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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00869-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00869-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 8 de noviembre de 2024, dictada por la Subsección A de Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que accedió al amparo para, en su lugar, declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Beatriz Natalia Camargo Osorio. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2024-00869-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

6 de febrero de 2025

Demandante: Ejército Nacional
Demandado: Juzgado Treinta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Rad: 25000-23-15-000-2024-00869-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00869-01
Demandante: EJÉRCITO NACIONAL
Demandado: JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA

Temas: Falta de legitimación en la causa por activa. Revoca

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide la impugnación presentada el señor Anderson Javier Enciso
Luján, en calidad de tercero vinculado, contra la sentencia del 8 de noviembre
de 2024, por la cual la Subsección A de Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió al amparo solicitado por la abogada
Beatriz Natalia Camargo Osorio.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La señora Beatriz Natalia Camargo Osorio presentó acción de tutela en contra
del Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por la
presunta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, al no notificarle la sentencia de primera
instancia proferida dentro del medio de control de reparación directa identificado
con el radicado 11001333603720190033000 al correo electrónico
nataliac0609@hotmail.com, en calidad de apoderada judicial de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, la parte actora solicitó:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Ejército Nacional
Demandado: Juzgado Treinta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Rad: 25000-23-15-000-2024-00869-01

PRIMERO: Que, se decrete la nulidad de la notificación de la sentencia
judicial dentro del proceso No. 11001333603720190033000.

SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se notifique
efectivamente la sentencia judicial al correo electrónico de la apoderada de
la entidad demandada que se encuentra debidamente registrado en SIRNA
y reposa en el expediente judicial.

TERCERO: Que, se ordene al Juzgado Treinta y Siete (37) Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá D.C., que en virtud del debido proceso y el
acceso a la administración de justicia le otorgue el mismo tr[á]mite procesal
a todos los procesos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte actora sostuvo que el señor Anderson Javier Enciso Luján y otros1,
presentaron el medio de control de reparación directa
11001333603720190033000 en contra de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, el cual se tramitó ante el juzgado acusado.

Refirió que, en dicho proceso se le reconoció personería adjetiva para actuar en
calidad de apoderada judicial de dicha cartera ministerial.

Indicó que, mediante memorial del 27 de febrero de 2021 remitió al correo
electrónico del juzgado accionado, las direcciones electrónicas de notificaciones
nataliac0609@hotmail.com y beatriz.camargo@ejercito.mil.co.

Mencionó que el 10 de mayo de 2022 envió una solicitud desde su correo
electrónico de notificaciones para obtener el link del expediente digital.

Señaló que en audiencia inicial llevada a cabo el 2 de septiembre de 2021 y en
audiencia de pruebas celebrada el 10 de mayo de 2022, ratificó su correo
electrónico nataliac0609@hotmail.com.

Expuso que en el escrito de alegatos de conclusión también informó que su
dirección electrónica de notificaciones judiciales es nataliac0609@hotmail.com.

Agregó que, pese a que el juzgado accionado cuenta con el correo de
notificaciones de la accionante debidamente registrado en SIRNA, la sentencia

1
Señores Alba Lucy Luján; Robinson Javier Enciso Martínez en nombre propio y actuando en
representación de sus menores hijos Johan Sebastián Enciso Vargas, Jaider Leandro Enciso
Sánchez y Beiner Stiven Enciso Gaona; Ronal Alejandro Calderón Lujan; Robinson Andrés
Enciso Lujan; Yeiner Amaury Enciso Sánchez y Miguel Emilio Lujan Ríos.

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Demandante: Ejército Nacional
Demandado: Juzgado Treinta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
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proferida dentro del proceso de reparación directa no le fue enviada a dicha
dirección electrónica a efectos de surtir la notificación pertinente.

Precisó que la notificación de la sentencia fue remitida a los correos
institucionales del Ministerio de Defensa Nacional y a los de la parte
demandante en el proceso de reparación directa, pero en su calidad de defensa
técnica de dicha autoridad, nunca fue notificada de dicha actuación.

Sostuvo que en virtud de la indebida notificación no pudo ejercer su derecho de
defensa ni apelar la decisión proferida.

Indicó que el 17 de junio de 2024 radicó incidente de nulidad por indebida
notificación de la sentencia judicial, por lo que el juzgado accionado, con auto
de 8 de agosto de 2024, decretó la nulidad procesal respecto de la referida
notificación.

Señaló que, el apoderado del demandante en el proceso de reparación directa,
interpuso recurso de reposición contra el auto del 8 de agosto de 2024, el cual
fue resuelto por el accionado con auto de 16 de octubre de 2024, reponiendo la
declaratoria de nulidad y reversó la decisión de notificar en debida forma la
sentencia judicial.

1.4. Sustento de la petición

La parte actora señaló que el juzgado demandado incurrió en la vulneración a
sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, pue no le notificó la sentencia de primera instancia proferida dentro
del medio de control de reparación directa identificado con el radicado
11001333603720190033000 al correo electrónico nataliac0609@hotmail.com,
en calidad de apoderada judicial de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 24 de octubre de 2024, se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar a la juez Treinta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá para que presentara su informe. Adicionalmente, se
requirió copia magnética del expediente identificado con el radicado
11001333603720190033000.

1.6. Contestación

1.6.1. Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Este despacho judicial informó que la notificación de la sentencia proferida por
ese despacho dentro del proceso radicado 11001333603720190033000, se
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realizó en debida forma, ya que la misma fue notificada al buzón de
notificaciones judiciales de la demandada, de conformidad con los artículos 203
del CPACA, y 292 y 612 del CGP. Allegó copia del expediente en mención.

1.7. Trámite posterior en primera instancia

A través de auto de 7 de noviembre de 2024, el a quo ordenó la vinculación del
señor Anderson Javier Enciso Luján, demandante dentro del medio de control
de reparación directa con el radicado 11001333603720190033000.

El señor Enciso Luján intervino para indicar que la sentencia proferida dentro
del medio de control de reparación directa fue notificada al buzón destinado
para ello por el Ministerio de Defensa Nacional y además fue notificado a uno
de los dos correos suministrados por la accionante en el poder allegado al
plenario del proceso ordinario.

Refirió que la tutela se encuentra fundamentada en el hecho de que la
accionante, en las audiencias practicadas indicó un solo correo para
notificaciones, como si con ello hubiera solicitado expresamente el no recibir
notificaciones al correo indicado en el poder, situación que no sucedió.

Mencionó que referir una indebida notificación significa alegar su propia culpa
ante el descuido profesional, ya que la actora pretende excusar su negligencia
en una inexistente indebida notificación.

Solicitó que se negaran las pretensiones de la presente acción constitucional, al
existir plena prueba de haber sido notificada la sentencia de primera instancia
tanto al buzón judicial destinado por el Ministerio de Defensa Nacional, como a
uno de los dos correos señalados por la accionante en el poder que le fue
conferido para actuar como apoderada del demandado.

1.8. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de noviembre de 2024, la Subsección A de Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió al amparo
solicitado por la abogada Beatriz Natalia Camargo Osorio, en los siguientes
términos

PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia de la abogada Beatriz Natalia
Camargo Osorio, deprecados en contra del Juzgado Treinta y Siete
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera, por las
razones expuestas.

SEGUNDO. ORDENAR a la Juez Treinta y Siete Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá - Sección Tercera, Adriana del Pilar Camacho Ruidíaz o
quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
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contadas a partir de la notificación de este fallo, notifique personalmente la
sentencia proferida dentro del medio de reparación directa con radicado N°
11001333603720190033000, a la abogada Beatriz Natalia Camargo
Osorio a los correos electrónicos nataliac0609@hotmail.com, lo cual se
entenderá surtido cuando el iniciador recepcione el respectivo acuse de
recibo.

TERCERO. NOTIFÍQUESE por el medio más expedito la presente decisión
a las partes conforme a lo dispuesto en los artículos 30 del Decreto 2591
de 1991 y 5° del Decreto 306 de 1992.
…

Hizo un recuento fáctico de las actuaciones del proceso ordinario, a partir de lo
cual destacó que el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá – Sección Tercera profirió sentencia de primera instancia dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el radicado
11001333603720190033000, a través de la cual declaró administrativa y
extracontractualmente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, por los hechos que ocasionaron las lesiones y posterior
disminución en la capacidad laboral de Anderson Javier Luján. Providencia
judicial que fue enviada a los correos electrónicos:
beatriz.camargo@ejercito.mil.co y notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co.

Precisó que, el Ministerio de Defensa Nacional acreditó el acuse de recibo,
como se podía observar en el documento electrónico del medio de control de
reparación directa denominado “ConstanciaNotificacionFallo.pdf”:

Mencionó que, no ocurrió lo mismo frente al envío del mensaje de datos al
correo electrónico beatriz.camargo@ejercito.mil.co, respecto del cual no existe
acuse de recibo, ya que el iniciador certificó que el mensaje no pudo ser
enviado, como se observa en la siguiente constancia:

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Expuso que la accionante interpuso incidente de nulidad bajo la causal regulada
en el numeral 8 del artículo 133 del CGP y que, el juzgado accionado con auto
de 8 de agosto de 2024, declaró la nulidad procesal del acto de notificación de
la sentencia de 21 de mayo de 2024, únicamente respecto de la parte
demandada, por lo que ordenó efectuar la notificación respectiva al buzón
electrónico nataliac0609@hotmail.com.

Destacó que, contra dicha providencia judicial, el apoderado del demandante
interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto, a través de auto de 16 de
octubre de 2024, por el cual repuso el auto de 8 de agosto de 2024, al encontrar
acreditado que la notificación fue surtida en debida forma al correo oficial de
notificaciones del Ejército Nacional y al correo electrónico
beatriz.camargo@ejercito.mil.co, que corresponde a uno de los correos para
notificaciones suministrados por la abogada Beatriz Natalia Campo Osorio.

Resaltó que la accionante no discutía la notificación realizada al correo
electrónico de notificaciones judiciales del Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional y consideró que se encuentra vulnerado su derecho de
defensa al no habérsele notificado la decisión al correo electrónico
nataliac0609@hotmail.com.

Advirtió una inconsistencia entre lo afirmado por el juzgado en auto del 16 de
octubre de 2024 (documento electrónico del medio de control de reparación
directa denominado “37_AUTOQUEDECIDE(…)pdf”) y la constancia de
notificación contenida en el expediente digital (documento electrónico del medio
de control de reparación directa denominado “Correo que reboto.pdf”), ya que

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en la referida providencia se indicó que la sentencia fue notificada al correo
electrónico beatriz.camargo@ejercito.mil.co, mientras que en el segundo
documento se evidenció que el mensaje de datos no pudo ser recibido.

Señaló que, en efecto, el juzgado accionado no notificó la sentencia de primera
instancia proferida dentro del medio de control de reparación directa a la
accionante, quien funge dentro de dicho proceso como apoderada de la entidad
demandada, ya que no envió el mensaje de datos para la notificación al correo
electrónico nataliac0609@hotmail.com y el remitido al correo electrónico
beatriz.camargo@ejercito.mil.co no fue recepcionado, ya que el iniciador
certificó que el mensaje no pudo ser entregado.

Recordó la naturaleza de la notificación como acto procesal, para resaltar que
este no se formalizó frente a la accionante al no habérsele notificado la
sentencia, pese a que funge dentro del medio de control de reparación directa
como apoderada de la entidad demandada, lo cual impidió que ejerciera el
derecho de defensa e impugnación de la entidad que representa; por lo que,
consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia.

Expuso que como en el caso debatido no se practicó la notificación de la
sentencia, en aplicación de lo contenido en el numeral 8 del artículo 133 del
CGP, según el cual cuando en el curso del proceso se advierta que se ha
dejado de notificar una providencia, “el defecto se corregirá practicando la
notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha
providencia”.

En consecuencia, ordenó a la autoridad judicial accionada que en el término de
48 horas notifique personalmente la sentencia proferida dentro del medio de
reparación directa identificado con el radicado 11001333603720190033000, a la
abogada Beatriz Natalia Camargo Osorio a los correos electrónicos
nataliac0609@hotmail.com, lo cual se entenderá surtido cuando el iniciador
recepcione el acuse de recibo.

1.9. Impugnación

El señor Anderson Javier Enciso Luján, en calidad de tercero vinculado
impugnó el fallo de primera instancia.

Indicó que, se tiene claro que la apoderada del Ministerio de Defensa Nacional,
es decir la tutelante, señaló en múltiples oportunidades dos correos electrónicos
en los cuales recibiría notificaciones y también se tiene claro, que la sentencia
no sólo se le notificó a uno de esos correos sino, además, al buzón de
notificaciones destinado por el Ministerio de Defensa Ejercito Nacional, indicado
en la respectiva página web de la entidad y varias veces reiterado por sus
apoderados dentro del proceso ordinario de reparación directa que suscita esta
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acción constitucional.

Mencionó que, de acuerdo con el CPACA, bastaba con notificar al demandado
a través del correo institucional destinado para el efecto y así se hizo. No
obstante, el a quo en su escueto análisis no hizo una sola referencia a dicha
situación, cuando claramente al haber sido notificado el Ministerio de Defensa
Nacional en su buzón de notificaciones personales, ni siquiera se debía notificar
a su apoderada a través de los múltiples correos por ella indicados.

Precisó que, con todo sí se le notificó a uno de los dos correos indicados por la
apoderada, sin embargo, el que rebotara la notificación supone un error en
dicho buzón al cual no debe estar sujeto el juzgado, que cumple con notificar
siendo carga del interesado o bien escribir adecuadamente el correo o bien
estar pendiente de su normal funcionamiento.

Mencionó que, el análisis proteccionista del fallo de primera instancia carece de
cualquier lógica jurídica pues no existe la obligación judicial ni legal de hacer
notificaciones a cuantos correos disponga el apoderado de una entidad pública.

Señaló que no es de recibo lo esbozado por el a quo al indicar que no se
notificó personalmente al demandado, dado que, en el expediente obra
constancia de notificación efectuada al correo de notificaciones de la entidad,
notificación que se entiende como personal de conformidad con la norma
previamente citada.

Solicitó que denieguen las pretensiones de la demanda por existir plena prueba
de haber sido notificada la sentencia de primera instancia tanto al buzón judicial
destinado para el efecto por el Ministerio de Defensa Nacional, así como a uno
de los correos electrónicos de la accionante.

1.10. Trámite posterior en segunda instancia

Mediante providencia del 9 de diciembre de 2024, el despacho sustanciador de
segundo grado ordenó la vinculación de los señores Alba Lucy Luján; Robinson
Javier Enciso Martínez en nombre propio y actuando en representación de sus
menores hijos Johan Sebastián Enciso Vargas, Jaider Leandro Enciso Sánchez
y Beiner Stiven Enciso Gaona; Ronal Alejandro Calderón Lujan; Robinson
Andrés Enciso Lujan; Yeiner Amaury Enciso Sánchez y Miguel Emilio Lujan
Ríos.

Además, se requirió a la abogada Beatriz Natalia Camargo Osorio para que
aporte el poder especial que le facultara para promover la acción de tutela de la
referencia en nombre y representación del Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión impugnada en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991 2,
el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de
esta corporación.

2.2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.

Por tanto, se analizará si se cumple con el presupuesto de la legitimación en la
causa por activa de la accionante para promover la acción de tutela de la
referencia en nombre y representación del Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional.

2.3. Caso concreto

La señora Beatriz Natalia Camargo Osorio presentó acción de tutela en contra
del Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por la
presunta vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, al no notificarle la sentencia de primera
instancia proferida dentro del medio de control de reparación directa identificado
con el radicado 11001333603720190033000 al correo electrónico
nataliac0609@hotmail.com, en calidad de apoderada judicial de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

El a quo accedió al amparo, por lo que, ordenó la notificación solicitada por la
accionante.

El señor Anderson Javier Enciso Luján, en calidad de tercero vinculado
impugnó el fallo de primera instancia, pues considera que la sentencia ordinaria
se notificó debidamente a dicha cartera, por lo que, a su juicio, no hay lugar a la
protección invocada.

Para resolver, se precisa en cuanto al presupuesto de la legitimación en la
causa por activa, lo siguiente:

2
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política

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“… se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en
la causa… La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el
demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir,
se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la
demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien
cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se
incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le
atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva,
después de la notificación del auto admisorio de la demanda.

Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de
las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda,
independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan
sido demandadas…

…”3

Adicionalmente, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone:

“ARTICULO 10. LEGITIMIDAD E INTERES. La acción de tutela podrá ser
ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma
o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no
esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia
ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

…”

Al igual, el artículo 1° ibidem dispone que “…toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en las
casos que señale este Decreto”4.

De conformidad con la norma transcrita, cualquier persona puede agenciar los
derechos ajenos, siempre y cuando, se cumplan los siguientes presupuestos: i)
La existencia de una manifestación del agente oficioso en el sentido que actúa

3
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Bogotá, D.C.,
febrero cuatro (04) de dos mil diez (2010). Magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
Radicación número: 70001-23-31-000-1995-05072-01(17720). Actor: Ulises Manuel Julio
Franco y otros. Demandado: Municipio de Santiago de Tolú y otros.
4
“Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia
C-018 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez.”

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como tal, ii) el titular del derecho fundamental efectivamente debe no estar en
condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa y iii) siempre
que sea posible, debe existir ratificación oportuna del referido titular del derecho
respecto de los hechos y pretensiones de la acción5.

En lo atinente a la interposición de la acción de tutela por parte del agente
oficioso, la Corte Constitucional6, ha establecido que dicha calidad debe
expresarse en la solicitud de amparo y asimismo, debe probarse al menos
sumariamente.

La Corte Constitucional, en sentencia T-1020 de 20037, manifestó que la acción
de tutela es un medio de defensa que se encuentra al alcance de todas las
personas y que la legitimidad para interponerla radica en la persona afectada,
quien podrá interponerla directamente o por quien actúe en su nombre.

De manera que no se “…requiere ser abogado, ni tener conocimientos jurídicos,
ni mucho menos saber escribir, es decir, la Constitución y la ley no exigen
calidad alguna para el sujeto activo de la acción. Inclusive, no es requisito
esencial presentarla por escrito, la ley consagra la posibilidad de que la misma
se pueda incoar verbalmente en casos de urgencia o cuando el solicitante no
sepa escribir o sea menor de edad…”8.

A su vez, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia T-552 de 2006,
consideró:

“En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes: (i) el
ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por medio de
representantes legales (caso de los menores de edad, los incapaces absolutos,
los interdictos y las personas jurídicas). (iii) El ejercicio por medio de apoderado
judicial, caso en el cual el apoderado debe ostentar la condición de abogado
titulado y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para el caso, o en
su defecto el poder general respectivo, y (iv) la del ejercicio por medio de agente
oficioso…”.

Para el caso concreto, se observa que, de la revisión del expediente se
encuentra que la señora Beatriz Natalia Camargo Osorio no allegó el poder
especial que le facultara para promover la acción de tutela de la referencia en
nombre y representación del Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional,
ni siquiera con el requerimiento del auto dictado en el trámite de segunda
instancia del 9 de diciembre de 2024.

5
Corte Constitucional, sentencia T – 213 de 2002.
6
Sentencias T – 503 de 1998, T – 242 de 2003 y T – 503 de 2003.
7
M.P. Jaime Córdoba Triviño
8
“Todo lo relacionado con el contenido de la solicitud de tutela está contemplado en el artículo
14 del Decreto 2591 de 1991.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Ejército Nacional
Demandado: Juzgado Treinta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Rad: 25000-23-15-000-2024-00869-01

Si bien la sentencia impugnada se indicó que la aludida profesional manifestó
que se encontraba reconocida con personería adjetiva para actuar dentro del
medio de control de reparación directa 11001-33-36-037-2019-00330-00,
tramitado ante el juzgado accionado, en calidad de apoderada judicial de la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y con fundamento en
ello resolvió el a quo, lo cierto es que, el poder especial para promover la acción
de tutela en nombre de dicha entidad no fue aportado en esta vía constitucional.

Al respecto, resulta del caso precisar que, pese a que una de las
características de la acción de tutela es la informalidad, la legitimación por
activa o titularidad para promoverla es condición de procedibilidad de la
demanda9, pues la carencia de tal presupuesto enerva la posibilidad de una
decisión de fondo en el caso concreto.

Por lo que, la referida profesional del derecho no aportó el poder especial que
le faculta para incoar la presente acción de tutela10, en nombre y
representación de quien manifestó representar. En la sentencia T-001 de 1997
la Corte Constitucional afirmó que por las características de la acción “todo
poder en materia de tutela es especial, vale decir se otorga una vez para el fin
específico y determinado de representar los intereses del accionante en punto
de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y
en relación con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensión.”

Al respecto, se recuerda que los derechos fundamentales invocados en esta
acción al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
corresponden es al ministerio en mención y no a su abogada, la cual tampoco
acreditó actuar como su agente oficioso, pues ni así lo manifestó, ni está
demostrado en el expediente que dicha entidad no esté en condiciones de
promover su propia defensa.

Adicionalmente, debe indicarse que el hecho de que los poderes se presuman
auténticos no autoriza para actuar sin poder cuando este se requiere, máxime
cuando la acción de tutela está prevista para que se pueda instaurar por la
propia persona a la que presumiblemente se le está vulnerando un derecho
fundamental, lo cual implica que el interesado conoce y acepta que se va iniciar
una acción de tutela en su nombre y representación.

En consecuencia, se encuentra que quien presentó la solicitud de amparo
carece de legitimación en la causa por activa para defender los intereses de la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional; por lo que, se
revocará el fallo impugnado para declarar la falta de legitimación en la causa
9
Corte Constitucional, sentencias T-724 de 2004 y T-194 de 2012.
10
Al respecto, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que trata de la legitimidad e interés, es
claro en establecer que la acción de tutela podrá ser ejercida, por cualquier persona vulnerada o
amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante, y acto seguido, indica: “Los poderes se presumirán auténticos»”

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Demandante: Ejército Nacional
Demandado: Juzgado Treinta y Siete Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá
Rad: 25000-23-15-000-2024-00869-01

por activa de la señora Beatriz Natalia Camargo Osorio.
FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 8 de noviembre de 2024, dictada por
la Subsección A de Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que accedió al amparo para, en su lugar, declarar la falta de
legitimación en la causa por activa de la señora Beatriz Natalia Camargo
Osorio.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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