Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00060-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00060-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 25000-23-15-000-2024-00060-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
9 de mayo de 2024
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00060-01
Demandante: Olga Yanneth Pinto López
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00060-01
Demandante: OLGA YANNETH PINTO LÓPEZ
Demandados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CUNDINAMARCA, UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE
CARRERA JUDICIAL Y JUZGADO SEGUNDO PENAL
MUNICIPAL DE CHÍA
Temas: Tutela contra acto administrativo que niega el traslado de una
empleada en propiedad a un despacho judicial. Requisito objetivo de
subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la titular del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía y la señora
Mary Julieth Benavides Duarte, quien actúa en calidad de tercera vinculada con
interés, contra la sentencia de 8 de febrero de 2024, dictada por la Subsección “B”
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que
decidió:
“PRIMERO: AMPARAR el derecho de acceso a cargos públicos de la señora Olga
Yaneth Pinto López, conforme los argumentos expuestos en la parte considerativa
de esta sentencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Resolución No. 019 de 2023 que niega la
solicitud de traslado de la señora Olga Janeth Pinto López al cargo de Escribiente
Nominado del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía.
TERCERO: ORDENAR al JUEZ SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE CHÍA que,
en el término de 48 horas, que resuelva favorablemente la solicitud de traslado de
la señora Olga Yaneth Pinto López, quien cuenta con concepto favorable de
traslado y teniendo en cuenta el derecho de carrera administrativa que le asiste y
efectué las novedades correspondientes ante el Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca y demás autoridades competentes.
CUARTO: ORDENAR al JUEZ SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE CHÍA que en
el evento de existir o presentarse vacantes disponibles al momento de la notificación
de esta providencia, o en caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad,
nombre a la señora Mary Julieth Benavides Duarte, dada su condición de madre
cabeza de familia y en caso de que ello persista para ese momento.
QUINTO: Notifíquese por el medio más expedito a las partes.
SEXTO: Si no fuere impugnado este fallo envíese a la Honorable Corte
Constitucional para su eventual revisión (Art. 31 Decreto 2591 de 1991)”.
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Demandante: Olga Yanneth Pinto López
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte accionante relató que el 28 de mayo de 2009, ingresó a la Rama Judicial
mediante concurso de méritos y se posesionó en el Juzgado Setenta y Uno Penal
Municipal de Bogotá. Sin embargo, indicó que con ocasión a la supresión del
despacho fue trasladada al Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes en
donde estuvo un año y seis meses.
Mencionó que en el año 2013 solicitó traslado al Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Cajicá, en el que actualmente ocupa el cargo de escribiente nominado
en propiedad.
Refirió que desde el 2013, le fue otorgada licencia para ejercer funciones de
escribiente en el Centro de Servicios para los Juzgados Penales del Circuito
Especializados, desempeñando funciones para el Juzgado Noveno Penal del
Circuito Especializado de Bogotá, por un espacio de más de 9 años, lapso en el que
obtuvo altas calificaciones por las labores realizadas.
Sostuvo que el 4 de octubre de 2023, presentó ante la Unidad de Administración de
Carrera Judicial solicitud de traslado del cargo de escribiente nominado del Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Cajicá al Juzgado Segundo Penal Municipal de
Chía, la cual fue reiterada el 9 de noviembre de 2023, debido a que “con extrañeza
en los primeros días del mes de noviembre del 2023, no le fue comunicada la decisión del
concepto favorable de traslado a lo que mi poderdante luego de varias llamadas telefónicas,
tanto a la secretaría del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, como a la
Unidad de Carrera Administrativa, para que le enviaran la decisión, esgrimieron excusas
que por error la carrera Unidad de Carrera Judicial se le había empapelado el formato de
traslado y por eso no habían informado oportunamente al Consejo Superior de la
Judicatura-Seccional Cundinamarca, razón por la que mi poderdante procedió a reenviar el
correo de la solicitud a dicha corporación el día 9 de noviembre en horas de la tarde, y dado
que ya se había vencido el término para resolver la solicitud indicaron que pasaría de
inmediato al Despacho para resolver la solicitud”.
Informó que el 14 de noviembre de 2023, le fue notificada la Resolución No.
CSJCU023-2022 del 9 del mismo mes y año, por medio de la cual se emitió
concepto favorable para el traslado que, a su vez, fue puesta en conocimiento de la
titular del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía.
Manifestó que por medio de la Resolución No. 019 del 28 de noviembre de 2023,
notificada el 1° de diciembre de 2023, se le negó la solicitud de traslado con
fundamento en que actualmente el cargo de escribiente se encuentra ocupado en
provisionalidad por la señora Mary Julieth Benavides Duarte, a quien le fue
reconocido el derecho a la estabilidad laboral reforzada por medio de la Resolución
No. 018 de 23 de octubre de la misma anualidad.
Por último, aludió que “causa extrañeza, pues según contestación a la petición elevada
de mi parte el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el cargo se encontraba
vacante desde el mes de octubre de 2022, y la misma no fue publicada en las lista de
vacantes disponibles en la página del Consejo, ahora bien en el mes de julio de 2023, la
empleada en provisionalidad presentó la solicitud de estabilidad reforzada, sin que la
nominadora se pronunciara en tiempo, como tampoco reportó oportunamente la vacante,
solo hasta el mes de octubre envía comunicación a la Unidad Administrativa de Carrera
Judicial para la publicación de la vacante, siendo una obligación el reporte oportuno desde
el mismo momento en que se produce la disponibilidad”.
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Demandante: Olga Yanneth Pinto López
2. Fundamentos de la acción
La demandante, quien actúa por conducto de apoderado judicial, presentó acción
de tutela con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido
proceso y a la carrera judicial, los cuales considera vulnerados con la decisión de la
titular del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía, que negó el traslado
horizontal al cargo de escribiente de ese despacho judicial.
En primer lugar, señaló lo siguiente:
• La Resolución No. 018 del 23 de octubre de 2023 -que reconoció la estabilidad
laboral reforzada-, se realizó cuando se había presentado la solicitud de traslado y
ad portas de la salida de la juez que se encontraba en reemplazo en ese despacho,
quien se desempeñó hasta el 24 de octubre de 2023.
• La señora Mary Julieth Benavides Duarte afirma que desde el 24 de julio de 2023
había solicitado la estabilidad laboral reforzada, y la misma fue concedida tres
meses después por medio de la Resolución No. 018 del 23 de octubre de 2023.
• La solicitud de estabilidad laboral reforzada no fue resuelta dentro del término legal,
lo que conllevo que la vacante fuese publicada sin anotación en octubre de 2023,
razón por la cual la titular del despacho judicial puede estar incursa en omisión a los
deberes que le impone la Ley Estatutaria 270 de 1996 y el Código Disciplinario frente
a la vulneración de los principios de la buena fe y la confianza legítima.
• La Unidad de Carrera Judicial y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, tenían conocimiento de que la vacante estaba disponible por lo que
emitieron concepto favorable para traslado por medio de la Resolución No.
CSJCU23-2022 del 9 de noviembre de 2023, esto es, quince días después de que
se concedió la estabilidad laboral reforzada.
• Agregó que “no es razonable ni lógico, que tanto la Unidad de Administración de Carrera
Judicial, como el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca-Sala
Administrativa, que para el mes de Diciembre del año 2023, procedan a la publicación
de la vacante con la anotación de la concesión de la estabilidad reforzada de la señora
Benavidez Duarte, pues si bien es cierto mi poderdante presentó primero la solicitud y
después se expidió el acto administrativo del reconocimiento, y primero se emitió el
concepto favorable para traslado antes de conocer la decisión del Juzgado Segundo
Penal Municipal de Chía, y de otra parte en que queda los derechos del concurso de
méritos y a la carrera Judicial, establecidos en la Ley Estatutaria de la Administración
de Justicia y los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
otras instituciones, convirtiendo en una burla por parte de quienes administran la carrera
Judicial, haciendo de la excepción una regla, vulnerando los derechos de quienes han
participado y ganado un concurso de méritos, luego entonces me pregunto ¿es mejor
lograr la vinculación a la Rama Judicial, buscar una estabilidad reforzada y volverse
inamovible, y no concursar para ganarse el cargo por méritos?”.
De otra parte, sostuvo que la nominadora del despacho judicial omitió el deber de
informar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial de manera oportuna la
estabilidad laboral reforzada de la señora Benavides Duarte, en virtud de lo
consagrado en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 18 de septiembre de 2017, debido a
que lo comunicó cuando se había presentado la solicitud de traslado.
En tercer término, reprochó que se desconociera lo dispuesto en el Decreto 806 de
2020 y la Ley 2213 de 2022 sobre las notificaciones personales, en tanto la
autoridad judicial accionada rechazó de plano el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución No. 019 de 28 de noviembre de 2023, que negó el traslado y
que fue notificada por mensaje de datos el 1 de diciembre de 2023, frente a la cual
el término para manifestar alguna inconformidad transcurrió entre el 6 y 20 de
diciembre de 2023, y el recurso fue radicado el 19 del mismo mes y año.
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Finalmente, aseveró que la conducta negativa en dar por recibido el recurso de
reposición vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, defensa,
contradicción y “carrera judicial”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“PRIMERA- Con base a todo lo anterior, solicito, con el debido respeto, conceder
la acción de amparo, impetrada contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA DE CUNDINAMARCA-SALA ADMINISTRATIVA Y LA UNIDAD
DE ADMINISTRACION DE CARRERA JUDICIAL, al no darle la garantía del
debido proceso Administrativo al concederle a mi poderdante el Concepto
Favorable de traslado y al mes inmediatamente siguiente publica la vacante con
la anotación que aparece, yendo en contravía con los derechos de carrera
judicial consagrados en la ley 270 de 1994 Estatutaria de La Administración de
Justicia y los acuerdos que expide el Consejo Superior de la Judicatura, en
cuanto a la publicación de las vacantes definitivas y los términos que hay que
cumplir, respecto a los traslados.
SEGUNDA- Se ampare el debido proceso, el derecho defensa, derecho a la
carrera judicial, que le asiste a mi poderdante, violados flagrantemente por el
Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía, al no resolver el recurso de
Reposición, contra la Resolución No. 019 del 28 de noviembre de 2023, al
considerar erróneamente que se interpuso por fuera de término y procediendo a
su rechazo.
TERCERA- Que se proceda por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
revocar la Resolución No. 019 del 28 de noviembre del 2023 y a ordenar al
Juzgado Segundo Municipal de Chía, que se proceda a nombrar a la Doctora
Olga Yanneth Pinto López, como escribiente municipal de Chía, de conformidad
al concepto favorable emitido, protegiéndole los derechos de carrera cómo
servidora Judicial”.
4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de la Resolución No. 018 de 23 de octubre de 2023, por la cual se reconoció
el derecho a la estabilidad laboral reforzada de Mary Julieth Benavides Duarte en
calidad de madre cabeza de hogar.
• Copia del oficio CSJCUO23-2022 de 9 de noviembre de 2023, por el cual el
presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca le comunicó a
la titular del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía, el concepto favorable de
traslado de la señora Olga Yanneth Pinto López al cargo de escribiente nominado.
• Copia de la Resolución No. 019 de 28 de noviembre de 2023, que resolvió negar la
solicitud de traslado de la señora Olga Yanneth Pinto López al cargo de escribiente
nominado en propiedad en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía.
5. Trámite procesal
Por auto de 1 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B”, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la
parte demandante y a las autoridades accionadas -Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y
Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía.
Del mismo modo, dispuso la vinculación de la señora Mary Julieth Benavides
Duarte, quien ostenta el cargo de escribiente en el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Chía, por tener interés directo en las resultas del asunto.
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Demandante: Olga Yanneth Pinto López
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
Por intermedio de un magistrado, la corporación solicitó la desvinculación del trámite
constitucional, al considerar que no ha incurrido en una omisión que haya
amenazado o vulnerado los derechos fundamentales invocados, por cuanto si bien
existen derechos de parte de las personas que concursaron y/o presentan solicitud
de traslado, en este caso preservar la estabilidad laboral reforzada es decisión plena
de la nominadora. Agregó que mediante Acuerdo CSJCUA17-1225 convocó a
concurso de méritos y conforme se encuentra reglamentado en el Acuerdo
PCSJA22-11956, el concepto de traslado recae en primera instancia, en el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Sostuvo que el Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía por medio de oficio de
28 de julio de 2023, allegó la solicitud presentada por la señora Mary Julieth
Benavides Duarte, a través de la cual pidió el reconocimiento de la estabilidad
laboral reforzada, en su condición de madre cabeza de familia. Al respecto, por
medio de oficio CSJCUO23-1481 de 3 de agosto de 2023 se le informó a la
nominadora que por las directrices impartidas en la Circular CSJCUC22-36 de 11
de febrero de 2022, expedida por esa corporación, en la que replicó las reglas
impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Unidad de
Administración de Carrera Judicial, por medio de la Circular CJC22-2 de 10 de
febrero de 2022, debía proferir un acto administrativo motivado en el que se
constatara la calidad de la solicitante y la medida de protección, el alcance de la
misma y la duración.
Refirió que, por correo de 25 de octubre de 2023, el Juzgado Segundo Penal
Municipal de Chía remitió la Resolución No. 018 de 23 de octubre de 2023, en la
que se reconoció la estabilidad laboral reforzada de una empleada en
provisionalidad en calidad de madre cabeza de hogar, mientras exista la vacante
del cargo y no se presente alguna causal que amerite la declaratoria de
insubsistencia.
Mencionó que por medio de oficio CJO23-6311 de 3 de noviembre de 2023, la
directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial remitió la solicitud de
traslado presentada por la accionante, sobre la que se expidió el oficio CSJCUO23-
2022 de 9 de noviembre de 2023 con concepto favorable, para que la nominadora
con plena potestad definiera sobre el nombramiento del cargo.
Sostuvo que el 1º de diciembre de 2023, el juzgado accionado envió la Resolución
No. 019 del 28 de noviembre de 2023, en la que resolvió negar la solicitud de
traslado de la demandante, bajo el argumento de que al ponderar las
particularidades del caso, la señora Pinto López puede hacer efectivo el derecho al
traslado en otros cargos que se encuentran vacantes, incluso en el mismo municipio
de Chía, y resaltó que “para la señora Mary Julieth Benavides Duarte, de quien se señala
es madre cabeza de familia en caso de quedar insubsistente por la aceptación del traslado,
ella y su núcleo familiar quedarían desprotegidos en términos absolutos, no sólo, desde el
punto de vista de la estabilidad laboral, sino conexo a ello la garantía de acceso al servicio
de salud, razones que se consideran suficientes a la luz del precedente constitucional para
mantener la protección de estabilidad laboral reforzada reconocida a la empleada en
provisionalidad, negar en consecuencia la solicitud de traslado, argumentando los derechos
preferentes”.
Informó que, en razón a la precitada decisión, por medio de oficio CSJCUO23-2204
de 6 de diciembre de 2023 se solicitó al despacho judicial comunicar cualquier
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novedad sobre la provisión del cargo de escribiente, atendiendo la publicación de
las vacantes que se debe efectuar mientras no esté en carrera judicial.
Aludió que, por medio de oficio de 24 de enero de 2024, la titular del despacho
judicial manifestó que la resolución por medio de la cual se negó el traslado adquirió
firmeza, debido a que el recurso de reposición se sustentó por fuera del término
establecido.
Así las cosas, en relación con lo pretendido en la solicitud de tutela adujo que no ha
incurrido en alguna omisión que haya vulnerado los derechos fundamentales de la
demandante, “por cuanto si bien existen derechos de parte las personas que concursaron
y/o presentan solicitud de traslado, en este caso preservar la estabilidad laboral reforzada
es de decisión plena de la Nominadora, máxime que se señala dentro de la argumentación
que es madre cabeza de familia, por lo cual este Consejo Seccional con fundamento en lo
predispuesto en la Constitución Política y dado que la Juez a través del acto administrativo
concedió la estabilidad reforzada, es potestad de la Juez y no de este Consejo Seccional”.
Para terminar, manifestó que la vacante del cargo de escribiente del Juzgado
Segundo Penal Municipal de Chía no se encuentra publicada, por cuanto existe
controversia sobre su provisión.
6.2. Respuesta del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía
La titular del despacho pidió negar el amparo solicitado por ausencia de vulneración
de los derechos fundamentales de la accionante, y solicitó considerar la vinculación
de quien fungió como jueza entre el 13 de junio y el 24 de octubre de 2023.
Refirió que una vez la autoridad administrativa emitió el concepto favorable de
traslado, le corresponde a la nominadora aceptarlo o negarlo. Sobre lo cuestionado
por la parte actora, indicó que el 4 de enero de 2024 se dio respuesta al derecho de
petición elevado en el que se solicitó información sobre la vacante definitiva del
cargo de escribiente nominado, frente al que se dijo que se encuentra vacante
desde el 5 de octubre de 2022, fecha desde la cual se comunicó la novedad a la
autoridad competente.
Señaló que mediante comunicación CSJCUO23-702 de 28 de abril de 2023, el
Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca remitió el Acuerdo
CSJCUA22-107 de 4 de noviembre de 2022, por medio del cual se conformó la lista
de elegibles para el cargo de escribiente del despacho y comunicó el concepto
favorable de la solicitud de traslado del señor Hernán Javier Devia López, mismo
que fue aceptado por medio de la Resolución No. 005 de 16 de mayo de 2023. Sin
embargo, el señor Devia López declinó del nombramiento.
Informó que luego se nombró a la señora Mary Natalia Bravo Sánchez, no obstante,
mediante comunicación de 16 de agosto de 2023 retiró la postulación, la cual fue
aceptada el 23 del mismo mes y año y comunicada al Consejo Seccional de la
Judicatura de Cundinamarca el 8 de septiembre de 2023.
Precisó que entre octubre de 2022 y agosto de 2023 la vacante no podía ser
publicada porque se estaba surtiendo la actuación administrativa para proveer el
cargo en propiedad, a lo que agregó que las novedades fueron reportadas a la
autoridad administrativa competente, así como los documentos pertinentes para
estudiar la solicitud de traslado de la demandante, los cuales fueron recibidos en el
correo institucional de ese despacho judicial el 14 de noviembre de 2023.
Respecto a la notificación de la Resolución No. 019 de 28 de noviembre de 2023,
mencionó que la misma se surtió el 1º de diciembre de 2023, y que el rechazo del
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recurso de reposición estuvo debidamente motivado en virtud de lo previsto en el
artículo 78 de la Ley 1437 de 2011, pues se recibió el 18 de diciembre de 2023 sin
escrito de sustentación.
Por último, manifestó que “los derechos derivados de la carrera judicial y la tensión de
derechos fundamentales que se presenta debido a la condición de madre cabeza de familia
de Mary Julieth Benavides, la suscrita Juez estimó que por las particulares condiciones
presentadas, desvincular a la empleada provisional implicaría desconocer en términos
absolutos su condición de sujeto de especial protección constitucional, mientras que la
aspirante al traslado bien podría hacer efectivos su derechos en otras vacantes disponibles
en ese momento en esta misma municipalidad o en cualquier parte que fuese de su interés
ya que no está limitada por jurisdicción, especialidad ni territorio, esto dado que la solicitud
se presentó como traslado horizontal, no se alegaron condiciones de salud ni ninguna otra
que el Juzgado pudiera ponderar al resolver sobre el traslado”.
6.3. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura
Por intermedio de la directora de la dependencia solicitó que se desvincule del
asunto por falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que con el
actuar de su representada no se han vulnerado las garantías constitucionales de la
demandante. De manera subsidiaria, pidió negar las pretensiones de la demanda.
Indicó que las actuaciones que se reclaman emanan de la autoridad judicial en su
calidad de nominadora del cargo de escribiente, en lo que no tiene alguna injerencia,
dado que la presunta vulneración iusfundamental se deriva de los actos
administrativos por los cuales se negó la solicitud de traslado y se rechazó por
extemporáneo el recurso de reposición.
Señaló que el traslado fue remitido al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Acuerdo PCSJA17-
10754 de 2017, que como autoridad competente emitió concepto favorable de
traslado por medio de oficio CSJCUO23-2022 de 9 de noviembre de 2023.
Mencionó que las acciones de tutela que son promovidas contra el Consejo Superior
de la Judicatura no deben ser competencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1983 de 2017, para
lo cual citó un aparte del auto ATC867-201 de 10 de abril de 2018 proferido por la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Se refirió a lo previsto en el artículo 131 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, con el
fin de precisar que el nominador es el respectivo juez y, en ese orden de ideas, es
a quien le compete la decisión final sobre el traslado, pese a que obre concepto
favorable, lo que, además, respaldó con la sentencia T-488 de 2004.
Para terminar, expresó que la publicación de la vacante del cargo de escribiente es
de competencia del respectivo Consejo Seccional, como administrador de la carrera
judicial, por lo que resulta claro que no es la autoridad llamada a dar cumplimiento
a lo pretendido en el escrito de amparo.
7. Tercera vinculada con interés
La señora Mary Julieth Benavides Duarte, quien ostenta el cargo de escribiente
en provisionalidad del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía, rindió informe en
el que pidió que se niegue el amparo constitucional solicitado por la accionante, o
teniendo en consideración su condición de estabilidad laboral reforzada como
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Demandante: Olga Yanneth Pinto López
madre cabeza de familia, se ordene su reubicación en un cargo de la misma
equivalencia al que viene desempeñando.
Hizo referencia a las sentencias T-434 de 2020, T-003 de 2018, T-084 de 2018 y T-
683 de 2016, sobre el concepto de estabilidad laboral reforzada, y precisó que
dentro de los fueros se encuentra el de madres y padres cabeza de familia, para lo
cual consideró que la autoridad competente debe analizar tal calidad, como ocurrió
en su caso, en el que se valoró que tiene dos hijos en situación de discapacidad
que son de su responsabilidad por ser el núcleo y soporte del hogar.
Citó el artículo 2 de la Ley 82 de 1993, en concreto el artículo 2 que define quién
debe ser considerada una mujer cabeza de familia, así como la Circular No. 0040
de 2022 del Ministerio del Trabajo, el artículo 43 de la Constitución Política y la
sentencia T-186 de 2013, relacionada con la estabilidad laboral relativa de los
empleados que ocupan un cargo de carrera en provisionalidad y, además, sujeto de
especial protección constitucional.
Pidió tener en consideración su situación como madre cabeza de familia “ya sea
porque sigo ocupando el cargo que digna y profesionalmente he venido desarrollando como
Escribiente Municipal o para que se me reubique en el mismo cargo u otro de igual jerarquía
o equivalencia en un Juzgado municipal, por ejemplo, el de Mosquera, Madrid, Funza, Cota,
Facatativá, Cundinamarca, que me permita seguir estando al frente de mi hogar y de mis
hijos, en especial, los dos discapacitados quienes no pueden valerse por sí solos”.
Por último, refirió que solo requiere un empleo para sostener su núcleo familiar a
través del apoyo del Estado y bajo un trato preferente como madre cabeza de
familia.
8. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
por medio de sentencia de 8 de febrero de 2024, amparó el derecho fundamental
de acceso a cargos públicos de la accionante y dejó sin efectos la Resolución No.
019 de 2023, por la cual se negó la solicitud de traslado. En consecuencia, ordenó
a la titular del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía que resuelva
favorablemente la solicitud de traslado, y que “en el evento de existir o presentarse
vacantes disponibles al momento de la notificación de esta providencia, o en caso de que
existan vacantes futuras en provisionalidad, nombre a la señora Mary Julieth Benavides
Duarte, dada su condición de madre cabeza de familia y en caso de que ello persista para
ese momento”.
En primer lugar, se pronunció sobre la posibilidad de analizar los actos
administrativos que fueron proferidos por la nominadora con ocasión a la solicitud
de traslado y precisó que la acción de tutela es procedente por comprometer
derechos de carrera, a lo que agregó que el traslado puede ser solicitado por
razones de seguridad, salud, servicio, traslado recíproco y de servicios de carrera.
Expuso que los beneficiados con las solicitudes de traslado son los funcionarios o
empleados de carrera, a lo que agregó que en dicho trámite se inmiscuyen sus
derechos al mérito y a la carrera por haber participado y superado un concurso de
méritos, por lo que al encontrarse una vacante ocupada por un cargo en
provisionalidad, prima el derecho de acceso a cargos públicos, el cual está
comprendido por el derecho a posesionarse, la prohibición de establecer requisitos
adicionales para su posesión y la facultad de escoger entre las opciones disponibles
la que más se acomode a sus preferencias.
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De otra parte, en relación con el rechazo del recurso de reposición adujo que el
mismo no transgrede el derecho fundamental al debido proceso, por cuanto la
decisión objeto de reproche se notificó el 1º de diciembre de 2023, y el término para
su objeción vencía el 18 de diciembre de 2023. No obstante, en tal oportunidad no
se allegó archivo adjunto, lo que se subsanó al día siguiente, entendiéndose
presentado por fuera de la oportunidad procesal establecida. Agregó que como
quiera que el recurso de reposición es facultativo, dicha situación no permitía
advertir por sí sola la improcedencia de la acción de tutela.
Sostuvo que el traslado a una vacante definitiva requiere el concepto favorable del
Consejo Seccional, para lo cual recordó que la carrera administrativa se convierte
en un mecanismo preferente para el acceso y la gestión de empleos públicos, lo
que no ocurre con los cargos ocupados en provisionalidad a los que les asiste una
estabilidad laboral relativa en la que no puede interferir la estabilidad laboral
reforzada.
Aludió que “la estabilidad laboral reforzada reconocida a la señora Mary Julieth Benavides
Duarte, por su condición de madre cabeza de familia no es absoluta sino relativa, en la
medida que dicho reconocimiento traduce en que solo puede ser removida de su cargo por
causas legales que se expresen en el acto administrativo, más no que cuente con el
derecho de permanecer de manera indefinida en el cargo de escribiente, pues para ello
debe superar el concurso de méritos de la rama judicial”. Y precisó que “en ningún
momento la situación que presenta puede ser impedimento para que la accionante se
vincule en propiedad en el cargo de escribiente en el Juzgado Segundo Penal Municipal,
máxime cuando cuenta con un concepto favorable de traslado por parte de la autoridad
competente”.
Por último, consideró que en la ponderación de los derechos a la estabilidad laboral
reforzada y los derechos de carrera, debe accederse a este último como mecanismo
preferencial para el acceso a los cargos públicos, razón por la cual concluyó que la
decisión de la nominadora resultó desproporcionada en tanto no se ponderó el
principio de carrera judicial.
9. Escritos de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la titular del
Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía y la señora Mary Julieth Benavides
Duarte, quien actúa en calidad de vinculada, impugnaron parcialmente el fallo de
primera instancia y pidieron que se revocara el ordinal cuarto de la decisión, en el
que se dispuso “ORDENAR al JUEZ SEGUNDO PENAL MUNICIPAL DE CHÍA que en el
evento de existir o presentarse vacantes disponibles al momento de la notificación de esta
providencia, o en caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad, nombre a la
señora Mary Julieth Benavides Duarte, dada su condición de madre cabeza de familia y en
caso de que ello persista para ese momento”, bajo los siguientes argumentos:
9.1. La titular del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía solicitó revocar
parcialmente la decisión de 8 de febrero de 2023, por considerar que la orden
contenida en el ordinal cuarto relativo a nombrar a la señora Mary Julieth Benavides
Duarte en provisionalidad en una vacante futura es viable, pero no en los términos
establecidos, comoquiera que la estructura del juzgado solo cuenta con un cargo de
escribiente nominado, y los demás puestos se encuentran ocupados en carrera, por
lo que resulta imposible cumplir la orden de tutela.
Indicó que la orden debe ser dirigida al Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, por ser el encargado de publicar los cargos vacantes de la
jurisdicción.
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9.2. La señora Mary Julieth Benavides Duarte manifestó que ostenta la calidad de
madre cabeza de familia de dos hijos en situación de discapacidad, los cuales se
encuentran diagnosticados con “atrofia muscular espinal con limitación funcional
severa”, “discapacidad intelectual leve – trastorno del espectro autista” y “epilepsia”.
Agregó que se encuentran a su cargo y responsabilidad, por no contar con la ayuda
de otros miembros de la familia, debido a que los padres de sus hijos no cumplen
con el deber de cuidado y sostenimiento.
Solicitó modificar el ordinal cuarto de la sentencia que dispuso su nombramiento en
el despacho judicial cuando hubiere una vacante futura y señaló que la orden de
tutela si bien concede una aparente protección, resulta ineficaz puesto que “no puede
ser materializada y la desvinculación laboral del Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía
Cundinamarca de la suscrita es ineludible una vez se materialice el traslado de la señora
Pinto López al cargo de escribiente municipal que actualmente ocupo, situación que me
pondrá en una condición gravísima de afectación a mi mínimo vital y de los dos hijos a mi
cargo que padecen condiciones discapacitantes de salud, y que como se demuestra en las
historias clínica dependen de mí, por lo tanto, dirigir la orden de protección a mi estabilidad
laboral al Juzgado accionado, desconoce la jurisprudencia constitucional y sesga el derecho
a la estabilidad laboral reforzada intermedia que me cobija”.
Mencionó que se encuentra adscrita a la Rama Judicial y que el Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca mediante Acuerdo No. CSJCUA20-18 de 13 de
febrero de 2020, estableció el procedimiento interno para el trámite de las solicitudes
de estabilidad laboral reforzada, el cual fue agotado y dio como resultado la
Resolución No. 018 de 23 de octubre de 2023.
Adujo que conforme a la sentencia SU-691 de 2017, las entidades deben generar
medios que permitan que las madres cabeza de familia sean las últimas en ser
desvinculadas de sus cargos. Agregó que debe tenerse en cuenta que por medio
del Acuerdo PCSJA23-12124 de 19 de diciembre de 2023 se crearon unos
despachos y cargos de carácter permanente en los que existen vacantes del cargo
de escribiente a nivel municipal.
Por lo anterior, consideró que la orden de reubicación, reintegro o nombramiento
debe ser dirigida a la Rama Judicial – Consejo Seccional de la Judicatura de
Cundinamarca, para que se dé una verdadera protección a los derechos
fundamentales que le asisten como madre cabeza de familia, mientras se proveen
en propiedad las vacantes.
Por último, señaló que padece de trastorno depresivo y ansioso por lo que cuenta
con tratamiento psiquiátrico, que si bien no le impide ejercer las funciones del cargo,
la situación de la desvinculación laboral genera un estado de desesperación y causa
una afectación al mínimo vital del núcleo familiar, a lo que agregó que el retiro del
cargo le produce un perjuicio irremediable en la medida que sus hijos son el móvil
para realizar grandes esfuerzos a pesar de la condición de salud que presenta, por
el sostenimiento y dependencia que requieren, además porque lo percibido es su
única fuente de ingresos para la supervivencia del núcleo familiar.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
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2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos de los escritos de
impugnación, si confirma, revoca o modifica el ordinal cuarto de la sentencia de 8
de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B”, por cuanto el nominador -Juzgado Segundo Penal
Municipal de Chía- no es el encargado de dar cumplimiento a lo ordenado, sino que
ello recae en el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
De manera previa, en tanto se trata de un requisito objetivo previsto en el artículo
86 de la Constitución Política, la Sala verificará si la solicitud de tutela cumple con
el requisito de subsidiariedad, como quiera que la acción de tutela se dirige a
cuestionar la legalidad del acto administrativo que negó la solicitud de traslado de
la demandante al cargo de escribiente nominado -Resolución No. 019 de 28 de
noviembre de 2023-, proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía.
3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de traslado
de servidores públicos
El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional
de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.
En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.
En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.
En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos y eficaces para restablecer el derecho vulnerado, en los que el interesado
puede solicitar las medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011 -CPACA-,
incluidas las de urgencia desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte (art. 234 del CPACA).
En la sentencia T-001 de 20241, la Corte Constitucional reiteró las reglas específicas
respecto al requisito de subsidiariedad en los casos en los que se pretende
cuestionar un acto administrativo de traslado2, para lo cual el juez de tutela debe
valorar no solo que, el mecanismo de defensa judicial sea idóneo y eficaz por las
circunstancias del caso, y que pese a existir otro mecanismo el mismo no impida la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, sino además que la decisión sea arbitraria
1
M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
2
Véase también las sentencias T-653 de 2011, T-247 de 2012, T-095 de 2013, T-338 de 2013, T-060 de 2015,
T- 159 de 2017, T-302 de 2019, T-468 de 2020, T-252 de 2021, T-149 de 2022 y T-486 de 2023.
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por no haber consultado en forma adecuada las circunstancias particulares del
empleado y que afecte de manera grave y directa los derechos fundamentales, tanto
del actor como de su núcleo familiar.
Frente a este último escenario, en la referida sentencia se precisó que tal afectación
se configura cuando i) la decisión sobre el traslado laboral genera problemas de
salud, especialmente porque en la localidad de destino no existan las condiciones
para brindar el cuidado médico requerido; ii) el traslado pone en peligro la vida o la
integridad del empleado y de su núcleo familiar; iii) las condiciones de salud de los
familiares del trabajador pueden incidir, dada su gravedad e implicaciones, en la
decisión acerca de la procedencia del traslado, y iv) la ruptura del núcleo familiar va
más allá de la mera separación transitoria y deriva en el rompimiento de los vínculos
entre la familia o impone una carga desproporcionada para la familia.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso judicial que, en principio, es idóneo y eficaz.
Con sustento en lo anterior, la Sala debe indicar que, en principio, la acción de tutela
no es procedente para ventilar controversias relacionadas con traslados de
servidores públicos, sin embargo, ello se debe analizar caso a caso atendiendo las
particularidades concretas y los intereses y derechos fundamentales que estén en
disputa.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. La señora Olga Yanneth interpuso acción de tutela contra el Consejo Seccional
de la Judicatura de Cundinamarca, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía, al considerar que
vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la carrera judicial,
con la decisión adoptada en la Resolución No. 019 del 28 de noviembre de 2023,
por medio de la cual se negó el traslado horizontal al cargo de escribiente.
La Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
por medio de sentencia de 8 de febrero de 2024, amparó el derecho de acceso a
cargos públicos de la señora Olga Yanneth Pinto López, por considerar que la
solicitud de traslado al cargo de escribiente debe ser resuelta de manera favorable
por contar con concepto favorable y porque el cargo se encuentra ocupado en
provisionalidad. En consecuencia, dejó sin efectos la Resolución No. 019 de 28 de
noviembre de 2023 y ordenó a la titular del despacho judicial “que resuelva
favorablemente la solicitud de traslado de la señora Olga Yaneth Pinto López, quien cuenta
con concepto favorable de traslado y teniendo en cuenta el derecho de carrera
administrativa que le asiste y efectúe las novedades correspondientes ante el Consejo
Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y demás autoridades competentes”.
Así mismo, ordenó al Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía “[ordinal cuarto]
que en el evento de existir o presentarse vacantes disponibles al momento de la notificación
de esta providencia, o en caso de que existan vacantes futuras en provisionalidad, nombre
a la señora Mary Julieth Benavides Duarte, dada su condición de madre cabeza de familia
y en caso de que ello persista para ese momento”.
La titular del despacho judicial y la señora Mary Julieth Benavides Duarte,
presentaron escrito de impugnación, con el fin de que se revoque el ordinal cuarto
de la decisión de primera instancia, al considerar que no es competencia del
nominador disponer sobre la vacante futura y debido a que la orden de traslado
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repercute en la desvinculación del cargo, del cual goza estabilidad laboral reforzada
reconocida por acto administrativo.
4.2. La Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia que accedió a
las pretensiones de la acción de tutela y, en su lugar, declarará la improcedencia
porque contrario a lo manifestado por el a quo, en el caso bajo examen no se cumple
con el requisito de subsidiariedad, en tanto se acude a la acción constitucional con
el propósito de controvertir la legalidad de la Resolución No. 019 de 28 de noviembre
de 2023, por medio del cual se resolvió negar un traslado al cargo de escribiente
nominado en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía, para lo cual la
accionante cuenta con otro medio de defensa judicial que goza de idoneidad y
eficacia.
En el precitado acto administrativo se resolvió negar la solicitud de traslado de la
demandante, al ponderar las particularidades del caso y concluir que la misma
puede solicitar el traslado en otros cargos que se encuentren vacantes, con sustento
en lo siguiente:
“(…) Por otra parte, frente al procedimiento interno para la comunicación al
Consejo Seccional de Cundinamarca del reconocimiento de estabilidad laboral
reforzada a quien desempeña en provisionalidad el cargo de escribiente de este
Despacho, se observa que aunque la solicitud de la empleada fue presentada el
24 de julio de 2023, no fue resuelta dentro del término legal -15 días- sino hasta
la fecha mencionada, lo que conllevo a que la vacante fuese publicada sin
anotación alguna en octubre de 2023, fecha última en que se produjo la solicitud
de traslado por parte de la señora Olga Pinto.
Pese a la desafortunada situación presentada, la suscrita Juez considera que no
se pueden mermar los efectos del reconocimiento de estabilidad laboral a la
empleada en provisionalidad, pues la demora en la resolución de su solicitud no
le resulta imputable.
Así las cosas, frente a la tensión de derechos fundamentales que se presenta en
el caso concreto, por una parte de la condición de Mary Julieth Benavides como
madre cabeza de familia y la protección especial a la estabilidad laboral que se
deriva de tal condición, y por otra parte los derechos derivados de la carrera
judicial a la cual pertenece la empleada que aspira al traslado, resulta necesario
considerar que en el caso concreto debe adoptarse una acción afirmativa en
favor de la circunstancia especial de vulnerabilidad en que se encuentra la
empleada en provisionalidad, debiendo denegarse el traslado solicitado, en la
medida en que si bien, la solicitud cumple los requisitos legales, de proveerse el
traslado en este Despacho, se estaría dejando sin protección laboral ni de, salud
a la empleada y sus tres hijos dependientes, quienes presentan circunstancias
de salud especiales. Por el contrario, se advierte que la aspirante al traslado,
cuenta con la garantía del derecho a la movilidad laboral la cual puede hacer
efectiva en cualquiera de los cargos vacantes de escribiente nominado del país,
del departamento de Cundinamarca, del circuito de Zipaquirá e incluso en este
mismo municipio, en el que se verifica que existe en otro juzgado, una vacante
para el cargo correspondiente, sin que la empleada este limitada por la
jurisdicción o la especialidad por la cual ingresó en carrera.
En ese orden, se estima que al ponderar las particularidades del caso concreto,
es procedente para la señora Olga Pinto hacer efectivo su derecho al traslado
en otros cargos que se encuentran vacantes, incluso en este municipio de Chía
-en caso del que el factor territorial sea relevante a sus intereses-, pero por el
contrario, para la señora Julieth Benavides en caso de quedar insubsistente por
la aceptación del traslado, ella y su núcleo familiar quedarían desprotegidos en
términos absolutos, no solo desde el punto de vista de la estabilidad laboral, sino
conexo a ello la garantía de acceso al servicio de salud, razones que se
consideran suficientes a la luz del precedente constitucional para mantener la
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protección de estabilidad laboral reforzada reconocida a la empleada en
provisionalidad, debiendo entonces negar la solicitud de traslado.
En consecuencia,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE TRASLADO de la señora OLGA
JANETH PINTO LÓPEZ al cargo de ESCRIBIENTE NOMINADO del Juzgado
Segundo Penal Municipal de Chía, de conformidad con lo motivado en
precedencia.
SEGUNDO.- NOTIFIQUESE esta determinación a la señora OLGA JANETH
PINTO LÓPEZ y a la señora MERY JULIETH BENAVIDES.
TERCERO.- Remítase copia de este acto al Consejo Seccional de la Judicatura
de Cundinamarca.
CUARTO.- Contra esta decisión procede únicamente el recurso de reposición
(…)”.
Por medio de oficio de 24 de enero de 2024, la titular del referido despacho judicial
manifestó que la resolución por medio de la cual se negó el traslado adquirió
firmeza, debido a que el recurso de reposición se sustentó por fuera del término
establecido.
4.3. Como se indicó en las consideraciones jurídicas de esta decisión, la acción de
tutela se torna improcedente, en principio, para debatir la legalidad de actos
administrativos por medio de los cuales se resuelve sobre el traslado de un servidor
público, ya que, por regla general, el mecanismo idóneo para dirimir dichas
controversias es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y
según las particularidades del caso la acción constitucional será procedente de
advertirse que a pesar de existir otro medio de defensa el mismo no sea idóneo ni
eficaz, o que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En igual sentido, se debe valorar que la decisión no sea arbitraria por no haber
consultado en forma adecuada las circunstancias particulares del empleado y que
no afecte de manera grave y directa los derechos fundamentales, tanto del actor
como de su núcleo familiar.
De conformidad con el escrito de tutela y las pruebas allegadas, la Sala no
encuentra razones válidas para habilitar la procedencia de este mecanismo de
protección constitucional de naturaleza residual y subsidiaria, pues ello sería
desconocer que el ordenamiento jurídico ha previsto un medio de defensa judicial
con la aptitud suficiente para ventilar estas controversias de naturaleza
estrictamente legal. Adicionalmente, se evidencia que no se está ante la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, pues no se observan circunstancias particulares que
ameriten la intervención del juez constitucional ante la existencia de una situación
grave, urgente, inminente e impostergable que afecte los derechos fundamentales
de la demandante, como lo es, por ejemplo, que se vea afectada su salud, vida,
integridad o la de su núcleo familiar, a lo que se agrega que la señora Pinto López
no ve comprometidos sus derechos de carrera y al mérito, en tanto cuenta con la
titularidad de un cargo en propiedad, es decir, no se encuentran bajo amenaza sus
derechos al trabajo ni al mínimo vital, ni se evidencia, en principio, que sea una
decisión arbitraria que no consultó las circunstancias particulares de la actora.
Por el contrario, se resalta que la inconformidad recae sobre los derechos de carrera
en el contexto de un traslado laboral, así como el cumplimiento de los requisitos
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legales para acceder al mismo, la falta de trámite al recurso de reposición formulado
contra la Resolución No. 019 de 28 de noviembre de 2023 y la indebida aplicación
del Decreto 806 de 2020 y la Ley 2213 de 2022 sobre notificaciones personales,
argumentos de estricta legalidad que escapan del ámbito de competencia del juez
constitucional.
En ese sentido, la Sala encuentra que el análisis de subsidiariedad efectuado por el
juzgador de primera instancia desatendió lo previsto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el alcance que en estos casos ha precisado la jurisprudencia
constitucional, en la medida que la accionante cuenta con derechos de carrera
judicial reconocidos comoquiera que actualmente ocupa en propiedad el cargo de
escribiente nominado en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Cajicá.
Sobre la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela la Corte
Constitucional señaló que, en línea de principio, “quien pretenda controvertir en sede
judicial un acto administrativo debe acudir a las acciones que para tales fines existen en la
jurisdicción contenciosa administrativa”3.
Conforme con lo ha señalado esta Sala4, “esas situaciones están regladas en la Ley 270
de 1996 y, en los términos expuestos por el actor, antes que demostrar un perjuicio
irremediable, están encaminadas a una aparente infracción de las normas en que debería
fundarse. En efecto, el artículo 137 del CPACA prevé como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, que hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse. A modo ilustrativo, esta causal tiene que ver con la violación del
ordenamiento superior o de la regla de derecho de fondo que se exigía para el sustento del
acto administrativo y se configura por vulneración directa de esas normas, siempre que
ocurra en las siguientes situaciones: i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii)
interpretación errónea”.
De allí que la demandante pueda cuestionar la legalidad de la Resolución No. 019 de
28 de noviembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011, a partir de las causales de nulidad previstas en el artículo 137
de la misma normativa.
Así las cosas, se observa que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es la vía judicial idónea y eficaz, por lo que se debe revocar la decisión de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la acción de tutela y, en su
lugar, declarar su improcedencia porque no se cumple el requisito de
subsidiariedad, en tanto la situación fáctica del asunto bajo examen no encaja en
alguno de los supuestos excepcionales de procedencia de la acción de tutela contra
actos de traslado, pues como se indicó en precedencia no está demostrada la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo que tampoco resulta procedente
como mecanismo transitorio. De allí que será en el marco del proceso ordinario en
donde deberá discutir lo que propone en esta sede constitucional.
Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de 8 de febrero de 2024,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que amparó el derecho fundamental de acceso a cargos públicos de
la demandante y, en su lugar, declarará la improcedencia de la solicitud de amparo
constitucional por desatender el requisito de subsidiariedad.
3
Corte Constitucional, sentencia T-586 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
4
Sentencia de 10 de agosto de 2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-03127-00; sentencia de 7 de septiembre de
2023. Exp. 11001-03-15-000-2023-04007-00 y, sentencia de 31 de agosto de 2023. Exp. 54001-23-33-000-
2023-00129-01. M.P. Wilson Ramos Girón.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- REVÓCASE la sentencia de 8 de febrero de 2024, proferida por la
Sección Primera, Subsección “B” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En
su lugar,
Segundo.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora Olga Yanneth Pinto López, quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Chía,
por las razones aquí expuestas.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
SALVA EL VOTO
16
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