Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2023-00525-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2023-00525-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2023-00525-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
30 de octubre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá D.C, treinta (30) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expedientes: 25000-23-15-000-2023-00525-01 (acumulados)
25000-23-15-000-2023-00539-01
25000-23-15-000-2023-00540-01
25000-23-15-000-2023-00558-01
Demandantes: ERNESTO LEÓN MUNIVE MEEK
GABRIEL JOSÉ BALLESTAS SIERRA
CONSUELO HERRERA GARCÍA
DAMARY SÁNCHEZ LOZANO
Demandados: JUZGADO 12 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ Y OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIONES DE TUTELA ACUMULADAS CONTRA EL
AUTO QUE NEGÓ ABRIR EL TRÁMITE INCIDENTAL
DE DESACATO.
Síntesis del caso: los actores cuestionaron el auto que se abstuvo de iniciar el trámite
incidental de desacato por considerar que no les asistía legitimación en la causa por activa
para promoverlo. Se confirma la sentencia de primera instancia que negó el amparo.
La Sala decide las impugnaciones interpuestas por los demandantes en contra de
la sentencia del 29 de agosto de 2023 proferida por la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que se decidió:
“PRIMERO: NIÉGASE el amparo constitucional solicitado por Ernesto
León Munive Meek, Gabriel José Ballestas Sierra, Consuelo Herrera
García y Damary Sánchez Lozano.”. (negrillas del original – archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)
I. ANTECEDENTES
Mediante sendos escritos presentados por separado1, los actores promovieron
procesos de acción de tutela en contra del auto de 7 de julio de 2023 proferido por
1
i) Proceso 11001-03-15-000-2023-00525-01: Presentado el 3 de agosto de 2023; ii) Proceso 11001-
03-15-000-2023-00539-01: Presentado el 4 de agosto de 2023; iii) Proceso 11001-03-15-000-2023-
00540-01: Presentado el 4 de agosto de 2023 y iv) Proceso 11001-03-15-000-2023-00558-01:
Presentado el 10 de agosto de 2023.
2
Expedientes acumulados: 11001-03-15-000-2023-00535-01 y otros
Demandantes: Rolando José Jaramillo Sierra y otros
Acciones de tutela acumuladas – Impugnaciones de fallo
el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá para la protección de
sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia consagrados en los artículos 13, 29 y 229 de la
Constitución Política.
1. Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de las acciones los demandantes señalaron, en síntesis,
lo siguiente:
1) La señora Magda Bibiana Martínez Roberto participó y superó las etapas del
concurso público de méritos para acceder a un cargo de carrera administrativa del
Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA), pero no alcanzó un puesto
en la lista de elegibles que le permitiera acceder a la única vacante disponible
reportada por esa autoridad para la OPEC a la que optó.
2) Esa ciudadana presentó una acción de tutela en contra de la Comisión Nacional
del Servicio Civil (en adelante CNSC) y el SENA2 en la que solicitó que se ordenara
a esas autoridades acatar las disposiciones de la Ley 1960 de 2019, según la cual,
durante el periodo de 2 años en que se encuentren vigentes, se pueden emplear las
listas de elegibles para proveer las vacantes que surjan con posterioridad a la
convocatoria.
3) El Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia el
5 de marzo de 2021 en la que declaró improcedente la acción de tutela con
fundamento en que la lista de elegibles en que figuró la demandante se encontraba
vencida, de ahí que perdió fuerza ejecutoria.
4) A pesar de lo anterior, en el ordinal segundo de esa providencia, el juzgado
exhortó a la CNSC “para que acate el fallo constitucional T-340 del 2020, que
dispuso la aplicación retrospectiva de la ley 1960 del 2019 (...)”, decisión que
sustentó en que con esa providencia la Corte Constitucional sentó el precedente
sobre la posibilidad de proveer vacantes definitivas surgidas con posterioridad a una
2
Proceso no. 11001-33-42-049-2021-00042-00.
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Expedientes acumulados: 11001-03-15-000-2023-00535-01 y otros
Demandantes: Rolando José Jaramillo Sierra y otros
Acciones de tutela acumuladas – Impugnaciones de fallo
convocatoria pública, siempre y cuando la lista de elegibles se encuentre vigente y
se den los supuestos que habiliten el nombramiento del aspirante elegible.
5) A su vez, en el ordinal tercero de la sentencia de tutela se dispuso: “OFICIAR a
la Procuraduría General de la Nación para que se investigue a los presuntos
responsables de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, por no dar
aplicación retrospectiva de la Ley 1960 del 2019.”.
6) Cada uno de los demandantes afirmó que presentaron incidentes de desacato en
contra de la CNSC y la Procuraduría General de la Nación con fundamento en que
esas autoridades no cumplieron con lo dispuesto en los ordinales segundo y tercero
del fallo de tutela de 5 de marzo de 2021.
7) En esos memoriales, afirmaron que si bien la CNSC profirió actos administrativos
con los que autorizó el uso de las listas de elegibles conformadas en el marco del
concurso de méritos, lo cierto es que no lo hizo en debida forma porque únicamente
lo autorizó para los mismos empleos3, con lo que descartó los empleos equivalentes
no ofertados; que el SENA únicamente nombró a partir de septiembre de 2022 y
que la Procuraduría no adelantó la investigación que se ordenó en el fallo de tutela.
8) Con auto de 7 de julio de 2023, el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá se abstuvo de iniciar el incidente de desacato presentado por los
demandantes, con fundamento en que la única legitimada para proponer el trámite
incidental era la señora Magda Bibiana Martínez Roberto, quien presentó la acción
de tutela que dio lugar al fallo referido; adicionalmente afirmó que la sentencia
declaró improcedente el amparo, que el exhorto no tiene fuerza vinculante por lo
que no existió alguna orden susceptible de exigir su cumplimiento y que solo hasta
esa fecha se libró el oficio con que notificó a la Procuraduría General de la Nación
de la orden que le dictó.
3
Cargos que “tengan igual denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito,
funciones, ubicación geográfica, requisito de estudio, experiencia reportada y mismo grupo de
aspirantes”.
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Expedientes acumulados: 11001-03-15-000-2023-00535-01 y otros
Demandantes: Rolando José Jaramillo Sierra y otros
Acciones de tutela acumuladas – Impugnaciones de fallo
2. Los fundamentos de la vulneración
Los demandantes señalaron que, contrario a lo decidido por el Juzgado 12
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, sí están legitimados en la causa por
activa para iniciar el trámite incidental de desacato porque el fallo de tutela tuvo
efectos inter comunis y las órdenes dictadas en los ordinales segundo y tercero de
la sentencia beneficiaron a todos los aspirantes del concurso público de méritos.
El exhorto de la sentencia de tutela tiene fuerza vinculante pues ellos hicieron parte
de la convocatoria no. 436 de 2017 y la orden a la CNSC para que acatara la
sentencia T-340 de 2020 de la Corte Constitucional y aplicara de manera
retrospectiva la Ley 1960 de 2019 incide de manera directa sobre sus derechos
fundamentales.
3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior los demandantes solicitaron el amparo de las
siguientes súplicas:
“PRIMERO: (…) se ordene de manera inmediata al JUZGADO DOCE
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECCIÓN SEGUNDA iniciar el incidente de desacato contra la CNSC,
SENA Y LA PGN además que simultáneamente se inicie el trámite de
cumplimiento del fallo No 11001334204920210004200 emitido por parte
del mencionado Juzgado.
SEGUNDO: ORDENAR a LA CNSC dar cumplimiento al numeral
segundo del Resuelve del fallo de tutela que reza así: SEGUNDO:
EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC para que
acate el fallo constitucional T – 340 del 2020, que dispuso la aplicación
retrospectiva de la ley 1960 del 2019, conforme se argumenta en esta
providencia.
TERCERO: ORDENAR a LA PGN dar cumplimiento al numeral tercero
del Resuelve del fallo de tutela que reza así: TERCERO. OFICIAR a la
Procuraduría General de la Nación para que se investigue a los presuntos
responsables de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, por no
dar aplicación retrospectiva de la Ley 1960 del 2019.
CUARTO: Que, se impulsen (sic) copias a LA COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL por violación AL DERECHO DEL DEBER DE
CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES COMO
COMPONENTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.”. (mayúsculas del original - archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)
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Expedientes acumulados: 11001-03-15-000-2023-00535-01 y otros
Demandantes: Rolando José Jaramillo Sierra y otros
Acciones de tutela acumuladas – Impugnaciones de fallo
4. Actuación en primer grado
La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
por auto de 4 de junio de 2023 admitió la acción de tutela presentada por el señor
Ernesto León Munive Meek y notificó al titular del Juzgado 12 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá con el fin de que presentara un informe sobre los hechos
que dieron lugar a la presente acción; adicionalmente vinculó al Comisionado de la
CNSC, la procuradora general de la Nación y el director general del SENA
entregándoles copia de la demanda y de los anexos.
Con auto de 25 de agosto de 2023, el a quo acumuló al asunto de la referencia las
acciones de tutela formuladas por los señores Gabriel José Ballestas Sierra,
Consuelo Herrera García y Damary Sánchez Lozano.
6. Sentencia de primera instancia
El 29 de agosto de 2023, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que negó el amparo
solicitado.
El a quo denotó que los demandantes no tenían legitimación en la causa por activa
para presentar los respectivos incidentes de desacato porque el fallo de tutela que
declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora Magda Bibiana
Martínez Roberto tuvo efectos inter partes, razón suficiente para que la autoridad
demandada se abstuviera de tramitar los incidentes y, en esa medida, no se
presentó una vulneración de derechos fundamentales.
En gracia de discusión, analizó la naturaleza jurídica del exhorto y del oficio a la
procuraduría con fines disciplinarios y concluyó que el primero no puede confundirse
con una orden judicial susceptible de desacato y el segundo versa sobre la remisión
de copias a la autoridad de control para que desarrolle sus funciones y
competencias sin que ello comporte una orden judicial.
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Expedientes acumulados: 11001-03-15-000-2023-00535-01 y otros
Demandantes: Rolando José Jaramillo Sierra y otros
Acciones de tutela acumuladas – Impugnaciones de fallo
7. Impugnaciones
Los demandantes presentaron sendas impugnaciones cuyo contenido es idéntico y
en ellas insistieron en las razones de la demanda, según las cuales el fallo de tutela
que profirió el Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá tuvo efectos
inter comunis porque en el mismo se dictaron órdenes a la CNSC y a la Procuraduría
General de la Nación y su cumplimiento interesa a todos los participantes del
concurso público de méritos para optar por cargos de carrera del SENA.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
delimitación del asunto y 3) el caso concreto.
1. Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.
De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
constitucionales fundamentales del demandante.
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Expedientes acumulados: 11001-03-15-000-2023-00535-01 y otros
Demandantes: Rolando José Jaramillo Sierra y otros
Acciones de tutela acumuladas – Impugnaciones de fallo
2. Delimitación del asunto
La Sala advierte que no comparte el criterio expuesto por el a quo quien, a pesar de
que los demandantes no invocaron la configuración de algunos de los defectos
especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
afirmó de manera sucinta que se alegó un defecto sustantivo cuando resolvió: “se
considera que la decisión del Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá está fundamentada en unos argumentos razonables, que impiden la
configuración de un defecto sustantivo.”.
Lo anterior, en atención a que en los fundamentos de vulneración los demandantes
señalaron que se oponían a la decisión de declarar su falta de legitimación en la
causa por activa para proponer el trámite incidental de desacato, por no haber sido
parte del proceso de acción de tutela en que se profirió la decisión presuntamente
incumplida, planteamiento que para esta instancia debe encasillarse en la presunta
configuración de un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto de
acuerdo con la caracterización que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado
sobre dicho defecto, según la cual se configura en aquellos eventos en que "el
funcionario judicial utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la
eficacia del derecho sustancial y por esta vía sus actuaciones devienen en una
denegación de justicia.”.4
3. El caso concreto
En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado 12
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión del auto
proferido por esa autoridad judicial el 17 de abril de 2023.
En los términos en que se propuso la controversia, la Sala confirmará la sentencia
de primera instancia que negó las pretensiones de las acciones de tutela
acumuladas, pero por las razones que aquí se expondrán:
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 12 de
diciembre de 2017, radicación no. 25000232500019970779001 (22432014).
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Acciones de tutela acumuladas – Impugnaciones de fallo
1) En sentencia de unificación SU-034 de 3 de mayo de 2018, la Corte
Constitucional precisó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas con ocasión de un trámite incidental de desacato es
excepcional y depende de si configuró la vulneración del derecho fundamental del
debido proceso de las partes.
2) En la sentencia aludida se compilaron así los requisitos que se deben cumplir
para que proceda la tutela contra providencias que se resuelven durante el trámite
incidental de desacato:
“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación
sostiene que para enervar mediante acción de tutela la providencia que
resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los
siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada;
es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de
finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del
caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la
configuración una de las causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser
consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de
desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas,
que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar
nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato
y que el juez no tenía que practicar de oficio.”. 5
3) En el presente caso, las acciones de tutela superaron los requisitos especiales
de procedencia contra providencias judiciales proferidas en trámites incidentales de
desacato, en atención a que la providencia cuestionada se encuentra ejecutoriada,
se sustentaron en la presunta configuración de un defecto procedimental absoluto
por exceso ritual manifiesto y los planteamientos de las acciones de tutela
acumuladas resultaron consistentes con lo formulado en los incidentes de desacato,
esto es, que el fallo de tutela del Juzgado 12 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá tuvo efectos inter comunis porque las órdenes dictadas en los ordinales
segundo y tercero de la sentencia beneficiaron a todos los aspirantes del concurso
público de méritos.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-038 de 3 de mayo de 2018. MP Alberto Rojas Ríos.
9
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Acciones de tutela acumuladas – Impugnaciones de fallo
4) También se superaron los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por
la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) los demandantes agotaron todos los
medios de defensa judicial disponibles; (ii) se cumplió con el requisito de la
inmediatez, si se tiene en cuenta que las acciones de tutela fueron promovidas
dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencias atacada 6; (iii)
el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como
un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que afecte los derechos
fundamentales de los actores; (iv) los demandantes identificó de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron; (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente; (vi) la cuestión
que se discute resulta de relevancia constitucional porque en la acción de tutela se
expusieron las razones por las cuales se consideró que el amparo deprecado debe
ser valorado por el juez constitucional por la presunta configuración del defecto
antes mencionado, planteamientos que no pudo ser discutidos en el trámite
incidental de desacato y que tienen relación directa con garantías fundamentales
como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, máxime porque
se controvierte la providencia que negó la apertura del trámite incidental de
desacato.
5) Ahora bien, los demandantes señalaron que la autoridad judicial demandada
cometió un error en la providencia cuestionada porque en ella afirmó que ellos
carecían de legitimación en la causa por activa para iniciar el trámite incidental de
desacato y reclamaron que el fallo de tutela tuvo efectos inter comunis porque las
órdenes dictadas en los ordinales segundo y tercero de la sentencia beneficiaron a
todos los aspirantes del concurso público de méritos.
6) Para la Sala resulta claro que lo decidido en la sentencia de tutela de 5 de marzo
de 2021 se limitó a resolver la controversia propuesta por la señora Magda Bibiana
Martínez Roberto quien reclamó el amparo de sus derechos fundamentales de la
dignidad humana, igualdad, petición, trabajo, debido proceso y acceso a cargos
públicos con fundamento en que la CNSC y el SENA no acataron lo dispuesto en la
Ley 1960 de 2019, según la cual, durante el periodo de 2 años en que se encuentren
vigentes, se pueden emplear las listas de elegibles para proveer las vacantes que
surjan con posterioridad a la convocatoria.
6
El auto cuestionado se profirió el 7 de julio de 2023 y las acciones de tutela se presentaron entre el
3 y el 10 de agosto de 2023.
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Expedientes acumulados: 11001-03-15-000-2023-00535-01 y otros
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Acciones de tutela acumuladas – Impugnaciones de fallo
7) Es un hecho reconocido por las partes que los aquí demandantes no actuaron
dentro del primigenio trámite constitucional y por ello carecían de legitimación en la
causa para promover el trámite incidental.
8) Esta instancia considera razonable la postura del Juzgado 12 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, quien en el auto cuestionado afirmó que el único
legitimado para proponer incidentes de desacato es quien adelantó la tutela, y que
los aquí demandantes carecían del derecho a controvertir los efectos del fallo,
máxime porque en el mismo se declaró improcedente el amparo reclamado, por lo
cual no hubo una orden susceptible de que se exigiera su cumplimiento.
9) En auto de 22 de enero de 2018, la Sección Quinta de esta Corporación se
pronunció en los siguientes términos sobre la legitimación en la causa por activa
para presentar el incidente de desacato:
“Sin embargo, para que pueda darse apertura al incidente es necesario
que medie una solicitud por parte de alguno de los legitimados en
promover el desacato, esto es, quien haya actuado en el trámite de tutela
por ser el titular de los derechos fundamentales en cuestión (...)
En el caso concreto, la solicitud para iniciar incidente de desacato (...) fue
presentada por el señor (...) quien aseguró que las mencionadas
autoridades deben cumplir con la orden impartida por la Corte
Constitucional en la sentencia T-121 de 2017.
Una vez verificado el proceso de tutela que originó la expedición de la
sentencia que el señor González García considera incumplida, se
evidenció que el solicitante no actuó dentro del trámite constitucional, por
ello, carece de legitimación en la causa para promover el trámite
incidental.”.
10) Bastan las anteriores razones para considerar que con la providencia judicial
cuestionada no se vulneraron los derechos fundamentales de los demandantes,
pues en efecto los demandantes no acreditaron tener legitimación para solicitar que
se abra el incidente de desacato, porque precisamente no fueron parte del trámite
constitucional de tutela, sin que ello pueda considerarse un exceso ritual manifiesto
pues más allá del carácter informal de este mecanismo se requiere que el titular del
derecho tenga un interés directo y real en la actuación, lo cual no ocurrió en este
caso, razón por la cual se confirmará el fallo de primera instancia pero, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Demandantes: Rolando José Jaramillo Sierra y otros
Acciones de tutela acumuladas – Impugnaciones de fallo
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
F A L L A:
1º) Confírmase la sentencia proferida por la Subsección F de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de las
acciones de tutela acumuladas, pero por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.
3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia de la misma.
4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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