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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00105-01

Fecha
30 de abril de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00105-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Revocar la sentencia de tutela del 12 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. En su lugar, 14 Ibidem. 15 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 25000 23 15 000 2024 00105 01 Demandante: Fernando Álvarez Echeverri Segundo. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por hecho superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Tercero: Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2024-00105-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

30 de abril de 2024

1

Radicado: 25000 23 15 000 2024 00105 01
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000 23 15 000 2024 00105 01
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, D. C., Sección Segunda

Temas: Derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso. Pago de título judicial. Carencia actual de objeto.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el Juzgado Cincuenta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, D. C., Sección Segunda, contra la
sentencia de tutela del 12 de marzo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
el señor Fernando Álvarez Echeverri, en nombre propio, presentó demanda en orden
a que se le amparen sus derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso, que consideró conculcados por el Juzgado Cincuenta y
Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, D. C., Sección Segunda.

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Demandante: Fernando Álvarez Echeverri

Como consecuencia de lo anterior, solicitó ordenar al mencionado despacho judicial
expedir el título judicial consignado desde el 11 de julio de 2019, por concepto de pago
de las condenas impuestas en las sentencias proferidas dentro del proceso 11001 33
35 016 2014 00361 00, y consignarlo en la cuenta de ahorros 10115159114 de
Bancolombia.

1.1.2. Los hechos

i) El señor Fernando Álvarez Echeverri, en nombre y representación del señor
Jhon Jairo Rozo Hoyos, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra el extinto Departamento Administrativo de Seguridad ( DAS). El proceso le
correspondió al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, el
cual accedió a las pretensiones por él deprecadas.

ii) La entidad demandada, en calidad de vocera y administradora del PAP
Fiduprevisora, S. A, del extinto DAS, mediante el Oficio 20210993914781 del 29 de
noviembre de 2021, le informó al juez de primera instancia que, el 10 de diciembre de
2021, realizó el pago oficioso de la sentencia judicial proferida en favor del señor Jhon
Jairo Rozo Hoyos, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 11001
33 35 016 2014 00361 00, mediante la constitución de un depósito judicial por la suma
de $ 367.741,47, a órdenes del mencionado juzgado.

iii) A pesar de lo anterior, en cuatro oportunidades, ha solicitado al aludido
despacho judicial la elaboración del título judicial correspondiente al pago realizado y
la consignación a su cuenta de ahorros, debido a la imposibilidad física de dirigirse a
las dependencias jurisdiccionales, sin que a la fecha se hayan resuelto sus peticiones.

1.1.3. Fundamentos jurídicos de la acción

El señor Álvarez Echeverry sustentó la presente acción de la siguiente manera:

i) Con la falta de respuesta del Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del
Circuito de Bogotá, Sección Segunda, se le están vulnerando sus derechos

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fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia (en su
componente respecto del cumplimiento de las providencias judiciales) y a la tutela
judicial efectiva.

ii) Se le ha impuesto una carga adicional, ya que su poderdante tuvo que soportar
un largo proceso judicial de casi nueve años para defender sus intereses, por lo que
resulta desproporcionado someterse a una demora extra.

iii) La presente acción de tutela es procedente para solicitar el cumplimiento de la
sentencia judicial.

1.2. Actuación procesal

Mediante auto del 19 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, admitió la acción de tutela y, en consecuencia,
ordenó notificar del proveído al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, como demandado.

1.3. Contestación de la demanda

El juzgado accionado realizó un recuento del trámite del proceso y precisó lo siguiente:

i) El 16 de diciembre de 2021, la Fiduprevisora, S. A., informó al despacho el pago
de la sentencia, a través de depósito judicial.

ii) Los días 25 de enero de 2022, y 27 de enero y 17 de julio de 2023, el abogado
Álvarez Echeverri solicitó el pago del título judicial.

iii) El 20 de febrero de 2024, el juzgado requirió a la entidad para que aportara el
acto administrativo en el que ordenó el pago de la sentencia.

iv) En la actualidad, el despacho tiene activos más de 700 procesos, carga que no
ha impedido evacuar una mayor cantidad de expedientes y que, a su vez, el juzgado

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Demandante: Fernando Álvarez Echeverri

se encuentra migrando los expedientes a SAMAI, lo cual ha influido en el trámite normal
de los procesos.

1.4. Sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, profirió
sentencia de primera instancia en la que amparó los derechos fundamentales del señor
Fernando Álvarez Echeverri; empero, se abstuvo de dar una orden adicional, bajo los
siguientes motivos:

i) El objeto del presente asunto es que se ordene al Juzgado Cincuenta y Cinco
Administrativo de Bogotá, Sección Segunda, la entrega de un título judicial consignado
a órdenes del despacho, en el proceso 11001 33 35 016 2014 00361 00.

ii) A pesar de que el aludido órgano judicial, el «24» de febrero de 2024, y durante
el trámite de la presente acción, impulsó el proceso y requirió a la entidad demandada
para que aportara copia del acto administrativo que ordenó el pago de la sentencia
(con lo cual consideró que se cumplió con el objeto de este mecanismo constitucional),
estimó que transcurrió mucho tiempo —más de dos años— desde que el accionante
solicitó la entrega del depósito judicial sin que fuera resuelto.

iii) El argumento de que el juzgado tiene varios procesos en migración al sistema
SAMAI y la carga judicial no conducen a entender que un trámite de esa naturaleza

hubiese estado inactivo por el lapso indicado en el numeral anterior.

iv) Por lo tanto, no puede aplicarse la figura de la carencia actual de objeto por
hecho superado, dado que fue precisamente la solicitud de tutela la que logró que
cesara la violación del derecho fundamental de la parte actora, «pues el juzgado
accionado impulsó el proceso porque medió una acción que derivaría en una orden
judicial».

1.5. Impugnación

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El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda,
impugnó la decisión de primer grado y solicitó revocarla, para, en su lugar, declarar la
carencia actual de objeto. Sobre el particular, indicó lo siguiente:

i) El a quo no tuvo en cuenta que en la contestación se expuso que las razones
por las cuales hubo demora en el trámite del accionante fueron que, a diciembre de
2023, el juzgado presentaba alta congestión judicial, y que, a la fecha, se está
efectuando la migración de los expedientes a SAMAI, situaciones que demuestran que
la mora no deriva de la negligencia o el desinterés del juez.

ii) El objeto de la presente acción se considera superado, tanto que el mismo
tribunal estimó que el juzgado, mediante auto del 20 de febrero de 2024, ya había
iniciado los trámites para la entrega del título judicial deprecado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «[p]resentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

2.2. Problema jurídico

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de
Bogotá, Sección Segunda, vulneró al señor Fernando Álvarez Echeverri sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al no haber
dado respuesta a las solicitudes elevadas por el accionante respeto del pago del título
judicial obrante en el expediente 11001 33 35 016 2014 00361 00.

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No obstante, previamente se establecerá si la presente acción cumple o no con los
requisitos de procedencia, en especial el de subsidiaridad.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este
mecanismo de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones
ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se
pueden pasar por alto.

Por ello, el artículo 6.º, numeral 1.º, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá

1 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.

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probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.3.2. La mora judicial

El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional,2 señala que el derecho al debido proceso
debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por su parte,
el artículo 288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado».

En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de
1996 establece como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción
a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional».

Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los falladores la

2 Al respecto, ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, C-341 de 2014. M.P. Mauricio

González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección
del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten
sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e igualitario acceso
a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones
ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El derecho a la defensa,
entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una
decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para
la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la
igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen
en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable,
lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas
de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia e imparcialidad
del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas».

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obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en sanciones
disciplinarias. Así mismo, prevén el deber de dictar sentencias con respeto del orden
en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.

En esa lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una demanda,
interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación
dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho
a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para
ello».3

Como se aprecia, tanto la Constitución como las normas legales y la jurisprudencia
constitucional son claras al imponer, para quienes administran justicia, la exigencia de
observar las garantías procesales y los términos previstos para la resolución de las
controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo, conscientes del alto tráfico
procesal que desborda la capacidad de los operadores jurídicos, advierten que tal
obligación debe atenderse en función del estricto orden de entrada de los expedientes
al despacho, salvo prelación legal.

Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la
Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o
inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten».4

Por esa razón, estableció tres supuestos para determinar cuándo los operadores
jurídicos incurren en mora judicial injustificada,5 así: «(i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no
existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión
judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el

3 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
4 Sentencia T-297 de 2006.
5 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.

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cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial».6

En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye
lo que se ha denominado por la doctrina como la «mora judicial», fenómeno que
necesariamente implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no de
la complejidad del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo —
como el exceso de carga laboral de los despachos—, sino de la falta de diligencia y
omisión sistemática de los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus deberes.7

2.3.3. De los criterios para establecer la vulneración de derechos
fundamentales atribuibles a la mora judicial

La Corte Constitucional ha señalado que la mora judicial puede considerarse, per
se, violatoria de los derechos fundamentales y para ello, ha identif icado hipótesis
en las cuales, con fundamento en las condiciones particulares de la persona que
acude a la administración de justicia, el incumplimiento de los términos para fallar y
la aplicación de la regla sobre el orden para proferir las decisiones jud iciales,
también genera una violación de derechos fundamentales, susceptible de amparo
por vía de tutela.

Se trata, entonces, de casos en los cuales no pueda decirse que la demora en
proferir la decisión sea injustificada y en los que se hayan adoptado m edidas
administrativas tendientes a superar el atraso, y, sin embargo, siga siendo notable
un detrimento a las personas que se encuentran en condiciones de debilidad
manifiesta.

En síntesis, la Corte estableció como criterios (i) cuando se vean afectados los
derechos fundamentales de una persona que se encuentre en circunstancias críticas
de debilidad manifiesta; (ii) cuando el atraso exceda los límites constitucionalmente
tolerables; y (iii) cuando el asunto guarde una relación directa con la condición del

6 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007.
7 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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sujeto de especial protección constitucional, que al decidirse sobre aquel incida de
manera favorable en su situación8.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio que obra en el proceso, se tiene por cierto lo
siguiente:

i) Los días 25 de enero de 2023, 27 de enero, 17 de julio y 20 de septiembre de
2023, el señor Fernando Álvarez Echeverri, actuando como apoderado del señor Jhon
Jairo Rozo Hoyos, solicitó al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo de Bogotá,
Sección Segunda, el pago de un depósito judicial realizado por la PAP Fiduprevisora,
S. A., a la cuenta de ahorros 110012045155 del Banco Agrario de Colombia, con

ocasión de la condena proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho 11001 33 35 016 2014 00361 00.9

ii) El 20 de enero de 2024, el mencionado juzgado requirió a la entidad, en su
condición de vocera del Patrimonio Autónomo denominado PAD Fiduprevisora, S. A.,
Defensa Jurídica del Extinto DAS y su Fondo Rotatorio, para que allegara al despacho
copia del acto administrativo que ordenó el pago de las sentencias dentro del
expediente precitado, en favor del señor Jhon Jairo Rozo Hoyos.10

iii) El 4 de abril de 2024, el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, Sección Segunda, ordenó pagar al demandante Jhon Jairo Rozo
Hoyos el título judicial 400100008191104, por valor de $ 367.741, a través de su
abogado Fernando Eliécer Álvarez Echeverri.11

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

8Al respecto, ver sentencia T- 708 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
9 Visible en el índice 11 del aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
10 Ibidem.
11 Información tomada del expediente digital 11001 33 35 016 2014 00361 00, visible en el índice 95 de

SAMAI.

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El accionante alega la violación de sus derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia por parte del Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del
Circuito de Bogotá, Sección Segunda, al no decidir sobre los requerimientos del pago
del título judicial consignado por la Fiduprevisora, S. A., como vocera del extinto DAS,
dentro del proceso 11001 33 35 016 2014 00361 00.

Por su parte, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, consideró que sí existió violación de los derechos
constitucionales incoados, comoquiera que los argumentos del juzgado, en cuanto a
que presenta congestión judicial y que está en trámite de cargar todos los expedientes
a su cargo a la plataforma SAMAI, no son justificación para que hubiesen transcurrido
más de dos años desde que se elevó la primera solicitud y se emitió el auto del 20 de
enero de 2024, para darle celeridad a la petición del abogado.

Ahora bien, como se indicó en el acápite de hechos probados, el 4 de abril del presente
año, el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, D. C.,
Sección Segunda, ordenó pagar al demandante Jhon Jairo Rozo Hoyos el título judicial
400100008191104, por valor de $ 367.741, a través de su abogado Fernando Eliécer
Álvarez Echeverri, hoy accionante en el asunto bajo examen.12

En tal sentido, la circunstancia que originó el presente medio de amparo constitucional,
se encuentra actualmente superada y no existe mérito para proferir una decisión de
fondo en el presente caso, en atención a que la pretensión que formuló se dirigía a
que se le ordenara al mencionado despacho judicial expedir el título judicial
consignado por la Fiduprevisora, S. A., lo cual, como quedó expuesto, ya ocurrió.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional13 cuando la situación
fáctica que motiva la presentación de la acción de tutela desaparece o se modifica, en
el sentido de que cesa la presunta acción u omisión que, en principio, podría generar

12 Ibidem.
13 Véase, por ejemplo, la Sentencia T-533 de 2009, donde decidió que la característica esencial del

fenómeno de la carencia actual de objeto es que la orden del juez de tutela, destinada a conceder lo
pretendido en la demanda de amparo, no ejerce ningún efecto sobre la protección, es decir, es
infructuosa. Esto como resultado de dos eventos: el hecho superado o el daño consumado.

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la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, la solicitud de amparo
pierde eficacia en la medida en que cesa el objeto jurídico sobre el que recaería una
eventual decisión del juez de tutela.14

En consecuencia, si la actuación u omisión que causa la supuesta amenaza o
vulneración se extingue o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón
de ser como mecanismo idóneo y expedito de protección judicial, pues la decisión que
puede adoptar el juez, en relación con el caso concreto, resultaría inocua e iría en
contra del objetivo constitucionalmente previsto para esta acción.15

Conforme a lo expuesto, se tiene que dentro del trámite de la tutela se resolvió la
cuestión fundamental que planteó el accionante. En este sentido, se encuentra
satisfecha la pretensión que dio lugar a la interposición de la solicitud de amparo, lo
que deja sin objeto cualquier decisión que pueda emitir el juez constitucional al
respecto.

3. Conclusión

La Sala concluye que debe declararse la carencia actual de objeto por hecho
superado, toda vez que, como se pudo establecer, el 4 de abril de 2024, ya se ordenó
el pago del título judicial deprecado por el señor Fernando Álvarez Echeverri.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Revocar la sentencia de tutela del 12 de marzo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A. En su
lugar,

14 Ibidem.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 2003.

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Radicado: 25000 23 15 000 2024 00105 01
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri

Segundo. Declarar la cesación de la actuación por carencia actual de objeto por
hecho superado, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero: Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

DLAR

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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