Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00265-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela: fallo de segunda instancia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00265-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2024-00265-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
20 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00265-01
Actora: Municipio de Vianí – Secretaría de Planeación e
Infraestructura
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
ACCIÓN DE TUTELA – Fallo de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante contra el fallo del 29
de abril de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección “A”, por medio del cual se accedió al amparo de
tutela solicitado por la parte actora.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud y las pretensiones
El Municipio de Vianí - Cundinamarca, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, que estimó lesionado por
el Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá, al proferir el auto de 10 de abril de
2024, por medio del cual se resolvió favorablemente el recurso de insistencia
presentado por el señor Jorge Augusto Hernández Ramírez, ante la Secretaría de
Planeación e Infraestructura del municipio accionante.
En el escrito de tutela, la parte actora solicita:
“(…) SOLICITUD PRIMERA
Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
Respetuosamente solicitamos al Honorable Tribunal se sirva TUTELAR los
derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO y demás derechos
que se encuentren probados, de acuerdo con los supuestos fácticos y jurídicos
referidos en este libelo,
SOLICITUD SEGUNDA
Con el debido respeto solicitamos a su señoría ORDENAR LA SUSPENSIÓN de los
efectos derivados de la providencia recurrida calendada el (10) de abril de hogaño,
proferida por el Juzgado cuarto Administrativo del Circuito de Facatativá dentro del
radicado 2024-00039 que resolvió de fondo el recurso de insistencia incoado por el
señor Jorge Augusto Hernández Ramírez, hasta que se emita decisión definitiva.
SOLCITUD TERCERA
Con el acostumbrado respeto solicitamos al Honorable Tribunal se sirva ORDENAR
al Juzgado cuarto Administrativo del Circuito de Facatativá, que profiera una nueva
decisión dentro del Recurso de Insistencia 2024-00039, teniendo en cuenta la
totalidad de las pruebas aportadas en su integridad.
SOICITUD CUARTA
De manera respetuosa solicitamos al Honorable Tribunal, se sirva ORDENAR las
demás actuaciones que considere necesarias para garantizar los derechos
conculcados, en el ejercicio predominante de la acción constitucional interpuesta.
(…)”. (sic).
2. Los hechos y las consideraciones
La solicitud de amparo se fundamentó en los hechos que se resumen a
continuación1:
El señor Jorge Augusto Hernández Ramírez, el 26 de enero de 2024, envió correo
electrónico al buzón de la Secretaría de Planeación del Municipio de Vianí –
Cundinamarca (planeación@viani-cundinamarca.gov.co), indicando remitir petición
de referencia JHR-DP-004-2024, sin aportar el documento.
El 4 de marzo de 2024, el señor Hernández Ramírez, presentó acción de tutela ante
el Juzgado Promiscuó Municipal de Vianí, solicitando la protección de su derecho
de petición.
El Municipio de Vianí al ser notificado de la acción de tutela y con ello del contenido
del derecho de petición, procedió a dar respuesta al requerimiento del demandante,
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Escrito visible en el Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
a través de oficio SPI 130.08.026 de 13 de marzo de 2024 aportando parte de la
información solicitada y se alegó la reserva de otra que no se suministró; por lo cual
el Juzgado Promiscuó Municipal de Vianí, mediante proveído de 19 de marzo de
2024 declaró la ocurrencia de un hecho superado.
Simultáneamente, el señor Jorge Augusto Hernández Ramírez, en ejercicio del
derecho de petición, el 5 de marzo de 2024, radicó ante la Secretaría de Planeación
de Vaní, un nuevo escrito al que se le asignó el radicado JAHR-DP-018-2024,
solicitando i) información relacionada con las actuaciones adelantadas por el
municipio con ocasión de la ejecución de los contratos de obra pública N°
110.06.05.52.2023 y 110.06.06.114.2023; así como ii) un reporte técnico que
contenga la ejecución total de los contratos en mención, un cronograma de
actividades e los contratos de obra, el porcentaje de ejecución de cada una de las
24 unidades de vivienda, la fecha estimada de entrega de las viviendas y de las
obras del conservatorio, y el porcentaje de ejecución presupuestal de los contratos.
La Secretaría de Planeación del Municipio de Vianí, a través del oficio SPI 130-08-
029 de 1 de abril de 2024, dio repuesta a los requerimientos formulados por el señor
Hernández Ramírez, en el escrito JAHR-DP-018-2024 de 5 de marzo de 2024.
El referido ciudadano, mediante escrito de 15 de marzo de 2024, radicó recurso de
insistencia, respecto de la reserva invocada por la Secretaría de Planeación e
infraestructura en el oficio SPI-130-08-026 de 13 de marzo de 2024.
El Municipio de Vianí, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley
1437 de 2011, remitió ante los jueces administrativos de Facatativá –
Cundinamarca, la documentación, a fin de que se desatara el recurso de insistencia.
El trámite del recurso de insistencia correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo
de Facatativá, quien lo admitió por auto de 1º de abril de 2024 y, posteriormente,
con auto de 10 de abril de 2024, declaró mal denegada la solicitud de información y
ordenó a la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Vianí,
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
entregar al peticionario la información solicitada respecto a los contratos de obra
pública N° 110.06.05.52.2023 y N° 110.06.05.114.2023.
2.1 Consideraciones de la parte actora
La parte actora manifiesta que la autoridad judicial accionada, al proferir la
providencia de 10 de abril de 2024, incurrió en vía de hecho por defecto fáctico,
porque no tuvo en cuenta la totalidad de los documentos allegados al trámite del
recurso de insistencia, con los cuales se podía advertir que la reserva de
información inicialmente propuesta por el municipio con el oficio SPI 130.08.026 de
13 de marzo de 2024, desapareció con el oficio N° SPI 130-08-029 de 1 de abril de
2024, al suministrarse la documentación requerida por el peticionario, siendo inocuo
dar una orden en ese sentido.
La accionante argumenta que la decisión del juzgado accionado incurrió en una vía
de hecho por error inducido, por cuanto se fundamentó en los hechos narrados por
el recurrente sin evaluar en su integridad las pruebas aportadas al proceso, en tanto
no tuvo en cuenta que la solicitud de insistencia se formuló respecto de la petición
de 5 de marzo de 2024 y la autoridad judicial demandada se pronunció con relación
al requerimiento formulado el 26 enero de 2024.
3. Trámite procesal
Mediante auto de 16 de abril de 20242 se admitió la demanda, se ordenó la
notificación a la autoridad accionada, es decir, al Juzgado Cuarto Administrativo de
Facatativá, y se puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados
en las resultas del proceso, esto es, el señor Jorge Augusto Hernández Ramírez3.
4. Intervenciones
4.1 El Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá 4, describió las actuaciones
surtidas al interior del trámite del recurso de insistencia e informó que la providencia
de 10 de abril de 2024, mediante la cual se declaró mal denegada la solicitud de
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Ibidem
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Ibidem
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Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
información, se encuentra suficientemente motivada, sin desconocer los derechos
de la parte actora, por lo que se deben negar las pretensiones de la acción de tutela.
4.2 El señor Jorge Augusto Hernández Ramírez5, solicitó que se declare
improcedente el amparo de tutela, al considerar que no cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues la acción constitucional no puede convertirse en una tercera
instancia para subsanar yerros que pudieron ser atacados a través de los recursos
ordinarios.
5. La providencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A,
mediante sentencia de 29 de abril de 20246, accedió al amparo de tutela invocado
por el Municipio de Vianí – Cundinamarca, le ordenó al juzgado accionado dejar sin
efectos la providencia de 10 de abril de 2024 y proceder a recomponer la actuación
emitiendo un pronunciamiento de fondo congruente con lo pedido y lo advertido de
las documentales que obran en el plenario.
El Tribunal señaló que el Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá incurrió en
vía de hecho los defectos procedimental y fáctico, porque no valoró en debida
forma, las peticiones de 26 de enero y 5 de marzo de 2024, presentadas por el
señor Jorge Augusto Hernández, así como las respuestas emitidas por el Municipio
de Vianí, a través de los oficios SPI.130.08.026 de 13 de marzo de 2024 y
SPI.130.08.029 de 1º de abril de 2024, para determinar con certeza que la solicitud
de insistencia estaba dirigida a cuestionar la respuesta emitida a la petición de 5 de
marzo de 2024, y no respecto del requerimiento de 26 de enero del mismo año.
Concluyó que el juzgado vulneró el debido proceso de la parte actora, pues el auto
de 10 de abril de 2024 presenta incongruencia, pues se limitó a valorar el contenido
del oficio SPI.130.08.026 de 13 de marzo de 2024, cuya respuesta estaba dirigida
a atender la petición de 26 de enero del mismo año, sin tener en cuenta que el
recurso de insistencia hacía referencia a la respuesta emitida por la entidad al
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Índice 11 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
requerimiento de 5 de marzo de 2024.
6. La impugnación
El señor Jorge Augusto Hernández Ramírez, impugnó la sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, solicitando que se revoque el amparo de tutela, y
en su lugar se declare improcedente la acción, con fundamento en lo siguiente7:
Señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que la parte actora no agotó el recurso
extraordinario de revisión contra la providencia de 10 de abril de 2024, para que se
estudiaran y corrigieran los posibles errores en los que presuntamente incurrió la
decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá de acuerdo
con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es , “Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
Reiteró que la tutela tiene un carácter residual y no es una tercera instancia para
atacar errores que bien pudieron impetrarse a través de otros recursos dispuestos
a su alcance, y sin su debido agotamiento no es procedente la tutela.
Resaltó que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, (sentencia C-605
de 2019) y del Consejo de Estado8, contra las sentencias de única instancia procede
el recurso extraordinario de revisión, pues el objeto del mismo es procurar el
restablecimiento de la justicia material cuando se advierte que esta ha sido afectada
por situaciones o circunstancias exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente y que revisten tal gravedad que autorizan al juez a romper el
principio de la cosa juzgada.
De otro lado dijo que, las presuntas irregularidades ocurridas al interior del recurso
de insistencia que pudieran originar una nulidad de lo actuado, se encuentran
adecuadas, en virtud de lo dispuesto en los numerales 1, 2 y 4 del Código General
del Proceso.
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Índice 22 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI-Expediente 2022-01712-00
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Expediente: 11001-03-26-000-2019-00071-00 (63.893)
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de
primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con el artículo 25 del Acuerdo Nº 080 de12 de marzo de
20199.
2. Problema Jurídico
La Sala debe decidir si revoca la decisión de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, que
accedió al amparo de tutela invocado por el Municipio de Vianí - Cundinamarca, por
cuanto, como lo alega el señor Jorge Augusto Hernández Ramírez, la solicitud de
amparo deviene en improcedente al no haberse agotado el recurso extraordinario
de revisión.
3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional10 y el Consejo de Estado11 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).
Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de
1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los
eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue
redefinida por la misma Corporación a través de la sentencia C-590 de 2005,
9
Reglamento interno del Consejo de Estado
10
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852
de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de
2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de
2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de
2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059
de 2015.
11
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de
2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n. º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos
Alimenticios S.A.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo
constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.
Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del Doctor Jorge Octavio Ramírez,
precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, así:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial
con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez;
(iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara
los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) La
providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de
tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede
incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes12: a) Defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido;
c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio
obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el
cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g)
Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución
Política.
12
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
Es importante advertir que, si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo
constitucional.
4. Caso concreto
En el presente asunto el Municipio de Vianí – Secretaría de Planeación e
Infraestructura, en ejercicio de la acción de tutela, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, porque considera que el Juzgado Cuarto
Administrativo de Facatativá, al proferir el auto de 10 de abril de 2024, incurrió en
vía de hecho por defecto fáctico, por no valorar en debida forma los documentos
allegados al trámite del recurso de insistencia, con los cuales se podía advertir que
la reserva de información inicialmente propuesta por el municipio con el oficio SPI
130.08.026 de 13 de marzo de 2024, desapareció con el oficio N° SPI 130-08-029
de 1 de abril de 2024, mediante el cual se suministraron los documentos requeridos
por el peticionario.
Agregó que la decisión del juzgado accionado, incurrió en vía de hecho por error
inducido, por cuanto se fundamentó en los hechos narrados por el recurrente sin
evaluar en su integridad las pruebas aportadas al proceso, en tanto no tuvo en
cuenta que la solicitud de insistencia se formuló respecto de la petición de 5 de
marzo de 2024 y la autoridad judicial demandada se pronunció con relación al
requerimiento formulado el 26 enero de 2024.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 29 de abril de
2024, accedió al amparo del derecho al debido proceso de la tutelante, al considerar
que el Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá, desconoció el principio de
congruencia, pues se limitó a valorar el contenido del oficios SPI.130.08.026 de 13
de marzo de 2024, cuya respuesta estaba dirigida a atender la petición de 26 de
enero del mismo año, sin tener en cuenta que el recurso de insistencia hacía
referencia a la respuesta emitida por la entidad al requerimiento de 5 de marzo de
2024, mediante oficio SPI.130.08.029 de 1º de abril de 2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
Inconforme con la decisión, el señor Jorge Augusto Hernández Ramírez impugnó la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió al
amparo del derecho invocado por el Municipio de Vianí – Cundinamarca –
Secretaría de Planeación e Infraestructura, porque considera que la parte tutelante
no cumplió con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, en tanto, omitió
agotar el recurso extraordinario de revisión contra la providencia de 10 de abril de
2024 adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá, para estudiar y
corregir las presuntas irregularidades en las que incurrió de acuerdo con lo
dispuesto en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, “Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
Reiteró que la tutela tiene un carácter residual y no es una tercera instancia para
atacar errores que bien pudieron impetrarse a través de otros recursos dispuestos
a su alcance, y sin su debido agotamiento no es procedente la tutela.
Con el propósito de responder al problema jurídico, ab initio, la Sala efectuará
algunas precisiones conceptuales en torno al alcance y naturaleza del recurso
extraordinario de revisión.
Con relación a la naturaleza y finalidad del recurso extraordinario de revisión en el
ordenamiento jurídico colombiano, la Corte Constitucional en la sentencia C-520 de
2009, expuso que este recurso, previsto por el legislador en la jurisdicción ordinaria
-civil, penal y laboral - y la jurisdicción contencioso-administrativa13, es una
excepción al principio de cosa juzgada de las sentencias ejecutoriadas, pues
busca “enmendar los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como
restituir el derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en
razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico”14.
13
En efecto, la Sentencia C-520 de 2009, M.P. María Victoria Calle, indica que “la procedencia y causales del recurso extraordinario
de revisión se encuentran regulados en: (i) En materia civil, en el Código de Procedimiento Civil, los artículos 379 y 380. En materia
laboral, en la Ley 712 de 2001, artículos 30 y 31; (iii) En el ámbito penal, en la Ley 600 de 2000, artículo 192; y (iv) En materia
contencioso-administrativa, en el Código Contencioso Administrativo, Artículo 188. (modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de
1998)”. Actualmente, las causales del recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa se encuentran
consagradas de manera taxativa en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (C.P.A.C.A).
14
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009, M.P María Victoria Calle.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
En este sentido, se advierte que el recurso extraordinario de revisión es un
mecanismo de defensa que fue creado para deshacer las sentencias
ejecutoriadas cuando se tiene conocimiento de falencias que llevaron al juez a
emitir un fallo contrario al derecho15, “debido a que, por circunstancias no conocidas
en el momento de adoptar la decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión,
se revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud”16. Este recurso, entonces,
constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en
que busca restablecer la justicia material al anular una sentencia ilegítima y ordenar
emitir un nuevo fallo acorde con el ordenamiento jurídico.
La Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2015, reiteró que el recurso de
revisión es una herramienta para restituir los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del afectado, a través de una nueva sentencia.
Sin embargo, debido a su naturaleza excepcional, el legislador limitó su ejercicio al
cumplimiento de unas causales taxativas de procedencia. Al respecto, este fallo
señaló:
“La revisión, que no es un recurso sino una acción, pretende, como lo ha señalado
la doctrina y la jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos nuevos que
afectan la decisión adoptada y el sentido de justicia que de ella emana. La acción
de revisión, en la medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada, es
no sólo extraordinaria, sino que además procede por las causales taxativamente
señaladas por la ley, y no es posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica providencias amparadas en el
principio de cosa juzgada, y por ello las causales previstas para la revisión deben
ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido” 17
En materia contencioso-administrativa, el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 regula
este recurso y define su ámbito de aplicación de la siguiente manera: “El recurso
extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas
por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos”. Así mismo, el artículo 250 de la misma ley establece de forma
taxativa las causales frente a las cuales resulta procedente dicho mecanismo
judicial.
15
Ibidem.
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda.
17
Corte Constitucional, Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
Demandante: Municipio de Vianí
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá
Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
Por su parte, el Consejo de Estado ha precisado que con la excepción del numeral
4°, ninguno de los numerales que posibilitan la revisión extraordinaria apuntan a
reabrir el debate jurídico, ni refutan el criterio con que el juez interpretó o aplicó la
ley. Por el contrario, las causales cuestionan irregularidades procesales y
probatorias que afectaron la integridad de la decisión y vulneraron los derechos de
las partes. Al respecto, esta Corporación indicó lo siguiente: “las causales de los
numerales 5 y 8 son de índole procesal, mientras que las causales de los numerales
1, 2, 3, 6 y 7 recaen sobre aspectos que atañen a la validez o insuficiencia de los
elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión” 18.
De acuerdo con lo anterior, se advierte que el recurso extraordinario de revisión en
materia contencioso-administrativa se instituye como un medio de defensa idóneo
y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en
un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia
constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la acción de tutela y el
recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:
“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se
plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los
que constituyen el presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que
un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al juez
competente. Los dos procesos, el extraordinario especial de revisión y el de
tutela, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y resulta claro que no
puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales
concurrentes”19.
En este orden se puede inferir que la acción de tutela tiene la potestad de desplazar
al recurso extraordinario de revisión siempre que (i) el derecho fundamental cuya
protección se solicita no sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro
del trámite del recurso; y (ii) las causales de revisión no se encuadren dentro de los
hechos denunciados por el accionante.
De esta manera, tal y como lo ha advertido la jurisprudencia Constitucional “la
acción de tutela se torna improcedente cuando al interior de un proceso
18
Consejo de Estado, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia del 7 de febrero de 2017, rad. 11001-03-15-000-2013-02042-
00(REV), M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19
Corte Constitucional, Sentencia SU-858 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, citada por la Sentencia SU-073 de 2020, M.P.
Cristina Pardo Schlesinger.
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contencioso-administrativo se alega la vulneración al debido proceso y este derecho
fundamental es susceptible de ser protegido mediante el trámite del recurso
extraordinario de revisión”20, por tratarse de una situación que tiene origen en un
fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.
A partir de lo anterior, es importante señalar que el artículo 278 del Código General
del Proceso, clasifica las providencias dictadas por las autoridades judiciales y
señala que las decisiones de los jueces pueden ser autos o sentencias. De esta
manera, establece que: “Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la
demanda, las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se
pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven
los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias”.
Con respecto a estos últimos, la doctrina ha precisado que, dentro de la categoría
de autos, aparecen dos expresiones de la voluntad judicial, a saber: i) los autos de
trámite o de sustanciación y ii) los autos interlocutorios. La distinción entre unos y
otros radica en el aspecto teleológico de la providencia; es decir, si del contenido de
la decisión se desprende la definición de un aspecto importante del expediente
judicial (resuelve un incidente, decide una solicitud de medida cautelar, se pronuncia frente
a una petición de nulidad procesal o solicitudes que hacen referencia a cuestiones
procesales que afectan los derechos de las partes o la validez del procedimiento ) la
providencia que lo contenga sería un auto interlocutorio, mientras que aquellos que
conduzcan el proceso al estado de ser decidido, asumirían el revestimiento de un
auto de trámite o de sustanciación, como aquellos que abren a pruebas los
expedientes declarativos o corren traslado para alegar de conclusión 21.
En este orden de ideas, para el sub lite, se advierte que la providencia de 10 de abril
de 2024, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá, por medio
de la cual se resolvió “el recurso de insistencia presentado por el señor Jorge
Augusto Hernández Ramírez ante el Municipio de Vianí – Cundinamarca, respecto
a la respuesta dada a la petición presentada el 5 de marzo de 2024”, es un auto de
20
Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio.
21
LÓPEZ BLANCO, H. “Instituciones de Procedimiento Civil Colombiano”, Tomo I Parte General, Bogotá, Dupré Editores, 2005,
pág. 611.
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naturaleza interlocutoria que resuelve una situación particular, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, tal y como lo advirtió el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el fallo de tutela impugnado, por lo que no
constituye una sentencia ejecutoriada, proferida en el marco de un proceso judicial
que siguió todas las etapas procesales definidas para los medios de control judicial
establecidos por el legislador para la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
De esta manera, se colige que el auto de 10 de abril de 2024 no constituye una
sentencia ejecutoriada que pueda ser objeto de análisis y valoración en sede de
recurso extraordinario de revisión como lo pretende el impugnante, pues vale la
pena recordar que dicho mecanismo judicial procede contra fallos judiciales que se
encuentran ejecutoriados, cuya condición no cumple la referida providencia.
Bajo este contexto, es pertinente señalar que, dado el carácter residual y subsidiario
de la acción de tutela, su procedibilidad se encuentra condicionada a que “el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial ”22, por lo que, en principio, le corresponde
al interesado agotar todos los medios judiciales ordinarios y extraordinarios que
tenga al alcance para procurar la defensa de sus derechos fundamentales, como
requisito previo para acudir al mecanismo de amparo constitucional.
Así pues, tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales, le
corresponde al juez constitucional verificar de forma exhaustiva que la parte
accionante agotó “(…) todos los medios –ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
a su alcance (…)”23, de manera que, solo es posible erigir la tutela como mecanismo
principal, cuando se acredite la consumación de un perjuicio irremediable, se
verifique la falta de idoneidad o eficacia de los recursos ordinarios de defensa, o se
evidencia la ausencia de instrumentos jurídicos de defensa judicial.
El carácter subsidiario de la acción de tutela contra providencias judiciales ha sido
objeto de valoración por parte de la Corte Constitucional desde sus primeros
pronunciamientos. Así, en la sentencia C-543 de 1992 se sostuvo que “tan sólo
22
Artículo 86 de la Constitución Política.
23
Sentencia C- 590 de 2005 (MP Jaime Córdoba Triviño).
14
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resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional
o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado
no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio
irremediable (…)”24.
Con fundamento en lo anterior, la Sala considera que el Municipio de Vianí –
Cundinamarca, no contaba con otros recursos ordinarios ni extraordinarios de
defensa judicial a su alcance para cuestionar la decisión adoptada por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Facatativá, por lo que la acción de tutela se constituía en
un mecanismo viable y procedente para estudiar la vulneración del derecho al
debido proceso alegado por la accionante en la demanda de tutela, de acuerdo con
los criterios de procedibilidad previstos en el artículo 86 de la Carta política, el
Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia Constitucional.
En este sentido, no le asiste razón al señor Jorge Augusto Hernández Ramírez en
su escrito de impugnación, al señalar que la tutela promovida por la referida entidad
territorial es improcedente por no haber agotado el recurso extraordinario de revisión
contra el auto de 10 de abril de 2024, toda vez que no era un instrumento jurídico
idóneo al cual pudiera acudir para la defensa de sus intereses.
Ahora bien, aunque el señor Jorge Augusto Hernández Ramírez en el escrito de
impugnación, no cuestiona los argumentos desarrollados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el fallo de 29 de abril de 2024, que le permitieron
acceder al amparo de tutela a favor del Municipio de Vianí – Cundinamarca, la Sala
considera pertinente resaltar que dicha providencia efectuó una valoración
razonable y coherente de las circunstancias fácticas y jurídicas que dieron origen al
recurso de insistencia promovido por el señor Hernández Ramírez, pues al examinar
los documentos allegados al expediente de tutela, logró inferir, adecuadamente, que
la decisión adoptada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá, en el auto
de 10 de abril de 2024, vulneró el derecho al debido proceso de la entidad territorial
tutelante, por desconocimiento del principio de congruencia, en tanto se limitó a
valorar el contenido del oficios SPI.130.08.026 de 13 de marzo de 2024, cuya
24
Sentencia C-543 de 1993 (MP José Gregorio Hernández Galindo).
15
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Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
respuesta estaba dirigida a atender la petición de 26 de enero del mismo año, sin
tener en cuenta que el recurso de insistencia hacía referencia a la respuesta emitida
por la entidad al requerimiento de 5 de marzo de 2024, otorgada mediante oficio
SPI.130.08.029 de 1º de abril de 2024.
Así las cosas, la Sala considera que la providencia proferida por el Tribunal
administrativo de Cundinamarca no revela alguna situación irregular de orden
procesal o sustancial, que imponga a esta colegiatura adoptar una decisión en
contrario a lo decidido en dicha oportunidad.
lll. DECISIÓN
En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la
sentencia de 29 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, que accedió al amparo de
tutela invocado por el Municipio de Vianí – Cundinamarca – Secretaría de
Planeación e Infraestructura, contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Facatativá.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de 29 de abril de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, que
accedió al amparo de tutela invocado por el Municipio de Vianí – Cundinamarca –
Secretaría de Planeación e Infraestructura, contra el Juzgado Cuarto Administrativo
de Facatativá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-002651-01
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Acción de Tutela – Fallo de Segunda Instancia
SEGUNDO. - Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese
copia de esta providencia al despacho de origen.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmado electrónicamente)
JORGE ÉDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Ausente con permiso)
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