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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00852-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-15-000-2024-00852-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar, RECHAZAR por temeridad el amparo solicitado por la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su 7 Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.” (Negrillas fuera del texto). Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 25000-23-15-000-2024-00852-01 ACTORA: OLGA NOHEMY CATAÑO CASTRILLÓN eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-15-000-2024-00852-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2024-00852-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORA: OLGA NOHEMY CATAÑO CASTRILLÓN

TESIS: SE REVOCA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR OCURRENCIA DEL
FENÓMENO DE DUPLICIDAD DE ACCIONES Y, EN SU LUGAR, SE RECHAZA LA
ACCIÓN DE TUTELA DE LA REFERENCIA POR TEMERIDAD. LA ACTORA
PRESENTÓ EL MISMO ESCRITO DE TUTELA ANTE DOS CORPORACIONES
JUDICIALES. NO SE ADVIERTE UN ACTUAR DESLEAL O DE MALA FE.

DERECHO FUNDAMENTAL: ELEGIR Y SER ELEGIDO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 5 de noviembre de 2024, mediante la cual la

SECCIÓN CUARTA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 declaró improcedente la

1
En adelante el TRIBUNAL

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solicitud de amparo por la ocurrencia del fenómeno de duplicidad de

acciones.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora OLGA NOHEMY CATAÑO CASTRILLÓN, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental a elegir y ser elegido, el cual, a su juicio, le fue

vulnerado por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL al iniciar

investigación contra el presidente de la República, el señor

GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, por presuntas

irregularidades cometidas durante la campaña presidencial.

I.2.- Hechos

Afirmó que el 29 de mayo y el 29 de junio de 2022 ejerció su derecho

al voto como ciudadana apoyando al entonces candidato, señor

GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, el cual luego de ser

electo, tomó posesión el 7 de agosto de 2022.

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Comentó que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de

la Ley 996 de 24 de noviembre de 20052, el CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL podrá adelantar auditorías y revisiones respecto de los

ingresos y gastos de financiación de las campañas, así como imponer

sanciones dentro de los 30 días siguientes de la fecha de elección

presidencial.

Alegó que, pese a lo anterior y después de transcurridos varios meses

de la elección presidencial del señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO

URREGO, el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL asumió la

competencia para iniciar una investigación administrativa en contra

del mismo, por presuntas irregularidades en la financiación de la

campaña.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, el Consejo Nacional Electoral carecía de

competencia para iniciar investigación contra el presidente

2
Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el
artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto
Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones.

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GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, lo que vulnera su

derecho fundamental a elegir y ser elegido.

Destacó que, de conformidad con lo expuesto por la Corte

Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005, “[…] pasados los

treinta días desde la elección del presidente, el Consejo Nacional

Electoral pierde competencia para recibir las denunciar por violación

a los topes de financiación de las campañas […]”.

Aseveró que de forma errada, la Sala de Consulta y Servicio Civil del

Consejo de Estado, modificó la Constitución Política y le otorgó

facultades expresar al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL para

investigar al presidente de la República, pese a que el artículo 114

de la Carta Política prevé que corresponde al Congreso de la

República reformar la Constitución.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de su derecho fundamental invocado

como vulnerado y, en consecuencia:

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“[…] Se ordene al Consejo Nacional Electoral (C.N.E.) que, en un
término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del
fallo proceda a ABSTENERSE DE CONTINUAR con la
Investigación en contra del Presidente Dr. Gustavo
Francisco Petro Urrego dado que, ya precluyó el término para
adelantar cualquier investigación al respecto y por falta de
competencia para investigar por parte del C.N.E., usurpando las
funciones de la Cámara de Representantes […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El Consejo Nacional Electoral informó que la accionante

promovió otra acción de tutela idéntica a la presente, la cual fue

identificada con el número único de radicación 25000-23-15-000-

2024-00805-00, por lo que se evidencia una actuación temeraria, al

utilizar de manera impropia la acción de tutela.

Así las cosas, afirmó que se denota el propósito desleal de la actora

de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando

con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,

pudiera resultar favorable.

Asimismo, sostuvo que la solitud de amparo carece de legitimación

en la causa por activa, en la medida en que la actora no tiene la

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calidad de titular o representante del titular de los derechos, máxime

cuando tampoco acredita que actúe como agente oficiosa o

representante del Ministerio Público, por lo que no esta habilitada

para instaurar la acción de tutela en nombre de un tercero.

Aseguró que mediante sentencia de 24 de septiembre de 2024, la

Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó una acción de

tutela similar a la de la referencia, por no encontrarse el actor en esa

oportunidad legitimado para promover la solicitud de amparo.

Sumado a lo anterior, adujo que no se cumple con el requisito general

de subsidiariedad, pues se disponen de otros medios de defensa para

controvertir las decisiones que se adopten en el curso de las

actuaciones administrativas de la investigación.

Advirtió que la pretensión de amparo ya fue objeto de decisión

mediante providencia de 6 de agosto de 2024 por parte de la Sala de

Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, quien frente al

particular, resolvió que en tratándose de procesos penales o

disciplinarios de resorte del Congreso de la República no puede

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desplazar la facultad administrativa que le ha sido conferida

constitucional y legalmente a esa autoridad electoral como órgano

autónomo e independiente, por lo que su competencia y facultades

frente a las investigaciones de la naturaleza estudiada, ya fue

analizada.

Así las cosas, solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la

referencia y, en consecuencia, denegar las pretensiones de amparo.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 5 de noviembre de 2024,

declaró improcedente la solicitud de amparo por ocurrencia del

fenómeno de duplicidad de acciones, comoquiera que una vez

revisadas las acciones de tutela con radicación y la de la referencia,

estas guardan identidad de partes, pretensiones y hechos.

En efecto, adujo que la acción de tutela identificada con el número

de radicación 2024-00805-00 fue admitida por la Sección Segunda -

Subsección “F”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto

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de 17 de octubre de 2024, esto es, previo a la admisión de la solicitud

de la referencia, además, que se dictó fallo de primera instancia el

29 de octubre de 2024, por lo que no resultaba procedente realizar

un nuevo pronunciamiento sobre el mismo caso.

Igualmente, con el fin de acreditar la temeridad en el asunto, destacó

que no se evidenciaba que el comportamiento de la accionante haya

sido doloso o de mala fe, o con un propósito desleal con el fin de

obtener la satisfacción de su interés, por lo que no se encontraba

probado un comportamiento temerario.

Adicionalmente, afirmó que el expediente con radicación 2024-

00805-00 no había sido remitido a la Corte Constitucional para su

eventual revisión, por lo que tampoco se podría concluir configurada

la cosa juzgada constitucional, siendo lo propio declarar

improcedente la acción de tutela por duplicidad de acciones.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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La actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL, en los

siguientes términos:

Sostuvo que la acción de tutela fue remitida al correo electrónico de

esa Corporación el 11 de octubre de 2024 y el 17 siguiente la Sección

Segunda -Subsección “F”- del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca dispuso la admisión y, posteriormente, mediante auto

de 23 de octubre de esta misma anualidad se ordenó acumular la

acción de tutela formulada por el señor ERICSON ERNESTO MENA

GARZÓN.

Destacó que el 6 de noviembre de la presente anualidad le fue

notificado del fallo de tutela de 5 de noviembre de 2024 proferido por

el TRIBUNAL dentro del proceso de la referencia, sin tener

conocimiento de que la solicitud de amparo también estaba siendo

estudiaba por otro Despacho judicial, pues nunca le fue notificado del

auto admisorio de esta.

Advirtió que no comprende la notificación del fallo de tutela de 5 de

noviembre de 2024, esto es, de una acción de tutela que nunca

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promovió, por lo que existen dos radicados distintos bajo un mismo

escrito de tutela que fue promovido en una solo oportunidad.

Aseveró que es latente que existe una inconsistencia y equivocación

por parte de la Secretaría del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, toda vez que promovió una única acción de tutela por

los mismos hechos y pretensiones, que está siendo objeto de estudio

por la Sección Segunda -Subsección “F”- del Tribunal Administrativo

de Cundinamarca.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

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proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la actora instauró acción de tutela con el fin de

3
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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obtener el amparo de su derecho fundamental a elegir y ser elegido,

el cual estimó vulnerado por el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

al iniciar investigación contra el presidente de la República, el señor

GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO y al usurpar, a su juicio,

las funciones de la Cámara de Representantes.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 5 de noviembre de 2024,

declaró improcedente la solicitud de amparo por ocurrencia del

fenómeno de duplicidad de acciones, comoquiera que una vez

revisadas las acciones de tutela con radicación 2024-00805-00 y la

de la referencia, guardaban identidad de partes, pretensiones y

hechos. Sumado a lo anterior, descartó la existencia de la cosa

juzgada constitucional y la temeridad de la actora.

La actora inconforme con lo anterior presentó escrito de impugnación

contra la anterior decisión, para lo cual aseguró que no promovió dos

acciones de tutela bajo los mismos hechos y pretensiones, por lo que

era evidente que existía una inconsistencia y equivocación por parte

de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al

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realizar el reparto de su solicitud de amparo a dos Despachos

Judiciales.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que

debe resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, en

primer lugar, se debe estudiar el ejercicio simultáneo de la acción de

tutela y, de no ser así, establecer si el CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL vulneró el derecho fundamental de la actora a elegir y

ser elegido, al iniciar investigación contra el presidente de la

República, el señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO.

Del ejercicio simultáneo o sucesivo de acciones de tutela

La acción de tutela fue instituida en la Constitución de 1991, como

un mecanismo judicial con carácter residual y subsidiario para evitar

o cesar la vulneración o amenaza de derechos fundamentales ante la

acción u omisión de cualquier autoridad pública y en algunos casos

de particulares.

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Por su parte, el Decreto 2591 de 1991 estableció como uno de los

principios para el trámite de la acción de tutela la prevalencia del

derecho sustancial sobre el formal, sin que ello signifique que existen

ciertas reglas que no pueden ser desconocidas y una de ellas es la

no presentación de varias tutelas por los mismos hechos y bajo las

mismas pretensiones.

En ese orden de ideas, el juez debe entender por temerarias las

acciones de tutela que se presenten, ya sea de manera sucesiva o

simultánea, con identidad de partes, hechos y pretensiones, siempre

que considere que dicha actuación:

“[…] (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva
para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus
pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias,
pudiera resultar favorable; (iii) deje al descubierto el abuso del
derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se
instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores
de justicia […]”.4

Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto unos

4
Estas subreglas se puntualizaron en la Sentencia SU-713 de 2006, las cuales se reiteraron, entre
otras, en las Providencias T-560 de 2009, y recientemente, en la SU-439 de 2017.

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supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse

que no se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o

sucesivo de acciones de tutela con identidad de partes, hechos y

pretensiones. Así en sentencia T-614 de 2015, con ponencia del

magistrado Jorge Iván Palacio Palacio, dicha Corporación reiteró5 los

eventos en que no hay lugar a declarar el fenómeno referido, así:

“[…]”(i) la condición del actor que lo coloca en estado de
ignorancia o indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala
fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho;
(iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en
el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que
implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante: y por último (iv) se puede resaltar la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte profiere
una sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad
de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma
pretensión;[…]” (Destacado fuera de texto).

De todo lo anterior, resulta evidente que la valoración de la temeridad

o abuso excesivo de la acción de tutela exige la estimación de un

5
Al respecto, ver las sentencias T-433 de 2006, T-507 de 2011.

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factor subjetivo, de tal forma que el juzgador logre advertir que la

presentación sucesiva de una acción de tutela tiene una justificación,

como lo sería el hecho de que la parte actora, en estado de

ignorancia o indefensión, obre por miedo insuperable o por la

necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe.

En el asunto sub examine se observa que, tal como lo sostuvo el a

quo, se tramitaron dos acciones de tutela bajo idénticos términos,

pues se guarda identidad de partes, hechos y pretensiones en

relación con la acción de tutela identificada con el número único de

radicación 2024-00805-00 y la presente, como pasa a exponerse:

Identidad de partes: La acción de tutela de la referencia fue

instaurada por la señora OLGA NOHEMY CATAÑO CASTRILLÓN

contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.

Por su parte, la solicitud de amparo radicada bajo el número 25000-

23-15-000-2024-00805-00 también fue incoada por la señora

OLGA NOHEMY CATAÑO CASTRILLÓN contra el CONSEJO

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NACIONAL ELECTORAL, razón por la cual la Sala considera que hay

identidad de partes en las solicitudes de amparo referidas.

Identidad de pretensiones: Sobre este punto, la Sala encuentra

que las pretensiones en las acciones de tutela son idénticas y

persiguen exactamente lo mismo, esto es, que se ordene al

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL abstenerse de continuar con la

investigación seguida contra el presidente de la República, el señor

GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO.

Identidad de Hechos: En este aspecto, la Sala advierte que en la

acción de tutela radicada bajo el número 2024-00805-00, así como

en la presente, el sustento fáctico de las pretensiones subyace de la

misma situación, esto es, que el CONSEJO NACIONAL

ELECTORAL, supuestamente, abusando del poder y de sus

funciones, inició investigación en contra del presidente de la

República, sin tener la competencia para ello, pues ya se superó el

término dispuesto en la ley para el efecto.

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Igualmente, en ambas solicitudes de amparo la señora OLGA

NOHEMY CATAÑO CASTRILLÓN afirmó que el propósito de incoar

la acción constitucional es obtener la protección de su derecho

fundamental a elegir y ser elegido.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que se encuentra demostrada

la triple identidad entre la solicitud de amparo de la referencia y la

acción de tutela identificada con el número único de radicación 2024-

00805-00.

No obstante, comoquiera que la solicitud de amparo identificada con

el número único de radicación 2024-00805-00 se encuentra en

trámite, surtiéndose las impugnaciones interpuestas contra la

sentencia de primera instancia, se entiende que aún no existe fallo

en firme y ejecutoriado, de tal forma que no está configurada la cosa

juzgada constitucional en el asunto.

Ahora, con el fin de determinar la existencia de un actuar temerario,

conforme las pruebas obrantes en el expediente, la Sala encuentra

en el asunto bajo examen acreditado lo siguiente.

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I) Revisado el expediente de la acción de tutela con número único

de radicación 2024-00805-00, se advierte que la señora OLGA

NOHEMY CATAÑO CASTRILLÓN el 11 de octubre de 2024 radicó

solicitud de amparo al correo electrónico de la Secretaría del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, esto es,

scs03sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co, tal como se

evidencia a continuación:

II) En lo que refiere al expediente de la acción de tutela de la

referencia, se observa que la señora OLGA NOHEMY CATAÑO

CASTRILLÓN el mismo 11 de octubre de 2024, horas más tarde,

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radicó la misma solicitud de amparo al correo electrónico de la

Secretaría del Consejo de Estado, esto es,

secgeneral@consejodeestado.gov.co, como se observa en la

siguiente imagen:

III) La acción de tutela identificada con el número único de

radicación 2024-00805-00 correspondió por reparto al magistrado

Luis Alfredo Zamora Acosta de la Sección Segunda, Subsección “F’

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en auto de 17 de

octubre de 2024 la admitió y en proveído de 23 de octubre de la

misma anualidad decretó la acumulación procesal del expediente

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ACTORA: OLGA NOHEMY CATAÑO CASTRILLÓN

2024-00830-00 contentivo de la solicitud de amparo promovida por

el señor ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN.

IV) La solicitud de amparo de la referencia fue repartida en un

principio al Despacho de la magistrada sustanciadora6 que, en esa

oportunidad, mediante auto de 17 de octubre de 2024, ordenó

remitir por competencia el expediente al Tribunal Administrativo de

Cundinamarca para su reparto.

V) La acción de tutela de la referencia correspondió por reparto al

TRIBUNAL que, en auto de 22 de octubre de 2024, la admitió.

VI) Por su parte, en el expediente con número único de radicación

2024-00805-00, la Sección Segunda, Subsección “F’ del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca mediante fallo de 29 de octubre de

2024, profirió sentencia de primera instancia, decisión impugnada

por los señores OLGA NOHEMY CATAÑO CASTRILLÓN y

ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN.

6
Consejera Nubia Margoth Peña Garzón.

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De lo expuesto en precedencia, la Sala al analizar en su conjunto la

intervención de la actora en los citados procesos, esto es, en la acción

de tutela de la referencia y la identificada con el número único de

radicación 2024-00805-00, encuentra que la señora CATAÑO

CASTRILLÓN sí promovió la solicitud de amparo bajo los mismos

hechos y pretensiones en dos oportunidades, cada una ante una

autoridad judicial, esto es, ante la Secretaría del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca y ante la Secretaría del Consejo de

Estado.

En ese orden de ideas, en relación con lo anterior, la Sala advierte

que la actuación de la señora OLGA NOHEMY CATAÑO

CASTRILLÓN resulta temeraria, si se tiene en cuenta que no se

configura ninguna de las circunstancias excepcionales a que hace

referencia la Corte Constitucional en la sentencia analizada en

precedencia para enervar la actuación temeraria ante el ejercicio

simultáneo o sucesivo de una acción de tutela.

En efecto, contrario a lo afirmado por la actora en la impugnación, se

evidencia que la señora OLGA NOHEMY CATAÑO CASTRILLÓN sí

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remitió la misma solicitud de amparo a dos Corporaciones diferentes,

esto es, de una parte, a la Secretaría del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca y de otra a la Secretaría del Consejo de Estado, lo que

produjo una doble radicación de un mismo escrito tutelar y dio lugar

a que fuera tramitada por dos Despachos judiciales.

Ahora, en cuanto a la procedencia de la sanción, la Sala la considera

innecesaria dado que no se evidencia un comportamiento desleal o

de mala fe por parte de la actora, lo que la llevó a remitir la acción

de tutela ante dos direcciones de correo electrónico que resultaban

ser las de dos Corporaciones judiciales, de tal manera que aun

cuando se configuran los elementos para calificar esta segunda

solicitud de amparo como temeraria, ello no necesariamente conduce

a la imposición de una sanción.

En esa medida, en atención a que la actora presentó

simultáneamente dos acciones de tutela que tienen identidad de

partes, hechos y pretensiones, la Sala se impone revocar la decisión

del a quo que declaró improcedente la solicitud de amparo por

ocurrencia del fenómeno de duplicidad de acciones y, en atención al

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artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 19917, rechazará por temeridad

la acción de tutela de la referencia, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

RECHAZAR por temeridad el amparo solicitado por la actora, por las

razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

7
Decreto Ley 2591 de 1991. “ARTICULO 38.-Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.”
(Negrillas fuera del texto).

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eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de noviembre de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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