Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00146-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00146-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2024-00146-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
23 de mayo de 2024
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00146-01
Accionante: Conjunto Residencial Reserva Campestre PH
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00146-01
Accionante: Conjunto Residencial Reserva Campestre PH
Accionados: Alcaldía Local de Suba y otros
Tema: Es improcedente la acción de tutela que se interpone para
proteger derechos colectivos sino se acredita la conexidad
con derechos fundamentales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide las impugnaciones presentadas por la parte accionante y el
Juez Catorce (14) Administrativo de Bogotá en contra de la sentencia de
tutela de 7 de marzo de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que amparó los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia.
I. LA SOLICITUD
El 27 de febrero de 2024, el Conjunto Residencial Reserva Campestre PH, a
través de su representante legal, promovió acción de tutela en contra de la
Alcaldía Local de Suba, la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía de
Bogotá y el Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bogotá, para lo cual
formuló las siguientes pretensiones:
«[…] 1. Tutela de Derechos Fundamentales:
• Se tutelen de manera inmediata los siguientes derechos
fundamentales:
• Derecho al debido proceso y acceso a la justicia.
• Derecho a la igualdad ante la ley.
• Derecho a un ambiente sano.
• Derecho a la vida digna y seguridad personal.
• Derecho a la protección del medio ambiente y derechos de la
comunidad a un ambiente sano.
2. Órdenes a la Alcaldía Local de Suba:
Presentar a la comunidad un plan ambiental que garantice la protección
del medio ambiente y los derechos de la comunidad a un ambiente sano.
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Presentar un plan de reubicación de flora y fauna sobre árboles, setos y
relacionados que sean intervenidos por ellos, considerando que el sector
en cuestión es una reserva natural.
Presentar un plan de seguridad y medidas de prevención contra la
delincuencia en el sector, antes de ejecutar cualquier medida que afecte
a la comunidad.
Actúe en consecuencia del Decreto 555 de 2021 y respete las zonas de
protección medioambiental con sus respectivas medidas de mitigación
informadas a la comunidad.
3. Órdenes al Juzgado 014 Administrativo de Bogotá:
Establecer un plazo perentorio de 24 horas para generar el
archivo/auto/sentencia inmediato del proceso aquí referido.
4. Respuesta de la Secretaría de Gobierno:
Establecer un plazo perentorio de 24 horas para que la Secretaría de
Gobierno se pronuncie al respecto del presente caso y de claridad sobre
el cumplimiento de restitución del espacio público con base al memorial
presentado al Juzgado 14 Admin. Bog. Fechado: 2023-05-06.
5. Vinculación de Entidades Competentes:
Vincular de oficio aquellas entidades competentes en materia, entre ellas
la Personería Local de Bogotá en su rol de ministerio público ante las
afectaciones y situaciones aquí planteadas.
6. Mesa de Concertación Presencial:
Proteger a la comunidad y establecer una mesa de concertación
presencial con todas las entidades citadas, para informar
adecuadamente del presente caso, incluyendo el proceso de archivo, la
orden de cumplimiento de la Secretaría de Gobierno y los planes de
protección y resguardo de la Alcaldía Local y aclaración sobre el manejo
medio ambiental por afectación a la reserva natural aquí afectada.
7. Citación a la Secretaría Ambiental:
Citar, llamar y solicitar que la Secretaría Ambiental informe a la
comunidad sobre esta situación y el caso aquí expuesto y de claridad
sobre los planes de mitigación por deforestación a una reserva natural y
planes de protección de flora y fauna en el sector por la remoción de
arbolado que se encuentra en ella.
8. Vinculación de la Personería de Bogotá:
Sea vinculada la Personería de Bogotá, en ejercicio de funciones propias
de ministerio público y ejercicio y control constitucional de la comunidad
que esta en grave peligro y ve sus derechos fundamentales violentados,
quienes no cuentan con otro mecanismo de defensa ante una inminente
afectación tanto en seguridad, como en derechos fundamentales, como
en materia medio ambiental.
9. Hasta tanto se de claridad a las actuaciones administrativas
por parte del distrito, con sus respectivos planes de mitigación y
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relacionados, se ordene detener toda acción en contra de la
copropiedad y la reserva natural, en pro de la protección del
derecho fundamental al medio ambiente sano y derechos propios
a la comunidad […]». (Negrillas propias del texto).
II. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte accionante manifestó que, el día 10 de mayo de 2011, el Juzgado
Catorce (14) Administrativo de Bogotá admitió la acción popular presentada
por Gleison Pineda Castro en contra de la Secretaría de Gobierno – Alcaldía
Local de Suba bajo radicado nro. 11001-33-31-014-2010-00537-00, con la
finalidad de restablecer el espacio público presuntamente infringido por los
propietarios del predio con matrícula inmobiliaria nro. 50N-20358358.
Afirmó que el juzgado mediante sentencia de 14 de noviembre de 2017 negó
las pretensiones de la acción popular; no obstante, realizó un exhorto a las
autoridades distritales. Específicamente, en el resuelve se señaló:
«PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda incoada por el señor
Gleison Pineda Castro contra el Distrito Capital de Bogotá y otros, por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Departamento Administrativo del Espacio
Público y/o Alcaldía Local de Suba que inicien el procedimiento
administrativo correspondiente, a efectos de obtener la restitución del
espacio público presuntamente infringido por los propietarios del predio
de matrícula inmobiliaria 50N-20358538, conforme se indicó en la parte
motiva de este proveído. De las actuaciones y conclusiones del
procedimiento administrativo se informará a este despacho.
TERCERO: EXHORTAR a las autoridades del Distrito Capital, a que se dé
solución definitiva a la adquisición de predios, incluido el inmueble de
matrícula inmobiliaria 50N-20358358, para la ejecución de obras para la
construcción, ampliación o mejoramiento de la Avenida las Villas desde
la intersección con la calle 151 (antigua diagonal 146), puesto que la
calle paralela a la Carrera 58 que permite el tránsito de peatones y
vehículos de los vecinos del sector e ingreso al Conjunto Residencial
Reserva de la Colina Torre 1 y Casas Reserva de la Colina, no solo mejora
la movilidad de esa zona sino que aquella vía tiene 2 Expediente 11001-
33-31-014-2010-00537-03 Actor: Gleison Pineda Castro Protección de
derechos e intereses colectivos connotación de interés general».
Manifestó que, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de septiembre
de 2022, revocó el exhorto, argumentando que el Instituto de Desarrollo
Urbano era la entidad competente para la ejecución de obras públicas de
desarrollo urbanístico y que dicha entidad no había sido vinculada al
proceso.
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Sostuvo que, el 23 de febrero de 2023, en cumplimiento del ordinal segundo
de la sentencia de acción popular se realizaron trabajos de remoción de una
reja perimetral y apertura del espacio público.
Puntualizó que, el 5 de junio de 2023, la Secretaría de Gobierno allegó un
informe de cumplimiento al Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bogotá
en el que manifestó «teniendo en cuenta que se restituyó el espacio
público del predio de matrícula inmobiliaria 50N-20358538, solicito
de manera respetuosa y atenta, se decrete el cumplimiento del
mandato judicial y su respectivo archivo, si así lo considera
pertinente su señoría». (Negrillas y subraya de la Sala).
Señaló que, el 13 de febrero de 2024, se recibió comunicación por parte de
la Alcaldía Local de Suba referente a la ejecución del contrato CPS 898-
2023, cuyo objeto es «ejecutar acciones de recuperación de espacio público
mediante el manejo silvicultural de los setos ubicados en la localidad de
Suba», en cumplimiento de la acción popular, lo que había sido informado
al Juzgado, de acuerdo con el oficio nro. 2023-611-010393.
Afirmó que en el presente asunto se podía identificar una potencial violación
de los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al
debido proceso y a la igualdad. Respecto de la posible vulneración del
derecho al acceso a la justicia, manifestó lo siguiente:
«1. Desconocimiento por parte de la Alcaldía Local de Suba: La
Alcaldía, al ignorar la orden de archivo del proceso emitida por la
Secretaría de Gobierno, obstaculiza el acceso a la justicia al impedir que
se ponga fin al proceso judicial y se evite así una prolongación
innecesaria del mismo.
2. Inacción del Juzgado 014 Administrativo de Bogotá: A pesar de
la solicitud de archivo del proceso, el Juzgado no actúa para garantizar
el cierre del caso, lo que está generando una situación de incertidumbre
legal para los involucrados y dificulta el ejercicio pleno de sus derechos.
3. Falta de otro mecanismo de defensa: La falta de respuesta
oportuna por parte de las autoridades judiciales y administrativas deja a
la comunidad en una situación de vulnerabilidad al no contar con un
medio eficaz para resolver la disputa sobre la ejecución del contrato y
garantizar la seguridad y bienestar de los afectados». (Subrayas de la
Sala).
Frente a la trasgresión del derecho al debido proceso indicó:
«1. Inactividad del Juzgado: El juzgado ha mostrado inacción frente
a una solicitud de archivo del proceso realizada por una entidad
gubernamental competente, lo que denota una falta de diligencia y
prontitud en el ejercicio de sus funciones.
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2. Falta de protección de los derechos de la comunidad: La falta
de respuesta del juzgado deja a la comunidad en una situación de
desamparo, pues no se garantiza una tutela efectiva de sus derechos ni
se evita el potencial accionar arbitrario o perjudicial de la Alcaldía Local
de Suba y sus subrogados.
3. Único mecanismo de defensa afectado: La solicitud de archivo del
proceso por parte de la Secretaría de Gobierno representa el único medio
medianamente claro para evitar el accionar de la Alcaldía Local de Suba
y proteger los intereses de la comunidad. La inactividad del juzgado
impide el ejercicio pleno de este mecanismo de defensa, dejando a la
comunidad sin una vía clara para proteger sus derechos e intereses
legítimos». (Subrayas de la Sala).
Adujo, en resumen, que la falta de respuesta por parte el Juzgado a la
solicitud de archivo de la acción popular constituía una clara violación al
debido proceso, en tanto no garantiza una actuación diligente y oportuna
que proteja los derechos de la comunidad y que asegure el ejercicio de sus
medios de defensa frente al accionar de la Alcaldía Local de Suba.
Señaló, por otra parte, la importancia de la protección medioambiental, la
cual resultaba crucial en la presentación de planes de mitigación y
reubicación medio ambiental en el presente caso y que la Alcaldía Local de
Suba no había brindado la información a la comunidad; lo anterior para
señalar que «la falta de un plan de mitigación ambiental ante la remoción
de una cerca viva en una reserva natural planteaba serias repercusiones
medioambientales que podrían afectar el ecosistema y los derechos
fundamentales de la ciudadanía y la copropiedad involucrada».
Explicó los impactos de la remoción de la cerca viva sobre la biodiversidad,
el entorno natural y los derechos fundamentales1.
Precisó, con relación al derecho a la igualdad, que se vulnera como
consecuencia de la omisión por parte de la administración de presentar un
1 «1. Impacto sobre la Biodiversidad:
La remoción de una cerca viva en una reserva natural puede tener efectos devastadores sobre la
biodiversidad local. Estos ecosistemas albergan una gran variedad de especies de flora y fauna,
muchas de las cuales podrían verse afectadas por la pérdida de su hábitat natural. La alteración del
equilibrio ecológico podría conducir a la extinción de especies endémicas y al deterioro de la diversidad
biológica, con consecuencias irreparables para el ecosistema en su conjunto.
2. Degradación del Entorno Natural:
La remoción de la cerca viva y la falta de un plan de mitigación ambiental podrían ocasionar una
degradación significativa del entorno natural de la reserva. La deforestación y la pérdida de cobertura
vegetal podrían provocar la erosión del suelo, la pérdida de fertilidad y la alteración de los ciclos
hidrológicos, lo que a su vez afectaría la calidad del agua y la disponibilidad de recursos hídricos tanto
para la fauna como para las comunidades humanas cercanas.
3. Impacto en los Derechos Fundamentales:
La vulneración del derecho a un ambiente sano, reconocido en la Constitución Política de Colombia,
compromete directamente la calidad de vida y el bienestar de las personas que habitan en las
cercanías de la reserva natural. La contaminación del aire, del suelo y del agua podría generar riesgos
para la salud pública, así como afectar negativamente las actividades económicas y el desarrollo
sostenible de la región».
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plan de mitigación ambiental y un estudio previo a la remoción de la cerca
viva. Alegó que dicha omisión afecta a la comunidad dejándola en una
situación de desventaja y vulnerabilidad en comparación con otros grupos,
al no recibir la misma protección y garantías para sus derechos ambientales
y de bienestar.
Alegó, de igual forma, la posible vulneración de los derechos a la vida digna
y a la seguridad personal, para lo cual señaló que era necesario examinar
las problemáticas de seguridad que afectaban el sector, esto es, hurtos,
actos de vandalismo, pandillas, entre otros; asimismo, las peticiones y
requerimientos frente a las autoridades, para concluir que existía un
aumento del temor y la inseguridad en la vida diaria de los habitantes del
sector, lo que limitaba el disfrute del espacio público y afectaba la calidad
de vida en el zona.
Finalmente, resaltó que la falta de claridad de la administración al definir
con certeza quien llevaría a cabo la restitución del espacio público genera
una situación de indefensión para la comunidad; adicionalmente, se estaría
realizando una restitución sobre una reserva natural, sin presentar un plan
de mitigación ambiental adecuado.
III. TRÁMITE DE LA TUTELA
3.1. Por auto de 28 de febrero de 2024, el despacho sustanciador de la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Alcaldía
Local de Suba, a la Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía de Bogotá
y al Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bogotá, para que rindieran
informe; asimismo, tuvo como terceros interesados a la Personería de
Bogotá y al señor Diego Andrés López Ricaurte2.
A su vez, por auto separado de 28 de febrero de 2024, vinculó a la Dirección
de Control Ambiental – Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre
de la Secretaría de Ambiente y al Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público, para que rindieran informe sobre los hechos
narrados en la acción3.
3.2. La Secretaría Distrital de Ambiente, a través de apoderada judicial,
presentó informe4 en el que solicita declarar improcedente la acción de
tutela, en razón a que lo que se pretende es la protección de derechos
colectivos, para lo cual la actora cuenta con otros mecanismos judiciales,
como es el medio de control de protección a los derechos e intereses
colectivos.
2 Índice nro. 3 del expediente electrónico de primera instancia.
3 Índice nro. 5 del expediente electrónico de primera instancia
4 Índice nro. 9 del expediente electrónico de primera instancia.
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Refirió que dicha entidad no emitía planes de mitigación por deforestación;
que en virtud del Decreto 531 de 2010, la Subdirección de Silvicultura, Flora
y Fauna era la responsable de realizar la evaluación técnica para el
otorgamiento de permisos y autorizaciones sobre el arbolado urbano, así
como el control y seguimiento sobre los conceptos técnicos o actos
administrativos que constituían permisos o autorizaciones en materia
silvicultural en el distrito capital.
Afirmó, en cuanto a lo mencionado sobre la existencia de una reserva
natural, que revisada la información cartográfica que reposaba en la
entidad, no se evidenciaba áreas con esa categoría dentro del perímetro
urbano de Bogotá y que el Decreto 2372 de 2010 no incluía ningún área
protegida al interior de la ciudad.
Señaló que, en cumplimiento del fallo de la acción popular nro. 2010-00537-
03, la Alcaldía Local de Suba mediante radicado de 23 de febrero de 2023
solicitó autorización para la tala de setos ubicados en la calle 147 #56-30.
Manifestó que, a través de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna
Silvestre se realizó una visita de evaluación al sitio de los hechos el 24 de
febrero de 2023, evaluando 4 setos conformados por las especies Eugenia
y Ciprés. Precisó que la Secretaría Distrital de Ambiente mediante oficio
2023EE57017 de 13 de marzo de 2023 concedió permiso a la Alcaldía Local
de Suba para la tala.
Indicó que, el 5 de marzo de 2023, generó el concepto técnico de atención
a emergencias silviculturales 2363, el cual fue comunicado el 18 de marzo
de 2023 a la Alcaldía Local de Suba, lo anterior conforme al Decreto Distrital
531 de 2010 que establece que las alcaldías locales son las entidades
responsables de la tala de cercas vivas y setos en espacio público, en los
procesos de protección, recuperación y conservación del espacio público,
previo permiso otorgado por la autoridad ambiental.
Destacó que en el presente asunto la parte actora no acreditó la
configuración de la vulneración aludida, además de que lo que solicita es la
protección de derechos colectivos, para lo cual cuenta con otros mecanismos
judiciales.
3.3. La Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., a través de la Directora Distrital
de Gestión Judicial, presentó informe5 en el que solicita declarar la
improcedencia del amparo por no haberse vulnerado ningún derecho
fundamental, así como la desvinculación del trámite constitucional.
5 Ibidem, índice 10.
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Expuso que el Distrito Capital se encuentra dando cumplimiento al fallo de
acción popular dictado por el Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bogotá
en el expediente con radicación nro. 2010-00537-00.
Precisó que el ordinal tercero de la sentencia fue apelado y la Subsección B
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió
revocarlo.
Manifestó que, en cumplimiento de las órdenes impartidas, la Alcaldía Local
de Suba adelantó la actuación administrativa nro. 029-2011, por la presunta
ocupación del espacio público, en la que se expidió la Resolución nro. 1059
de 15 de septiembre de 2017, por medio de la cual ordenó́ «la restitución
del espacio público del predio de uso público identificado con el RUPI 2022-
7, ubicado en la Avenida Carrera 147 No. 56a – 30, Carrera 57 No 148-24,
Carrea 57 No 148-16, Calle 148 No 56a-93, calle 148 No 56a – 55, Calle
148 No 56a - 11 (Barrio Reserva de la Colina), ocupado indebidamente por
“(...) LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN SETOS DE 50.50 MT DE
LONGITUD Y CERRAMIENTO EN REJA METÁLICA DE 150 MT DE LONGITUD,
CONSTRUIDOS POR LOS CONJUNTOS DEL BARRIO RESERVA DE LA COLINA
(...)”, consistente en dejar el bien de uso público indebidamente ocupado
libre de toda perturbación mediante el procedimiento establecido en la
Resolución 034 de 2014, a través de la figura de hechos notorios (...)».
Anotó que, en virtud de lo anterior, el día 23 de febrero de 2023, se llevó a
cabo el operativo de recuperación del espacio público por parte de la Alcaldía
Local de Suba, el Departamento Administrativo del Espacio Público, la
Personería Local de Suba, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Policía
Nacional y la Subred Norte, lo cual se puso de presente al Juez Catorce (14)
Administrativo de Bogotá en cumplimiento de lo señalado en el fallo de la
acción popular nro. 2010-00537-00.
Señaló que el 5 de junio de 2023, el Distrito presentó ante el Juzgado
solicitud de archivo, en el entendido que el fallo ya podría darse por cumplido
con las actuaciones realizadas por las entidades distritales involucradas; no
obstante, era potestativo del juez valorar y establecer si se garantizó la
protección de los derechos e intereses colectivos amparados por el
despacho.
Indicó que la presente acción era improcedente, en tanto no cumplía con los
requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Explicó que la acción de tutela no
era el medio adecuado para presentar las reclamaciones aquí indicadas, ya
que, si la parte accionante estima que se le ha ocasionado un daño
antijurídico con las actuaciones administrativas, debe recurrir ante las
instancias administrativas y la jurisdicción competente para solicitar su
protección.
Afirmó que analizar los planteamientos de los demandantes sobre el debido
proceso y otros derechos en el contexto de la acción de tutela sin agotar las
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vías administrativas, implicaría desconocer el carácter extraordinario y
especial de este instrumento.
Finalmente, sostuvo que en el presente asunto no se encuentra demostrada
la existencia e inminencia de un perjuicio irremediable que justifique
conceder el amparo solicitado.
3.4. La Personería de Bogotá, a través de apoderada judicial, presentó
informe6 en el que solicita se declare la inexistencia de vulneración de los
derechos fundamentales del accionante por parte de la Personería de Bogotá
y la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Indicó que la entidad actúa como parte procesal en los procesos
administrativos que tramita la administración local, notificándose de autos
de apertura e interponiendo los recursos, pero no adopta decisiones
administrativas, ni ordena que se efectúen, ya que su labor se circunscribe
a velar porque las actuaciones atiendan a los principios de legalidad y debido
proceso.
3.5. El Juez Catorce (14) Administrativo de Bogotá rindió informe7 en
el cual sostuvo que el hecho que generó la presente acción fue el operativo
de 23 de febrero de 2023, en el que se realizaron trabajos de remoción de
una reja perimetral y apertura del espacio público, en cumplimiento de la
sentencia del 14 de noviembre de 2017 proferida en la acción popular bajo
radicado 2010-00537-00; así como por el procedimiento adelantado por la
Alcaldía Local de Suba, de acuerdo con la orden que le fue impuesta.
Precisó que la única orden en firme en la sentencia de 14 de noviembre de
2017 era la dirigida al Departamento Administrativo de Espacio Público y a
la Alcaldía Local de Suba.
Afirmó que la acción popular se adelantó conforme a los postulados de la
Ley 472 de 1998 y se surtieron todas las etapas procesales, trámite en el
que sólo restaba proferir el auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por
el superior, decisión que se dictó el 29 de febrero de 2024, por lo que no
había trámite posterior.
Manifestó que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital
de Gestión Judicial, el 5 de junio de 2023, allegó al juzgado un informe de
cumplimiento, y que, la parte accionante en el presente proceso, el 19 de
febrero de 2024, radicó una solicitud de archivo, solicitudes que fueron
atendidas en auto de 29 de febrero de 2024.
Adujo que no se configuraba una mora en el trámite de la acción popular,
ya que el expediente tenía más de mil folios, y que estuvo en custodia del
6 Ibidem, índice 11.
7 Ibidem, índice 12.
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca entre los años 2018 y 2022
mientras se surtía la segunda instancia, siendo recibido por el juzgado el 7
de octubre de 2023.
Finalmente, concluyó que no se configuraba vulneración de los derechos
fundamentales, por lo que solicitó denegar el amparo respecto a dicha
autoridad judicial.
3.6. El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio
Público - DADEP, a través de apoderada judicial, rindió informe8 en el cual
manifiesta que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
subsidiariedad e inmediatez por lo que es improcedente. Señaló que las
pretensiones de la parte accionante deben resolverse ante instancias
administrativas y no en sede de tutela.
Indicó que la presente acción no es procedente contra dicha entidad por no
estar demostrados los hechos, acciones u omisiones con los cuales se
vulneraron los derechos fundamentales de la parte. Agregó que de acuerdo
con la Ley 1801 de 2016, las competencias para tratar los pedimentos no
eran del DADEP, por lo que se configuraba la falta de legitimación en la
causa por pasiva.
3.7. La Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Suba, a
través de la directora jurídica de la entidad, presentó informe9 manifestando
que se oponía a la prosperidad de las pretensiones de la acción.
Refirió que, examinados los hechos de la acción, era posible concluir que la
entidad no había vulnerado derecho fundamental alguno, y que, por el
contrario, la Alcaldía Local venía adelantando los trámites administrativos
en pro de materializar la orden impartida a través de la acción popular con
radicación nro. 2010-00537.
Afirmó que la acción no era procedente, al estimar que la parte accionante
contaba con mecanismos de defensa judicial alternos, a través de los cuales
podía ser resuelta la controversia, en razón a que las cuestiones planteadas
en la tutela eran propias del procedimiento administrativo, en ese sentido,
la Alcaldía Local de Suba venía adelantando los trámites administrativos,
contractuales y jurídicos en pro de dar cumplimiento al fallo de la acción
popular.
IV. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia de 7 de marzo de 2024 amparó los
8 Ibidem, índice 13.
9 Ibidem, índice 14.
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derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de
justicia invocados por el Conjunto Residencial Reserva Campestre P.H.
Específicamente, en la parte resolutiva se lee:
«PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia invocados por el CONJUNTO
RESIDENCIAL RESERVA CAMPESTRE P.H, a través de su representante
legal.
SEGUNDO: DEJAR sin efectos el auto fechado de veintinueve (29) de
febrero de dos mil veinticuatro (2024). En consecuencia, ORDENAR al
Juzgado Catorce (14) administrativo de Bogotá que dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a verificar
las actuaciones administrativas que se han adelantado por las
autoridades obligadas al cumplimiento del numeral segundo de la
sentencia del 14 de noviembre de 2017 confirmada el ocho (8) de
septiembre de dos mil veintidós (2022)19 y de ser el caso -en el mismo
término- proceda a conformar un comité para la verificación del
cumplimiento de la referida decisión, al tenor de lo previsto en el artículo
34 de la Ley 472 de 1998, teniendo a su alcance además la posibilidad
de dar apertura al trámite incidental conforme al artículo 41 ibidem. Lo
anterior, con el fin de que emita un pronunciamiento al respecto. El
acatamiento de lo anterior, deberá ponerlo en conocimiento de esta
Corporación.
TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por el
CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA CAMPESTRE P.H, a través de su
administradora y representante legal, para la protección de derechos
colectivos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia».
4.1. Como fundamento de su decisión, realizó un recuento de las
actuaciones administrativas efectuadas con posterioridad a la sentencia de
primera instancia dictada en la acción popular, para luego referirse a la mora
judicial.
En este punto, señaló que el Juzgado 14 Administrativo de Bogotá dictó la
providencia de 29 de febrero de 2024 obedeciendo y cumpliendo lo resuelto
en la sentencia de segunda instancia de 8 de septiembre de 2022 dictada
por la Subsección B Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y además dispuso el archivo del expediente; actuación que
realizó 4 meses después de que recibió el expediente por parte del Tribunal,
por lo que se presentó un retardo en darle impulso a la acción popular.
Manifestó que, si bien en la contestación de la autoridad judicial se indica
que en la acción popular solo restaba emitir el auto de obedecer y cumplir
lo resuelto por el superior, actuación que se surtió el día 29 de febrero de
2024, lo que se traducía en que no había trámite posterior; lo cierto es que
la Alcaldía Local de Suba, la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, la
Secretaría de Gobierno y la Personería de Bogotá en sus contestaciones
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concordaban en manifestar que se había dado un cumplimiento parcial de
lo resuelto por el juzgado en la acción popular.
Señaló que, aunque la alcaldía local, el 23 de febrero de 2023, llevó a cabo
la diligencia de restitución parcial del espacio público indebidamente
ocupado, quedó pendiente el retiro de la cerca viva, toda vez que, para el
retiro de dichas especies, se requería concepto y permiso de la Secretaría
Distrital de Ambiente, lo cual a la fecha no se ha realizado.
Expuso que se encontraba acreditado que la Alcaldía Local de Suba mediante
radicado SDA 2023ER40050 del 23 de febrero de 2023 solicitó a la
Secretaría Distrital de Ambiente la autorización para tala de setos en
cumplimiento al fallo de la acción popular 2010-00537-00, en dónde se
requiere el retiro de unos setos localizados en la Calle 147 # 56 – 30 y, que
esa autoridad previo a una visita de evaluación de una profesional forestal
adscrita a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre mediante
radicado 2023EE57017 de 13 de marzo de 2023, concedió el permiso
silvicultural de tala al encontrar que los individuos arbóreos presentaban
inadecuadas condiciones físicas, fitosanitarias y de emplazamiento.
Afirmó que, por lo anterior, resulta incoherente que el Juzgado Catorce (14)
Administrativo alegue en su respuesta que existe un cumplimiento del fallo,
cuando su única actuación con posterioridad a la sentencia de segunda
instancia y consecuente remisión del expediente era el auto de 29 de febrero
de 2024 archivando el proceso.
Señaló que el juzgado desconoce las actuaciones que se han adelantado
desde el 2023 para acreditar el cumplimiento total de su orden y del
Contrato ALS No. 898- 2023, el cual tiene por objeto: ejecutar las acciones
de recuperación de espacio público mediante el manejo silvicultural de los
setos ubicados en la localidad de suba.
Puntualizó que el juzgado desconoce el artículo 5º de la Ley 472 de 1998
que prevé que, promovida la acción, es obligación del juez impulsarla
oficiosamente.
Adujo que al haberse dado una orden de hacer al Departamento
Administrativo del Espacio Público y a la Alcaldía Local de Suba dentro de la
acción popular nro. 2010-00537-00, no podía la autoridad judicial accionada
sustraerse de la obligación legal que le asistía de determinar si se había
cumplido en su totalidad, máxime cuando a la fecha se venían desplegando
una serie de actuaciones administrativas con el fin de su cabal acatamiento.
Indicó que no es responsable que se proceda después de 4 meses al archivo
de la actuación, cuando se continúan adelantando trámites por las
involucradas en aras de un cumplimiento total, siendo necesario que en su
calidad de juez natural de la causa conozca de las mismas y luego de un
análisis juicioso y cuidadoso adopte las medidas necesarias para la ejecución
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de la sentencia en caso de evidenciar que persiste un cumplimiento parcial
como lo informan las implicadas.
Resaltó que conforme a la Ley 472 de 1998, es posible conformar un comité
para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participan
además del juez, las partes, las entidades públicas encargadas de velar por
el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo. Empero, la autoridad
judicial tampoco recurrió a dicha opción, pese a que persistían actuaciones
administrativas con fundamento en la sentencia popular.
Aclaró que, si bien el interés de la parte actora era el archivo de la acción
popular, era improcedente tal proceder en ese momento, toda vez que era
deber del juez popular de primera instancia, verificar el cumplimiento de la
orden que profirió, máxime cuando se aprecian recientes actuaciones en pro
de dicho fin, siendo absolutamente necesaria su intervención en las acciones
que se adelantan al ser el juez natural de la causa.
Precisó que, aunque no avizora una vulneración de los derechos al debido
proceso y acceso a la administración de justicia en los términos planteados
en el libelo, esto es, ante la tardanza de archivar la acción popular, si se
advierte que estas garantías se transgreden con el archivo del expediente -
como lo dispuso el juez de instancia- cuando se encuentra probado que la
sentencia de la acción popular aún no se ha cumplido en su totalidad.
Puntualizó que no comparte los argumentos expuestos en el escrito de tutela
que tienen que ver con que la Secretaría Jurídica Distrital en tiempo pretérito
había solicitado al juzgado el archivo del proceso, pues, lo cierto es que se
procedió al archivo sin verificar el cumplimiento de las órdenes o sin siquiera
hacer un pronunciamiento al respecto.
Por todo lo anterior, decidió acceder al amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de
la parte actora, no de la manera en que se pidió en la demanda de tutela,
sino en el sentido de garantizar dichas prerrogativas a los involucrados
dentro de la acción popular nro. 2010-00537-00. Para tal efecto, dejó sin
efectos el auto de 29 de febrero de 2024 y ordenó que en cumplimiento del
artículo 34 de la Ley 472 de 1998, verificar las actuaciones administrativas
que se han adelantado en pro de dar cumplimiento al numeral segundo de
la sentencia del 14 de noviembre de 2017, confirmada el 8 de septiembre
de 2022 y, de ser el caso, proceder a conformar un comité para la
verificación del cumplimiento de la sentencia y eventualmente determinar si
se incurrió en desacato por parte de las obligadas a acatar la orden.
4.2. De otro lado, respecto de la vulneración de los derechos a un ambiente
sano y al medio ambiente causado por las demás autoridades accionadas,
afirmó que la accionante no aporta elementos de juicio que demuestren la
existencia de pruebas que lleven al convencimiento del tribunal de que la
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situación implica una amenaza real de los derechos fundamentales de los
propietarios del conjunto accionante, y que, por tanto, justifique el
desplazamiento de la acción popular que se adelanta en el asunto.
Argumentó que lo pretendido en la acción de tutela era intervenir en el
desarrollo de la acción popular, ya que solicita además de su archivo, que
se den unas precisas órdenes a todas las entidades accionadas; sin
embargo, lo que se pretende no hace parte de la competencia del juez
constitucional de tutela, toda vez que es dentro del trámite de la acción
popular y, específicamente, al momento de verificar el cumplimiento del fallo
por parte de la autoridad judicial competente, que se debe analizar, si es el
del caso, la procedencia de acceder a lo pretendido por el conjunto
accionante, pues le corresponderá a dicha autoridad definir si al momento
de darse el cumplimiento total de la orden cuando se proceda con la
remoción de la cerca viva, se afecta la fauna y flora del lugar, y con ello el
derecho a un medio ambiente de los vecinos y residentes.
V. LA IMPUGNACIÓN
5.1. Impugnación del Juez Catorce (14) Administrativo de Bogotá
Inconforme con la decisión adoptada, el titular del Juzgado Catorce (14)
Administrativo de Bogotá impugnó el fallo de primera instancia10, con el fin
de que se revoque y, en su lugar, se niegue el amparo por configurarse un
hecho superado, con fundamento en los siguientes argumentos:
Indicó que la única pretensión de los accionantes dentro de la acción de
tutela respecto del juzgado era que se dictara un auto de archivo dentro de
la acción popular nro. 2010-00537.
Adujo que la sentencia de tutela recurrida planteó el siguiente problema
jurídico «determinar si ¿El Juzgado Catorce (14) Administrativo del Circuito
de Bogotá vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia del Conjunto Residencial Reserva Campestre
por haber incurrido presuntamente en mora judicial en el trámite del medio
de control protección de derechos e intereses colectivos, radicado
No.11001-33-31-014-2010- 00537-00?», lo cual constituyó una imprecisión
al excluir el análisis de las pretensiones respecto de las demás entidades
demandadas, las cuales representaban la parte de mayor relevancia en el
asunto planteado.
Afirmó que las órdenes impuestas por el tribunal no resultaban acordes a
las pretensiones incoadas por la parte accionante e inclusive se extralimitan
al modificar una providencia expedida por el juzgado, lo cual no era el objeto
de debate de la acción de tutela.
10 Ibidem, índice 19.
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Precisó que en los hechos de la tutela se hacía alusión a algunas de las
actuaciones dentro de la acción popular con radicación nro. 2010-00537,
proceso en el que se planteó como problema jurídico «establecer si los
organismos públicos accionados, así como los particulares que integraron el
litisconsorcio necesario en el extremo pasivo, deben ser declarados
responsables de la vulneración de los derechos colectivos invocados, pues
la “sala de ventas” o “apartamento modelo identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria 50N-50358538 fue construido sobre zona de cesión
obligatoria o espacio público, y en consecuencia, si hay lugar a ordenar se
tramite el procedimiento administrativo de control urbanístico para que se
restituya el espacio público que contempla la Ley 810 de 2003».
Resaltó que en la sentencia de 14 de noviembre de 2017 dictada dentro de
le acción popular se estimó que no había vulneración de los derechos
colectivos solicitados, debido a que de las pruebas se estableció que no
había invasión al espacio público11, como erróneamente lo planteó el actor
popular. Precisó que, no obstante, de un hallazgo que surgió en la diligencia
de inspección judicial realizada por el Despacho12 y del deber constitucional
de velar por la protección de los derechos colectivos, se puso en
conocimiento de las autoridades pertinentes una irregularidad advertida (el
cerramiento que le hicieron al “apartamento modelo” previsiblemente
invade el espacio público), ordenándoles que iniciaran el procedimiento
administrativo de restitución del espacio público, siendo las autoridades
administrativas las competentes para llevar a cabo la labor de investigación
y toma de decisiones al respecto, absteniéndose de impartir órdenes
directas en el asunto teniendo en cuenta que dicha situación no fue el objeto
del litigio, ni pudo ser debatido por las partes interesadas, motivo por el cual
tomar decisiones de fondo sería transgresor del debido proceso.
11 “[…] Puestas de este modo las cosas, y como quiera que no se demostró que la “caseta de ventas”
o “apartamento modelo” construido en parte del lote de terreno identificado con la matrícula
inmobiliaria 50N-20358538, cuyos propietarios hacen parte de esta acción como demandados, no fue
construido en parte del andén ni dentro de la zona de protección ambiental, por ende, se negarán las
pretensiones de la demanda, puesto que el denominado “andén” que se angosta en parte de la
construcción de la “casa modelo”, es parte del lote de terreno llamado “Zona de Cesión Vial”, junto
con la calle que da acceso al Conjunto Residencial Reserva de la Colina, es decir, estamos es presencia
de un predio de propiedad privada que no es espacio público ni área de afectación vial […]”.
12 Aduce el Juzgado que «en la inspección judicial efectuada el 25 de agosto de 2016, se logró
establecer que entre el muro que separa el Conjunto Reserva de la Colina con el cerramiento que
circunda la construcción “caseta de ventas” o “apartamento modelo” presuntamente no se respetó la
distancia de 10 metros de ancho de control ambiental, cedido como espacio público conforme al
ordenamiento legal, sin embargo al hacer algunas mediciones se pudo determinar que hay parte de
ese control ambiental que no mide los 10 metros, es decir, se observa que en algunas partes la
invasión llega a los 6.6 y 7.5 metros, esto es, el cerramiento que le hicieron al “apartamento modelo”
previsiblemente invade el espacio público pero como ese puntual aspecto no fue objeto de debate
judicial en la presente acción popular y en aras de garantizar el ejercicio del derecho de defensa del
posible infractor, se ordenará al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
y/o Alcaldía Local de Suba que inicien la actuación administrativa tendiente a obtener la restitución
del espacio público a que se hizo alusión en la audiencia de inspección judicial que tiene que ver con
el control ambiental de los 10 metros desde el muro del Conjunto Residencial Reserva de la Colina,
incluso debe comprender dicho procedimiento administrativo, el análisis del cerramiento en lata que
da a la zona verde contigua a aquel conjunto residencial».
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Expresó que la sentencia de primera instancia fue confirmada parcialmente
por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 8 de febrero de 2022, en tanto se
revocó el ordinal tercero de la misma.
Puntualizó que el accionante indujo a error al a quo, pues los supuestos de
hecho de la acción de tutela son ulteriores y ajenos al objeto de debate que
se surtió en sede judicial durante el proceso de acción popular.
Señaló que el fallo de tutela impugnado aplica el artículo 34 de la Ley 472
de 1998, que prevé que «[L]a sentencia que acoja las pretensiones del
demandante de una acción popular», evento en el cual el juez debe exigir
la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado
anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere
físicamente posible.
Sin embargo, al examinar la parte resolutiva de la sentencia de la acción
popular del 14 de noviembre de 2017, se tenía que la misma carece de los
elementos señalados en el referido artículo, lo que impide dar cumplimiento
a la orden de tutela que profirió el tribunal. Pues, de un lado, el fallo de la
acción popular desestimó y negó las pretensiones de la demanda,
descartando de plano la hipótesis del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, y
de otro, la orden se circunscribió a un aspecto accesorio que fue detectado
en el transcurso de una inspección judicial y que no se constituyó por ende
en parte de los hechos que fueron objeto de debate y, de ahí que, a efectos
de garantizar el debido proceso de los presuntos responsables, la única
orden que quedó en la parte resolutiva consistió en que el Departamento
Administrativo del Especio Público y/o la Alcaldía Local de Suba «inicien el
procedimiento administrativo correspondiente, a efectos de obtener la
restitución del espacio público presuntamente infringido por los propietarios
del predio de matrícula inmobiliaria 50N-20358538».
Afirmó que, bien sea por falta de técnica en la forma como se redactó la
parte resolutiva al haberse proferido una orden, no obstante negarse las
pretensiones de la demanda, lo cierto es que de la lectura en conjunto del
fallo, se establece que tal aspecto escapa de los hechos y pretensiones de
la demanda de acción popular y, por lo mismo, acudir a las disposiciones del
artículo 34 de la Ley 472 de 1998 para surtir trámites posteriores relativos
a la ejecución de la sentencia, sin haberlo así solicitado ninguna de las partes
interesadas y sin contener la sentencia los respectivos parámetros de
verificación para el cumplimiento, desborda por mucho el objeto tanto de la
acción popular como de la acción de tutela que promovió la representante
legal del Conjunto Residencial Reserva Campestre P.H., llegando a
desquiciar por completo el alcance de la orden dada y el propósito para el
cual se interpuso la tutela.
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Sostuvo que la accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales
de derecho al acceso a la justicia, el debido proceso e igualdad ante la ley,
y que, en consecuencia, se ordenara al juzgado «3. Órdenes al Juzgado 014
Administrativo de Bogotá: Establecer un plazo perentorio de 24 horas para
generar el archivo/auto/sentencia inmediata del proceso aquí referido»;
aspecto frente al cual se pronunció este Despacho en auto del 29 de febrero
de 2024.
Resaltó que la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
involucra la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de
específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que, si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones
ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Por lo que, insistió en que
las decisiones adoptadas por el Despacho se encontraban ajustadas a
derecho.
Explicó que cuando no hay una configuración de las circunstancias de
procedibilidad de la acción de tutela, el razonamiento de los funcionarios
judiciales no puede controvertirse en el marco de la acción de tutela, habida
cuenta el carácter residual, preferente y sumario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, más aún cuando
en el presente caso lo que existe es una discrepancia de criterio en relación
con los trámites posteriores a una sentencia de acción popular en la que se
negaron las pretensiones de la demanda pero se dieron órdenes sobre un
aspecto accesorio, diferencia que no implica vulneración a los derechos
invocados.
Afirmó que si se admitiera que el juez de tutela verifique la juridicidad de
los trámites, o de los supuestos desaciertos en la interpretación de las
normas jurídicas por los funcionarios de instancia, no sólo se desconocerían
los principios que sostienen la actividad de los jueces administrativos
ordinarios, de independencia y sujeción exclusiva a la ley, previstos en los
artículos 228 y 230 de la Carta Política, sino además los del juez natural y
las formas propias del juicio contenidos en el artículo 29 Superior.
Concluyó que el fallo de tutela recurrido incurre en imprecisiones al no
abordar el problema jurídico correctamente y centrarse únicamente en las
actuaciones de ese Despacho, imponiendo órdenes que se encuentran por
fuera del marco de una acción de tutela, al dejar sin efectos un providencia,
a pesar de que no se trataba de una acción contra providencia judicial y
modificando decisiones ejecutoriadas, proferidas dentro de la acción popular
2010-00537-00, contenidas en la sentencia de primera instancia de 14 de
noviembre de 2017.
Alegó que la solicitud de amparo se refería al operativo llevado a cabo el día
23 de febrero de 2023, donde se realizaron trabajos de remoción de una
reja perimetral y apertura del espacio público de acuerdo con procedimiento
administrativo adelantado por la Alcaldía Local de Suba.
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Manifestó que, en el escrito de tutela se requerían sendas acciones de las
autoridades distritales con miras a estructurar un plan ambiental y la
reubicación de la flora y fauna que resulten afectadas como consecuencia
del procedimiento administrativo de recuperación del espacio público. Vale
decir, aspectos propios del procedimiento administrativo adelantado por la
Alcaldía Local, que como se dijo, son posteriores a la sentencia de la acción
popular y que no pueden ser objeto de verificación en ese mismo contexto
procesal, pues ello implicaría soslayar el derecho de defensa y contradicción
de los involucrados, al tratarse de las resultas de un trámite del cual no se
exigió un resultado, sino su inicio, pues se reitera que, son asuntos que no
se debatieron en el curso del proceso judicial, son ajenos a las pretensiones
de la demanda que se negaron en la sentencia, y por ello carecen de
mecanismos de seguimiento en los términos del artículo 34 de la Ley 742
de 1998.
Resaltó que como tales aspectos escapan del alcance de la orden dada en
la acción popular y se refieren a nuevas solicitudes respecto de las cuales
nada se dijo en dicho fallo, por constituir hechos y pretensiones nuevas,
cuentan con sus propios mecanismos de defensa.
Adujo que, observando las actuaciones, el proceso se adelantó conforme los
postulados de la Ley 472 de 1998 y ya surtió todas las etapas procesales.
Es importante resaltar que en ese proceso solo restaba emitir el auto de
obedecer y cumplir lo resuelto por el superior, actuación que se surtió el día
29 de febrero de 2024, lo que se traduce que en este caso en específico no
hay trámite posterior legalmente establecido.
Finalmente, señaló que la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría
Distrital de Gestión Judicial, allegó a través de correo electrónico de 5 de
junio de 2023 un informe de cumplimiento y solicitud de archivo, y que,
posteriormente, la ahora accionante, el 19 de febrero de 2024, radicó por
correo electrónico solicitud de archivo, peticiones que fueron atendidas en
un término razonable en el auto de 29 de febrero de 2024, sin que existieran
más actuaciones pendientes.
5.2. Impugnación Conjunto Residencial Reserva Campestre PH y el
coadyuvante Diego Andrés López Ricaurte
La parte accionante y su coadyuvante presentaron impugnación13 en contra
de la sentencia de primera instancia, aduciendo para el efecto lo siguiente:
Iniciaron por pronunciarse respecto de las respuestas allegadas por las
autoridades vinculadas al trámite constitucional, en ese sentido, indicaron
respecto del informe presentado por el juzgado que, la solicitud de archivo
13 Ibidem, índice 22.
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del expediente se sustenta en la necesidad de respetar los plazos legales
establecidos, así como el principio de seguridad jurídica.
Expusieron que la decisión de desestimar la orden de archivo del proceso
por parte del juez de tutela vulnera los derechos fundamentales de las
partes involucradas y afecta la legitimidad del sistema judicial.
Aducen que, en este caso, la solicitud de archivo del proceso se realizó una
vez vencido el plazo legal establecido para las autoridades, lo cual generó
una legítima expectativa por parte de los administrados de que el proceso
había concluido.
Explicaron que la legítima expectativa se circunscribe a que los
administrados confiaban en que el proceso había concluido una vez vencido
el plazo legal establecido para las autoridades. Por lo que la actuación del
tribunal de primera instancia al desestimar la solicitud de archivo del
proceso sin considerar esta legítima expectativa vulnera el derecho a un
proceso judicial justo y transparente, así como el principio de seguridad
jurídica. Por tanto, es necesario que se respete y se proteja esta legítima
expectativa en aras de garantizar la confianza y la estabilidad en el sistema
judicial.
Manifestaron, respecto del informe rendido por el Departamento
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, que la solicitud de
amparo no pretendía cuestionar el cumplimiento de las órdenes impartidas
por el fallador en el proceso de acción popular.
Señalaron que la parte actora reconoce que dichas órdenes fueron
cumplidas por las entidades de manera oportuna y diligente, «Sin embargo,
la solicitud de revisión del proceso y la impugnación del fallo de archivo se
fundamentan en aspectos más amplios relacionados con el respeto a los
plazos legales, el debido proceso y la seguridad jurídica».
Reiteraron que «la solicitud de archivo del proceso se realizó una vez
vencido el plazo legal establecido para las autoridades, en el entendido de
que no se recibirían más requerimientos ni actuaciones relacionadas con el
caso. Esta circunstancia generó una legítima expectativa por parte de los
administrados de que el proceso había concluido, expectativa que fue
desconocida al desestimar la solicitud de archivo sin considerar estas
circunstancias».
Precisaron, frente al informe de la Secretaría Jurídica Distrital, que se hacía
referencia a la orden judicial proferida por el Juzgado Catorce (14)
Administrativo de Bogotá, que habría requerido a las entidades distritales
continuar protegiendo los derechos e intereses colectivos señalados en el
fallo de la acción popular 2010-00537-00, específicamente, relacionados con
la restitución del espacio público presuntamente infringido por los
propietarios del predio de matrícula inmobiliaria 50N-20358538.
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Sin embargo, precisó que «la matrícula inmobiliaria mencionada no
corresponde a la copropiedad de Reserva Campestre, lo que sugiere
que se están abordando dos asuntos distintos. Además, se hace
referencia a la Resolución No. 059 del 15 de septiembre de 2017, que
aparentemente busca relacionar ambos temas, pero carece de sentido dado
que son asuntos independientes y que sobre la misma, de igual manera se
contaba con un término legal como se explicó ya en la acción de tutela
interpuesta, sin embargo nada se hace referencia al respecto».
Afirmó que era fundamental que «se aclaren estos aspectos para garantizar
una adecuada protección de los derechos e intereses colectivos involucrados
y para evitar confusiones o malentendidos que puedan afectar la
legitimidad del proceso judicial como está sucediendo en este
momento donde los administrados contamos con varias
resoluciones judiciales contraviniendo nuestra confianza legítima y
expectativa sobre los ya fallado».
Reiteraron, con relación a la manifestación de la Secretaría Distrital de
Ambiente, que la solicitud de revisión del proceso y la impugnación del fallo
de primera instancia se basan en la necesidad de respetar los plazos legales
establecidos y el principio de seguridad jurídica.
Indicaron, respecto del informe rendido por la Alcaldía Local de Suba, que
si bien se puso de presente que se proyectaba elaborar un Plan de Manejo,
el cual se presentaría a la comunidad antes de cualquier intervención, como
parte de las actividades del Contrato ALS No. 898-2023, hasta la fecha,
desconocían la existencia de dicho plan. Agregan que la falta de
comunicación y transparencia con relación al Plan de Manejo y las
actividades del Contrato ALS No. 898-2023 constituía una seria
preocupación en términos de seguridad jurídica y respeto al debido proceso.
Señalaron, respecto de la mora judicial, que al juzgado únicamente le
quedaba por dictar el auto de obedecer y cumplir lo dispuesto por el
superior, lo cual se materializó el día 29 de febrero de 2024, acción que
sugiere que no había trámites legales pendientes establecidos
posteriormente, lo que refuerza la idea de que no debería haber existido una
demora injustificada en este caso.
Alegaron que las verificaciones adicionales y cualquier otro procedimiento
no deberían afectar a los administrados, quienes actuaron de buena fe y
conforme a los principios legales. Indican que no se puede desconocer este
derecho, revocando una decisión y volviéndola a someter a consideración,
especialmente, cuando existen múltiples documentos que la respaldan.
Resaltaron que cuando se solicitó el archivo, ninguna entidad presentó
objeciones, lo que hace inconsistente argumentar que dicha actuación afecte
los intereses colectivos de una comunidad.
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Refieren, respecto del medio ambiente sano, que la propuesta de tala de
setos y árboles en una zona de especial protección ambiental plantea serias
preocupaciones en términos de conservación y biodiversidad. Precisan que
la remoción indiscriminada de estos elementos sin la implementación de
medidas adecuadas de mitigación podría tener consecuencias irreversibles
para el ecosistema local, incluyendo la pérdida de hábitats para especies
protegidas y el desequilibrio ecológico del área. Anotan que las autoridades
competentes deben considerar detenidamente las implicaciones
ambientales antes de tomar cualquier decisión que afecte la integridad de
las áreas protegidas.
Resaltan que la intervención de la Secretaría Distrital de Ambiente omitió la
acción de tutela presentada y la intervención del señor Diego López, así
como los materiales probatorios que demuestran una clara vulneración
previa y una afectación actual en materia de seguridad en el área en
cuestión. Estiman que la falta de análisis de estos elementos podría implicar
una violación al derecho fundamental al medio ambiente sano, así como al
principio de seguridad jurídica. Precisan que es necesario que las
autoridades competentes revisen detenidamente todos los elementos
probatorios disponibles y consideren adecuadamente las implicaciones
ambientales y de seguridad antes de tomar cualquier decisión que afecte la
integridad de las áreas protegidas, ya que el respeto por el derecho al medio
ambiente sano es fundamental para garantizar el bienestar de las actuales
y futuras generaciones.
Señalan que el tribunal no abordó ni se pronunció sobre los derechos
fundamentales invocados en la solicitud de amparo, esto es, derecho a la
igualdad, ambiente sano, vida digna, seguridad personal, protección del
medio ambiente y derechos de la comunidad a un ambiente sano.
Manifiestan que sobre la orden judicial que hace referencia específica a la
restitución del espacio público presuntamente infringido por los propietarios
del predio asociado a la matrícula inmobiliaria 50N-20358538, que dicha
matrícula no corresponde a la copropiedad de Reserva Campestre, por lo
que plantean interrogantes sobre la relevancia de esta orden en el contexto
del caso y sugiere una desconexión entre la medida judicial y la situación
específica de la copropiedad accionante.
Afirman respecto del archivo del proceso que generalmente ocurre cuando
se han agotado todas las etapas, se han cumplido las órdenes judiciales y
no hay asuntos pendientes que requieran atención adicional por parte del
juzgado. En este caso, al haberse cumplido con las acciones requeridas y no
ser necesaria la conformación de un comité de verificación adicional, podría
inferirse que el proceso podría archivarse o cerrarse. Sin embargo, la
determinación final de si el proceso se archiva o no corresponde al juzgado
encargado del caso.
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VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021 y el artículo 25 del
Acuerdo nro. 80 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de las acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es
competente para conocer del presente asunto.
6.2. Hechos relevantes
En el caso concreto, se encuentran acreditados los siguientes:
6.2.1. Respecto del proceso judicial – acción popular
6.2.1.1. El señor Gleison Pineda Castro presentó una acción popular en
contra del Distrito Capital – Secretaría de Gobierno - Alcaldía Local de Suba,
el Conjunto Residencial Reserva de la Colina Etapa III, el Edificio Reserva
de la Colina Etapa II Torre 2, el Edificio Reserva de la Colina Torre 1, Casas
de Reserva de la Colina, Constructora Rodríguez Nueva Era S.A., los señores
José María Lique Luque, Jorge Enrique González Ulloa, Mariana Peñaranda
Zawady, Felipe Victoria González, Manuel Ignacio Luque Domínguez,
Constanza Luque de Luque, María Camila, Manuel Ignacio, Mauricio, Juan
Pablo, Andrés, Francisco, María Constancia Luque Luque y Ernesto
Rodríguez Ballén.
Como hechos de la anterior acción popular se expuso que “[…] en el proceso
de construcción de algunos de los lotes (Urbanización Lote el Pinar),
probablemente se expidió licencia autorizando la construcción temporal de
sala de ventas para la comercialización de los apartamentos
correspondientes al Conjunto Residencial Reserva de la Colina. Como sala
de ventas se construyó un apartamento modelo el cual: debía ubicarse
dentro del paramento de construcción y no en el espacio público y,
adicionalmente, debía demolerse dentro de los 2 años siguientes a la
ejecutoria de la licencia. Ninguna de estas dos cosas se hizo. El apartamento
modelo para sala de ventas fue construido sobre el área de espacio público
y aun hoy permanece allí, desocupado y abandonado […]”.
6.2.1.2. La acción popular correspondió por reparto al Juzgado Catorce (14)
Administrativo de Bogotá, bajo el radicado nro. 11001-33-31-014-2010-
00537-00, trámite que culminó con sentencia de 14 de noviembre de 2017
negando las pretensiones, al considerar lo siguiente:
«no se demostró que la caseta de ventas o apartamento modelo
construido en parte del lote de terreno identificado con la matrícula
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inmobiliaria 50N-20358538, cuyos propietarios hacen parte de esta
acción como demandados, no fue construido en parte del andén ni dentro
de la zona de protección ambiental, por ende, se negarán las
pretensiones de la demanda, puesto que el denominado “andén” que se
angosta en parte de la construcción de la casa modelo, es parte del lote
de terreno llamado “Zona de Cesión Vial”, junto con la calle que da
acceso al Conjunto Residencial Reserva de la Colina, es decir, estamos
en presencia de un predio de propiedad privada que no es espacio público
ni área de afectación vial, a lo sumo, se insiste, zona de reserva vial.
Por último, en la inspección judicial efectuada el 25 de agosto de 2016,
se logró establecer que entre el muro que separa al Conjunto Reserva
de la Colina con el cerramiento que circunda la construcción “caseta de
ventas” o “apartamento modelo” presuntamente no se respeto la
distancia de 10 metros de ancho de control ambiental, cedido como
espacio público conforme al ordenamiento legal, (…) es decir, se observa
que en algunas partes la invasión llega a los 6.6 y 7.5. metros, es es, el
cerramiento que le hicieron al apartamento modelo previsiblemente
invade el espacio público pero como ese puntual aspecto no fue objeto
de debate judicial en la presente acción popular y en aras de garantizar
el ejercicio del derecho de defensa del posible infractor, se ordenará al
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público y/o a
la Alcaldía Local de Suba que inicien la actuación administrativa teniente
a obtener la restitución del espacio público a que se hizo alusión en la
audiencia de inspección judicial que tiene que ver con el control
ambiental de los 10 metros desde el muro del Conjunto Residencial
Reserva de la Colina, incluso debe comprender dicho procedimiento
administrativo, el análisis del cerramiento en lata que da a la zona verde
contigua a aquel conjunto residencial.
Adicionalmente, se exhorta a las autoridades del Distrito Capital, a que
se dé solución definitiva a la adquisición de predios de predios para la
ejecución de obras para la construcción, ampliación o mejoramiento de
la Avenida las Villas desde la intersección con la calle 151 (antigua
diagonal 146), puesto que la calle paralela a la carrera 58 que permite
el tránsito de peatones y vehículos de los vecinos del sector e ingreso al
Conjunto Residencial Reserca de la Colina Etapa III, Edificio Reserva de
la Colina II Torre 2, Edificio Reserva de la Colina Torre 1 y Casa de la
Reserva de la Colina, no solo mejor la movilidad de esa zona sino que
aquella vía tiene connotación de interés general».
La parte resolutiva indicó:
«PRIMERO: DENEGAR las súplicas de la demanda incoada por el señor
Gleison Pineda Castro contra el Distrito Capital de Bogotá y otros, por
las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Departamento Administrativo del Espacio
Público y/o Alcaldía Local de Suba que inicien el procedimiento
administrativo correspondiente, a efectos de obtener la
restitución del espacio público presuntamente infringido por los
propietarios del predio de matrícula inmobiliaria 50N-20358538,
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conforme se indicó en la parte motiva de este proveído. De las
actuaciones y conclusiones del procedimiento administrativo se
informará a este despacho.
TERCERO: EXHORTAR a las autoridades del Distrito Capital, a que se dé
solución definitiva a la adquisición de predios, incluido el inmueble de
matrícula inmobiliaria 50N-20358358, para la ejecución de obras para la
construcción, ampliación o mejoramiento de la Avenida las Villas desde
la intersección con la calle 151 (antigua diagonal 146), puesto que la
calle paralela a la Carrera 58 58 que permite el tránsito de peatones y
vehículos de los vecinos del sector e ingreso al Conjunto Residencial
Reserva de la Colina Torre 1 y Casas Reserva de la Colina, no solo mejora
la movilidad de esa zona sino que aquella vía tiene colectivos connotación
de interés general».
6.2.1.3. La anterior decisión fue apelada por la Secretaría de Gobierno –
Alcaldía Local de Suba, asunto que correspondió a la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativa de Cundinamarca, que,
mediante sentencia de 8 de septiembre de 2022, desató el recurso en el
sentido de:
«1.º) Revocar el numeral 3.° de la sentencia de primera instancia del 14
de noviembre de 2017 proferida por el Juzgado Catorce Administrativo
Oral de Bogotá, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2.º) No se condena en costas procesales en esta instancia.
3.°) Para los fines de que trata el artículo 80 de la Ley 472 de 1998
remítase copia integral de esta providencia a la Defensoría del Pueblo.
4.º) Cumplido lo anterior, previas las constancias de rigor, por secretaría
devuélvase el expediente al juzgado de origen».
6.2.1.4. La Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica
del Distrito, a través de apoderada judicial, el 5 de junio de 2023, presentó
informe de cumplimiento y solicitud de archivo de la acción popular.
6.2.1.5. El 19 de febrero de 2024, la representante legal del Conjunto
Residencial Reserva Campestre PH y del Edificio Reserva Campestre 4 PH,
solicitan al Juzgado Catorce (14) Administrativo de Bogotá «proferir el auto
de archivo de manera inmediata del proceso de referencia, dado que las dos
copropiedades necesitan gestionar de manera urgente solicitud ante el
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP
el “Plan de Administración y Cuidado del Espacio Público” PACED. // Dicha
solicitud de archivo de este proceso fue solicitada a ese despacho por la
SECRETARIA DE GOBIERNO el 5 de junio de 2023».
6.2.1.6. El 29 de febrero de 2024 el juzgado profirió auto de obedézcase y
cúmplase y ordenó el archivo del expediente. En esta misma providencia,
respecto de la solicitud de la representante legal del Conjunto Residencial
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Reserva Campestre PH y del Edificio Reserva Campestre 4 PH, indicó lo
siguiente:
«se evidencia en el expediente una solicitud del 19 de febrero de 2024
presentada por la señora Ilva Yolanda Cuadrado Rodríguez, en su calidad
de administradora del Conjunto Reserva Campestre Propiedad Horizontal
y del Edificio Reserva Campestre 4-Propiedad Horizontal, donde solicita
“proferir el auto de archivo de manera inmediata del proceso de
referencia, dado que las dos copropiedades necesitan gestionar de
manera urgente solicitud ante el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público - DADEP el “Plan de Administración y
Cuidado del Espacio Público” PACED”; al respecto el Despacho se permite
precisar que no hay lugar a realizar pronunciamientos adicionales
pendientes, en tanto la Ley 472 de 1998 no contempla ningún trámite
posterior a la expedición de las sentencias de primera y segunda
instancia. En ese sentido, se aclara que el memorial allegado por la
Secretaría Jurídica Distrital - Alcaldía Mayor de Bogotá es en
cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de informar al Despacho
sobre la conclusión del procedimiento administrativo».
6.2.2. Respecto de las actuaciones administrativas
6.2.2.1. La Alcaldía Local de Suba adelantó la actuación administrativa nro.
029-2011, por la presunta ocupación del espacio público, en la que se
expidió la Resolución nro. 1059 de 15 de septiembre de 2017, por medio de
la cual ordenó́ «la restitución del espacio público del predio de uso público
identificado con el RUPI 2022-7, ubicado en la Avenida Carrera 147 No. 56a
– 30, Carrera 57 No 148-24, Carrea 57 No 148-16, Calle 148 No 56a-93,
calle 148 No 56a – 55, Calle 148 No 56a - 11 (Barrio Reserva de la Colina),
ocupado indebidamente por “(...) LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN
SETOS DE 50.50 MT DE LONGITUD Y CERRAMIENTO EN REJA METÁLICA DE
150 MT DE LONGITUD, CONSTRUIDOS POR LOS CONJUNTOS DEL BARRIO
RESERVA DE LA COLINA (...)”, consistente en dejar el bien de uso público
indebidamente ocupado libre de toda perturbación mediante el
procedimiento establecido en la Resolución 034 de 2014, a través de la
figura de hechos notorios (...)».
6.2.2.2. El 23 de febrero de 2023, se llevó a cabo el operativo de
recuperación del espacio público por parte de la Alcaldía Local de Suba, el
Departamento Administrativo del Espacio Público, la Personería Local de
Suba, el Instituto de Desarrollo Urbano, la Policía Nacional y la Subred Norte,
consistente en retirar el cerramiento de rejas metálicas, «sin afectar la cerca
viva, área que corresponde al control ambiental»14.
6.2.2.3. La Alcaldía Local de Suba mediante radicado de 23 de febrero de
2023 solicitó autorización para la tala de setos ubicados en la calle 147 #56-
30.
14 Índice nro. 20 del expediente electrónico se segunda instancia de la acción de tutela.
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6.2.2.4. La Secretaría Distrital de Ambiente mediante oficio 2023EE57017
de 13 de marzo de 2023 concedió permiso a la Alcaldía Local de Suba para
la tala.
6.3. Análisis de la Sala
6.3.1. En el caso bajo examen, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar o revocar la sentencia de tutela de 7 de marzo de 2024,
proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que amparó los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del Conjunto
Residencial Reserva Campestre PH.
Es preciso señalar que los escritos de impugnación giran en torno a dos
argumentos principalmente, el primero, dirigido a cuestionar la orden de
dejar sin efectos el auto de 29 de febrero de 2024 por medio del cual la
autoridad judicial accionada archivó la acción popular y, el segundo, con
relación a que la acción de tutela pretende la protección de derechos
colectivos posiblemente vulnerados con la actuación de las entidades
vinculadas.
Respecto del primer argumento, esto es, cuestionar la orden de dejar sin
efectos el auto de 29 de febrero de 2024 por medio del cual la autoridad
judicial accionada archivó la acción popular y que, por tanto, se verifique las
actuaciones administrativas adelantadas por el Departamento
Administrativo del Espacio Público y la Alcaldía Local de Suba a efectos de
obtener la restitución del espacio público, presuntamente infringido por los
propietarios del predio de matrícula inmobiliaria nro. 50N-20358538, se
indica que no le asiste razón al a quo como se pasa a explicar.
Específicamente, que no se configuran los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela en contra la providencia judicial; que no era aplicable la
hipótesis del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, en tanto que en la acción
popular se negaron las pretensiones; que la solicitud de amparo no
pretendía cuestionar el cumplimiento de las órdenes impartidas por el
fallador en la acción popular, por el contrario, la única pretensión, respecto
del juzgado, era su archivo definitivo; y, finalmente, que obraba material
probatorio que respaldaba la decisión de archivo.
Con relación al segundo argumento, éste va dirigido a poner de presente
que la acción se refiere a la protección de los derechos colectivos que se
pueden ver afectados con la remoción de una reja perimetral y, la
recuperación del espacio público, este último, presuntamente infringido por
los propietarios del predio de matrícula inmobiliaria 50N-20358538, y
también por las actuaciones administrativas adelantadas por la Alcaldía
Local de Suba, que causan riesgos en términos de conservación y
biodiversidad.
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6.3.2. Respecto del proceso judicial – acción popular
Para decidir lo pertinente, es necesario señalar que, frente al primer punto,
esto es, la censura a la orden de revocar el proveído por medio del cual se
archivó la acción popular, se considera que como bien lo señaló la autoridad
judicial al impugnar la decisión de primera instancia, las órdenes dictadas
por el a quo en el presente asunto no resultan acordes a la pretensión de
amparo elevada por el accionante, en tanto la acción de tutela respecto de
la autoridad judicial tenía por objeto impulsar el archivo del expediente de
la acción popular, asunto contrario a la determinación adoptada por el
Tribunal en la decisión impugnada.
Asimismo, se observa que el juez de tutela tampoco advirtió que el objeto
de la presente acción tenía como fin la protección de los derechos de la
comunidad que reside en el conjunto residencial accionante, por lo que la
solicitud de archivo que se demandó estaba dirigida a lograr el menor
impacto ambiental posible, en tanto, a su juicio, las autoridades
administrativas (DADEP y Alcaldía Local de Suba) en cumplimiento de la
acción popular impedían a la copropiedad adelantar un plan de
administración y cuidado del espacio público, lo que, en su sentir, dificultaba
el ejercicio pleno de sus derechos, como se dejó plasmado en la solicitud de
archivo presentada el 19 de febrero de 2024 ante el juzgado y el
cuestionamiento planteado en la presente acción.
Adicionalmente, se advierte que el a quo encausó la solicitud de amparo a
una acción de tutela contra providencia judicial sin tener en cuenta la
configuración de los presupuestos para su procedencia excepcional y sin
permitir que la autoridad judicial tuviera la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa respecto de una acción de tutela con dicha finalidad.
En este punto, cabe señalar que la jurisprudencia ha señalado que el análisis
de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial15.
15 La Corte Constitucional en la sentencia C–590 de 2005, indicó que el primero de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se
discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que «el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las
cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría
involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la
circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.
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Así las cosas, lo que se encuentra es que en el presente asunto el juez
constitucional de primera instancia trasladó el debate que había resuelto el
juez popular al proceso de tutela, en ese sentido se involucró en la materia
que le correspondía resolver al juez natural de la acción popular.
En efecto, examinada la providencia de primera instancia se tiene que se
centró en una discusión de orden legal, relativa al cumplimiento del ordinal
segundo de la sentencia de primera instancia de la acción popular, cuestión
que, no fue planteada por la accionante; adicionalmente, estudió la
procedencia del archivo del citado proceso y para eso consideró pertinente
evaluar los informes de cumplimiento rendidos por las autoridades
ambientales y, finalmente, se pronunció sobre el desconocimiento de los
artículos 5º y 34 de la Ley 472 de 1998 por parte del juez de primera
instancia de la acción popular, cuestiones que se insiste no son propias del
juez de tutela, y que por el contrario, correspondían al juez popular.
En consonancia con lo dicho, se tiene que el a quo tampoco justificó
razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada respecto de los derechos fundamentales, si lo que
pretendía era cuestionar la decisión de archivo emitida el 29 de febrero de
2024.
Finalmente, destaca la Sala que, si bien es deber del juez constitucional
«interpretar las pretensiones de los tutelantes a la luz de la protección de
los derechos fundamentales»16 y que este se encuentra habilitado para
proferir decisiones extra y ultra petita, también lo es que la decisión judicial
debe estar acorde con los hechos y las pretensiones esgrimidas en la
demanda. En este orden, ha considerado la Corte Constitucional que «una
decisión que se adopte por el juez de tutela con carácter extra y ultra petita,
tan solo es válida y resulta ajustada a derecho, cuando ella se sustenta en
los hechos efectivamente narrados, en las pruebas aportadas, recaudadas y
valoradas, y en las demás las circunstancias relevantes que se hayan
invocado en la solicitud de tutela»17.
Ahora bien, examinada la decisión impugnada a la luz del anterior
razonamiento, advierte la Sala que, la decisión es incongruente comoquiera
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha sido decantado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y en sentencia SU–573 de 2019 el alto tribunal constitucional
explicó que este requisito persigue tres finalidades15: i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales. ii) Preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y,
por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad. iii) Impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar reunidos los
tres elementos que conforman el requisito de la relevancia15. De manera que, si no se logra acreditar
alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia constitucional.
16 Sentencia T-1216 de 2005 de la Corte Constitucional.
17 Sentencia T-1216 de 2005 de la Corte Constitucional.
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que imparte una orden que no guarda relación con los hechos y pretensiones
planteadas por los accionantes, asi como que aborda el estudio de un caso
de acción de tutela contra providencia judicial, sin precisar si se cumplían
los presupuestos procesales establecidos por la Corte Constitucional para
ello.
En virtud de lo anterior, la Sala revocará los ordinales primero y segundo de
la decisión de primera instancia, en consecuencia, declarará improcedente
la solicitud respecto del Juzgado.
6.3.3. Respecto de la protección de los derechos colectivos
Con relación al segundo grupo de argumentos de la impugnación, es
menester mencionar que la Corte Constitucional18 ha señalado que, en los
casos en que coexistan la acción popular y la tutela, para que proceda la
segunda deben concurrir una serie de circunstancias, a saber:
«Que exista conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la
violación o amenaza de un derecho fundamental, de tal forma que el
daño o amenaza del mencionado derecho sea consecuencia inmediata y
directa de la perturbación del derecho colectivo.
El demandante debe ser la persona directa o realmente afectada en su
derecho fundamental, pues la acción de tutela es de carácter subjetivo.
La vulneración o la amenaza del derecho fundamental debe estar
plenamente acreditada.
La orden judicial que se imparta en estos casos debe orientarse al
restablecimiento del derecho de carácter fundamental y no del derecho
colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte
protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza.
Adicionalmente, es necesario la comprobación de la falta de idoneidad
de la acción popular en el caso concreto».
Respecto de los requisitos antes señalados, la Sala encuentra que en el
presente asunto no se cumplen, como bien lo señaló en este asunto el juez
constitucional de primera instancia, pues de los hechos narrados en los
escritos de tutela e impugnación, no se advierte que, con ocasión de éstos,
la parte accionante se vea afectada en sus derechos fundamentales.
En ese punto, es preciso indicar que, si bien se alega una potencial
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte (igualdad,
vida digna y seguridad), lo cierto es que lo que realmente se alega es un
desconocimiento de derechos colectivos, por lo que sus pretensiones deben
ser ventiladas mediante el medio de control previsto por el ordenamiento
18 Sentencia T-041 de 2011 de la Corte Constitucional.
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jurídico para tal cometido que es el de protección de los derechos e intereses
colectivos.
En efecto, la cuestión planteada por el conjunto accionante gira en torno a
la remoción de una reja perimetral y la recuperación del espacio público, por
parte de las autoridades administrativas, con la tala de setos y árboles en
una zona que afirman es de especial protección ambiental, y que, en su
criterio, afecta a la comunidad, actuaciones que no permiten advertir una
afectación actual e inminente de los derechos fundamentales de la parte
accionante. Así las cosas, no se encuentra acreditada vulneración o amenaza
alguna a los derechos fundamentales que habilite la intervención del juez
constitucional.
En vista de lo anterior, y examinadas las pretensiones de la presente acción
constitucional advierte la Sala que las órdenes pretendidas están dirigidas
al restablecimiento de los derechos de carácter colectivo en sí mismo
considerados, no así a conjurar la vulneración de derechos fundamentales,
por lo que tampoco se advierte que sea la tutela la herramienta procesal
adecuada.
Por lo anterior, la Sala confirmará el fallo de primera instancia en cuanto
declaró improcedente la acción para la protección de derechos colectivos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR los ordinales primero y segundo de la sentencia de 7
de marzo de 2024 proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el Conjunto
Residencial Reserva Campestre PH, conforme a lo expuesto.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la providencia impugnada, conforme
a lo expuesto.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes esta providencia por el medio más
expedito.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez ejecutoriada esta providencia.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
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Radicación: 25000-23-15-000-2024-00146-01
Accionante: Conjunto Residencial Reserva Campestre PH
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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