Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00530-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00530-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-15-000-2024-00530-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de agosto de 2024
Ra d ic a d o: 2 5 0 00- 2 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 4- 0 0 53 0- 0 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00530-01
Accionante: Jean Nicolas López Wilches
Accionados: Consejo Nacional Electoral
Tema: Acción de tutela por falta de respuesta a petición.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación interpuesta por las partes en contra de la sentencia
del 25 de julio de 2024 proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual amparó el derecho
fundamental de petición del actor.
ANTECEDENTES
El señor Jean Nicolas López Wilches promovió acción de tutela para que se protejan
sus derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo, los cuales
considera vulnerados por el Consejo Nacional Electoral.
HECHOS
La parte actora narró que el 12 de junio de 2024 envió solicitud a los correos
electrónicos atencionalciudadano@cne.gov.co y kjherazo@cne.gov.co
correspondientes al Consejo Nacional Electoral y al despacho de la magistrada Alba
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Lucía Velázquez Hernández, en la que pidió: 1) copia íntegra, auténtica y con
constancia de ejecutoria del Acuerdo 001 del 27 de noviembre de 2023 expedido
por el Consejo Nacional Electoral, por medio del cual se resolvió el recurso de queja
que interpuso en contra de la Resolución 08 del 7 de noviembre de 2023 y 2)
certificación de experiencia profesional, en el que conste que actuó como apoderado
administrativo del candidato Carlos Felipe Caballero Ariza en las elecciones para la
Asamblea Departamental del Meta celebradas el 29 de octubre de 2023, con
precisión del procedimiento administrativo de los escrutinios electorales, entre otros,
fecha en que inició su actuación y en que terminó ese procedimiento o la actuación
administrativa y si el proceso continuaba activo.
Considera que, a pesar de haber transcurrido el término de 15 días previsto en el
artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, no se ha emitido una respuesta de fondo,
completa, clara, precisa, motivada y congruente con lo solicitado, con lo cual se
están vulnerando sus derechos fundamentales de petición y debido proceso; para
soportar su dicho citó las sentencias T-377/00, T-682/17, T-230/20 y C-341/14
proferidas por la Corte Constitucional y el auto del 20 de octubre de 2017 dictado
por el Consejo de Estado en la acción de tutela con radicado 2017-01952-01.
Agregó que todos los documentos relacionados con los procedimientos
administrativos de escrutinios electorales adelantados ante las comisiones
escrutadoras auxiliares, comisiones escrutadoras municipales y la Comisión
Escrutadora General del departamento del Meta respecto a las elecciones
territoriales del 29 de octubre de 2023 deben reposar tanto en el Consejo Nacional
Electoral como en la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que no pueden
ser exigidos como prueba para peticiones que se presenten ante estas entidades,
conforme al numeral 4 del artículo 9 de la Ley 1437 de 2011.
Que requiere la certificación solicitada para sus asuntos profesionales y la copia del
Acuerdo 001 del 27 de noviembre de 2023 para su archivo.
PRETENSIONES
Solicitó ordenar al Consejo Nacional Electoral y a la magistrada mencionada que,
en el plazo improrrogable de 48 horas, resuelvan la petición de fondo y de manera
completa, clara, precisa, motivada y congruente con lo pedido, sin reparar en
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información impertinente ni incurrir en fórmulas evasivas, y prevenir a las
accionadas para evitar la repetición de esta omisión que ha generado la vulneración
de sus derechos fundamentales.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
El 15 de julio de 2024 la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió la acción de tutela de la referencia,
mediante auto, en el que ordenó notificar al Consejo Nacional Electoral (magistrada
Alba Lucía Velázquez Hernández) como accionado.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Consejo Nacional Electoral, por conducto del profesional universitario asignado
a la Oficina Jurídica, manifestó su oposición a las pretensiones, ya que no ha
vulnerado ni puesto en peligro los derechos reclamados por el accionante.
Afirmó que se produjo el fenómeno del hecho superado, puesto que en el transcurso
de esta acción respondió la solicitud, mediante el Oficio CNE-ALVH-302-2024, el
cual se notificó al interesado, junto con la copia del Acuerdo 001 del 27 de noviembre
de 2023.
Precisó que frente a la solicitud de certificación de que el hoy actor fungió como
apoderado del candidato Carlos Felipe Caballero Ariza de la lista del Partido Alianza
Verde a la Asamblea Departamental del Meta, el despacho de la magistrada
Velázquez Hernández expidió el Oficio CNE-ALVH-301-2024 dirigido a la asesora
del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión Documental del Consejo Nacional
Electoral para que certificara el particular, por ser la custodia del archivo de la
corporación.
Sostuvo que la certificación que se expide al accionante únicamente hace referencia
a la participación como profesional en derecho dentro de la apelación resuelta por
la Sala Plena de esa corporación, la cual fue resuelta mediante el Acuerdo 001 del
27 de noviembre de 2023, pues mal haría en expedir una constancia donde quien
tiene la competencia primigenia es la Registraduría Nacional del Estado Civil, al ser
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quien recibe los poderes y certifica a los intervinientes dentro del proceso de
escrutinio, por lo cual la petición debió ser presentada ante aquella.
Añadió que no le corresponde expedir la certificación de experiencia ante las
comisiones escrutadoras donde el profesional del derecho aportó el poder, pues ello
compete a las comisiones escrutadoras municipales, a las registradurías
municipales o la Registraduría Nacional del Estado Civil, las cuales deben ser
vinculadas.
Resaltó que carece de competencia para intervenir tanto en las decisiones que los
jurados de votación adopten en el escrutinio de mesa como en las asumidas por las
comisiones escrutadoras distrital, municipal y especial, quienes son las únicas
facultadas para atender las reclamaciones presentadas por los testigos candidatos
y/o apoderados, por lo cual carece de legitimación en la causa por pasiva.
Adujo que no existe ningún fundamento fáctico ni jurídico para la prosperidad de las
pretensiones del accionante, pues las comisiones escrutadoras, en ejercicio de las
facultades otorgadas en los artículos 164 y 169 del Código Electoral, cumplieron
con sus funciones, incluyendo la verificación de la información consignada en los
formularios E-14.
Refirió que no en todos los casos hay lugar a vincularlo al proceso electoral, debido
a que ello depende de si desplegó funciones inherentes a sus competencias que
determinen o pudieren incidir en el vicio imputado a la elección respectiva.
Concluyó que no existe violación o amenaza de los derechos fundamentales del
actor por su parte ni se denota un perjuicio cierto e inminente, por lo que pidió
declarar el hecho superado y vincular a las entidades referidas previamente.
PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA CONTESTACIÓN
El accionante pidió tener por no contestada la tutela y aplicar la presunción de
veracidad, debido a que el funcionario que rindió el informe a nombre del Consejo
Nacional Electoral no acreditó su representación legal o poder para actuar y no se
reúnen los requisitos para aplicar la figura de la agencia oficiosa, y la magistrada
accionada no rindió informe.
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Expuso que los argumentos de la autoridad accionada son improcedentes, pues se
fundamentaron en un recuento de los escrutinios electorales, lo cual resulta
impertinente e innecesario para el caso, y la respuesta otorgada a su petición fue
incongruente e incoherente, en tanto el Grupo de Atención al Ciudadano al que se
remitió la petición informó que su dependencia no era la competente y no podía
emitir certificación alguna con relación a lo pedido, pues no contaba con los actos
administrativos de reconocimiento de personería jurídica.
Reiteró la solicitud de protección de sus derechos fundamentales y solicitó ordenar
a la parte accionada responder de fondo el segundo punto de la petición del 12 de
junio de 2024 y, en caso de ser necesario, contestar en coordinación con la
Registraduría Nacional del Estado Civil, con la cual forma parte de la misma
organización electoral, y condenar en costas y agencias en derecho a esa parte.
SENTENCIA IMPUGNADA
El 25 de julio de 2024 la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca amparó el derecho fundamental de petición del
accionante y ordenó al Consejo Nacional Electoral que, en el término de dos días
hábiles siguientes a la notificación de esa providencia, respondiera de fondo la
segunda solicitud elevada dentro de la petición del 12 de junio de 2024 relacionada
con la emisión de una certificación profesional en la que se indique las actuaciones
adelantadas por el actor ante esa entidad como apoderado del señor Carlos Felipe
Caballero Ariza, y precisó que en el caso en que considerara que carecía de
competencia para emitir la certificación, debería remitir la solicitud a las comisiones
escrutadoras o a la Registraduría Nacional del Estado Civil, según corresponda.
Para adoptar la anterior decisión, advirtió que, si bien el Consejo Nacional Electoral
contestó el primer punto de la solicitud presentada, pues el 16 de julio de 2024
remitió copia con constancia de ejecutoria del Acuerdo 001 de 2023, lo cierto es que
no respondió de forma oportuna, clara, precisa, congruente y consecuente el
segundo pedimento relacionado con la expedición de una certificación de
experiencia profesional del actor.
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Consideró que la respuesta del Consejo Nacional Electoral sobre ese aspecto no
es consecuente con el trámite que se surtió ante aquella entidad, pues en el Acuerdo
001 de 2023 emitido se indicó que el recurso de queja lo presentó el hoy accionante,
apoderado del excandidato Carlos Felipe Caballero Ariza, y el 24 de noviembre de
2023 se citó al actor en esa condición a la audiencia de decisión del recurso de
apelación que se celebró el 27 de noviembre de 2023, por lo que, si bien la
accionada no podía certificar las actuaciones adelantadas ante las comisiones
escrutadoras auxiliares, municipales y la general, lo cierto es que sí podía certificar
su desempeño en el recurso de queja, a pesar de que en esa instancia no se le
reconociera personería jurídica.
Aclaró, por último, que no eran de recibo los razonamientos del actor frente a la
contestación rendida por el Consejo Nacional Electoral, por tratarse la acción de
tutela de un trámite breve, sumario e informal y por no ser procedente la condena
en costas.
IMPUGNACIÓN
El Consejo Nacional Electoral impugnó la sentencia de primera instancia, para lo
cual sostuvo que sobre la primera solicitud ya había dado respuesta al actor,
quedando pendiente únicamente la notificación, la cual ya se efectuó, y en relación
con el segundo pedimento insistió en que debió citarse a la Registraduría Nacional
del Estado Civil y a la departamental del Meta.
Adujo que ha actuado con fundamento en la buena fe y si existió resistencia en
cuanto al pedimento acerca de la certificación, ello obedeció a la imposibilidad de
actuar en las comisiones departamentales y municipales, por lo que debe dejarse
en claro hasta donde se puede suplir esa representación cuando el proceso llega
para resolver un recurso de alzada.
Que en su momento se entendió que se pretendía que se certificara toda la
actuación ante las comisiones electorales, lo cual no es de su competencia, pero en
cumplimiento del fallo únicamente certificó lo que aparece en el expediente, por lo
cual se configuró un hecho superado.
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El señor Jean Nicolas López Wilches también recurrió la decisión de primera
instancia, para lo cual insistió en que la persona que rindió el informe en
representación del Consejo Nacional Electoral no acreditó su calidad de abogado y
no aportó copia del acto administrativo, acta de posesión, representación legal o
poder para descorrer el traslado del trámite de tutela, los cuales son requisitos sine
que non para ejercer el derecho de postulación, como lo sostuvo la Corte
Constitucional en el Auto del 23 de noviembre de 2010 y en la Sentencia T-238/02,
y lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia .
Manifestó que, si bien en el Decreto 2591 de 1991 se establece una presunción de
autenticidad respecto de los poderes aportados en una acción de tutela, lo cierto es
que para ello debe presentarse ese documento, por lo que aun cuando no es
necesario el reconocimiento expreso de la personería jurídica, sí es indispensable
allegar el poder especial que habilite al apoderado para actuar en nombre y
representación de un sujeto procesal determinado, lo cual no fue tenido en cuenta
en la primera instancia de esta acción.
Agregó que la magistrada accionada no presentó informe alguno, por lo cual debió
aplicarse la presunción de veracidad y ordenar a aquella y al Consejo Nacional
Electoral que lo indemnizaran.
Que el a quo valoró indebidamente las pruebas, pues en el expediente 65394-23
del Consejo Nacional Electoral estaba un documento que demostraba que fungió
como apoderado del señor Carlos Felipe Caballero Ariza ante la Comisión
Escrutadora núm. 1 del municipio de Villavicencio – Meta, por lo cual la autoridad
judicial debió ordenar certificar su experiencia profesional en los términos en los que
lo solicitó y no únicamente frente a las actuaciones que adelantó ante esa entidad y
permitiendo que quedara a discreción del Consejo Nacional Electoral si debía remitir
la petición, con lo cual aplicó indebidamente las normas que regulan la materia y
desconoció el principio de precisión de los fallos de tutela, según el artículo 29 del
Decreto 2591 de 1991.
Añadió que en primera instancia se inobservó que el término para realizar
válidamente el traslado por competencia de cualquiera de las solicitudes feneció 5
días después de su recepción y el término para resolver la petición venció a los 10
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días, por lo que lo que tuvo que definir la autoridad judicial fue si se dio respuesta a
la petición y no dejarlo al arbitrio del Consejo Nacional Electoral.
Expuso que la entidad accionada no le ha remitido la copia del acto administrativo
de traslado de la solicitud, con lo cual violó la obligación de notificación contenida
en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.
Indicó que el Consejo Nacional Electoral debió ser capaz de certificar su desempeño
como apoderado incluso en ausencia del reconocimiento formal de personería en
esa etapa específica, máxime cuando las comisiones escrutadoras auxiliares, las
municipales y la general del departamento del Meta son transitorias, en la medida
que dejan de existir una vez concluido el proceso de escrutinio.
Señaló que el Consejo Nacional Electoral tiene el deber de coordinar con otras
entidades, como la Registraduría Nacional del Estado Civil, para resolver
adecuadamente las cuestiones relacionadas con el proceso electoral y agregó que
la última de las mencionadas podría considerarse incompetente para resolver el
numeral segundo de la petición, lo que implica incertidumbre y potencial retraso en
una resolución efectiva.
Que tanto él como el Consejo Nacional Electoral solicitaron la vinculación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, pero el a quo no lo hizo, por lo que resultó
un fallo impreciso que permite la remisión discrecional de la solicitud a entidades
que no existen o que pueden considerarse incompetentes.
Mencionó que el 31 de julio de 2024, mediante Oficio CNE-SG-116 del 31 de julio
de 2024, la secretaria técnica de la Sala del Consejo Nacional Electoral expidió
certificación, en la que no constató que la cédula de ciudadanía no corresponde a
la suya, sino a la del señor Carlos Felipe Caballero Ariza por un error de digitación
de la Comisión Escrutadora General del Meta, lo que no eximía a dicho Consejo de
realizar las constataciones pertinentes.
Afirmó que es procedente la indemnización del daño solicitada, pues la actuación
del Consejo Nacional Electoral fue arbitraria y con ella se le causó un daño moral
significativo que debe ser compensado.
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Solicitó, en consecuencia, tener como no presentado lo allegado por parte de quien
manifestó actuar en nombre del Consejo Nacional Electoral; aplicar la presunción
de veracidad; tutelar sus derechos fundamentales; conceder las pretensiones;
ordenar a la parte accionada expedir la certificación solicitada; y condenar en
costas, agencias en derecho y/o indemnizaciones a dicha parte.
Posteriormente, el actor allegó memorial en el que realizó algunas aclaraciones
sobre las comisiones escrutadoras en las que actuó como apoderado administrativo
con ocasión de las elecciones territoriales 2024 en el departamento del Meta; insistió
en la procedencia de la condena en costas e indemnización del daño en abstracto,
por el tiempo, dinero y esfuerzo que ha tenido que invertir para la recopilación de
las pruebas que requiere; y solicitó, además de lo ya pedido, vincular al trámite de
la segunda instancia a la Registraduría Nacional del Estado Civil y prevenir a la
parte accionada para que no vuelva a incurrir en acciones u omisiones como las
que dieron lugar a esta acción.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) derecho fundamental de petición y II) caso concreto.
I. Derecho fundamental de petición
En el artículo 23 de la Constitución Política se faculta a todas las personas para que
puedan presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas o las
organizaciones privadas y a obtener pronta respuesta.
En efecto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la respuesta a las
solicitudes que se eleven ante autoridades públicas y particulares deben cumplir los
siguientes requisitos: ser oportuna, resuelta de fondo, clara, precisa y congruente
con lo pedido; asimismo, para que la decisión se materialice es imperativo que el
solicitante conozca el contenido de la contestación, a través de una efectiva
notificación de acuerdo con el CPACA1.
1 Corte Constitucional, sentencia T 230 de 2020
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Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta antes de que se cumpla con el
término legal dispuesto, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y
señalar el término en el cual se dará la contestación. Asimismo, en el evento en que
la petición se dirija en contra de quien no es el competente, este deberá remitirla al
que sí lo es, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015.
De otra parte, es importante aclarar que no queda satisfecho el derecho de petición
con respuestas evasivas o informes acerca del trámite de las peticiones de los
particulares. En efecto, la omisión o el silencio de la administración en relación con
las solicitudes de los ciudadanos van en contra del cumplimiento de los deberes de
los funcionarios públicos de resolver de manera oportuna las peticiones
provenientes de los particulares.
Así las cosas, la garantía del derecho de petición se entiende cumplida con la
respuesta efectiva para la solución del caso y con la oportuna comunicación de esta
al interesado.
II. Caso concreto
En síntesis, en la impugnación el Consejo Nacional Electoral sostuvo que se
configuró un hecho superado, pues ya dio respuesta a la petición del actor. Por su
parte, este último afirmó que el Consejo Nacional Electoral contaba con los
documentos y tenía la competencia para certificar su experiencia en los términos en
los que lo solicitó, por lo cual la orden dada en primera instancia debió efectuarse
en ese sentido, y a la fecha no ha sido cumplida, pues no se le ha remitido copia del
acto administrativo de traslado de su solicitud; también insistió en el reconocimiento
de la condena en costas, agencias en derecho y/o indemnización, por el daño moral
causado. Además, ambas partes procesales insistieron en la necesidad de vincular
a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Previo a resolver los anteriores disensos, esta Subsección considera necesario
señalar que no resulta procedente tener por no contestada la acción por parte del
Consejo Nacional Electoral ni aplicar la presunción de veracidad de que trata el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, en los términos solicitados por el actor, puesto
que la presunta indebida representación a quien eventualmente podría llegar a
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afectar sería a ese organismo, de tal manera que el actor no está legitimado para
alegarla.
Aunado a ello, se aprecia que el auto admisorio de la presente acción fue notificado,
entre otros, al correo electrónico dispuesto para notificaciones judiciales de la
entidad, esto es, cnenotificaciones@cne.gov.co y fue en respuesta a esa
notificación que el profesional universitario asignado a la oficina Jurídica del Consejo
Nacional Electoral rindió el informe al interior de esta acción.
Debe tenerse en cuenta igualmente, que la presunción de veracidad únicamente es
aplicable cuando la parte accionada guarda silencio ante la notificación efectuada,
lo que no ocurrió en el presente asunto, por lo que no hay lugar a acudir a ella.
Aclarado lo anterior, se procederá con el análisis de los disensos expuestos por las
partes. Al respecto, se observa que el 12 de junio del año en curso el accionante
presentó una petición ante el Consejo Nacional Electoral-magistrada Alba Lucía
Velázquez Hernández, enviada a los correos electrónicos
atencionalciudadano@cne.gov.co y kjherazo@cne.gov.co, en la que solicitó lo
siguiente:
«1. Solicito copia íntegra, auténtica y con constancia de ejecutoria del
Acuerdo “Por medio del cual se resuelve el recurso de apelación
interpuesto contra la Resolución N°7 del 6 de noviembre del 2023,
proferida por los miembros de la Comisión Escrutadora General del
Departamento del Meta y se declara la elección la elección (sic) a la
Asamblea del Meta por el período constitucional 2024-2027”, de en fecha
27 de noviembre de 2023.
2. Se expida CERTIFICACIÓN en la que se dé fe pública de que el
suscrito fungió como apoderado del candidato de la lista del PARTIDO
ALIANZA VERDE a la Asamblea Departamental del Meta, señor
CARLOS FELIPE CABALLERO ARIZA (Número 55), dentro del
procedimiento administrativo de escrutinios electorales ante Comisiones
Escrutadoras Auxiliares, Comisiones Escrutadoras Municipales,
Comisión Escrutadora General del Departamento del Meta y ante el
Consejo Nacional Electoral, en el marco de las elecciones territoriales
celebradas el día 29 de octubre de 2023, enunciando claramente:
a. El procedimiento administrativo de escrutinios electorales, las comisiones
(Auxiliares, Municipales, General del Departamento del Meta) entidades
que participaron en el procedimiento administrativo (Consejo Nacional
Electoral / Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegadas
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Departamentales, Municipales y Auxiliares) y los respectivos despachos
ante los cuales se adelantó,
b. Fecha en que inició la actuación del abogado y la fecha en que terminó
el procedimiento la actuación administrativa,
c. Si el proceso continúa activo, aclarar ésto en el certificado, si es así se
tomará como fecha final de la actuación la fecha de expedición del
certificado para efectos de contabilizar el tiempo de experiencia». (se
transcribe con posibles errores)
En relación con la respuesta a la anterior solicitud, se advierten las siguientes
actuaciones:
• El 13 de junio de 2023 el Consejo Nacional Electoral, mediante mensaje de datos
enviado al actor, informó el recibo de la solicitud y le asignó el radicado CNE-E-DG-
2024-012954.
• El 16 de julio de 2024 la asesora del Grupo de Atención al Ciudadano y Gestión
Documental del Consejo referido comunicó al accionante el Oficio CNE-ALVH-302-
2024 del 3 de julio de 2024 emitido por la magistrada accionada en el que se le
indicó que se enviaría la copia del Acuerdo 001 del 27 de noviembre de 2023 pedida,
y remitiría, para lo de su competencia, su solicitud referente a la expedición de la
certificación al mencionado Grupo, pues el expediente estaba en proceso de
archivo.
• En esa misma fecha un profesional universitario del Consejo Nacional Electoral
remitió el Acuerdo referido al peticionario y el 19 de julio de 2024, a través del Oficio
CNE-I-202-00371, se envió al accionante la constancia de ejecutoria de dicho
Acuerdo expedida el día anterior.
• El 19 de julio de 2024 se remitió al actor el Oficio CNE-I-202-003789 del 18 de ese
mes y anualidad emitido por la asesora del Grupo de Atención al Ciudadano y
Gestión Documental del Consejo Nacional Electoral y dirigido a la magistrada aquí
accionada, en el que se expuso la ausencia de competencia para emitir la
certificación pedida.
• El 31 de julio del presente año, en cumplimiento de la orden de primera instancia,
la Secretaría Técnica de la Sala del Consejo Nacional Electoral expidió constancia,
notificada al correo electrónico del actor, en la que certificó:
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«Que, en folio No. (sic) 76 del expediente No. (sic) 653-94-23 se
evidencia la siguiente anotación: “El partido 0004 – PARTIDO ALIANZA
VERDE, radicó poder especial, amplio y suficiente para el(la) abogado
JEAN NICOLAS LÓPEZ WILCHES identificado(a) con No. (sic) de
Cédula 1.121.859.397 y T.P. No. (sic) 360931 del CSJ, quien actuará en
representación del candidato CARLOS FELIPE CABALLERO ARIZA o
en representación del partido, movimiento o agrupación política en la
audiencia de escrutinios. En la fecha 06.11.2023 5:13:48 p. m.”
Que el Acuerdo 001 de 2023 del 27 de noviembre de 2023 “Por el cual
se resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución No 7
de 6 de noviembre de 2023, proferida por los Miembros de la Comisión
Escrutadora General del departamento del Meta, y se declara la elección
de la ASAMBLEA DEL DEPARTAMENTO DEL META, para el período
constitucional de 2024-2027” fue notificado en estrados en audiencia
pública del 27 de noviembre de 2023 a las 2:00 p.m. en las instalaciones
del Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se resuelve el recurso
de queja interpuesto por el Dr. Jean Nicolás Lopez Wilches, quien fungió
como apoderado del ex candidato Carlos Felipe Caballero Ariza.
Finalizando aquí la actuación del apoderado mencionado».
El recuento precedente permite evidenciar que el Consejo Nacional Electoral
contestó el primer pedimento del accionante, pues le envió el Acuerdo solicitado, en
los términos por él requeridos; sin embargo, no ocurrió lo mismo con la segunda
solicitud, pues no otorgó una respuesta completa, sino que se limitó, en atención a
lo ordenado en primera instancia, a certificar lo observado en el expediente, sin
atender a los términos en que se radicó la solicitud.
Se denota que para justificar esa omisión el Consejo Nacional Electoral insistió en
que no es el competente para resolver la petición elevada, debido a que no le
corresponde recibir los poderes y certificar a los intervinientes dentro del proceso
de escrutinio ni lo actuado ante las comisiones escrutadoras, pues únicamente
puede certificar las actuaciones adelantadas ante él, las cuales, en el asunto, se
limitan a la resolución del recurso interpuesto en contra de la Resolución 7 del 6 de
noviembre de 2023.
En esa medida, si ese organismo estimaba que no era el competente para dar
respuesta a lo solicitado, debió acatar lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1755 de
2015 y, en ese entendido, informar al peticionario de esa situación en un término
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máximo de 5 días siguientes a la recepción de la petición y remitirla al competente;
empero, no se observa que se haya dado cumplimiento a lo allí establecido, pues,
si bien existió una remisión entre dependencias de la entidad, lo cierto es que no se
otorgó una respuesta completa, de fondo y congruente con lo solicitado ni se envió
a la entidad que consideraba competente.
Sobre el particular, resulta de especial relevancia aclarar que la satisfacción del
derecho de petición exige una contestación a lo pedido por parte de la
administración, la cual no puede entenderse garantizada con la sola manifestación
de la ausencia de competencia; de allí que esa situación haya sido prevista en el
ordenamiento jurídico, con el fin de precaver que el peticionario quede sin una
contestación eficaz.
En ese entendido, se aclara que en esta sede no era necesaria la vinculación de la
Registraduría Nacional del Estado Civil, ya que ante esta no se elevó ninguna
petición y tampoco le fue remitida alguna solicitud frente a la cual debiera
pronunciarse.
También es necesario recordar que en el ordenamiento jurídico, concretamente, en
el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, se fijó el procedimiento a seguir en caso de
que dos autoridades administrativas consideren que carecen de competencia para
resolver una solicitud, esto es, el conflicto de competencia administrativa, por lo cual
en el eventual caso de que ello suceda, será en ese trámite en el que se defina
quién es el competente para decidir el asunto, lo cual no corresponde a este juez
constitucional decidir.
Siendo de esta forma, se confirmará el amparo del derecho fundamental de petición
del actor y se modificará la orden impuesta al Consejo Nacional Electoral, para que,
en el término improrrogable de 2 días hábiles contados desde la ejecutoria de este
proveído, otorgue una respuesta clara, de fondo y completa a la solicitud elevada
por el actor y, en caso de que estime que no es el competente para ello, efectúe la
remisión de la solicitud e informe al peticionario sobre esa determinación, en los
términos del artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. Además, se le exhortará para que
en el futuro no incurra en actuaciones como las que dieron lugar a esta acción.
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Por último, se aclara que no hay lugar a ordenar el pago de costas ni a la
indemnización pretendida por el actor porque, conforme al artículo 25 del Decreto
2591 de 1991, esta solo es procedente cuando sea necesaria para garantizar el
goce efectivo del derecho vulnerado, ello en atención a la naturaleza de la tutela, la
cual no tiene un carácter reparatorio ni indemnizatorio. Así las cosas, no se advierte
dicha necesidad en el presente asunto, pues resulta suficiente para garantizar el
derecho fundamental de petición con el amparo y la orden aquí impuesta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar el ordinal primero de la sentencia del 25 de julio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, mediante la cual amparó el derecho fundamental de petición del
actor, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Modificar el ordinal segundo de la sentencia referida, el cual quedará así:
«Ordenar al Consejo Nacional Electoral que, en el término de
improrrogable de 2 días hábiles contados desde la ejecutoria de este
proveído, responda de forma completa, clara y de fondo el segundo
pedimento contenido en la solicitud del 12 de junio de 2024 o, en su
defecto, efectúe la remisión de la petición al competente e informe al
peticionario sobre su falta de competencia, en los términos del artículo
21 de la Ley 1755 de 2015
Exhortar al Consejo Nacional Electoral para que en el futuro se abstenga
de incurrir en actuaciones como las que dieron lugar a esta acción».
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
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Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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