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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00728-01

Fecha
8 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00728-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 17 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la Seccion Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo por las razones anotadas ut supra. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00728-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

8 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., ocho (08) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000231500020240072801
Accionante: José Gentil Macías Olivar
Accionado: Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

Tema: Acción de tutela por mora judicial. Subtema 1: Retardo justificado. Decisión: Se
revoca la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la solicitud por
carencia actual de objeto por hecho superado y se niegan las pretensiones.

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de
tutela proferido el 17 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la Seccion Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1.- La solicitud de tutela

José Gentil Macías Olivar presentó acción de tutela1 en contra del Juzgado 68
Administrativo de Bogotá, en procura de la protección de su derecho fundamental al
debido proceso. El accionante consideró vulnerada su prerrogativa constitucional con la
mora en la que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada, pues no ha dictado
sentencia dentro de su asunto de nulidad y restablecimiento con radicado No.
11001333400620200003200.

2.- Hechos

2.1.- El accionante indicó que el 19 de febrero de 2020 radicó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Club Militar. Adujo que, a la fecha de presentación de
la acción de tutela no se ha dictado sentencia, pese a los impulsos procesales por él
elevados.

1 Obra en certificado 6512B31DB296E0F5 586914AC25628A85 E528C6EDC36C3B5C F1C51FF483AB07FE, índice

2 en el expediente de tutela digital.

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Radicación: 25000231500020240072801
Accionante: José Gentil Macías Olivar
Accionado: Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

3.- Fundamento de la solicitud de amparo

El interesado indicó que la demora en la resolución de su trámite vulnera su derecho
fundamental.

4.- Pretensiones

Solicitó:

“1. Que declare la vulneración de los derechos fundamentales de JOSE GENTIL MACÍAS
OLIVAR por la parte Accionada por inobservancia de los términos perentorios de duración del
proceso judicial.

2. Que en consecuencia, ordene al Juez 068 Administrativo del Circuito de Bogotá o quien
haga sus veces, dar cumplimiento al término de duración del proceso judicial de 1 año y ½
conforme a lo establecido en el articulo 1 y articulo 121 del CGP por remisión del articulo 306
del CPACA, teniendo como base el termino de duración de 1 año en primera instancia.

3. Que en consecuencia, ordene al Juez 068 Administrativo del Circuito de Bogotá o quien
haga sus veces, dar cumplimiento al término de proferir decisión de sentencia anticipada al
tenor del artículo 179 del CPACA modificado por el artículo 39 de la Ley 2080 de 2021, articulo
182ª del CPACA adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021 que establece que se
podrá dictar sentencia anticipada antes de la audiencia inicial cuando se trate de asuntos de
puro derecho y no haya pruebas que practicar.

4. De manera subsidiaria a lo anterior y sólo en el caso en que el honorable tribunal decida la
conveniencia de fijar audiencia, solicito respetuosamente que se fije la audiencia inicial en un
término no menor a 5 días ni mayor a 8 días de conformidad con el artículo 180 y 283 del
CPACA teniendo en cuenta que la parte demandada ya presento la contestación de la
demanda de conformidad con los artículos 199, 172 y 173 del CPACA, se descorrieron las
excepciones y se dicto auto que niega las excepciones previas y se paso el expediente al
Despacho para fijar fecha de audiencia inicial teniendo en cuenta que el 28 de febrero de 2022
el despacho declaró ejecutoriada la providencia del 14 de enero de 2022 que declaro no
probada la excepción caducidad del medio de control y se ingresó el expediente al despacho
para fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial.
(…)
5. Que en consecuencia, ordene al fallador de segunda instancia del proceso judicial en caso
de darse tal situación, dar cumplimiento al término de duración del proceso judicial de 1 año y
½ conforme a lo establecido en el articulo 1 y articulo 121 del CGP por remisión del articulo
306 del CPACA, teniendo como base el termino de duración de 6 meses en segunda instancia.

6. Prevenir al Juez 068 Administrativo del Circuito de Bogotá o quien haga sus veces, para
que en lo sucesivo no se vuelvan a presentar este tipo de actuaciones que vulneran y afectan
los derechos fundamentales de las personas”2.

5.- Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición

5.1.- Por auto del 12 de septiembre de 2023 la Subsección B de la Seccion Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la tutela3 y ordenó su notificación.

2 Ibidem, folios 1 y 2.
3 Obra en certificado 7269424DE4955EFC C0AF0832D98553BA 58CA84881B5D922B A563056507A11616, índice 2
en el expediente de tutela digital.

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Radicación: 25000231500020240072801
Accionante: José Gentil Macías Olivar
Accionado: Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

5.2.- El Juzgado 68 Administrativo de Bogotá4 enumeró las actuaciones surtidas al interior
del medio de control; explicó el titular que tomó posesión del Despacho el 25 de enero de
2023 y a la fecha cuenta con 460 asuntos en trámite, además de un reparto y procesos
por redistribución para un total de 1.013 expedientes en el año 2023.

6.- Fallo de tutela de primera instancia

La Subsección B de la Seccion Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
mediante sentencia del 17 de septiembre de 2024, resolvió declarar la carencia actual de
objeto por hecho superado bajo el argumento que sigue:

“En el presente caso la Sala advierte que el señor José Gentil Macías Olivar presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 19 febrero de 2020 en contra del Club
Militar. Inicialmente fue asignado por reparto al Juzgado 6° Administrativo de Bogotá bajo el
radicado 11001-33-34-006- 2020-00032-00. Sin embargo, en virtud del Acuerdo CSJBTA23-2
del 25 de enero de 2023, el proceso fue remitido al Juzgado 68 Administrativo de Bogotá.

De la contestación del Juzgado 68 Administrativo de Bogotá y del Club Militar, así como
verificado el aplicativo SAMAI, se puede constatar que efectivamente el pasado 13 de
septiembre del año en curso, el Juzgado profirió auto mediante el cual avocó conocimiento,
prescindió de audiencia inicial y corrió traslado para alegar. Providencia fue notificada
mediante estado del 16 de septiembre de 2024.

Conforme con lo anterior, se observa que la solicitud de la parte accionante relacionada con
dar trámite al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho para proferir sentencia
anticipada, dispuesta en el artículo 182A del CPACA, fue cumplida por el accionado con la
providencia del 13 de septiembre de 2024. Así las cosas, es claro, para esta Sala, que el
presente asunto carece actualmente de objeto, dado que los hechos que dieron lugar a la
alegada vulneración de los derechos de la accionantes ya fueron superados”5.

7.- Razones de la impugnación

En contra de la decisión, el accionante presentó escrito de impugnación y adujo
textualmente que:

“4. El fallador de instancia no ampara los derechos fundamentales al debido proceso y a la
administración de justicia por carencia actual de objeto por hecho superado debido a la
expedición del auto del 13 de septiembre de 2024 que prescinde de audiencia inicial y corre
traslado para alegatos, pero no toma ninguna medida para prevenir y asegurar el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia en un tiempo razonable, pues si se
encuentra evidenciado que el proceso lleva un tiempo de 4 años 6 meses y 21 días sin
encontrar una decisión de fondo de la autoridad judicial, lo que se encuentra es que ya se violó
el término de duración del proceso del artículo 121 es decir un año en primera instancia y 6
meses en segunda instancia luego la decisión debe estar orientada a tomar medidas para

4 Obra en certificado 43E192BEFF99A923 7367EB63AA146212 D1D5942D529F2A7D 1201A269A2BB150C en el
archivo de tutela digital de primera instancia, índice 7, en la plataforma Samai del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
5 Obra en certificado B098763825125FCF 9900DB1BA1F80D5B 4DCDFEAE311E21ED DA7BAEB42281067F, índice

2 en el expediente de tutela digital.

4
Radicación: 25000231500020240072801
Accionante: José Gentil Macías Olivar
Accionado: Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

restablecer los derechos del accionante en cuanto ya se le violo el término de duración del
proceso de un año en primera instancia y el término en la segunda instancia luego es
razonable que la decisión de acción de tutela adopte medidas para que el juez de primera
instancia y el de segunda instancia den cumplimiento a los términos a futuro por vía de la
orden del juez de tutela al encontrarse que a la fecha se violó el debido proceso en relación
con esos términos procesales que son perentorios y de obligatorio cumplimiento según el
articulo 117 del CGP, además teniendo en cuenta que el 28 de febrero de 2022 el despacho
declaró ejecutoriada la providencia del 14 de enero de 2022 que declaro no probada la
excepción caducidad del medio de control y se ingresó el expediente al despacho para fijar
fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial, con lo que se evidencia que desde la
última actuación han transcurrido 2 años 6 meses 25 días sin realizar ninguna gestión al
proceso.

5. El fallo está viciado de falsa motivación al establecer que opero el fenómeno de la carencia
actual de objeto por hecho superado a la expedición del auto que prescinde de audiencia inicial
y corre traslado para alegatos, porque evidenciado está que se violo el termino de duración
del proceso de un (1) año en primera instancia a términos de los artículos 306 CPACA, 1, 117
Y 121 del CGP, luego lo que es procedente es la declaratoria de la vulneración del derecho al
debido proceso y el acceso a la administración de justicia y la tutela jurisdiccional efectiva en
un tiempo razonable, y por razonable se debe entender el termino fijado por la Ley en mención.
De las pretensiones formuladas en la acción constitucional lo que se pretende
fundamentalmente es que se cumplan los términos procesales de duración del proceso
conforme al artículo 121 del cgp por vía de remisión del artículo 306 del cgp en primera y
segunda instancia, tal como se formulo en las pretensiones. Los términos de duración del
proceso están violados y se deben tomar medidas para evitar que se siga vulnerando los
derechos y el proceso se resuelva en el término perentorio fijado por la Ley” 6.

II. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 17 de septiembre de 2024 por la Subsección B de la Seccion Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de conformidad con lo establecido en los
artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080
de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.- Problema jurídico

La Sala establecerá si el accionado incurrió en mora judicial al no haber proferido la
sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

6 Obra en certificado DF16E2D75081384B 4518100B67DCD516 B35E8138045B35E9 8DC3DC9681B558D3, índice 2

en el expediente de tutela digital.

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Radicación: 25000231500020240072801
Accionante: José Gentil Macías Olivar
Accionado: Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

3.- Mora Judicial

3.1.- En anteriores oportunidades la jurisprudencia7 ha precisado que, de conformidad
con el artículo 229 de la Norma Superior, todas las personas son titulares del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia y, por lo tanto, según la voluntad
del constituyente, los asuntos que sean de conocimiento de los administradores de
justicia deben resolverse dentro de los términos establecidos en la ley.

3.2.- Por este motivo, bajo la idea de progresividad en el desarrollo y respeto de los
derechos fundamentales, las razones que justifican el retardo en la observancia de los
términos deben ser cada vez más estrictas. Frente a este planteamiento, la jurisprudencia
constitucional8 ha establecido que no son admisibles los retrasos de la administración de
justicia cuando se dan las siguientes condiciones:

1. Hay incumplimiento de los plazos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial;

2. No hay una justificación razonable que explique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y

3. La tardanza es imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del funcionario judicial.

3.3.- En el mismo orden, la Corte Constitucional ha expresado que hay circunstancias
que justifican la tardanza en el cumplimiento de los términos. En punto de ello ha
expuesto9 que tales se configuran, así:

1. Cuando se encuentra gran complejidad en el asunto y dentro del proceso se
encuentra que el operador judicial ha sido diligente;

2. En los eventos que se logra demostrar que el retardo es producto de problemas
estructurales de la administración de justicia que generan un exceso en la carga
laboral;

3. Se configuran circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la solución
de la controversia en el término establecido por la ley.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, fallo de tutela del 31 de

julio de 2019, expediente: 11001-03-000-2019-03155-00.
8 Sentencia T-230 de 2013 y reiterado en la sentencia SU-394 de 2016.
9 Sentencia T-230 de 2013.

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Radicación: 25000231500020240072801
Accionante: José Gentil Macías Olivar
Accionado: Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

3.4.- De esta manera, acreditadas ciertas realidades, no puede afirmarse que haya mora
judicial injustificada, puesto que se está en presencia de un mero retardo en la
observancia de los plazos, que no le es imputable al juez; recuérdese así la idea de un
Estado real, al que solamente le es exigible aquello que puede proveer.

4.- Mora judicial en el caso concreto

4.1.- El accionante estimó que el Juzgado 68 Administrativo de Bogotá incurrió en mora,
en tanto la autoridad judicial no ha proferido sentencia al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-34-006- 2020-00032-
00.

4.2.- Al respecto, se encuentra que el expediente fue repartido inicialmente al Juzgado 6
Administrativo de Bogotá, no obstante, en cumplimiento del Acuerdo CSJBTA23-2 del 25
de enero de 2023, el expediente fue remitido al Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
para su conocimiento.

4.3.- El 15 de septiembre de 202010 el primero de los Despachos mencionados admitió el
medio de control.

4.4.- Luego de trabada la litis, mediante auto del 14 de enero de 2022, el Juzgado 6
Administrativo de Bogotá resolvió: i) tener por contestada la demanda; ii) declarar no
probada la excepción de caducidad del medio de control propuesta por el convocado; iii)
negar el pedido de sentencia anticipada; y iv) reconocer personería al apoderado de la
demandada.

4.5.- De manera subsiguiente, por medio de auto calendado el 03 de marzo de 2023, el
Juzgado 6 Administrativo de Bogotá remitió el expediente contentivo del medio de control
al Juzgado 68 en cumplimiento de los acuerdos PCSJA22-12026 del 15 de diciembre de
2022 y CSJBTA23-2 del 25 de enero de 2023.

4.6.- Luego, el 13 de septiembre de 2024, el Juzgado convocado en esta sede avocó el
conocimiento del proceso y prescindió de la realización de audiencia con el fin de proferir
sentencia anticipada.

10 Consulta de Procesos por Número de Radicación- Consejo Superior de la Judicatura (ramajudicial.gov.co).

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Radicación: 25000231500020240072801
Accionante: José Gentil Macías Olivar
Accionado: Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

4.7.- Se tiene entonces que, el expediente que contiene el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-34-006-2020-00032-00, pasó al
Despacho de la autoridad judicial accionada el 26 de octubre de 2023 con el fin de
continuar con el trámite correspondiente.

4.8.- Frente al segundo de los requisitos para que haya lugar a la mora judicial, que se
refiere a la falta de un motivo razonable para el retardo, encuentra la Sala que no se
acredita. En primer lugar, es de público conocimiento la existencia de la congestión en la
Rama Judicial, además, el censurado manifestó que los procesos que tiene a su cargo
se han venido fallando en el estricto orden de llegada y este asunto en especial le fue
asignado en razón a una situación estructural y objetiva como es la alta congestión que
presentan los Juzgados adscritos a la Sección Primera.

4.9.- Para terminar, y atendiendo al tercero de los requisitos para que haya mora, relativo
a que la tardanza sea imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del funcionario judicial, nota esta Sala que aquel tampoco tiene
ocurrencia, pues según quedó dilucidado, el encartado ha cumplido con sus
responsabilidades, según la realidad administrativa de la Rama Judicial.

5.- Con esto, se concluye que la autoridad judicial accionada ha dado trámite al asunto
reprochado por vía constitucional, a pesar de que no haya sido en el lapso requerido por
el actor.

6.- Ahora bien, se recuerda que los jueces tienen la obligación de dictar sentencias
exactamente en el mismo orden en que haya pasado el expediente al despacho para tal
fin, según lo dispuso el artículo 18 de la Ley 446 de 1998. Ciertamente este sistema para
proferir sentencias es un método razonable, conveniente y justo, tanto para las partes
como para el juez, en cuanto desarrolla las garantías del debido proceso y del derecho a
la igualdad. Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que “la posibilidad de
inaplicar excepcionalmente el orden de fallo en turno se encuentra constitucionalmente
justificada y responde a la necesidad de dar prioridad a casos especiales que, por sus
características, no dan espera”11.

6.1.- Pero, la evaluación de tal posibilidad, corresponde al juzgador de la causa, que es
el primer habilitado por la ley para ponderar las condiciones especiales de los casos

11 Sentencia T-945A de 2008.

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Radicación: 25000231500020240072801
Accionante: José Gentil Macías Olivar
Accionado: Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

puestos en su conocimiento y de autorizar un posible cambio en el turno de resolución
del pleito.

Esto ha sido defendido por el Alto Tribunal Constitucional, a partir de considerar los
principios de autonomía e independencia judicial, de modo que “el juez de tutela está
inhabilitado, en principio, para subvertir el orden de prelación de los fallos judiciales, pues
tal determinación hace parte de la órbita de decisión del juez natural”12.

6.2.- Si bien, una primera lectura del amparo podría dar la idea de que este se promueve
para denunciar una mora judicial, lo cierto es que lo pretendido por el interesado es que
se dicte sentencia de manera inmediata. En efecto, conforme a los lineamientos fijados
sobre el orden de los turnos para decidir, la posibilidad de alteración de estos y el
cumplimiento del presupuesto analizado, es necesario que la parte interesada le solicite
al juez natural que dé anticipación a su causa, según las previsiones legales y
constitucionales expuestas ut supra.

6.3.- Así, advierte la Sala que la parte actora no aludió al hecho de que previamente le
hubiera solicitado de forma expresa al tutelado que adelantara la posición en la que se
encontraba su trámite para fallo, exponiendo las razones que justificaran tal pedimento.
Esto, como ya se señaló, en la medida en que aquel es el primer autorizado para
pronunciarse sobre la materia.

7.- Finalmente, en el presente asunto la parte convocante manifiesta tanto en el escrito
tutelar como en la impugnación, que el Juzgado 68 Administrativo de Bogotá ha sido
renuente en aplicar el artículo 121 del Código General del Proceso al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

Pues bien, el artículo 121 del CGP13 establece, respecto del término para dictar sentencia
en las distintas instancias, lo que sigue:

“Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá
transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia,
contado a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo
a la parte demandada o ejecutada. Del mismo modo, el plazo para resolver la segunda
instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de la recepción del
expediente en la secretaría del juzgado o tribunal”.

12 Ibídem.
13 Declarado exequible de forma condicionada el inciso 2.º mediante Sentencia C- 443 de 2019.

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Radicación: 25000231500020240072801
Accionante: José Gentil Macías Olivar
Accionado: Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

No obstante, la mentada disposición es incompatible e inaplicable en los procesos que
cursan en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues no existe vacío normativo
en la Ley 1437 de 2011 en lo que respecta a la duración del proceso y a los términos en
los que debe adelantarse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En tal sentido, se tiene que el CPACA trae de manera expresa las normas propias que
regulan el trámite, términos y reglas de los asuntos que son de su competencia en cada
una de las instancias, por lo que no es posible remitirse a lo estipulado en el artículo 121
del CGP.

A la sazón, se reitera que la regulación para llevar a cabo las distintas etapas del proceso
así como la competencia para ello, y las oportunidades y procesos para dictar las
providencias judiciales que en Derecho correspondan, se encuentran comprendidas
taxativamente en los artículos 179 a 182 del CPACA.

Al respecto, este cuerpo colegiado ha expresado la imposibilidad de aplicar la
plurimencionada normatividad en la jurisdicción contencioso administrativa, de la
siguiente manera:

“Esta Corporación ha definido en su jurisprudencia, que los términos establecidos en el
artículo 121 del Código General del Proceso no le son aplicables a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, debido a que el Decreto 01 de 1984 y la Ley 1437 de 2011
contienen normas especiales sobre la duración de los procesos ordinarios que se adelanten
frente a ella, pues las normas especiales prevalecen sobre aquellas que son generales.”14

Conforme a lo expuesto, se advierte que el artículo 121 del Codigo General del Proceso
no resulta aplicable a la jurisdicción contencioso administrativa como lo alega el
convocante.

Así, esta Sala procederá a revocar la improcedencia del amparo por hecho superado
para, en su lugar, negar las pretensiones elevadas, por no haberse reunido los requisitos
señalados para que se configure la alegada mora judicial injustificada para dictar fallo
dentro del medio de control.

14 Consejo de Estado, i) Sección Cuarta, 11 de julio de 2019, expediente radicado núm. 11001031500020190104800

C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto, ii) Sección Tercera, Subsección C, 21 de marzo de 2019, expediente radicado
11001031500020190076600, C.P Jaime Rodriguez Navas.

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Radicación: 25000231500020240072801
Accionante: José Gentil Macías Olivar
Accionado: Juzgado 68 Administrativo de Bogotá
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido el 17 de septiembre de 2024 por la Subsección
B de la Seccion Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo por las razones anotadas ut supra.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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