Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2023-00402-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2023-00402-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2023-00402-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
31 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: JOHAN SEBASTIÁN REYES SOTELO
Accionados: JUZGADO TREINTA Y CUATRO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN TERCERA Y MUNICIPIO DE CHÍA –
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se revoca el
fallo impugnado que denegó el amparo constitucional deprecado para, en
su lugar, declarar improcedente la presente acción de tutela por no
satisfacer el requisito general de la subsidiariedad y de la relevancia
constitucional, en el caso sub judice
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante, en contra de la
sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por la Subsección “B” de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca1.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. El ciudadano Johan Sebastián Reyes Sotelo, actuando en su propio nombre,
presentó acción de tutela2 con miras a obtener el amparo de sus derechos
constitucionales fundamentales «[…] al debido proceso, a la defensa y al acceso a
la administración de justicia […]», cuya vulneración le atribuyó (i) al Oficio N°
UTCCH-1374-2023 de 10 de abril de 2023, expedido por el Secretario de Movilidad
del municipio de Chía, y mediante el cual se negó la solicitud de prescripción
elevada por el aquí accionante, y (ii) al auto de 19 de abril de 2023, proferido por el
Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y
mediante el cual se rechazó la demanda de acción de cumplimiento con radicado
número: 11001-33-36-034-2023-00107-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante y los documentos
allegados, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en
síntesis, a lo siguiente:
1
Con ponencia de la magistrada Dra. Clara Cecilia Suárez Vargas.
2
El 6 de junio de 2023.
2
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
2.1. Manifestó que la Secretaría de Movilidad del municipio de Chía le impuso el
comparendo de tránsito número 42355.
2.2. Relató, en su escrito petitorio, lo siguiente:
«[…] Los comparendos tienen más de tres (3) años luego de la fecha de la
notificación del mandamiento de pago (cobro coactivo), por lo cual, cumplieron
con los requisitos para declarar su prescripción según el artículo 159 del Código
Nacional de Tránsito en concordancia con el artículo 162 ibídem, el artículo 100
de la ley 1437 de 2011, los artículos 818 y 826 del Estatuto Tributario y,
además, acorde a la sentencia del Consejo de Estado (Rad. No. 11001-03-15-
000-2015-03248-00) del 11 de febrero de 2016 (Consejero Ponente ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDES); que dice muy claramente y sin lugar a dudas
que la prescripción de los cobros coactivos se da tres (3) años luego de la
notificación del mandamiento de pago (según artículo 818 del Estatuto
Tributario) y no a los cinco (5) años, pues NO se puede utilizar el artículo 817
del Estatuto Tributario. […]» (Subrayas por fuera del texto)
2.3. Señaló que presentó un derecho de petición el 24 de febrero de 2023 a la
Secretaría de Movilidad del municipio de Chía a través del cual solicitó «que se
aplique al comparendo 42355 la prescripción de que habla el artículo 159 del código
nacional de tránsito en concordancia con el artículo 162 ibídem, los artículos 10 y
100 de la ley 1437 de 2011 y el artículo 818 del Estatuto Tributario, así como la
sentencia C – 240 de 1994, la sentencia C – 556 de 2001 y el artículo 28 de la
Constitución Política de Colombia. Lo anterior debido a que el comparendo 42355
tiene más de 3 años luego iniciado el mandamiento de pago».
2.4. Refirió que, mediante el Oficio N° UTCCH-1374-2023 de 10 de abril de 2023, la
Secretaría de Movilidad del municipio de Chía le negó la solicitud de prescripción,
sin tener en cuenta que, el artículo 28 de la Constitución Política, establece que
«[…] no habrá penas ni medidas de seguridad imprescriptibles y que la Sentencia
C-240 de 1994 establece que ello también se aplica no solo para casos penales
sino para toda clase de actuaciones administrativas […]».
2.5. Adujo que, debido a lo anterior, presentó la demanda de acción de cumplimiento
N° 11001-33-36-034-2023-00107-00, en contra del municipio de Chía – Secretaría
de Movilidad; para que se ordenara «a la Secretaría de Movilidad (Tránsito) de CHÍA
que retire el (los) comparendos de la base de datos del SIMIT y demás bases de
datos de infractores en cumplimiento de la prescripción».
2.6. Resaltó que, mediante auto de 19 de abril de 2023, el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito de Chía rechazó la demanda de acción de cumplimiento,
luego de considerar que lo pretendido mediante la acción de cumplimiento no era
susceptible de plantearse a través de del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
2.7. Anotó, en su demanda de tutela, que:
«[…] El juez no tuvo en cuenta que realmente NO puedo acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho debido a que no comprende
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Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
la naturaleza jurídica de mi solicitud a la justicia, pues yo no pretendo que se
declare la nulidad de un acto administrativo sino por el contrario que mediante
otro acto administrativo simplemente se aplique la figura jurídica de la
prescripción y que el medio ideal para que esto se haga es precisamente el
medio de control de cumplimiento. Es decir, yo no le estoy pidiendo a la justicia
que declare la ilegalidad de un acto (que deje de hacer) sino que le estoy
pidiendo que ordene a una autoridad de CUMPLA una norma (que haga). O
sea, el juez no entiende la diferencia básica entre los tipos de normas entre las
cuales unas ordenan hacer y otras no hacer. Esto es tan cierto que según el
artículo 138 del Código Contencioso Administrativo establece solo se puede
acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
transcurridos cuatro (4) meses de ocurridos los hechos. Y, para este caso, eso
no aplica por obvias razones y motivos. […]» (subrayas de la Sala)
2.8. Adicionalmente, señaló lo siguiente:
«[…] Tampoco tuvo en cuenta el juez que a dicho mecanismo solo se puede
acceder a través de representación de abogado en ejercicio para lo cual no
tengo recursos. Y por último, no tuvo en cuenta el juez que, además de estar
incurriendo en una vía de hecho judicial, denegación de justicia, prevaricato y
fraude a resolución judicial, el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho tiene unos tiempos bastante amplios para resolver sus asuntos
(hasta dos años y más) tiempo en el cual el organismo de tránsito puede
embargarme salarios, cuentas bancarias, etc. (a pesar de que legalmente se
supone que no podrían hacerlo pues el cobro coactivo ya prescribió, o sea, dejo
de existir y lo deben quitar) lo cual me ocasionaría un perjuicio irremediable
[…]».
2.9. Para finalizar, anotó que: «[…] Es por ello … recurriendo a la TUTELA como
ÚLTIMO RECURSO para evitar un perjuicio irremediable debido a una vía de hecho
judicial pues, como lo he probado, primero acudí a la vía gubernativa y luego a la
vía judicial y ambos recursos me han sido negados sin argumentos jurídicos válidos;
por lo cual se han violado mis derechos fundamentales de acceso a la justicia,
debido proceso, legalidad y defensa […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] Que se AMPAREN mis derechos fundamentales a la legalidad, defensa, al
debido proceso y al acceso a la justicia y se ordene al organismo de tránsito
APLICAR LA PRESCRIPCIÓN del comparendo 42355 y los elimine del SIMIT
y de toda base de datos de infractores […] (Negrillas fuera del texto original)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Elmagistrado de la Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a cargo de la sustanciación del proceso,
mediante auto de 26 de junio de 2023, admitió la acción de tutela de la referencia
en contra del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y del Municipio de Chía – Secretaría de Movilidad.
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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
5. En la misma fecha, se notificó a la autoridad judicial y a la entidad demandada,
mediante buzón de notificaciones judiciales.
V. INTERVENCIONES
6. Efectuadaslas notificaciones a la autoridad judicial accionada y a la entidad
demandada, se advierte que se allegaron los siguientes informes en el interior del
presente trámite.
7. El Juez Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá3
allegó respuesta oportuna en la que señaló que la acción de tutela incoada por el
señor Reyes Sotelo resultaba improcedente, en atención a la presencia de otros
mecanismos judiciales ordinarios previstos en la ley y en el ordenamiento jurídico
aplicable al caso en concreto.
8. Refirió que:
«[…] La controversia no versa en realidad sobre una postura de renuencia de
la entidad accionada frente al cumplimiento de determinadas normas sino sobre
la interpretación del marco normativo que regula lo pertinente, materia que
ciertamente escapa a lo que podría ser objeto de conocimiento en el marco de
una acción de cumplimiento, y que hace considerar, sin lugar a dudas, que la
acción resulta IMPROCEDENTE, pues como ya se señalaba la
procedencia de la misma está delimitada por la ausencia de otro
mecanismo judicial, y en el presente asunto, es claro que lo que pretende
el accionante es propio del medio de control de nulidad o nulidad y
restablecimiento del derecho, mismos que debe o debió ejercer en la
oportunidad establecida por la ley.
Por otra parte, sea del caso señalar entonces, que la acción de cumplimiento
se vale del concepto de renuencia como presupuesto de su procedencia, sin
embargo, la ley no lo define por lo que para su interpretación ha de acudirse a
las acepciones normalmente aceptadas de dicho concepto, es decir de su
sentido natural, como lo señala el Código Civil en su artículo 281; en ese
sentido, el término renuencia claramente está ligado a una postura de rebeldía,
oposición o resistencia de una autoridad frente a un mandato claro. El no
cumplimiento de un mandato por causas que son explicadas
razonadamente y que se ligan a la no ocurrencia del supuesto de hecho
cuya aplicación se solicita, ciertamente es un escenario ajeno al de la
renuencia, lo que de contera conduce a ratificar la IMPROCEDENCIA DE
LA ACCIÓN DE AMPARO […]». (Negrillas fuera del texto original)
9. Agregó lo siguiente:
«[…] Bajo esta perspectiva, la “renuencia” así agotada carece valor, pues no
se puede estar en rebeldía frente a algo que, de acuerdo con los presupuestos
fácticos y la interpretación del marco normativo, no es procedente según la
interpretación que razonadamente expresa la entidad accionada, interpretación
frente a la que, en todo caso, se pueden ejercer las acciones ordinarias
consagradas en el ordenamiento para este tipo de escenarios.
[…]
3
Doctora Olga Cecilia Henao Marín.
5
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
El despacho advierte que la parte actora busca que se estudie la nulidad
de la multa impuesta, sin proponer el medio correspondiente para atacar
el acto administrativo de la entidad, que era una acción de nulidad y
restablecimiento del derecho. La ACCIÓN DE TUTELA no puede ser la
instancia procesal para efectuar un nuevo estudio. Por lo anterior,
respetuosamente SOLICITO SE DENIEGUE el amparo constitucional
solicitado […]». (Negrillas de la Sala de Decisión)
10. El municipio de Chía – Secretaría de Movilidad, por conducto de su respectivo
apoderado judicial, se pronunció sobre las pretensiones de la acción constitucional
incoada esgrimiendo que dicha entidad no había vulnerado derecho fundamental
alguno.
11. Argumentó que en el escrito de tutela el accionante no demostró el haber acudido
al medio de control establecido en la Ley 1437 de 2011 ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, lo cual resultaba necesario ante la existencia de un
conflicto de carácter económico asociado al cobro de un comparendo ocasionado
por conducta contraria a las normas establecidas en el Código Nacional de Tránsito.
12. Para finalizar, esgrimió lo siguiente:
«[…] De esta manera es claro que esta acción de tutela se debe declarar
IMPROCEDENTE, porque el accionante tiene a su disposición un amplio
catálogo de medios de control en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa,
encaminados a controvertir este tipo de actuaciones administrativas con
naturaleza netamente económica; que NO causan un perjuicio irremediable y,
por el contrario, son originadas por el comportamiento contrario a las normas
de tránsito por parte del accionante y a lo cual esta entidad de tránsito ha
desarrollado un procedimiento de cobro acorde con la normatividad vigente y
aplicable […]».
VI. EL FALLO IMPUGNADO
13. Mediante fallo de tutela de 29 de junio de 2023, la Subsección “B” de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió denegar el
amparo constitucional solicitado, luego de considerar que, en el caso que nos
ocupa, las autoridades accionadas no habían vulnerado las garantías
fundamentales del señor Johan Sebastián Reyes Sotelo.
14. Para efectos de resolver la presente causa, el juez de amparo, en su decisión de
primer grado, abordó los siguientes aspectos: i) competencia; ii) problema jurídico;
iii) requisitos de procedencia de la acción de tutela; iv) inmediatez; v)
subsidiariedad; vi) el medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o de actos administrativos y, finalmente, se pronunció sobre vii) el
caso concreto.
15. Dilucidado todo lo anterior, y descendiendo a la resolución del caso en concreto,
el Tribunal de primera instancia explicó lo que a continuación se enseña:
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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
[…] Se puede inferir que el medio de control de cumplimiento de normas
con fuerza material de ley o de actos administrativos no está encaminado
al reconocimiento por parte de la administración de garantías particulares, o el
debate, en sede judicial del contenido y alcance de algunos derechos que el
particular espera que se le reconozcan, verbigracia, que se declaré la
prescripción de unos comparendos, pues esta acción de naturaleza
constitucional y subsidiaria no busca el reconocimiento de derechos
particulares en disputa ni el cumplimiento general de las leyes y actos
administrativos, sino un deber derivado de un mandato específico y
determinado.
De aceptarse una interpretación diferente del alcance de este mecanismo,
como lo propone el accionante, se autorizaría al juez constitucional, como ha
señalado el Consejo de Estado, a que resuelva de fondo todas las
controversias jurídicas en relación con la aplicación del derecho, lo que a la
postre anularía el principio de separación funcional de jurisdicciones y dejaría
sin sentido la existencia de los mecanismos procesales ordinarios y
contencioso administrativos […]. (Negrillas por fuera del texto original)
16. Para finalizar, el juez de primer grado agregó lo siguiente:
[…] En tal sentido, la discusión en relación con la prescripción de unos
comparendos de tránsito a la luz de una norma, según la jurisprudencia
de las Altas Cortes, desborda completamente el objeto de la acción
constitucional, pues la pretensión formulada no trata estrictamente sobre
el acatamiento o la observancia de una disposición normativa, sino una
controversia legal en torno a la interpretación de una norma sobre la
aplicación de la figura de la prescripción, respecto de la cual el Juez
Constitucional no está facultado para intervenir, en la medida que,
decisiones de este tipo pueden ser controvertidas en la vía judicial a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
En ese orden, la decisión adoptada por el Juzgado Treinta y Cuatro (34)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en auto de diecinueve (19) de
abril de dos mil veintitrés (2023), por medio del cual rechazó de plano la
demanda ante la falta de acreditación material de la renuencia como requisito
de procedibilidad de la acción, aunado a la existencia de otro mecanismo
judicial al tenor de la naturaleza subsidiaria de la acción conforme con lo
establecido en el artículo 8° de la Ley 393 de 1997, se ajusta a derecho, y
por lo tanto, SE NEGARÁ EL AMPARO SOLICITADO.
A la par de lo anterior, el artículo 16 de la Ley 393 de 1997 “Por la cual se
desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”, establece que las
providencias que se dicten en el trámite de la acción de cumplimiento, con
excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del
auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de
reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por
estado y resuelto a más tardar al día siguiente, en consecuencia, la providencia
de tres (3) de mayo del año en curso que negó por improcedente el recurso de
apelación interpuesto por el accionante contra el auto que rechazó la demanda
[…]. (Negrillas de la Sala)
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Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
17. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, oportunidad en la que,
además de reiterar los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela
incoada, agregó los siguientes planteamientos:
[…] Que el superior REVISE la decisión de primera instancia, por carecer de las
condiciones necesarias a la sentencia congruente, teniendo en cuenta que:
1.- No se tuvo en cuenta que ya agoté todos los medios y recursos de defensas
posibles como la vía gubernativa a través de derecho de petición, y la vía judicial
como lo es el medio de control de cumplimiento y que por tanto solo acudí a la
tutela como ULTIMO RECURSO para evitar un perjuicio irremediable ante una
vía de hecho judicial y no como mecanismo principal sino subsidiario.
2.- No se tuvo en cuenta que la prescripción es un instituto de orden público
según la sentencia C – 556 de 2001 según el cual el estado cesa su facultad
sancionatoria.
3.- No se tuvo en cuenta que según el artículo 28 de la Constitución Política de
Colombia no hay penas ni medidas de seguridad imprescriptibles y que ellos se
aplican también para casos administrativos como lo establece la sentencia C-
240 de 1994.
4.- No se tuvieron en cuenta la gran cantidad de normas mencionadas como los
artículos 159 y 162 del Código Nacional de Tránsito en concordancia con los
artículos 10, 100 y 146 de la ley 1437 de 2011, el artículo 818 del Estatuto
Tributario, el artículo 87 de la Constitución Política y la ley 393 de 1997.
5.- No se tuvo en cuenta la sentencia del Consejo de Estado 11001-03-15-000-
2015-03248-00 del 11 de febrero de 2016 Consejero Ponente ROBERTO
AUGUSTO SERRATO VALDES que establece que se deben es contar tres (3)
años luego de la fecha de la notificación del mandamiento de pago para declarar
la prescripción y no el artículo 817 ibídem.
6.- No se tuvo en cuenta que existe un delito llamado prevaricato por acción y
por omisión tipificados como tal en los artículos 413 y 414 del código penal y, el
más importante de todos, el del artículo 454 ibídem que habla sobre fraude a
resolución judicial pues las sentencias del honorable Consejo de Estado son de
obligatorio cumplimiento […].
18. Con fundamento en las anteriores premisas, la parte actora solicitó revocar el fallo
impugnado y que, como consecuencia de ello, se acceda al amparo constitucional
deprecado.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia de la Sala
19. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
8
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
noviembre de 19914, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20155, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20176.
VIII.2. Problemas jurídicos
20. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado7, la Sala debe establecer lo siguiente:
A) Si la presente acción de amparo cumple con los requisitos de procedencia.
Y, si ello es así, se deberá determinar:
B) Si el municipio de Chía – Secretaría de Movilidad vulneró los derechos
fundamentales del accionante al debido proceso, a la defensa y al acceso a
la administración de justicia, con ocasión de la expedición del Oficio N°
UTCCH-1374-2023 de 10 de abril de 2023, mediante el cual se negó la
solicitud de prescripción del comparendo N° 42355.
C) Si el auto de 19 de abril de 2023, proferido por el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dentro del proceso de
acción de cumplimiento número 11001-33-36-034-2023-00107-00, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia del actor.
21. Con el fin de resolver tales interrogantes, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra actos administrativos de contenido particular; ii) requisitos de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales; y iii) resolver el caso concreto.
VIII.3. Requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de contenido particular
22. La Sala advierte que, de conformidad con lo establecido por el artículo 6° del
Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de amparo, por regla general, no procede
para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez
que el legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, en su defecto, la
acción de nulidad.
23. Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos, siempre que
se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una vulneración
4
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
5
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
6
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo anterior, exista
peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que el amparo
procedería como mecanismo transitorio.
24. En ese sentido, en sentencia T-514 de 2003, la Corte Constitucional precisó:
[…] La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la
acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones
administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio
irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá
suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de
1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de
1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo […]. (Se destaca)
25. Sumado a lo anterior, la Corte Constitucional ha admitido que, cuando se
presenta una vía de hecho administrativa y se demuestra un perjuicio irremediable,
la acción de tutela puede incluso proceder, excepcionalmente, como mecanismo
definitivo8.
26. Así las cosas, en principio la acción de tutela resulta improcedente para
controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos de que esté en riesgo la
vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procedería el amparo de manera transitoria.
VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
27. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
28. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
29. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
8
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-514 de 2003.
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Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
30. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución10.
31. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales mencionados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»11 que se encaje en
dichos parámetros.
32. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
33. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VIII.5. El caso concreto
34. El ciudadano Johan Sebastián Reyes Sotelo, actuando en nombre y causa
propia, presentó acción de tutela12 con miras a obtener el amparo de sus derechos
constitucionales fundamentales «[…] al debido proceso, a la defensa y al acceso a
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12
El 6 de junio de 2023.
11
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
la administración de justicia […]», cuya vulneración le atribuyó (i) al Oficio N°
UTCCH-1374-2023 de 10 de abril de 2023, expedido por el Secretario de
Movilidad del Municipio de Chía, y mediante el cual se negó la solicitud de
prescripción elevada por el aquí accionante, y (ii) al auto de 19 de abril de 2023,
proferido por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, y mediante el cual se rechazó la demanda de acción de cumplimiento
con radicado número: 11001-33-36-034-2023-00107-00.
35. Previo a realizar el análisis del caso concreto, la Sala estima pertinente destacar
que el escrito de tutela allegado por la parte accionante es ambiguo y poco claro al
identificar las acciones u omisiones de las entidades accionadas que
supuestamente lesionaron los derechos fundamentales del actor.
36. Sin embargo, la Sala infiere que los fundamentos fácticos y jurídicos de este
mecanismo constitucional están encaminados a lo siguiente:
36.1. Por una parte, se discute la legalidad del Oficio N° UTCCH-1374-2023 de 10 de
abril de 2023, expedido por el Secretario de Movilidad del municipio de Chía, y frente
al cual se afirma que desconoce, entre otros, el principio constitucional que
establece que «no habrá penas ni medidas de seguridad imprescriptibles», la
sentencia C - 240 de 1994, «los artículos 10, 100 y 146 de la ley 1437 de 2011, el
artículo 818 del Estatuto Tributario, el artículo 87 de la Constitución Política y la ley
393 de 1997» y la sentencia de 11 de febrero de 2016, proferida por esta Sección.
36.2. Por otro lado, se controvierte la decisión adoptada por el Juez Treinta y Cuatro
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en el proceso de acción de
cumplimiento N° 11001-33-36-034-2023-00107-00. En este aspecto, es preciso
señalar que, aunque en la tutela no se identifica cuál es la providencia a la que se
le atribuye la vulneración de las garantías fundamentales del actor, lo cierto es que,
mediante el auto de 19 de abril de 2023, la autoridad judicial accionada rechazó la
demanda de acción de cumplimiento por improcedente; decisión que se cuestiona
en el mecanismo de amparo.
36.3. El actor adujo, en síntesis, que la decisión de la autoridad judicial lesionó sus
garantías constitucionales porque no tuvo en cuenta que los perseguido a través de
la acción de cumplimiento no era la nulidad del Oficio N° UTCCH-1374-2023 de 10
de abril de 2023, sino el cumplimiento de las desconocidas por la Secretaría de
Movilidad del municipio de Chía.
37. Precisado lo anterior, se destaca que en el fallo impugnado, la Subsección “B”
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca13 concluyó
que esta acción de tutela era procedente porque cumplía con los presupuestos de
legitimación en la causa, subsidiariedad e inmediatez. Sin embargo, se negaron las
pretensiones de la solicitud de amparo porque lo pretendido por el actor, a través
del medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de
13
Con ponencia de la magistrada Dra. Clara Cecilia Suárez Vargas.
12
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
actos administrativos era el reconocimiento de derechos particulares y subjetivos en
disputa. En consecuencia, concluyó el a quo que la determinación tomada por el
Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se ajustaba
a derecho.
38. EstaSección no comparte la conclusión a la que arribó el juez de primera
instancia, relacionada con que la acción de tutela cumple con los requisitos de
procedencia. Ello es así porque, en criterio de la Sala, el presente medio de defensa
no cumple con los presupuestos de subsidiariedad y de relevancia constitucional,
tal como pasa a exponerse.
VIII.5.1. Incumplimiento del requisito general de subsidiariedad de la acción de
tutela
39. En el presente caso, se tiene que la parte accionante adujo que el municipio de
Chía – Secretaría de Movilidad vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la
expedición del Oficio N° UTCCH-1374-2023 de 10 de abril de 2023, mediante el
cual se negó la solicitud de prescripción del comparendo N° 42355.
40. También manifiesta el actor que la Secretaría de Movilidad de Chía negó la
prescripción con argumentos legales “mal interpretados” y sin tener en cuenta que
el artículo 28 de la Constitución establece que no habrá penas imprescriptibles,
motivo por el cual decidió acudir a instancias judiciales a través del medio de control
previsto en el artículo 87 de la Constitución y en la Ley 393 de 1997 -previa
constitución en renuencia, de conformidad con el artículo 146 de la ley 1437 de 2011-.
41. Al respecto, la Sala debe resaltar que la acción de tutela es un mecanismo de
carácter subsidiario, excepcional y residual, de conformidad con el artículo 86 superior.
Significa lo anterior que este mecanismo de protección de derechos fundamentales
solo será procedente cuando se hayan agotado todos los mecanismos de defensa
judicial previstos por la norma o cuando dicho mecanismo no resulta idóneo para la
protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados. Este
carácter excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591
de 199114.
42. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza15), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
43. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:
14
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
15
Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
13
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]16.
44. Precisado lo anterior, la acción de tutela, por regla general, resulta improcedente
cuando pretenda controvertir la legalidad de los actos administrativos de contenido
particular, en razón a que los asociados cuentan con un medio de defensa
ordinario como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el cual es el mecanismo idóneo para solicitar la anulación y la suspensión
de los actos de la administración que lesionan el ordenamiento jurídico y, debido a
esto, afectan derechos fundamentales.
45. Significa lo anterior que la aquí accionante cuenta con un medio de defensa
judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a
través del cual puede discutir la legalidad del acto administrativo en cuestión, en el
que, además, podrá solicitar medidas cautelares.
46. Cabe poner de relieve que el medio de control de nulidad y restablecimiento
resulta ser un medio de defensa eficaz puesto que, tal como lo ha sostenido esta
Sección17, «con la expedición la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, ya no es
aceptable el argumento según el cual los medios de control ordinarios no son
eficaces ni oportunos para la protección de los derechos presuntamente
conculcados en casos como el estudiado»18.
47. Lo anterior en consideración a que: «la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al consagrar la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia19, como la suspensión provisional de
16
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de marzo de 2018, expediente
número 52001-23-33-000-2017-00626-01, C.P. María Elizabeth García González,
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 24 de junio de 2021, expediente
número 110010315000202102428-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
19
Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra
parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción,
14
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
los efectos del acto administrativo o del procedimiento hasta tanto se defina
la declaración o no de su nulidad»20. (negrillas fuera del texto)
48. En conclusión, la Sala considera que la parte actora debe utilizar los medios
ordinarios e idóneos que se encuentran consagrados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para efectos de revisar la
legalidad del acto administrativo objeto de cuestionamiento; por tanto, se declarará
la improcedencia de la acción de tutela en cuanto a este aspecto, al no satisfacerse
el requisito general de procedencia relativo a la subsidiariedad de la acción de tutela
incoada.
VIII.5.2. De la carga argumentativa, como presupuesto para tener como
satisfecho el requisito atinente a la relevancia constitucional de la controversia
49. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que
el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental21
y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de
contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones22.
23
50. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces24.
51. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación25, que:
[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución señalada en el auto que así lo decrete.
20
Ibidem.
21 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
22 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
23 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
24 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
25
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
15
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión
tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]. [Negrillas fuera de texto]
52. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda
concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que
la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto
de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales26.
53. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que el actor invoque el texto
constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios
derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado debe
ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.
54. En la presente acción constitucional, la Sala de Decisión observa que, en
definitiva, el escrito de amparo carece a todas luces de carga argumentativa, porque
la parte actora se limitó a argumentar que: «[…] El juez no tuvo en cuenta que
realmente NO puedo acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho debido a que no comprende la naturaleza jurídica de mi solicitud a la
justicia, pues yo no pretendo que se declare la nulidad de un acto administrativo
sino por el contrario que mediante otro acto administrativo simplemente se aplique
la figura jurídica de la prescripción y que el medio ideal para que esto se haga es
precisamente el medio de control de cumplimiento […]», en detrimento de sus
derechos y garantías iusfundamentales, sin realizar un esfuerzo argumentativo
o retórico muchísimo más fundamentado y/o sólido para efectos de la defensa
de sus pretensiones en sede de amparo.
55. En efecto, el escrito de tutela allegado al plenario fue bastante ambiguo y omitió
sustentar los defectos en los que presuntamente se había incurrido en el caso de
autos. En armonía con lo anterior, la Sala destaca que, en el escrito de amparo, la
parte actora se limitó a hacer la siguiente exposición ambigua:
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).
16
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
«[…] Tampoco tuvo en cuenta el juez que a dicho mecanismo solo se puede
acceder a través de representación de abogado en ejercicio para lo cual no
tengo recursos. Y por último, no tuvo en cuenta el juez que, además de estar
incurriendo en una vía de hecho judicial, denegación de justicia, prevaricato y
fraude a resolución judicial, el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho tiene unos tiempos bastante amplios para resolver sus asuntos
(hasta dos años y más) tiempo en el cual el organismo de tránsito puede
embargarme salarios, cuentas bancarias, etc. (a pesar de que legalmente se
supone que no podrían hacerlo pues el cobro coactivo ya prescribió, o sea, dejo
de existir y lo deben quitar) lo cual me ocasionaría un perjuicio irremediable
[…]».
56. De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra que en el caso objeto de
estudio no se identificaron los elementos materiales probatorios obrantes en
el plenario y que, aparente o presuntamente, fueron desconocidos y tampoco
se precisaron a cabalidad las normas que dejaron de ser observadas y aplicadas al
asunto de la referencia, y el cómo ello tuvo la entidad suficiente de la adopción de
la decisión de rechazo de la demanda mediante el auto censurado de fecha 19 de
abril de 2023, dictado por la autoridad judicial accionada.
57. De allí que esta Sala considera que la parte accionante no está poniendo de
presente que en el actuar de las entidades cuestionadas se haya incurrido en una
arbitrariedad, sino que los motivos que fundamentan su inconformidad se ven
sustentados, básicamente, en una controversia legal en torno a la interpretación de
una norma sobre la aplicación de la figura de la prescripción, aspecto respecto del
cual el juez de amparo constitucional no se encuentra autorizado ni mucho menos
consentido para intervenir.
58. Así mismo, la Sala vislumbra que el presente conflicto pone en evidencia un
conflicto de naturaleza económica, respecto del cual el juez de tutela no se
encuentra facultado para adoptar una decisión de fondo, en el caso de autos.
59. Es dable resaltar que la simple enunciación de una inconformidad respecto de la
decisión adoptada mediante providencia judicial no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta última autoridad no actúa como
instancia adicional o de revisión del proceso contencioso, y es por ello por lo que su
intervención se encuentra limitada por los argumentos que el extremo accionante
haya expuesto o planteado en el mecanismo de amparo.
60. Todo lo anterior, le permite a la Sala de Decisión considerar que la discusión que
se expone a través del escrito de tutela, no tiene trascendencia constitucional alguna
porque el núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos que fueron
debatidos en su sede natural.
61. Por los anteriores razonamientos, la Sala revocará el fallo impugnado que denegó
la solicitud de amparo constitucional deprecada para, en su lugar, declarar
improcedente la presente acción de tutela frente al incumplimiento de los requisitos
generales de subsidiariedad y de relevancia constitucional, en el caso sub examine
17
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00402-01
Accionante: Johan Sebastián Reyes Sotelo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de tutela del 29 de junio de 2023, proferido por la
Subsección “B” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente
acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P(20)
Sigue leyendo
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