RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-15-000-2024-00345-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00345-01

Fecha
20 de junio de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00345-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar parcialmente el ordinal primero de la sentencia del 21 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, el cual quedará así: «Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Esiquio Silva Perlaza, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.» Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2024-00345-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00345-01
Accionante: Esiquio Silva Perlaza
Accionados: Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y otros.

Tema: Acción de tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia dentro del
trámite de una acción de tutela e incidente de desacato.

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia por medio de la cual se
negó la acción de tutela por no encontrarse demostrada la vulneración alegada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por Esiquio Silva Perlaza contra la providencia del 21 de
mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, mediante la cual negó la acción de tutela por no
encontrarse demostrada la vulneración alegada.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos1

El señor Esiquio Silva Perlaza interpuso acción de tutela contra el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social - DPS y Fonvivienda, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a la vivienda en conexidad con el
debido proceso y el principio de confianza legítima.

El proceso por reparto correspondió al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo
del Circuito de Bogotá, que mediante sentencia del 23 de abril de 2018 resolvió
amparar los derechos fundamentales invocados, y, en consecuencia, ordenó lo
siguiente:

1
Es de advertir que los hechos de la demanda de tutela son confusos, por lo tanto, se complementaron
con demás las pruebas aportadas al proceso.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00345-01
Accionante: Esiquio Silva Perlaza

«SEGUNDO: ORDENAR al DEPARTAMENTO DE LA
PROSPERIDAD SOOCIAL – DPS que en la próxima convocatoria se
lleve a cabo en la ciudad de Bogotá, tenga en cuenta los factores de
vulnerabilidad que concurren en el hogar del señor ESIQUIO SILVA
PERLAZA, así como la información que se haya actualizado en las
bases de datos respecto del accionante, a efectos de que su hogar
sea priorizado al momento de elaborar el listado de potenciales
beneficiarios de los subsidios de vivienda y la eventual selección de
adjudicatarios definitivos de conformidad con las ordenes de
priorización.

TERCERO: ORDENAR a FONVIVIENDA que adopte las medidas
que sean necesarias para que el señor ESIQUIO SILVA PERLAZA
sea efectivamente informado sobre la posibilidad de postularse a los
proyectos urbanísticos adscritos a la próxima convocatoria que se
lleve a cabo en la ciudad de Bogotá, así como que le brinde una
orientación completa y eficaz en cada una de las etapas del proceso
de postulación».

En sede de apelación, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, mediante sentencia del 3 de julio de 2018 confirmó la
anterior decisión.

Con posterioridad, el accionante presentó incidente de desacato ante el Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá, despacho judicial que, a
través de los autos del 12 de febrero, 6 de marzo, 14 de marzo, 24 de mayo del
2019 y 4 de octubre de 2020 resolvió no abrir incidente de desacato porque las
entidades ya habían cumplido la orden dada en el fallo de tutela del 23 de abril
de 2018.

El 10 de octubre de 2023, el señor Esiquio Silva Perlaza presentó nuevamente
incidente de desacato, razón por la cual el Juzgado en mención mediante auto
del 1.° de noviembre de 2023 resolvió negar la solicitud.

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante alegó que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales porque no se está garantizando su mínimo vital y los
componentes de una vivienda digna.

Es de advertir que, si bien el accionante en el escrito de la demanda de tutela
enunció el defecto procedimental, lo cierto es que no argumentó de qué manera
el Juzgado incurrió en la referida causal específica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial, pues solo se limitó a señalar en qué consiste
conceptualmente el defecto, pero no expuso las razones por las cuales considera
que la autoridad judicial accionada incurrió en este, ni señaló contra qué decisión
interpuso la acción de tutela.

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00345-01
Accionante: Esiquio Silva Perlaza

2.3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Tutelar los derechos fundamentales en conexidad al debido
proceso y el principio de la confianza legítima y el derecho a la
igualdad art 13, art 29 CPN, el derecho a la justicia art 228 a la
administración de justicia art 229 se garantiza al derecho de toda
persona administración de justicia.

2. Declarar a JUZGADO 35 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTA SECCION TERCERA y LA NACION PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA – MINISTERIO DE VIVIENDA FONVIVIENDA –
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA REPARACION
INTEGRAL A LAS VICTIMAS – SECRETARIA DISTRITAL DEL
HABITAD METRO VIVIENDA

3. Se Ordene, la cesación o revocar el proceso de la ACCION DE
TUTELA en primer grado, por la conducta de las autoridades
judiciales que conoció el caso como se afirma la demanda iba
encaminada a JUZGADO 35 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTA SECCION TERCERA y LA NACION PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA – MINISTERIO DE VIVIENDA FONVIVIENDA –
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA REPARACION
INTEGRAL A LAS VICTIMAS – SECRETARIA DISTRITAL DEL
HABITAD METRO VIVIENDA.

4. Córrasele traslado de aquellas a las demás intervinientes en este
asunto a la conducta de las autoridades que se sientan
comprometidas en esta acción constitucional.

5. Notifíquese los autos dentro de los términos señalados a las partes.

6. Solicitando se proceda a dar personería jurídica, con la asistencia
del ministerio público.

7. Compulsar copias a la procuraduría general de la nación para que
se investigue el delito de fraude procesal de las que haya lugar». (Sic
a toda la cita)

2.4. Intervenciones

La acción de tutela de la referencia fue admitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C mediante auto del 10 de mayo
de 2024, a través del cual ordenó notificar al Juzgado Treinta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá como accionado. Asimismo, requirió al
accionante para que precisara de manera clara las pretensiones de la demanda
de tutela.

Además, dispuso no vincular a la «Presidencia de la República, Ministerio de
Vivienda Fonvivienda, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00345-01
Accionante: Esiquio Silva Perlaza

Unidad Administrativa para la Reparación Integral a las Victimas, Secretaría
Distrital del Habitad Metro Vivienda. Lo anterior por cuanto no se encuentra en
el escrito de tutela hechos o pretensiones dirigidas a atacar alguna actuación u
omisión de las entidades. No obstante, si luego de que el actor aclare sus
pretensiones se encuentra necesario vincular a alguna de las entidades
mencionadas, el despacho así lo hará».

2.4.1. El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá
señaló que aunque el accionante planteó inconformidad en contra de lo resuelto
por la autoridad judicial accionada, lo cierto es que no argumentó de forma
específica, clara y suficiente cuál es la razón por la que las providencias
judiciales adoptadas transgreden sus derechos fundamentales.

Informó que luego de que el 23 abril de 2018 se hubiera proferido fallo de tutela
de primera instancia en el que ampararon los derechos fundamentales del
accionante, este ha solicitado al juzgado, en varias ocasiones dar apertura al
incidente de desacato, requerimientos que han sido resueltos en su oportunidad.

Señaló que mediante auto del 4 de octubre de 2020 se demostró que se cumplió
el fallo de tutela porque el hogar del señor Esiquio Silva Perlaza había sido
calificado en el estado «cumple requisitos» y, conforme con ello, fue informado
de las convocatorias para postulación de vivienda; fue priorizado y participó en
el sorteo. Sin embargo, no obtuvo el beneficio, pero siguió en la base de datos
identificado como hogar que cumple con requisitos y puede postularse a nuevas
convocatorias de proyectos de vivienda.

Sostuvo que mediante auto del 1.° de noviembre de 2023 ordenó estarse a lo
resuelto en providencia del 4 de octubre de 2020, y precisó que las órdenes de
tutela ya se habían declarado cumplidas y no existían obligaciones de ejecución
continua a cargo de las entidades, lo que no constituía un motivo de transgresión
de sus derechos fundamentales.

Por otra parte, indicó que las providencias que han tenido por cumplido el fallo
de tutela que amparó los derechos del accionante fueron expedidas hace más
de 3 años, por lo que el reclamo planteado por el accionante desconoce el
requisito de inmediatez que rige la acción de tutela.

2.4.2. El accionante guardó silencio, a pesar de que se le requirió para que
precisara de manera clara las pretensiones de la acción de tutela.

2.5. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 21 de mayo de 2024, negó la acción de tutela por no
encontrarse demostrada la vulneración alegada y la declaró improcedente para
debatir decisiones de la misma naturaleza constitucional.

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00345-01
Accionante: Esiquio Silva Perlaza

Al respecto, no encontró acreditado una acción u omisión por parte del Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que vulnere los
derechos fundamentales invocados, puesto que para el referido Tribunal, el
despacho judicial accionado fue garante del debido proceso y acceso a la
administración de justicia del señor Silva Perlaza, quien de manera insistente
adelantó sendas solicitudes de apertura a incidente de desacato por no estar
conforme con las acciones desplegadas por el DPS y Fonvivienda para dar
cumplimiento al fallo, y al respecto advirtió que estas fueron resueltas en su
oportunidad.

Lo anterior, al considerar que el objeto del incidente de desacato no consiste en
retrotraer las actuaciones surtidas en el trámite de tutela, al punto de estudiar la
procedencia misma de la acción, sino que se contrae a establecer si el accionado
incurre en renuencia para el cumplimiento de la orden de tutela.

Por otra parte, sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito de
procedibilidad para debatir una decisión tomada por un juez de tutela porque el
mecanismo constitucional solo procede contra actuaciones surtidas en el
proceso de tutela siempre y cuando no busque el cumplimiento de las órdenes
impartidas en la sentencia.

2.6. La impugnación

La parte accionante en el escrito de impugnación solicitó se revoque la decisión
de primera instancia y en consecuencia «se disponga la nulidad (…) como se
evidencia en la petición fundamentada no se indica de dar una respuesta sobre
los alcances de la actuación del otorgamiento de los componentes del derecho
a la vivienda digna ya que se encuentra surtida toda la documentación requerida
y en caso concreto me encuentro debidamente postulado desde el año 2005 en
las cajas de compensación en el cual han trascurrido más de una década.
Desconociendo la gran figura de la sentencia 349 del decreto 2231 proferido por
la H. Corte constitucional M.P. Dr. LUIS ALBERTO VARGAS SILVA». (sic en
toda la cita)

Por otra parte, señaló que el Tribunal en la decisión de primer grado no se
pronunció acerca de la solicitud de remisión de copias a la Procuraduría General
de la Nación para que investigue si en el presente caso se realizó la conducta
típica consistente en la comisión del delito de fraude procesal.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00345-01
Accionante: Esiquio Silva Perlaza

3.2. Problema jurídico

De conformidad con los argumentos de la impugnación, la Sala de Subsección
considera que el problema jurídico se circunscribe a establecer si el Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia del señor Esiquio Silva Perlaza.

3.1. Requisito de relevancia constitucional

En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional, ha dicho
la Corte Constitucional2 que se debe evidenciar de manera clara y expresa que
“la cuestión que se entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes” 3, pues “el
juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara
y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”4. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional5, este requisito persigue, al menos, tres finalidades: «(i) preservar
la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes
a la constitucional6 y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad(…); (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales(…) y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces(…)»7.

También ha señalado la Corte Constitucional que este requisito tiene como
finalidad que el juez constitucional no entre a estudiar cuestiones que carezcan
de una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos cuya definición es competencia exclusiva del juez ordinario. De esta
manera, se garantiza “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones”8 y, de contera, se erige en garantía
misma de la independencia de los jueces ordinarios9.

Ha insistido la alta Corporación en que, con este presupuesto, se busca evitar
que, a través de la acción de amparo, se discutan asuntos legales que, por
definición, no le competen resolver al juez de tutela, cuya competencia se limita

2
Sentencia T-422 de 2018.
3
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
4
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
5
Sentencia T-422 de 2018.
6
Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo
siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un
mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión
de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo
intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de
instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso
concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia”.
7
Corte Constitucional, sentencia T-422 de 2018.
8
Sentencia T-137 de 2017.
9
Sentencia T-422 de 2018.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00345-01
Accionante: Esiquio Silva Perlaza

a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos
fundamentales.

3.2. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

Sea lo primero advertir que, pese a que el accionante señaló que el Juzgado
Treinta y Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá vulneró su derecho al
mínimo vital y los componentes de una vivienda digna, no es claro en exponer
de qué manera lo hizo.

Al respecto, es pertinente poner de presente que en el auto admisorio el a quo
requirió al accionante para que precisara de manera clara las pretensiones de la
demanda de tutela, sin que se haya realizado la referida precisión por parte del
señor Silva Perlaza.

Sobre el particular, ha señalado la Corte Constitucional que «(…) es menester
que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos
que imputa a la decisión judicial (…), y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos»10.

En ese sentido, para la Sala resulta evidente que en el presente asunto no se
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida que la parte
accionante no identifica de manera clara y expresa las decisiones que
presuntamente originan la vulneración iusfundamental.

De acuerdo con lo expuesto, encuentra la Sala que, en el escrito de la acción de
tutela, la parte demandante no delimita, siquiera con meridiana claridad, la
manera en que las entidades accionadas vulneraron los derechos fundamentales
invocados o, en dado caso, si la autoridad judicial accionada incurrió en alguno
de los defectos señalados por la jurisprudencia para que proceda la tutela contra
providencia, pues ni siquiera las identifica dentro de la demanda de tutela.

Así las cosas, la Sala procederá a modificar parcialmente el ordinal primero de
la sentencia de primera instancia para rechazar por improcedente la acción de
tutela por falta del requisito de relevancia constitucional, por las consideraciones
expuestas en el presente proveído.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

10
Sentencia T-506/12

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00345-01
Accionante: Esiquio Silva Perlaza

IV. FALLA

Primero: Modificar parcialmente el ordinal primero de la sentencia del 21 de
mayo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C, el cual quedará así:

«Primero: Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta
por el señor Esiquio Silva Perlaza, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.»

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

Ausente con permiso
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.