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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2023-00873-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2023-00873-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmase la sentencia del 3 de noviembre de 2023, mediante la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A negó la solicitud de tutela. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2023-00873-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

11 de abril de 2024

Demandante: Edward Martínez Avendaño
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 25000-23-15-000-2023-00873-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2023-00873-01
Demandante: EDWARD MARTÍNEZ AVENDAÑO
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Temas: Tutela de fondo. No se configura la vulneración de los derechos
al debido proceso y petición del accionante.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el señor Edward
Martínez Avendaño contra la sentencia del 3 de noviembre de 2023, mediante la
cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
negó la solicitud de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 19 de octubre de 2023, el señor Edward Martínez
Avendaño, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo
Nacional Electoral1, con el fin de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales de petición y debido proceso.

1.2. Pretensiones

El actor solicita la protección de los derechos invocados, y que como
consecuencia de ello, se ordene a la entidad demandada:

(…) responder de FONDO la petición de información realizada el día 30 de agosto
de 2023 mediante el radicado CNE-E-DG-2023-029009, con respecto a la
inscripción irregular de las cédulas las cuales no fueron objeto de estudio en las
resoluciones.

… que otorgue el derecho fundamental de contradicción con un recurso por vía
gubernativa, para acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa en demanda
de nulidad y/o en uso del control de legalidad correspondiente de acuerdo a la Ley
1437 de 2011 y para así proteger mi derecho fundamental de petición y debido
proceso.2

1 En adelante CNE.
2 Sic a lo transcrito.

1

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Demandante: Edward Martínez Avendaño
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 25000-23-15-000-2023-00873-01

Como sustento fáctico de las pretensiones, el accionante narró los siguientes,

1.3. Hechos

El día 30 de agosto de 2023 radicó ante el Consejo Nacional Electoral una «queja
y/o demanda de anulación por inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el
municipio de Guataqui (Cundinamarca)», a la que correspondió el radicado N. °
CNE-E-DG-2023-029009.

La petición tenía como pretensión principal que se ordenara:

(…) dejar sin efecto jurídico y/o la anulación de su inscripción las siguientes cédulas
de ciudadanía que no son residentes en el Municipio de GUATAQUÍ,
Cundinamarca, que corresponden a 975 cédulas de ciudadanía inscritas
irregularmente, para sufragar para las próximas elecciones territoriales del próximo
29 de octubre de 2023 y que se relacionan en el numeral 20 del acápite
denominado HECHOS MATERIALES Y RAZONES DE ORDEN FÁCTICO del
presente memorial y que se adjuntan en medio magnético, junto con la evidencia
probatoria.3

El día 12 de octubre de 2023, vía correo electrónico, la entidad dio respuesta a su
petición en los siguientes términos:

(…) En este orden de ideas, este despacho teniendo en cuenta su solicitud, le
comunica que la Sala Plena de Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución
No. 6518 del 9 de agosto de 2023, siguiendo con los lineamientos normativos de la
Resolución No. 2857 de 2018, DEJÓ SIN EFECTO la inscripción irregular de 181
cédulas de ciudadanía y extranjería, inscritas en el municipio de GUATAQUÍ,
Departamento de CUNDINAMARCA, para las elecciones territoriales a realizar el
veintinueve (29) de octubre de 2023, como consecuencia de haberse acreditado
sumariamente la no residencia electoral de los ciudadanos que se relacionan en el
cuadro adjunto teniendo en cuenta el cruce de información actualizado hasta el 31
de julio de 2023, como consta en los autos mencionados.

El despacho del suscrito Magistrado, ALFONSO CAMPO MARTINEZ, expidió los
autos CNE-ACM-167 del 15 de agosto de 2023 y CNE-ACM-188 del 28 de agosto
de 2023, por medio de los cuales se decretaron la práctica de pruebas para mejor
proveer, dentro de las actuaciones administrativas adelantadas por la presunta
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en los ciento dieciséis
(116) Municipios del Departamento de Cundinamarca, con corte al 15 y
posteriormente hasta el día 29 de agosto de 2023.

(…) este Despacho expidió la Resolución No. 8643 del 9 de septiembre de 2023,
“Por medio del cual se adoptan algunas decisiones dentro del procedimiento
administrativo breve y sumario que se adelanta para determinar la posible
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería en el municipio de
GAUTAQUÍ del Departamento de CUNDINAMARCA, con ocasión de las elecciones
a realizarse el próximo 29 de octubre de 2023”, siguiendo con los lineamientos
normativos de la Resolución No. 2857 de 2018, emanada por esta Corporación,
DEJÓ SIN EFECTO la inscripción irregular de 100 cédulas de ciudadanía y
extranjería, para las elecciones territoriales a realizar el veintinueve (29) de octubre
de 2023, como consecuencia de haberse acreditado sumariamente la no residencia
electoral, teniendo en cuenta el cruce de información actualizado hasta el 29 de
agosto de 2023, como consta en los autos mencionados.

3 Sic a lo transcrito.

2

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Con base en lo anterior, se informa también que se profirieron las Resoluciones
8421 del 8 de septiembre y 12380 del 29 de Septiembre de 2023, mediante las
cuales este despacho resolvió los asuntos correspondientes a los recursos de
reposición presentados en contra de las resoluciones que dejaron sin efecto las
inscripciones de las cédulas de ciudadanía y extranjería en el municipio de
GUATAQUÍ – CUNDINAMARCA.

Es así que este Despacho, conforme al artículo décimo segundo de la Resolución
No. 2857 de 2018, del Consejo Nacional Electoral, resolverá los recursos de
reposición que sean interpuestos y elevará acto administrativo según corresponda a
cada caso en particular a resolver.

Así las cosas, esta solicitud se da por contestada en los términos del artículo 14 de
la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.4

1.4. Sustento de la petición

El actor manifestó que la entidad ha vulnerado su derecho fundamental de petición
al no cumplir los supuestos que determinan el ámbito de protección constitucional
de dicha garantía, ya que no se pronunció de fondo frente a las 975 personas que
inscribieron su cédula de forma irregular en el municipio de Guataquí para ejercer
su derecho al voto el 29 de octubre de 2023, las cuales fueron objeto de su queja.

Aseguró que la respuesta no es clara, precisa y congruente con la petición
impetrada, puesto que no se le informó cuáles diligencias se adelantaron
(específicamente el cruce de las bases de datos), para verificar las cédulas cuya
irregularidad en el proceso de inscripción denunció. Aseguró que, de acuerdo a lo
manifestado por la entidad «de las 975 cédulas solamente se verificaron 281 y no
se le indicó cual fue el resultado de la revisión practicada a las otras 694 cédulas».

Frente a la garantía del debido proceso, refiere que el CNE desconoció el
procedimiento establecido en la Resolución 2857 de 2018 del 30 de octubre de
20185, según el cual, se debe realizar un cruce de las cédulas de ciudadanía con
la definición de residencia y residencia electoral, para determinar el fraude en la
inscripción.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 1 de noviembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A admitió la solicitud de tutela, ordenó
notificar al actor y a la autoridad demandada. Además, negó la medida provisional
solicitada con el escrito petitorio.

1.6. Informe presentado

Remitidas las respectivas comunicaciones, se recibió la siguiente intervención:

1.6.1. Consejo Nacional Electoral

4 Sic a lo transcrito.
5 “Por la cual se establece el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y se dictan otras disposiciones”.
3

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Solicitó que se declarara la carencia de objeto por hecho superado, en atención a
que, mediante oficio N. ° CNE-ACM- 1468-2023 del 2 de noviembre del 2023, se
brindó informe de forma clara y precisa frente a las inquietudes del accionante, por
lo que ha cesado la acción de la actividad impugnada y se ha subsanado el
derecho amenazado.

1.7. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A negó
la acción de amparo por considerar que la entidad accionada atendió de manera
oportuna, clara y precisa la petición elevada por el accionante y, de acuerdo a su
competencia, dio aplicación al trámite pertinente con el cual fueron anuladas 281
cédulas de ciudadanía como consecuencia de haberse verificado su residencia
electoral.

1.8. Impugnación

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 22 de noviembre de 2023, el
demandante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia6, con
fundamento en que, el CNE no avocó conocimiento y/o indagación, no realizó la
verificación de su solicitud para validar la residencia de las personas y cédulas
indicadas en aquella.

Aseguró que el oficio CNE -ACM-1203-2023 del 10 de octubre de 2023, le contestó
con un resumen de la actuación adelantada de oficio y le informó de unas
resoluciones que emitió en Guataquí, sobre anulación de cédulas, de personas
distintas a las que él denunció.

Insistió en que la entidad no dio curso a la actuación administrativa prevista en la
Resolución 2857 de 2018, según la cual, le correspondía rechazar de plano la
queja, por no cumplir requisitos o avocarla, ordenar pruebas y cruce de datos y
emitir una decisión contra la que procede el recurso de reposición.

Argumentó que, con dicha omisión, el ente trasgredió su derecho de contradicción
y de doble instancia y, en consecuencia, el debido proceso.

Refirió que su petición se presentó el 30 de agosto de 2023, y la Resolución CNE
6518 (que anuló 181 inscripciones) data del 9 de agosto de 2023, es decir que es
anterior a la radicación de su solicitud, mientras que la Resolución CNE 8643 se
expidió el 9 de septiembre de 2023, pocos días después.

Explicó que la mayoría de las cédulas a que se hizo referencia en dichos actos son
distintas a las que denunció, de las cuales «aún existen 875 cédulas que el CNE no
validó ni verificó».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6 La impugnación fue presentada dentro del término establecido por el artículo 31 del Decreto 2591

de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó mediante correo
electrónico enviado el 21 de noviembre de 2023.
4

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2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Edward Martínez Avendaño contra la providencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el 3 de
noviembre de 2023, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
20157, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

En orden a decidir si hay lugar a confirmar, revocar o modificar la decisión
proferida en primera instancia, se determinará si la entidad accionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y petición del accionante, al no
tramitar en debida forma su solicitud de queja de inscripción irregular de cédulas
de ciudadanía para las pasadas jornadas electorales.

En tales condiciones, se revisarán los siguientes aspectos: (i) generalidades de la
acción de tutela; (ii) repaso normativo y jurisprudencial de las garantías
constitucionales cuya protección se solicita, (iii) el fondo del asunto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según el
cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces
la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de
los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no es
absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia contenidas en
el artículo 6.º ibid., entre otros motivos, la relativa a la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del derecho que se
alega amenazado o vulnerado.

2.4. El derecho al debido proceso administrativo

El derecho al debido proceso administrativo comprende las mismas garantías y
desarrollos reconocidos a los trámites judiciales, con el fin de que los
procedimientos y actuaciones que se adelanten en desarrollo de la función
administrativa se cumplan, en todo, en la forma determinada en la ley u otras
normas aplicables.8

La Corte Constitucional ha definido el debido proceso administrativo como:

7 Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
8 Corte Constitucional, sentencias T-550 de 1992, C-214 de 1994, T-415 de 1995,
T-352 de 1996,
T-1313 de 2000, C-653 de 2001, T-677 de 2004, T-814 de 2005, T-103, T-525, T-958 y T-1005
de 2006, T-304, T-600 y T-731 de 2007, T-917 y T-1168 de 2008, T-111, T-881 y T-909 de 2009,
T-178, C-980 y C-983 de 2010, C-089 y T-249 de 2011 y T-680 de 2012.
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(i) un conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración,
materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad
administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está
previamente determinado de manera constitucional y legal. Se ha precisado también
que con esta garantía se busca (i) asegurar el ordenado funcionamiento de la
administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho
a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados”.9

Ahora bien, dicha Colegiatura ha reiterado que el derecho al debido proceso en el
ámbito administrativo tiene una estrecha relación con el cumplimiento de otros
preceptos constitucionales, entre ellos el artículo 6° que establece el principio de
legalidad o el 209 que enlista las pautas y criterios que deben inspirar la función
administrativa, como son la igualdad, la moralidad, la eficacia, la celeridad, la
imparcialidad y la publicidad; y también tiene que ver con el referido derecho
fundamental de petición.10

La alta Corporación también se ha ocupado de señalar las garantías mínimas que
garantizan la eficacia de este derecho, las cuales deben ser observadas en toda
actuación administrativa, en conjunto con los tramites específicos aplicables a la
misma, entre éstas se encuentran los derechos a:

(i) que el trámite se adelante por la autoridad competente; (ii) que durante el mismo y
hasta su culminación se permita la participación de todos los interesados; (iii) ser oído
durante toda la actuación; (iv) que la actuación se adelante sin dilaciones
injustificadas; (v) ser notificado de las decisiones que se adopten de manera oportuna
y de conformidad con la ley; (vi) solicitar, aportar y controvertir pruebas; (vii) en
general, ejercer el derecho de defensa y contradicción, e (viii) impugnar las
decisiones que puedan afectarle.11

De acuerdo a lo anterior, el derecho al debido proceso frente a las actuaciones
administrativas encierra un conjunto de garantías para garantizar al ciudadano
condiciones de seriedad, transparencia y seguridad, necesarias para la efectiva
protección de sus demás derechos, de tal manera que la función administrativa
cumpla el objetivo que le ha impuesto la Constitución, que es «un orden justo»12,
en palabras del Tribunal Constitucional: «En esencia, el derecho al debido proceso
tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el
preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social
de los integrantes de la comunidad nacional.»13

En resumen, el derecho fundamental al debido proceso debe ser minuciosamente
respetado en todas las actuaciones administrativas, es decir, las que inician por
una petición de los ciudadanos y las que se desarrollan por iniciativa de las
autoridades dentro del marco de sus funciones y competencias.

2.5. Protección constitucional y legal al derecho fundamental de petición

9 Corte Constitucional, sentencia T-796 de septiembre 21 de 2006, Magistrada Ponente: CLARA

INÉS VARGAS HERNÁNDEZ, sentencia C-980 de 2010, Magistrado Ponente: GABRIEL
EDUARDO MENDOZA MARTELO
10 Corte Constitucional, sentencia T-040 de 2011, Magistrado Ponente: HUMBERTO ANTONIO

SIERRA PORTO
11 Ibídem.
12 Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia
13 Corte Constitucional, sentencia C-214 de 1994 Magistrado Ponente: ANTONIO BARRERA

CARBONELL
6

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El artículo 23 de la Constitución Política,14 consagró el derecho fundamental de
petición, garantía que otorga a toda persona la facultad de formular peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta y efectiva respuesta, no necesariamente en forma favorable a la
petición.

La Corte Constitucional ha fijado los presupuestos mínimos de protección al
derecho fundamental de petición, en los siguientes términos:

a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad
de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a
la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo
decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo
solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple
con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho
constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni
tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es,
a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las
organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula
ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el
particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de
autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la
administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un
medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra
particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término
que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por
regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso
Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes
de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de
dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o
la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha
confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan
responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la
respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes.

14 “Constitución Política. Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para
garantizar los derechos fundamentales.”
7

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h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es
distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se
ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por
ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la
Carta.15

La Alta Corporación también indicó que el alcance de la protección a este derecho
está compuesto por los siguientes aspectos, que satisfacen completamente su
efectividad:

• La pronta contestación de las peticiones formuladas ante la autoridad
pública, que deberá reunir los requisitos de suficiencia, efectividad y
congruencia para que se entienda que ha resuelto de fondo, y satisfecho la
solicitud del petente.
• La notificación de la respuesta.

Sobre los elementos anteriormente descritos, aclaró el alto tribunal
constitucional16:

• La suficiencia tiene que ver con que se resuelva materialmente la petición y
se satisfagan los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que
la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario.
• La efectividad se refiere a que la respuesta solucione el caso que se
plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.).
• La congruencia, consiste en que exista coherencia entre lo respondido y lo
pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado
y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición,
sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se
encuentre relacionada con la petición propuesta.

La Ley Estatutaria del Derecho de Petición, estableció los plazos para dar
respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos ante las autoridades
oficiales y los particulares, de la siguiente forma:

Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de
peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria,
toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a
su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las
siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse
dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se
ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos
legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al
peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los
tres (3) días siguientes.

15 Corte Constitucional, sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994, T-377 de 2000, entre otras.
16 Sentencia T-612 de 2012.

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2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las
autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse
dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición
en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia
al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley
expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del
doble del inicialmente previsto.

2.5. Estudio del caso concreto

El accionante cuestiona la presunta omisión del Consejo Nacional Electoral de dar
trámite a su «queja y/o demanda de anulación por inscripción irregular de cédulas
de ciudadanía en el municipio de Guataqui (Cundinamarca)», radicada el día 30
de agosto de 2023, a la que correspondió el radicado N. ° CNE-E-DG-2023-
029009.

En su criterio, la respuesta brindada por la entidad el día 12 de octubre de 2023,
no fue clara, precisa y congruente con la petición impetrada, puesto que no se le
informaron las diligencias que se adelantaron con el fin de verificar las cédulas
cuya irregularidad denunció en el proceso de inscripción.

También considera que se vulneró la garantía al debido proceso dado que no se
siguió el procedimiento establecido en la Resolución 2857 de 2018 del 30 de
octubre de 201817, que consiste en: admitir la queja, ordenar pruebas, realizar un
cruce de datos y emitir una decisión sobre la inscripción irregular de los
documentos de identidad, contra la cual, una vez notificada, proceden los recursos
de la vía administrativa. Agregó que en este caso no se le dio la oportunidad de
agotar los recursos procedentes, pues ninguna de esas actuaciones se llevó a
cabo.

Pretende con el mecanismo de amparo, que se ordene a la entidad proferir una
decisión de fondo sobre la queja interpuesta.

El Consejo Nacional Electoral, indicó que mediante el oficio CNE -ACM-1203-2023
del 10 de octubre de 2023, informó al actor las actuaciones adelantadas para dar
trámite a las quejas, denuncias y el reporte de alarmas tempranas por probable
trashumancia electoral para elecciones locales del 29 de octubre de 2023, en la
siguiente forma:

I) Una vez realizado el cruce de datos, procedió a avocar conocimiento de forma
oficiosa mediante auto CNE-ACM-086-2023 del 14 de marzo de 2023.

ii) Por auto CNE-ACM-161-2023 del 28 de julio de 2023, ordenó de oficio las
prácticas de unas pruebas para mejor proveer y avanzar con el proceso de
investigación de inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería, en el
Departamento de Cundinamarca.

17 “Por la cual se establece el procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y se dictan otras disposiciones”.
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Demandante: Edward Martínez Avendaño
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 25000-23-15-000-2023-00873-01

iii) A través de autos CNE-ACM-167 del 15 de agosto y CNE-ACM-188 del 28
siguiente, ordenó de oficio la práctica de unas pruebas para mejor proveer.

iv) Mediante Resolución No. 6518 adiada 9 de agosto de 2023, dejó sin efecto la
inscripción de 181 cédulas de ciudadanía y extranjería, decisión notificada
mediante acta de fijación el 24 de agosto de 2023. Además, fue publicada en la
página Web del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado
Civil.

v) A través de la Resolución No. 8643 del 08 de septiembre de 2023, dejó sin
efecto la inscripción de 100 cédulas de ciudadanía y extranjería, decisión
notificada mediante acta de fijación el 18 de septiembre de 2023. Además, fue
publicada en la página Web del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
Nacional del Estado Civil.

vi) Mediante Resolución No. 8421 del 8 de septiembre de 2023 y Resolución No.
12380 del 4 de octubre de 2023, resolvió los recursos interpuestos contra las
anteriores decisiones.

Como quiera que el accionante considera que la actuación adelantada por la
entidad trasgrede dos garantías fundamentales, en primer lugar, se revisará si se
observó el procedimiento legal en el trámite de la queja elevada por las presuntas
irregularidades en la inscripción de documentos de identidad para las pasadas
jornadas electorales y, en segundo término, si la respuesta brindada satisface los
elementos esenciales de protección del derecho fundamental de petición.

Para abordar el análisis propuesto es importante indicar que la Resolución No.
2857 de 2018 expedida por el Consejo Nacional Electoral contempla el
procedimiento administrativo, breve y sumario orientado a dejar sin efecto la
inscripción irregular de cédulas de ciudadanía.

La disposición señala que el trámite administrativo por trashumancia electoral
podrá ser iniciado de oficio o a petición de parte. Para el inicio de la actuación
administrativa de manera oficiosa, el CNE debe analizar la información que reciba
sobre la posible inscripción irregular de cédulas de ciudadanía.

Luego, el magistrado sustanciador a quien le correspondió por reparto el asunto,
dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la queja, asumirá su
conocimiento mediante auto y ordenará la práctica de pruebas que estime
necesarias.

En el auto que decide la admisión, el magistrado sustanciador decretará los cruces
de las bases de datos que le servirán de soporte para adoptar decisiones, tales
como las del Sisben, Adres, Dps y Censo Electoral, y todas aquellas que
considere procedentes.

Sobre el reparto de las quejas interpuestas al interior de la entidad, el artículo 5
ibidem, señala: «toda petición relacionada con un mismo municipio será
acumulada al magistrado a quien correspondió el reparto».

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Conforme a los antecedentes fácticos expuestos, el CNE avocó el conocimiento
de la investigación de inscripción irregular de cédulas de ciudadanía y extranjería,
en el municipio de Guataquí, departamento de Cundinamarca, para las elecciones
territoriales que se realizaron el 29 de octubre de 2023, con anterioridad a la
radicación de la queja por parte del accionante.

En consecuencia, la petición elevada por el actor fue acumulada al procedimiento
que, para determinar la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en dicho
municipio, ya había sido iniciado por parte del órgano electoral.

En ese orden, la averiguación que correspondía a las cédulas de ciudadanía
indicadas por el accionante se llevó a cabo de manera conjunta bajo un mismo
procedimiento, en el cual ya se había adelantado el cruce de datos, además del
decreto y practica de algunas pruebas orientadas a determinar la trashumancia en
la misma municipalidad.

Frente a la notificación de las decisiones que dejaron sin efecto las inscripciones
de las cédulas de ciudadanía, la Resolución 2857 de 2018 establece que se debe
realizar mediante envío de correo electrónico a los ciudadanos que figuran en el
acto administrativo y a través de fijación en un lugar público y en la página web de
la entidad.

Revisadas las decisiones adoptadas por el CNE sobre la inscripción irregular de
algunos documentos de identidad, se advierte que fueron notificadas en la forma
prevista en la disposición aludida.

Del recuento expuesto en líneas anteriores se infiere que el procedimiento
adelantado por la entidad para determinar la inscripción irregular de algunas
cédulas de ciudadanía presentadas por los ciudadanos en el municipio de
Guataquí se ajustó a los preceptos de la Resolución 2857 de 2018.

Ahora bien, como lo que el actor reprocha es que no se dejaron sin efecto todas
las cédulas denunciadas en su escrito, lo que debió hacer era recurrir las
decisiones dictadas, a través del recurso de reposición, herramienta que tuvo a su
alcance, pues como se indicó, las resoluciones fueron debidamente notificadas.

De otra parte, se encuentra que en la respuesta brindada al accionante se indicó
el trámite adelantado por el CNE para determinar la posible inscripción irregular de
cédulas de ciudadanías en el municipio de Guataquí, las decisiones adoptadas y
la forma en que fueron notificadas, así como la norma que regula el procedimiento.

En conclusión, la respuesta otorgada satisface el núcleo de efectividad del
derecho de petición del demandante, en la medida en que resolvió materialmente
y de fondo su solicitud, de manera suficiente, efectiva y congruente dentro del
plazo legal conferido para el efecto, además fue notificada en debida forma.

Así las cosas, la pretensión de protección de los derechos fundamentales
invocada por el tutelante ante este Juez Constitucional, no tiene vocación de
prosperidad en la medida en que la entidad dio a su petición el trámite legal que

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correspondía, en observancia del debido proceso administrativo, por tal motivo, se
confirmará el fallo impugnado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmase la sentencia del 3 de noviembre de 2023, mediante la
cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
negó la solicitud de tutela.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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