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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00873-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-15-000-2024-00873-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, a través de la cual declaró la improcedencia del amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-15-000-2024-00873-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 25000-23-15-000-2024-00873-01
Accionante: MINISTERIO DEL TRABAJO
Accionado: JUZGADO 57 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – por regla
general resulta improcedente contra sentencias de tutela y, solo de forma
excepcional, se puede hacer el análisis de fondo en estos eventos, pero siempre y
cuando se cumpla con los requisitos generales de procedibilidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 31 de octubre de 2024, mediante la cual la Subsección D, de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró
improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 18 de octubre de 2024, el señor Armando Benavides Rosales, actuando en
nombre y representación del Ministerio del Trabajo, presentó acción de tutela en
contra del Juzgado 57 Administrativo del Circuito de Bogotá, con ocasión de la
sentencia que profirió el 17 de julio de 2024, en el proceso de tutela con el
radicado No. 11001-33-42-057-2024-00232-00, promovido por la señora
Carmen Teresa Contreras Hernández en contra del mencionado ministerio, al
considerar que esta providencia estaba fundada en un fraude a la ley.

Hechos relevantes

2. El 21 de mayo de 2024, las Organizaciones sindicales de servidores adscritos al
Ministerio del Trabajo llevaron a cabo la votación para iniciar una huelga,
obteniendo un resultado favorable, por lo que el 23 de mayo de 2024, a través
de un comunicado, le informaron a la titular de esa cartera ministerial que esta
iniciaría desde las 00:00 del 31 de mayo del mismo año y, a partir de esa fecha

1

Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00873-01
Accionante: Ministerio del Trabajo
Accionado: Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

los trabajadores sindicalizados procedieron a tomarse las instalaciones de la
entidad, impidiendo el ingreso de funcionarios y de los ciudadanos.

3. El 2 de julio de 2024, en las instalaciones de la Procuraduría General de la
Nación, representantes del ministerio y de las organizaciones sindicales
acordaron continuar con el diálogo permanente y dentro de los puntos para
retomar las actividades pactaron que se compensarían las horas por servicio no
prestado, desde el inicio del conflicto hasta su finalización, de conformidad con
las advertencias emitidas por la Contraloría General de la República.

4. La señora Carmen Teresa Contreras Hernández presentó demanda de tutela en
contra del Ministerio del Trabajo, con el objeto de que se ampararan sus
derechos al mínimo vital y a la huelga, como consecuencia de la suspensión del
pago de su salario del mes de junio.

5. El proceso fue conocido por el Juzgado 57 Administrativo del Circuito de Bogotá
que, a través de sentencia del 17 de julio de 2024, resolvió amparar los derechos
invocados por la accionante, le ordenó a la entidad que le pagara el salario de
junio y que continuara realizando el desembolso del sueldo hasta que se
expidiera un pronunciamiento sobre la legalidad de la huelga.

6. En otras demandas de tutela, con supuestos fácticos y jurídicos similares, que
promovieron otros trabajadores sindicalizados del ministerio, tanto en primera
como en segunda instancia se negaron las pretensiones.

Pretensiones

7. El accionante solicitó lo siguiente (se transcribe de forma literal):

“En atención a los perjuicios ocasionados al patrimonio público con
la decisión tomada por parte del Juzgado 57 Administrativo de
Bogotá, se solicita dejar sin efectos la Sentencia del 17 de julio de
2024, dentro del proceso de amparo promovido por la Señora Carmen
Teresa Contreras Hernández con numero de radicado 11001-33-42-057-
2024-00232-00 y en su lugar se declare improcedente la solicitud de
amparo” (resaltado del original).

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La parte actora sostuvo que al resolver la demanda de tutela cuestionada, el
Juzgado 57 Administrativo del Circuito de Bogotá incurrió en un fraude, lo que
generó una cosa juzgada fraudulenta, dado que en esa oportunidad aplicó los
criterios jurisprudenciales desarrollados por la Corte Constitucional, basados en
la regulación del Código Sustantivo del Trabajo sobre la huelga, para concluir
que no era posible suspender ni retener el pago del salario a la accionante, ya
que no había una decisión judicial frente a la legalidad de la huelga; no obstante,
consideró que esa decisión se basó en una interpretación normativa

2

Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00873-01
Accionante: Ministerio del Trabajo
Accionado: Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

abiertamente contraria a los postulados constitucionales y a la buena fe judicial,
al haber asegurado que no existía normativa ni antecedentes jurisprudenciales
que justificaran la cesación del pago del salario de la accionante en el marco de
la mencionada huelga.

9. Argumentó que con esa decisión desconoció la regulación legal sobre el pago
de salarios a funcionarios públicos, que impone la obligación al servidor público
de ejecutar efectivamente las labores a su cargo para que se le pueda cancelar
su sueldo.

10. De igual forma, según indicó, en esa oportunidad se pasó por alto la circular
externa No. 029 del 29 de noviembre de 2014, expedida por la Contraloría
General de la República, a través de la cual establece que, ante la falta de
prestación del servicio por parte de los funcionarios públicos, no puede
generarse el reconocimiento de acreencias laborales y prestaciones durante
dicho tiempo.

11. Así mismo, expuso que el juez de tutela no tuvo en cuenta que la OIT, en la
recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical,
reconoció que los descuentos realizados a los funcionarios que participen en
cese de actividades o huelga, no contrarían los principios de libertad sindical.

12. En similar sentido, advirtió que tanto la Corte constitucional como el Consejo de
Estado han reconocido en su jurisprudencia que el no pago de salarios a los
funcionarios públicos que no han prestado sus servicios, en atención a un cese
de actividades o huelga, no interfiere con el derecho de asociación sindical,
debido a que estas medidas se adoptan con el fin de preservar el patrimonio
público.

13. De otra parte, también se indicó que el juzgado formuló una serie de
consideraciones relacionadas con el cese de actividades sin tener competencia
para ello, al aseverar que esa situación se debió a la declaratoria de una huelga
que, supuestamente, se adelantó agotando todos los requisitos legales, siendo
esta imputable al empleador, al incumplir con los acuerdos sindicales suscritos
con los trabajadores y, de la misma manera, aseguró que, al no haber sido
declarada ilegal, el Ministerio del Trabajo estaba en la obligación de realizar el
pago del salario de la accionante.

14. También se aduce que el juzgado vulneró la buena fe judicial del ministerio, al
desconocer el acuerdo logrado el 2 de julio de 2024 con las organizaciones
sindicales, en tanto que en la sentencia de tutela no se hizo valoración alguna
del mencionado pacto al que llegaron las partes, en el que se incluyó como
garantía la obligación de compensación de las horas por servicios no prestados
y en cuya negociación estuvo acompañada por un asesor de la Procuraduría
Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social.

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Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00873-01
Accionante: Ministerio del Trabajo
Accionado: Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

15. Adicionalmente, se afirmó que el fallo de tutela constituye un antecedente
judicial, en tanto que los funcionarios públicos que participaron en la huelga y
que no prestaron sus servicios pueden acudir a la acción constitucional para
obtener el pago de sus salarios, desconociendo con ello la regulación legal y el
acuerdo suscrito con las organizaciones sindicales.

Trámite previo

16. Mediante auto del 25 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, admitió la demanda de tutela de
la referencia y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada.

17. Encontrándose el expediente a despacho para resolver la impugnación
presentada en contra de la sentencia de primera instancia, se advirtió que en el auto
admisorio de la demanda no se vinculó a la señora Carmen Teresa Contreras
Hernández, en su calidad de tercera interesada en las resultas del proceso, por ser
parte en la acción constitucional identificada con el número de radicación 11001-33-
42-057-2024-00232-00, lo que evidencia que no se practicó la notificación de esta
providencia a una persona que debía ser llamada a comparecer en esta
controversia.

18. En consideración a lo anterior, a través de auto del 9 de diciembre de 2024,
se puso en conocimiento de la señora Contreras Hernández esa situación, al
configurarse con ello una nulidad saneabale, por lo que se le otorgó un término de
tres días contados a partir de la notificación de la mencionada providencia para que
se manifestara al respecto; sin embargo, pasado ese plazo y después de consultar
el sistema de gestión SAMAI, se evidencia que no realizó pronunciamiento alguno1,
por lo que la nulidad quedó saneada, de conformidad con lo previsto en el artículo
137 del CGP y, en consecuencia, el proceso debe continuar con el trámite del
recurso de apelación presentado por la entidad demandante.

19. De otra parte, el despacho precisa que si bien el Juzgado 57 Administrativo
del Circuito de Bogotá, mediante correo electrónico del 5 de noviembre de 2024
anunció remitir la respuesta de la acción de tutela en un archivo adjunto, lo cierto es
que el mensaje de datos solo contenía como anexo un link que enviaba al
expediente del proceso adelantado por la señora Carmen Teresa Contreras
Hernández y en el que se profirió la sentencia cuestionada.

Sentencia de primera instancia

20. A través de sentencia del 31 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, declaró improcedente la

1 Se precisa que en el auto del 9 de diciembre de 2024, se le ordenó a la Secretaría de la Sección
Tercera librar el oficio correspondiente al Juzgado 57 Administrativo de Bogotá, con el objeto de que
esa autoridad notificara la providencia, lo cual se efectuó el 11 de diciembre de la misma anualidad
-Índice No. 8 de SAMAI- y en esa misma fecha se procedió con la notificación a la señora Carmen
Teresa Contreras Hernández, a través de mensaje de datos remitido a su correo electrónico, tal
como consta en los documentos enviados por el mencionado juzgado -Índice No. 9 de SAMAI-.
4

Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00873-01
Accionante: Ministerio del Trabajo
Accionado: Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

acción de tutela interpuesta por el apoderado del Ministerio del Trabajo en contra
del Juzgado 57 Administrativo del Circuito de Bogotá.

21. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente
en las sentencias SU 004 de 2018, C 490 de 2005, SU 1219 de 2001 y SU 627
de 2015, el a quo estableció que en el caso objeto de estudio la accionante ni
siquiera había acreditado el cumplimiento de las causales genéricas para que
procediera la acción de tutela contra una actuación de los jueces en otro proceso
de la misma naturaleza constitucional.

22. Al respecto el tribunal de primera instancia indicó que la parte actora no
argumentó la relevancia constitucional del asunto discutido, al punto de afectar
sus derechos fundamentales; tampoco probó que hubiese agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial a su alcance y, además,
no identificó, de manera razonable, tanto los hechos generadores de la
vulneración como los derechos afectados dentro del proceso judicial
cuestionado.

23. Señaló que el Ministerio del Trabajo no había presentado recurso de apelación
en contra del fallo del 17 de julio de 2024, a través del cual se ampararon los
derechos fundamentales de la señora Carmen Teresa Contreras, requisito
indispensable para que proceda la acción de tutela contra un fallo de la misma
naturaleza, tal como lo estableció la Corte Constitucional en su sentencia de
unificación SU 627 de 2015, en la que precisó que esta actuación era
procedente, en situaciones excepcionales, pero previo al cumplimiento de los
requisitos genéricos establecidos en los casos de tutela contra providencias
judiciales.

24. Frente a lo expuesto, sostuvo que el ministerio contaba con el recurso de
apelación para presentar los motivos de su inconformidad en contra de la
decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, pero al no ejercer esta
actuación, que se constituye como un mecanismo de defensa ordinario, lo que
pretendía era subsanar su omisión con la presentación de una demanda de
tutela y, con ello, sustituir al juez natural de la controversia, que en este caso es
a quien le hubiera correspondido conocer la impugnación.

25. Así las cosas, la Sala se abstuvo de analizar el caso de fondo, por la falta de
cumplimiento del requisito de subsidiariedad, constituido por la omisión del
tutelante de agotar el medio judicial de defensa de sus intereses, como lo es la
impugnación, prevista en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con el artículo 86, inciso 2, de la Constitución Política de Colombia,
lo anterior, sumado a que el Ministerio del Trabajo tampoco solicitó a la Corte
Constitucional la revisión del fallo de tutela que ahora cuestiona.

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Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00873-01
Accionante: Ministerio del Trabajo
Accionado: Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Impugnación

26. La parte actora consideró que con la decisión adoptada por el a quo se vulneró
su derecho al debido proceso y de defensa, dado que no se realizó un estudio
de fondo de la demanda de tutela. A su parecer, las afirmaciones realizadas en
relación con las omisiones sobre la precisión de los hechos y la falta de
argumentación sobre la relevancia constitucional no tienen fundamento.

27. Resaltó que en la demanda se sustentó la relevancia constitucional de la acción
de tutela, en razón a la vulneración de los derechos a la igualdad, el debido
proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la administración de justicia del
Ministerio del Trabajo y, además, que se realizó un recuento detallado tanto de
los hechos como de los fundamentos jurídicos en los que basó sus peticiones.

28. Señaló que, entre la fecha de admisión de la demanda, el término del traslado y
la sentencia de primera instancia no transcurrieron más de dos días y eso
evidenciaba que el Tribunal vulneró su derecho fundamental al debido proceso,
a través del cual se les permite a las partes explicar la situación fáctica y jurídica,
con el fin de dictar un fallo acorde a la controversia. A su juicio, este hecho
permite concluir que el a quo tenía la decisión desde la presentación de la tutela,
con fundamento en antecedentes jurisprudenciales generales, que no fueron
aplicados al caso en concreto.

29. También se expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó un
estudio de la acción de tutela, sin tener en cuenta que esta se presentó en
atención a un fraude provocado por la falta de aplicación de la normativa que
regula el pago de salarios de funcionarios públicos, por lo que no era necesario
la presentación de la impugnación en contra del fallo proferido por la autoridad
judicial accionada.

30. Indicó que es obligación de las instituciones del Estado Social de Derecho
promover valores democráticos en vigencia de un orden justo, por lo que eran
irrelevantes las actuaciones ocurridas dentro de una acción que dio como
resultado la materialización de la situación ilegal, por lo que, a su parecer, no era
procedente negar la acción de tutela por falta de presentación de la impugnación,
en tanto que eso contraría la naturaleza y finalidad de esta acción constitucional,
sin que sea un requisito en este caso la presentación de los recursos de ley.

31. Estableció que la Corte Constitucional en la sentencia SU 267 de 2015 previó
una serie de requisitos de procedencia de la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza, en donde se hizo alusión a los deberes que tienen las
autoridades judiciales de cumplir con sus labores, incluyendo entre estas la
revisión de las actuaciones arbitrarias por parte de los jueces constitucionales.

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Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00873-01
Accionante: Ministerio del Trabajo
Accionado: Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

32. Le corresponde a la Sala determinar los cargos de la impugnación presentados
en contra de la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por la Subsección
D, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y determinar
si hay lugar o no a hacer un estudio de fondo en el presente asunto, partiendo
del estudio del requisito de subsidiariedad que es el que se encuentra en
discusión.

33. Al respecto, la Sala destaca que la jurisprudencia unificada y reiterada de la
Corte Constitucional ha precisado cuáles son los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Lo anterior, en
los siguientes términos2:

“ 3.5. En la Sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena sistematizó los requisitos de
procedencia de la tutela cuando la amenaza o violación de los derechos proviene
de una decisión judicial. Este fallo diferenció entre “requisitos de carácter general
que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan
con la procedencia misma del amparo una vez interpuesto”3. Los requisitos
generales son presupuestos cuyo completo cumplimiento es una condición
indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a valorar de fondo el asunto
puesto en su conocimiento, mientras que los requisitos específicos corresponden,
puntualmente, a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que
constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.

3.6. Siguiendo lo establecido en la referida providencia, reiterada de manera
uniforme en posteriores pronunciamientos4, para que una decisión judicial pueda
ser revisada en sede de tutela es necesario que previamente cumpla con los
siguientes requisitos generales de procedencia:

‘a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe
indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que
entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio ius fundamental irremediable. Razón por la cual,
constituye un deber del actor desplegar todos los mecanismos
judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos. De no ser así, al asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se vaciaría
de competencias a las distintas autoridades judiciales y se
concentrarían indebidamente en la jurisdicción constitucional

2 Corte Constitucional, sentencia SU 128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
3 Cita del original: Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Cita del original: Entre otras, las sentencias, SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P.
Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00873-01
Accionante: Ministerio del Trabajo
Accionado: Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

todas las decisiones inherentes a estas jurisdicciones.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción
de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo
contrario, al permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años
después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica, puesto que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse
que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y
que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden
prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias
proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se
tornan definitivas.’”5(se destaca).

34. De igual forma, se destaca que, en relación con el último requisito antes
señalado, que se refiere a que no resulta procedente la acción de tutela contra
sentencias de la misma naturaleza, en la medida de que no puede prolongarse
de forma indefinida el debate sobre la protección de los derechos
fundamentales, la Corte Constitucional se ha precisado que, excepcionalmente,
se puede flexibilizar esta regla general en algunos eventos, lo anterior, según lo
previsto en la sentencia SU 627 de 2015, en los siguientes términos:

“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional6.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional,
cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa

5 Cita del original: Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Cita del original: Supra II, 4.3.5.

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Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00873-01
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Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal
con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de
una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio,
ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad
o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional”.

35. Así las cosas, la Sala evidencia que, contrario a lo señalado por la parte actora,
la Corte Constitucional precisó que pese a que, de manera excepcional, puede
proceder una demanda de tutela en contra de sentencias proferidas en el marco
de un asunto de la misma naturaleza constitucional, lo cierto es que, en todo
caso, es necesario que el juez estudie el cumplimiento de los requisitos
genéricos de procedibilidad de tutelas contra providencias judiciales, entre los
que se encuentra el agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial a su alcance.

36. En ese orden de ideas, después de revisar el trámite del proceso con el radicado
No. 11001.33.42.057.2024.00232-00, se evidencia que contra la sentencia del
31 de octubre de 2024, proferida por el Juzgado 57 Administrativo del Circuito
de Bogotá, ninguna de las partes presentó impugnación, siendo este el
mecanismo procedente para argumentar los motivos de inconformidad que
ahora alega el Ministerio del Trabajo sobre ese fallo en el asunto de la referencia
lo cual, tal como lo estableció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tiene
sustento tanto en el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 1991 7, como en el
artículo 86 de la constitución Política de Colombia8.

7 “ARTICULO 31.- Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo
podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante
del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su
revisión”.
8 “(…) La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela,
actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse
ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual
revisión...”
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Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00873-01
Accionante: Ministerio del Trabajo
Accionado: Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

37. Como consecuencia de lo anterior, resulta evidente que, al encontrar el
incumplimiento de este requisito, el a quo no abordara de fondo el asunto objeto
de la controversia, lo cual reprocha la parte actora, en la medida que ni siquiera
cumplió con la carga de acreditar los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela.

38. Adicionalmente, tampoco resulta relevante para el análisis el hecho de que la
sentencia de tutela de primera instancia se hubiese proferido de manera ágil, ya
que, contrario a lo manifestado por la parte actora, esto no implica que se
desconocieran las particularidades del caso en concreto, toda vez que el fallo
del 31 de octubre de 2024 se sustentó en debida forma, con fundamento en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y teniendo en cuenta el contexto en el
que se presentó la demanda, sin que resulte procedente emitir un juicio negativo
ante la eficiencia de los despachos en la solución de las controversias a su
cargo, tal como lo pretende el Ministerio del Trabajo.

En mérito de lo expuesto, al no cumplir con el requisito general de subsidiariedad
para la procedibilidad de la demanda de tutela y al no ser este el escenario
idóneo para estudiar cuestiones que son de resorte de los jueces competentes,
se declarará la improcedencia de la acción de tutela en este caso.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, a
través de la cual declaró la improcedencia del amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de la esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

10

Radicación número: 25000-23-15-000-2024-00873-01
Accionante: Ministerio del Trabajo
Accionado: Juzgado 57 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

11

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