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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2023-00575-01

Fecha
23 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2023-00575-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 31 de agosto de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-15-000-2023-00575-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

23 de noviembre de 2023

Radicación: 25000-23-15-000-2023-00575-01
Demandante: Eva Matilde Negrette Garcés

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00575-01
Demandante: EVA MATILDE NEGRETTE GARCÉS
Demandados: JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ, COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL -
CNSC-, SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- Y
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial que se abstiene de abrir
incidente de desacato. Legitimación en la causa por activa para
promover incidente de desacato o trámite de cumplimiento

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la accionante contra la sentencia de 31 de agosto de 2023,
dictada por la Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La aquí accionante, señora Eva Matilde Negrette Garcés, relató que, en el
trámite de una acción de tutela promovida por otra persona, esto es, la señora
Magda Bibiana Martínez Roberto contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y
el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá profirió sentencia de 5 de marzo de 2021, en la que resolvió
declarar improcedente la acción de tutela, sin embargo, en los ordinales segundo y
tercero dispuso lo siguiente:

“SEGUNDO. EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC
para que acate el fallo constitucional T-340 del 2020, que dispuso la
aplicación retrospectiva de la ley 1960 del 2019, conforme se argumenta en
esta providencia.

TERCERO. OFICIAR a la Procuraduría General de la Nación para que se
investigue a los presuntos responsables de la Comisión Nacional del
Servicio Civil – CNSC, por no dar aplicación retrospectiva de la Ley 1960 del
2019.”
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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00575-01
Demandante: Eva Matilde Negrette Garcés

Adujo que, frente a lo anterior, el 14 de enero de 2022, la Comisión Nacional del
Servicio Civil emitió un comunicado en el que informa que se autoriza el uso de
listas de elegibles conformadas en el marco de la Convocatoria No 436 de 2017
para proveer treinta y ocho (38) vacantes en cumplimiento de la orden judicial
proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá.

Indicó que el 21 de enero de 2022, la precitada entidad publicó otro comunicado
por el cual autoriza el uso de lista de elegibles para proveer otras ciento cincuenta
y dos (152) vacantes.

Manifestó que se comenzaron a efectuar los nombramientos desde el mes de
septiembre de 2022 y “uno que otro en el año 2023”. Señaló que “se instauraron”
varias peticiones dirigidas a que se informaran los parámetros empleados para
efectuar dichos nombramientos, y si se había expedido una nueva lista de
elegibles o se había recompuesto la existente.

Narró que el 21 de diciembre de 2022, la CNSC dio respuesta a dichas peticiones
informando que se aplicó el criterio unificado de uso de listas de elegibles en el
contexto de la Ley 1960 de 2019. Aseveró que, por su parte, el SENA informó que
se han posesionado 100 personas en los cargos, por lo que faltan 90 empleos por
proveer que hicieron parte de la Convocatoria 436 de 2017.

La aquí accionante, señora Eva Matilde Negrette Garcés, relató que presentó
incidente de desacato en el trámite de la acción de tutela radicado No
110013342049202100042001 ante el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Bogotá y pidió que se garantizara el cumplimiento de la sentencia de 5 de marzo
de 2021.

Manifestó que la precitada solicitud fue decidida por auto de 8 de agosto de 2023
en el que se resolvió abstenerse de abrir el incidente de desacato al considerar
que en la sentencia respecto del cual se pretende la verificación de cumplimiento,
se había declarado improcedente la acción de tutela promovida la señora Magda
Bibiana Martínez Roberto contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el
Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- por lo que no se dio ninguna orden en
concreto para ser ejecutada. Agregó que, en esa providencia se puso de presente
que el oficio que ordenó remitir a la Procuraduría General de la Nación no se
había librado por lo que se procedió a hacerlo en esa misma fecha.

2. Fundamentos de la acción

La señora Eva Matilde Negrette Garcés, promovió acción de tutela en defensa
de los derechos fundamentales a la igualdad, de acceso a la administración de
justicia, y debido proceso administrativo y los principios de confianza legítima,
buena fe y seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados con el auto de 8 de
agosto de 2023 proferido por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Bogotá que resolvió abstenerse de iniciar el trámite de incidente de desacato.

1
Demanda que fue promovida por la señora Magda Bibiana Martínez Roberto. Se precisa que en
este trámite la señora Negrette Garcés, aquí accionante, no intervino en dicho tramite
constitucional. No obstante, relata en la demanda que intervino para promover incidente de
desacato.
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Demandante: Eva Matilde Negrette Garcés

Al respecto manifestó que contrario a lo argumentado por la autoridad judicial
accionada, la sentencia de tutela de 5 de marzo de 2021 sí tiene fuerza vinculante
pues en el marco de lo dispuesto en los numerales segundo y tercero, la Comisión
Nacional del Servicio Civil “autorizó el nombramiento de 190 elegibles mediante
resoluciones No con Radicado Nro. 20213201737902 del 05 de noviembre de
2021 y con Radicado Nro. 2021RE018008 del 15 de diciembre de 2021”.

Indicó que la CNSC desconoció el precitado fallo de tutela y la Ley 1960 de 2019,
al realizar varios nombramientos aplicando la figura de “mismo empleo”, que es
contraria al principio del mérito, bajo el argumento de que en el fallo de tutela no
se ordenó realizar listas recompuestas o listas generales, lo cual a juicio de la
actora carece de validez, porque no era necesario que el fallo lo estableciera ya
que la única manera de saber cuál es el orden meritorio para respetar es
elaborando una lista recompuesta.

Finalmente, puso de presente varias irregularidades en los nombramientos
realizados, entre otros, el nombramiento de personas con puntajes inferiores, y
que no han provisto 90 cargos de los que habían sido autorizados por la CNSC.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: Que se restablezcan los derechos fundamentales A LA IGUALDAD, El
DERECHO AL DEBER DE CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES
COMO COMPONENTE DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, SÍ
COMO A LOS PRINCIPIOS DE CONFIANZA LEGÍTIMA, BUENA FE Y SEGURIDAD
JURÍDICA Y LOS QUE EL DESPACHO CONSIDERE PERTINENTES,
VULNERADOS U AMENAZADOS de EVA MATILDE NEGRETTE GARCES, mayor
de edad, identificada con cédula de ciudadanía No 32254501 y se ordene de manera
inmediata al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA iniciar el incidente de desacato contra la CNSC,
SENA Y LA PGN además que simultáneamente se inicie el trámite de cumplimiento
del fallo No 11001334204920210004200 emitido por parte del mencionado Juzgado.

SEGUNDO: ORDENAR a LA CNSC dar cumplimiento Al Numeral segundo del
Resuelve del fallo de tutela que reza así que reza así:

EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC para que acate el fallo
constitucional T-340 del 2020, que dispuso la aplicación retrospectiva de la ley 1960 del
2019, conforme se argumenta en esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a LA PGN dar cumplimiento Al Numeral tercero del Resuelve
del fallo de tutela que reza así:

TERCERO. OFICIAR a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue a
los presuntos responsables de la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, por no
dar aplicación retrospectiva de la Ley 1960 del 2019.

CUARTO: Que, se impulsen copias a LA COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL por violación AL DERECHO DEL DEBER DE CUMPLIMIENTO DE LAS
PROVIDENCIAS JUDICIALES COMO COMPONENTE DEL DERECHO
FUNDAMENTAL AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.

QUINTO: Que, se notifique a todos los concursantes dentro del Proceso de Selección
Convocatoria 436 de 2017-SENA, de la presente acción constitucional, de tal forma

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Demandante: Eva Matilde Negrette Garcés

que se garantice el derecho de defensa y contradicción, de conformidad y en pro con
lo establecido en el artículo de la Constitución Nacional.

I. PETICIÓN ESPECIAL

a) Con el fin de evitar vulneraciones de derechos a terceros, se ordene POR MEDIO
DE ACUERDO, que, dentro de las 24 horas siguientes a la comunicación del auto
admisorio de la tutela, se publique en la página web de la CNSC, del SENA y la
PGN, la existencia de esta acción para efectos de dar a conocer la misma a
quienes eventualmente pudieran salir afectados con la decisión que resuelva la
acción pública”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente de tutela los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 5 de marzo de 2021, proferida por el Juzgado
Doce Administrativo del Circuito de Bogotá.

• Copia del auto de 22 de agosto de 2023 proferido por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bogotá que resolvió abstenerse de iniciar el
trámite de incidente de desacato del fallo de tutela de 5 de marzo de 2021.

De igual forma, obra copia digitalizada del expediente No.
11001334204920210004200, correspondiente a la acción de tutela promovida por
la señora Magda Bibiana Martínez Roberto.

5. Trámite procesal

Por auto de 18 de agosto de 2023, la Sección Tercera, Subsección “B” del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó notificar a
la demandante y a la autoridad judicial y a las entidades administrativas
accionadas.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá

La titular de ese despacho judicial rindió informe sobre los hechos y pretensiones
de la demanda en los siguientes términos:

Afirmó que la sentencia de 5 de marzo de 2021, se profirió en el marco de la
acción de tutela promovida por la señora Magda Bibiana Martínez Roberto contra
el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y la Comisión Nacional del Servicio
Civil, radicación No. 11001- 33-35-012-2021-00042-00. Indicó que en ese fallo se
resolvió lo siguiente:

“PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la
señora MAGDA BIBIANA MARTÍNEZ ROBERTO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 52.087.053, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC para
que acate el fallo constitucional T – 340 del 2020, que dispuso la aplicación
retrospectiva de la ley 1960 del 2019, conforme se argumenta en esta providencia.
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Demandante: Eva Matilde Negrette Garcés

TERCERO. OFICIAR a la Procuraduría General de la Nación para que se
investigue a los presuntos responsables de la Comisión Nacional del Servicio Civil
– CNSC, por no dar aplicación retrospectiva de la Ley 1960 del 2019”.

Indicó que la señora Eva Matilde Negrette Garcés presentó incidente de desacato
contra el SENA y la CNSC, al considerar que lo establecido en los ordinales
segundo y tercero del citado fallo se encuentran incumplidos.

Aseveró que, frente a esa solicitud, por auto de 8 de agosto de 2023 decidió
abstenerse de abrir incidente de desacato respecto de la sentencia de 5 de marzo
de 2021. Precisó que en esa providencia se argumentó que la peticionaria no se
encontraba legitimada para presentar dicha petición, en tanto, no hizo parte del
proceso de tutela y, además, que al haberse declarado improcedente la acción de
tutela no se expidieron órdenes susceptibles de exigir el cumplimiento. Asimismo,
precisó que el exhorto no tiene fuerza vinculante y tampoco habilita el trámite de
verificación de cumplimiento.

Finalmente, puso de presente que otros ciudadanos han presentado acciones de
tutela por los mismos hechos, en ese sentido elaboró el siguiente listado:

“- ESTEBAN DUEÑAS CIPAGAUTA, radicado No. 25000231500020230053500,
se tramita en el Despacho de la Magistrada Patricia Salamanca Gallo.

• CONSUELO HERRERA GARCÍA, radicado No. 25000231500020230054000 se
tramita en el Despacho de la Magistrada Amparo Navarro López.

• ERNESTO LEÓN MUNIVE MEEK, radicado No. 25000231500020230052500 se
tramita en el Despacho de la Magistrada Luis Antonio Rodríguez Montaño.

• MABEL DEL ROSARIO RANGEL RODRÍGUEZ, radicado No.
25000231500020230054400 se tramita en el Despacho de la Magistrada Oscar
Armando Dimaté Cárdenas.

• DAMARY SANCHEZ LOZANO, radicado No. 25000231500020230055800 se
tramita en el Despacho de la Magistrada Oscar Patricia Salamanca Gallo.

• VICTOR RAUL BERROCAL DE LA OSSA, radicado No. 25000-23-15-000-2023-
00568-00 se tramita en el Despacho del Magistrado Fabio Iván Afanador García.

• LISSETTE SALOMÉ ORTIZ GALLARDO, radicado No. 25000-23-15-000-2023-
00584-00 se tramita en el Despacho de la Magistrada Patricia Victoria Manjarrez
Bravo”.

6.2. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

Quien ejerce el cargo de asesora grado 19, solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela en lo pertinente a esta entidad.

Comenzó por informar sobre el trámite de cinco acciones de tutela relacionadas
con el cumplimiento del fallo de tutela de 5 de marzo de 2021, proferida por el
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, formuladas, de manera
individual por los señores Esteban Dueñas Cipagauta, Mabel del Rosario Rangel
Rodríguez, Ernesto León, Gabriel José Ballestas Sierra y Damary Sánchez
Lozano.

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Demandante: Eva Matilde Negrette Garcés

En ese orden, sobre el oficio remitido por el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Bogotá para que “se investigue a los presuntos responsables de la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, por no dar aplicación retrospectiva
de la Ley 1960 del 2019”, indicó que la Procuraduría Primera Distrital de
Instrucción lo remitió por competencia a la Oficina de Control Interno Disciplinario
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través del oficio SIAF No. 034615 del
8 de agosto de 2023.

Adujo que en la providencia cuestionada se puso de presente que la señora Eva
Matilde Negrette Garcés carecía de legitimación para promover el incidente de
desacato, porque no hizo parte del proceso de tutela radicado No
11001334204920210004200, argumento que resulta válido teniendo en cuenta
que la sentencia tiene efectos inter partes.

También manifestó que la Procuraduría General de la Nación no actúa dentro de
los procesos judiciales y en los procedimientos administrativos como “abogado
defensor” de los sujetos procesales. En ese sentido, adujo que existe falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Con fundamento en lo anterior, señaló que no existe actuación u omisión por parte
de la entidad que constituya causa de la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la accionante.

Finalmente, indicó que no se acreditó un perjuicio irremediable que habilite la
acción de tutela como mecanismo transitorio, y que el juez de tutela “no está en
capacidad de estructurar, concebir, imaginar o proyectar, por sí mismo el contexto
fáctico en el que ha tenido ocurrencia el presunto daño irreparable”.

6.3. Respuesta del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

La coordinadora del Grupo de Relaciones Laborales de la Secretaría General de la
entidad, pidió que se declare improcedente la acción de tutela o en su defecto se
nieguen las pretensiones de la demanda.

Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva porque la entidad no tiene
injerencia en la conformación de la lista de elegibles, pues esta es una
competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Manifestó que los reproches constitucionales dirigidos contra las actuaciones
administrativas ejecutadas por el SENA y la CNSC no cumplen con el presupuesto
de subsidiariedad, porque tiene a su disposición otros mecanismos de defensa
judicial ordinarios para tal efecto, como es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. En este punto, adujo que no se probó un perjuicio
irremediable que habilite la acción de tutela como mecanismo transitorio.

Informó que en virtud del exhorto realizado a la Comisión Nacional del Servicio
Civil efectuado por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, el
SENA ha reportado en el aplicativo SIMO de la CNSC las vacantes definitivas de
la planta de personal susceptibles de provisión mediante el uso de listas de
elegibles de la Convocatoria No. 436 de 2017, en el marco de figura “empleos

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equivalentes” cuyo alcance fue definido por la Comisión Nacional del Servicio Civil
en el Criterio Unificado del 22 de septiembre de 2020 en los siguientes términos:

“(…) Se entenderá por empleos equivalentes aquellos que pertenezcan al mismo
nivel jerárquico, tengan grado salarial igual, posean el mismo requisito de
experiencia, sean iguales o similares en cuanto al propósito principal o funciones,
requisitos de estudios competencias.”

Particularmente, sobre el caso de la señora Negrette Garcés señaló que en
relación con el cargo de profesional grado II, código OPEC 57041, al que se
postuló en el concurso de méritos, se conformó la lista de elegibles por Resolución
No CNSC – 20198120136935 del 17 de octubre de 2018 para proveer una
vacante, que se encuentra integrada por cinco participantes y que en la misma la
actora ocupa el segundo lugar con un puntaje 66.13.

6.4. Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil

El Jefe de la Oficina Jurídica alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, al
considerar que la entidad no tiene injerencia para atender las pretensiones de la
demanda, en tanto, adujo carece de competencia para administrar la planta de
personal del SENA y expedir actos de nombramiento.

De igual forma, indicó que la acción de tutela se cuestiona una providencia judicial
y en ese asunto no ha intervenido la entidad.

Asimismo, se refirió al desarrollo de la Convocatoria No 436 de 2017 y a cada una
de sus etapas, en ese marco, señaló que se conformaron las respectivas listas de
elegibles y que se efectuaron los respectivos nombramientos en periodo de
prueba, fase en la que termina la competencia de la CNSC sobre ese proceso de
selección.

Respecto de la actora, indicó que se postuló al cargo de profesional grado 2,
código Opec No 57041 y se encuentra en la lista de elegibles conformada por
Resolución No CNSC 20182120136935 del 17 de octubre de 2018, en el segundo
lugar con un puntaje de 66.13, por lo que no alcanzó una posición meritoria para
exigir el nombramiento en el empleo para el cual concursó. Agregó que esta lista
estuvo vigente entre el 6 de noviembre de 2018 y el 6 de noviembre de 2020.

Explicó que en atención al exhorto proferido por el Juzgado Doce Administrativo
del Circuito de Bogotá, por oficio No. 20212010527011 del 9 de abril de 2021, la
entidad solicitó al SENA un estudio en el que se indicaran los empleos
equivalentes existentes en su planta de personal, que no hubieran hecho parte de
la Convocatoria No. 436 de 2017, y aquellos que fueron ofertados en el proceso
de selección, y sobre los cuales se conformó lista de elegibles para que, con la
aplicación retrospectiva de la Ley 1960 de 2019, sean usadas para su provisión
definitiva.

De acuerdo con la información allegada, se autorizó el uso de las respectivas
listas de elegibles.

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7. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B”, por
medio de sentencia de 31 de agosto de 2023 negó las pretensiones de la
demanda promovida por la señora Eva Matilde Negrette Garcés al considerar que
no se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

Al respecto, evidenció que en el fallo de tutela de 5 de marzo de 2021 la autoridad
judicial accionada declaró improcedente la acción de tutela promovida por la
señora Martínez Roberto y se exhortó a la Comisión Nacional del Servicio Civil a
dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-340
de 2020, en lo pertinente al cumplimiento de la Ley 1960 de 2019.

En ese marco, precisó que las decisiones que se profieran en una sentencia de
tutela tienen efectos inter partes y, en razón a ello, al no haber hecho parte del
trámite constitucional que dio origen a la sentencia de 5 de marzo de 2021,
respecto de la cual la actora reclama el cumplimiento, no puede derivarse la
vulneración de algún derecho fundamental.

Con base en lo anterior, concluyó que la decisión de abstenerse de tramitar el
incidente de desacato promovido por la señora Eva Matilde Negrette Garcés por
no estar legitimada para tal efecto, y además porque no existían órdenes
susceptibles de verificar el cumplimiento, es razonable, no desconoce las
garantías fundamentales invocadas por la accionante. En ese sentido, expresó lo
siguiente:

“Consecuencia de lo anterior, tal y como lo determinó la autoridad judicial
accionada mediante auto de ocho (08) de agosto de dos mil veintitrés (2023), en el
que aclaró que el único legitimado para proponer incidentes de desacato es quien
adelantó la tutela, y en ese orden, los demás actores en dicho incidente carecían
del derecho a controvertir los efectos del fallo y su cumplimiento, ya que la
decisión en sede de tutela es inter partes, de la revisión del fallo cuya ejecución se
solicita, se advirtió que la tutela de cinco (5) de marzo de dos mil veintiuno (2021),
se declaró improcedente, y por ende, en ella no se amparó ningún derecho
fundamental ni se dio orden alguna que sea susceptible de exigir su cumplimiento,
resaltando que frente al exhorto que se hizo a la CNSC, este no tiene fuerza
vinculante, y por ende, tampoco da lugar a que frente a este se pueda iniciar un
incidente de desacato”.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugnó el fallo de primera instancia y, solicitó que se revocara, en
virtud de los siguientes argumentos:

Afirmó que el a quo no tuvo en cuenta que no se comunicó lo dispuesto en el
ordinal segundo del fallo de 5 de marzo de 2021 relativo con el exhorto a las
autoridades administrativas demandadas y, por lo tanto, “no dieron cumplimiento a
la Ley 1960 de 2019.

Asimismo, refirió que se desconoce “que las consideraciones del fallo de tutela del
juzgado 12 estaban enfocadas a que a todos los concursantes se nos estaban
vulnerando nuestros derechos fundamentales al debido proceso administrativo al
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no darle aplicación a la ley 1960 de 2019, por otra parte, al Juzgado 12 no
solamente se le solicitó iniciar el trámite de incidente de desacato, sino también el
trámite de cumplimiento del fallo, los cuales se pueden solicitar simultáneamente”,
como lo ha establecido la Corte Constitucional en el Auto 031 de 20112.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación,
si debe revocar la sentencia de 31 de agosto de 2023, dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “B” que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales a
la igualdad, de acceso a la administración de justicia, debido proceso
administrativo y los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica,
vulnerados con el auto de 8 de agosto de 2023, proferido por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Bogotá que resolvió abstenerse de iniciar el trámite
de incidente de desacato del fallo de tutela de 5 de marzo de 2021.

3. La acción de tutela contra providencias proferidas en trámites judiciales
de la misma naturaleza

La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.

Sobre el particular, esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 20143,
indicó:

“3.1. La Corte Constitucional ha consolidado una extensa línea de precedentes, en
donde ha fundamentado la posibilidad de interponer una acción de tutela contra
providencias judiciales cuando éstas vulneran derechos fundamentales,
especialmente el debido proceso o el acceso a la administración de justicia.
(…)

3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que la
posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias judiciales no
incluye aquellos casos en los cuales la providencia judicial es otra tutela. Es decir,
los precedentes han establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela
no es procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia
general de la acción de tutela contra fallos de tutela fue precisado en la sentencia
SU-1219 de 2001. En dicha providencia se reiteraron las razones constitucionales
por las cuales no procede la acción de tutela contra fallo de tutela.

2
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
3
M. P. María Victoria Calle Correa.
9
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Radicación: 25000-23-15-000-2023-00575-01
Demandante: Eva Matilde Negrette Garcés

En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela contra
tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso adicional para insistir
en la revisión de tutelas que con anterioridad no fueron seleccionadas, (ii)
supondría crear una cadena interminable de demandas, con lo cual resultaría
afectado el principio de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre
hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela
perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el
vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra
el fallo que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de
algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la
misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.

3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada, precisó que
cuando un juez de tutela falla en la interpretación de la Constitución, incurre en
una arbitrariedad o afecta el debido proceso por configurar una vía de hecho,
éstos pueden resolverse en el proceso de eventual revisión ante la Corte
Constitucional, consagrado en el artículo 241 Superior. En otras palabras, una
interpretación errada o incompleta de la Constitución puede ser ajustada en sede
de revisión”.

(…)

Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 20154 la Corte Constitucional,
rectificó su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela
procede contra sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude,
supuesto que se agrega a los dos que habían sido contemplados por la
jurisprudencia: irregularidad grave en el curso de una acción de tutela e incidente
de desacato, con la precisión de que la improcedencia absoluta, sin ninguna
excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala Plena o las Salas de
Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que
no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad
procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes
a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.

4
Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Demandante: Eva Matilde Negrette Garcés

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional.”

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
20185, consideró que la acción de tutela es procedente, entre otros, contra la
providencia que rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al
respecto, sostuvo:

“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de tutela,
sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015, en la que
consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones arbitrarias de los jueces
de tutela, que se hubieran realizado antes o después de proferir el fallo, por lo que este
requisito de procedencia se encuentra superado”.

El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso
concreto y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las
autoridades públicas.

De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido las
subreglas que determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la
providencia acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la
Corte Constitucional y que ésta configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta; (ii) cuando con anterioridad a la sentencia de tutela el juez omite su
deber de informar, notificar o vincular a los terceros que resulten afectados por la
demanda de tutela y, por último, (iii) cuando se trata de obtener la protección de
un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite incidental de
desacato.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La actora, señora Eva Matilde Negrette Garcés, impugnó el fallo de primera
instancia, al considerar que el a quo incurre en un yerro al concluir que resulta
razonable y, por lo tanto, no vulnera sus derechos fundamentales, la decisión
proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Bogotá, de
abstenerse de iniciar el trámite de incidente de desacato respecto de la sentencia
de 5 de marzo de 2021, bajo el argumento de que ella carece de legitimación para
formular esa petición, por no haber hecho parte en el trámite constitucional que dio

5
M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Demandante: Eva Matilde Negrette Garcés

origen al fallo respecto del cual reclama el cumplimiento y porque, en todo caso,
no se profirieron órdenes susceptibles de verificación de cumplimiento.

En ese sentido, en el escrito de impugnación, para efectos de fundamentar su
desacuerdo con la sentencia de primera instancia, la accionante expresó tres
argumentos: (i) que no se tuvo en cuenta que el exhorto no se comunicó a la
Procuraduría General de la nación y “por lo tanto, la CNSC y el SENA no dieron
cumplimiento a la Ley 1960 de 2019”; (ii) se desconoció que “las consideraciones
del fallo de tutela del Juzgado 12 estaban enfocadas a que a todos los
concursantes se nos estaban vulnerando nuestros derechos fundamentales al
debido proceso administrativo al no darle aplicación a la Ley 1960 de 2019” y (iii)
la solicitud estaba dirigida a que se iniciara el trámite de incidente de desacato y
de cumplimiento de manera simultánea.

4.2. Descendiendo al caso concreto, la Sala anticipa que confirmará la sentencia
de primera instancia al no encontrar razones válidas para revocar la decisión
impugnada.

En efecto, es necesario precisar que por auto de 8 de agosto de 2023 la autoridad
judicial accionada se abstuvo de iniciar el trámite del incidente de desacato al
considerar que (i) la peticionaria, es decir, la aquí accionante señora Eva Matilde
Negrette Garcés, no estaba legitimada para formularlo pues no hizo parte del
proceso de tutela en el marco del cual se profirió la sentencia de 5 de marzo de
2021 y, en todo caso, (ii) al haberse declarado improcedente la acción de tutela no
se profirieron órdenes susceptibles de verificación de cumplimiento.

Al respecto, resulta importante recordar que sobre la legitimación en la causa por
activa en materia de tutela el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que
la demanda podrá ser presentada por la persona titular de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados.

“ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o
a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales”.

Asimismo, debe mencionarse que en desarrollo de lo establecido en el numeral
segundo del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, la Corte Constitucional ha
establecido que las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de
tutela producen efectos inter partes. En ese sentido, en la sentencia SU-050 de
20226 expresó lo siguiente:

“3.1.10. De este modo, es claro que, por disposición legal, la decisión y órdenes
contenidas en la parte resolutiva de las sentencias de tutela siempre tienen
efectos “inter partes”. Sólo en casos excepcionales es posible hacerlos extensivos

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M.P. Alberto Rojas Ríos.
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a otros sujetos, por vía del establecimiento de los efectos “inter comunis” o “inter
pares”. El uso de estos “dispositivos amplificadores” es una competencia
reservada a las autoridades judiciales que adoptan las providencias.
Particularmente, como se vio, la jurisprudencia vigente ha establecido que la
determinación y aplicación de estas figuras están autorizadas únicamente a la
Corte Constitucional”.

En esa línea, en materia del trámite de incidente de desacato la Corte
Constitucional ha establecido presupuestos formales de procedencia para decretar
su apertura, tales como “(i) la determinación de la legitimidad en la causa de quién
promueve el recurso; (ii) la verificación de la orden concreta presuntamente
incumplida y la competencia de esta Sala sobre la misma; y (iii) la identificación de
la autoridad responsable del cumplimiento de dicha orden. El juicio de observancia
de estos requisitos supone un orden concatenado, en virtud del cual, únicamente
ante el cumplimiento de cada uno de los presupuestos descritos será posible
proceder al siguiente7”.

En relación con el primero, la Corte ha considerado que como quiera que el
incidente de desacato persigue el cumplimiento de un fallo de tutela, el análisis es
el mismo que se hace para ese trámite de la acción constitucional y bajo el mismo
rigor procesal.

Es decir, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la
solicitud de amparo y el incidente de desacato podrá ser promovido por “(i) el
titular directo del derecho fundamental vulnerado; (ii) un representante legal, en el
caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las
personas jurídicas; (iii) el apoderado judicial, caso en el cual deberá ostentar la
condición de abogado titulado y anexar el poder correspondiente; y (iv) un agente
oficioso8”.

En el asunto bajo examen, la Sala encuentra que le asiste razón al a quo al
concluir que la decisión cuestionada, esto es, la contenida en el auto de 8 de
agosto de 2023, proferida por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de
Bogotá resulta razonable y no vulneró los derechos fundamentales de la señora
Eva Matilde Negrette Garcés.

En primer lugar, resulta claro que la acción de tutela que dio origen a la sentencia
de 5 de marzo de 2021, fue promovida por la señora Magda Bibiana Martínez
Roberto y, en ese proceso, no intervino la señora Eva Matilde Negrette Garcés
como se observa en la siguiente imagen:

7
Auto 345 de 2020 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
8
Ibidem.
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Entonces, resulta evidente que la señora Eva Matilde Negrette Garcés no es la
titular de los derechos fundamentales sobre los cuales se reclamó el amparo en el
proceso de tutela radicado No 11001334204920210004200, así tampoco
manifiesta actuar en calidad de agente oficioso acreditando la imposibilidad
material de la legitimada para hacerlo, y no allega poder para actuar en su
nombre.

Ahora bien, debe precisarse que el hecho de que la actora considere, como lo
expresó en el escrito de impugnación, que su situación es similar a la que expuso
la señora Magda Bibiana Martínez Roberto en la demanda de tutela que dio
origen al precitado proceso, no constituye un interés legítimo para actuar en el
mismo, pues en el evento de considerar que el SENA y la Comisión Nacional del
Servicio Civil vulneraron sus derechos fundamentales en el desarrollo del
concurso público de méritos ha debido presentar su propia demanda, teniendo en
cuenta el alcance inter partes de los efectos del fallo de tutela.

De otra parte, la Sala encuentra que también le asiste razón al a quo al considerar
que la decisión cuestionada no incurrió en algún yerro, al señalar que, en todo
caso, no es procedente adelantar el incidente de desacato, porque la sentencia de
5 de marzo de 2021 declaró improcedente la acción de tutela y, por lo tanto, no
estableció órdenes dirigidas a materializar el amparo de algún derecho
fundamental. En efecto, ese fallo resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la
señora MAGDA BIBIANA MARTÍNEZ ROBERTO, identificado con la Cédula de
Ciudadanía No. 52.087.053, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. EXHORTAR a la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC para
que acate el fallo constitucional T – 340 del 2020, que dispuso la aplicación
retrospectiva de la ley 1960 del 2019, conforme se argumenta en esta providencia.

TERCERO. OFICIAR a la Procuraduría General de la Nación para que se
investigue a los presuntos responsables de la Comisión Nacional del Servicio Civil
– CNSC, por no dar aplicación retrospectiva de la Ley 1960 del 2019.

CUARTO. NOTIFICAR la presente sentencia en los términos del artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991 a las partes.

QUINTO. ADVERTIR a las partes que este fallo puede ser impugnado, dentro de
los tres (3) días siguientes a su notificación, sin perjuicio de su cumplimiento.

SEXTO. REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional, si no es
apelado, para su eventual revisión”.

De igual forma, la Sala considera que no le asiste razón a la actora, cuando en el
escrito de impugnación, señala que los argumentos del fallo incluían a todos los
participantes del concurso público de méritos de la Convocatoria 436 de 2017,
pues se itera, la decisión consistió en declarar improcedente la acción de tutela
por haber operado el fenómeno de carencia actual de objeto por daño consumado
en tanto la acción de tutela se interpuso cuando había vencido la lista de elegibles.
En razón a ello, en contraste con lo afirmado por la accionante, no se incluyó
algún argumento relativo a la protección constitucional de todos los participantes
incluso de haberlo hecho, la autoridad judicial accionada, habría incurrido en
incongruencia.

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Finalmente, sobre el cuestionamiento relativo a que se ignoró que en la solicitud
de apertura de incidente de desacato, también pidió que se adelantara trámite de
cumplimiento, la Sala precisa que la decisión que se abstiene de abrir el incidente
de desacato, principalmente porque la aquí accionante carecía de legitimación
para promoverlo, debe entenderse que se extiende a cualquier otra petición en
relación con el proceso de tutela radicado No 11001334204920210004200. Por lo
tanto, no puede considerarse que de ahí se derive un error en la decisión judicial
cuestionada que permita modificar el fallo de primera instancia.

4.3. De esta manera, quedan desvirtuados los argumentos expuestos por la
señora Eva Matilde Negrette Garcés en el escrito de impugnación, razón por la
cual, la Sala confirmará la sentencia de 31 de agosto de 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que
negó las pretensiones de la demanda.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 31 de agosto de 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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