Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00318-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00318-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 25000-23-15-000-2024-00318-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
25 de octubre de 2024
Radicado:25000-23-15-000-2024-00318-01
Accionante: Hendrika García Albarracín
Accionado: Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00318-01
Accionante: Hendrika García Albarracín
Accionado: Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá y otros
Tema: tutela por vulneración del derecho de petición. Uso de las listas de elegibles
para proveer empleos de carrera. Subtema 1: obligación de las autoridades de dar
respuesta a las peticiones que le sean presentadas. Subtema 2: carencia actual de
objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir la
impugnación que presentaron Hendrika García Albarracín y el Juzgado Sesenta y Dos
Administrativo de Bogotá, en contra de la sentencia del 15 de mayo de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Hendrika García Albarracín, en nombre propio, presentó acción de tutela en contra de
los Juzgados Dieciséis, Treinta y Cinco, Cincuenta y Siete y, Sesenta y Dos
Administrativos de Bogotá D.C., con la pretensión de amparo de sus derechos
fundamentales de petición, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, así como el principio de mérito y oportunidad que estimó vulnerados
porque, las listas y registros de elegibles para la provisión del cargo de profesional
universitario de juzgado administrativo, grado 16 no han sido utilizados.
Los juzgados accionados no le han dado información clara y de fondo sobre el estado
de la lista de elegibles y los cargos a proveer en vacancia definitiva existentes en cada
despacho. Dijo que el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá no nombró al profesional
en propiedad, cuando desde el 3 de marzo de 2022 tiene la lista de elegibles, que a la
fecha se ha actualizado dos veces.
II. ANTECEDENTES
2.1 Hechos
La actora expuso, como fundamento de su solicitud, los hechos que se resumen a
continuación:
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2.1.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C., mediante Acuerdo núm.
CSJBTA17-556 de 2017 adelantó el proceso de selección y convocó al concurso de
méritos para la conformación del registro seccional de elegibles para la provisión de
los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios. La
accionante se inscribió al referido concurso como aspirante al cargo de Profesional
Universitario de Juzgados Administrativos Grado 16 en Bogotá.
2.1.2. La actora manifestó que luego de superar la prueba de conocimientos, aptitudes
y/o habilidades, fue expedida la Resolución núm. CSJBTR21-71 de 24 de mayo de
2021. Precisó que, con la Resolución núm. CSJBTR23-508 de 27 de julio de 2023, se
actualizó la lista de registro de elegibles, en orden descendente de puntaje de
calificación incluyendo la segunda reclasificación de los elegibles.
2.1.3. La señora García Albarracín manifestó que el 28 de febrero de 2024, solicitó al
Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, continuar con el uso de la lista de elegibles
emitida el 3 de marzo de 2022, sin embargo, dicha entidad no respondió su
requerimiento.
2.1.4. La accionante indicó que, mediante escrito de 4 de abril de 2024, solicitó a los
Juzgados Administrativos Dieciséis, Treinta y Cinco y, Sesenta y Dos de Bogotá D.C.,
que informaran, respecto del cargo de profesional universitario grado 16: (i) el uso dado
a la lista de elegibles en cada despacho y (ii) el envío de los actos administrativos que
sustentan dicho uso. Ello, porque, a su juicio, la información del uso de la lista de
elegibles no es clara. Agregó que las autoridades judiciales accionadas no ofrecieron
respuesta alguna.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
La parte actora solicitó en el escrito de tutela:
1. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 16, 35 y 62, la protección real y
efectiva del derecho fundamental de petición, igualdad, acceso a la administración de
justicia, debido proceso, mérito y oportunidad.
2. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 16, 35, 50, 57 y 62, dar respuesta
completa y de fondo dentro de las 48 horas siguientes al fallo de la presente tutela, al
derecho de petición de información radicado el 4 de abril de 2024.
3. Ordenar al Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, dar respuesta completa y de fondo
dentro de las 48 horas siguientes al fallo de la presente tutela, al derecho de petición
radicado el 28 de febrero de 2024.
4. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 16, 35 y 62, y en aplicación
extensiva a todos los demás Juzgados Administrativos de Bogotá, que garanticen el
derecho a la igualdad para el acceso al cargo de profesional universitario grado 16 de
Bogotá, dando estricta aplicación a la Circular CSJTOC22-82 de 7 de febrero de 2022
proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, vigente, en el sentido
de proveer los cargos que se encuentran en vacancia transitoria, en virtud de licencias
no remuneradas o semejantes, por medio de la lista de registro de elegibles vigente.
5. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 16, 35 y 62, y en aplicación
extensiva a todos los demás Juzgados Administrativos de Bogotá, que garanticen el
derecho a la igualdad para el acceso al cargo de profesional universitario grado 16 de
Bogotá, dando estricta aplicación a la Circular No. CSJVAC22-11 de 28 de febrero de
2022 proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, vigente,
en el sentido de garantizar los nombramientos al cargo, con cumplimiento de los
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términos legales y la consulta obligatoria de la lista actualizada permanentemente del
registro de elegibles expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
con el fin de no seguir dilatando de manera injustificada la posesión del elegible, como
viene sucediendo en el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, desde el 3 de marzo de
2022, hace 2 años, donde se abusa de la facultad discrecional y desde esa fecha se
tiene nombrado en un cargo de carrera a un provisional elegido discrecionalmente, sin
darse uso a la lista de elegibles y al registro de elegibles vigente.
6. Ordenar la remisión a la autoridad disciplinaria para que se investiguen las
irregularidades e inaplicaciones de la ley y reglamento por parte de los nominadores
accionados.
7. Ordenar a los Juzgados Administrativos de Bogotá: 16, 35 y 62, las demás
protecciones que de oficio disponga el juez constitucional para garantizar nuestros
derechos fundamentales de petición, igualdad, acceso a la administración de justicia,
debido proceso, al mérito y la igualdad.1.
Como fundamento de sus pretensiones, la tutelante consideró que se ha vulnerado su
derecho fundamental de petición de información, en conexidad con los derechos a la
vida, trabajo, al acceso a cargos públicos, a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia, al debido proceso, al mérito y la oportunidad, comoquiera que desde el 24
de mayo de 2021 hace parte del registro de elegibles para ocupar el cargo de
profesional universitario grado 16 de Juzgados Administrativos de Bogotá, pero el
registro de elegibles no ha sido tenido en cuenta de manera rigurosa para proveer las
vacantes definitivas.
2.3. Trámite procesal
La tutela correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A, autoridad judicial que, a través del despacho ponente,
emitió auto el 3 de mayo de 20242 en el que la admitió; otorgó valor probatorio a los
documentos aportados con el escrito de amparo; y ordenó las notificaciones de rigor a
los juzgados Dieciséis, Treinta y Cinco, Cincuenta y Siete y, Sesenta y Dos
Administrativos de Bogotá D.C.
2.4. Intervenciones
2.4.1. Juzgado Dieciséis (16) Administrativo de Bogotá
En escrito presentado el 7 de mayo de 20243, la juez a cargo del despacho judicial en
mención solicitó que fueran negadas las pretensiones del recurso de amparo porque
el 06 de mayo de 2024, dio respuesta a la petición formulada por la accionante. En la
respuesta comunicó a la señora García Albarracín lo relacionado con el último
nombramiento que se realizó en el despacho, aclarándole, además, que no hace parte
de la lista de elegibles de ese despacho judicial.
Por lo anterior, sostuvo que no existe vulneración de derecho fundamental alguno, toda
vez que el juzgado respondió de fondo lo solicitado. Agregó que la respuesta fue
1 Se transcribe incluso con errores.
2 Índice 3 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
3
Índice 7 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
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debidamente notificada, pues de manera inmediata la actora instauró recurso de
insistencia en contra de la contestación brindada.
2.4.2. Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo de Bogotá
La secretaria del Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo de Bogotá, rindió informe
en el asunto de la referencia para lo cual, precisó que la acción de tutela resulta
infundada, porque no ha transcurrido el término legal otorgado para resolver la petición
de la accionante. Ello, en atención a que la solicitud de información fue radicada el 26
de abril de 2024 y no el 04 del mismo mes y año4.
Añadió que, como la petición presentada por la actora es del 26 de abril de 2024, el
Juzgado remitirá la respuesta en el término previsto en la Ley 1755 de 2015, que
dispone que toda petición deberá resolverse en los quince (15) días siguientes a su
recepción.
2.4.3. Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de Bogotá
La juez a cargo del despacho judicial en mención solicitó, mediante escrito de 7 de
mayo de 20245, su desvinculación del trámite constitucional, en razón a que no tiene
legitimación en la causa por pasiva. Lo anterior, por cuanto una vez revisadas las
pretensiones de la acción de tutela se observa que no se le atribuyó conducta alguna.
Añadió que la petición de 04 de abril fue respondida mediate oficio núm.142-J057 del
18 de abril de 2024, en la que fueron resueltos cada uno de los interrogantes
relacionados con la lista de elegibles para proveer el cargo de Profesional Universitario
de Juzgado Administrativo Grado 16, respuesta que fue notificada a la dirección de
correo electrónico suministrada por la accionante.
2.4.4. Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá
La juez a cargo de este despacho judicial, a través de memorial de 6 de mayo de
20246, manifestó que no ha vulnerado derecho fundamental alguno porque ha
brindado respuesta a cada una de las peticiones radicadas por la actora.
Al respecto, informó que la señora García Albarracín ha presentado en distintas
oportunidades peticiones7 en las que solicita la misma información a la aquí debatida.
Destacó que la solicitud del 04 de abril de 2024 fue respondida el 06 de mayo siguiente.
2.5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
mediante sentencia de 15 de mayo de 20248, accedió parcialmente a las pretensiones
de la acción de tutela, en los siguientes términos:
4 Índice 9 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
5 Índice 11 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
6 Índice 12 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
7 La autoridad judicial accionada manifestó que la señora Hendrika García Albarracín ha presentado ante el juzgado
peticiones en las siguientes fechas: 11 de enero de 2024, 18 de enero de 2024, 19 de enero de 2024 y 1° de febrero
de 2024.
8 Índice 14 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
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«PRIMERO: DECLARAR la CARENCIA ACTUAL DEL OBJETO POR HECHO
SUPERADO, respecto al amparo de los derechos de petición radicados ante los
Juzgados 16 y 57 Administrativos de Bogotá, y NEGAR la pretensión de
nombramiento en los mismos, según lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción, respecto del derecho
de petición radicado el día 26 de abril de 2024 ante el Juzgado Treinta y Cinco (35)
Administrativo de Bogotá, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho de petición de fecha cuatro (4) de abril de 2024,
radicado ante el Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá, y en
consecuencia, ORDENASE al mismo Juzgado, para que en el término perentorio de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, si no lo ha
hecho, emita respuesta de fondo a la petición descrita y notifique la misma a la
accionante, de lo cual deberá dar oportuna información ante esta corporación, a efectos
de determinar el cumplimiento de lo acá dispuesto. (…)»9.
Como argumentos de la decisión, el juez de tutela de primera instancia, luego de
explicar el alcance del derecho fundamental de petición, manifestó lo siguiente:
1. El Juzgado dieciséis (16) Administrativo de Bogotá atendió de manera clara y
precisa la petición elevada por la accionante el 04 de abril de 2024, comoquiera
que en su respuesta indicó el estado en que se encuentra la lista de elegibles,
adjuntó el acto administrativo según el cual se realizó el último nombramiento
en el cargo de Profesional Universitario Grado 16 y aclaró que la accionante no
hace parte de la lista de elegibles del despacho.
2. El Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo de Bogotá no vulneró el derecho
de petición de la accionante, porque para la fecha de interposición de la acción
de tutela, el término legal para dar respuesta a la solicitud no había vencido,
razón por la cual el recurso de amparo se torna improcedente.
3. El Juzgado Cincuenta y Siete (57) Administrativo de Bogotá respondió de
manera clara y concisa la petición de la accionante, comoquiera que en su
respuesta indicó el estado en que se encuentra la lista de elegibles e informó
respecto de acto administrativo mediante el cual se realizó el último
nombramiento en el cargo de Profesional Universitario Grado 16, además,
aclaró que a la fecha no existen más situaciones administrativas para dicho
cargo.
4. El Juzgado 62 Administrativo de Bogotá no aportó copia de la respuesta emitida
el 6 de mayo de 2024, ni la notificación de esta a la accionante, lo cual motivó
el amparo del derecho fundamental alegado.
2.6. Impugnaciones
2.6.1. Dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
juez a cargo del Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo de Bogotá, en su condición
de accionada, impugnó la decisión de primera instancia para lo cual reiteró los
argumentos expuestos en la acción de amparo.
9 Se transcribe incluso con errores.
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Insistió en que la petición instaurada por la accionante fue resuelta mediante escrito
de 06 de mayo de 2024, remitida al correo electrónico hendrika_garc@yahoo.com,
razón por la cual la decisión de primera instancia debe ser revocada.
2.6.2. La accionante, mediante correo electrónico de 11 de junio de 202410, impugnó
la decisión de primera instancia porque el juez de tutela no resolvió el fondo el asunto
ni hizo un análisis adecuado sobre la afectación de sus derechos fundamentales, pues,
en su criterio, se limitó únicamente a decidir respecto del derecho de petición, sin
pronunciarse sobre la vulneración de los derechos a la igualdad, al debido proceso, al
acceso a cargos públicos, y, al mérito y oportunidad, los cuales fueron alegados como
desconocidos en el escrito de tutela.
Para la accionante no es cierto que, el derecho fundamental de petición esté siendo
protegido por el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, pues, a su juicio, no ha dado
respuestas completas y de fondo a ninguno de los dos escritos objeto de la presente
tutela. Al contrario, «de manera irregular y arbitraria viene dilatando el uso de la lista
de elegibles que le fuera enviada hace 27 meses, esto es, hace 2 años y 3 meses, e
igualmente ha hecho caso omiso a la orden dispuesta por el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, de consultar el registro de elegibles vigente para realizar el
nombramiento del cargo vacante desde febrero de 2022».
Finalmente, el actor, en su escrito de tutela, solicitó remitir a la Comisión Disciplinaria
de la Rama Judicial las irregularidades descritas por el nominador del Juzgado 16
Administrativo de Bogotá, sobre lo que tampoco se pronunció el juez de primera
instancia.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991, esta Sala es competente para conocer, en segunda instancia, el recurso de
impugnación interpuesto en contra de la sentencia del 15 de mayo de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.
3.2. Legitimación en la causa
3.2.1. La legitimación en la causa por activa de Hendrika García Albarracín se
encuentra acreditada, por cuanto fue quien presentó las solicitudes que, en su
concepto, no han sido contestadas y, por ende, es la titular del derecho fundamental
de petición y de las demás prerrogativas constitucionales que invocó en el escrito de
tutela.
3.2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de los Juzgados
16, 35, 57 y 62 Administrativos de Bogotá D.C., en la medida en que son las
autoridades que, según la parte actora, no han dado respuesta a su solicitud, y, por lo
tanto, a quienes se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales de
10 Índice 19 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
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petición de información, igualdad, acceso a la administración de justicia y debido
proceso, así como el principio de mérito y oportunidad.
3.3. Cuestión preliminar
Teniendo en cuenta que la decisión objeto de impugnación fue proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca el 15 de mayo de 2024, esta Sala constitucional
considera pertinente aclarar lo siguiente:
La accionante, mediante correo electrónico de 11 de junio de 2024 11, impugnó la
decisión de primera instancia. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto de 17 de junio de 2024, consideró que la presentación
del recurso fue extemporánea.
Por correo electrónico del 21 de junio de 2024, la actora interpuso recurso de
reposición, inconforme con la decisión anterior, en el que argumentó que la
impugnación presentada contra el fallo del 15 de mayo de 2024 se radicó en el término
legal según las disposiciones establecidas para la notificación electrónica.
El trámite constitucional de tutela fue remitido a esta corporación, a pesar del recurso
de reposición interpuesto, razón por la cual el despacho ponente devolvió el
expediente de tutela al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que se
pronunciara sobre dicho mecanismo de defensa.
En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, mediante auto de 26 de junio de 2024 12 revocó su decisión
inicial y, en consecuencia, concedió el recurso de impugnación propuesto por la actora.
De conformidad con las circunstancias descritas, el proceso de tutela ingresó al
despacho para proferir sentencia de segunda instancia el 26 de septiembre de 202413.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene la acción de tutela
para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o
de particulares en los casos que señala la ley. Este mecanismo constitucional tiene
dos requisitos de procedencia: la subsidiariedad y la inmediatez14.
El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable15; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»16.
11 Índice 19 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
12 Índice 41 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
13
Índice 22 de SAMAI del expediente de tutela de segunda instancia.
14 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
15 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
16 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
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Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para discutir la
vulneración del derecho fundamental de petición por falta de respuesta de las
entidades responsables frente a la lista de elegibles para proveer el cargo de
profesional universitario de juzgados administrativos, grado 16 en Bogotá D.C.
Ahora bien, esta Subsección encuentra que el lapso transcurrido desde la presentación
de las peticiones a los juzgados accionados (04 y 26 de abril de 2024) y la interposición
de la tutela (02 de mayo de 202417), responde a criterios de inmediatez que
caracterizan la naturaleza de la acción de tutela, motivo por el cual está superado este
requisito.
3.5. Problema jurídico
La Sala debe decidir si revoca, confirma, modifica o adiciona el fallo de primera
instancia del 15 de mayo de 2024 que accedió parcialmente a las pretensiones de la
acción de tutela. Para ello, deberá establecer si los juzgados administrativos
accionados vulneraron los derechos fundamentales de petición, igualdad, acceso a la
administración de justicia y debido proceso, así como el principio de mérito y
oportunidad invocados por Hendrika García Albarracín al no dar respuesta a las
distintas peticiones encaminadas a obtener información sobre la utilización de la lista
de elegibles para proveer el cargo de profesional universitario de Juzgado
Administrativo, grado 16.
Para el efecto, se estudiará: (i); las características principales del derecho de petición;
y (ii) el caso concreto.
3.6. Características principales del derecho de petición
El artículo 23 de la Constitución Política prevé el derecho de petición como aquel que
tiene toda persona de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades, y a
obtener respuesta de manera pronta y completa sobre el particular. Este derecho ha
sido considerado como fundamental para el modelo de Estado democrático de derecho
por habilitar canales de diálogo entre la administración y los administrados18 y por
posibilitar la materialización de otros derechos constitucionales19.
El núcleo esencial y el alcance del derecho de petición se centra en: i) la capacidad de
presentar solicitudes respetuosas20 ante autoridades y, en ciertos casos, ante
entidades privadas y los particulares21; ii) la exigencia de que estas peticiones sean
17 Índice 1 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
18 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020.
19 Corte Constitucional, sentencias T-358 de 2020 y T-129 de 2001.
20 Ley 1437 de 2011, artículo 15, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015: «Las peticiones podrán
presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio
idóneo para la comunicación o transferencia de datos. (…)».
21 Ley 1437 de 2011, artículos 32 y 33, modificados por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.
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respondidas de forma oportuna22; iii) que la respuesta sea de fondo23, lo que no implica
necesariamente que se acceda a lo solicitado; y iv) que el solicitante reciba la
notificación de la respuesta24.
Sobre el alcance del derecho de petición, es importante aclarar que no puede
entenderse que su satisfacción solo tenga lugar con la obtención de una respuesta
favorable en los términos de la petición presentada. Al respecto, la Corte Constitucional
ha distinguido y diferenciado el derecho de petición del «derecho a lo pedido», que se
emplea con el fin de destacar que «el ámbito de protección constitucional de la petición
se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, [y]
en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal»25.
El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de
2015, establece términos diferenciales para dar respuesta a las diferentes peticiones
formuladas, que empiezan a contarse desde el día siguiente a su radicación, así: i) un
término general de quince (15) días; ii) un término de diez (10) días para resolver las
peticiones de documentos y de información; y iii) un término de treinta (30) días para
resolver las consultas formuladas a las autoridades en las que se busca que brinden
una orientación, consejo o punto de vista frente a las materias a su cargo26.
En cuanto a los aspectos de trámite y sustanciales del derecho de petición, son
asuntos que están reglados en el Título II de la Primera Parte del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En
particular, el artículo 21, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015, dispone
que, si la autoridad a la que se dirige la solicitud no es la competente, deberá remitirla
a quien si lo es y de tal actuación informar al peticionario.
3.7. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, la accionante afirmó que los juzgados accionados
vulneraron sus derechos fundamentales por no haber atendido de fondo las solicitudes
que presentó el pasado 04 de abril, para que se le informara «sobre el uso» dado en
cada despacho a la lista de elegibles para proveer el cargo de profesional universitario
grado 16 y el envío de los actos administrativos que lo sustentan.
Teniendo en cuenta que tanto la señora García Albarracín como el Juzgado Sesenta
y Dos Administrativo de Bogotá presentaron recurso de impugnación contra la decisión
de primera instancia, la Sala realizará el estudio en el siguiente orden:
22 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020: «[L]as solicitudes formuladas ante autoridades o particulares
deben ser resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal efecto».
23 La respuesta debe ser clara, esto es, de fácil comprensión; precisa, de modo que atienda lo solicitado y excluya
información impertinente, sin caer pronunciamientos evasivos o elusivos; y congruente, que se encuentre conforme
a lo solicitado de modo que atienda el requerimiento en su totalidad.
24 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020. No basta con solo emitir la respuesta, en la medida que debe ser
puesta en conocimiento del interesado y esto debe ser acreditado ante el juez de tutela, cuando haya lugar a esta
clase de trámites.
25 Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2017, también puede consultarse las sentencias T-424 de 2019 y T-
051 de 2023.
26 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020.
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3.7.1. Impugnación presentada por la parte actora
La accionante, en su escrito de impugnación, afirmó que el Juzgado 16 Administrativo
de Bogotá no ha respondido de fondo las solicitudes presentadas el 28 de febrero y 04
de abril de 2024, relacionadas con el cargo de profesional universitario de juzgados
administrativos grado 16 para el cual participó y se encuentra en el registro de
elegibles.
La Sala observa que la accionante no aportó al presente trámite constitucional la
petición suscrita el 28 de febrero de 2024, por lo que no es posible pronunciarse sobre
este punto.
Ahora bien, mediante correo electrónico de 06 de mayo de 2024, el Juzgado 16
Administrativo accionado respondió la petición del 04 de abril de 2024, en los
siguientes términos:
El Consejo Superior de la Judicatura el 11 de marzo de 2022, allegó al despacho lista
de elegibles para un (1) cargo de Profesional Universitario Grado 16 Convocatoria 4.
(…).
Ahora bien, este Juzgado Administrativo a la fecha se ha nombrado a las seis primeras
personas para optar el cargo, no obstante, han declinado de la posesión dentro de sus
términos y prórrogas. (…).
El último nombramiento fue realizado mediante la Resolución N.001 de 07 de febrero
de 2024 a la señora HILDA XIMENA SUAREZ PINEDA, notificada el 19 de febrero de
2024. Por su parte, la señora HILDA XIMENA SUAREZ PINEDA, dentro del término de
los 8 días para aceptar el nombramiento que vencieron el 01 de marzo de 2024, informó
rechazar el nombramiento (…).
Por otra parte, en el caso concreto de la Señora HENDRIKA GARCIA ALBARRACÍN,
se evidencia y como se le ha informado en varias peticiones y tutelas presentadas que
no hace parte de la lista de elegibles de este despacho judicial. Conforme lo anterior,
este despacho se permite allegar la información requerida, indicando que se han
realizado las correspondientes resoluciones de nombramiento para la provisión del
cargo en propiedad de Profesional Universitario27.
Además, la autoridad judicial accionada anexó copia de la lista de elegibles y de la
Resolución núm. 001 de 2024 de 7 de febrero de 202428, mediante la cual nombró en
propiedad en el cargo de profesional universitario grado 16 a la persona que seguía
en turno; sin embargo, la misma, manifestó que rechazaba el nombramiento, porque
ocupa en propiedad un cargo de igual denominación en el Juzgado 10 Administrativo
del Circuito de Bogotá.
A juicio de la accionante, la respuesta no fue de fondo, sin embargo, lo que la
Subsección advierte, es el descontento de la actora con su contenido, porque lo
resuelto no fue favorable a sus intereses. La jurisprudencia constitucional ha reiterado
que la obligación de las autoridades de responder de fondo una solicitud elevada ante
27 Índice 7 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
28 Índice 7 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia.
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ellas no implica que deba ser favorable a los intereses del peticionario, sino que en la
contestación se pronuncie de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado,
para lo que se distinguió entre el alcance del derecho de petición y el derecho a lo
pedido.
En ese sentido, a juicio de esta Sala, la respuesta otorgada por el Juzgado 16
Administrativo de Bogotá a la petición presentada por la señora García Albarracín el
04 de abril del presente año, fue clara, oportuna, y congruente con lo solicitado. Así
mismo, es evidente que la respuesta se remitió al correo electrónico suministrado para
el efecto por la peticionaria, que no se advierta vulnerado el derecho fundamental de
petición.
Otro argumento expuesto por la accionante en el recurso de impugnación consistió en
que el fallador de primera instancia no se pronunció sobre todas las pretensiones de
la acción de tutela. Al respecto, reprochó que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca omitió pronunciarse sobre la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a cargos públicos, así como
al principio del mérito, que consideró vulnerados por las entidades accionadas al no
cumplir estrictamente la ley sobre la provisión de empleos de carrera administrativa, y
el empleo de listas de elegibles para nombrar cargos con vacancia definitiva o
transitoria.
En efecto, el juez de tutela de primera instancia no hizo referencia alguna a lo antes
descrito. Sin embargo, la Sala observa que la peticionaria no explicó ni allegó prueba
que diera cuenta de la violación de los derechos a la igualdad, al debido proceso, al
acceso a cargos públicos y al principio del mérito, además manifestó que adjuntaba
una serie de documentos, entre ellos, el registro de elegibles de la convocatoria 4 para
proveer cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios,
así como la última actualización del registro de elegibles realizado el 27 de julio de
2023. No obstante, esos documentos no fueron allegados al presente trámite.
La actora tampoco precisó el lugar ocupado en el registro de elegibles del cargo de
profesional universitario grado 16, pues se limitó a mencionar que luego de superar la
prueba de conocimientos había sido expedida la Resolución núm. CSJBTR21-71 de
24 de mayo de 2021, que publicó la lista de elegibles y la Resolución núm. CSJBTR23-
508 de 27 de julio de 2023, que la actualizó en el sentido de incluir la segunda
reclasificación, pero sin precisar si se encontraba o no inscrita en dicho registro.
Según lo anterior, el principio de carga de la prueba, en el ámbito de la acción de tutela,
establece que quien presenta este mecanismo de defensa judicial, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales, debe demostrar sus afirmaciones. Al
respecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que «el juez tiene el deber de
corroborar los hechos que dan cuenta de la violación de un derecho fundamental (…)
un juez no puede conceder una tutela si en el respectivo proceso no existe prueba, al
menos sumaria, de la violación concreta de un derecho fundamental»29.
Además, los juzgados 16, 57 y 62 Administrativos de Bogotá manifestaron que la
señora García Albarracín no hace parte de la lista de elegibles de sus despachos y,
que han dado un uso adecuado a dicha lista de acuerdo con el orden de puntuación,
29 Corte Constitucional, sentencia T-571 de 2015.
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lo que, en efecto, se encuentra debidamente soportado en el presente trámite
constitucional de tutela.
El último argumento de la actora consistió en que el juez de tutela de primera instancia
no se pronunció sobre la pretensión de «remitir las irregularidades puestas en
conocimiento, realizadas por el nominador del Juzgado 16 Administrativo de Bogotá,
a la Comisión Disciplinaria de la Rama Judicial».
Al respecto, esta Sala constitucional precisa que la acción de tutela no es el
mecanismo judicial para verificar o remitir a las autoridades competentes posibles
irregularidades efectuadas por parte de los nominadores frente a los procesos de
provisión de cargos de carrera judicial.
Si bien es cierto, los incumplimientos o dilaciones injustificadas para la provisión de
empleos de carrera administrativa acarrea consecuencias de carácter disciplinario,
también lo es que, si la actora considera que algún juez o servidor público incurre en
esas conductas puede interponer, con el soporte probatorio pertinente, la queja ante
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, autoridad competente para analizar este
tipo de faltas y determinar la responsabilidad y sanción si hay lugar a ello.
3.7.2. Impugnación presentada por el Juzgado Sesenta y Dos Administrativo de
Bogotá
En relación con la impugnación presentada por juzgado en mención, esta Sala observa
que mediante memorial de 06 de mayo de 2024 la autoridad judicial accionada
respondió la petición formulada por la actora el 04 de abril, indicándole que en la
actualidad no tiene vacantes para el cargo de profesional universitario de juzgados
administrativos grado 16.
Además, en la mencionada respuesta el juzgado precisó lo siguiente:
• De la lista de elegibles enviada por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá, el 27 de diciembre de 2022, se posesionó al abogado Pedro Javier Díaz
Salazar, quien ocupó el primer lugar como aspirante para el cargo de profesional
universitario grado 16. Así mismo, se posesionó el abogado Juan Sebastián
Giraldo Franco, quien ocupo el séptimo lugar como aspirante para el cargo de
profesional universitario grado 16.
• Mediante Resolución 016 de 03 de agosto de 2023, se concedió licencia no
remunerada al señor Juan Sebastián Giraldo Franco, por el término de dos (2)
años y se nombró en provisionalidad a la abogada Catherine Pulecio Lozano.
Pese a lo anterior, se confirmará lo decidido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca toda vez que el juzgado accionado se limitó a indicar que había remitido
la respuesta al correo de la actora hendrika_garc@yahoo.com, pero no aportó las
evidencias que den cuenta de la efectiva notificación.
La jurisprudencia señala que, para perfeccionar el derecho de petición, el peticionario
debe conocer su respuesta, esto es, que la notificación sea real y efectiva, lo que en
este caso no ocurrió.
Ahora bien, es preciso aclarar que el Tribunal de Cundinamarca en la decisión objeto
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de impugnación resolvió en el numeral primero, declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado respecto al amparo de los derechos de petición radicados ante
los Juzgados 16 y 57 Administrativos de Bogotá, sin explicar las razones por las cuales
adoptaba la figura de la carencia actual de objeto.
Por ello, es necesario modificar el numeral primero de la parte resolutiva del fallo
impugnado en el sentido de declarar la carencia actual de objeto por hecho superado30
en relación con el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá. Lo anterior, en razón a que
durante el presente trámite constitucional el juzgado dio respuesta a la petición
presentada por la actora31.
Finalmente, en lo que respecta al Juzgado 57 Administrativo de Bogotá, el numeral
primero de la sentencia impugnada también se debe modificar en el sentido de negar
la protección de derecho fundamental de petición. Ello, en razón a que no es de recibo
emplear la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado en aquellos casos
en los que la entidad accionada, contestó la petición dentro del término previsto en la
ley. Sobre el particular la Sala observa que la solicitud fue presentada el 4 de abril de
2024 y la respuesta se dio el 18 del mismo mes y año, esto es, antes de la interposición
de la acción de tutela, circunstancia que demuestra la ausencia de vulneración.
IV. CONCLUSIONES
Por las razones expuestas, esta Sala modificará y adicionará la sentencia del 15 de
mayo de 2024, en el sentido de negar la protección de los derechos fundamentales a
la igualdad, al debido proceso, al acceso a cargos públicos y al principio del mérito,
tras verificar que las autoridades judiciales accionadas han actuado conforme a la
constitución y la ley frente al empleo de la lista de elegibles para la provisión del cargo
de profesional universitario grado 16.
Asimismo, la Sala declarará improcedente la acción de tutela en relación con la
pretensión de remitir «las presuntas irregularidades realizadas por el nominador del
Juzgado 16 Administrativo de Bogotá», a la Comisión Disciplinaria de la Rama Judicial,
porque debido al carácter subsidiario de la tutela, no es el mecanismo idóneo para tal
fin y negará la protección del derecho fundamental de petición en lo que respecta al
Juzgado 57 Administrativo de Bogotá, por cuanto se encuentra demostrado que
respondió de manera oportuna la solicitud que presentó el accionante.
30 Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-522 de 2019 manifestó que el hecho superado se
configura cuando durante el trámite de tutela la parte accionada atiende satisfactoriamente las pretensiones que
motivaron la solicitud de amparo. «En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de
tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Es importante precisar que en estos casos le
corresponde al juez de tutela constatar que: (i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía
mediante la acción de tutela (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar),
voluntariamente».
31 Una vez revisado el expediente, se puedo constatar que: i) la actora instauró la acción de tutela el 02 de mayo
de 2024; ii) la petición fue radicada ante el Juzgado 16 Administrativo de Bogotá el 04 de abril de 2024: y iii)
mediante memorial de 06 de mayo de 2024 la autoridad accionada respondió la solicitud.
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V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero la sentencia del 15 de mayo de 2024 que
emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, el
cual quedará así:
PRIMERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en lo que
respecta a la protección del derecho de petición radicado ante el Juzgado 16
Administrativo de Bogotá y negar el amparo del derecho fundamental de petición de
Hendrika García Albarracín en relación con el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR los numerales segundo y tercero de la sentencia
impugnada.
TERCERO: ADICIONAR la sentencia del 15 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el
sentido de negar la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y acceso a cargos públicos, así como el principio del mérito, de Hendrika
García Albarracín, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: ADICIONAR la sentencia del 15 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el sentido de
declarar improcedente la acción de tutela frente a la pretensión encaminada a remitir
a la Comisión de Disciplina Judicial una posible irregularidad del Juzgado 16
Administrativo de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
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Accionado: Juzgado Dieciséis Administrativo de Bogotá y otros
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
RAMB/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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