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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00781-01

Fecha
6 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00781-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Modificar la sentencia impugnada, proferida el 16 de octubre de 2024, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, la cual quedará así: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por las sociedades C.I. JALRA INVERSIONES S.A., RANINVER LTDA., RANGEL RUBIO INVERSIONES LTDA., EN LIQUIDACIÓN, y RODRÍGUEZ VARGAS ABOGADOS S.A.S., y los señores Álvaro José Rodríguez Vargas y Meryi María Vargas Silva, por las consideraciones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2024-00781-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

6 de diciembre de 2024

Radicado: 25000-23-15-000-2024-00781-01
Demandante: Raninver Ltda. y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., seis (6) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 25000-23-15-000-2024-00781-01
Demandante: RANINVER LTDA. Y OTROS
Demandado: JUZGADO 45 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procedencia
excepcional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que
la discusión que se plantea es de mera legalidad.

La Sala1 decide la impugnación instaurada por la parte demandante contra el fallo
de primera instancia, proferido el 16 de octubre de 2024, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, a través del
cual negó el amparo deprecado.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El 1º de octubre de la presente anualidad, las sociedades C.I. JALRA
INVERSIONES S.A, RANINVER LTDA., RANGEL RUBIO INVERSIONES LTDA.
EN LIQUIDACIÓN y RODRÍGUEZ VARGAS ABOGADOS S.A.S., y los señores
Álvaro José Rodríguez Vargas y Meryi María Vargas Silva, en su condición de
copropietarios de ciertos predios urbanos ubicados en la ciudad de Bogotá,
interpusieron acción de tutela contra el Juzgado 45 Administrativo de Bogotá, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, y desconocidos los principios de legalidad y confianza legítima en las
decisiones judiciales, con ocasión de la providencia proferida el 21 de junio de
2024, confirmada en auto de 20 de septiembre del mismo año, en el proceso de

1
Se advierte que el 6 de noviembre de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el respectivo proyecto de sentencia.

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00781-01
Demandante: Raninver Ltda. y otros

nulidad con radicado 11001-33-41-045-2022-00094-00, mediante la cual se negó
la acumulación, a ese asunto, del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 11001-33-34-003-2022-00308-00. Formularon las siguientes
pretensiones (se transcriben):

1. Que se AMPAREN, los derechos fundamentales: (i) al DEBIDO PROCESO
JUDICIAL [en conexidad con el acceso real, pronto y efectivo al servicio
público de Administración de Justicia], (ii) a la DEFENSA, (iii) a la
CONTRADICCIÓN, y (iv) a la IGUALDAD, en plenitud y garantía de las
formas propias de cada juicio, que les han sido conculcados a mis
procurados, en su calidad de SUJETO PROCESAL, integrantes y
constituyentes, de la PARTE ACCIONANTE, dentro de la DEMANDA en
ejercicio de la ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA y/o MEDIO DE
CONTROL de que trata el Titulo III, de la Parte Segunda, de la Ley 1437 de
2.011, con PRETENSIONES ACUMULADAS, conforme lo dispuesto por el
artículo 165º de la Ley 1437 de 2.011 [C.P.A.C.A.], en ejercicio del medio de
control PRINCIPAL de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO,
de que trata el artículo 138º de la Ley 1437 de 2.011 [C.P.A.C.A.],
pretendiendo principalmente, la NULIDAD TOTAL del Decreto Distrital 555 del
veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintiuno (2.021), “Por el cual se
adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá
D.C.”, con el RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO y la reparación y/o
INDEMNIZACIÓN INTEGRAL del daño causado; o bien, pretendiendo
subsidiariamente, la NULIDAD PARCIAL, del Decreto Distrital 555 del
veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintiuno (2.021), “Por el cual se
adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá
D.C.”, en algunos apartes normativos con el consecuente
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO y la reparación y/o INDEMNIZACIÓN
INTEGRAL del daño causado; y SUBSIDIARIAMENTE, el Medio de Control
de REPARACIÓN DIRECTA, de que trata el artículo 90º de la Constitución
Política y el artículo 140° de la Ley 1437 de 2.011 [C.P.A.C.A.], por la
INDEMNIZACIÓN INTEGRAL del DAÑO ANTIJURÍDICO causado a mi
representada, cuyos PERJUICIOS MATERIALES [DAÑO EMERGENTE y
LUCRO CESANTE], deben ser resarcidos, ante la afectación, limitación,
restricción e imposibilidad administrativa que, para su desarrollo, edificación,
construcción, licenciamiento urbanístico, asignación de usos de suelo
conforme el sector homogéneo donde se emplazan, y afectación del ius
aeidificandi , se ha impuesto con el Acto Administrativo aquí referido, y por
haber erigido y mantenido la “ocupación jurídica permanente ” de los bienes
inmuebles de CO-PROPIEDAD PRIVADA de mis representados, en contra
de: (1) DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ, persona jurídica de Derecho
Público, del orden territorial Distrital, que para la época de los hechos, se
encontraba representada por la Señora Alcaldesa Mayor CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ, o la persona que, para la fecha de práctica de la
diligencia conciliatoria objeto de la presente solicitud la represente; y (2)
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., persona jurídica de Derecho Público,
que para la época de los hechos, se encontraba representada legalmente por
la Señora Alcaldesa Mayor CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ, y
quienes para los efectos de la presente, fungen, constituyen e integran, la
PARTE ACCIONADA, dentro del proceso con radicado Nro. 11001-33-34-
003-2022-00308-00, y proceso que fue dispuesta su remisión, por parte del
Juzgado Tercero (3º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C., para
que fuera acumulado al proceso de NULIDAD SIMPLE con radicado Nro.
11001-33-41-045-2022-00094-00, que, en contra del Decreto Distrital 555 del
veintinueve (29) de diciembre de dos mil veintiuno (2.021), “Por el cual se
adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá

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Demandante: Raninver Ltda. y otros

D.C.”, fue impetrado por: ADRIANA CAROLINA ARBELAEZ GIRALDO, en
contra de: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. – SECRETARIA
DISTRITAL DE PLANEACIÓN y el cual, se encuentra en curso ante la
autoridad judicial aquí accionada, esta es, el JUZGADO CUARENTA Y
CINCO (45) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
D.C.; por haber estructurado sendas CAUSALES CONCURRENTES
GENÉRICAS y ESPECÍFICAS, de PROCEDIBILIDAD DE REVISIÓN por el
mecanismo constitucional de ACCIÓN DE TUTELA, de PROVIDENCIAS
JUDICIALES [otrora VÍA DE HECHO JUDICIAL], al haber proferido, la
autoridad judicial aquí accionada, la providencia judicial [auto] de fecha veinte
(20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2.024), decisoria del RECURSO
ORDINARIO DE REPOSICIÓN [subsidiario de APELACIÓN], que fuera
impetrado por mis procurados, en contra de la providencia judicial [auto] de
fecha veintiuno (21) de junio de dos mil veinticuatro (2.024); configurando con
ello, varios DEFECTOS CONCURRENTES DE PROCEDIBILIDAD, tales
como son: (i) DEFECTO SUSTANTIVO, (ii) DEFECTO FÁCTICO, (iii)
DEFECTO PROCEDIMENTAL, y (iv) DEFECTO DE VIOLACIÓN DIRECTA
DE LA CONSTITUCIÓN, desconociendo con tal actuar vulnerante, los
derechos ius fundamentales de mis procurados, al: (1) DEBIDO PROCESO
[en conexidad con el acceso real, pronto y efectivo al servicio público de
Administración de Justicia]; (2) DEFENSA; (3) CONTRADICCIÓN; y (4)
IGUALDAD [ante la Ley y de protección y trato por parte de las autoridades
jurisdiccionales, en conexidad con el PRINCIPIO DE LEGALIDAD y la
CONFIANZA LEGÍTIMA EN LAS DECISIONES JUDICIALES, aplicables al
caso sub lite, para efectos de la procedencia y admisibilidad, del instituto
jurídico-procesal- legal de la “acumulación de procesos ” que, fue consagrado
y establecido, por el Legislador Nacional conforme lo normado por los
artículos: 148º, 149º y 150º del Código General del Proceso; en concordancia
con lo normado por los artículos: 165º, 179º y 306º de la Ley 1437 de 2.011
[C.P.A.C.A.].

2. Que, consecuencialmente, se DECLARE, que, por ser violatoria de los
mencionados derechos ius fundamentales , se deje sin ningún valor, ni efecto,
la providencia judicial [auto] vulnerante aquí cuestionada, proferida en fecha
del veinte (20) de septiembre de dos mil veinticuatro (2.024), por la autoridad
judicial aquí accionada, esta es, el JUZGADO CUARENTA Y CINCO (45)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., de quien es
titular la señora Juez MARIA CAROLINA TORRES ESCOBAR; dentro del
proceso con radicación: 11001-33-41-045-2022-00094-00.

3. Que, consecuencialmente, se ORDENE, a la autoridad judicial accionada,
esto es, el JUZGADO CUARENTA Y CINCO (45) ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., de quien es titular la señora Juez
MARIA CAROLINA TORRES ESCOBAR; que, dentro de un término no mayor
de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS siguientes, a la fecha en que se le
notifique la sentencia que ampare los derechos ius fundamentales cuyo
amparo se demanda; proceda nuevamente a proferir providencia judicial
[auto] en virtud de la cual, se decida el RECURSO ORDINARIO DE
REPOSICIÓN [subsidiario de APELACIÓN] que, mis procurados, impetraron
en contra de la providencia judicial [auto] de fecha veintiuno (21) de junio de
dos mil veinticuatro (2.024), proferida dentro del Medio de Control de proceso
de NULIDAD SIMPLE con radicado Nro. 11001-33-41-045-2022- 00094-00,
que, en contra del Decreto Distrital 555 del veintinueve (29) de diciembre de
dos mil veintiuno (2.021), “Por el cual se adopta la revisión general del Plan
de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, fue impetrado por: ADRIANA
CAROLINA ARBELAEZ GIRALDO, en contra de: ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTÁ D.C. – SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, en los
terminos, condiciones y argumentos que, para tal efecto, determine el Juez
Constitucional, con la observancia plena de las garantías y derechos

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Demandante: Raninver Ltda. y otros

contenidos en la Constitución Política de Colombia, de conformidad con las
dispociciones legales y jurídicas aplicables al caso sub lite, y en particular,
conforme el regimen jurídico que rige y aplica para el instituto jurídico-
procesal-legal de la “acumulación de procesos ” que, fue consagrado y
establecido, por el Legislador Nacional conforme lo normado por los artículos:
148º, 149º y 150º del Código General del Proceso; en concordancia con lo
normado por los artículos: 165º, 179º y 306º de la Ley 1437 de 2.011
[C.P.A.C.A.]; y disposiciones normativas vigentes que resultan aplicables al
caso sub lite, para efecto de que, el proceso impetrado por mis procurados,
con PRETENSIONES ACUMULADAS, conforme lo dispuesto por el artículo
165º de la Ley 1437 de 2.011 [C.P.A.C.A.], en ejercicio del medio de control
PRINCIPAL de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, de que
trata el artículo 138º de la Ley 1437 de 2.011 [C.P.A.C.A.], pretendiendo
principalmente, la NULIDAD TOTAL del Decreto Distrital 555 del veintinueve
(29) de diciembre de dos mil veintiuno (2.021), “Por el cual se adopta la
revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, con el
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO y la reparación y/o INDEMNIZACIÓN
INTEGRAL del daño causado; o bien, pretendiendo subsidiariamente, la
NULIDAD PARCIAL, del Decreto Distrital 555 del veintinueve (29) de
diciembre de dos mil veintiuno (2.021), “Por el cual se adopta la revisión
general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.”, en algunos
apartes normativos con el consecuente RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO y la reparación y/o INDEMNIZACIÓN INTEGRAL del daño
causado; y SUBSIDIARIAMENTE, el Medio de Control de REPARACIÓN
DIRECTA, de que trata el artículo 90º de la Constitución Política y el artículo
140° de la Ley 1437 de 2.011 [C.P.A.C.A.], por la INDEMNIZACIÓN
INTEGRAL del DAÑO ANTIJURÍDICO causado a mi representada, cuyos
PERJUICIOS MATERIALES [DAÑO EMERGENTE y LUCRO CESANTE],
deben ser resarcidos, ante la afectación, limitación, restricción e imposibilidad
administrativa que, para su desarrollo, edificación, construcción,
licenciamiento urbanístico, asignación de usos de suelo conforme el sector
homogéneo donde se emplazan, y afectación del ius aeidificandi , se ha
impuesto con el Acto Administrativo aquí referido, y por haber erigido y
mantenido la “ocupación jurídica permanente ” de los bienes inmuebles de
CO-PROPIEDAD PRIVADA de mis representados, con radicado Nro. 11001-
33-34-003-2022-00308-00, sea acumulado al proceso de NULIDAD SIMPLE
con radicado Nro. 11001-33-41-045-2022-00094-00 que cursa actualmente
primera instancia jurisdiccional, ante la autoridad judicial aquí accionada, para
que sean tramitados y decididos, acumuladamente, por la vía del proceso
ordinario administrativo y de sus etapas, conforme lo establecido por el
artículo 179º de la Ley 1437 de 2.011 [C.P.A.C.A.].

2. De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los
siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

3. Los accionantes instauraron demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, con pretensiones subsidiarias de reparación directa, contra el Distrito
Capital de Bogotá, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto Distrital
555 de 29 de diciembre de 2021, «Por el cual se adopta la revisión general del
Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.» y se condenara al pago de los
perjuicios materiales ocasionados. Al proceso le correspondió el radicado 11001-
33-41-045-2022-00094-00.

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4. El Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá, inicialmente, declaró su falta de
competencia por el factor cuantía; sin embargo, en sede de reposición, a través de
auto de 19 de marzo de 2024, ordenó remitir el asunto al Juzgado 45
Administrativo de Bogotá con destino al proceso de nulidad con radicado 11001-
33-41-045-2022-00094-00, para que se estudiara la posible acumulación a ese
proceso, por cuanto allí se estudia la pretensión de nulidad del Decreto Distrital
555 de 29 de diciembre de 2021.

5. El Juzgado 45 Administrativo de Bogotá, mediante proveído de 21 de junio de
2024, resolvió no acumular el proceso remitido, por estimar que el procedimiento
del litigio de nulidad y restablecimiento del derecho, con pretensiones subsidiarias
de reparación directa, difería de aquel impartido en el proceso de simple nulidad.

6. Contra esa decisión, los accionantes interpusieron recurso de reposición y, en
subsidio de apelación. En auto de 20 de septiembre de 2024 se dispuso no
reponer la decisión impugnada; además, se declaró improcedente el recurso de
apelación.

7. En la solicitud de amparo, los accionantes sostuvieron que la decisión que negó
la acumulación de procesos incurrió en «defecto sustantivo, y en defecto de
violación directa de la constitución, al haber proferido la decisión judicial
vulnerante aquí cuestionada, sobre una errada, improcedente e indebida
interpretación y criterio subjetivo infundado y a fuerza impuesto, que de manera
palmaria desconocen el regímen jurídico, legal y procesal, que rige, y aplica, para
la determinación, procedencia y debida aplicación hermenéutica, para el caso sub
lite, del instituo jurídico-legal-procesal de la ‘acumulación de procesos’».

8. En concreto, adujeron que se confundió el procedimiento del proceso con los
medios de control y, aunado a ello, se desconoció la posibilidad de acumular
pretensiones, lo que llevó a concluir de manera errada, que los asuntos analizados
no eran acumulables. Explicaron que el artículo 179 del CPACA consagra un
proceso general para todos los litigios que no cuentan con procedimiento especial.

9. Expusieron que el error en la aplicación de la norma configuró un defecto
sustantivo. Agregaron que se desconoció el «precedente judicial» dictado en el
proceso con radicado 2013-217(2013-624), en el que se decretó la acumulación

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de procesos con pretensiones de simple nulidad y nulidad y restablecimiento del
derecho.

10. Sostuvieron que también se incurrió en defecto fáctico, porque «no obra
prueba alguna, que le permitiera al juzgador soportar la decisición judicial
vulnerante proferida, como tampoco, las erradas elucubraciones y conclusiones a
las que allí llegó».

11. Por último, indicaron que la acumulación de procesos atiende a los postulados
de economía procesal y busca evitar sentencias contradictorias.

Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto de 3 de octubre de 2024 se admitió la solicitud de amparo, se
ordenó notificar la decisión a la autoridad judicial demandada, se tuvieron como
prueba los documentos aportados con la demanda y se reconoció personería
jurídica al apoderado de los accionantes.

13. El Juzgado 45 Administrativo de Bogotá reiteró los argumentos expuestos en
la providencia cuestionada y solicitó declarar improcedente la acción de tutela o
negarla, por cuanto no se vulneraron los derechos fundamentales de las partes.
Además, aportó el enlace del expediente del proceso ordinario.

Sentencia impugnada

14. La Sección Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 16 de octubre de 2024, a
través de la cual negó el amparo solicitado.

15. Consideró que el auto de 20 de septiembre de 2024 «fue proferido conforme a
una debida interpretación del ordenamiento jurídico aplicable y de la
jurisprudencial del H. Consejo de Estado sobre la acumulación de procesos en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

16. Señaló que el Juzgado 45 Administrativo de Bogotá erró al considerar que el
medio de control de nulidad se tramite por un procedimiento diferente al del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto desconoció lo

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establecido en el artículo 179 del CPACA; sin embargo, consideró que esa
situación no implicaba que la decisión careciera de validez o soporte jurídico, pues
de acuerdo con la providencia de 2 de febrero de 2024 proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en el proceso con radicado 11001-03-24-000-
2022-00247-00 «de acumularse los procesos presentados por los accionantes, se
estaría desnaturalizando el medio de control de Nulidad Simple (11001-33-41-045-
2022-00094-00), ya que de accederse eventualmente a las pretensiones
principales y subsidiarias de la parte actora (11001-33-34-003-2022-00308-00), el
primer proceso tendría un restablecimiento automático, circunstancia que
desconocería la esencia de ese medio de control, el cual, se recuerda, se limita a
controlar la legalidad del acto administrativo, sin que haya lugar a algún
restablecimiento».

17. Con base en ese entendimiento, concluyó que «aunque el Juez Cuarenta y
Cinco (45) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C. se equivocó al
afirmar que no procede la acumulación de procesos porque no se sigue bajo el
mismo procedimiento, sí acertó al citar la providencia del H. Consejo de Estado
que aclara la improcedencia de acumular pretensiones de nulidad, nulidad y
restablecimiento del derecho y de reparación directa, cuando la nulidad generaría
un restablecimiento automático del derecho».

Impugnación

18. Los accionantes sostuvieron que el análisis de primera instancia es
«incongruente, contradictorio, insostenible, infundado y carente de todo sustento»,
pues pese a que advirtió el error en el argumento empleado por el Juzgado 45
Administrativo de Bogotá, introdujo una nueva hipótesis relacionada con la
consonancia de la postura del auto cuestionado con una providencia de la Sección
Primera del Consejo de Estado, lo cual no fue alegado en la solicitud de amparo,
por lo que es ajena a la controversia y supone una extralimitación del a-quo.

19. Agregaron que, en todo caso, el nuevo fundamento también es errado,
comoquiera que sí es posible acumular pretensiones de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, como lo ha señalado la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, y un entendimiento contrario desnaturaliza el
instituto procesal de la acumulación de pretensiones. En su criterio, una vez más,
se confundió la acumulación de pretensiones con los medios de control.

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20. Aclararon que en algunos casos se ha negado la acumulación de pretensiones
para salvaguardar el derecho a la doble instancia, por ejemplo, cuando se
demandan actos expedidos por entidades del orden nacional y la competencia se
asigna al Consejo de Estado, en única instancia, pero, a la vez, existen otras
pretensiones que sí contemplan la doble instancia, eventualidad que no se
presenta en el caso estudiado.

21. Por lo anterior, solicitaron analizar todos los puntos de la tutela y conceder el
amparo deprecado.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Problema Jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
el fallo proferido el 16 de octubre de 2024, por la Sección Segunda, Subsección F
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual se negó el
amparo solicitado.

23. La Sala, en primer lugar, deberá examinar si está acreditado o no el
cumplimiento del requisito de relevancia constitucional. Sólo en el evento de que
se reúnan esta exigencia y todos los demás requisitos generales, se analizará si la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por los
demandantes.

Análisis de la Sala

24. Relevancia constitucional

25. En sentencia del 5 de agosto de 20142, la Sala Plena de esta Corporación
señaló que este requisito tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e
independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos
que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si
una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario
examinar dos elementos.

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Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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26. El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa,
esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración
de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

27. El segundo busca que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional
al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que
este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen
sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

28. La Corte Constitucional, en su condición de máximo tribunal en materia
constitucional, en sentencia SU-128 de 6 de mayo de 2021 3 , resaltó la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales,
entendida como un juicio de validez, mas no como juicio de corrección del fallo
cuestionado, en tanto lo que persigue es proteger el ejercicio de los derechos
fundamentales, no constituirse en una instancia adicional para debatir asuntos de
índole probatorio o de interpretación de la ley. Explicó el propósito del requisito de
relevancia constitucional, así:

La relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: «(i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes
a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta
en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces»4. Con fundamento en estas consideraciones, la Sentencia SU-573 de
2019 reiteró tres criterios de análisis para establecer si una tutela es de
relevancia constitucional.

Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. Las discusiones de orden legales o aquellas
relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que
«le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter
netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las
jurisdicciones correspondientes» 5 . Un asunto carece de relevancia
constitucional cuando: (i) la discusión se limita a la mera determinación de

3
M.P. Cristina Pardo Schlesinger. Criterio reiterado en sentencia T-024 de 6 de febrero de 2024,
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera, entre otras providencias.
4
Cita original: «Corte Constitucional, Sentencia SU-573 de 2019, M.P Carlos Bernal Pulido.»
5
Cita original: «Corte Constitucional, Sentencia T-136 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa».

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aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación
o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan
claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, «que no
representen un interés general»6.

Segundo, «el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental»7. La jurisprudencia
constitucional ha reiterado que la cuestión debe revestir
una «clara», «marcada» e «indiscutible» relevancia constitucional8. Dado que
el único objeto de la acción de tutela es la protección efectiva de los derechos
fundamentales, es necesario que el asunto que origina la presentación de la
acción contra una providencia judicial tenga trascendencia para la aplicación y
el desarrollo eficaz de la Constitución Política, así como para la determinación
del contenido y alcance de un derecho fundamental. Por tal razón, los asuntos
en los que se invoca la protección de derechos fundamentales, pero cuya
solución se limita a la interpretación y aplicación de normas de rango legal, no
tienen, en principio, relevancia constitucional.

Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Según la jurisprudencia constitucional, «la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios»9, pues la competencia del juez de tutela
se restringe «a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección
efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter
legal»10. En ese orden de ideas, la tutela en contra de un auto o una sentencia
exige valorar si la decisión se fundamentó en una actuación ostensiblemente
arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas
del derecho al debido proceso.11 Solo así se garantiza «la órbita de acción
tanto de los jueces constitucionales como de los de las demás
jurisdicciones»12.

29. En sentencia T-112 de 2021, la Corte Constitucional reiteró el criterio que se
acaba de exponer y agregó que «en los casos de tutela contra providencias
judiciales, la garantía del derecho al debido proceso únicamente actúa si la
decisión cuestionada (i) ‘riñe de manera abierta con la Constitución y es

6
Cita original: «Corte Constitucional, Sentencia T-610 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
7
Cita original: «Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos».
8
Cita original: «Corte Constitucional, Sentencia T-136 de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa».
9
Cita original: «Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 2006, Humberto Sierra Porto».
10
Cita original: «Corte Constitucional, Sentencia T-264 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas».
11
Cita original: «Sobre este punto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, ‘si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer
criterios de diferenciación razonables. Así, por ejemplo, basada en los antecedentes originados en
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del
derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se
denomina simplemente debido proceso. [Además] de desvíos absolutamente caprichosos y
arbitrarios, sólo serían objeto de revisión aquellas decisiones judiciales que no consulten los
elementos básicos del debido proceso constitucional y, en particular, que conduzcan a la
inexistencia de defensa y contradicción dentro del proceso’. Corte Constitucional, sentencia T-102
de 2006, M.P. Humberto Sierra Porto».
12
Cita original: «Corte Constitucional, Sentencia T-137 de 2017».

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definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales’13 y (ii)
deja a la parte afectada desprotegida ‘frente a los excesos del juez ordinario’14,
ante ‘desvíos absolutamente caprichosos y arbitrarios [como la] inobservancia de
precedentes o decisiones carentes de justificación o motivación jurídica’15.

30. En el asunto que se analiza, la demanda y el escrito de impugnación
presentan argumentos lógicos y suficientes para entender en qué consiste la
censura que se eleva contra la providencia cuestionada. En concreto, se discute la
configuración de un defecto sustantivo por: (i) la indebida aplicación de las normas
que rigen la figura procesal de la acumulación de procesos, debido a la confusión
entre las nociones de medios de control y de procedimiento; (ii) la interpretación
errada del artículo 179 del CPACA, que estableció un procedimiento general para
los asuntos que, por ley, no contemplan un trámite especial y, (iii) la conclusión
equivocada sobre la imposibilidad de acumular, en un mismo litigio, pretensiones
de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho y de reparación directa.

31. La tutela satisface, así, la carga argumentativa mínima que exige esta acción
constitucional.

32. Pese a lo anterior, en criterio de la Sala, el debate que se suscita es de mera
legalidad y su objetivo central es que el juez de tutela se adentre en la
interpretación de los artículos 165 y 179 del CPACA, y 148 y siguientes del CGP,
para determinar su aplicación al caso que fue sometido a consideración del juez
natural. Con ello, los demandantes buscan que se corrija la decisión cuestionada y
se acceda a una acumulación de procesos.

33. No obstante, como se señaló anteriormente, la acción de tutela no es el
mecanismo idóneo para lograr juicios de corrección, de rectificación o de
interpretación propios de cada especialidad, sino que su objeto es la protección
efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos fundamentales.

13
Cita original: «Sentencia SU-072 de 2018».
14
Cita original: «Sentencia T-685 de 2003».
15
Cita original: «Ibid».

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34. En el caso concreto, más allá de la discusión sobre la forma en que el juez
debió aplicar ciertas normas, no se advierte la restricción desproporcionada a un
derecho fundamental16 que imponga la intervención del juez de tutela.

35. En efecto, la única consecuencia que se derivó de la decisión enjuiciada fue el
retorno del proceso iniciado por los demandantes al despacho de origen para que
allí se imparta el respectivo trámite, con observancia de todas las etapas
procesales. Esa determinación implicó, entonces, que el proceso judicial
instaurado por los accionantes no se tramitará en conjunto con el proceso de
nulidad con radicado 11001-33-41-045-2022-00094-00, sino de manera
independiente, lo que no conlleva, de ninguna manera, una restricción o
vulneración a los derechos de acceso a la administración de justicia ni al debido
proceso.

36. La decisión que se adopte en uno u otro litigio no tiene, necesariamente, el
efecto de incidir en el otro, toda vez que cada uno se ocupará de estudiar la
nulidad del Decreto Distrital 555 de 29 de diciembre de 2021 por las causales
concretas invocadas en cada demanda, con la precisión que trae el artículo 189
del CPACA, según el cual «[l]a sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que
niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación
con la causa petendi juzgada».

37. De acuerdo con lo expuesto, concluye la Sala que el asunto carece de
relevancia constitucional, puesto que se limita a una discusión de mera legalidad y
no conlleva una vulneración o restricción directa a los derechos de acceso a la
administración de justicia o al debido proceso de los demandantes.

38. Se impone, entonces, modificar la sentencia impugnada, para, en su lugar,
declarar improcedente la acción de tutela, por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.

16
En sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional consideró que la acreditación de la
relevancia constitucional «va más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una
restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una
simple relación con aquel».

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39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Modificar la sentencia impugnada, proferida el 16 de octubre de 2024, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, la cual
quedará así:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela instaurada por las
sociedades C.I. JALRA INVERSIONES S.A., RANINVER LTDA., RANGEL RUBIO
INVERSIONES LTDA., EN LIQUIDACIÓN, y RODRÍGUEZ VARGAS ABOGADOS
S.A.S., y los señores Álvaro José Rodríguez Vargas y Meryi María Vargas Silva,
por las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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