Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2024-00078-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-15-000-2024-00078-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-15-000-2024-00078-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
11 de abril de 2024
Demandante: Albertina Mahecha
Demandado: Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00078-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00078-01
Demandante: ALBERTINA MAHECHA
Demandado: JUZGADO 62 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ
Tema: Tutela por mora judicial – Modifica negativa para declarar la
improcedencia por no superar el requisito de la subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 14 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B que negó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 7 de febrero de 20241, la señora Albertina Mahecha en
nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Juzgado 62 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la vida digna, al mínimo vital y de acceso a la
administración de justicia.
La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la presunta mora judicial injustificada configurada por el Juzgado 62
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá al interior del proceso ejecutivo
identificado con el radicado 11001-33-43-062-2016-00232-00, al no hacer entrega
del depósito judicial realizado por la Fiscalía General de la Nación, en
cumplimiento de una sentencia judicial dictada en el medio de control de
reparación directa.
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Acción de tutela promovida ante el buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
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Demandante: Albertina Mahecha
Demandado: Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00078-01
1.2. Pretensión
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:
[…] se le ordene al juzgado accionado, dar pronta solución a la entrega de los
dineros tal como se describió en memorial que se pasó al juzgado.
1.3. Hechos
La sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor José Yesid Mahecha Mahecha, junto con sus hijos menores y su madre,
la señora Albertina Mahecha instauraron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación, Fiscalía General de la Nación, con
ocasión de la presunta privación injusta de la libertad sufrida por el señor
Mahecha.
Mediante sentencia del 7 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B declaró patrimonial y extra patrimonialmente responsable
al extremo demandado y, en consecuencia, le ordenó pagar a los accionantes los
perjuicios ocasionados al señor José Yesid Mahecha Mahecha.
Ante el incumplimiento de la orden judicial, la parte actora presentó proceso
ejecutivo del cual conoció el Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.
En auto del 1.º de agosto de 2016, el juzgado libró mandamiento de pago. Sin
embargo, este fue revocado en lo relativo al período de causación de intereses, y
estableció que estos se causaron desde el 18 de mayo hasta el 18 de noviembre
de 2013. Decisión que confirmó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
providencia del 9 de noviembre de 2017.
En proveído del 25 de enero de 2019, el juzgado ordenó seguir adelante con la
ejecución y dispuso la liquidación del crédito en los términos del artículo 446 del
Código General del Proceso.
El 9 de septiembre de 2020, el juzgado modificó la liquidación del crédito y el 25
de octubre de 2022, la Fiscalía General de la Nación expidió la Resolución 6079,
por medio de la cual ordenó pagar el valor de $495.929.192 a favor del señor José
Yesid Mahecha Mahecha.
El Departamento de Tesorería de la Subdirección Financiera de la Fiscalía
General de la Nación realizó el pago contenido en el acto administrativo, previo a
efectuar los descuentos de ley relacionados con la retención en la fuente, en la
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cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia.
Ante la dilación de entrega del dinero al extremo demandante y en vista del mal
estado de salud y avanzada edad de la señora Albertina Mahecha, ésta presentó
acción de tutela contra el Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, con el fin de que le dieran solución a la entrega de los recursos
consignados en el Banco Agrario por la Fiscalía General de la Nación.
El 30 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D2 amparó el derecho fundamental al debido proceso de la
actora y le ordenó al juzgado que «[…] solicite el fraccionamiento del título judicial
400100008649106 del Banco Agrario de Colombia, constituido por la Fiscalía General de
la Nación dentro de proceso ejecutivo 11001-3343-062-2016-00232-00, y ordene que se
le haga el pago del valor del crédito liquidado y ejecutoriado a favor de la parte ejecutante
Albertina Mahecha, tan pronto como quede en firme el auto que así lo disponga».
Por lo tanto, en providencia del 31 de mayo de 2023, se ordenó fraccionar el título
judicial, elaborar y entregar uno nuevo a favor de la señora Albertina Mahecha por
la suma de $47.599.177.
El 23 de agosto de 2023, se allegaron al proceso contratos de cesión del crédito
celebrados entre los señores José Yesid Mahecha Mahecha, Dana Michel
Mahecha Villamarín y la señora Albertina Mahecha.
Fue así que, por auto del 6 de diciembre de 2023, se dispuso tener a la señora
Albertina Mahecha como cesionaria del crédito de los señores José Yesid
Mahecha Mahecha y Dana Michel Mahecha Villamarín, y se ordenó a la Secretaría
fraccionar el título judicial, elaborar y entregar nuevos títulos judiciales a favor de
Albertina Mahecha y Johan Andrés Mahecha Villamarín. En esta providencia se
precisaron las sumas que corresponden a cada uno de ellos.
El 12 de diciembre de 2023, la señora Mahecha interpuso recurso de apelación
contra el proveído del 6 de diciembre de 2023, dado que no se incluyó el 40 % de
la suma ordenada, correspondiente a los honorarios del apoderado judicial.
En atención a que no era procedente el recurso de apelación contra el
mencionado auto, el 17 de enero de 2024 el juzgado adecuó el trámite como
reposición y ordenó a la Secretaría correr traslado de este.
En providencia del 28 de febrero de 2024, el juzgado repuso parcialmente el auto
del 6 de diciembre de 2023, en el sentido de ordenar a la Secretaría que
fraccionara el título judicial y, en consecuencia, elaborara y entregara nuevos
títulos a favor de los accionantes y el apoderado judicial.
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Radicado 2023-00327-00.
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1.4. Fundamentos de la vulneración
La actora indicó que el Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
incurrió en una mora judicial injustificada ante la falta de entrega del dinero
consignado por la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de la decisión
judicial dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.
Mencionó que la anterior situación le genera una grave afectación, dado que su
estado de salud es delicado, por lo que necesita los recursos para pagar los
tratamientos requeridos. De igual forma, expuso que tiene 89 años, de acuerdo
con la fotocopia del documento de identidad adjuntado con el escrito tutelar.
Para sustentar la vulneración de sus garantías fundamentales a causa de la
tardanza judicial y la protección que le ha otorgado la Corte Constitucional, citó las
sentencias SU-453 de 2020, T-186 de 2017, T-190 de 1995, T-030 de 2005, T-803
de 2012, T-230 de 2013 y SU-394 de 2016.
1.5. Trámite de la acción de tutela
La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección B, en auto del 8 de febrero de 2024 admitió la demanda de
tutela y ordenó notificar a la parte demandante y, como parte demandada, al
Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
1.6. Intervención
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente:
1.6.1. Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
A través de informe allegado el 9 de febrero de 2024, la jueza encargada del
trámite ejecutivo hizo un recuento de todas las actuaciones judiciales surtidas en
el proceso hasta el 9 de febrero del año en curso, fecha en la que la Secretaría
corrió traslado del recurso de reposición.
En consecuencia, sostuvo que una vez vencido el término para que la entidad
ejecutada se pronunciara al respecto, el expediente ingresaría al despacho para lo
que en derecho correspondiera.
En efecto, señaló que en tanto la providencia que ordenó la elaboración y entrega
de los títulos judiciales no se encontraba en firme, no era procedente hacer la
entrega del dinero. Por lo tanto, solicitó desestimar las pretensiones del
mecanismo constitucional.
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1.7. Fallo impugnado
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B en
sentencia del 14 de febrero de 2024, negó las súplicas de la acción de tutela.
En atención a que para el momento en que se dictó el fallo, la Secretaría del
juzgado se encontrada corriendo traslado del recurso de reposición presentado, el
a quo consideró que no era imputable una falta de diligencia al accionado, pues no
se evidenciaba un incumplimiento de los términos judiciales al interior del proceso
ejecutivo.
Además, sostuvo que:
Respecto al derecho fundamental de mínimo vital y vida diga de la accionante, se
tiene que mediante auto del 31 de mayo de 2023, el juzgado ordenó entregar a
favor de la señora Mahecha la suma de $47.599.177, asimismo, mediante auto del
6 de diciembre de 2023, ordenó elaborar y entregar los nuevos títulos a favor de la
accionante con ocasión de la cesión de los derechos otorgados por sus familiares,
sin embargo, dicha entrega no ha sido posible, toda vez que el apoderado judicial
de los ejecutantes interpuso recurso contra dicha decisión, el cual está siendo
tramitado por la autoridad judicial, y hasta que sea resuelto, no se podrá entregar
las sumas de dinero faltante a favor de la tutelante, por lo anterior, no encuentra la
Sala que el juzgado esté vulnerando el mínimo vital, toda vez que el juzgado
accionado ha sido diligente al hacer entrega de los dineros a favor de la tutelante,
no obstante, la demora ha sido generada por los recursos interpuestos por su
apoderado judicial dentro del proceso ejecutivo.
1.8. Impugnación
Con escrito enviado por correo electrónico el 21 de febrero de 20243, la señora
Albertina Mahecha impugnó la sentencia de primera instancia.
La parte actora argumentó que la mora en la entrega de los dineros correspondía
al juzgado y no al apoderado judicial, dado que la autoridad judicial accionada
desconoció el porcentaje que se le debía al abogado en razón de sus honorarios y
por ello fue que el profesional del derecho tuvo que interponer el recurso.
Así las cosas, sostuvo que el juzgado debió entregar los recursos desde octubre
de 2023, es decir que habían transcurrido más de 5 meses de dilaciones.
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El fallo de primera instancia fue notificado el 19 de febrero de 2024.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada
por la señora Albertina Mahecha contra la sentencia del 14 de febrero de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el artículo 25 del Acuerdo de la
Sala Plena del Consejo de Estado 080 del 12 de marzo de 2019.
2.2. Problema jurídico
Le corresponde a la sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 14
de febrero de 2024 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, para lo cual deberá resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿El Juzgado 62 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá incurrió en
mora judicial al no hacer la entrega del dinero depositado por la Fiscalía
General de la Nación, a la señora Albertina Mahecha?
Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes asuntos: i)
panorama general de la acción de tutela; ii) subsidiariedad, y si es procedente iii)
el caso en concreto.
2.3. Panorama general de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.4. Subsidiariedad
La sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no
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disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º
del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
En el presente caso, la señora Albertina Mahecha sostuvo que el Juzgado 62
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá incurrió en mora judicial ante la falta
de entrega del dinero consignado en depósito judicial por la Fiscalía General de la
Nación en cumplimiento de la orden dictada por la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado el 7 de noviembre de 2012, al interior del medio de control
de reparación directa.
Del recuento de los hechos, se observa que la accionante interpuso acción de
tutela el 15 de mayo de 2023, la cual fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 30 de mayo siguiente, en la
que amparó su derecho fundamental al debido proceso y le ordenó al juzgado
fraccionar el título judicial 400100008649106 del Banco Agrario de Colombia y que
se hiciera el pago del valor del crédito liquidado y ejecutoriado a favor de la parte
ejecutante, tan pronto quedara en firme el auto que así lo dispusiera.
Posterior a ello, el 31 de mayo de 2023 fue fraccionado el título judicial y
entregado a la señora Albertina Mahecha la suma de $47.599.177. Además, los
señores José Yesid Mahecha Mahecha y Dana Michel Mahecha Villamarín le
cedieron su crédito a la accionante.
En consecuencia, mediante auto del 6 de diciembre de 2023, el juzgado dispuso
tener a la tutelante como cesionaria de los créditos y nuevamente se ordenó a la
Secretaría fraccionar el título para entregar en favor de Albertina Mahecha y Johan
Andrés Mahecha Villamarín.
No obstante, el 12 de diciembre de 2023 el apoderado judicial de la parte actora
interpuso recurso de reposición contra la providencia del 6 de diciembre, dado que
se desconoció el monto del 40 % correspondiente a los honorarios del abogado.
Por consiguiente, en providencia del 28 de febrero de 2024, el juzgado repuso
parcialmente el auto del 6 de diciembre de 2023, en el sentido de ordenar a la
Secretaría que fraccionara el título judicial y, en consecuencia, elaborara y
entregara nuevos títulos a favor de los accionantes y el apoderado judicial.
Así las cosas, se evidencia que las últimas actuaciones del juzgado se han dado
en cumplimiento de la orden de tutela del 30 de mayo de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.
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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00078-01
En relación con el cumplimiento del fallo de tutela, el Decreto Ley 2591 de 1991,
por medio del cual se reglamentó el artículo 86 de la Constitución Política,
estableció en su artículo 27, lo siguiente:
Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad
responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora.
Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al
superior del responsable y lo requerirá para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente disciplinario contra aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho horas,
ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo
ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento
del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior
hasta que cumplan la sentencia. (Negrita y subrayado fuera del texto).
Respecto del desacato de la orden de tutela, la Corte Constitucional ha precisado:
Incidente de desacato y responsabilidad subjetiva
Dice el artículo 52 del decreto (sic) 2591 de 1991 que ‘La persona que incumpliere
una orden de un juez, proferida con base en el presente Decreto incurrirá en
desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte
salarios mínimos mensuales, salvo que en este Decreto ya se hubiere señalado
una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que
hubiere lugar’. Es, por lo tanto, una sanción y por lo mismo susceptible al debido
proceso.
(…)
Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo mismo la
responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva.
Es decir que debe haber negligencia comprobada de la persona para el
incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo
hecho del incumplimiento4. (Negrita y subrayado fuera del texto)
Se advierte entonces que, existiendo una orden de tutela previa, cualquier reclamo
que involucre dicho asunto, debe ser resuelto por medio del incidente de desacato,
más aun teniendo en cuenta que la orden dada en el mecanismo constitucional
anterior versa sobre la entrega del título judicial y, en consecuencia, del dinero
depositado por la Fiscalía General de la Nación.
Por ende, el incidente de desacato debe ser este el escenario donde se resuelvan
las inconformidades de la actora las veces que considere necesario y, en este
orden de ideas, el juez constitucional no puede invadir la órbita de competencia
del juez natural del proceso y proferir algún pronunciamiento sobre un tema que
solamente le compete al otro, pues se estaría utilizando la acción constitucional en
reemplazo de los medios de defensa pertinentes establecidos en la ley.
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Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-763 del 07.12.98., M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
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Finalmente, vale advertir que si bien la presente acción de tutela es similar a la
identificada con el radicado 2023-00327-00, decidida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D; en la que nos concierne se
presentan hechos nuevos y se observa que la parte actora no acude al
mecanismo con la intención de obtener un pronunciamiento contrario a la ya
resuelta, sino, que busca la ejecución de la orden constitucional, que como ya fue
indicado, debe solicitarse en el incidente de desacato, razón por la cual no se
evidencia mala fe o que pueda configurarse una temeridad.
Con todo, debe señalarse que, se modificará la providencia impugnada, en el
sentido de declarar la improcedencia, al no superar el requisito de subsidiariedad,
por tener a su disposición el incidente de desacato para presentar sus
inconformidades referentes al cumplimiento de la orden de tutela del 30 de mayo
de 2023, a través de la cual se ordenó la entrega de los dineros que ahora
pretende le sean otorgados a través de la presente acción constitucional.
2.5. Conclusión
Conforme a lo anterior, esta Sala de Decisión considera que la señora Albertina
Mahecha tiene a su alcance el trámite de desacato para solicitar el cumplimiento
de la orden de tutela del 30 de mayo de 2023, la cual versa sobre el mismo asunto
que viene reclamando en el presente mecanismo, es decir, la entrega del dinero
restante del depósito realizado por la Fiscalía General de la Nación.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 14 de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B que
negó la solicitud de amparo, para en su lugar, declarar la IMPROCEDENCIA de la
acción promovida por la señora Albertina Mahecha.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de
radicación en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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