Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00222-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00222-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2024-00222-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
11 de julio de 2024
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00222-01
Demandante: Jhon Fredy Castro García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., once (11) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00222-01
Demandante: JHON FREDY CASTRO GARCÍA
Demandado: JUZGADO TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa por lesiones sufridas por un soldado que se encuentra en
curso. Requisito objetivo de la subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el señor Jhon Fredy Castro García, a través de apoderado judicial,
contra la sentencia de 11 de abril de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, dentro de la acción de tutela
en la que declaró su improcedencia por falta del requisito de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante indicó que el 5 de agosto de 2022 presentó demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa contra el Ejército Nacional, con el fin de
obtener el resarcimiento de los perjuicios causados con ocasión de los hechos
acaecidos el 6 de agosto de 2020 en la vereda Santa Rita del municipio de El
Cairo, Valle del Cauca, cuando sufrió una caída desde un cerro que le ocasionó
lesiones en el cuerpo, hechos ocurridos durante la prestación del servicio militar
obligatorio.
Sostuvo que de la demanda conoció el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá, en la que solicitó como prueba pericial “ordenar a la DIRECCIÓN
GENERAL DE SANIDAD MILITAR DEL EJÉRCITO NACIONAL de Bogotá D.C., Calle 26
#69-24, la práctica de la Junta Medico Laboral al joven soldado JHON FREDY CASTRO,
identificado con la C.C. No. 1.143.979.205, a fin de que le sea determinada la pérdida de
su capacidad laboral producto de las lesiones sufridas durante la prestación del servicio
militar obligatorio, y envíe copia auténtica del acta de junta médica definitiva. Señor Juez
1
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Demandante: Jhon Fredy Castro García
en el evento de haber realizado junta médica definitiva antes de la etapa probatoria de
rigor, y existir inconformidad con dicha calificación, habiendo acudido el lesionado a
tribunal médico, será esta valoración la que deberá enviar Sanidad Militar, toda vez que
allí constará la Calificación Definitiva de la pérdida de la capacidad laboral (...)”.
Afirmó que mediante auto de 20 de octubre de 2022, el precitado despacho judicial
admitió la demanda y mediante auto de 23 de febrero de 2023 fijó fecha para
adelantar la audiencia inicial de que trata el numeral 1° del artículo 179 y el
artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-.
Aseveró que el 11 de mayo de 2023 se celebró la audiencia inicial y se decretaron
todas las pruebas documentales aportadas en la demanda. Agregó que, respecto
de la prueba relacionada con la práctica de la Junta Médico Laboral, el juzgado la
decretó por medio de oficio y otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para
aportarla, ordenando a la parte interesada realizar la carga procesal
correspondiente.
Refirió que, conforme con lo ordenado en el auto de pruebas, con el fin de lograr la
realización de la Junta Médica Laboral, radicó una solicitud en ejercicio del
derecho de petición el 3 de agosto de 2022 ante la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional, para la activación de los servicios médicos, y como quiera que
no se dio respuesta instauró acción de tutela ante el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Cali, que mediante sentencia de 31 de octubre de
2022 ordenó a la Dirección de Sanidad contestar la petición en el término de 48
horas.
Expresó que ante la renuencia de la entidad de cumplir con lo ordenado en el fallo
de tutela, el 29 de abril de 2023 presentó incidente de desacato y por auto de 15
de junio de 2023 fue sancionado el Brigadier General Edelberto Cortés Moncada
con multa de tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes y arresto de
tres (3) días.
Adujo que ante la negativa de la entidad para practicar la Junta Médico Laboral
radicó acción de tutela que correspondió al Juzgado Veintitrés Penal del Circuito
de Cali, que mediante fallo del 3 de agosto de 2023 la declaró improcedente.
Sostuvo que contra esa decisión presentó impugnación que fue desatada por la
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que en fallo del 12 de
septiembre de 2023 la revocó y ordenó a la Dirección de Sanidad del Ejército
realizar los trámites necesarios para convocar la práctica de la junta, por lo que el
15 de septiembre de 2023 radicó derecho de petición ante la Dirección de Sanidad
con el fin de que diera cumplimiento al fallo de segunda instancia.
Narró que el 21 de septiembre de 2023 se celebró la audiencia de pruebas en el
proceso de reparación directa, “sin tener en cuenta las actuaciones realizadas para
obtener la práctica de la Junta Médico Laboral”, y se ordenó prescindir del medio
probatorio para, en su lugar, cerrar el periodo probatorio y continuar con la etapa
de presentación de los alegatos de conclusión.
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Finalmente, refirió que contra esa decisión presentó recurso de reposición que fue
despachado desfavorablemente, y se señaló que “se ha cumplido de manera parcial
con la carga probatoria impuesta, por lo cual se prescinde de los medios probatorios –
recordando se podrá insistir en segunda instancia”.
2. Fundamentos de la acción
El accionante interpuso acción de tutela con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los
cuales considera vulnerados por el auto interlocutorio proferido en audiencia de
pruebas de 21 de septiembre de 2023, en el que se prescindió de la práctica de la
Junta Médico Laboral, prueba cuya práctica había solicitado.
En primer lugar, indicó que la solicitud cumple con los requisitos de procedencia,
de donde resaltó que cumple con el de subsidiariedad, en tanto “el requisito
señalado por la Corte Constitucional determina que se deben de haber agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada. En el caso concreto, el único medio que tenía el suscrito para controvertir que
se prescindiera de esta prueba era el recurso de reposición durante la audiencia de
pruebas llevada a cabo, que de no proceder, el juez tiene el deber de adecuarlo al recurso
correspondiente”.
Sostuvo que en el caso se incurrió en los defectos procedimental, fáctico y por
violación directa de la Constitución, “como son los casos en que “involucran la
superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de
procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la
Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”.
Sobre el particular, aseveró que el juzgado accionado no tuvo en cuenta las
actuaciones realizadas por casi más de un año con el fin de lograr la práctica de la
prueba, y tampoco observó que no se había practicado para la fecha de la
audiencia de pruebas única y exclusivamente porque la entidad demandada era la
encargada de realizarla, asumiendo una actitud negativa frente a la diligencia y
cumplimiento de los fallos de tutela.
En segundo término, señaló que el juzgado no tuvo en cuenta su solicitud de
suspensión y aplazamiento de la audiencia de pruebas, hasta tanto no se le
practicara la Junta Médico Laboral, la cual “goza de sustento probatorio de todas las
actuaciones realizadas por el suscrito, las cuales reposan en el expediente”.
Agregó que la deficiencia probatoria tiene un efecto definitivo y notorio sobre la
decisión judicial y apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos
fundamentales, pues la prueba es indispensable para determinar la gravedad de la
lesión, la pérdida de la capacidad y la tasación de los perjuicios en caso de que se
acceda a las pretensiones de la demanda.
De otra parte, sostuvo que en el caso se hace necesario adoptar una medida de
carácter provisional para evitar un perjuicio irremediable y sanear por vía tutela el
proceso de reparación directa con radicado 2022-00223, “teniendo en cuenta que a
la fecha el proceso se encuentra a despacho para emitir un fallo”.
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Para terminar, adujo que al prescindir de la práctica de la prueba consistente en
que se practique la Junta Médico Laboral se estaría causando un perjuicio
irremediable, pues se está absteniendo de practicar una prueba que goza de
conducencia, pertinencia y utilidad en las resultas del proceso, y que fue
decretada en la audiencia inicial y que al prescindirse por parte de juez no se
podrá solicitar la práctica de la misma en la segunda instancia, lo que, indicó,
evidencia los supuestos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad del
perjuicio alegado.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela se formulan las siguientes:
“TUTELAR el derecho fundamental al DEBIDO PROCESO, DERECHO DE DEFENSA,
CONTRADICCIÓN, IGUALDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de
mi poderdante conforme los hechos y fundamentos anteriormente descritos.
2. ORDENAR al Juzgado 31 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, REVOCAR para
MODIFICAR el Auto interlocutorio proferido en audiencia de pruebas del inicial el 21 de
septiembre de 2023 por el cual se prescindió de la práctica de la junta medica laboral del
joven Jhon Fredy Castro García decretó las pruebas, en el sentido de ordenar el
despacho que la entidad demandada cumpla con realizarle la junta médica a mi
representado para que obre y conste como prueba dentro del proceso de reparación
directa No, 2022-00223”.
4. Pruebas relevantes
Se allegaron copias de las actuaciones surtidas dentro del proceso de reparación
directa radicado con el Nº 2022-00223-00, actor: Jhon Fredy Castro García.
5. Trámite procesal
Por auto de 3 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección “B” admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la
parte demandante y a la autoridad judicial demandada.
6. Oposición
Respuesta del Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá
La titular del despacho rindió informe en el que manifestó que el amparo invocado
no tiene vocación de prosperidad, pues, indicó, no vulneró derecho fundamental
alguno al accionante y las decisiones con las que se encuentra inconforme fueron
proferidas en derecho.
Sostuvo que en el caso se ha garantizado el debido proceso al actor y se surtieron
todas las etapas procesales permitiendo a las partes controvertir y acceder a los
recursos dentro del proceso, y recalcó que el demandante solo presentó solicitud
de Junta Médico Laboral tres meses después de decretada, incumpliendo con la
carga en los términos indicados por ese despacho, por lo que la decisión que se
objeta es producto de la negligencia del accionante.
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Demandante: Jhon Fredy Castro García
7. Sentencia de tutela impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, en
sentencia de 11 de abril de 2024, declaró improcedente la solicitud por falta del
requisito de relevancia constitucional, en tanto, sostuvo, mal podría ese tribunal
por vía de acción de tutela reemplazar instancias, trámites o términos procesales
en beneficio del actor, o suplir los ordinarios, cuando la parte actora tuvo la
oportunidad de actuar con diligencia durante el proceso de reparación directa con
radicado Nro. 2022-00223-00, y no lo hizo.
Al respecto, indicó que una vez revisadas las pruebas aportadas al plenario, se
advirtió que en la audiencia inicial de 11 de mayo de 2023 el juzgado accionado
decretó como prueba oficiar a la Dirección General de Sanidad Militar, “a fin de que
envíe copia auténtica de la Junta Médico Laboral, realizada al soldado regular Jhon Fredy
Castro García, identificado con la C.C. No. (…) mediante la cual se determinó la pérdida
de su capacidad laboral”, y que en el auto se precisó que se le imponía a la parte
solicitante la carga de realizar todos los trámites pertinentes y hacer llegar las
documentales al correo electrónico del despacho. Así mismo, se precisó que las
pruebas debían ser allegadas al expediente con copia a la parte demandada con
mínimo cinco (5) días hábiles a la celebración de la audiencia de pruebas, la cual
se llevaría a cabo el 21 de septiembre de 2023 a las 3:00pm.
Señaló que, no obstante, transcurrieron más de tres (3) meses luego de la
audiencia inicial celebrada el día 11 de mayo de 2023, hasta que la parte actora
solicitó la realización de la Junta Médico Laboral, el día 3 de agosto de 2023.
En este sentido, señaló que el artículo 78 del Código General del Proceso
determina como deber de las partes y sus apoderados prestar al juez su
colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, por lo que, afirmó, la parte
actora, pese al deber procesal que le asistía, no cumplió con la carga procesal
correspondiente para allegar la prueba que fue decretada, pues solicitó la práctica
de la prueba habiendo transcurrido más de tres meses desde la audiencia inicial,
falencia que no puede ser suplida ahora a través de la acción de tutela.
Por último, indicó que el accionante cuenta con las oportunidades procesales para
determinar las circunstancias alegadas como fundamentos de su solicitud de
amparo en el proceso contencioso administrativo, lo cual ya ocurrió, pues el auto
del 21 de septiembre de 2023 fue objeto de recurso de reposición, el cual fue
resuelto de forma desfavorable, lo que, advirtió, no implica vulneración a los
derechos fundamentales del accionante, “comoquiera que la autoridad judicial
demandada ha respetado los términos y etapas procesales correspondientes en el marco
del proceso de reparación directa y toda vez que mediante la acción de tutela, el
accionante pretende subsanar su actuación negligente y revivir la etapa probatoria, la cual
ya precluyó”.
8. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en
tanto, indicó, contrario a lo allí señalado, las diligencias tendientes a la realización
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de la Junta Médico Laboral se realizaron incluso desde antes de realizarse la
audiencia inicial del 11 de mayo de 2023, pues el 3 de agosto de 2022 se radicó
derecho de petición ante la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, el 20 de
octubre de 2022 instauró acción de tutela ante el Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito de Cali, y ante la renuencia por parte de la entidad en cumplir con lo
ordenado en el fallo de tutela, el 29 de abril de 2023 se presentó incidente de
desacato.
Afirmó que en la referida audiencia inicial de 11 de mayo de 2023, la juez señaló
que debería presentar dos acciones de tutela para obtener la realización de la
Junta Médico Laboral y su posterior notificación, por lo que el 21 de julio de 2023
interpuso la primera ante el Juzgado 23 Penal del Circuito de Cali, quien mediante
fallo de 3 de agosto de 2023 la declaró improcedente, decisión que fue revocada
por medio de sentencia de 12 de septiembre de 2023, en la que la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali ordenó a la Dirección de Sanidad del
Ejército Nacional que en el término de 48 horas a partir de la notificación
procediera a realizar “los trámites necesarios para que se convoque a la Junta Médico
Laboral Militar, evalúe y defina la situación médico laborar del Jhon Fredy Castro García”.
Sostuvo que, finalmente, el 15 de septiembre de 2023, conforme al fallo que
amparó sus derechos fundamentales, radicó derecho de petición ante la Dirección
de Sanidad del Ejército Nacional con el fin de que realizara la Junta Médico
Laboral.
En ese sentido, señaló que las actuaciones antes referidas demuestran que
cumplió con la carga procesal referida, incluso antes de la audiencia inicial, y se
advierte que la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional fue renuente a las
órdenes judiciales proferidas por las diferentes instancias judiciales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos de la impugnación, si debe
revocar la sentencia de 11 de abril de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, declaró
improcedente la solicitud de amparo por falta del requisito de relevancia
constitucional, en tanto, conforme con el accionante, ha cumplido con la carga
procesal relativa a la solicitud de la Junta Médico Laboral, incluso antes de la
audiencia inicial, y la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional ha sido renuente
a las órdenes judiciales que ha dispuesto realizarla.
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3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela cuando se
cuestionan providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros
mecanismos jurídicos que permitan satisfacer los derechos fundamentales del
actor.
En relación con la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular del requisito de la subsidiaridad, en la sentencia T-016 de
1
2022 , la Corte Constitucional recordó que este mecanismo no puede ser utilizado
de manera alternativa, adicional o complementaria a los procesos ordinarios o
especiales, por cuanto no es prima facie “el instrumento judicial adecuado para
solicitar la protección de los derechos que sean lesionados en un proceso judicial,
“pues el ordenamiento jurídico ha diseñado para este efecto la estructura de órganos de la
rama judicial, estableciendo un modelo jerárquico cuyo movimiento se activa a partir de la
utilización de una serie de mecanismos judiciales que buscan garantizar la corrección de
2
las providencias judiciales” .
Con base en ese marco de referencia, la jurisprudencia constitucional ha
1
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
2
Sentencia SU-026 de 2012, M.P Humberto Antonio Sierra Porto.
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precisado tres eventos en los que es improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, a saber: i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse
al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional
para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en
3
el ordenamiento jurídico .
En relación con el primer supuesto, ha indicado que “ si el proceso judicial que el
accionante pretende cuestionar está en curso, en principio, la intervención del juez
constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo
alternativo o paralelo para resolver asuntos que deben analizarse al interior del trámite
ordinario. En definitiva, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza
de derechos fundamentales cuando no ha solicitado el amparo de dichas garantías dentro
4
del proceso” .
Respecto del segundo ha precisado que “si el proceso judicial ya ha concluido y el
ciudadano desea controvertir la decisión correspondiente, está en la obligación de acudir
de manera preferente a los mecanismos ordinarios y extraordinarios para ello. Esta
exigencia asegura que la acción de tutela no se torne en una instancia adicional en el
trámite procesal, ni en un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por
5
el Legislador” .
Finalmente, en lo que atañe con el tercer supuesto ha destacado que dado el
carácter exceptivo de la acción de tutela “resulta improcedente cuando el actor
pretende revivir etapas procesales que por negligencia, descuido o distracción, se
encuentran debidamente resueltos”.
En definitiva, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en punto del cumplimiento del requisito de la subsidiariedad se torna más
exigente, cuando no se han agotado los mecanismos de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, exigencia que
“asegura que el recurso de amparo no sea utilizado como una instancia más dentro del
trámite jurisdiccional, como un mecanismo que reemplace los demás diseñados por el
legislador o, como un instrumento para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos ordinarios” .
6
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En sentencia de tutela de primera instancia, proferida el 11 de abril de 2024,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”,
declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional, en tanto, sostuvo, se interpuso con el fin de reemplazar instancias,
trámites o términos procesales que el actor dejó vencer por no actuar
diligentemente, pues, de las pruebas, se observaba que transcurrieron más de tres
3
A este respecto, ver las sentencias T-396 de 2014, M.P Jorge Iván Palacio Palacio; SU-115 de 2018, M.P
Carlos Bernal Pulido; T-016 de 2019, M.P Cristina Pardo Schlesinger, entre otras.
4
Sentencia C-543 de 1992, M.P José Gregorio Hernández Galindo.
5
Sentencia T-417 de 2010, M.P María Victoria Calle Correa.
6
Ver T-016 de 2022, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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meses luego de la audiencia inicial de 11 de mayo de 2023, hasta que el
accionante solicitó la realización de la Junta Médico Laboral, por lo que la decisión
de la que deriva la vulneración de sus derechos se adoptó por su propia
negligencia.
En el escrito de impugnación, el accionante solicitó que se revocara el fallo de
primera instancia y que se accediera a las pretensiones de la demanda, a lo que
agregó y enfatizó que ha cumplido con la carga procesal relativa a la solicitud de la
Junta Médico Laboral, incluso antes de la audiencia inicial, y que la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional ha sido renuente a las órdenes judiciales que han
dispuesto su realización.
Conforme con lo anterior, es claro que las inconformidades del actor están
relacionadas con lo decidido en el auto de 21 de septiembre de 2023, en el que el
despacho judicial accionado prescindió de la práctica de la Junta Médico Laboral
para el accionante, en el marco del proceso de reparación directa con radicado Nº
2022-00223-00.
4.2. La Sala coincide con el a quo en que la solicitud de amparo constitucional es
improcedente, pero porque no cumple el requisito de la subsidiariedad, en tanto en
la actualidad se encuentra en trámite el proceso judicial del que se deriva la
vulneración iusfundamental, en el que, valga indicar, se profirió sentencia de
primera instancia el 24 de junio de 2024, en la que se declaró responsable al
Ejército Nacional por los daños ocasionados al señor Jhon Freddy Castro García y
se le condenó a pagar por concepto de perjuicios morales y materiales en la
modalidad de lucro cesante, la suma de la suma de un salario mínimo legal
mensual vigente, y negó en lo demás las pretensiones.
En efecto, conforme con la particularidad del caso, en el que la pretensión
principal gravita en torno a que se deje sin efecto el auto de pruebas de 21 de
septiembre de 2023, el cual no fue objeto de recurso de apelación, en el que se
prescindió de la prueba de la Junta Médico Laboral, el análisis de procedencia de
la acción se debe hacer a partir del cumplimiento del requisito de la residualidad,
teniendo en cuenta que se encuentra en curso otro medio de defensa judicial.
Conforme ha sido decantado por la jurisprudencia constitucional, “la acción de tutela
solo resulta procedente cuando no existen o se han agotado todos los mecanismos
judiciales y administrativos que resultan efectivos para la protección de los derechos
fundamentales, a no ser que se demuestre la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
caso en el cual procederá como mecanismo transitorio. Ello con el fin de evitar que este
mecanismo excepcional, se convierta en principal7”.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido enfática y reiterativa en
señalar que la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto
está en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de
defensa previstos en el ordenamiento. En la sentencia T-103 de 2014, dicha
Corporación sostuvo que el requisito de subsidiariedad cuando se atacan
decisiones judiciales se puede presentar en dos escenarios i) cuando el proceso
7
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2014.
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ha concluido, o ii) cuando se encuentra en curso, escenario en el que “la
intervención del juez constitucional está vedada en principio, toda vez que la acción de
tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos
que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario”.
En el presente caso, el 24 de junio de 2024 el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia de primera instancia,
decisión que fue notificada mediante correo enviado a las partes ese mismo día,
estado en que se encuentra actualmente el proceso de reparación directa.
En efecto, “si bien por regla general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones
judiciales cuando el trámite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado
todos los medios de defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en
aquellos casos en los cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar
la consumación de un perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son
idóneos ni eficaces para superar la amenaza a los derechos fundamentales, es posible
habilitar excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela, realizando el juez
constitucional una evaluación fáctica del asunto puesto a su consideración” .
8
La Corte Constitucional en sentencia SU-695 de 2015 destacó que “la acción de
tutela no procede de manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se
cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento”.
Por consiguiente, los conflictos jurídicos relacionados con los derechos
fundamentales deben ser, en principio, resueltos por las vías ordinarias y solo en
casos muy excepcionales a través de la acción de tutela.
Así las cosas, se debe tener en cuenta que, como fue indicado en el auto objeto
de tutela, en caso de que se surta el trámite de apelación de la sentencia de 24 de
junio de 2024, el accionante podrá solicitar nuevamente en segunda instancia el
derecho y práctica de la prueba de la que prescindió el juez de primera instancia,
en los términos del numeral 4° del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011 -CPACA-9.
De esta manera, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela, pero por falta del requisito de subsidiariedad,
habida cuenta de que en la actualidad se encuentra en trámite el proceso de
reparación directa del que el accionante deriva la vulneración de sus derechos
fundamentales, el cual no puede ser reemplazado por esta acción constitucional
de naturaleza residual y subsidiaria.
Ahora bien, se ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela a
pesar de que existan mecanismos judiciales que resulten efectivos para la
protección de los derechos fundamentales, con el fin de evitar un perjuicio
irremediable. Al respecto, aun cuando en la solicitud el accionante manifestó que
8
Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019.
9
ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas
deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados
en este Código. (…) En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de
ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en
los siguientes casos: (…) 4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
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Radicación: 25000-23-15-000-2024-00222-01
Demandante: Jhon Fredy Castro García
en su caso se presenta un perjuicio irremediable por cuanto “pues, se está
absteniendo de practicar una prueba que goza de conducencia, pertinencia y utilidad en
las resultas del proceso, y que fue decretada en audiencia inicial y que al prescindirse por
parte de juez no se podrá solicitar la practica de la misma en la segunda instancia”, lo
cierto es que esa argumentación no resulta suficiente para probar ese perjuicio
alegado, aunado al hecho de que, como se explicó, la prueba dejada de practicar
eventualmente puede ser solicitada en segunda instancia.
Cabe resaltar que en cuanto al perjuicio irremediable, se deben seguir los criterios
jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-695 de
201510, según la cual debe comprobarse que el perjuicio alegado sea (i)
inminente, es decir, que amenaza o está por suceder prontamente, esto es,
tiende a un resultado cierto derivado de una causa que está produciendo la
inminencia; (ii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio
irremediable sean urgentes, en el sentido de que se debe precisar una medida o
remedio de forma rápida que evite la configuración de la lesión; (ii) grave, pues el
daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona, debe ser
de gran intensidad y, por último, que (iii) la urgencia y la gravedad hagan que la
acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada para
restablecer el orden social justo en toda su integridad.
11
Así mismo, en la sentencia T-127 de 2014 , la Corte Constitucional indicó que
“quien afirma una vulneración de sus derechos fundamentales con estas características
debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, pues la informalidad
de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los
hechos en los que basa sus pretensiones”.
En conclusión, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del
requisito de subsidiariedad, en tanto en la actualidad se encuentra en curso el
medio de control de reparación directa que es idóneo y eficaz, a lo que se agrega
que no se probó que para el momento de la presentación de la solicitud se
estuviera frente a un perjuicio irremediable que la hiciera procedente como
mecanismo transitorio, por lo que la Sala confirmará la decisión que declaró
improcedente la solicitud, por las razones expuestas.
Por último, también se ordenará a la Secretaría General del Consejo de Estado
que restringa en el Sistema para la Gestión Judicial SAMAI el acceso a la
información obrante en el expediente de la referencia relacionada con la historia
clínica del accionante12, en razón a la reserva de la que goza ese documento de
conformidad con el artículo 3413 de la Ley 23 de 1981 y el numeral 3° del artículo
24 de la Ley 1437 de 2011.
10
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
11
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
Visible a índice 2 en el sistema para la gestión judicial SAMAI.
13
«La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento
privado sometido a reserva que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente
o en los casos previstos por la Ley».
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Demandante: Jhon Fredy Castro García
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 11 de abril de 2024, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “B”, por
las razones aquí expuestas.
Segundo.- ORDÉNASE a la Secretaría General del Consejo de Estado que
restringa en el aplicativo SAMAI el acceso a la información obrante en el
expediente de la referencia, relacionada con la historia clínica del accionante.
Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo del
Consejo.
Quinto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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