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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00538-01

Fecha
23 de septiembre de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00538-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia proferida el 29 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda-Subsección B que accedió al amparo y, en su lugar, DECLARAR improcedente la solicitud de tutela de Jairo Arturo Rozo Muñoz contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá y el municipio de Guatavita, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 29 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda- Subsección B, conforme la parte motiva de esta providencia. TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2024-00538-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

23 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00538-01

Solicitante: JAIRO ARTURO ROZO MUÑOZ

Autoridad: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
ZIPAQUIRÁ Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. PROHIBICIÓN
DE REFORMA EN PEOR-No está prevista en el trámite de tutela. SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios
de defensa procedentes. RECURSO DE QUEJA- Procede contra los autos que niegan el recurso de apelación.
SUBSIDIARIEDAD-La tutela no procede para subsanar omisiones propias de las partes.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el solicitante contra el fallo proferido
el 29 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B, que accedió parcialmente al amparo.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 15 de julio de 2024, Jairo Arturo Rozo Muñoz, en nombre propio, formuló acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
seguridad social en materia pensional, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la
aplicación de la norma más favorable en materia laboral, que alega vulnerados por
el Juez Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá, al proferir las providencias
del 24 de mayo y 26 de agosto de 2022 y del 11 de marzo de 2024, dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho1 que promovió contra el
municipio de Guatavita. Así mismo, reprocha que el municipio de Guatavita no ha

1
Identificado con número de radicado: 25899-33-33-003-2022-00061-00.

2
Expediente nº. 25000-23-15-000-2024-00538-01
Solicitante: Jairo Arturo Rozo Muñoz
Acción de tutela – Segunda instancia

declarado una relación laboral con el accionante ni le ha reconocido la pensión de
jubilación con el correspondiente retroactivo.

En virtud del amparo, solicita que se dejen sin efectos las providencias reprochadas
y se ordene a la autoridad judicial accionada a que profiera una nueva decisión en la
que se acceda a dar trámite a la demanda presentada al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento mencionado.

También pide que se declare que entre él y el municipio de Guatavita existió una
relación laboral y que, en virtud de esto, se ordene a este último que reconozca, en
su favor, una pensión de jubilación, junto con los demás emolumentos derivados de
dicha declaratoria.

2. Hechos relevantes

El 10 de noviembre de 2021, Jairo Arturo Rozo Muñoz, a través de apoderado
judicial, formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio
de Guatavita. Lo anterior con el fin de que se dejaran sin efectos los actos que le
negaron unas solicitudes de reconocimiento de una relación laboral, la pensión de
jubilación y el resto de los emolumentos correspondientes. Esto, en atención al cargo
de director de la banda de músicos de Guatavita, en el cual el demandante afirma
haberse designado mediante el Decreto No. 010 del 4 de junio de 1981 y ejercido
desde el 4 de junio de 1981 hasta el 31 de enero de 2001.

El asunto correspondió en primera instancia al Juez Tercero Administrativo del
Circuito de Zipaquirá quien, por auto del 24 de mayo de 2022, resolvió rechazar la
demanda por encontrar configurado el fenómeno de la cosa juzgada. El demandante
presentó recurso de apelación contra esa decisión. Por auto del 26 de agosto de
2022, la autoridad rechazó el recurso, al considerar que no se sustentó en debida
forma. El demandante presentó recurso de reposición contra esta decisión. Por auto
del 11 de marzo de 2024, el Juez Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá2
resolvió no reponer la decisión.

2
La denominación para el Juez Tercero Administrativo de Zipaquirá fue modificada para el Juez Primero
Administrativo de Zipaquirá, mediante la Resolución No. UDAER22-113 del 13 de septiembre de 2022.

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Expediente nº. 25000-23-15-000-2024-00538-01
Solicitante: Jairo Arturo Rozo Muñoz
Acción de tutela – Segunda instancia

3. Fundamentos de la solicitud

El solicitante considera que el Juez Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá,
al proferir las providencias cuestionadas, y el municipio de Guatavita al negar el
reconocimiento de su relación laboral y por ende su pensión de vejez, vulneraron sus
derechos fundamentales a la seguridad social en materia pensional, al mínimo vital,
a la dignidad humana y a la aplicación de la norma más favorable en materia laboral.

Afirma que la autoridad judicial, al rechazar el recurso de apelación presentado no
tuvo en consideración que su apoderado en realidad sí remitió un archivo adjunto
con sustentación del recurso de apelación. Sostuvo que, con base en esto, la
apelación debió haber sido concedida. Adicional a lo anterior, consideró equivocada
la decisión de rechazar la demanda por la supuesta configuración del fenómeno de
la cosa juzgada, pues las pretensiones comparadas entre ambos procesos son
diferentes.

En cuanto al municipio de Guatavita, asegura que este debe declarar la relación
laboral que existe con el accionante y reconocer, en su favor, la pensión de vejez y
el resto de los emolumentos a los que aduce tiene derecho. Sostuvo que la entidad
territorial lo hizo firmar varios contratos de prestación de servicios, desconociendo
que su vinculación se dio en virtud del Decreto No. 010 del 4 de junio de 1981, y que
debía cumplir con un horario. Asegura que el acto de posesión no es un acto
administrativo y que, contrario a lo manifestado por el municipio, es un acto formal
que no es susceptible de decaimiento o pérdida de fuerza de ejecutoria.

4. Trámite de primera instancia

El 17 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda-Subsección B admitió la acción de tutela, ordenó su notificación al
municipio de Guatavita y vinculó al Juez Primero Administrativo de Zipaquirá.

Por auto del 18 de julio de 2024, requirió al solicitante para que allegara la captura
de pantalla o cualquier otra imagen que acreditara que el apoderado del demandante
interpuso y sustentó el recurso de apelación al interior del expediente de Rad. nº.
25899-33-33-003-2022-00061-00, tal como lo afirma.

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Expediente nº. 25000-23-15-000-2024-00538-01
Solicitante: Jairo Arturo Rozo Muñoz
Acción de tutela – Segunda instancia

En el escrito de contestación, el Juez Primero Administrativo del Circuito de
Zipaquirá solicitó que se declare improcedente el amparo y sostuvo que no cumple
con el requisito de subsidiariedad. Adujo que en un informe secretarial, solicitado por
el Despacho, se logró evidenciar que el demandante no remitió la sustentación del
recurso de apelación, contrario a lo que afirma. En virtud de lo anterior, por auto del
11 de marzo de 2024, se resolvió mantener la decisión de rechazar el recurso de
apelación y no reponer el auto del 26 de agosto de 2022. También remitió copia
digital del expediente ordinario.

El municipio de Guatavita solicitó que se declare improcedente la solicitud. Esgrimió
que las pretensiones del solicitante ya han sido objeto de decisión en sede judicial,
por lo que se encuentra configurado el fenómeno de la cosa juzgada. Afirma que lo
que pretende es revivir las etapas del proceso ordinario que fueron resueltas de
forma desfavorable para él. Consideró que procurar la obtención del reconocimiento
de una pensión mediante el mecanismo constitucional de la tutela, es usarlo de forma
inapropiada y abusiva.

En respuesta al requerimiento, el accionante remitió un pantallazo en el que consta
que el recurso de apelación fue presentado y sustentado el 27 de mayo de 2022.

Mediante sentencia del 29 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B resolvió acceder parcialmente a las
pretensiones de la solicitud. Resolvió amparar los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la contradicción y de acceso a la administración de justicia,
respecto de la actuación del juez accionado. Sostuvo que, en virtud del principio de
la buena fe, las fallas que pueden ocurrir con el correo electrónico y de acuerdo con
lo remitido por el solicitante, el recurso de apelación fue presentado y sustentado en
tiempo, por lo que este debe ser tramitado. Adicional a lo anterior, sostuvo que
revisado el aplicativo de SAMAI, el Juez Tercero Administrativo del Circuito de
Zipaquirá no registró la constancia de notificación del auto del 24 de mayo de 2022.
En virtud de lo anterior, ordenó al juez accionado a conceder el recurso de apelación
presentado.

Respecto de la declaratoria de la relación laboral en sede de tutela, sostuvo que esta
pretensión resulta improcedente, por cuanto no cumple con el requisito de

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Expediente nº. 25000-23-15-000-2024-00538-01
Solicitante: Jairo Arturo Rozo Muñoz
Acción de tutela – Segunda instancia

subsidiariedad. Esgrimió que el ordenamiento dispone del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar esa relación. Sin embargo han
transcurrido más de 23 años desde que se terminó el último contrato de prestación
de servicios suscrito entre el accionante y el municipio, por lo que no se demuestra
la ocurrencia o amenaza de un perjuicio irremediable.

El solicitante impugnó y señaló: «por medio de la presente IMPUGNO el fallo
proferido el 29 de julio del presente año, para ante el Honorable Consejo de Estado,
teniendo como apoyo los argumentos jurídicos y pretensiones relatados en la
demanda, máxime si se tiene en cuenta que la sentencia referida no garantizó la
protección de los derechos fundamentales invocados, toda vez que desconoció
ampliamente los argumentos descritos en la misma». El 12 de agosto de 2024 se
concedió la impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, revocar o modificar la
sentencia del 29 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección B, que accedió parcialmente al
amparo.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la C. Pol y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-LEAJ. La
Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera instancia
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo
n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación. Por ello, el juez
que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola con
el acervo probatorio y con el fallo.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación

6
Expediente nº. 25000-23-15-000-2024-00538-01
Solicitante: Jairo Arturo Rozo Muñoz
Acción de tutela – Segunda instancia

manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental3. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que ésta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela4.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Como el juez de segunda instancia debe verificar el cumplimiento de todos los
presupuestos para que proceda el amparo, podrá revocar el fallo impugnado aunque
el recurso lo haya interpuesto únicamente quien resultó favorecido por la decisión de
primera instancia, si advierte que no se satisface alguno de esos presupuestos,
debido a que la prohibición de la reforma en peor no está prevista para el trámite de
la acción de tutela, pues lo que se busca con la acción de tutela es hacer prevalecer
los preceptos superiores5. La Corte señaló que:

En ese sentido, no podría admitirse que, sobre la base de un inadecuado
entendimiento del principio de no reformatio in pejus, el juez de segunda instancia
permitiera al demandado continuar violando o amenazando derechos fundamentales
por la sola circunstancia de no haberse examinado una determinada perspectiva de
los mismos en la primera instancia.

Así las cosas, la Sala procederá a estudiar la impugnación que el solicitante interpuso
contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección

3
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
4
Ibidem.
5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-913 del 18 de noviembre de 1999 [fundamento jurídico 1].

7
Expediente nº. 25000-23-15-000-2024-00538-01
Solicitante: Jairo Arturo Rozo Muñoz
Acción de tutela – Segunda instancia

Segunda Subsección B, que amparó sus derechos fundamentales del accionante y
dejó sin efectos los autos del 26 de agosto de 2022 y 11 de marzo de 2024 que
rechazaron el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho; pero declaró improcedente el amparo
respecto a su solicitud de declarar si hubo relación laboral con el municipio de
Guatavita y reconocer la respectiva pensión de jubilación.

Subsidiariedad

El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La jurisprudencia constitucional ha precisado que
esta regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados6.

Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales7.

La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela es improcedente para
cuestionar actuaciones judiciales bajo trámite, ya que se cuenta con la posibilidad de
agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento, salvo que esos
mecanismos no existan o se pretenda evitar un perjuicio irremediable.8 La Corte
Constitucional, en sentencia SU-062 de 2018, estableció las razones principales que
refuerzan el requisito de subsidiariedad en tutelas contra providencias judiciales:

6
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, C.P. Cristina Pardo Schlesinger.
7
Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-695 de 2015, C.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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Expediente nº. 25000-23-15-000-2024-00538-01
Solicitante: Jairo Arturo Rozo Muñoz
Acción de tutela – Segunda instancia

En primer lugar, las sentencias son decisiones emanadas de un juez que recibió el
encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia (…). [L]a acción de tutela
que no es presentada con apego estricto al principio de subsidiariedad, niega la
garantía del debido proceso, de acuerdo con la cual, una persona sólo puede ser
procesada por su juez natural.

En segundo lugar, las etapas, el procedimiento y los recursos que conforman un
proceso son el primer espacio de protección de los derechos fundamentales de los
asociados, especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso
de manera que no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de
un derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro
del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades
procesales que puedan afectarle.

Y la última razón es que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o están
pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro recurso
de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a derechos
fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad jurídica.

Caso concreto

El solicitante considera que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales a la seguridad social en materia pensional, al mínimo vital, a la
dignidad humana y a la aplicación de la norma más favorable en materia laboral, al
proferir el auto del 24 de mayo de 2022, que rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que interpuso contra los actos del municipio de
Guatavita que le negaron el reconocimiento de la relación laboral y la liquidación y
pago de la pensión de jubilación; contra la providencia del 26 de agosto de 2022, que
rechazó el recurso de apelación contra el auto del 24 de mayo de 2022; y el auto del
11 de marzo de 2024, que resolvió no reponer la última decisión. También reprocha
que el municipio de Guatavita no declaró la existencia de una relación laboral y no
reconoció en su favor la pensión de jubilación y demás emolumentos derivados de
esta.

Por auto del 24 de mayo de 2022, el Juez Tercero Administrativo del Circuito de
Zipaquirá resolvió rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada por el accionante. Esto, conforme al artículo 169.3 del CPACA, al considerar
que existe identidad de causa, objeto y partes entre el proceso de nulidad y

9
Expediente nº. 25000-23-15-000-2024-00538-01
Solicitante: Jairo Arturo Rozo Muñoz
Acción de tutela – Segunda instancia

restablecimiento del derecho de Rad. nº. 2010-00084-00, adelantado por el Juez
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Zipaquirá, y el nuevo
incoado por el actor. Cabe señalar que en el marco del proceso mencionado se
profirió la sentencia del 11 de agosto de 2014 la cual fue confirmada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en la que se declaró probada la excepción de
inexistencia de la relación laboral y se negaron las pretensiones de la demanda.
Inconforme con la decisión el accionante, por conducto de su apoderado, interpuso
recurso de apelación.

Mediante providencia del 26 de agosto de 2022, el Juez resolvió rechazar el recurso
de apelación presentado por el demandante. Lo anterior, conforme al artículo 244.3
del CPACA, pues la sustentación de este no fue allegada a través del correo
electrónico remitido al Despacho. El solicitante presentó recurso de reposición contra
esa decisión. Por auto del 11 de marzo de 2024 el Juez Primero Administrativo de
Zipaquirá resolvió no reponer el auto que rechazó la apelación.

El artículo 245 del CPACA establece que el recurso de queja procede ante el superior
cuando se niegue la apelación o se conceda en un efecto diferente. Este último fue
modificado por el artículo 65 de la Ley 2080 de 2021 el cual dispuso que, para su
trámite, se aplicará lo establecido por el artículo 353 del CGP. De acuerdo con esta
última disposición normativa mencionada, el recurso de queja debe interponerse en
subsidio del recurso de reposición, en este caso contra el auto que denegó el recurso
de apelación, para que el asunto pueda ser conocido por el superior.

Como el solicitante se limitó a presentar el recurso de reposición contra el auto que
rechazó la apelación y no presentó en subsidio de este, el recurso de queja, el cual
resulta ser el mecanismo ordinario dispuesto por el ordenamiento para reprochar el
auto que rechaza el recurso de apelación, la solicitud de tutela es improcedente
porque no cumple con el requisito de subsidiariedad.

La Sala advierte que la tutela, como mecanismo constitucional subsidiario, no puede
ser utilizada con el fin de subsanar errores de procedimiento cometidos por quien la
presenta. Lo anterior desnaturaliza la finalidad de la acción de tutela como
mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales y permite que la
parte accionante se beneficie de sus propias omisiones. En este caso, el accionante

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Expediente nº. 25000-23-15-000-2024-00538-01
Solicitante: Jairo Arturo Rozo Muñoz
Acción de tutela – Segunda instancia

no presentó ante la autoridad judicial accionada el recurso de queja contra el auto
que rechazó la apelación, el cual ahora reprocha en sede de tutela9, por ello es
improcedente.

Ahora bien, el solicitante alegó que el municipio de Guatavita no declaró la existencia
de una relación laboral y no reconoció en su favor la pensión de jubilación y demás
emolumentos derivados de esta. Conforme al criterio jurisprudencial de la Corte
Constitucional, por regla general las acreencias laborales no son susceptibles de
amparo por vía de tutela debido que el ordenamiento jurídico de la jurisdicción
ordinaria laboral o la contenciosa administrativa tienen mecanismos idóneos y
eficaces para la defensa judicial según el caso. Estimó que de manera excepcional
se ha contemplado la procedencia del amparo para obtener el pago de las acreencias
cuando se afecta el mínimo vital del solicitante.10

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que la acción de tutela no es el mecanismo
para discutir si entre el municipio de Guatavita y el solicitante existió una relación
laboral entre el 1 de mayo de 1981 y el 31 de diciembre de 2001, pues los
argumentos que plantea el accionante en trámite de tutela debieron ser discutidos al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Rad. n°.
25899-33-33-003-2022-00061-00 mediante el cual se solicitó el reconocimiento del
vínculo laboral y el correspondiente pago de la pensión de jubilación. No es dable
que el juez de tutela profiera una decisión que desplace el análisis que le
corresponde realizar al juez natural de la causa, respecto de la procedencia del
medio de control mencionado.

Cabe adicionar que dicha solicitud tampoco cumple con el requisito de inmediatez.
Si el vínculo laboral que el solicitante alega como desconocido finalizó el 31 de
diciembre 2001, han transcurrido más de 23 años desde que el accionante conoció
de la vulneración de los derechos que alega como desconocidos, lo que supera el

9
Corte Constitucional, sentencia T-186 de 2015, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez: La acción de tutela no es
un medio alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las personas, para mantener de forma
indefinida e ilimitada en el tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello, cuando quiera que las
personas acudan al juez constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo controversia, sus derechos
fundamentales están siendo transgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue puesto a consideración del
juez natural de la causa, o, en su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su voluntad.
10
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-043 del 16 de febrero de 2018 [fundamento jurídico 11].

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Expediente nº. 25000-23-15-000-2024-00538-01
Solicitante: Jairo Arturo Rozo Muñoz
Acción de tutela – Segunda instancia

término de 6 meses que la jurisprudencia ha determinado para acceder a este
mecanismo de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia
proferida el 29 de julio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-
Sección Segunda-Subsección B que accedió al amparo y, en su lugar, DECLARAR
improcedente la solicitud de tutela de Jairo Arturo Rozo Muñoz contra el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Zipaquirá y el municipio de Guatavita, en los
términos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 29 de julio
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección B, conforme la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

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