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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00067-01

Fecha
22 de marzo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00067-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. En su lugar, declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Oliver Hamyn Flechas Pinto contra el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00067-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

22 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintidós (22) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00067-01
Demandante: Oliver Hamyn Flechas Pinto.
Demandado: Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa por
privación injusta de la libertad / Auto prescinde de fijar en lista
excepciones

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la impugnación interpuesta por Oliver Hamyn Flechas Pinto en contra
de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C mediante la cual se decidió la
solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Oliver Hamyn Flechas Pinto promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de los autos
proferidos el 1 de noviembre de 2023 y 17 de enero de 2024 por el Juzgado Sesenta
y Cinco Administrativo de Bogotá, en el medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 11001333400020220033100.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

i) Presentó demanda de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación
y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario1, que correspondió por reparto al
Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá.

ii) Por auto del 15 de febrero de 2023 se admitió la demanda, cuya notificación se
ordenó conforme al artículo 199 del CPACA., modificado por el artículo 48 de la Ley
2080 de 2021.

1 En adelante INPEC

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-15-000-2024-00067-01
Demandante: Oliver Hamyn Flechas Pinto

iii) Las demandadas contestaron la demanda y propusieron excepciones
oportunamente.

iv) El 1 de noviembre de 2023, el juez de conocimiento resolvió prescindir de fijar en
lista las excepciones con fundamento en que los escritos de contestación fueron
remitidos al canal de comunicaciones de la parte demandante. Decisión contra la
cual interpuso recurso de reposición, al considerar que se debió exigir prueba del
respectivo acuse de recibido, o constatarlo por cualquier otro medio probatorio.

v) Con auto del 17 de enero de 2024, se resolvió no reponer el auto cuestionado
con fundamento en que el término de traslado de las excepciones se encontraba
cumplido.

vi) En relación con esa decisión, consideró que la autoridad judicial demandada
vulneró sus derechos fundamentales, pues, «[…] teniendo en cuenta el parágrafo del
artículo 9° de la Ley 2213 de 2022 y lo dicho por la Corte Constitucional en las Sentencias
C-420 de 2020 y T-238 de 2022, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y el INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC tenían que demostrar que la parte
demandante dio acuse de recibido o por otro medio constatar el acceso del destinatario
para contabilizar el término de los dos (2) días ahí dispuesto […]» (sic).

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia del señor OLIVER HAMYN FLECHAS PINTO.

SEGUNDO: DEJAR sin valor y sin efectos jurídicos parcialmente el auto proferido el (1)
de noviembre de dos mil veintitrés (2023) referente a la siguiente consideración:

“Con fundamento en lo estipulado en el artículo 201A del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Secretaría del Despacho
prescindió de fijar en lista las excepciones de la demanda, pues los escritos de
contestación fueron remitidos por correo electrónico al demandante al momento de su
presentación. Vencido el término de traslado, la parte actora no emitió pronunciamiento
alguno sobre las excepciones”.

TERCERO: En consecuencia de lo anterior, ORDENAR al JUZGADO SESENTA Y
CINCO (65) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. –
SECCIÓN TERCERA, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, CORRER
TRASLADO de las excepciones presentadas por las entidades demandadas FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN e INSTITUO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
– INPEC, por el término de tres (3) días conforme a lo previsto en el parágrafo 2 del
artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021. […]» (sic).

1.2. Informe rendido en el proceso

2

Radicado: 25000-23-15-000-2024-00067-01
Demandante: Oliver Hamyn Flechas Pinto

1.2.1. El INPEC2 solicitó que se declarara improcedente el amparo invocado, en
tanto no se cumplió el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte actora no
agotó los mecanismos ordinarios dentro del medio de control de reparación directa.

1.2.2. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio3.

1.3 Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C
mediante sentencia del 6 de febrero de 2023 negó el amparo pretendido al concluir
que el juzgado prescindió del traslado de las excepciones conforme lo dispone el
artículo 201A del CPACA, al estar acreditado que las demandadas remitieron el
escrito mediante mensaje de datos al canal de comunicaciones del demandante, el
cual se entiende recibido cuando ingresó al buzón designado por el destinatario.

1.4. Escrito de impugnación5

Oliver Hamyn Flechas Pinto impugnó la decisión del a quo, para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1382 de 20006 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta Sala es
competente para conocer la presente impugnación contra la sentencia de tutela
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

2 Ver índice 2 de SAMAI.
3 Mediante auto del 6 de febrero de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar al

Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación.
4 Ver índice 2 de SAMAI
5 Ver índice 23 y 25 de SAMAI
6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00067-01
Demandante: Oliver Hamyn Flechas Pinto

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.9 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, la corporación10 adoptó los criterios expuestos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la
tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se
consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las
altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional11 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
10 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00067-01
Demandante: Oliver Hamyn Flechas Pinto

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,12 el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales13.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.2.1. Procedencia de la solicitud de tutela contra autos

Para determinar la procedencia de la solicitud de tutela contra “providencia judicial”,
debe tenerse en cuenta que dicho término hace referencia al medio a través del cual
el operador judicial emite su pronunciamiento al interior de cualquier proceso
judicial, el cual, a su vez, será por intermedio de sentencias o fallos y autos, tal y
como lo consideró la Corte Constitucional en Auto 230 de 200114, en los siguientes
términos:

«Tanto el ordenamiento legislativo colombiano como la doctrina procesal ha clasificado
las providencias judiciales en autos y sentencias. Según el artículo 302 del Código de
Procedimiento Civil, "son sentencias las que deciden sobre pretensiones de la demanda
o las excepciones que no tengan el carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia
en que se pronuncien, y las que resuelven los recursos de casación y revisión." y, "son
autos todas las demás providencias de trámite o interlocutorias".

Por otro lado, la doctrina ha denominado sentencia o fallo a aquella providencia que
deciden de manera definitiva sobre las pretensiones de las partes resolviendo la
demanda[1] o, como diría Enrico Tullio Liebman en su Manual de Derecho Procesal Civil,
la concreta decisión sobre la demanda propuesta en juicio o la decisión que declara
como fundada o infundada la demanda propuesta, como inexistente o existente el
derecho hecho valer, y dispone los eventuales efectos consiguientes. Chiovenda la
define como "la resolución que acogiendo o rechazando la demanda del actor, afirma la
existencia o inexistencia de una voluntad de ley que le garantiza un bien"

Los autos que se pueden proferir dentro de un proceso se dividen a su vez en autos de
trámite que buscan darle curso al proceso sin que se decida nada de fondo, dentro de
los cuales se encuentra el de admisión de la demanda o el que decreta pruebas y autos
interlocutorios que contienen decisiones o resoluciones y no meras órdenes de trámite,
como el que rechaza la demanda.»

Lo anterior resulta importante, toda vez, que por regla general las decisiones
adoptadas mediante autos deben ser controvertidas a través de los recursos que la
normatividad procesal disponga, según sea el caso. Por ello, la solicitud de tutela
respecto de estas providencias solo procederá:

12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
14
Magistrado Ponente Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00067-01
Demandante: Oliver Hamyn Flechas Pinto

«[…] i) cuando se evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales
de las partes que no puede ser reprochada mediante otros medios de defensa judicial.
Por tanto, la acción constitucional no será procedente cuando han vencido los términos
para interponer los recursos ordinarios y la parte afectada no hizo uso de ellos, o cuando
fueron utilizados, pero en forma indebida; ii) cuando a pesar de que existen otros
medios, éstos no resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados;
o iii) cuando la protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio
irremediable.[16] En el primer caso, para que proceda la tutela, deberán reunirse los
requisitos generales de procedencia y presentarse al menos una de las causales
específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales que
han sido fijados por esta Corporación.»15

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial, el de la subsidiariedad?

Solo de superar lo anterior, se determinará si: ¿el Juzgado Sesenta y Cinco
Administrativo de Bogotá vulneró los derechos fundamentales de Oliver Hamyn
Flechas Pinto con ocasión de las providencias a través de las cuales prescindió de
fijar en lista las excepciones con fundamento en que los escritos de contestación
fueron remitidos al canal de comunicaciones de la parte demandante, y determinó
que el término de traslado de las excepciones se encontraba cumplido?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – De la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el
artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la
solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

15 T-343 de 2012. Sentencia en la cual la Corte Constitucional también recordó: “La primera
oportunidad en la que la Corte admitió una tutela contra un auto fue en la sentencia T-224 de
1992[17]. En esta sentencia, la Corte consideró que el contenido y alcance de un auto interlocutorio
pueden vulnerar o poner en peligro derechos fundamentales de las partes. En estos casos, los
afectados deben acudir a los recursos ordinarios previstos en el ordenamiento contra la respectiva
providencia; sin embargo, si la lesión de los derechos persiste, la Corporación indicó que es posible
acudir a la acción de tutela.
Posteriormente, en las sentencias T-025 de 1997[18], T-1047 de 2003[19] y T-489 de 2006[20],
aunque la Corte no concedió la tutela en sede de revisión, admitió la procedencia de la tutela contra
autos interlocutorios; en el primer caso, contra un auto del Consejo de Estado que denegó una
solicitud de nulidad del tutelante en un proceso de reparación directa; en el segundo caso, contra un
auto que negó la libertad provisional solicitada por un recluso; y en el tercer caso, contra un auto que
en sede de apelación revocó otro auto que había decretado la nulidad de todo lo actuado por indebida
notificación dentro de un proceso ejecutivo.”

6

Radicado: 25000-23-15-000-2024-00067-01
Demandante: Oliver Hamyn Flechas Pinto

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia16, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Sobre el caso concreto

Oliver Hamyn Flechas Pinto acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejará sin efectos la
providencia proferida el 1 de noviembre de 2023 por el Juzgado Sesenta y Cinco
Administrativo de Bogotá, en el proceso de reparación directa identificado con el
radicado 11001333400020220033101, por medio de la cual, entre otras, se
prescindió de fijar en lista las excepciones de la demanda con sustento en el artículo
201A del CPACA. Decisión que fue confirmada con el auto proferido el 17 de enero
de 2024.

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que la solicitud de tutela presentada por
Oliver Hamyn Flechas Pinto no cumple con el requisito de subsidiariedad, toda vez
que el medio de control en el que fueron proferidas la decisiones acusadas, se
encuentra en trámite, frente a lo cual se advierte que en el sistema jurídico no puede
permitirse el paralelismo o la concurrencia de competencias entre el juez natural del
asunto y el de tutela, ni el ciudadano puede elegir entre uno y otro, como aquí se
propone.

Además, es evidente que la decisión que resolvió prescindir de fijar en lista las
excepciones y que dio por cumplido el término de traslado, que hoy se acusa,
corresponde a un auto de trámite que no revela la vulneración de derecho
fundamental alguno, además, de que no se argumentó ni se allegó prueba de aquel
pueda afectar el normal desarrollo del proceso o configurar un perjuicio irremediable
que haga procedente la solicitud de amparo como mecanismo transitorio.

En este orden de ideas, la Sala revocará la decisión del a quo para, en su lugar
declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Oliver Hamyn Flechas
Pinto contra el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

16 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-

1121 de 2003.

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00067-01
Demandante: Oliver Hamyn Flechas Pinto

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 14 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C. En su lugar,
declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por Oliver Hamyn Flechas
Pinto contra el Juzgado Sesenta y Cinco Administrativo de Bogotá, de conformidad
con la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

8

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