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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2023-00308-01

Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de

Fecha
20 de junio de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2023-00308-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por las razones aquí expuestas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2023-00308-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de junio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 25001-23-15-000-2023-00308-01
Demandante: FIDEL ANTONIO SERRATO SALINAS
Demandado: JUZGADO 37 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se cumple el presupuesto de legitimación en la causa por activa /
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – El hecho de haber ejercido la
representación judicial en el proceso ordinario no habilita a un abogado para ejercer
directamente la acción de tutela contra actuaciones o decisiones allí adoptadas. En estos
casos, es imprescindible aportar el poder especial otorgado por sus mandantes o cumplir
las condiciones de la agencia oficiosa.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 19 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C, por medio de la cual se declaró improcedente la
acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 12 de mayo de la presente anualidad1, el abogado Fidel Antonio Serrato Salinas
interpuso acción de tutela contra el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión del
trámite de notificación de la sentencia dictada el 29 de octubre de 2021, en el
proceso de reparación directa con radicado 11001-33-36-037-2016-00263-00.
Formuló las siguientes pretensiones:

1
Se advierte que, el 29 de mayo de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 25001-23-15-000-2023-00308-01
Demandante: Fidel Antonio Serrato Salinas
Demandado: Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
Sentencia de tutela de segunda instancia
1.- Se reconozca mi derecho fundamental del DEBIDO PROCESO al cual
tengo derecho en virtud del artículo 29 de la Carta Superior.
2.- Que se Decrete la nulidad de los autos proferidos en fechas posteriores al
fallo de primera instancia.

3.- Que se me notifique de maneral formal el fallo proferido en primera
instancia por el Juzgado 37 Administrativo de oralidad del Circuito de Bogotá.

1.2. Hechos y argumentos de la tutela

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos
fácticos jurídicamente relevantes:

El abogado Fidel Antonio Serrato Salinas, en calidad de apoderado judicial de los
señores Misael Villabona López, Guillermo Próspero Castillo Vallecilla, Carlos
Adolfo Bermúdez Carmona, Eder Farrayans Nieto, Roger Gilberto Argel Bravo,
Jairo Becerra y Alfonso Coronel Ortiz y de sus respectivos grupos familiares,
presentó demanda de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial, para que se declarara la responsabilidad patrimonial por
la privación de la libertad que soportaron los citados señores.

El Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, a quien correspondió el proceso en
primera instancia, mediante sentencia del 29 de octubre de 2021, negó las
pretensiones de la demanda.

El accionante expuso que ha «esperado pacientemente la notificación» de la
referida sentencia, y, sin embargo, ello no ha ocurrido, razón por la cual, el 12 de
enero de 2022, solicitó al aludido juzgado que surtiera la notificación y la respuesta
que obtuvo fue que dicha actuación se llevó a cabo el 29 de octubre de 2021.

Argumentó que a su correo no llegó la notificación, y que, incluso, solicitó a un
ingeniero que filtrara su buzón electrónico con el fin de verificar si se encontraba el
mensaje de notificación, pero el resultado fue negativo.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 12 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por intermedio del magistrado sustanciador del proceso en primera
instancia, admitió la tutela contra el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá y ordenó
que aquel se notificara a su titular para que rindiera un informe sobre los hechos
que motivaron la solicitud de amparo.

2

Radicación: 25001-23-15-000-2023-00308-01
Demandante: Fidel Antonio Serrato Salinas
Demandado: Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
Sentencia de tutela de segunda instancia

2.1 La jueza 37 administrativa de Bogotá alegó que la tutela no estaba llamada a
prosperar, dado que la sentencia del proceso de reparación directa fue notificada
en debida forma.

En tal sentido, expuso que no se cumplía el requisito de inmediatez, por cuanto la
providencia se dictó el 29 de octubre de 2021, mientras que la acción de tutela se
presentó 1 año y 6 meses después.

Refutó la tesis de que no se surtió la notificación, al afirmar que fue enviada y
entregada de manera exitosa al correo electrónico autorizado por la parte actora
(codigofass@hotmail.com), según consta a folios 367 y 371 del expediente
ordinario; sin que el uso o manejo del correo del apoderado sea oponible al
despacho.

3. Fallo impugnado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en
sentencia del 19 de mayo de 2022, declaró improcedente la acción de tutela.

El a quo sostuvo que la tutela no cumplía el requisito de inmediatez, toda vez que
en los meses de enero, mayo y julio de 2022 el actor radicó varios memoriales en
los que solicitó la notificación de la sentencia e interpuso recurso de apelación, que
fue rechazado por improcedente. De modo que «pudo acudir al juez de tutela desde
hace más de 1 año y, no se observa ni se alega por el actor, impedimento o
justificación que pudiera afectarle para tal efecto.

Adujo que, en gracia de discusión, la Sala pudo constatar que, en efecto, la
sentencia del 29 de octubre de 2021 fue notificada en debida forma al correo
codigofass@homail.com, de manera que «las pruebas aportadas por el actor no
tienen la entidad suficiente para desvirtuar la certificación de envío y entrega que
anteceden, por lo que, tampoco le asistiría el amparo de los derechos incoados».

4. Impugnación

En la impugnación, la parte actora argumentó que «la falta de la verdad del Juzgado
37 Administrativo es fea, siembra muchas dudas, querer inducir al juez de tutela

3

Radicación: 25001-23-15-000-2023-00308-01
Demandante: Fidel Antonio Serrato Salinas
Demandado: Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
Sentencia de tutela de segunda instancia
que actué 18 meses después, oscurece más que aclarar y debe dar lugar a la
prosperidad de mis pretensiones»

Alegó que le era «imposible actuar» antes de que el juez se pronunciara sobre sus
solicitudes y que, en todo caso, con «las sábanas… de los correos entrados» se
acredita que nunca ingresó a su correo la notificación de la sentencia del proceso
del señor Misael Villabona López.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se declaró improcedente la
solicitud de amparo.

Para el efecto, se deberá analizar preliminarmente si el accionante está legitimado
por activa para ejercer la acción de tutela. Solo en el evento de que se concluya que
el señor Fidel Antonio Serrato Salinas tiene legitimación para presentar la solicitud
de amparo, la Sala determinará si se cumplen los requisitos generales de la tutela,
especialmente el de inmediatez; en caso afirmativo, se abordará el estudio de fondo,
con el fin de establecer si la autoridad judicial accionada vulneró o no el derecho
fundamental al debido proceso invocado por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. De la legitimación para ejercer la acción de tutela

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política 2 fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que

2
ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]

4

Radicación: 25001-23-15-000-2023-00308-01
Demandante: Fidel Antonio Serrato Salinas
Demandado: Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
Sentencia de tutela de segunda instancia
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo debe
ser una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo podrá
ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos
fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos ajenos, como lo
dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 19913.

En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter
informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas
condiciones mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de
la legitimación en la causa por activa. Así lo ha expuesto:

Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige
que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la
causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos
fundamentales. Dicha legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la
primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea un derecho
fundamental propio y no, en principio, de otra persona 4 . La segunda se
entiende satisfecha con la correcta identificación de las autoridades
responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados 5 , destacando a la vez que su adecuada integración persigue
garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía,
permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los
hechos que son materia de la controversia constitucional.

Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda
en causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar
debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para
instaurar la acción de tutela (…) (se destaca)6.

Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales,
es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos tratados internacionales

3 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,

por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien
actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones
de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
4
Cita del original: «Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
5
Cita del original: «En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental (…)».
6
Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.

5

Radicación: 25001-23-15-000-2023-00308-01
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o que, sin estar en un cuerpo normativo específico, «se relacionen con la dignidad
humana y sean traducibles a un derecho subjetivo» 7 . Así, debe decirse que un
derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado a una persona y tenga un
contenido que sea exigible al Estado o a los demás, es decir, estos cuentan con un
titular, un obligado y una prestación o contenido8.

El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su
protección.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa,
«es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes
carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito
y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo”9»10.

De esta manera, la Corte Constitucional indicó que, so pretexto de ejercer la acción
de tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación
de otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de protección
constitucional supone que no existan requisitos mínimos de procedibilidad como la
legitimación en la causa por activa11.

La jurisprudencia constitucional también ha precisado que, en los casos en los
cuales se ejerza la acción de tutela mediante representante judicial, el poder debe

7
Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003, en la que se habló del
carácter autónomo de ciertos derechos, en virtud de su relación con la dignidad humana, aun cuando
no estuvieran expresamente definidos como fundamentales en la Constitución:
La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos
fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de
aplicación inmediata7 y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona 7. Entre estos
dos extremos se han presentado varias posturas teóricas:
…
A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
concepto de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que
valor central del sistema y principio de principios.
…
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté
dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida
en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad
de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada
de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho
constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o
abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada
caso (tópica).
8
Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
Cita original de la providencia. T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M.
P. José Gregorio Hernández.
10
Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
11
Al respecto, ver la sentencia T-417 de 2013, reiterada en la sentencia T-020 de 2016.

6

Radicación: 25001-23-15-000-2023-00308-01
Demandante: Fidel Antonio Serrato Salinas
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ser otorgado mediante escrito que se presumirá auténtico, únicamente puede estar
dirigido a un profesional del derecho y debe ser especial. Por este último motivo, el
poder otorgado para iniciar un proceso judicial diferente no supone la facultad para
interponer una demanda de tutela por hechos derivados de él12.

En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o
jurídica– titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las
condiciones para agenciar los derechos de otro, el representante legal o judicial del
afectado o las autoridades expresamente autorizadas para ello en el ordenamiento
jurídico13. De no cumplirse, la tutela se torna improcedente por la ausencia de un
presupuesto para estudiar el fondo del asunto.

• Análisis de la legitimación en la causa en el caso concreto.

La presente solicitud de amparo fue presentada por el abogado Fidel Antonio
Serrato Salinas, quien dijo reclamar la protección de su derecho fundamental al
debido proceso; sin embargo, la Sala advierte que la parte actora no aportó el poder
que la faculte para acudir en sede de tutela, en aras de obtener el resguardo
constitucional reclamado.

En el fondo, los derechos que se debaten no son los del abogado, sino los de los
demandantes en el proceso de reparación directa que constituyeron apoderado
para tal efecto. Ese hecho –el mandato– no traslada la titularidad de los derechos
de los demandantes, ni hace que surjan unos autónomos en cabeza del profesional
del derecho.

Valga insistir en que, si bien el abogado Serrato Salinas invocó la protección de sus
propios derechos fundamentales, lo cierto es que los argumentos de la tutela se
encaminan a cuestionar las actuaciones del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá,
por la supuesta indebida o ausencia de notificación de la sentencia dictada el 29 de
octubre de 2021, en el proceso de reparación directa en el que actuó en calidad de
apoderado de los señores Misael Villabona López, Guillermo Próspero Castillo
Vallecilla, Carlos Adolfo Bermúdez Carmona, Eder Farrayans Nieto, Roger Gilberto
Argel Bravo, Jairo Becerra y Alfonso Coronel Ortiz y de sus respectivos grupos

12
Al respecto, ver la sentencia T- 531 de 2002.
13
De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitimados para
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en situación
de desamparo e indefensión.

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familiares, sin que ninguno de ellos hubiese comparecido directamente a la acción
de tutela o le hubiese conferido poder para tal fin.

En materia de tutela, es cierto que el interesado puede acudir ante el juez por medio
de apoderado judicial, pero también lo es que, en ese caso, el profesional del
derecho debe aportar el poder especial que lo faculta para actuar, pues, de lo
contrario, se configurará un auténtico caso de falta de legitimación en la causa por
activa. En cuanto a la especificidad del poder para ejercer la acción de tutela, esto
ha sostenido la Corte Constitucional:

La Corte, en reiterados fallos, ha señalado los elementos del apoderamiento en
materia de tutela, así: (i) acto jurídico formal que se concreta en un escrito,
llamado poder, el cual se presume auténtico; (ii) tratándose de un poder
especial, debe ser específico, de modo que aquel conferido para la promoción
o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende
otorgado para la promoción de procesos diferentes, así los hechos que le den
fundamento a estos tengan origen en el proceso inicial; (iii) el destinatario del
acto de apoderamiento sólo puede ser un profesional del derecho habilitado
con tarjeta profesional. Es decir, la legitimación por activa se configura si quien
presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el
respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un
poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional14.

Queda claro, entonces, que la existencia del poder para intervenir en otros asuntos
–como el proceso ordinario de reparación directa– no habilita al apoderado para
ejercer la acción de tutela, que tiene como objeto específico la protección de los
derechos fundamentales, dado que «este mecanismo de defensa judicial no admite
que se pueda asumir de manera indeterminada o ilimitada la representación de otro
y demandar protección constitucional a su nombre, ni la informalidad que caracteriza
a la acción de tutela se opone a que su ejercicio esté sometido a requisitos mínimos
de procedibilidad, entre los cuales está la legitimidad por activa»15.

En esa misma línea de pensamiento ya se ha pronunciado esta Subsección, entre
otras, en las sentencias del 5 de marzo de 202116, del 20 de mayo de 202217 y del
17 de junio de 2022,18, por lo que existe una tesis reiterada y consolidada de la Sala
en cuanto a que los apoderados judiciales no pueden reclamar la protección
autónoma de sus derechos fundamentales cuando se trata de la discusión de
actuaciones o decisiones que afecten a quien otorgó el mandato. De manera que
en estos casos es imprescindible que se aporte el poder especial, que se cumplan

14
Corte Constitucional. Sentencia T-194 de 2012.
15
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2013.
16
Radicado 25000-23-15-000-2020-02851-01. M.P. María Adriana Marín.
17
Radicado 25000-23-15-000-2022-00120-01. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
18
Radicado 17001-23-33-000-2022-00093-01. M.P. María Adriana Marín.

8

Radicación: 25001-23-15-000-2023-00308-01
Demandante: Fidel Antonio Serrato Salinas
Demandado: Juzgado 37 Administrativo de Bogotá
Sentencia de tutela de segunda instancia
las condiciones de la agencia oficiosa o que el verdadero titular de sus derechos
acuda directamente ante el juez constitucional.

Por lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de primera instancia, que
declaró improcedente la acción de tutela, pero por considerar que el abogado Fidel
Antonio Serrato Salinas carece de legitimación en la causa por activa para
interponerla.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 19 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, por las razones
aquí expuestas.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF
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