Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00375-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2024-00375-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
28 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00375-01
Demandante: ANDRÉS CAMILO LONDOÑO CASTAÑO
Demandado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA / CARENCIA DE OBJETO – En el trámite de la segunda
instancia se satisfizo la pretensión constitucional de la parte actora, de suerte que
se configura una carencia de objeto por hecho sobreviniente.
La Sala decide1 la impugnación presentada por la parte demandada contra la
sentencia del 23 de mayo de 2024, proferida por la Subsección D de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se
concedió el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 16 de mayo de la presente anualidad, el señor Andrés Camilo Londoño Castaño
interpuso acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación y la
Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, de petición y a la igualdad, atribuida a la falta de decisión de la solicitud de
revocatoria directa presentada el 9 de mayo de 2023. Formuló la siguiente
pretensión (se transcribe textualmente):
1- Tutelar los derechos fundamentales DEL DEBIDO PROCESO, DERECHO
DE PETICIÓN, ACCESO A LA JUSTICIA EN CONEXIDAD CON EL
PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD JURÍDICA, DERECHO A LA DEFENSA
1 Se advierte que, el 7 de junio de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
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Radicación: 25000-23-15-000-2024-00375-01
Demandante: Andrés Camilo Londoño Castaño
Demandado: Procuraduría General de la Nación y
otro
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
y todos los que se encuadren en el caso puesto a consideración por
consiguiente se proceda por parte de usted a LA PROCURADURÍA GENERAL
DE LA NACIÓN — PROCURADURÍA AUXILIAR PARA ASUNTOS
DISCIPLINARIOS, se disponga a dar contestación a la solicitud de revocatoria,
(petición) que impetre de manera puntual, precisa, pertinente; en un tiempo
que se aproxima a doblar los términos de Ley.
1.2. Hechos y argumentos de la tutela
Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas la Sala extrae los siguientes hechos
y argumentos relevantes:
El 9 de mayo de 2023, el señor Andrés Camilo Londoño Castaño presentó, ante la
Procuraduría General de la Nación, solicitud de revocatoria directa del fallo
sancionatorio proferido el 18 de marzo de 2021, por la Oficina de Control
Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Pereira, en el proceso
disciplinario MEPER -2019-46.
La parte actora afirmó que no ha obtenido respuesta de fondo y, por tanto, la omisión
por parte de la Procuraduría contraría el principio de eficacia, por lo que es necesario
que el juez de tutela le ordene «que atienda las funciones encomendadas
correctamente, de manera eficiente y en consecuencia, resuelva dentro de su
sabiduría y competencia la solicitud radicada Nro. E-2023-282619 del 09 de mayo
de 2023», dado que el Código General Disciplinario consagra un término de seis
meses para decidir, y aun cuando han transcurrido once meses, no le han informado
la existencia de alguna circunstancia que justifique la necesidad de ampliación de
los términos.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 16 de mayo de 2024, el Juzgado 57 Administrativo de Bogotá
ordenó remitir la demanda de tutela al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en aplicación de la regla de reparto prevista en el numeral 3 del artículo 1 del
Decreto 333 de 2021.
Así, en providencia del 20 de mayo de 2024, el despacho sustanciador de la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
admitió la acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación y la
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Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, y ordenó que se notificara la
decisión de a las partes.
2.1. La Procuraduría General de la Nación –PGN– solicitó declarar improcedente la
solicitud de tutela «como mecanismo transitorio» porque no se acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable.
Expuso que la revocatoria directa no es una tercera instancia del proceso
disciplinario ni tiene como finalidad realizar un nuevo análisis de la valoración
probatoria o de las consideraciones en las que se fundamentó la autoridad
disciplinaria.
Junto con la respuesta a la tutela, la PGN insertó un informe de la Procuraduría
Auxiliar para Asuntos Disciplinarios en el que explicó que la solicitud de revocatoria
directa fue radicada con el 9 de mayo de 2023, y, posteriormente, la entidad solicitó
el expediente disciplinario a la respectiva Oficina de Control Disciplinario Interno, el
cual fue recibido el 23 de noviembre de 2023; sin embargo, no se pudo acceder al
contenido sino hasta el 15 de diciembre de 2023, de lo cual, se informó al
demandante. Finalmente, el 23 de enero de 2024 se asignó el expediente al
abogado instructor para proyectar la decisión correspondiente.
Adujo que la solicitud estaba en turno para proyectar la decisión y para la firma de
la procuradora general de la Nación.
3. Fallo impugnado
En fallo proferido el 23 de mayo de 2024, la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca amparó el derecho fundamental al
debido proceso del demandante y ordenó a la procuradora general de la Nación
que, en el término de veinte 20 días siguientes a la notificación de la sentencia,
decidiera de fondo la solicitud de revocatoria directa presentada el 23 de mayo de
2023, por el señor Andrés Camilo Londoño Castaño.
Como fundamento de la decisión, el fallador de primer grado señaló que el término
para resolver la solicitud de revocatoria directa estaba regido por el artículo 141 de
la Ley 1952 de 2019 modificado por el artículo 28 de la Ley 2094 de 2021, según el
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cual «la solicitud de revocatoria deberá resolverse en el término máximo de seis (6)
meses contados a partir de que se asuma su conocimiento».
Dijo que no era de recibo el argumento de la autoridad accionada de que el término
debía contarse desde el 15 de diciembre de 2023, fecha en la que recibió el
expediente disciplinario, puesto que la norma no consagra ese elemento como
parámetro para el inicio del cómputo, sino el momento desde que se asume el
conocimiento del asunto, que, en este caso, ocurrió el 9 de mayo de 2023.
4. Impugnación
4.1. La Procuraduría General de la Nación impugnó la anterior decisión. Como
sustento, dijo que el Tribunal no valoró el informe aportado con la contestación en
el que explica la complejidad y las particularidades del trámite de las solicitudes de
revocatoria directa.
De otra parte, insistió en sus argumentos de defensa de que (i) para la procedencia
de la acción de tutela como «mecanismo transitorio», es necesario acreditar un
perjuicio irremediable; (ii) que la solicitud de revocatoria directa no es una tercera
instancia para definir un proceso disciplinario en firme, y (iii) que la falta de decisión
se encuentra justificada por las particularidades presentadas al asumir el
conocimiento del asunto.
4.2. El 18 de junio de 2024, la autoridad judicial accionada remitió memorial de
cumplimiento del fallo de tutela y aportó la decisión del 14 de junio de 2024 mediante
la cual el viceprocurador general de la Nación con funciones de procurador general
de la Nación resolvió «NO ACCEDER a la solicitud de REVOCATORIA DIRECTA
formulada por el sancionado Andrés Camilo Londoño Castaño (…)».
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa: impedimento manifestado por el magistrado Fernando
Alexei Pardo Flórez
El consejero Fernando Alexei Pardo Flórez manifestó impedimento para discutir y
decidir la acción de tutela promovida por el señor Andrés Camilo Londoño Castaño
contra la Procuraduría General de la Nación, para lo cual invocó la causal prevista
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en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal2. Adujo el referido
magistrado que actualmente se encuentran en trámite dos acciones judiciales que
ejerció contra la Procuraduría, por lo que dicha entidad es su contraparte en
aquellos procesos3.
Los magistrados María Adriana Marín y José Roberto Sáchica Méndez negaron el
impedimento presentado por el consejero Pardo Flórez. En ese sentido,
consideraron que ostentar la condición de contraparte de la Procuraduría General
de la Nación en otros procesos judiciales no afectaba per se su imparcialidad para
conocer del presente asunto, pues, como lo han establecido esta Corporación4 y la
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal5, en eventos como el descrito
el análisis de dicha causal de impedimento no puede limitarse a su aspecto objetivo,
sino que es necesario constatar la ocurrencia de situaciones especiales -subjetivas
o particulares- con potencial para alterar la ecuanimidad e independencia propias
del juez, circunstancias que, en todo caso, no se advirtieron.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 23 de mayo de 2024 por la Subsección D de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se amparó el
derecho fundamental al debido proceso administrativo del demandante.
Para tal efecto, y, en primer lugar, habrá de examinarse, si existe una circunstancia
que pueda generar una carencia de objeto o si, por el contrario, debe estudiarse el
asunto de fondo para determinar si se vulneraron o no los derechos fundamentales
del señor Andrés Camilo Londoño Castaño.
2 «ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya
sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el
asunto materia del proceso».
3 Medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicados 11001-33-42-051-2022-00325-01
y 25000-23-42-000-2017-00498-00.
4 Auto del 11 de junio de 2024. Expediente de tutela con radicado 11001-03-15-000-2024-02702-00, M.P. José
Roberto Sáchica Méndez.
5 Auto del 11 de diciembre de 2007. Expediente con radicado 28.784.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
3. Análisis del caso
El señor Andrés Camilo Londoño Castaño reclamó la protección de sus derechos
fundamentales al debido de proceso, de acceso a la administración de justicia e
igualdad, porque estima que le están siendo vulnerados por la Procuraduría General
de la Nación, como consecuencia de la falta de decisión de la solicitud de
revocatoria directa presentada el 23 de mayo de 2023.
En la sentencia de primera instancia, el Tribunal concluyó que la autoridad
accionada vulneró el derecho al debido proceso del demandante, porque a la fecha
de la decisión, no se había resuelto la solicitud de revocatoria directa, a pesar de
que se superó, con creces, el término de seis (6) meses que consagra el artículo
141 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 28 de la Ley 2094 de 2021.
Ahora bien, aun cuando la autoridad accionada presentó impugnación por
considerar que (i) el juez de primera instancia no valoró todos los argumentos
propuestos en el informe, (ii) que la tutela es improcedente como mecanismo
transitorio6 porque no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, y (iii)
que la solicitud de revocatoria directa no podía ser considerada una tercera
instancia7, ocurre que, luego de la impugnación, concretamente, el 18 de junio de
2024, se aportó memorial en el que se anexa un acto administrativo del 14 de junio
de 2024, que decidió la solicitud de revocatoria directa. Dicha decisión fue notificada
al accionante el 17 de junio siguiente, como consta en los documentos aportados.
Quiere decir lo anterior que se presentan unas circunstancias fácticas y jurídicas
que hacen innecesario un pronunciamiento de fondo del juez constitucional de
segunda instancia, con miras a determinar si existió o no la vulneración de derechos
alegadas.
Es decir, existe un hecho sobreviniente al trámite de la primera instancia que
imponen la necesidad de modificar el fallo impugnado, en lugar de hacer un análisis
de fondo, toda vez que en el trámite de la impugnación se aportaron pruebas de que
con posterioridad a la orden judicial de primera instancia se satisfizo la pretensión
6 Cabe resaltar que a pesar de la defensa de la accionada en manera alguna la tutela fue presentada
bajo la premisa de que se estudiara como mecanismo transitorio.
7 Debe precisarse que el objeto de la tutela gira alrededor de la falta de decisión de la revocatoria
directa y no sobre los alcances o el contenido de la decisión disciplinaria.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
constitucional del demandante, cuya situación no puede variar con independencia
del sentido de cualquier decisión del juez constitucional.
Eso no significa que siempre que se realice una actuación en cumplimiento al fallo
de tutela o luego de se amparen los derechos fundamentales por el juez de primera
instancia y antes de definir la impugnación, se genere una carencia de objeto. No.
De hecho, en los eventos en que se revoca la decisión que haya ordenado la
realización de una conducta, «quedarán sin efecto dicha providencia y la actuación
que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo»,
según lo señala el artículo 7 del Decreto 306 de 1992.
Pero, en este caso, la existencia y vigencia del acto administrativo expedido no
depende del cambio o sentido de la decisión de tutela de segunda instancia, dado
que decidir la revocatoria directa constituye un deber legal que subsiste con
independencia de la orden del juez o de que se determine que no existió vulneración
alguna.
El análisis de fondo cobra sentido si como consecuencia de la orden del juez hay
lugar a que, posiblemente, se retrotraiga la decisión ejecutada, deba revocarse
alguna sanción impuesta o que, por ejemplo, se haya reconocido un derecho por
orden del juez. Ninguna de esas circunstancias u otra similar se presenta en este
caso, sin embargo, es evidente que la pretensión constitucional carece de objeto, al
tiempo que caería en el vacío cualquier pronunciamiento del juez.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto
puede presentarse a partir de dos eventos que a su vez sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado y el daño consumado8. Empero, también ha dicho que
«es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño
consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que
determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a (sic) de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto».
El hecho sobreviniente, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-522 de 2019 9 , se configura cuando exista cualquier otra
8 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del
magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
9 M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
circunstancia que determine que «la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado
en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío».
En síntesis, de conformidad con la doctrina de la Corte Constitucional:
[L]a carencia actual de objeto es un concepto desarrollado jurisprudencialmente
en respuesta a casos en los que, por circunstancias acaecidas durante el
trámite de la tutela, esta ha perdido su sustento, así como su razón de ser
como mecanismo de protección inmediata y actual 10 . Ante tales
escenarios, no se justifica que el juez de tutela profiera órdenes inocuas o
destinadas a caer al vacío. Hasta el momento, la jurisprudencia ha formulado
tres categorías en las que estos casos podrían enmarcarse: hecho superado,
daño consumado y hecho sobreviniente11.
Esta tesis ha sido reiterada recientemente por la Corte Constitucional, en la
sentencia SU-128 de 2024, en los siguientes términos:
[C]uando las causas que motivaron la presentación de una acción de tutela
terminaron, se produce el fenómeno de la carencia actual de objeto. Esta puede
configurarse en tres escenarios: (i) un hecho superado, (ii) un daño consumado
y (iii) un hecho sobreviniente.
109. Con respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte
en la Sentencia SU-522 de 201912 recordó que se presenta cuando lo que se
pretendía lograr con la tutela se satisfizo por completo como producto del obrar
voluntario de la entidad accionada, antes de que el juez de tutela hubiera
proferido alguna orden. En esos casos, la Corte ha dicho que no es necesario
un pronunciamiento de fondo del Tribunal, salvo que alguna circunstancia
excepcional lo amerite.
110. En esta misma sentencia, la Corte precisó que la carencia actual de objeto
por daño consumado ocurre cuando la afectación que se pretendía evitar con
la acción de tutela se ha concretado o ejecutado, y el perjuicio se ha tornado
irreversible. Así, ante la imposibilidad de hacer que la vulneración cese o
impedir que el peligro se concrete, el juez de tutela no puede proferir ninguna
orden encaminada a retrotraer la situación. No obstante, cuando el daño ocurre
durante el trámite de tutela es necesario un pronunciamiento de fondo que
precise si se presentó o no la vulneración que originó la solicitud de amparo.
Además, el juez de tutela podría considerar medidas adicionales para prevenir
o evitar que en el futuro se produzcan las circunstancias que llevaron a la
vulneración del derecho13.
10 Cita original de la providencia: Entre otras, sentencias T-308 de 2003. M.P. Rodrigo Escobar Gil;
T-170 de 2009. M.P. Humberto Sierra Porto; T-205A de 2018. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019.
12 Cita original de la providencia: En esta sentencia, la Corte declaró improcedente la acción de tutela,
debido a la configuración de la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente. En sede de
revisión, la Corte constató que el accionante decidió someterse de manera voluntaria a la Jurisdicción
Especial para la Paz, lo que hizo que la Corte Suprema de Justicia, entidad accionada, perdiera
competencia sobre el asunto que originó la controversia.
13 Cita original de la providencia: La Sentencia SU-522 de 2019 señaló, como ejemplo de esas
medidas, las siguientes: “a) hacer una advertencia a la autoridad o particular responsable para que
en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la
tutela; b) informar al actor/a o a sus familiares sobre las acciones jurídicas de toda índole a las que
puede acudir para la reparación del daño; c) compulsar copias del expediente a las autoridades
competentes; o d) proteger la dimensión objetiva de los derechos fundamentales trasgredidos y
tomar medidas para que los hechos vulneradores no se repitan”.
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Demandante: Andrés Camilo Londoño Castaño
Demandado: Procuraduría General de la Nación y
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
111. Por último, en la referida sentencia SU-522 de 2019, la Corte indicó que
la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente se produce cuando las
circunstancias fácticas y jurídicas que fundamentaron la interposición de
la acción de tutela cambian de manera sustancial durante el trámite de
esta, lo que hace que la orden que pueda tomar el juez de tutela no tenga
ningún efecto y no pueda enmarcarse en ninguno de los dos escenarios
anteriores. Sin embargo, aunque en estos casos no se exige al juez de
tutela un pronunciamiento de fondo, en especial la Corte Constitucional en
sede de revisión podrá pronunciarse, entre otros aspectos, para (i) llamar la
atención sobre la inconstitucionalidad de la situación que originó la tutela y
tomar medidas para que no se repita; (ii) advertir sobre la inconveniencia de su
repetición y las sanciones asociadas; (iii) corregir las decisiones de instancia; o
(iv) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental14.
En el asunto que aquí se examina, con posterioridad a la sentencia de primera
instancia la entidad accionada decidió la solicitud de revocatoria directa formulada
por el demandante, situación que permite concluir que desaparecieron las razones
que motivaron el reclamo constitucional, al punto que, aun si variara el sentido del
fallo de tutela se mantendría vigente la decisión adoptada por la PGN, dado que la
pretensión reclamaba el pronunciamiento que exige la ley respecto de la solicitud
de revocatoria directa, y no, por ejemplo, a discutir las razones o motivaciones de la
revocatoria o de la sanción disciplinaria. Como ello no fue antes de la sentencia de
primera instancia no podría catalogarse como un hecho superado ni mucho menos
bajo la teoría del daño consumado.
Bajo ese entendimiento, esta Subsección concluye que, si bien para el momento en
que se profirió el fallo impugnado no existían elementos que le permitieran al juez
de primer grado adoptar una decisión distinta, muy a pesar de las razones de la
impugnación que, de una parte, desdibujan la finalidad de la pretensión del
demandante que no ejerció la tutela como mecanismo transitorio ni solicitó que se
ordenara resolver favorablemente la solicitud de revocatoria directa, y, de otra, la
orden del Tribunal tampoco sugirió el sentido de la revocatoria directa, cierto es que,
a la fecha, se encuentra satisfecha la pretensión constitucional del actor y que
ningún sentido cobraría cualquier orden del juez, razón por la cual habrá de
declararse una carencia de objeto por hecho sobreviniente, sin que sea necesario
un pronunciamiento de fondo adicional, al no configurarse ninguna de las
condiciones15 que para el efecto ha consagrado la jurisprudencia constitucional.
14 Cita original de la providencia: SU-522 de 2019.
15 Cuando se presenta la necesidad «de (i) llamar la atención sobre la inconstitucionalidad de la
situación que originó la tutela y tomar medidas para que no se repita; (ii) advertir sobre la
inconveniencia de su repetición y las sanciones asociadas; (iii) corregir las decisiones de instancia;
o (iv) avanzar en la comprensión de un derecho fundamental».
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Radicación: 25000-23-15-000-2024-00375-01
Demandante: Andrés Camilo Londoño Castaño
Demandado: Procuraduría General de la Nación y
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia
En definitiva, la Sala modificará la sentencia impugnada, para, en su lugar, declarar
la carencia actual de objeto por hecho sobreviniente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Modificar la sentencia impugnada, proferida el 23 de mayo de 2024 por
la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para, en su lugar declarar la carencia de objeto por hecho
sobreviniente.
SEGUNDO. Notificar a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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