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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00793-01

Fecha
16 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00793-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2024 que profirió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que amparó el derecho fundamental de petición del señor Alirio Valencia Lasso. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2024-00793-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de diciembre de 2024

Radicado:25000-23-15-000-2024-00793-01
Accionante: Alirio Valencia Lasso
Accionado: Procuraduría General de la Nación

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 25000-23-15-000-2024-00793-01
Accionante: Alirio Valencia Lasso
Accionado: Procuraduría General de la Nación

Tema: tutela por vulneración del derecho de petición. Subtema 1: obligación de las
autoridades de dar respuesta a las peticiones que le sean presentadas. Subtema 2:
respuesta debe ser de fondo, clara y suficiente con lo solicitado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a decidir la
impugnación que formuló la Procuraduría General de la Nación en contra de la
sentencia del 24 de octubre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Alirio Valencia Lasso presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de su
derecho fundamental de petición, que consideró vulnerado por la Procuraduría General
de la Nación debido a que, según afirmó, no obtuvo una respuesta clara, precisa y de
fondo de esa entidad a la solicitud de información sobre las denuncias que formuló
Juan Pablo Domínguez en contra de los concejales del municipio de Puerto Tejada,
Cauca.

II. ANTECEDENTES

2.1 Hechos de la tutela

El actor expuso, como fundamento de su solicitud, los hechos que se resumen a
continuación:

2.1.1. Juan Pablo Domínguez formuló tres denuncias ante la Procuraduría General de
la Nación por la posible violación al «Código Electoral Nacional», en las que le solicitó
que: (i) investigue y sancione a los concejales del municipio de Puerto Tejada, Cauca,
por incurrir en doble militancia; y, (ii) declare la nulidad de las credenciales que
acreditan como concejales a Juan Camilo Mena Rivas y a Carlos Isaías Urbina
Narváez, por cuanto, el primero, incluyó dentro de la lista del partido Alianza Social
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Accionante: Alirio Valencia Lasso
Accionado: Procuraduría General de la Nación

Independiente a varios miembros de su familia, y, el segundo, participó en una misma
lista con su esposa.

2.1.2. Posteriormente, Alirio Valencia Lasso radicó escrito en ejercicio del derecho de
petición de información, el 20 de agosto de 2024, ante la Procuraduría General de la
Nación para conocer el estado de las denuncias descritas en el numeral anterior.

2.2. Pretensiones y argumentos de la solicitud de amparo

La parte actora solicitó en el escrito de tutela:

Ruego a los señores magistrados para que se me proteja mi derecho a la información
veraz y se cumpla, lo felicitada por el señor JUAN PABLO DOMÍNGUEZ, dentro de los
términos que solicita la investigación y posible sanción. De estos concejales. Se me dé
una copia de los radicales y la actuación realizada por la procuradora las pruebas ante
las otras dependencias, si lo hizo o si lo hizo, aportó pruebas. Los derechos de
peticiones del señor Domínguez los correos enviados por mi persona, el derecho de
petición1.

Como fundamento de sus pretensiones, el tutelante consideró que se vulneró su
derecho fundamental de petición de información, toda vez que, aseguró, no ha recibido
una respuesta clara y de fondo a su requerimiento.

2.3. Trámite procesal

La tutela correspondió por reparto a la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que, a través del despacho
ponente, emitió auto el 10 de octubre de 20242 en el que admitió la acción de tutela;
otorgó valor probatorio a los documentos aportados con el escrito de amparo; y, ordenó
las notificaciones de rigor.

2.4. Intervención de la accionada

La Procuraduría General de la Nación contestó que revisó su sistema de información
para la gestión documental y encontró que el Grupo de Administración y Soporte
Funcional de los Sistemas de Información Misional, el 13 de septiembre de 20243,
contestó la petición que presentó el señor Valencia Lasso. Además, indicó que los
servidores públicos que cumplen funciones disciplinarias no pueden compartir
información precisa y particular de las actuaciones adelantadas en la etapa de
instrucción que solo incumbe a los sujetos procesales.

Adujo que el accionante no tiene legitimación en la causa por activa porque no indicó
en qué condición radicó su petición, y que la tutela es improcedente ante la inexistencia
de la vulneración de derechos fundamentales, pues impartió el trámite correspondiente
a la queja que presentó el señor Valencia Lasso. Por lo expuesto, solicitó que no se le
endilgue responsabilidad alguna en el presente asunto.

1 Se trascribe con errores de texto.
2 Samai, exp. 25000-23-15-000-2024-00793-00, índice 3, certificado 5B46E66DA74826F7 6CD29104832C0CD2

4B326A46BA393B27 4E73948FF4AFEFF4.
3 Samai, exp. 25000-23-15-000-2024-00793-00, índice 6, certificado 113E5DB26D17B814 100BF00E14F3035F

B0AD138133B4DF91 419192F472809729.

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2.5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 24 de octubre de 20244, accedió a las pretensiones de la
acción de tutela, en los siguientes términos:

PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental del señor Alirio Valencia Lasso
deprecado en contra de la Procuraduría General de la Nación, por lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, a través del
funcionario competente, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de este fallo, proceda a resolver de fondo la petición radicada
por el actor el 23 de agosto de 2024, a través de la cual se solicitó información sobre
el estado de las quejas impetradas por el señor Juan Pablo Domínguez, sin importar lo
que decida sea o no favorable a los intereses del accionante, y en caso que no cuente
con la información requerida, así deberá indicarlos. La respuesta suministrada deberá
ser debidamente notificada a la dirección electrónica autorizada por el accionante5.

Como argumentos de la decisión, el juez de tutela de primera instancia, luego de
explicar el alcance del derecho fundamental de petición, manifestó lo siguiente:

En virtud de lo anterior, al verificar lo solicitado por el accionante, se evidencia que su
petición se encuentra relacionada con las quejas impetradas por el señor Juan Pablo
Domínguez, frente al caso de dos concejales del municipio de Puerto Tejada Cauca y,
como se vio, la accionada en la respuesta suministrada no se pronunció frente a los
casos requeridos por el actor, pues en la misma informó sobre unos casos adelantados
por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública y la
Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, los cuales, en efecto, no se
relacionan con los casos cuya información deprecó el señor Alirio Valencia Lasso.
Así las cosas, en criterio de la Sala no se puede considerar que la respuesta
suministrada por la accionada haya sido de fondo y, por lo mismo, se evidencia
vulneración del derecho fundamental de petición del accionante6.

Finalmente, el juez de primera instancia explicó que, si bien la Procuraduría General
de la Nación alegó la reserva de la información requerida por el accionante, lo cierto
es que dicha reserva se predica de los casos contenidos en la respuesta que
suministró, que no correspondió con lo solicitado.

2.6. Impugnación

La Procuraduría General de la Nación impugnó7 la decisión de primera instancia para
lo cual reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la tutela. Afirmó que en
la respuesta que impartió a la petición del señor Valencia Lasso, informó sobre la
existencia del «radicado No. E-2023-705238 bajo No. de Proceso D-2023-3330660, el
cual se encuentra en estado activo, asignado a la Procuraduría Provincial de

4 Samai, exp. 25000-23-15-000-2024-00793-00, índice 8, certificado 6AE09DC62385F169 319E36C29F92AA1F

2FE67A8C48931D80 43EB98F7D1F5478E.
5 Se transcribe incluso con errores de texto.
6 Se transcribe incluso con errores de texto.
7 Samai, exp. 25000-23-15-000-2024-00793-00, índice 11, certificado 4258074F3B40C3F0 2F27CAA2C3B9BFC6

40361191ED27133C 86AB6897C0A186E7.

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Instrucción de Santander de Quilichao y en etapa de estudio preliminar; por lo cual
goza de reserva»8.

Insistió en la reserva de la información requerida, en la falta de legitimación en la causa
por activa de Alirio Valencia Lasso y en que no vulneró derechos fundamentales de
este. Agregó que dio cumplimiento a la sentencia de tutela del 24 de octubre de 2024,
mediante oficio enviado al accionante el 25 de octubre siguiente9, en el que le aclaró
que la información que suministró en anterior oportunidad corresponde a la denuncia
interpuesta por Juan pablo Domínguez en contra de dos concejales del municipio de
Puerto Tejada, Cauca.

Por las razones expuestas, solicitó que se revoque el fallo de tutela por considerar que
la petición formulada por Alirio Valencia Lasso fue resuelta de fondo.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, el recurso de impugnación interpuesto en contra de la sentencia
del 24 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección A.

3.2. Legitimación en la causa

En el presente asunto, la legitimación en la causa por activa de Alirio Valencia Lasso
se encuentra acreditada, por cuanto fue quien presentó la solicitud que, en su
concepto, no ha sido contestada de fondo y, por ende, es el titular del derecho
fundamental de petición que invocó en el escrito de tutela.

También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Procuraduría
General de la Nación, en la medida en que es la autoridad ante quien se presentó la
petición y que, según la parte actora, no ha sido resuelta, y, por lo tanto, se le atribuye
la vulneración del derecho fundamental de petición de información.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona
cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata
de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la acción o
la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley. Este
mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la subsidiariedad y la
inmediatez10.

8 Se transcribe incluso con errores de texto.
9 Samai, exp. 25000-23-15-000-2024-00793-00, índice 11, certificado EA33C5DAF54C87B6 68E0DFC982A8B81C

B02724D464726A0A 1C4E2575CA16A4EE.
10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.

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El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable11; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»12.

3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que el actor no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para discutir la
vulneración del derecho fundamental de petición por falta de respuesta de fondo de la
accionada a su solicitud.

Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida en
que la parte accionante argumentó que la solicitud que presentó no ha sido resuelta
de fondo, circunstancia que, en principio, es continua en el tiempo13.

3.5. Problema jurídico

La Sala debe decidir si revoca, confirma o modifica el fallo de primera instancia del 24
de octubre de 2024 que accedió a las pretensiones de la acción de tutela. Para ello,
deberá establecer si la Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho
fundamental de petición de Alirio Valencia Lasso con la respuesta que impartió el 13
de septiembre de 2024 a la solicitud del 20 de agosto de ese año.

Para el efecto, se estudiará: (i) las características principales del derecho de petición;
y (ii) el caso concreto.

3.6. Características principales del derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política prevé el derecho de petición como aquel que
tiene toda persona de presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y a
obtener respuesta de manera pronta y completa sobre el particular. Este derecho ha
sido considerado como fundamental para el modelo de Estado democrático de derecho
por habilitar canales de diálogo entre la administración y los administrados14 y por
posibilitar la materialización de otros derechos constitucionales15.

El núcleo esencial del derecho de petición se centra en: i) la capacidad de presentar
solicitudes respetuosas16 ante autoridades y, en ciertos casos, ante entidades privadas
y los particulares17; ii) la exigencia de que estas peticiones sean resueltas de forma

11 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
12 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, reiterada en sentencia SU-084 de 2019.
13 Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.

«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la
tutela no es exigible de manera estricta».
14 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020.
15 Corte Constitucional, sentencias T-358 de 2020 y T-129 de 2001.
16 Ley 1437 de 2011, artículo 15, modificado por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015: «Las peticiones podrán

presentarse verbalmente y deberá quedar constancia de la misma, o por escrito, y a través de cualquier medio
idóneo para la comunicación o transferencia de datos. (…)».
17 Ley 1437 de 2011, artículos 32 y 33, modificados por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015.

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oportuna18; iii) que la contestación sea de fondo19, lo que no implica necesariamente
que se acceda a lo solicitado; y iv) que el solicitante reciba la respectiva notificación20
de la resolución. Frente al contenido de la respuesta, la Corte Constitucional ha
precisado21 lo siguiente:

Contenido de la respuesta. Se ha establecido que debe ser: a) clara: que explique de
manera comprensible el sentido y contenido de la respuesta; b) de fondo: que se
pronuncie de manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la
petición, excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema
planteado; c) suficiente: porque debe resolver materialmente la petición y satisfacer los
requerimientos del solicitante, sin que por ello excluya la posibilidad de que la respuesta
sea negativa a las pretensiones del peticionario; d) efectiva, si soluciona el caso que
se plantea; y e) congruente: si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido.

Sobre el alcance de este derecho, es importante aclarar que no puede entenderse que
su satisfacción solo tiene lugar con la obtención de una respuesta favorable a lo
pedido. Al respecto, la Corte Constitucional ha distinguido que «el ámbito de protección
constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una
contestación para la misma, [y] en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud
como tal»22.

En cuanto a los aspectos de trámite y sustanciales del derecho de petición, son
asuntos que están reglados en el Título II de la Primera Parte de la Ley 1437 de 2011.
En particular, el artículo 21 de esta codificación dispone que, si la autoridad a la que
se dirige la solicitud no es la competente, deberá remitirla a quien si lo es y de tal
actuación informar al peticionario.

3.7. Caso concreto

En el asunto bajo estudio, Alirio Valencia Lasso consideró vulnerado su derecho
fundamental de petición, toda vez que, afirmó, la Procuraduría General de la Nación
no ha dado respuesta de fondo al escrito que presentó el 20 de agosto de 2024, en el
que solicitó la siguiente información: (i) en qué etapa se encuentran las denuncias
efectuadas por Juan Pablo Domínguez en contra de unos concejales electos del
municipio de Puerto Tejada, Cauca; (ii) cuáles son los respectivos números de
radicado; (iii) si se ha iniciado alguna investigación por vulneración de las normas
electorales y (iv) «se sirva hacerme conocer dichos radicados ante el consejo nacional
electoral y otros».

Al respecto, de los documentos aportados al expediente de tutela, la Sala observa que
la Procuraduría General de la Nación, el 13 de septiembre de 202423, dio respuesta al
18 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020: «[L]as solicitudes formuladas ante autoridades o particulares

deben ser resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal efecto».
19 La respuesta debe ser clara, esto es, de fácil comprensión; precisa, de modo que atienda lo solicitado y excluya

información impertinente, evitando pronunciamientos evasivos o elusivos; y congruente, que se encuentre conforme
a lo solicitado de modo que atienda el requerimiento en su totalidad.
20 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2020. No basta con solo emitir la respuesta, en la medida que debe ser

puesta en conocimiento del interesado y esto debe ser acreditado ante el juez de tutela, cuando haya lugar a esta
clase de trámites.
21 Corte Constitucional, sentencia T-051 de 2023.
22 Corte Constitucional, sentencia C-007 de 2017, también puede consultarse las sentencias T-424 de 2019 y T-

051 de 2023.
23 Samai, exp. 25000-23-15-000-2024-00793-00, índice 6, certificado 113E5DB26D17B814 100BF00E14F3035F

B0AD138133B4DF91 419192F472809729.

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requerimiento que formuló el señor Valencia Lasso, en el sentido de indicarle que, una
vez revisó sus bases de datos, encontró que el señor Juan Pablo Domínguez funge
como interviniente en los siguientes asuntos:

Además, en la mencionada respuesta, la Procuraduría aclaró que omitió el registro de
otros datos dado que son objeto de reserva, en los términos previstos en el artículo
115 de la Ley 1952 de 2019, así como el literal d) del artículo 19 de la Ley 1712 de
2014.

Pues bien, de lo expuesto, la Sala advierte que, en efecto, como lo concluyó la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
la sentencia de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación vulneró el
derecho fundamental de petición de Alirio Valencia Lasso, toda vez que no dio una
respuesta clara a lo que este pidió.

Lo anterior, porque, aunque en el oficio que la entidad accionada le remitió al actor el
13 de septiembre de 2024, le informó sobre la existencia de unos radicados (IUS), con
el respectivo número del caso (IUC), el estado del trámite, la dependencia titular y la
etapa actual de este, asuntos en los que Juan Pablo Domínguez actúa como
interviniente; lo cierto es que no identificó si alguno de esos radicados correspondía al
trámite de las denuncias interpuestas en contra de unos concejales del municipio de
Puerto Tejada, Cauca, lo cual era el objeto concreto de la petición que presentó el
señor Valencia Lasso.

En ese orden, cabe resaltar que, justamente, fue con el oficio que dio cumplimiento al
fallo de tutela de primera instancia, que la Procuraduría General de la Nación aclaró
que las actuaciones adelantadas con ocasión de las denuncias formuladas por Juan
Pablo Domínguez en contra de unos concejales del municipio de Puerto Tejada,
Cauca, corresponden a la siguiente información: IUS E-2023-705238; IUC D-2023-
3330660; estado del caso activo; Procuraduría Provincial de Instrucción de Santander
de Quilichao como dependencia titular; y, etapa actual en estudió preliminar.

Finalmente, es necesario indicar que, si el señor Valencia Lasso no está de acuerdo
en que la Procuraduría restrinja el acceso a información más específica en relación
con las actuaciones adelantadas por las denuncias que formuló Juan Pablo

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Domínguez en contra de unos concejales del municipio de Puerto Tejada, Cauca debe
hacer ejercicio del recurso de insistencia, reglado en el artículo 26 de la Ley 1437 de
201124, para que sea la autoridad competente la que defina si dicha información es
objeto de reserva.

IV. CONCLUSION

Por las razones expuestas, esta Sala confirmará la sentencia del 24 de octubre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en cuanto amparó el derecho de petición de Alirio Valencia Lasso, ya
que quedó acreditado que la respuesta que la Procuraduría General de la Nación dio
el 13 de septiembre de 2024 no fue clara respecto a lo pedido en escrito del 20 de
agosto de 2024.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de octubre de 2024 que profirió el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
amparó el derecho fundamental de petición del señor Alirio Valencia Lasso.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
MMCLL/DACJ/SEJV
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.

24 ARTÍCULO 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva: Si la persona interesada insistiere en su petición

de información o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo
con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales,
departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y
municipales decidir en única instancia si se niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada.
[…].

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