Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-15-000-2024-00107-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2024-00107-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-15-000-2024-00107-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 25000-23-15-000-2024-00107-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
2 de mayo de 2024
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00107-01
Demandante: FERNANDO ÁLVAREZ ECHEVERRI
Demandado: JUZGADO CINCUENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Temas: Tutela de fondo – revoca amparo – mora judicial como causal
de acción de tutela.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación presentada por el Juzgado Cincuenta y Cinco
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá contra la sentencia proferida en
primera instancia el 26 de febrero de 2024, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E. En esta providencia se
ampararon los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia
y al debido proceso del señor Álvarez Echeverri.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. El señor Fernando Álvarez Echeverri, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá1. Con la solicitud de amparo pretende la protección
del derecho fundamental de petición.
2. Estimó que la referida garantía constitucional fue vulnerada con ocasión
de la falta de trámite de las cuatro solicitudes que presentó en calidad de
apoderado del señor Justino Cuero Rengifo, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-008-2014-00222-00, con
el fin de recibir el pago de la condena concluida en dicho proceso, en su cuenta
bancaria personal.
1 El 14 de febrero de 2024.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
1.2. Pretensiones
3. El tutelante solicitó lo siguiente:
Respetuosamente solicito al señor Juez Constitucional, TUTELAR los derechos
conculcados y para la efectividad del amparo, se ordene al JUZGADO
CINCUENTA Y CINCO (55) ADMINISTRATIVO ORAL DE BOGOTA – SECCION
SEGUNDA que, en el término de 48 horas corridas o en el término perentorio que
sea señalado; expida el título judicial requerido consignado desde el pasado 07 de
febrero de 2022 a órdenes del despacho por concepto de pago de las condenas
impuestas en la sentencia dentro del proceso con radicado 11001 3335 008 2014
0022200, y sea consignado a la cuenta de Ahorros No. 10115159114 de
Bancolombia a nombre del suscrito apoderado FERNANDO ALVAREZ
ECHEVERRI CC. 8.287.867. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
referencia, de la siguiente manera:
5. El señor Álvarez Echeverri manifestó que fungió como apoderado del
señor Justino Cuero Rengifo al interior del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 2014-00222-00/1, presentado contra el extinto DAS.
Afirmó las dos instancias resultaron favorables a su poderdante.
6. Posteriormente, La Fiduprevisora SA le comunicó mediante Oficio
20220991234211, que el 7 de febrero de 2022 realizó el pago oficioso de la
sentencia que benefició al señor Cuero Rengifo. En consecuencia, realizó un
depósito de $1.724.362 a órdenes del Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá.
7. Por lo anterior, el señor Álvarez Echeverri presentó cuatro solicitudes
dirigidas al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, en las que pidió «el pago con abono a cuenta del título judicial
correspondiente al pago realizado el 07/02/2022, a la cuenta de depósitos
judiciales del despacho Nro. (…) del Banco Agrario de Colombia por valor de UN
MILLON SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (…), efectuado por la PAP
FIDUPREVISORA S.A. DEFENSA JURIDICA EXTINTO DAS Y SU FONDO
ROTATORIO». A saber, el 27 de julio de 2022, el 27 de enero, el 17 de julio y el
20 de septiembre de 2023.
1.4. Sustento de la vulneración
8. Refirió que la falta de pago del depósito judicial que se consignó a favor
del señor Cuero Rengifo, a su cuenta personal, transgrede los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
Sobre la primera garantía, aludió que ello impone una carga adicional a su
poderdante, pues aunado a que tuvo que soportar casi 9 años para obtener la
satisfacción de sus intereses, es sometido a más espera para el pago de la
condena.
9. Precisó que la ausencia de respuesta a sus solicitudes constituye una
mora judicial injustificada, la cual evita la materialización y goce efectivo de la
indemnización a la que su mandante tiene derecho.
10. Adujo que el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 indica que las sentencias
que impongan el pago de una condena deben ser canceladas en el término de
treinta días siguientes a la ejecutoria de la decisión.
11. Finalmente, precisó que el principio de la tutela judicial efectiva se integra
de una resolución de fondo de la litis, lo cual se ve reflejado en el pago de las
sentencias. Adicionó que el derecho de acceso a la administración de justicia no
se satisface con la expedición del fallo, sino que también involucra el pago.
1.5. Trámite de la tutela
12. Por auto del 14 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E admitió la solicitud de amparo.
En consecuencia, ordenó notificar en calidad de accionado al Juzgado Cincuenta
y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
1.6. Informe del Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá
13. Refirió que, el 8 de junio de 2022 La Fiduprevisora SA le informó sobre el
pago de las sentencias que adeudaba ante dicho despacho, en cumplimiento de
lo dispuesto en el contrato de fiducia que suscribió con el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público. Mencionó que, por auto del 7 de febrero de 2023 «requirió a la
Fiduprevisora S.A. allegar copia del acto administrativo en el que ordenó el pago
de las sentencias, dentro del expediente 11001-33-35-716-2014-00076-00;
atendiendo lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1342 de 2016, que establece
el pago oficioso».
14. El 20 de febrero de 2023, La Fiduprevisora SA indicó que, dada su
naturaleza jurídica, no le es posible emitir actos administrativos.
15. Comentó que, mediante solicitudes del 22 de agosto de 2022 y 27 de enero
y 18 de julio de 2023, el apoderado del señor Justino Cuero Rengifo reclamó el
pago del título judicial. Teniendo en cuenta que no había sido posible obtener el
acto administrativo que certificara el pago oficioso, y con base en la información
remitida por La Fiduprevisora SA, con auto del 15 de febrero de 2024 requirió al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la emisión del acto administrativo que
dispusiera el pago oficioso.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
16. Aludió que hay situaciones de carácter estructural que impiden que los
despachos judiciales avancen en el desarrollo de sus actividades sin dilaciones.
En especial, debido a la gran cantidad de expedientes. Así las cosas, y
considerando las actuaciones surtidas en procura de realizar el pago de la
decisión judicial que le fue favorable al señor Justino Cuero Rengifo, señaló que
su actuar no concretó una mora judicial injustificada.
17. Puso de presente que el despacho se encuentra altamente congestionado,
pues cuenta con más de 700 expedientes pendientes por resolver. Asimismo que,
de acuerdo con la valoración realizada sobre este aspecto por el Consejo
Superior de la Judicatura, tiene nivel de desempeño excelente. Por ende, la mora
que se haya podido configurar no es negligente, ni deviene en desinterés.
18. Concluyó que el expediente cuyo pago se persigue ha tenido un trámite
adecuado, de acuerdo con sus situaciones particulares. Así, solicitó que se
niegue la protección invocada.
1.7. Sentencia de primera instancia
19. En providencia del 26 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
señor Álvarez Echeverri. En consecuencia, dispuso lo siguiente:
Segundo: Ordenar al Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito de
Bogotá que dentro del término improrrogable de un (1) mes contado a partir de la
notificación de esta providencia, adelante todas las actuaciones necesarias para
atender sin más dilaciones injustificadas la solicitud de pago del título judicial
constituido con ocasión de la condena impuesta en el expediente N° 11001-33-35-
008-2014-00222-00, con estricta sujeción a los parámetros normativos vertidos en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en
el Código General del Proceso, por las razones expuestas en este proveído.
20. Explicó que transcurrió 1 año y 7 meses desde la solicitud de pago
presentada por el apoderado y la sentencia tutelar, sin que se hubiese logrado el
depósito del título judicial. Aclaró que, si bien los requerimientos efectuados por
el juzgado a La Fiduprevisora SA y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
se sustentan en el artículo 1.º del Decreto 1342 de 2016, esta norma se refiere al
procedimiento interno que se surte en la citada cartera ministerial para
materializar el pago de sentencias o laudos arbitrales.
21. Indicó que el señor Álvarez Echeverri se encuentra facultado para recibir
el pago, de acuerdo con el mandato que le fue conferido por el señor Justino
Cuero Rengifo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 11001-33-35-008-2014-00222-00. Dado que, el poder no ha sido
revocado, el apoderado tiene todas las facultades que se le concedieron en dicho
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
documento.
22. Por lo anterior, estimó que el juzgado accionado transgredió los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del
señor Álvarez Echeverri. En su sentir, se configuró una mora judicial injustificada
por la falta de resolución de la solicitud de pago del título judicial al señor Álvarez
Echeverri, quien se encuentra plenamente facultado para «recibir».
1.8. Impugnación
23. El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá impugnó la sentencia de primer grado. Reiteró el trámite surtido en
procura de satisfacer el pago de la sentencia judicial que benefició al señor Cuero
Rengifo.
24. Adicionó que el 29 de febrero de 2024, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público señaló que no le era dable autorizar pagos o dar indicaciones para el
depósito del título judicial emitido por La Fiduprevisora SA. Pese a ello, por auto
del 1.º de marzo de 2024, resolvió pagar de la forma en como se transcribe a
continuación, el referido título judicial:
(…) se ordenó fraccionar el título en un 75%, en la suma, de: un millón doscientos
ochenta y siete mil, ciento setenta y cuatro pesos con noventa y siete centavos
m/cte. ($1.287.174,97) que se cancelarán a través de trasferencia bancaria a la
cuenta de ahorros del Banco BBVA N°. 0046122750 de titularidad del demandante
Justino Cuero Rengifo, identificado con cédula de ciudadanía N°. 80.236.509; y el
25% restante, será pagado por suma, de: cuatrocientos veintinueve mil cincuenta
y ocho pesos con trescientos veintidós centavos ($429.058,322), a su apoderado
el Doctor Fernando Eliecer Álvarez Echeverri, identificado con cédula de
ciudadanía N°. 8.287.867 y tarjeta profesional N°. 19.152 del Consejo Superior de
la Judicatura, por medio de transferencia electrónica a la cuenta de ahorros N°.
10115159114 del Banco de Colombia - Bancolombia.
25. Pese a ello, solicitó que se revoque la decisión de primer grado o se
declare la carencia actual de objeto por hecho superado, pues estima que su
actuar no devino en una mora judicial injustificada. Iteró que la tardanza en que
incurrió no le era atribuible, dado que existe justificación frente a la dilación de su
actuar, que radica en los aspectos estructurales por los que atraviesa la
administración de justicia.
26. Arguyó que en su informe comentó que es un despacho con alta
congestión judicial, sus calificaciones han sido excelentes por parte del Consejo
Superior de la Judicatura, la implementación del trabajo en casa generó algunos
retrasos adicionales y se encuentra realizando la migración de los expedientes
físicos al aplicativo Samai.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
1.9. Trámite de segunda instancia
27. Por auto del 12 de marzo de 2024, el ponente de la segunda instancia
requirió al señor Álvarez Echeverri para que aportara el poder en el que el señor
Justino Cuero Rengifo lo facultó para promover la presente solicitud de amparo.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, la pretensión que se busca satisfacer
deviene de una sentencia que le fue favorable al mencionado ciudadano y no al
señor Álvarez Echeverri, quien actuó como representante de sus intereses, sin
que por ello le fueran propios.
1.9.1. El tutelante aportó un memorial en el que indicó que contaba con
legitimidad para promover en su nombre el mecanismo de amparo, pues entre el
señor Cuero Rengifo y él se celebró un contrato de prestación de servicios en el
que se dispuso como honorarios el pago del 25% de lo obtenido en el proceso.
Así, consideró que la falta de pago de la sentencia solicitada afecta sus intereses,
los cuales son directos.
1.9.2. Por auto del 11 de abril de 2024, se dispuso notificar como tercero con
interés al señor Justino Cuero Rengifo.
1.9.3. El señor Cuero Rengifo solicitó que, al momento de resolver el fondo
del mecanismo constitucional, se tuviera en cuenta que el 75% de la suma
recibida le correspondía. Por ende, pidió que dicho monto le fuera consignado
a su cuenta de ahorros y el 25% restante a la cuenta bancaria de su abogado.
Informó que, el 16 de agosto de 2023 remitió un escrito en el mismo sentido al
Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 26 de febrero
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Legitimación en la causa
29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
30. La Sala advierte que el señor Fernando Álvarez Echeverri tiene
legitimación en la causa por activa. Lo anterior, teniendo en cuenta que presentó
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
la solicitud de pago de la sentencia que le fue favorable al señor Cuero Rengifo,
conforme al poder que le fue otorgado para dichos efectos, aunado a que el citado
ciudadano ratificó el monto al que su apoderado tenía derecho de conformidad
con el acuerdo de voluntades que suscribieron.
31. Por otro lado, se evidencia que la autoridad judicial accionada se
encuentra legitimada en la causa por pasiva, por ser quien recibió la solicitud de
pago, cuya falta de trámite ocasiona la presunta vulneración de los derechos
fundamentales del tutelante y se concreta en una mora judicial injustificada en su
sentir.
2.3. Problema jurídico
32. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados; los problemas
jurídicos a resolver en el caso concreto son los siguientes:
• ¿El Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso del señor Fernando Álvarez Echeverri con la falta de
pago de la condena que resultó del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho de radicado 11001-33-35-008-2014-00222-00?
33. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) la naturaleza de la acción de tutela, (ii) caracterización del derecho de
petición, (iii) derecho de petición en actuaciones judiciales, (iv) mora judicial, y
(v) el estudio del caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
34. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede
ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.
35. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta
acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para
evitar la lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y
demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente
la tutela como mecanismo transitorio.
2.5. Del derecho de petición
36. La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
general o particular y a obtener pronta resolución»2. El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.
37. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha
establecido algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este
derecho, así:
El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido3.
38. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la
contestación de la petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general
a lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de
15 días para resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el
término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso,
la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.
39. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de
petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema
semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la
solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada»4.
40. Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento
del peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
(…) la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»5.
41. Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse
cuando la respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la
autoridad competente. En palabras de la Corte Constitucional:
2 Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
5 Ibídem.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
(…) El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada6.
42. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de
petición la Corte Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo7.
43. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en
orden a la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
44. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia
constitucional ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de
petición y el derecho a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y
agota en la solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el
reconocimiento o no del derecho subjetivo.
45. En este punto resulta importante precisar que, si bien el señor Hernández
Rodríguez alegó la vulneración de su derecho de petición, lo cierto es que, los
motivos de la transgresión alegada no se enmarcan dentro de la garantía
constitucional en mención. Lo anterior, toda vez que, el actor pretende que el
juzgado accionado expida la orden de pago de un título judicial producto de una
sentencia que le fue favorable a su cliente, y para esto es necesario la expedición
de una providencia judicial.
46. Por ende, se analizará el derecho de petición interpuesto en el marco de
actuaciones judiciales.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
2.6. Derecho de petición en actuaciones judiciales
81. No puede perderse de vista que tanto la Corte Constitucional8, como esta
Corporación9 de manera reiterada han señalado que las solicitudes presentadas
en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferente a las del
derecho de petición, lo que implica ciertas limitaciones. Por ello, se ha
especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los
jueces, de la siguiente manera:
(i) Las referidas al contenido mismo de la litis, que por tal razón se encuentran
reguladas dentro de una codificación y tienen su procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para el efecto; y
(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
82. En el mismo sentido, el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l
derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que
esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien,
en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición”.
83. En otras palabras, si bien es posible presentar peticiones ante las autoridades
judiciales, para que esta se entienda ejercida en el marco del derecho de petición
es necesario que no recaiga sobre los procesos judiciales que el funcionario
adelanta. En caso de que ello sea así, tales “peticiones” deben entenderse como
memoriales radicados en el proceso, y que, por consiguiente, se rigen por la
normatividad aplicable a la Litis10.
84. Lo anterior significa que “no es dado a las personas afirmar que los jueces
vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a
obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar
el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido
de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo
las reglas correspondientes al trámite de un determinado proceso judicial.” 11
8 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de
13 de julio de 2017. MP: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. MP. Alberto
Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00 y Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 25 de abril de 2019, radicación Nº11001-03-15-000-2019-00971-00 MP. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 15 de agosto de 2019 proferida dentro del expediente 11001-03-
15-000-2019-03399-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2016.
11 Ibídem.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
85. Así las cosas, previo a resolver la impugnación y decidir si se infringió o no el
derecho de petición por la autoridad judicial accionada, deberá determinarse la
naturaleza de las solicitudes, con el fin de establecer su alcance.
2.7. La mora judicial como causal de acción de tutela.
86. Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución12, del derecho fundamental al
debido proceso13 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el
carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia14.
87. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:
no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión15.
88. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230
de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías»16, y de otro lado, «la obligación correlativa de las
autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no
logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte
involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la
12 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado.”
13 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él,
o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar
la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.
14 Sentencia T-006 de 1992.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
16 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección
de los derechos de las personas»17.
89. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.º de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia18 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el
juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el
fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo
con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos
fundamentales de las partes.
90. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en
el Estado Social de Derecho, en el que “ha dejado de ser el frio funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas-
que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada
realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo
y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de
su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la
obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material”19.
91. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos20.
92. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “atendiendo
la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los
términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”21.
93. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte Constitucional,
se entiende justificada la mora cuando: (i) se está ante asuntos de alta
complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable
del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.
17 Ibídem.
18 Ley 270 de 1996. “Artículo 1°La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
19 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
20 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
21 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
94. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:
… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable
al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo,
no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que
efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que
generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se
acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución
de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos
de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento
es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.
95. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial22, según la cual solo se
predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez, que de acreditarse esta conducta, constituye violación al
derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso
de las partes en un proceso.
2.8. Caso concreto
47. Como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, lo que
conllevó a que el señor Álvarez Echeverri promoviera este mecanismo
constitucional fue la ausencia de pago de la sentencia judicial que resultó del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que representó al señor
Justino Cuero Rengifo.
48. Previo a abordar si se configura la vulneración constitucional mencionada,
es necesario aclarar que, si bien el señor Álvarez Echeverri alegó la transgresión
del derecho fundamental de petición, el pago de las sentencias se rige, en el caso
de una decisión de un juez contencioso administrativo, por el artículo 192 de la
Ley 1437 de 2011. En ese sentido, el caso se analizará desde la óptica de la
22 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10
de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demeandado:
Procuraduría General de la Nación.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
mora judicial, dada la naturaleza del pleito y en consonancia con la línea trazada
por el juez de tutela de primer grado.
49. Se tiene que, el tutelante probó que, desde el 27 de julio de 2022 remitió
solicitudes tendientes a obtener el pago mencionado. Por su parte, el juzgado
accionado expidió las siguientes providencias, en procura de satisfacer lo pedido
por el apoderado Álvarez Echeverri:
i. Auto del 7 de febrero de 2023, en el que solicitó a La Fiduprevisora SA la
copia del acto administrativo que dispuso el pago de la sentencia 2014-00076-
00.
ii. Al no ser posible obtener el mencionado acto administrativo de La
Fiduprevisora SA, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la emisión
del acto administrativo, mediante auto del 15 de febrero de 2024.
iii. Auto del 1º de marzo de 2024, en el que ordenó:
(…) PAGAR al demandante Justino Cuero Rengifo, identificado con cédula
de ciudadanía N°. 80.236.509, el título judicial N°. 400100008357487, por
valor, de: un millón setecientos dieciséis mil doscientos treinta y tres pesos
con veintinueve centavos m/cte. ($1.716.233,29). Para lo anterior, conforme
a lo solicitado, se ordena fraccionar el título en un 75%, esto es, en la suma,
de: un millón doscientos ochenta y siete mil, ciento setenta y cuatro pesos
con noventa y siete centavos m/cte. ($1.287.174,97) valor que se cancelará
a través de trasferencia bancaria a la cuenta de ahorros del Banco BBVA N°.
0046122750 de titularidad del demandante Justino Cuero Rengifo,
identificado con cédula de ciudadanía N°. 80.236.509; y el 25% restante, será
pagado por la suma, de: cuatrocientos veintinueve mil cincuenta y ocho pesos
con trescientos veintidós centavos ($429.058,322), a su apoderado el Doctor
Fernando Eliecer Álvarez Echeverri (…).
50. La notificación de la anterior decisión se surtió el 4 de marzo de 2023, por
estado, como es visible en el índice 108 del expediente electrónico disponible en
Samai.
51. En ese sentido, la pretensión encaminada a obtener el pago de la
sentencia judicial ya se concretó. Pese a ello, no pasa por alto el juez que, la
petición de pago se radicó en julio de 2022, esta acción de tutela en febrero de
2024 y el abono se concretó hasta el 1.º de marzo siguiente. Esto es, estando en
curso el mecanismo constitucional.
52. Lo anterior implica que se superaron los diez meses que contempla el
artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, sobre el pago de sumas de dinero producto
de decisiones judiciales. Sin embargo, como se expuso previamente, la mora
judicial puede ser justificada o injustificada. Siendo el segundo de los casos una
causal de amparo de derechos fundamentales.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
53. Al respecto, se tiene que el juzgado accionado puso de presente la
congestión judicial en la que se encuentra, la migración de expedientes y las
dificultades estructurales que le han impedido atender los términos judiciales.
Con base en ello, para la Sala, la mora en la que incurrió la autoridad judicial
accionada fue justificada, y, en ese sentido, corresponde revocar la sentencia de
primera instancia que amparó los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia y al debido proceso del tutelante.
54. Lo anterior, porque el Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá desplegó todas las medidas tendientes a satisfacer
las pretensiones del tutelante, pero las dificultades estructurales y de carga
laboral le impidieron atender los términos previstos en la ley. A ello se adiciona
que, emitió todas las providencias y actuaciones que consideró necesarias para
realizar el pago de forma adecuada, de tal manera que no se vieran afectados
los intereses del señor Cuero Rengifo. En ese sentido, corresponde negar el
amparo invocado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 26 de febrero de 2024 que amparó los
derechos fundamentales del tutelante. En su lugar, negar la protección invocada,
dado que no se configuró la mora judicial injustificada.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Fernando Álvarez Echeverri
Demandado: Juzgado Cincuenta y Cinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00107-01
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.