actora.

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a los accionados, y dispuso la vinculación como terceros interesados a las personas
que se inscribieron a la convocatoria para el cargo OPEC 1663133.

1.6. Intervenciones:

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Comisión Nacional del Servicio Civil

18. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la acción constitucional,
para lo cual manifestó que las actuaciones desplegadas por parte de la entidad se
acompasaron con el ordenamiento jurídico y no se configuró la trasgresión de los
derechos fundamentales de la accionante.

19. Explicó que la controversia recae sobre un concurso de méritos que se
encuentra reglamentado, por lo que, según la jurisprudencia de la Corte
Constitucional la acción de tutela no se erige en el mecanismo idóneo para
cuestionar tal actuación.

20. Del mismo modo, precisó que el reparo de la parte demandante es un punto
que cuenta con sus propias herramientas de discusión, conforme quedó consignado
en el acuerdo rector del concurso de méritos. En ese sentido, considera que no se
satisface con el requisito de subsidiariedad.

21. Por otra parte, resaltó que de los hechos que fundamentan la acción
constitucional, no se encuentran elementos de juicio que permitan inferir
razonablemente la configuración de un potencial perjuicio irremediable,
circunstancia por la cual, se reitera, la acción constitucional no es procedente.

1.6.2. Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá

22. Rindió informe en el cual detalló una a una las etapas surtidas dentro de la
acción de tutela 11001-33-41-045-2023-00160-00, dejando por sentado que la
señora Marly Gutiérrez Rodríguez no se hizo parte en dicho trámite, pese a que la
solicitud de amparo fue publicada en el sitio web de la Comisión Nacional del
Servicio Civil y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

23. Explicó que la Comisión Nacional del Servicio Civil no acreditó la existencia
de una orden judicial dirigida a suspender la publicación de las listas de elegibles
para el cargo identificado con el código OPEC 166313, de la convocatoria abierta
para proveer cargos al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

3 Consultado el sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se encuentra registrada la

publicación correspondiente, que permite constatar que efectivamente dicha autoridad administrativa
cumplió con la orden impartida por el a quo.

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24. Relató que en el trámite reprochado se adoptaron las medidas pertinentes
para garantizar el debido proceso de los sujetos involucrados en el conflicto, se
notificaron en debida forma las decisiones y, frente a aquellos sujetos que les fue
negada su intervención, se les permitió hacer uso de los recursos de ley.

25. Finalmente, indicó que la decisión proferida en dicho proceso fue objeto de
impugnación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual fue
concedida por auto del 25 de abril de 2023.

1.6.3. Universidad de Pamplona

26. Solicitó que se declare la improcedencia de la solicitud de amparo
constitucional, por cuanto, considera que no se configuró la vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante.

27. Explicó que, por los mismos hechos e idénticas pretensiones, se han
presentado múltiples acciones de tutela, las cuales han finalizado con sentencia
adversa a los intereses de los accionantes. Lo anterior, en la medida que no se ha
configurado una conducta activa o pasiva que vulnere garantías de raigambre
constitucional.

1.6.4. Departamento Administrativo de la Función Pública

28. Como primer argumento de defensa, la autoridad planteó la inexistencia del
perjuicio irremediable, como elemento necesario para la promoción de la acción de
tutela que permita acudir de forma directa al mecanismo constitucional.

29. En segundo lugar, refirió que la entidad no está legitimada en causa por
pasiva, por cuanto no se advierte una conducta activa u omisiva que haya sido
constitutiva de la vulneración de los derechos fundamentales.

1.7. Sentencia de primera instancia

30. Mediante proveído del 5 de mayo de 2023, la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la
solicitud de amparo deprecado por las ciudadanas Marly Gutiérrez Rodríguez, Olga
Janneth Saavedra Murillo, Luz Amparo Palacios Ramos y Carolina Liseth Cortés
Alvear.

31. Para arribar a dicha conclusión, el a quo estableció que la acción de tutela no
es el mecanismo idóneo para cuestionar las decisiones de la administración, frente
a los concursos de méritos y, concretamente, respecto a la lista de elegibles que es
el acto administrativo susceptible de los medios de control ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

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32. De otra parte, en lo que atañe al fallo de tutela proferido por el Juzgado
Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá dentro de la acción de tutela
11001-33-41-045-2023-00160-00, precisó que, por un lado, dicha decisión había
sido impugnada ante el superior jerárquico y, por ende, no estaba en firme; y, por
otro lado, no se configuraba alguna de las hipótesis establecidas por la Corte
Constitucional que permita atacar un fallo de tal naturaleza.

1.8. Impugnación

33. Por auto del 16 de mayo de 20234, la magistrada ponente de la sentencia de
primera instancia concedió la impugnación propuesta por Luz Amparo Palacios
Ramos, Carolina Liseth Cortés Alvear y Nadia Luz Martínez Gravini, esta última
quien intervino como interesada en las resultas del trámite.

34. Reiteran que la decisión de tutela no tuvo en cuenta la existencia de los
procesos ordinarios que cursan ante el Consejo de Estado, los cuales evidencian
las posibles irregularidades en el concurso realizado.

35. En igual sentido, resaltan que tampoco tuvo injerencia alguna en la decisión,
el dictamen pericial que estableció los errores que tenía la prueba de conocimientos,
el cual, en criterio de la parte accionante, cuestiona los puntajes asignados a cada
uno de los participantes.

36. Reclaman que, en cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado
Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá dentro de la acción de tutela
11001-33-41-045-2023-00160-00, la Comisión Nacional del Servicio Civil publicó la
lista de elegibles vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso y la
contradicción.

37. Aseveran que en el presente caso no es procedente la publicación de la lista
de elegibles para el cargo identificado con el código OPEC 166313, dado que se
afectarían los derechos de las personas que actualmente ocupan los cargos de
forma provisional, sin que todavía exista certeza sobre la legalidad de tal actuación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

38. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte accionante contra el fallo del 5 de mayo de 2023, dictado por la Subsección A
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto

4 La sentencia se notificó mediante correo electrónico del 9 de mayo de 2023 y los escritos
contentivos de la impugnación fueron radicados en la Secretaría del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 12 de mayo de 2023.

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333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Problemas jurídicos

39. En atención a los escritos de impugnación la Sala debe precisar que la
pretensión constitucional se contrae a dos puntos concretos; el primero,
corresponde a los cuestionamientos dirigidos contra la lista de elegibles para la
provisión del cargo identificado con el código OPEC 166313, de la convocatoria
adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer cargos del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y, el segundo, la inconformidad de las
accionantes con el fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarenta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá dentro de la acción de tutela 11001-33-41-
045-2023-00160-00.

40. Por lo anterior, se dividirán las consideraciones en dos subproblemas
jurídicos que, una vez analizados, podrá la Sala establecer si confirma, modifica o
revoca la sentencia del 5 de mayo de 2023, dictada por la Subsección A de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual declaró
improcedente la acción de tutela promovida por la parte accionante.

2.3. De los cargos formulados contra la convocatoria para provisión de
empleos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

41. , La Sección debe abordar los siguientes problemas jurídicos frente a este
aspecto:

 ¿La acción de tutela es procedente para cuestionar las decisiones adoptadas
por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, frente al concurso de
méritos para la provisión de cargos al interior del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar?

De ser afirmativa la respuesta anterior, deberá responder si:

 ¿Las autoridades administrativas accionadas, incurrieron en la vulneración
de los derechos fundamentales de las accionantes, con ocasión de la
decisión adoptada frente a la lista de elegibles para el cargo identificado con
el código OPEC 166313?

42. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) panorama general de la acción de tutela; (ii) la procedencia excepcional
del recurso de amparo frente a actos administrativos pasibles de control ante el juez
contencioso administrativo; (iii) la acción de tutela en concurso de méritos y, (iv)
análisis del caso en concreto.

2.4. Panorama general de la acción de tutela

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43. El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de
sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos
previstos en el Decreto 2591 de 1991.

44. Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la
jurisprudencia, la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia
de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio
irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su procedencia
excepcional frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez
contencioso administrativo

45. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del
Decreto Ley 2591 de 1991.

46. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.

47. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un asunto de su competencia5.

48. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los

5 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución

y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”

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mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos y todos
los operadores judiciales deben cumplir su función jurisdiccional como jueces de
convencionalidad, de constitucionalidad y de legalidad.

49. Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a
la existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de
los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 20116.

50. Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades,
el mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar
la protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa
que, pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el
núcleo esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de
amparo se torna procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la
afectación de las garantías superiores.

51. Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser
procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran
los elementos identificados por la Corte Constitucional, así se requiere que: i) el
daño sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el
perjuicio; (ii) el perjuicio sea grave, esto implica que la afectación sea de gran
intensidad sobre la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de medidas
urgentes para evitar que ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se
aplazaran la protección sobre los derechos se tornaría ineficaz por inoportuna.7

2.6. La acción de tutela en los concursos de méritos

52. Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones
ocurridas en el marco de un concurso de méritos, la jurisprudencia constitucional ha
establecido que le corresponde al juez determinar la naturaleza del acto que se
acusa de vulnerar las garantías ius fundamentales, con el objetivo de establecer si
existe o no un mecanismo judicial idóneo y eficaz para intervenir en la problemática
identificada por el ciudadano.

6 La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias
del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-
23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-
000-2016-00293-01.
7 Corte Constitucional. Sentencias T-003 de 2022, SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018,

entre muchas otras.

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53. En ese contexto, es preciso identificar la etapa en la que se encuentra el
proceso de selección y, a partir de ello, establecer el carácter general o particular
de los actos administrativos que, eventualmente, podrían ser susceptibles de control
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los medios de control
de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente.

54. En cualquier caso, le corresponde al juez de tutela valorar la idoneidad y
eficacia del mecanismo judicial ordinario para conjurar la posible afectación de los
derechos fundamentales, lo que debe valorarse en cada asunto particular e implica
verificar si las herramientas de la jurisdicción contencioso-administrativa otorgan
una protección real del derecho cuyo amparo se reclama. En la sentencia T-081 de
2022, la Corte Constitucional explicó que las medidas cautelares del artículo 230 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011 exigen examinar: “(i) el contenido de la pretensión
y (ii) las condiciones de los sujetos involucrados”.

55. Tanto la Corte Constitucional8 como el Consejo de Estado9 han sostenido que,
por regla general, el amparo no es el dispositivo judicial apto para controvertir los
actos proferidos en el marco de un concurso de méritos, cuando estos son
susceptibles de ser demandados ante los jueces administrativos al involucrar un
debate de legalidad y el cumplimiento de actos normativos (como leyes,
reglamentos o la misma convocatoria). Por ejemplo, este aspecto ha tomado
protagonismo cuando se acciona en contra de los actos proferidos en las fases
eliminatorias o de la lista de elegibles.

56. En la misma línea de lo anterior, el Consejo de Estado10 ha señalado que los
actos administrativos de calificación que eliminan a los participantes definen la
posición jurídica del aspirante, por lo que son susceptibles de ser controvertidos
ante los jueces administrativos. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:

“(…) al igual que la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de
situaciones jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la
ubicación de los convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad,
otorgan un estatus al participante y afectan su interés de acceder a la carrera
administrativa». En el presente caso, se demanda la nulidad del artículo 7.° de
la Resolución 749 del 20 de junio de 2012 que señaló los resultados totales de
las diferentes pruebas dentro del Concurso de Méritos y conformó la lista de
elegibles para los cargos de curador urbano 2 y 3. En él se declaró que la señora
(…) no superó la prueba de conocimientos y que, por ende, no podía ser incluida
en dicha lista. También se enjuició el artículo 1.° de la Resolución 0896 del 9 de
julio de 2012 que decidió el recurso de reposición interpuesto en contra del
primer acto administrativo. En los actos referidos se calificaron todas las
pruebas adelantadas en el concurso, incluida la de conocimientos. También se

8 Corte Constitucional, sentencias T-388 de 1998, T-095 de 2002, SU-913 de 2009, T-556 de 2010,

T-169 de 2011, T-156 de 2012, T-604 de 2013, T-180 de 2015, T-610 de 2017, T-438 de 2018, T-
227 de 2019, T-425 de 2019, entre otras.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación número: 23001-23-33-000-2012-

00067-01, Sentencia del 29 de noviembre de 2012.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

Sentencia de 5 de noviembre de 2020, Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15), M.P. Rafael
Francisco Suarez Vargas.

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sumaron los resultados y se definió la lista de elegibles. En consecuencia, sí
son demandables, en la medida que excluyeron a la señora (…) de la posibilidad
de ocupar esta y definieron su situación jurídica”.

57. No obstante, la Corte Constitucional ha identificado algunas excepciones a la
citada regla, cuando: (i) el empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con
un periodo fijo determinado por la Constitución o por la ley11; (ii) se imponen trabas
para nombrar en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles12; (iii)
el caso presenta elementos que podrían escapar del control del juez de lo
contencioso administrativo, por lo que tiene una marcada relevancia
constitucional13; y, finalmente, (iv) cuando por las condiciones particulares del
accionante (edad, estado de salud, condición social, entre otras), a este le resulta
desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.

2.7. Pronunciamiento de la Sala frente a este punto

58. Las señoras Marly Gutiérrez Rodríguez, Olga Janneth Saavedra Murillo, Luz
Amparo Palacios Ramos y Carolina Liseth Cortés Alvear, acudieron a la acción de
tutela en busca de la protección de sus derechos fundamentales “de petición, a la
igualdad, el debido proceso (debido proceso administrativo), defensa, participación
y acceso a los cargos públicos, en armonía con el principio de confianza legítima y
legalidad, mérito, igualdad en el ingreso, contradicción transparencia, imparcialidad,
idoneidad y seguridad jurídica.”, presuntamente conculcados por las autoridades
administrativas accionadas, dado que se publicó la Resolución No. 5596 del 17 de
abril de 202314 correspondiente a la OPEC 166313 ofertado en la modalidad Abierto
del Proceso de Selección No. 2149 de 2021 del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar.

59. La Comisión Nacional del Servicio Civil, en su escrito de intervención, explicó
que la mencionada resolución fue dictada en acatamiento de la decisión que adoptó
el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, al interior de la
acción de tutela ya mencionada.

60. Las accionantes comparten la misma situación fáctica en el presente caso,
pues, se trata de personas que se presentaron al concurso de méritos para ocupar
el cargo en mención, y una vez realizada la prueba de conocimientos no obtuvieron
el puntaje mínimo necesario para continuar en la siguiente fase.

11 Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015,

T-551 de 2017, T-610 de 2017 y T-059 de 2019.
12 Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005,

T-521 de 2006, T-175 de 2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras.
13 Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.
14 Por la cual se conforma y adopta la Lista de Elegibles para proveer novecientos ochenta y nueve

(989) vacante(s) definitiva(s) del empleo denominado PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código
2044, Grado 7, identificado con el Código OPEC No. 166313, MODALIDAD ABIERTO del Sistema
General de Carrera Administrativa de la planta de personal del INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, Proceso de Selección Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
No. 2149 de 2021.

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61. De las pruebas aportadas con la contestación de la acción de tutela por
Comisión Nacional del Servicio Civil y por la Universidad de Pamplona se puede
concluir que las accionantes tuvieron conocimiento de los resultados obtenidos en
el examen de conocimientos, información frente a la cual presentaron los recursos
correspondientes. Al respecto, las citadas entidades dieron respuesta a las
reclamaciones formuladas como se advierte a continuación:

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62. Lo anterior permite evidenciar que la discusión planteada por las accionantes
se enfoca en cuestionar la legalidad de la decisión, por medio de la cual se
estableció el puntaje asignado para cada una de ellas en la prueba de
conocimientos.

63. Siendo ello así, la Sala considera que tales respuestas son una manifestación
de la administración encaminada a definir la situación jurídica de las accionantes
frente al concurso de méritos, en el sentido de excluirlas de la lista de elegibles y,
en consecuencia, esa decisión es susceptible de control a través de los
instrumentos que para tal efecto establece el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

64. En igual sentido, se tiene que prima facie no es evidente la vulneración de
los derechos fundamentales de las accionantes, pues, del material probatorio
allegado al trámite constitucional, no se evidencia una circunstancia que imponga la
intervención del juez de tutela; máxime, si se tiene en cuenta que no se cumplen
ninguno de los presupuestos que para tal efecto ha establecido la Corte
Constitucional y que fueron expuestos en el numeral 57 de la presente decisión.

65. Por otra parte, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, por auto del 24 de mayo de 2023, dictado al interior del proceso 11001-03-
25-000-2022-00707-00, admitió la demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad simple en la que se cuestiona la legalidad del Acuerdo 202102002816 del
21 de septiembre de 2021, “Por el cual se convoca y se establecen las reglas del
Proceso de Selección, en las modalidades de Ascenso y Abierto, para proveer los
empleos en vacancia definitiva pertenecientes al Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – Proceso de Selección ICBF 2021.”

66. Asimismo, mediante proveído separado de la misma fecha, la citada Sala, en
aplicación del artículo 233 de la Ley 1437 de 2011, corrió traslado de la medida
cautelar solicitada por la parte demandante que busca la suspensión provisional de
los actos administrativos correspondientes.

67. Del mismo modo, se tiene que bajo el radicado 11001-03-28-000-2022-
00330-00, en la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se
recibió otra demanda en la cual, también se está cuestionando la legalidad de los
mismos actos administrativos relacionados con la convocatoria para provisión de
cargos al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

68. A partir de lo anterior, resulta razonable y acorde a la arquitectura judicial del
Estado colombiano, que esta Sala no puede vía acción de tutela usurpar las
competencias propias de la Sección Segunda de esta Corporación, la cual, se erige
en el juez natural para determinar, a través del medio de control establecido por el
legislador, si efectivamente se configura un vicio por parte de la administración
frente al concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil

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para suplir las plazas disponibles dentro del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, lo que torna improcedente la solicitud de amparo constitucional frente a las
actuaciones desplegadas por las autoridades administrativas accionadas.

2.8. De los cargos formulados contra el Juzgado Cuarenta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá.

69. Frente a la inconformidad manifestada en relación con el fallo de tutela del
14 de abril de 2023, se deberá determinar sí:

 ¿La acción de tutela es procedente para cuestionar la decisión adoptada por
el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá dentro de
la acción de tutela 11001-33-41-045-2023-00160-00?

De ser afirmativa la respuesta anterior, deberá responder si:

 ¿El Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro
de la acción de tutela 11001-33-41-045-2023-00160-00, vulneró los derechos
fundamentales de las accionantes al impartir la orden a la Comisión Nacional
del Servicio Civil de realizar la publicación de las listas de elegibles de la
OPEC 166313, correspondiente al proceso de selección para proveer los
cargos de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – Proceso de Selección ICBF 2021.

70. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas:; (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos generales de procedibilidad
de la tutela contra providencia judicial y iii) caso concreto.

2.9. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

71. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
15
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 16 y declaró su
procedencia.17

72. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y, iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
17 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

73. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

74. Es necesario manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.10. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.10.1. Tutela contra tutela

75. La Corte Constitucional mediante la sentencia SU 627 de 2015 estableció los
casos en los que excepcionalmente resulta plausible la promoción de una acción de
tutela en la cual se cuestione una decisión de la misma naturaleza. En dicha
oportunidad, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional consideró:

“4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción
de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de
tutela anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude

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(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.”

76. Con base en el anterior criterio, la Sala anticipa que el amparo deprecado por
la parte accionante no tiene vocación de éxito, en la medida que la decisión
reprochada fue proferida por un juez de la República en el marco de una acción de
tutela18.

77. Los reparos planteados en el escrito de amparo ponen en evidencia una
inconformidad de la parte accionante con la sentencia adoptada por el Juzgado
Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela
11001-33-41-045-2023-00160-00. No obstante, ninguno de los argumentos apunta
a acreditar la existencia de un fraude en dicho trámite o algunas de las demás
situaciones que hacen procedente la tutela contra decisiones de la misma
naturaleza.

78. Los reparos planteados en la demanda principal, como las que
posteriormente fueron acumuladas en el presente asunto, debieron ser ventiladas
en el proceso ya referenciado.

79. El citado trámite constitucional, gozó de la suficiente publicidad, pues,
conforme lo ordenó el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de
Bogotá, la Comisión Nacional del Servicio Civil registró en el sitio web de la entidad
la información de la solicitud de amparo.

18 Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las siguientes decisiones: sentencia del 27 de

mayo de 2021, Exp. No. 50001-23-33-000-2020-00482-01. M.P. Rocío Araújo Oñate y sentencia del
30 de marzo de 2023, Exp. No. 11001-03-15-000-2023-00057-01 M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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80. Lo anterior permite concluir que la acción de tutela que promovió Eliana Paola
Colorado no cursó de manera oculta o desconocida para las personas interesadas
en el proceso de selección OPEC 166313, incluso, como se evidencia del fallo
cuestionado en tutela se tiene que hubo intervenciones tanto a favor como en contra
de las pretensiones de la parte accionante.

81. Se advierte que el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de
Bogotá hizo uso de las herramientas pertinentes para garantizar la correcta
integración del contradictorio, permitiendo que cualquier persona con interés en el
trámite pudiese intervenir bien sea a favor o en contra de la pretensión promovida
por Eliana Paola Colorado.

82. Ahora bien, siguiendo en la misma línea expuesta, la Sala advierte que Marly
Gutiérrez Rodríguez, Olga Janneth Saavedra Murillo, Luz Amparo Palacios Ramos
y Carolina Liseth Cortés Alvear, pese a tener conocimiento de la existencia del
citado asunto, decidieron no hacer ningún tipo de intervención ante el juez de la
impugnación19. Al respecto, nuevamente, la Comisión Nacional del Servicio Civil
publicó en el sitio web el fallo proferido por el Juzgado Cuarenta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá.

19 Consultado el sitio web de consulta de procesos, se estableció que la Subsección A de la Sección

Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 29 de mayo de 2023, profirió sentencia de
segunda instancia dentro del trámite de acción de tutela 11001-33-41-045-2023-00160-01.

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Radicado: 25000-23-15-000-2023-00253-01

83. Visto lo anterior, resulta claro que no se configura el elemento de fraude en
el trámite constitucional, necesario para proceder a la solicitud de amparo
constitucional contra un fallo de tutela y, en consecuencia, no se supera el requisito
adjetivo objeto de estudio.

3. Conclusión

84. En atención a que Marly Gutiérrez Rodríguez, Olga Janneth Saavedra
Murillo, Luz Amparo Palacios Ramos y Carolina Liseth Cortés Alvear pretenden vía
acción de tutela cuestionar decisiones administrativas, por medio de las cuales
fueron excluidas del proceso para la provisión de cargos correspondiente a la OPEC
166313, ofertado en la modalidad Abierto del Proceso de Selección No. 2149 de
2021 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Sala concluye que el
mecanismo constitucional no es procedente y, en consecuencia, se confirma la
improcedencia declarada en primera instancia por la Subsección A, Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por no satisfacer el requisito
de subsidiariedad.

85. En igual sentido, la Sala concluye que no es procedente el amparo
constitucional formulado por las mencionadas personas contra la sentencia
proferida por el Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá,
dentro de la acción de tutela 11001-33-41-045-2023-00160-00, pues, conforme lo
expuesto, se reprocha una decisión de la misma naturaleza constitucional y no se
encontró acreditada una circunstancia constitutiva de fraude.

86. Asimismo, se acreditó que la citada autoridad judicial, garantizó la vinculación
de toda persona con interés en el trámite de amparo, permitiendo a cualquier sujeto
presentar su intervención tanto a favor como en contra de las pretensiones
ventiladas en dicho asunto.

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Demandante: Marly Gutiérrez Rodríguez y Otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Cinco Administrativo
del Circuito de Bogotá y Otros
Radicado: 25000-23-15-000-2023-00253-01

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de mayo de 2023, proferida por la
Subsección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo, conforme a la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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