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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00130-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00130-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de marzo de 2024, por medio de la cual la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela, pero por los motivos aquí expuestos. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2024-00130-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

23 de mayo de 2024

Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Juzgado 60 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00130-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00130-01
Demandante: LOURDES MARÍA DÍAZ MONSALVO
Demandado: JUZGADO 60 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BOGOTÁ

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Confirma improcedencia – falta
de relevancia constitucional y subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de 11 de
marzo de 2024, por medio de la cual la Subsección C de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta contra el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Mediante escrito recibido el 21 de febrero de 20241, la señora Lourdes María Díaz
Monsalvo interpuso acción de tutela con la finalidad de lograr el amparo de su derecho
fundamental al debido proceso.

La mencionada garantía constitucional la consideró vulnerada con ocasión de los
autos de 23 de noviembre 2023 y 1 de febrero de 20242, por medio de los cuales la
autoridad accionada declaró su falta de competencia para conocer de una demanda
interpuesta por la actora y rechazó el recurso de reposición, respectivamente. Todo lo
anterior dentro del proceso de reparación directa con radicado 11001-33-43-060-
2023-00095-00.
1.2. Peticiones de amparo constitucional

En la demanda de tutela se manifestó:

1. Se declaren violatorios del debido proceso y el derecho de contradicción, el
Auto de fecha de 2023-11-23 con el que se remite el proceso a la Oficina de
Reparto y el Auto de fecha 2024-02-02 con el que ‘rechaza por improcedente’ el
recurso de reposición interpuesto frente al primero.

1
Según consta en el aplicativo Samai.
2
Aunque en la tutela y en el fallo de primera instancia se menciona que esta providencia es de 2 de
febrero de 2024, de la verificación del sistema de consulta de procesos, se pudo verificar que dicho auto
se expidió el 1 de febrero de 2024 y se notificó con estado de 2 de febrero de 2024.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Juzgado 60 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00130-01

[…]

Se revoque la decisión de declarar falta de competencia por parte del JUZGADO
060 ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN TERCERA DE BOGOTÁ en Auto de
fecha 2023-11-23 y en su lugar, se le dé el trámite correspondiente.

Se exhorte al Juez a respetar los procedimientos establecidos y procurar la no
revictimización, que brinde al proceso todo el trámite correspondiente, aunque ya
haya decidido a quién darle razón.

Se exhorte al Juez a juzgar con perspectiva de género, pues si bien los hechos
de la reparación y el error de lectura aquí se dan como contexto, en el marco de
la reparación directa el enfoque de género; asunto fundamental para la
materialización de las garantías de un Estado Social de Derecho. El hecho de que,
para el Juez, recibir amenazas solamente desdibuje la motivación del acto que
admite una renuncia, es alarmante y desdibuja los avances jurisprudenciales de
abuso psicológico y la lucha contra la violencia de género.3

1.3. Hechos

De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:

El 30 de marzo de 2023 la actora, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, demandó a la Procuraduría General de la Nación por el presunto acoso laboral
que sufrió mientras trabajaba en esa entidad.

Una vez surtido el trámite de la notificación de la admisión de la demanda, la
contraparte contestó y propuso, como excepciones previas, las de inepta demanda
por indebida escogencia del medio de control y caducidad de la acción. Para esta
entidad, la demandante debió acudir a la nulidad y restablecimiento del derecho y no
a la reparación directa.

Con auto de 23 de noviembre de 2023, la autoridad accionada consideró que, con
base en lo evidenciado en la demanda y su contestación, la fuente de la indemnización
pretendida era la renuncia que, según la demanda, fue provocada a raíz del trato al
que fue sometida la señora Díaz Monsalvo. En consecuencia, estimó que el medio de
control adecuado era el de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de
desvinculación, por lo que declaró su falta de competencia y dispuso la remisión del
proceso a los juzgados administrativos de la Sección Segunda.

Inconforme, la accionante interpuso recurso de reposición que fue resuelto por auto
de 1 de febrero de 2024 que rechazó por improcedente el recurso de reposición.

Como fundamento de su decisión adujo que, de acuerdo con el artículo 139 de la Ley
1564 de 2012, el cual, a su juicio es concordante con el numeral 5 del artículo 243A
de la Ley 1437 de 2011, el auto con el cual se remite un proceso por competencia no
es pasible de recursos.

3
Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
2
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Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Juzgado 60 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00130-01

1.4. Fundamentos de la solicitud

Para la accionante, el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
vulneró su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto no tramitó
adecuadamente las excepciones previas presentadas por la Procuraduría General de
la Nación.

Aseguró que, al margen del error interpretativo de la autoridad accionada sobre la
fuente del daño, «asunto que no se debate en esta sede de tutela, porque no se busca
una nueva mirada al proceso», lo que dota de relevancia constitucional a esta solicitud
de amparo es que el juez del proceso ordinario incurrió en un defecto procedimental
absoluto.

Esto, en el entendido que la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia del medio de control fue propuesta como excepción previa por la entidad
demandada, en consecuencia, el fallador debió, de acuerdo con el numeral 6 del
artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, correr traslado a la demandante y practicar las
pruebas pertinentes.

Expresó que se le impidió defenderse de las excepciones previas y, especialmente,
que con el trámite impartido por el juez se le negó la posibilidad de interponer el recurso
de apelación, con el que hubiera podido acceder a una segunda instancia. Igualmente,
se mostró en desacuerdo con que no hubiera un estudio de fondo al abordar el recurso
de reposición contra el auto de 23 de noviembre de 2023 y que, en su lugar, se negara
por improcedente.

Adicionalmente, expuso que también acaecieron los defectos por desconocimiento
del precedente, fáctico, decisión sin motivación y violación directa de la
Constitución, todos ellos fundados en que la autoridad accionada ignoró que en la
demanda no se está solicitando la nulidad de algún acto administrativo, sino que lo
que se pretende es una indemnización por los actos de acoso laboral a los que fue
sometida.

Fue insistente en que su pretensión no es que se deje sin valor la decisión de la
Procuraduría de aceptar su renuncia y que ni siquiera pretende un reintegro, en ese
sentido, no existen los supuestos para que el proceso sea tratado como una nulidad y
restablecimiento del derecho.

Sin ahondar en particularidades, citó el proceso 25000-23-36-000-2016-02565-01, se
entiende, que hace referencia a la sentencia de 10 de septiembre de 2020 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1.5. Trámite de la acción

Mediante proveído de 23 de febrero de 2024, el magistrado ponente de la Subsección
C de la Sección Primera del Consejo de Estado ordenó notificar como accionado al
Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

A su vez, dispuso vincular como tercera con interés directo a la Procuraduría General
de la Nación.
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Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Juzgado 60 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00130-01

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se recibieron los siguientes informes:

1.6.1. Procuraduría General de la Nación

A juicio de esta entidad, lo pretendido por la accionante es revivir un debate que fue
agotado en la instancia judicial ordinaria, y que no puede entenderse que solamente
por no estar de acuerdo en lo resuelto la vía tutela se torna procedente .

En consecuencia, solicitó que se niegue el amparo solicitado.

1.6.2. El Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá permaneció
en silencio.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 11 de marzo de 2024, la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió que la tutela resultaba
improcedente por cuanto no cumplía con el requisito de la relevancia constitucional.

A su juicio, la controversia «versa sobre un asunto estrictamente procesal-legal, pues
el debate propuesto supone un error del Juzgado porque era su deber dar trámite a
las excepciones propuestas por la contraparte, pero, en su lugar, declaró la falta de
competencia con vulneración del principio de la doble instancia».

En ese sentido, aseguró que dicha discusión en esta vía constitucional implicaría
reabrir el debate ya efectuado y convertiría la acción de tutela en una instancia
adicional.

Resaltó que una vez la demanda sea repartida a los despachos de la Sección
Segunda, será allí que se defina si es procedente estudiar el caso conforme el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho o, en su lugar, si se propone un
conflicto de competencia.

Por otra parte, resaltó que con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, que
modificó la Ley 1437 de 2011, el auto que decide las excepciones «solo es pasible del
recurso de reposición conforme el artículo 242 del CPACA», por lo que no es cierto
que se le esté negando la segunda instancia.

Finalmente, sobre el auto de 1 de febrero de 2024, se limitó a indicar que no fue posible
acceder a dicho documento por cuanto el Juzgado 60 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá lo registró en el sistema Samai como «clasificado».

4
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Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Juzgado 60 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá
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1.8. Impugnación4

La actora manifestó que el a quo desconoció que, de acuerdo con el artículo 242 de la
Ley 1437 de 2011, por regla general, todas las providencias son pasibles del recurso
de reposición, en ese sentido, cuestionó que no se tuviera en cuenta que mediante el
auto de 2 de febrero de 2024 el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá declaró improcedente dicho mecanismo, vulnerando así el debido proceso.

Por otra parte, presentó disculpas por realizar consideraciones subjetivas sobre el
criterio de decisión adoptado en el fondo de la providencia atacada, pero insistió en las
falencias procesales consistentes en el trámite de las excepciones previas y la falta de
pronunciamiento de fondo respecto del recurso de reposición.

1.9. Trámite de segunda instancia

Recibido el expediente de tutela, se advirtió que, tal como lo señaló la primera
instancia, en el sistema de consulta no era posible verificar el auto de 1 de febrero de
2024.

Siendo así, y teniendo en cuenta que se trata de una de las providencias atacadas,
mediante auto de 10 de abril de 2024 se requirió al Juzgado 60 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá para que aportara copia digital íntegra del expediente del
proceso identificado con el radicado 11001-33-43-060-2023-00095-00.

Ante el incumplimiento del Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
fue necesario reiterar la orden con auto de 6 de mayo de 2024. El 7 de mayo de 2024
la referida autoridad allegó el expediente del proceso ordinario.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la accionante
contra la sentencia de 11 de marzo de 2024, proferida por la Subsección C de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el
Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 11 de marzo de 2024, a través de la cual la
Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró improcedente la acción de tutela.

4
La sentencia se notificó mediante correo electrónico enviado el 13 de marzo de 2024 y el escrito de
impugnación fue radicado el 18 de marzo siguiente.
5
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Para el efecto, se abordará el estudio del caso así: (i) la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y, de
superarse, (iii) caso concreto.

2.3.1. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125 unificó
la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 8, la Sala
Plena de lo Contencioso - Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva.

2.4.1 En primer lugar, se estudiará la relevancia constitucional, por cuanto se trata
del que no encontró cumplido el a quo.

Para resolver, debe tenerse en cuenta que en la sentencia SU – 215 de 2022, la Corte
Constitucional refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal9
(Énfasis de la Sala).

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. acción de tutela - importancia
jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Sentencia SU-573 de 2019.
6
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De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.” 11

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”12 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal15. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se
explica que los accionantes deben exponer los defectos 16 en los que incurrió la
decisión atacada.

Ahora bien, en el presente caso se tiene que la Subsección C de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que lo pretendido por la parte
actora es una discusión meramente legal que no amerita ser estudiada por la vía de
tutela en tanto que lo que se pretende es revivir un debate ya zanjado. Sobre el
particular, esta Sala se apartará de lo resuelto por el a quo, por los motivos que pasan
a explicarse.

10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-103 de 2022.
13
Sentencia SU-128 de 2021.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
15
Ibid.
16
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
7
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Judicial de Bogotá
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En primer lugar, debe reconocerse que, por regla general, en casos donde se
cuestiona la decisión de un juez de remitir un proceso por competencia, esta Sala ha
optado por declarar la falta de relevancia constitucional.

En efecto, dicha decisión, por sí sola, no conlleva una vulneración de los derechos
fundamentales de las partes, especialmente por cuanto tal declaración no tendrá
efectos sustanciales sino hasta que la autoridad que reciba el proceso se pronuncie,
aceptando el caso o planteando el respectivo conflicto de competencia.

Sin embargo, en esta oportunidad se observa una circunstancia que difiere de dicho
escenario, en tanto que la actora no se limita a cuestionar la competencia de la
autoridad accionada, sino que es insistente en explicar que, al margen de lo resuelto,
el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá adoptó tal determinación
mientras incurrió en falencias procesales que redundan en la afectación de su derecho
fundamental al debido proceso.

En este punto, debe resaltarse que, si bien en los defectos de desconocimiento del
precedente, fáctico, decisión sin motivación y violación directa de la constitución la
actora realizó consideraciones subjetivas que pueden carecer de relevancia
constitucional y, de hecho, la actora no insiste en aquellos en su impugnación, lo cierto
es que la posible configuración de un defecto procedimental absoluto sí debe ser
abordada de fondo.

Para el efecto, se resalta que los argumentos de la acción de tutela, respecto del tema
procesal, se concentran puntualmente en dos aspectos: (i) que el auto de 23 de
noviembre de 2023 era contrario al procedimiento legalmente establecido para resolver
excepciones, en tanto que no se corrió traslado para oponerse a aquellas, no se
decretó pruebas y se profirió mediante un auto que le cercena la posibilidad de acudir
a una segunda instancia, y (ii) que se «rechazó» por improcedente el recurso de
reposición.

Frente al primer punto, esto es, lo ocurrido con el auto de 23 de noviembre de 2023,
para esta Sala resulta evidente la relevancia constitucional, esto por cuanto de ser
cierto que el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá impartió un
trámite distinto al contemplado en la Ley 1437 de 2011 para resolver las excepciones
propuestas por la Procuraduría General de la Nación, entonces es posible que se
hayan afectado elementos esenciales del núcleo esencial del debido proceso, como
son, la oposición y la segunda instancia. En consecuencia, se superará la exigencia
aquí estudiada frente al mencionado proveído.

Por el contrario, respecto del auto de 1 de febrero de 2024, no es posible superar el
requisito de la relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

En dicha providencia, el Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
manifestó que, de acuerdo con el artículo 139 de la Ley 1564 de 2012 17 el cual, a su

17
ARTÍCULO 139. TRÁMITE. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un
proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se
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juicio, es concordante con el numeral 5 del artículo 243A de la Ley 1437 de 201118, el
auto con el cual se remite un proceso por competencia no es pasible de recursos.

Por su parte, la actora sustentó su pretensión de amparo en que el recurso de
reposición que interpuso contra el auto de 1 de febrero de 2024 no fue resuelto de
fondo, lo que contradice la regla general según la cual todas las providencias son
pasibles de dicho mecanismo.

Así las cosas, el argumento presentado por la señora Díaz Monsalvo resulta
insuficiente para que el juez de tutela entre a valorar lo resuelto por la autoridad
accionada, en tanto que no presentó objeción alguna respecto de la aplicación o
interpretación de los artículos con los que el Juzgado 60 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá sustentó su decisión.

En este punto, debe recordarse que, al margen de que fuera acertada la remisión al
artículo 139 de la Ley 1564 de 2012 o que el numeral 5 del artículo 243A de la Ley
1437 de 2011 sea aplicable al auto que remite un expediente; si la solicitud de tutela
no contiene cargos contra el razonamiento de la autoridad accionada, no es posible
superar el requisito de la relevancia constitucional ante la palmaria falta de carga
argumentativa.

En consecuencia, respecto de la pretensión de tutela frente al auto de 1 de febrero de
2024 se confirmará la improcedencia por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.

2.4.2. Sobre el agotamiento de todos los medios de defensa, se observa que el
auto de 23 de noviembre de 2023 que declaró la falta de competencia para conocer
de la demanda de reparación directa no cumple con esta exigencia.

Lo anterior, por cuanto en el recurso de reposición presentado contra este auto la parte
actora se limitó a cuestionar el fondo de lo decidido, es decir, la competencia del
Juzgado 60 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, pero no expuso censura
alguna contra el trámite dado a las excepciones previas.

En este punto, es importante explicar que, contrario a lo manifestado por el a quo, el
recurso de apelación sí procede contra algunas providencias que resuelven
excepciones previas, esto se extrae de una lectura armónica de los artículos 12 del

declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea
superior funcional común a ambos, al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.
18
ARTÍCULO 243A. PROVIDENCIAS NO SUSCEPTIBLES DE RECURSOS ORDINARIOS. No son
susceptibles de recursos ordinarios las siguientes providencias:

[…]

5. Las que resuelvan los conflictos de competencia.
9
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Demandado: Juzgado 60 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00130-01

Decreto 806 de 202019 y 1. ° de la Ley 2213 de 202220, de las cuales se extrae que
contra la decisión a las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción,
conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva procede la
alzada21.

Esto, además es concordante con lo contenido en el parágrafo 2 del artículo 175 de la
Ley 1437 de 2011, que establece que esas mismas excepciones deben declararse
fundadas a través de sentencia anticipada, contra la cual es evidente que puede
interponerse recurso de apelación. Por lo tanto, se resalta que sí hay casos en que el
proveído que resuelve sobre las excepciones previas es pasible de una segunda
instancia.

Partiendo de lo anterior, teniendo en cuenta que la excepción falta de jurisdicción o
competencia no está entre las que son pasibles del recurso de apelación, entonces la
reposición se erige como el mecanismo idóneo para discutir las falencias procesales
que acusa la parte demandante.

Siendo así, ya que en el recurso presentado contra el auto de 23 de noviembre de
2023 la parte actora no cuestionó el procedimiento dado al trámite de las excepciones,

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«ARTÍCULO 12. Resolución de excepciones en la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. De las excepciones presentadas se correrá traslado por el término de tres (3) días en
la forma regulada en el artículo 110 del Código General del Proceso, o el que lo sustituya. En este
término, la parte demandante podrá pronunciarse sobre ellas y, si fuere el caso, subsanar los defectos
anotados en las excepciones previas.

Las excepciones previas se formularán y decidirán según lo regulado en los articules 100, 101 y 102 del
Código General del Proceso. Cuando se requiera la práctica de pruebas a que se refiere el inciso
segundo del artículo 101 del citado código, el juzgador las decretará en el auto que cita a la audiencia
inicial, y en el curso de esta las practicará. Allí mismo, resolverá las excepciones previas que requirieron
pruebas y estén pendientes de decisión.

Las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en
la causa y prescripción extintiva, se tramitarán y decidirán en los términos señalados
anteriormente.

La providencia que resuelva las excepciones mencionadas deberá ser adoptada en primera
instancia por el juez, subsección, sección o sala de conocimiento. Contra esta decisión procederá el
recurso apelación, el cual será resuelto por la subsección, sección o sala del tribunal o Consejo de
Estado. Cuando esta decisión se profiera en única instancia por los tribunales y Consejo de Estado se
decidirá por el magistrado ponente y será suplicable». (Resaltado fuera de texto)

20
«ARTÍCULO 1o. OBJETO. Esta ley tiene por objeto adoptar como legislación permanente las
normas contenidas en el Decreto ley 806 de 2020 con el fin de implementar el uso de las tecnologías
de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales y agilizar el trámite de los procesos
judiciales ante la jurisdicción ordinaria en las especialidades civil, laboral, familia, jurisdicción de lo
contencioso administrativo, jurisdicción constitucional y disciplinaria, así como las actuaciones de las
autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales y en los procesos arbitrales».
(Resaltado fuera de texto)

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Para el efecto, ver sentencia de 18 de marzo de 2021 proferida por esta Sección con ponencia del
magistrado Luis Alberto Álvarez Parra en el expediente 54001-23-33-000-2020-00505-01, donde se
explicó que: «Conforme a lo anterior, la Sala reitera que, a pesar de no encontrarse enlistado en el
artículo 243 del CPACA -norma general-, modificado por la ley 2080 de 2021, el auto que decide sobre
las excepciones (previas o mixtas) es apelable o suplicable, según el caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 180.6 del CPACA -norma especial-, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 12 del
Decreto Legislativo 806 de 2020».

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Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Juzgado 60 Administrativo del Circuito
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esto por cuanto centró su desacuerdo en que la fuente del daño cuya reparación
pretendía no era el acto administrativo que aceptó la renuncia, sino el presunto acoso
laboral que sufrió mientras estuvo vinculada a la Procuraduría, es decir, se enfocó en
explicar los motivos por los que consideró que la competencia para conocer del
proceso era el Juzgado accionado.

En ese sentido, ya que los argumentos dirigidos contra el auto de 23 de noviembre de
2023, en esta solicitud de amparo, no fueron incluidos en el recurso de reposición, no
es posible tener por agotados todos los medios de defensa previo a acudir a la vía
constitucional.

Adicionalmente, en el escrito inicial de este mecanismo constitucional la actora
también adujo que la autoridad accionada omitió agotar una etapa probatoria para
decidir las excepciones previas planteadas por la Procuraduría General de la Nación.
Sobre el particular, se recuerda que, de ser así, la accionante contaba con la
posibilidad de plantear la nulidad que contempla el numeral 5 del artículo 133 de la Ley
1564 de 2012, la cual procede cuando «se omiten las oportunidades para solicitar,
decretar o practicar pruebas».

En consecuencia, respecto de dicha providencia y por los cargos endilgados, la Sala
declarará improcedente la acción de tutela por no acreditar el requisito de la
subsidiariedad.

En ese orden de ideas, ya que no se superó el juicio de procedibilidad contra los autos
atacados, se confirmará la sentencia de 11 de marzo de 2024 que declaró la
improcedencia del mecanismo constitucional, pero por las razones expuestas en esta
decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de marzo de 2024, por medio de la cual
la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
declaró improcedente la acción de tutela, pero por los motivos aquí expuestos.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

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Demandante: Lourdes María Díaz Monsalvo
Demandado: Juzgado 60 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-41-000-2024-00130-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

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