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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2023-00623-01

Fecha
14 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2023-00623-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 15 de septiembre de 2023, por la cual la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró improcedente el amparo solicitado. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-15-000-2023-00623-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

14 de diciembre de 2023

Demandante: María Emilce Poloche
Demandado: Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.
Rad: 25000-23-15-000-2023-00623-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00623-01
Demandante: MARÍA EMILCE POLOCHE
Demandado: JUZGADO TREINTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

Temas: Tutela de fondo. Confirma

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación instaurada por la parte accionante, contra la
sentencia del 15 de septiembre de 2023, por la cual la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró
improcedente el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El 1° de septiembre de 2023, la señora María Emilce Poloche presentó acción
de tutela contra el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales de petición
y debido proceso.

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales porque la
aludida autoridad judicial no impartió el trámite al recurso de apelación
interpuesto el 26 de enero de 2020 a las 6:25 p.m. a través del buzón
jadmin35bta@notificacionesrj.gov.co, en el marco del proceso de reparación
directa con radicado 11001-33-36-035-2016-00292-00.

1.2. Pretensión

En consecuencia, la parte actora pretende:

1. Se tutelen los derechos fundamentales al derecho de petición y debido

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Demandante: María Emilce Poloche
Demandado: Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.
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proceso, que fueron vulnerados por parte del JUZGADO 35
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ.

2. En consecuencia, se Ordene al JUZGADO 35 ADMINISTRATIVO ORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, Notifique en DEBIDA FORMA la sentencia de
primera instancia, donde se indiquen todas las formalidades, los recursos a
que hay lugar y los correos electrónicos donde se radican los respectivos
memoriales y/o dé trámite al Recurso de apelación radicado el día 26 de
enero del año 2020 contra la sentencia proferida dentro de la reparación
directa con radicado 110013336035-2016-00292-00.

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que el 13 de enero de 2020, recibió al correo
electrónico de su apoderado de confianza, Alejandro Gómez, en el buzón
cabuyaiuridicos@hotmail.com, la notificación del fallo de primera instancia en el
caso de reparación directa adelantado ante el Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., en el cual se demanda a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

Indicó que, de esta forma, el plazo para apelar se extendió hasta el 27 de enero
de 2020. Aclaró que, el oficio de notificación no especificaba que la sentencia
era susceptible de apelación y que tenía un plazo de 10 días para hacerlo.

Señaló que, según el registro de correo electrónico, el 26 de enero de 2020, su
abogado Alejandro Gómez presentó y sustentó el recurso de apelación,
buscando la revocación de la sentencia. Este escrito fue enviado a los correos
electrónicos jadmin35bta@notificacionesri.gov.co y
admin35bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Mencionó que, el recurso se envió inicialmente a
jadmin35bta@notificacionesri.gov.co, porque el juzgado no había indicado en el
correo de notificación la dirección electrónica para la recepción de memoriales o
recursos.

Agregó que, posteriormente el recurso fue reenviado el 10 de junio de 2020,
después de que se publicaran los correos electrónicos de los juzgados, pues
previamente no se habían hecho públicos los correos de recepción de
memoriales.

Precisó que, en marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 llegó a Colombia, y
en julio de 2020, su abogado Alejandro Gómez se contagió y, tras varias
recaídas, falleció el 13 de julio de 2021, razón por la que quedó sin abogado y
asesoría jurídica. Adujo que, la última información proporcionada por su
profesional del derecho fue que se había interpuesto el recurso de apelación y
el juzgado no había resuelto.

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Manifestó que, de forma reciente consultó a otro abogado, quien tras revisar el
proceso judicial informó que no se había dado trámite al recurso de apelación,
por lo que la decisión se consideraba en firme.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora sostuvo que con la omisión del despacho demandado se
vulneraron sus derechos fundamentales, puesto que a la fecha de presentación
de esta acción de tutela el juzgado no se ha pronunciado sobre el recurso
interpuesto.

Añadió que, en la notificación de la sentencia de primera instancia nunca se le
puso en conocimiento el recurso procedente en su contra ni del término con el
que contaba para ello.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto de 1. ° de septiembre de 2023 se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación del Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

1.6. Contestación

1.6.1. Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, al
considerar que no se cumple con uno de los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela, que es la inmediatez, ya que han transcurrido más de 2 años
desde los hechos narrados en la solicitud de tutela.

Sostuvo que la Secretaría informó al despacho que el memorial del recurso de
apelación no fue recibido en la Oficina de Apoyo de la Sede Judicial.
Adicionalmente, dicha dependencia puso de presente que se logró constatar
que el documento referido lo envió al correo
jadmin35bta@notificacionesrj.gov.co, el cual no se encuentra habilitado para la
recepción de memoriales; y que el memorialista aun cuando contaba con el
conocimiento previo de la existencia del canal oficial habilitado para tal fin, optó
por enviarlo a aquella cuenta electrónica.

Advirtió que, el apoderado judicial de la demandante sabía del canal oficial para
el envío de memoriales toda vez que obran memoriales radicados con
anterioridad en la Oficina de Apoyo; no obstante, el 26 de enero y 20 de junio
de 2020 presentó el recurso de apelación en la cuenta institucional no
autorizada para la recepción de memoriales.

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Mencionó que, por tales motivos la Secretaría continuó con el trámite del
proceso para lo cual practicó la liquidación de costas procesales, las cuales
fueron aprobadas mediante auto del 25 enero de 2023.

Consideró que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la
parte actora pues los memoriales en cita no fueron enviados al canal oficial
destinado por el Juzgado, lo que implica que deben considerarse como no
presentados.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 15 de septiembre de 2023, la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaró
improcedente el amparo solicitado.

Hizo referencia a los hechos relacionados con el trámite del recurso de
apelación que reprochó la parte actora, para luego, establecer que, desde el
envío del correo electrónico del 26 de enero de 2020 a las 18:25 horas y hasta
la fecha de la presentación de esta acción constitucional han transcurrido 3
años, 7 meses y 6 días, periodo en el cual, según se tuvo oportunidad de
ilustrar, se han adelantado varias gestiones al interior del proceso ordinario.

Consideró que, para la fecha de presentación del memorial con el recurso de
apelación contra la sentencia proferida en primera instancia el trámite
correspondiente a impartir correspondía al previsto en el artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo era
procedente, en principio, que si fue presentado en debida forma, sustentado
oportunamente y con los demás requisitos legales, se concediera mediante auto
por el juzgado acusado en un término expedito.

Señaló que, no resulta razonable que para que se impartiera dicho trámite al
memorial la accionante debiera esperar un periodo prolongado, es decir, que de
forma pronta la misma debió percatarse de la omisión del juzgado y no esperar
más de 3 años para cuestionar en sede constitucional la actividad de la
autoridad judicial.

Agregó que el apoderado de la accionante presentó el 10 de junio de 2020
memorial de impulso, con el cual requirió información del trámite impartido al
recurso que radicó en el buzón electrónico
jadmin35bta@notificacionesrj.gov.co, evidenciando con ello que desde esa
fecha se advirtió demora en el trámite que estimaba debía darse al recurso
radicado en el aludido correo electrónico.

Recordó el deber de los sujetos procesales de estar pendientes del proceso,
conforme lo estipula el artículo 78 del Código General del Proceso, de manera
que la accionante manifestara su interés y defensa de los derechos ante la
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autoridad judicial, por lo que esta inactividad prolongada desvirtúa lo
fundamental de la garantía constitucional solicitada.

Concluyó que, la vulneración del derecho alegado por la accionante se concretó
hace más de 3 años, razón por la cual la acción se tornó improcedente por no
superar el requisito de inmediatez. Aclaró que tampoco se presentó excusa que
permitiera flexibilizar este presupuesto, porque la demandante no gozaba de un
estatus constitucional de protección especial ni ha presentado pruebas que
respaldaran la imposibilidad de acudir al juez constitucional.

Precisó que, si bien se afirmó que, en marzo de 2020, sobrevino la pandemia
de COVID-19 y que su apoderado falleció el 13 de julio de 2021, dichas
circunstancias no justificaron el paso prolongado de tiempo que se dejó
transcurrir entre la presentación del recurso y la espera de un pronunciamiento
por parte del juzgado, pues en dicho interregno correspondía a la parte
exteriorizar su interés en la garantía de sus derechos.

Recordó la naturaleza residual y subsidiaria de la acción de tutela, para añadir
que la accionante acudió ante la jurisdicción constitucional a pesar de no haber
acreditado la activación de los medios procesales ordinarios al interior del
proceso ordinario, a fin de obtener un pronunciamiento del juzgado censurado
sobre los memoriales que radicó, por lo que consideró también la falta de
subsidiariedad de esta acción.

1.8. Impugnación

Mediante escrito remitido electrónicamente el 25 de septiembre de 2023, la
parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, notificada el 20 del
mismo mes y año.

Sostuvo que, no tenía conocimiento de lo sucedido, pues su abogado al
“parecer radicó el recurso de apelación al correo electrónico equivocado”, y ella
solo tenía información que dicha alzada se encontraba en trámite.

Recordó que su apoderado falleció con ocasión del Covid, lo cual, aunado a sus
pocos recursos económicos, solo había recibido asesoría de su hijo abogado,
que es recién egresado; además de que no tenían la información necesaria del
proceso, pues el abogado solo le “suministró los correos electrónicos que
encontró del medio de control”.

Adujo que, una vez logró recibir la respectiva asesoría jurídica para la revisión
del proceso, fue que le informaron que el juzgado demandado no le había dado
trámite al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera
instancia y, por tal motivo procedió a radicar la presente acción de tutela.

Resaltó que, entiende muy poco del trámite de los procesos, de notificaciones y
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menos de los correos electrónicos; condiciones estas que considera deben ser
valoradas por el juez de tutela.

Hizo referencia al correo enviado el 10 de junio de 2020, que solo era una
prueba de que estaba en trámite la alzada, para luego resaltar que, tampoco
existe un mecanismo judicial residual o un proceso judicial más que la presente
acción de tutela para la defensa de sus derechos fundamentales.

Adujo que, si bien existieron errores, no fueron por su causa, sino de su
apoderado que falleció y por tal motivo este no puede “responder por los errores
cometidos como tampoco para explicarse al juez de tutela que…[ella]
desconocía totalmente su omisión o error al momento de enviar el recurso de
apelación.”

1.9. Trámite en segunda instancia

Mediante providencia del 17 de octubre de 2023, se dispuso la vinculación de
los señores Carlos Barrero Reyes, Diego Alejandro Barrero Poloche, Iván
Andrés Barrero Poloche y Andrea Carmenza Villarreal Molina, así como del
ministro de Defensa y del director de la Policía Nacional.

Surtidas las notificaciones de rigor, las partes e intervinientes guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto
2591 de 19911, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la
Sala Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la providencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, si se cumplen los presupuestos de la
inmediatez y la subsidiariedad. De ser así, se estudiarán los demás requisitos

1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.

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generales de procedencia y en caso de acreditarse se analizará el fondo del
asunto.

2.3. Caso concreto

La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales porque la
aludida autoridad judicial no impartió el trámite al recurso de apelación
interpuesto el 26 de enero de 2020 a las 6:25 p.m. a través del buzón
jadmin35bta@notificacionesrj.gov.co, en el marco del proceso de reparación
directa identificado con radicado 11001-33-36-035-2016-00292-00.

El a quo declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir los
presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad.

Para resolver, se precisa lo siguiente:

La sala estima pertinente indicar que, tratándose de acciones de tutela
interpuestas en contra una presunta omisión en tramitar una apelación, el
demandante debe acreditar el cumplimiento de unos presupuestos generales de
procedibilidad para que pueda analizarse el fondo del caso concreto.

Así, este mecanismo constitucional fue estatuido por el constituyente con el
objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales
conculcados, lo que supone su amparo rápido, urgente, actual y eficaz 2.

De manera que, el requisito de la inmediatez exige que la tutela se interponga
tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales o, por lo menos, dentro de un
término prudencial y consecuencial a su ocurrencia.

Lo anterior, debido a que el paso prolongado del tiempo indica que se ha
disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación3, tal plazo prudencial, el cual
se ha fijado en 6 meses por la Corte Constitucional y acogido por el Consejo de
Estado, y ha de analizarse en cada caso concreto para determinar si un exceso
en el mismo se halla justificado como para omitir su consideración y entrar al
fondo del debate jurídico planteado.

2
El artículo 86 de la Carta prevé que “…toda persona tendrá acción de tutela para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por
sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales…”.
3
Al respecto la Corte Constitucional en el fallo T-142 de 1 de marzo de 2012, con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, reiteró la tesis según la cual “la tutela resulta
improcedente cuando la demanda se interpone después de transcurrido un lapso irrazonable y
extenso, desde la fecha en que sucedieron los hechos o viene presentándose el hecho
vulnerador que la parte accionante estima que afecta sus derechos fundamentales”.

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Además de lo anterior, la Corte Constitucional4 ha advertido que este requisito
responde a necesidades adicionales como son proteger derechos de terceros
que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable,
impedir que el amparo se convierta en factor de inseguridad jurídica y evitar el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la defensa de los derechos.

Sin embargo, la Corte Constitucional5 y esta Sala6 han admitido la procedencia
de la acción de tutela interpuesta cuando ha transcurrido un extenso espacio
entre el hecho que generó la vulneración, siempre que:

i) Exista un motivo válido para la inactividad del demandante, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros;

ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de
terceros afectados con la decisión;

iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; y

iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que,
pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual.

En lo particular, la Sala advierte que la accionante no presentó oportunamente
la acción de tutela para la defensa de los derechos que consideró
transgredidos con ocasión de la omisión que le endilgó al juzgado demandado.

En efecto, de las circunstancias fácticas, se encuentra lo siguiente:

El 19 de diciembre de 2019 el Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia denegatoria de las pretensiones
dentro del medio de control reparación directa adelantado por María Emilce
Poloche Poloche y otros contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, radicado 11001-33-36-035-2016-00292-00.

4
Sentencia T-033 del 26 de enero de 2015, con ponencia de la doctora María Victoria Calle
Correa.
5
Sentencia T-246 del 30 de abril de 2015, con ponencia de la magistrada Martha Victoria
Sáchica Méndez.
6
Ver entre otras la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida en el expediente número
11001-03-15-000-2015-01579-00 (AC). con ponencia de la consejera Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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La precitada providencia fue notificada por correo electrónico del 13 de enero
de 2020 a través del buzón jadmin35bta@notificacionesrj.gov.co y con destino
a cabuyajuridicos@hotmail.com, así:

…
SEÑOR(ES)
MARIA EMILSE POLOCHE
CIUDAD

SEÑORES
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL
CIUDAD

REPRACION DIRECTA
EXP: 11001 33 36 035 201600292 00
DEMANDANTE: MARIA EMILSE POLOCHE
DEMANDADO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA
NACIONAL
NOTIFICACIÓN SENTENCIA 201600292

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO 35 ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, NOTIFICA
PERSONALMENTE EL FALLO DE FECHA DIECINUEVE (19) DE
DICIEMBRE DE 2019 PROFERIDO DENTRO DE LA REPARACIÓN
DIRECTA DE LA REFERENCIA DEL CUAL SE ADJUNTA COPIA AL
PRESENTE CORREO PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES LEGALES
PERTINENTES, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 203 DE LA LEY 1437
de 2011.
ANGELA MARITZA PINTO HEREDIA
SECRETARIA
____________
AVISOS IMPORTANTES:
I.- Esta sede Judicial está ubicada en la CARRERA 57 No 43-91 NUEVA
SEDE JUDICIAL CAN
II. Esta dirección de correo electrónico jadmin35bta@notificacionesrj.gov.co,
es de uso único y exclusivo para el envío de notificaciones. Los mensajes
que se reciban no serán leídos y automáticamente se eliminaran de nuestros
servidores

En respuesta al correo enviado desde la dirección
jadmin35bta@notificacionesrj.gov.co, el 26 de enero siguiente a las 18:25
horas se remitió un archivo con recurso de apelación. Luego, el 10 de junio de
2020 a las 10:16 horas, mediante correo electrónico nuevamente dirigido a la
dirección jadmin35bta@notificacionesrj.gov.co, el apoderado de la accionante
solicitó información del trámite impartido a dicha alzada.

La Secretaría del juzgado demandado informó que para la época en que se
remitió el citado recurso de apelación a la cuenta de correo electrónico del
despacho, “la cual fue destinada únicamente para realizar notificaciones
judiciales, el único canal autorizado para la recepción de memoriales era en
forma presencial ante la oficina de apoyo de los Juzgados Administrativos del
Bogotá”.
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La anterior información, se corrobora con la consulta de procesos en la web de
la Rama Judicial, que da cuenta de lo siguiente:

25 Jan 2023 NOTIFICACION POR ESTADO ACTUACIÓN REGISTRADA
EL 25/01/2023 A LAS 18:00:20. 26 Jan 2023 26 Jan 2023

25 Jan 2023 25 Jan 2023 AUTO QUE APRUEBA LA LIQUIDACION DE
COSTAS JZF 25 Jan 2023

24 Jun 2021 AL DESPACHO 24 Jun 2021

28 May 2021 TRASLADO 3 DIAS 31 May 2021 02 Jun 2021 28 May 2021

28 May 2021 FIJACION EN LISTA 28 May 2021 28 May 2021 28 May 2021

06 Oct 2020 PAGO ARANCEL CORREO OFICIOS VALOR DE LA
TRANSACCIÓN: 11000 - NÚMERO DE REFERENCIA: 2016-292 06 Oct
2020

19 Dec 2019 NOTIFICACION POR ESTADO 13 Jan 2020 13 Jan 2020 19
Dec 2019

19 Dec 2019 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 19 Dec 2019

10 Sep 2019 AL DESPACHO PARA SENTENCIA M 09 Sep 2019

Conforme a lo anterior, no se observa un ejercicio pronto de la acción dentro
del plazo de los seis meses dispuesto para ello, pues desde el envío del correo
electrónico del 26 de enero de 2020 a las 18:25 horas hasta la presentación de
la acción de tutela, han transcurrido aproximadamente tres años. Incluso, si se
tuviera en cuenta la fecha del 10 de junio de 2020 cuando el abogado solicitó
información acerca del trámite, el lapso es similar.

Adicionalmente, tampoco existe un motivo válido que justifique la inactividad de
la parte accionante para promover la solicitud de amparo dentro de los
referidos seis meses, ni siquiera en el estado de emergencia generado por el
Covid 19, como lo pretende alegar la parte impugnante.

Además, que en el precitado registro de consulta de procesos tampoco se
observa memorial alguno que dé cuenta de que la parte actora solicitó
información acerca del trámite del recurso de apelación.

Adicionalmente, debe precisarse que, el Consejo Superior de la Judicatura
expidió los Acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519,
PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528,
PCSJA20- 11529, PCSJA20-11532, PCSJA20-11546, PCSJA20-11549 y
PCSJA20-11556 de 2020, a través de los cuales suspendió los términos
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Demandante: María Emilce Poloche
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judiciales, estableció algunas excepciones y adoptó otras medidas por motivos
de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia de la Covid
19. La suspensión operó del 16 de marzo y hasta el 30 de junio de 2020,
conforme se dispuso en los referidos Acuerdos expedidos por el Consejo
Superior de la Judicatura, reanudándose el mismo a partir del 1° de julio
siguiente.

Así, con los mencionados actos, el Consejo pretendió conjurar la situación
actual respecto de las actuaciones judiciales y, en ellos estableció la utilización
de forma preferente de los medios tecnológicos “evitando exigir y cumplir
formalidades físicas innecesarias”, así como que los memoriales y demás
comunicaciones podrían ser enviados o recibidos por correo electrónico, de
manera que se prescindiera de las presentaciones o autenticaciones personales
o adicionales de algún tipo.

Al respecto, se precisa que si bien el aludido consejo ordenó la suspensión de
los términos judiciales y se decretaron medidas transitorias para preservar el
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, desde un inicio,
con los Acuerdos PCSJA20-11517 y PCSJA20-11518, exceptuó de tal medida
el trámite, la decisión y la notificación de la acción de tutela y, los habeas
corpus, respectivamente.

De manera que, la sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura
desde un inicio de la emergencia sanitaria mantuvo exceptuadas de tal medida
para la contabilización de términos a las acciones de tutela, por lo que, la
accionante podía promoverla dentro del aludido término de los seis meses bajo
el uso de medios electrónicos y sin la necesidad de transgredir el confinamiento
obligatorio decretado a nivel nacional.

Finalmente, tampoco se observa que se vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión, ni existe un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados y, tampoco que la situación desfavorable sea continua y actual.

Por consiguiente, para la sala no se cumple con el requisito de la inmediatez en
el presente asunto, por lo que se confirmará la decisión impugnada.

Adicionalmente, se recuerda que la acción de tutela no puede sustituir el
mecanismo de defensa con el que cuenta la parte demandante para la defensa
de su derecho fundamental al debido proceso, dada la naturaleza excepcional y
subsidiaria de este medio constitucional.

De modo que, le asiste razón al juez constitucional de primera instancia, puesto
que, la parte actora no alegó en el proceso ordinario la presunta omisión que
ahora trae a la acción de tutela, esto es, la omisión en tramitar la apelación; por
lo que, tampoco se cumple con el presupuesto de la subsidiariedad.
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Demandante: María Emilce Poloche
Demandado: Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.
Rad: 25000-23-15-000-2023-00623-01

En consecuencia, se confirmará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 15 de septiembre de 2023, por la cual
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, declaró improcedente el amparo solicitado.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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