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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00061-01

Fecha
7 de marzo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00061-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00061-01 Actor: FERNANDO RAFAEL MÁRQUEZ ASTIER eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2024-00061-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

7 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00061-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: FERNANDO RAFAEL MÁRQUEZ ASTIER

TESIS: SE CONFIRMA SENTENCIA IMPUGNADA. LA AUTORIDAD
ACCIONADA NO VULNERÓ LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL
BUEN NOMBRE, A LA HONRA Y DE PETICIÓN DEL ACTOR.

DERECHO FUNDAMENTAL: DE PETICIÓN, AL BUEN NOMBRE Y A LA
HONRA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor contra la

sentencia de 13 de febrero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 denegó el amparo

solicitado.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00061-01
Actor: FERNANDO RAFAEL MÁRQUEZ ASTIER

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor FERNANDO RAFAEL MÁRQUEZ ASTIER, a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al buen nombre, a la honra y de petición, los

cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la REGISTRADURÍA

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL2 debido a las declaraciones que

presuntamente hizo el REGISTRADOR para el período 2019-2023,

el señor ALEXANDER VEGA ROCHA, sobre la supuesta

responsabilidad que tuvo en los hechos ocurridos el 28 de octubre de

2023 en el MUNICIPIO DE GAMARRA -CÉSAR3-, en los cuales se

afectó el edificio donde funcionaba la Registraduría de dicho

Municipio y se causó la muerte de una empleada pública de la entidad

y, asimismo, por no acceder a las pretensiones de la solicitud que le

presentó el 17 de noviembre de 2023.

2
En adelante la Registraduría.
3
En adelante el Municipio.

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3

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Actor: FERNANDO RAFAEL MÁRQUEZ ASTIER

I.2.- Hechos

Indicó que el 15 de noviembre de 2022, presentó su candidatura a

la Alcaldía del MUNICIPIO para las elecciones regionales de 29 de

octubre de 2023.

Adujo que debido al contexto electoral de dichas elecciones, se

presentaron hechos violentos el día anterior de los comicios, sobre

los cuales el REGISTRADOR, para ese momento, realizó

declaraciones en medios de comunicación sobre su supuesta

participación en los hechos violentos de 28 de octubre de 2023

ocurridos en el MUNICIPIO, en los cuales se afectó el edificio donde

funcionaba la Registraduría y se causó la muerte de una empleada

pública de la entidad, lo anterior como consecuencia de la revocatoria

de su candidatura por parte del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.

Puso de presente, conforme a lo anterior, que específicamente el 3

de noviembre de 2023, el REGISTRADOR se pronunció frente a los

referidos hechos en la Revista Semana Digital, específicamente, a los

2 minutos y 20 segundos de la misma, en los siguientes términos:

“[…] El sábado 28 de octubre en Bogotá dispuesto a salir nos
informan que nos habían quemado la registraduría de Gamarra,

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Cesar, cual es la historia, un candidato llamado Fernando Márquez fue
revocado por el consejo nacional electoral de manera legal, tenía una
inhabilidad probada.

Y este señor empezó a hacer una narrativa en redes sociales diciendo
que no estaba inhabilitado, y el día interior organizaron una marcha
con sus candidatos al concejo y simpatizantes de esta campaña,
tenían todo “fraguado” no fue una manifestación espontánea, querían
incendiar el pueblo, este señor promueve a sus candidatos al concejo
a hacer esta marcha, todavía no tenemos pruebas de que esté en esta
situación, pero debe dar explicaciones. Llegan a la registraduría y
empiezan a golpear la puerta y a golpear físicamente a los
funcionarios.

Tan orquestada estaba esta situación que estaban transmitiendo en
redes sociales […]”.

Sostuvo que por esas declaraciones el 17 de noviembre de 2023,

solicitó a la REGISTRADURÍA que se retractara de las afirmaciones

citadas en líneas anteriores.

Señaló que la REGISTRADURÍA le contestó su derecho de petición,

el 4 de diciembre de 2023, denegando su solicitud.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que las referidas declaraciones realizadas por el

REGISTRADOR, para el período 2019-2023, afectaron su derecho

fundamental al buen nombre y a la honra, toda vez que no tuvo

ninguna incidencia en los hechos que produjeron los daños a los

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bienes públicos y a la vida de los empleados públicos de la

REGISTRADURÍA y estas se hicieron sin sustento legal.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados

como violados, en los siguientes términos:

“[…] Conforme las razones expuestas transversalmente en el
presente escrito, solicitamos TUTELAR los derechos fundamentales
de mi prohijado y en consecuencia ORDENAR a la autoridad
accionada RETRACTARSE públicamente de las declaraciones
injuriosas y calumniosas […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La REGISTRADURÍA advirtió que el CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL en cumplimiento de sus funciones mediante la

Resolución núm. 13008 de 12 de octubre de 20234, revocó la

inscripción del actor a la Alcaldía del MUNICIPIO para el período de

2024 – 2027, al encontrar vínculos contractuales ejecutables con el

Municipio al cual aspiraba como mandatario, por estar inmerso en

una causal de inhabilidad.

4
“Por la cual se REVOCA la inscripción del ciudadano FERNANDO RAFAEL MÁRQUEZ ASTIER identificado
con cedula de ciudadanía No. 1.095.790.348, candidato a la Alcaldía del Municipio de Gamarra- Cesar,
avalado por el Partido Político EN MARCHA, para las elecciones de autoridades locales que se realizarán
el 29 de octubre de 2023, dentro del Radicado No. CNE-E-DG-2023-036662”.

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Manifestó que le dio respuesta a través del Oficio núm. 1249 de 4 de

diciembre de 2023 al derecho de petición presentado por el actor el

17 de noviembre de 2023, en el que le puso de presente que de las

declaraciones del REGISTRADOR, para el período de 2019-2023, no

se evidenciaba manifestaciones injuriosas, señalamientos o

imputaciones de hechos tipificados como delitos hacia el actor, pues

sus manifestaciones solo obedecieron a un recuento fáctico de los

hechos violentos ocurridos el 28 de octubre de 2023 en el

MUNICIPIO, soportada en la información suministrada por la

ciudadanía.

Indicó que anteriormente la entidad ya se había pronunciado

condenando los referidos hechos delictivos en sus redes sociales y

solicitando a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN que procediera

a identificar a los responsables de lo sucedido y su judicialización, sin

referirse a una persona en especificó como responsable de esos

actos.

Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones de amparo, por

cuanto no le vulneró derecho fundamental alguno al actor.

I.5.2.- El señor ALEXANDER VEGA ROCHA, Registrador Nacional

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del Estado Civil para el período 2019-2023, solicitó su desvinculación

por falta de legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela

de la referencia, toda vez que ya no es el representante legal de la

REGISTRADURÍA al haber terminado su período el 5 de diciembre

de 2023 y, además, que el objeto de la solicitud de amparo recaen

sobre las declaraciones que hizo como Registrador y no como

persona natural, razón por la que la acción de tutela de la referencia

va dirigida contra dicha autoridad y su Registrador actual.

Sostuvo que no le vulneró los derechos fundamentales al actor, dado

que en su condición como Registrador, se pronunció frente a los

hechos violentos que ocurrieron el 28 de octubre de 2023 en el

MUNICIPIO, en el cual hizo un recuento de lo sucedido, precisando

que un candidato al que le fue revocada su candidatura había

convocado una manifestación; sin embargo, nunca señaló como

responsable a una persona en especificó ni que el actor fuera el autor

material o intelectual de los hechos delictivos ocurridos.

Adujo que las declaraciones que realizó como Registrador en su

momento, tenían la finalidad de que tuvieran conocimiento las

entidades competentes para la investigación de los delitos y, como

consecuencia de ello, la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN

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identificó a los autores de los delitos cometidos el 28 de octubre de

2023, los cuales ya se encuentran privados de la libertad.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 13 de febrero de 2023, el TRIBUNAL denegó

la solicitud de amparo al concluir que las declaraciones dadas en la

Revista Semana Digital por el REGISTRADOR de la época, el 3 de

noviembre de 2023, acerca de los hechos delictivos que se

presentaron en el MUNICIPIO el 28 de octubre de 2023, eran de

interés público y no hizo ningún tipo de imputación de estos a una

persona en particular ni calificó como responsable al actor.

Advirtió que el REGISTRADOR tiene las funciones constitucionales

de la dirección y organización de las elecciones, entre otras, por lo

que los hechos delictivos que se presentaron en el contexto electoral

eran de interés general y las declaraciones que realizó el 3 de

noviembre de 2023, eran con la finalidad de garantizar la jornada

electoral del día siguiente, por lo que las mismas se limitaron a

informar a la comunidad lo ocurrido y en ningún momento se

mencionó que el actor haya planeado o incitado los hechos ocurridos.

Afirmó que respecto de la solicitud presentada por el actor el 17 de

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noviembre de 2023, ya fue contestado por la autoridad demandada

el 4 de diciembre de ese año, informándole que no se apreciaba que

el entonces REGISTRADOR en las declaraciones que rindió ante la

Revista Semana Digital haya incurrido en manifestaciones injuriosas

o imputaciones a delitos, pues solo hizo un recuento de los hechos

delictivos de 28 de octubre de 2023, los cuales se encuentran en

instancias judiciales e investigativas por parte de la FISCALÍA

GENERAL DE LA NACIÓN, razón por la cual no se le vulneró el

derecho fundamental de petición del actor.

Por último, decidió desvincular al señor ALEXANDER VEGA ROCHA,

Registrador Nacional del Estado Civil para el período 2019-2023, en

los siguientes términos:

“[…] esta Sala analizará las declaraciones dadas por Alexander Vega
Rocha el 3 de noviembre de 2023 a la “revista digital semana”, como
Registrador Nacional del Estado Civil -para la época de los hechos-, y
no como persona natural. Lo anterior en primer lugar porque dichas
declaraciones las efectuó cuando fungía como tal; y porque tal como
lo señalaron en la contestación de la presente acción de tutela, tanto
la Registraduría Nacional, como Alexander Vega Rocha, las
declaraciones fueron en el ejercicio de funciones públicas. En
consecuencia, se desvinculará como demandado a Alexander Vega del
presente trámite […].

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la decisión proferida en primera instancia señalando

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que contrario a lo concluido por el a quo, se puede advertir de las

declaraciones de 3 de noviembre de 2023 realizadas por el

REGISTRADOR en la Revista Semana Digital, a su juicio, se afirmó

que él “[…] "incitó" (dolosamente) y organizó una marcha con el fin

de incendiar (conducta delictiva) la Registraduría. No existe otra

forma de interpretar el párrafo objeto de debate, por lo que queda

más que probado que existió una imputación de una conducta

criminal a un sujeto particular, la cual es una vulneración al derecho

constitucional denominado como el buen nombre […]”.

Manifestó que no es necesario mencionar el tipo penal para que se

vulnere el derecho fundamental al buen nombre y a la honra, pues

la sola afirmación de carácter falaz trasmitida por cualquier medio de

comunicación o entre personas, es suficiente para que se concrete

su vulneración.

Afirmó que el REGISTRADOR al ser un funcionario público y

representante legal de dicha entidad le era exigible pronunciarse con

mayor prudencia frente a la ciudadanía al momento de realizar

manifestaciones públicas y a su juicio no debía realizar declaraciones

deshonrosas en su contra.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como

5
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, el actor pretende obtener el amparo de sus

derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y de petición los

cuales estima vulnerados por la REGISTRADURÍA, debido a que la

autoridad demandada no accedió a su petición de 17 de noviembre

2023 y por las declaraciones que dio el señor ALEXANDER VEGA

ROCHA, como Registrador para época de los hechos, el 3 de

noviembre de 2023 en la Revista Semana Digital en las que, a su

juicio, le otorgo la responsabilidad de los hechos delictivos ocurridos

el 28 de octubre del mismo año, en los cuales resultó incendiada la

Registraduría del MUNICIPIO y falleció una empleada pública de la

entidad.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, a través de providencia de 13 de febrero de 2023,

denegó la solicitud de amparo.

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La decisión proferida en primera instancia fue impugnada por el actor

alegando que en las declaraciones de 3 de noviembre de 2023 del

entonces REGISTRADOR, se podía interpretar que él había incitado

y organizado los hechos delictivos que ocurrieron el 28 de octubre de

2023, en contra de la Registraduría del MUNICIPIO y sus empleados

públicos.

En ese orden de ideas, la Sala circunscribirá su estudio a los

argumentos expuestos en la impugnación y procederá a determinar

si la REGISTRADURÍA vulneró los derechos fundamentales

invocados por el actor.

De los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra

La Corte Constitucional en la sentencia C-489 de 20026, frente a los

derechos al buen nombre y a la honra ha manifestado, lo siguiente:

“[…] La Constitución Política dispone, de manera expresa, en su
artículo 21, que se garantiza el derecho a la honra, y, del mismo
modo, en el inciso segundo del artículo 2, establece que entre los
deberes de las autoridades está el de proteger en su honra a todas
las personas residentes en Colombia. A su vez, en el artículo 42, se
declara el carácter inviolable de la honra, la dignidad y la intimidad
de la familia.

6
Corte Constitucional, Sentencia de 26 de junio de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-489
de 2002.

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Por otra parte, el artículo 15 superior reconoce el derecho a la intimidad
personal y familiar, contempla de manera especial el derecho de todas
las personas a su buen nombre y establece el deber para el Estado de
respetar y hacer respetar esos derechos.

El derecho a la intimidad, está orientado a garantizar a las personas
una esfera de privacidad en su vida personal y familiar, al margen de
las intervenciones arbitrarias del Estado o de terceros. Comprende de
manera particular la protección frente a la divulgación no autorizada
de los asuntos que conciernen a ese ámbito de privacidad.

El buen nombre ha sido entendido por la jurisprudencia y por la
doctrina como la reputación, o el concepto que de una persona
tienen los demás y que se configura como derecho frente al
detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones
ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas.
Este derecho de la personalidad es uno de los más valiosos
elementos del patrimonio moral y social y un factor intrínseco
de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida
tanto por el Estado, como por la sociedad.[3] El derecho al buen
nombre, como expresión de la reputación o la fama que tiene
una persona, se lesiona por las informaciones falsas o erróneas
que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto
público que se tiene del individuo.[4]

Por su parte, el artículo 21 de la Carta contempla el derecho a
la honra, concepto este último que aunque en gran medida
asimilable al buen nombre, tiene sus propios perfiles y que la
Corte en la sentencia T-411 de 1995[5] definió como la
estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad
humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros
de la colectividad que le conocen y le tratan. Puso de presente
la Corte que, en este contexto, la honra es un derecho “... que
debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor
intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí
mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de
las personas dentro de la colectividad”.

En la Sentencia C-063-1994 la Corte precisó el alcance que dentro del
derecho a la honra tiene el concepto del honor y señaló que “[a]unque
honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos,
existe una diferencia de uso entre ellos. El honor se refiere a la
conciencia del propio valor, independiente de la opinión ajena; en
cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como
ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia
de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el

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sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que
se tiene de nosotros -honra-.”

En cualquier caso, la honra es un derecho fundamental de todas las
personas, que se deriva de su propia dignidad y que por lo tanto
demanda la protección del Estado a partir de esa consideración de la
dignidad de la persona humana. Al referirse al núcleo del derecho a la
honra, la Corte, en Sentencia T-322 de 1996[6], señaló que del mismo
hace parte tanto, la estimación que cada individuo hace de sí mismo,
como, desde una perspectiva externa, el reconocimiento que los demás
hacen de la dignidad de cada persona, y expresó que para que pueda
tenerse como afectado el derecho a la honra, esos dos factores debe
apreciarse de manera conjunta.

Por otra parte, en diversos instrumentos internacionales sobre
derechos humanos se encuentran previstos los derechos a la intimidad,
la honra y al buen nombre, así como la obligación que tienen los
Estados de brindarles protección.

Así, en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se establece que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
en su vida privada, su familia su domicilio y su correspondencia, ni de
ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias y ataques.”

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
estableció en su artículo 17:
1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques
ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.

Igualmente el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, consagra:

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al
reconocimiento de su dignidad.

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.

Y el artículo 14 del mismo pacto precisa, en su numeral 1, que “toda
persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas

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en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente
reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a
efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta
en las condiciones que establezca la ley.” Y agrega, en el numeral 2
que “en ningún caso la rectificación o respuesta eximirán de las otras
responsabilidades legales en se hubiera incurrido.”

3.2. La protección de los derechos a la honra, al buen nombre
y a la intimidad.

Se tiene entonces que la intimidad, el buen nombre y la honra, son
derechos constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental,
lo cual comporta, no sólo que para su protección se puede actuar
directamente con base en la Constitución cuando a ello haya lugar, a
través de la acción de tutela, sino que, además, de las propias normas
constitucionales, se desprende la obligación para las autoridades de
proveer a su protección frente a los atentados arbitrarios de que sean
objeto.

Esto es, resulta imperativo conforme a la Constitución, que el Estado
adopte los mecanismos de protección que resulten adecuados para
garantizar la efectividad de los mencionados derechos, y ello implica la
necesidad de establecer diversos medios de protección, alternativos,
concurrentes o subsidiarios, de acuerdo con la valoración que sobre la
materia se haga por el legislador.

Dado su carácter de derechos fundamentales, tal como se acaba de
expresar, el buen nombre y la honra cuentan con un mecanismo de
protección de rango constitucional, como la acción de tutela. Tal
protección, ha señalado la Corte, es la más amplia y comprensiva, y
pese a su carácter subsidiario, no se ve desplazada por otros medios
de defensa judicial, particularmente el penal, cuando no obstante que
una determinada conducta no constituya delito si implique una lesión
de los bienes jurídicos protegidos. Así, en Sentencia T-263 de 1998, la
Corte expresó que “[l]a vía penal sólo protege determinadas
vulneraciones a los anotados derechos fundamentales, al paso que la
protección que la Constitución Política depara a los mismos es total.
Por esta razón, existen violaciones a la honra y al buen nombre de las
personas que, sin llegar a constituir formas de injuria o de calumnia,
sí afectan estos derechos y, por ende, autorizan su protección por vía
de la acción de tutela, cuando ello es necesario para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable.”

También tienen origen constitucional la rectificación y la réplica como
medios de defensa a través de los cuales una persona puede tratar de
reparar o atenuar el daño que para su honra o a su buen nombre se
infiera de la difusión de informaciones inexactas o de manifestaciones
injuriosas o calumniosas.

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Por otra parte, dada la significación de los bienes jurídicos de los que
se ha venido tratando, de manera tradicional el ordenamiento jurídico
colombiano, ha considerado que su protección amerita la actuación
del ius puniendi del Estado, mediante la tipificación de las conductas
que resultan contrarias a los mismos y la imposición de las
correspondientes sanciones penales.

En la medida en que el agravio a los mencionados derechos puede
manifestarse en un daño susceptible de estimación pecuniaria, también
se provee a su protección a través de los mecanismos mediante los
cuales es posible derivar la responsabilidad civil del agresor […]”.
(Destacado fuera del texto)

Conforme a lo anterior, los derechos fundamentales a la honra y al

buen nombre que según el actor le fueron vulnerados por la

REGISTRADURÍA con ocasión a las declaraciones de 3 de

noviembre de 2023 que el REGISTRADOR realizó, la Sala encuentra

que en ningún momento se hizo un juicio de valor respecto de la

conducta del accionante, como tampoco se realizaron señalamientos

frente a la comisión de un delito.

Además, de las referidas declaraciones, la Sala observa que se hace

mención del actor para describir los hechos en un contexto electoral

y se hace un llamado a él y a las autoridades competentes para que

sea posible identificar a los presuntos autores de los hechos delictivo

que ocurrieron el 28 de octubre de 2023, tal como se evidencia de

los siguientes extractos de la entrevista en la Revista Semana Digital,

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específicamente, a los 2 minutos y 20 segundos de la misma, los

cuales fueron señalados por la parte actora, así:

“[…] el sábado 28 de octubre encontrándome en Bogotá, y ya dispuesto
a salir me informan que nos habían quemado la registraduría de
Gamarra, Cesar, sitio donde me encuentro. Cuáles fueron los
antecedentes de esta historia, un candidato llamado Fernando Márquez
fue revocado por el Consejo Nacional Electoral de manera legal, tenía
una inhabilidad probada, había firmado un contrato dentro de los 12
meses antes a la fecha de la elección, y este señor empezó a hacer una
narrativa en redes sociales diciendo que no estaba inhabilitado, y el día
anterior organizaron una marcha con sus candidatos al concejo -para
que pongan atención, porque hablo de candidatos al concejo- y
simpatizantes de esta campaña, tenían todo “fraguado” no fue una
manifestación espontánea, sabía que iban a quemar la Registraduría,
se planeó en una cooperativa de transportes, iban a quemar otras
entidades del estado, querían incendiar el pueblo, este señor promueve
a sus supuestamente candidatos al concejo a hacer esta marcha,
todavía no tenemos pruebas de que esté en esta situación, pero debe
dar explicaciones. Llegan a la registraduría y se encontraron con 4
mujeres, mis 4 funcionarias, la registradora y 3 auxiliares, porque no
fueron 3, fueron 4, empiezan a golpear la puerta, tumban la puerta y
candidatos al concejo ya identificados empezaron a golpearlas
físicamente, les golpearon el rostro, las patearon, las tiraron al suelo,
les robaron los celulares, fue cuando llega la policía y es donde
empiezan a verse los videos. Tan orquestada estaba esta situación que
hasta estaban transmitiendo en redes sociales, el minuto a minuto de
la quema y el asesinato [...] capturan a este primer candidato al
concejo que estaba golpeando a las mujeres, a la Registradora, y ahí
es cuando esta masa de gente que esta instrumentalizada lanza la
gasolina […]”.

Por lo precedente, la Sala advierte que si bien es cierto que el actor

fue mencionado en la declaración transcrita en líneas anteriores, la

misma obedeció a la narración de los hechos delictivos ocurridos el

28 de octubre de 2023, lo cual se realizó con el fin de informar a la

ciudadanía sobre dichos acontecimientos y el estado de la

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investigación, sin que ello pueda entenderse como una acusación

contra el actor de la comisión de delito alguno.

Así las cosas, la Sala coincide con el argumento del a quo en el que

manifestó que:

“[…] la Registraduría Nacional del Estado Civil, no está vulnerando el
derecho fundamental al buen nombre invocado por el accionante toda
vez que en las declaraciones que brindó el Registrador Nacional del
Estado Civil a la “revista digital semana” (sic) el 3 de noviembre de
2023, no se mencionó que Fernando Rafael Márquez Astier, haya
planeado o incitado los hechos ocurridos, ni se endilgó
responsabilidad del tutelante. Lo que puede apreciar la Sala de las
declaraciones, es que el registrador de la época hizo apreciaciones en
medios de comunicación sobre lo ocurrido en Gamarra – Cesar, toda
vez que, como titular de la Entidad es su deber informar a la
comunidad de lo ocurrido y bajo sus funciones está la de garantizar
que la jornada electoral programada a nivel nacional, no tuviera
contratiempos […]”.

En ese orden de ideas, para la Sala es claro que en lo relativo a los

derechos fundamentales al buen nombre y a la honra no fueron

vulnerados por la autoridad accionada.

Del derecho de petición

El derecho de petición se encuentra establecido en el artículo 23 de

la Constitución Política, que textualmente indica:

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“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a
obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio
ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales […]”.

Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte

Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20117, estableció

que:

“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos
estructurales esenciales del derecho fundamental de
petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se
constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos
respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el particular,
la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por la Sentencia T-1130 de
2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:

“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que
conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta Corporación
y que se encuentran contenidas, entre otras, en la Sentencia T-466
de 2004, el núcleo esencial del derecho de petición reside en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la
referencia resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha
reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición del actor
formulada el 5 de noviembre de 2003. Esta sola circunstancia impedía
al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.

En igual sentido, en la Sentencia T- 147 de 2006, se dijo:

“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia
de características esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo
esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, tiene
como presupuesto esencial una de dos circunstancias: (i) que al
accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista
presentación de una solicitud por parte del accionante. En este
sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien
por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar
su presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado
una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud

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M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”

De la misma manera, las Sentencias T-1160A de 2001, T-1889 de
2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de 2004,
T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de 2008, T-
325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el derecho de
petición en su contenido comprende los siguientes elementos: (i) la
posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas
o se abstengan de tramitarlas; (ii) una respuesta que debe ser pronta
y oportuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en
el ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o
material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre
la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente,
es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos
planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independientemente de que la respuesta sea favorable
o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.

El derecho de petición es considerado fundamental y determinante

para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

Además, porque mediante él se garantizan otros derechos

constitucionales, como el de información, participación política y

libertad de expresión.

Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la

resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la

posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva

para sí el sentido de lo decidido.

Que, por ello, la respuesta debe cumplir con estos requisitos: ser

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oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera

congruente con lo solicitado; ser puesta en conocimiento del

peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre

en una vulneración del derecho constitucional fundamental de

petición.

Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 20158 se

ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el

Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo.

En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se

refirió así la citada Ley:

“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición
ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados
en este código, por motivos de interés general o particular, y a
obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo.
Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el
reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o
funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de
un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos e interponer recursos.

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“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

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El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin
necesidad de representación a través de abogado, o de persona
mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades
dedicadas a su protección o formación […]”.

En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley

1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción,

excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de

información o consultas a las autoridades en relación con las

materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,

respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición

en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia

al interesado, antes del vencimiento del término señalado,

precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se

dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente

previsto.

Precisado lo anterior y una vez revisadas las pruebas obrantes en el

proceso de la referencia, la Sala observa que el actor presentó el 17

de noviembre de 2023 derecho de petición ante la

REGISTRADURÍA, en el que solicitó lo siguiente:

“[…] PETICIÓN

PRIMERO: Se me informe bajo qué fundamentos probatorios el
Registrador Nacional del Estado Civil realizó las afirmaciones cobre

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incitación y participación en actos delictivos respecto del señor
FERNANDO RAFAEL MÁRQUEZ ASTIER.

SEGUNDO: Se me informe en qué sustento el Registrador Nacional
del Estado Civil las afirmaciones que vinculan a FERNANDO RAFAEL
MÁRQUEZ ASTIER a los hechos acontecidos el veintiocho (28) de
octubre de 2023.

TERCERO: Solicito que el Registrador Nacional del Estado Civil
ALEXANDER VEGA ROCHA se retracte públicamente de las
afirmaciones realizadas en contra de FERNANDO RAFAEL MARQUEZ
ASTIER, por no existir fundamento probatorio o decisión judicial
alguna que lo vincule al hecho referido […]”.

Como consecuencia de lo anterior, se tiene que la

REGUSTRADURÍA, a través del Oficio núm. 1249 de 4 de diciembre

de 2023, le informó al actor lo siguiente:

“[…] De acuerdo con lo requerido, y una vez revisada la entrevista en
la Revista Semana me permito informar que, no se aprecia en dicha
entrevista que el Registrador Nacional del Estado Civil, haya realizado
manifestaciones injuriosas o señalamiento directos a su
representado, ni mucho menos imputaciones de hechos tipificados
como delitos en el ordenamiento jurídico colombiano, pues lo
acontecido obedece a declaraciones a la opinión pública en las cuales
se hizo un recuento fáctico de los hechos ocurridos el 28 de octubre
de 2023 en el municipio de Gamarra, soportada en información
suministrada por la ciudadanía y que en este momento se encuentra
en las instancias judiciales e investigativas correspondientes, para
este preciso caso, la Fiscalía General de la Nación.

Finalmente, y en virtud con lo referido por usted en los 3 puntos de
su solicitud, se indica, que las declaraciones se sustentaron en hechos
que son materia de investigación; motivo por el cual no habrá lugar
a una retractación por parte de la máxima autoridad de Entidad […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que la

REGUSTRADURÍA le puso de presente al actor las razones por las

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cuales no había lugar a la retractación solicitada en los términos de

su petición y, en ese entendido, el hecho de que la respuesta no haya

sido favorable a las pretensiones de aquel no significa que hubo una

vulneración al derecho de petición deprecado.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia

impugnada que denegó el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

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eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 7 de marzo de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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