Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2024-00281-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2024-00281-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-15-000-2024-00281-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-15-000-2024-00281-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de mayo de 2024
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
Demandantes: CÉSAR AUGUSTO PEÑALOZA ANGARITA Y OTROS
Demandado: JUZGADO CUARENTA Y NUEVE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de agotamiento de los
medios de defensa judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo de 30 de
abril de 2024, por medio del cual, la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la solicitud de amparo, por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Los señores César Augusto, Claudia Patricia, Ruth Angélica, Alirio Antonio, Laura
Victoria, Edgar Fabián, Elsa Marleny, Ana Socorro, Luz Amparo y Adriana Peñaloza
Angarita y, Juana Edilma Peñaloza de Carrascal, por medio de apoderada judicial,
presentaron acción de tutela con el fin de que se les proteja sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de
la negativa, en dos oportunidades, del decreto de la medida cautelar de embargo,
tomada la última, en el auto de 18 de abril de 2024, del Juzgado Cuarenta y Nueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en el proceso ejecutivo identificado
con el radicado 11001-33-42-049-2017-00082-00, que se adelantó contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-.
1.2. Pretensiones
Las peticiones deprecadas son las siguientes:
PRIMERO: TUTELAR los derechos al debido proceso y a la tutela judicial
efectiva de mis representados dentro del proceso ejecutivo y tramitado por el
Juzgado 49 Administrativo Sección Segunda de Bogotá identificado con radicado
único nacional 11001334204920170008200, en consecuencia:
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
SEGUNDO: Ordenar al Juzgado 49 Administrativo Sección Segunda de
Bogotá que ordene la medida cautelar de embargo de las cuentas
bancarias de la demandada ante el Banco Agrario concretamente en la
Cuenta Corriente No. 300700006921, en el Banco Popular concretamente
en las Cuentas Corrientes No. 110050253590 y 110026001693 y en
cualquier otra entidad bancaria, de la cual el despacho tenga conocimiento
por procesos similares adelantados contra la misma demandada a la
fecha.
TERCERO: Se ordene al juez accionado, que remita a todas las entidades
que ofrecen servicios bancarios en el país, oficios para que informen si
manejan cuentas cuyo titular sea la UGPP y de las entidades que se
obtenga información positiva, se remita oficio de embargo de dichas
cuentas bancarias.
CUARTO: Ordenar la actualización de la liquidación del crédito.
QUINTO: Se ordene al juez de accionado que una vez recibido los dineros
por el embargo solicitado a la cuenta del despacho, proceda a informarlo
a mis representados y ponerlo a disposición de mis prohijados el dinero,
conforme las certificaciones bancarias que fueron aportadas por ellos y
que ya militan al interior del proceso1.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:
El señor Juan Antonio Peñaloza Cáceres (q.e.p.d.) presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la extinta Caja de Previsión Social de
Comunicaciones -Caprecom-, con el fin de obtener la reliquidación de su pensión
de jubilación con todos los factores salariales.
Del referido proceso conoció el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión
del Circuito Judicial de Bogotá, que en sentencia de 23 de julio de 2012, accedió
parcialmente a las pretensiones deprecadas, decisión confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en
Descongestión, en fallo de 20 de mayo de 2014.
Por orden de un juez de tutela la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, entidad
que asumió el pago de las obligaciones de la Caja de Previsión Social de
Comunicaciones -Caprecom-, procedió a dar cumplimiento a las providencias
condenatorias para lo cual expidió las Resoluciones RDP 043668 de 24 de
noviembre de 2016 y RDP 027824 de 11 de julio de 2017.
Inconforme con lo decidido en los referidos actos administrativos, el señor Peñaloza
Cáceres radicó el 14 de marzo de 2017, demanda ejecutiva, la cual fue repartida
bajo el radicado 11001-33-42-049-2017-00082-00 al Juzgado Cuarenta y Nueve
1 Transcripción de conformidad con el texto original, con negrillas, subrayas y posibles errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, autoridad judicial que después de
surtido el trámite correspondiente, en sentencia de 4 de abril de 2018, negó las
excepciones propuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución, decisión
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, en fallo de 22 de junio de 2021.
El 13 de abril de 2019, el señor Juan Antonio Peñaloza Cáceres falleció, razón por
la cual fueron reconocidos como sucesores procesales sus hijos César Augusto,
Claudia Patricia, Ruth Angélica, Alirio Antonio, Laura Victoria, Edgar Fabián, Elsa
Marleny, Ana Socorro, Luz Amparo y Adriana Peñaloza Angarita, y Juana Edilma
Peñaloza de Carrascal.
Mediante auto de 25 de enero de 2023, el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá negó la solicitud de embargo de las cuentas
bancarias de la entidad ejecutada presentada por la parte demandante, al
considerar que esta última «no acreditó la clase de recursos que posee las cuentas
a embargar, ni mucho menos su número, ni entidades bancarias, sobre las cuales
habrá de recaer la medida, como para poder realizar el análisis correspondiente de
procedencia».
Con peticiones de 11 y 18 de agosto de 2023, los demandantes deprecaron el
decreto de la medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP-, lo cual fue negado con proveído de 28 de septiembre de
2023, por cuanto no se indicó la clase y naturaleza de los recursos que reposaban
en dichos productos financieros.
En memoriales de 12 de febrero y 4 de abril de 2024, la apoderada de los actores
pidió, otra vez, el decreto de la medida cautelar antes referida, requerimiento
negado nuevamente con providencia de 18 de abril de 2024.
Contra la anterior decisión la parte ejecutante presentó recurso de reposición y en
subsidio apelación, lo cual se encuentra surtiendo el trámite pertinente2.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, en atención a que la
medida cautelar de embargo negada, sí es viable legal y jurisprudencialmente.
En ese orden, señaló que la legislación laboral y de seguridad social, permite la
aplicación analógica de las disposiciones previstas en el Código General del
Proceso, en particular sobre el denominado proceso ejecutivo, en el cual resulta
procedente el decreto y práctica de medidas cautelares, que tienen como fin lograr
el pago de las acreencias que se discuten en este, tal como se encuentra previsto
en los artículos 588 y siguientes del mentado cuerpo normativo.
2 Verificado en el aplicativo Samai del Consejo de Estado.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
Asimismo, indicó que los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones tienen
desarrollada una línea jurisprudencial consolidada y pacífica respecto al principio de
inembargabilidad, el cual opera precisamente cuando se advierte la vulneración a
los derechos fundamentales de trabajadores y pensionados; en este punto señaló
las sentencias de la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-071 de 1993, C-103 de
1994, T-025 de 1995, C-354 de 1997, C-566 de 2003, C-1064 de 2003, C-192 de
2005 y C-1154 de 2008, pero sin ningún análisis de lo dispuesto en estas y su caso.
Manifestó que las subreglas jurisprudenciales definidas por las altas cortes deben
ser aplicadas por la autoridad judicial accionada de conformidad con la dispuesto
en la Ley 270 de 1996 y la sentencia C-836 de 2001, sobre la obligatoriedad y
acatamiento de los pronunciamientos de estos órganos judiciales.
Aseveró que estaba suficientemente acreditado en el proceso que el proceder de la
entidad ejecutada era contrario a los principios constitucionales y legales que rigen
la actuación de la administración, por cuanto resultaba inviable imponer a la parte
ejecutante la carga de esperar de manera indefinida el pago de unas sumas
reconocidas en una sentencia, a la libre voluntad y maniobras de quien debe
responder por su pago.
En ese orden, afirmó que, de conformidad con los fundamentos fácticos obrantes
en el proceso, estaba más que acreditada la procedencia de la excepción a la regla
de inembargabilidad de los dineros destinados al pago de prestaciones del sistema
de seguridad social en pensiones.
De igual forma, indicó que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, cuando se trata de la ejecución para el pago
de una condena impuesta en una sentencia judicial, la aplicación del artículo 195 de
la Ley 1437 de 20113, no impedía el embargo de los recursos que pertenezcan al
Presupuesto General de la Nación y que se encuentren es cuentas corrientes o de
ahorros abiertas por las entidades públicas, de acuerdo con los dispuesto en el
artículo 2.8.1.6.1.1. del Decreto 1068 de 20154.
Precisó entonces que, de conformidad con los pronunciamientos de las referidas
corporaciones, el principio de inembargabilidad de los recursos públicos no era
absoluto y, la prohibición prevista en el parágrafo segundo del artículo 195 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo recaía
únicamente sobre los rubros de presupuesto destinados al pago de sentencias y
conciliaciones y al Fondo de Contingencias.
Finalmente, transcribió in extenso el fallo de tutela dictado por el Consejo de Estado
en el expediente 11001-03-15-000-2020-04268-01, pero sin ningún análisis en
relación con su caso.
De otra parte y, como un hecho de su demanda, aseveró que el expediente digital
del proceso ejecutivo se encuentra desorganizado en toda la numeración, lo cual,
3 Este artículo regula el tema del trámite para el pago de condenas o conciliaciones.
4 Por medio del cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
en su sentir, permitía advertir la mala prestación del servicio de administración de
justicia por parte del juzgado censurado.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 22 de abril de 2024, el a quo constitucional admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar al Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, como accionado.
Como tercero con interés vinculó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, y
reconoció a la abogada Gloria Eneida Russo Moncada como apoderada de los
actores.
1.6. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones.
1.6.1. Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá
El titular del referido despacho judicial, después de hacer un recuento de las
actuaciones surtidas al interior del proceso ejecutivo indicó que con auto de 18 de
abril de 2024, se negó la solicitud de medida cautelar tras considerar que no se
había acreditado la clase y la naturaleza de los recursos de las cuentas bancarias
a embargar.
Asimismo, indicó que la decisión no obedeció a que no se haya solicitado la
información a las entidades financieras, como equivocadamente lo señaló la parte
accionante, sino a la falta de acreditación de la naturaleza de los dineros
depositados en los referidos productos financieros.
Advirtió igualmente, que contra la providencia de 18 de abril de 2024, se interpuso
el recurso de reposición y en subsidio apelación, del cual se está corriendo el
término, razón por la cual no ha ingresado al despacho para su resolución.
1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP-
La mentada entidad, después de traer a colación los antecedentes administrativos
y judiciales respecto de la pensión del causante, señaló que la tutela era
improcedente por cuanto lo pretendido era que se revocara la decisión de la
autoridad judicial accionada de negar la medida cautelar de embargo consignada
en el auto de 18 de abril de 2024, la cual además se encontraba a justada a derecho.
En ese orden, solicitó que se declare improcedente y se deniegue el amparo
deprecado, por cuanto no se vulneró ningún derecho de la parte accionante, al igual
que se disponga el archivo del expediente constitucional.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 30 de abril de 2024, la Subsección A de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Así entonces, precisó que la inconformidad de los tutelantes surgía de la decisión
del Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de
negar por segunda vez la petición de la medida cautelar de embargo de las cuentas
bancarias de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, y que la misma se
concretó en el auto de 24 de abril de 2024,
No obstante, indicó que si bien no se controvertía propiamente una providencia
judicial, y sin que se desconociera que mediante proveídos de 23 de septiembre de
2023 y 24 de abril de 2024, se había negado el decreto de la mencionada medida
cautelar, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia SU-128 de 2021, la tutela
en estudio era improcedente «pues no se acredita el requisito consistente en que
“se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable” que habilite un
pronunciamiento del juez de tutela en casos en los que se controvierte una decisión
judicial».
En ese orden, citó los artículos 3185 y 3216 del Código General del Proceso, para
señalar que los actores tenían a su alcance otros medios de impugnación para
debatir la negativa del decreto de la medida cautelar solicitada, que además se
acreditó que fueron presentados por los accionantes, luego, le correspondía a los
jueces del proceso ordinario establecer la procedencia o no del embargo deprecado.
Asimismo, precisó que tampoco era viable la intervención del operador
constitucional como mecanismo transitorio, comoquiera que no se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable ni que los tutelantes se encontraran en una
situación especial que hiciera impostergable la resolución de los recursos.
De igual forma, indicó que también resultaba improcedente la petición referida a que
se ordenara la actualización del crédito, pues la misma debía ser formulada,
primero, al juzgado de conocimiento, de lo cual no había constancia en el proceso
que se hubiera realizado dicha gestión.
Finalmente, advirtió que el argumento referido a que el «link del one drive» estaba
desorganizado, no tenía asidero toda vez que la autoridad judicial accionada estaba
respetando el protocolo de organización del expediente en cuanto a su numeración
y nombre de los archivos, «siendo que el sistema organiza los números de acuerdo
a su silogismo, sin que en ello tenga injerencia el juez accionado, siendo del caso
que las partes sigan la numeración realizada y no el orden que arroja el sistema».
5 Recurso de reposición.
6 Recurso de apelación.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
1.8. Impugnación7
Mediante escrito radicado el 6 de mayo de 2024, la parte actora planteó su
inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual solicitó que se accediera
a las pretensiones solicitadas en el escrito de tutela.
Así, en primer lugar, precisó que tanto el demandante y los sucesores procesales
eran personas de especial protección constitucional, por su edad y condiciones de
salud, de lo cual tuvo conocimiento en su oportunidad el Juzgado Cuarenta y Nueve
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, según daban cuenta las piezas
procesales ubicadas en los numerales 33, 35, 48, 53, 59, 59.1, 59.2, 59.3, 90, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 111, 119, 127 y 128.
Señaló igualmente, que inclusive desde la misma demanda ejecutiva se puso de
presente al operador judicial el estado de salud del señor Juan Antonio Peñaloza
Cáceres y el peligro apremiante que se evidenciaba por la actuación de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- de reducirle su mesada pensional, cuando lo ordenado
en las sentencias del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue todo lo
contrario.
De igual forma, advirtió que en el proceso ejecutivo varios de los sucesores de la
parte demandante le solicitaron al juez la celeridad en el trámite de este, entre otros
motivos, por los padecimientos de diversas enfermedades. En este punto,
transcribió los diagnósticos médicos de los 11 tutelantes y anunció allegar sus
historias clínicas.
Asimismo, indicó que, pese a que está en curso el recurso de apelación contra el
auto del 18 de abril de 2024, lo cierto es que su resolución tomará dos años, que es
el promedio para este trámite, al igual que la autoridad judicial accionada para dictar
la decisión frente a la reposición, la cual, en su sentir, de conformidad con la posición
de esta frente al tema y el informe rendido en el presente trámite, con certeza será
mantener la negativa de la medida cautelar.
Concluyó que dadas las graves enfermedades que padecen los sucesores
procesales, se puede inferir que están en peligro de poder ver materializados sus
intereses en el referido proceso ejecutivo, dado el trámite procesal al que están
siendo sometidos con la segunda negación al decreto de la medida cautelar de
embargo, en la cual se omite analizar las respuestas negativas de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- de pagar la sumas reclamadas.
En segundo lugar, manifestó que tal como lo indico el juzgado accionado en su
informe, la negativa al decreto de la medida cautelar obedeció a que no se acreditó
la naturaleza de los dineros depositados en las cuentas, cuando por el contrario, se
aportaron al despacho las peticiones realizadas a los bancos en dicho sentido, razón
por la cual, estimó que es clara la actuación imparcial y arbitraria del juez ordinario.
7 La sentencia fue notificada el 2 de mayo de 2024.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
Al respecto, advirtió que ello quedaba demostrado por cuanto la acreencia no había
sido pagada, pues, conforme a la liquidación del crédito de fecha 21 de noviembre
de 2022, lo debido ascendía a la suma de $913.346.544, además que esta deuda
estaba catalogada como excepción a la regla de inembargabilidad de recursos de
entidades, por cuanto provenía de sentencias judiciales; sumado a ello, es también
que la ejecutada se había negado a reconocer y pagar lo ordenando, comoquiera
que no existía prueba de alguna consignación efectiva a las cuentas de los
tutelantes, sumado a que lo pretendido por la ejecutada era cuestionar lo ya decidido
en el proceso declarativo, en tanto en la Resolución RDP 008465 de 19 de abril de
2023, cuestionaba la cosa juzgada y hacía referencia a etapas ya concluidas.
Finalmente, aseveró que el expediente electrónico del proceso ejecutivo sí se
encuentra nombrado y enumerado erróneamente, situación que tornaba más difícil
encontrar las piezas procesales, con lo cual se obstaculizaba el acceso a la
administración de justicia, al no seguirse el protocolo previsto en el Acuerdo PCSJA
20-11567 de 2020 del Consejo Superior de la Judicatura.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de 30 de abril de 2024, proferida por la Subsección
A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión
de primera instancia de 30 de abril de 2024, a través de la cual la Subsección A de
la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor César Augusto
Peñaloza Angarita y otros contra el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, por falta de cumplimiento del presupuesto de la
subsidiariedad.
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos
de procedibilidad, en especial, el de agotamiento de los medios de defensa judicial
y, de encontrase superado junto con los demás, (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 8,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
8 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema9.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales10.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Agotamiento de los medios de defensa judicial
2.4.1.1. En relación con el acatamiento de la referida exigencia, conforme lo señaló
el a quo, el mismo no se encuentra superado, pues el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral
1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
Asimismo, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional12 como de esta
Corporación ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción
de tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando:
i) el accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a
su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales; ii) el accionante acude directamente a la acción de tutela a
pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o; iii) el
proceso o asunto se encuentra en trámite.
Frente al punto, debe precisarse que acorde con el artículo 86 de la Constitución
Política, la tutela es una acción de naturaleza excepcional y subsidiaria que se torna
improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
10 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
2.4.1.2. En el caso objeto de estudio, es claro que los tutelantes cuestionan la
negativa del decreto de la medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias de
la entidad ejecutada, lo cual se concretó, por ultima vez, en el auto de 18 de abril de
2024, por cuanto la parte ejecutante no acreditó la clase y naturaleza de los recursos
depositados en las cuentas bancarias sobre las cuales solicitó su embargo, sin que
tal requisito se pueda tener por superado con el aporte de las peticiones radicadas
ante las entidades financieras en las que se solicitó dicha información.
En la sentencia de primera instancia se declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo, bajo la premisa de que no cumplió con el requisito de subsidiariedad, toda
vez que contra la providencia de 18 de abril de 2024, el extremo activo del proceso
interpuso el recurso de reposición y en subsidio apelación, actuación que se
encuentra en trámite, sumado a que tampoco se acreditó un perjuicio irremediable,
pues si bien se alegó que dos de los sucesores procesales tiene condiciones
delicadas de salud, no se aportó prueba alguna de tal condición, luego, no había
una situación especial que hiciera impostergable la resolución de los referidos
medios de defensa.
Con el escrito de impugnación, la parte actora señaló que la tutela era procedente
toda vez que tanto el ejecutante como los sucesores procesales eran sujetos de
especial protección constitucional por la edad y las condiciones delicadas de salud,
de lo cual daban cuenta varias documentales obrantes en el expediente del proceso
ejecutivo, así como las historias clínicas de estos que aportaba en esta instancia.
Al respecto, la Sala advierte en primer lugar que, una vez revisadas las pruebas
documentales allegadas al expediente digital de la presente tutela, se constató que
el causante Juan Antonio Peñaloza Cáceres, mediante apoderado judicial, presentó
demanda ejecutiva contra la la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-, aportando como
título ejecutivo las sentencias dictadas a su favor en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que ordenaron la reliquidación de su pensión de
jubilación con todos los factores salariales devengados. Asimismo, que ante el
fallecimiento del ejecutante el 13 de abril de 2019, fueron reconocidos como
sucesores procesales sus hijos César Augusto, Claudia Patricia, Ruth Angélica,
Alirio Antonio, Laura Victoria, Edgar Fabián, Elsa Marleny, Ana Socorro, Luz Amparo
y Adriana Peñaloza Angarita, y Juana Edilma Peñaloza de Carrascal
De igual forma, que en varias oportunidades la apoderada de los tutelantes solicitó
la medida cautelar de embargo de las cuentas bancarias de la ejecutada, las últimas
peticiones de 12 de febrero y 4 de abril de 2024, las cuales fueren resueltas por el
Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en auto
de 18 de abril de 2024, en el sentido de negarla.
Asimismo, que contra la anterior providencia se interpuso el recurso de reposición
y en subsidio apelación, conforme lo indicó la autoridad judicial accionada en su
informe y se corroboró con la consulta del proceso en el aplicativo Samai del
Consejo de Estado, según el cual, se encuentra en el índice 169 el ingreso al
despacho, con fecha 7 de mayo de 2024.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
En ese orden, conforme lo señaló el a quo, no es posible, prima facie, la intervención
del juez constitucional, pues, son los operados judiciales del proceso ejecutivo
quienes deben determinar, al momento de desatar los referidos recursos, si es
procedente o no el decreto de la medida cautelar deprecada, situación que torna
improcedente el mecanismo de amparo.
En segundo lugar, en relación con lo manifestado por la parte accionante en la
impugnación, se tiene que la Corte Constitucional ha explicado que la acción de
tutela procede sólo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la
posible ocurrencia de un perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se
acrediten al menos sumariamente.
Conforme a lo anterior, la única excepción a la regla de improcedencia de la acción
de tutela cuando existen otros mecanismos de defensa para obtener la protección
de las prerrogativas superiores invocadas, es la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual se configura a voces de la Corte Constitucional «…cuando el
peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta
con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medidas
impostergables que lo neutralicen…»13.
De manera que, este perjuicio irremediable debe ser inminente o actual, y además
ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e impostergables14.
Entonces, corresponde a la Sala estudiar si, en el caso concreto, procede de forma
transitoria ante la configuración de un perjuicio irremediable que afecte de manera
directa los derechos fundamentales de los tutelantes.
Al respecto, se tiene que dicho perjuicio no se evidencia en el presente asunto,
porque del análisis del acervo probatorio, pese a reconocerse que algunos de los
tutelantes se encuentran en edades entre los 60 y 76 años, y de padecer de algunas
afectaciones en la salud, no es posible establecer que se encuentren en una
situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales,
pues no es posible determinar que dado el hecho en cuestión, no sigan recibiendo
atención médica, en medicamentos o tratamientos para sus enfermedades, según
los diagnósticos referidos en la impugnación.
13 Corte Constitucional, sentencia T-636 de 2006, con ponencia de la magistrada Clara Inés Vargas
Hernández.
14 Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron delimitados por la Corte
Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993, con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo
Mesa. Dicha línea fue reconocida por la Sala Plena de la Corte en la sentencia C-531 de 1993. A
continuación, se reseña, en síntesis, lo pertinente: «… son elementales para la comprensión de la
figura del perjuicio irremediable,… A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por
suceder prontamente"…. || B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable
han de ser urgentes,… || C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que
equivale a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona… || D).La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable, ya
que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por inoportuna… Se trata del sentido
de precisión y exactitud de la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las
autoridades públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías básicos para
el equilibrio social».
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
Sumado a lo anterior, se advierte que no se acreditó la relación entre la situación
fáctica de salud y edad de varios de los actores y la negativa al decreto de la medida
cautelar de embargo dentro del proceso ejecutivo que se promovió contra la
ejecutada en el año 2017, el cual se encuentra actualmente en curso, situación que,
prima facie, permite deducir que el paso prolongado del tiempo no ha generado la
lesión grave alegada y, por lo tanto, tampoco se presenta la urgencia de la
protección deprecada.
Así las cosas, es claro para esta magistratura que en el sub examine, no puede el
juez constitucional pronunciarse de fondo sobre la solicitud de amparo, toda vez que
no se supera el requisito adjetivo de la subsidiariedad.
Por otro lado, sobre los argumentos referidos a que el expediente electrónico del
proceso ejecutivo se encuentra en desorden, en cuanto a los nombres y la
numeración, estos también deben ser planteados ante la autoridad judicial
censurada, sin que pueda ser este mecanismo de amparo el medio para ordenar
una acción al respecto, sumado a que tal como lo indicó el a quo, el propio sistema
le asigna la numeración a las actuaciones de conformidad con su programación sin
que sobre ello tenga injerencia el despacho judicial.
Finalmente, esta colegiatura advierte que en el aplicativo Samai se encuentra
registrado en el proceso de la referencia como parte accionada el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, cuando lo correcto
es el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
razón por la cual se ordenará que por la Secretaría General de la corporación se
realice el ajuste correspondiente.
2.5. Conclusión
En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente el mecanismo de amparo de la referencia por falta de agotamiento de
los medios de defensa judicial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de abril de 2024, proferida por la
Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría General del Consejo de Estado que corrija
en el aplicativo Samai el extremo pasivo de la presente tutela, en el sentido de que
esta sea el Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: César Augusto Peñaloza Angarita y otros
Demandado: Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00281-01
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012»
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.