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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00893-01

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00893-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA Primero.- CONFIRMAR la sentencia de 19 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones aquí expuestas. Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00893-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

13 de febrero de 2025

Radicado: 25000-23-15-000-2024-00893-01
Demandante: Clara Marcela Ardila López

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 25000-23-15-000-2024-00893-01
Demandante: CLARA MARCELA ARDILA LÓPEZ
Demandado: JUZGADO DIECIOCHO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Mora judicial en decidir incidente de
nulidad en el marco de medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 19 de noviembre de 2024, dictada por la Subsección “B” de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que resolvió negar las
pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1º de noviembre de 2024, la señora Clara Marcela Ardila López, quien actúa en
nombre propio, instauró acción de tutela contra el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Bogotá, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por la
tardanza en resolver el incidente de nulidad propuesto el 17 de septiembre de
2024, dentro del proceso ordinario con radicado No. 110001-33-35-018-2019-
00098-00.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Por lo expuesto, solicitó se tutelen mis derechos y garantías fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia y en consecuencia se ORDENE a la
accionada JUZGADO DIECIOCHO (18) ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA
ORAL BOGOTÁ D.C., dar trámite y resolver como lo ordena la ley la nulidad planteada
el 17 de septiembre de 2024 por la parte demandante, amparándose así los derechos
de rango fundamental que reclamó con la presente acción constitucional”.

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00893-01
Demandante: Clara Marcela Ardila López

2. Hechos

La accionante manifiesta que el 17 de septiembre de 2024, interpuso incidente de
nulidad dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado No. 11001-33-35-018-2019-00098-00, por considerar que la
autoridad judicial accionada vulneró los derechos al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

Menciona que el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá remitió
el proceso con destino al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin haber
resuelto la nulidad planteada, a lo que agregó que a la fecha de interposición del
mecanismo constitucional sigue sin ejercer pronunciamiento alguno.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora presenta acción de tutela contra el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por la
tardanza en resolver el incidente de nulidad propuesto el 17 de septiembre de
2024, dentro del proceso ordinario con radicado No. 110001-33-35-018-2019-
00098-00.

Para fundamentar la vulneración alegada se refirió a los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política y algunos apartes de las sentencias C-980 de 2010, C-016 de
2013, C-034 de 2014 y T-283 de 2013 de la Corte Constitucional.

4. Trámite procesal

4.1. Por auto de 5 de noviembre de 2024, la Subsección “B” de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca1 admitió la demanda y ordenó
notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada -Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Bogotá-.

4.2. Por auto de 13 de noviembre de 2024, se ordenó la vinculación del despacho
del magistrado Ramiro Ignacio Dueñas Rugnon, perteneciente a la Subsección “E”
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

5. Oposición

Respuesta del Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá

El titular a cargo del despacho solicita que se declare improcedente la acción de
tutela, bajo el argumento de que existe otro medio de defensa judicial para dirimir
la vulneración alegada.

Frente al caso en concreto, señala que el 13 de septiembre de 2024 se llevó a
cabo audiencia inicial en la cual se resolvió: (i) negar la solicitud de suspensión de
la diligencia; (ii) negar la medida cautelar de urgencia; (iii) conceder el recurso de

1 M.P. César Giovanni Chaparro Rincón.

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Demandante: Clara Marcela Ardila López

apelación que interpuso la actora contra la decisión que negó la medida cautelar;
(iv) dar por terminado el proceso y (v) conceder el recurso de apelación contra el
auto que dio por culminado el proceso. En ese sentido, alude que en la audiencia
se comunicó el acta a las partes y se procedió a remitir el expediente con destino
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que considera que no puede
intervenir en el proceso.

6. Tercero con interés

Respuesta de la Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

6.1. El titular del despacho judicial que conoció el proceso ordinario con radicado
11001-33-35-018-2019-00098-03 rindió informe en el que señala que, por auto de
8 de noviembre de 2024, se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra los autos dictados en audiencia inicial de 13 de septiembre de
2024, en los que se negó una medida cautelar y se dio por terminado el proceso,
en el sentido de confirmar la decisión.

Indica que, contra la providencia de 8 de noviembre de 2024, por memorial
presentado el 14 del mismo mes y año, la accionante interpuso un incidente de
nulidad que se encuentra pendiente de decidir, a lo que agregó que la solicitud de
amparo constitucional se presentó contra el Juzgado Dieciocho Administrativo del
Circuito de Bogotá, con el fin de que se resolviera una solicitud de nulidad
presentada después de la diligencia en la que se dio por culminado el proceso.

6.2. Con posterioridad, la misma autoridad judicial informa que la demandante
promovió acción de tutela en su contra que fue asignada por reparto a la
Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación y se identifica bajo el
radicado No. 11001-03-15-000-2024-06105-00, en la que cuestiona la falta de
resolución de la solicitud de nulidad presentada el 14 de noviembre de 2024.

7. Sentencia de tutela impugnada

La Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante sentencia de 19 de noviembre de 2024, decidió negar las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que este mecanismo de
protección constitucional no está previsto para revisar las actuaciones judiciales
surtidas en el trámite de los procesos. Destacó que para el momento en que se
presentó la solicitud de amparo el proceso ordinario se encontraba en trámite, sin
que la accionante demostrara la configuración de algún perjuicio irremediable, a lo
que agregó que actuaba por intermedio de apoderado judicial.

Señala que del escrito de tutela se podía entender que la vulneración alegada se
trataba de una mora judicial por la tardanza en resolver el incidente de nulidad
promovido el 17 de septiembre de 2024, ante la autoridad judicial accionada. En
relación con ello, indica que para la fecha en que se elevó la solicitud, el proceso
se encontraba en la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, razón por la que el juzgado no podía intervenir en el trámite del
proceso, ni asumir el conocimiento del memorial, por lo que no se advertía la
vulneración alegada.
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Demandante: Clara Marcela Ardila López

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante impugna el fallo de primera instancia, solicita que se revoque y, en
consecuencia, se acceda al amparo.

Manifiesta que se desconoció que la autoridad judicial accionada incurrió en una
nulidad insaneable, al resolver terminar el proceso sin proferir fallo, ocasionando
con ello un perjuicio irremediable y la vulneración al debido proceso, en tanto las
nulidades pueden ser alegadas en cualquier instancia procesal, con antelación o
posterioridad a que se dicte sentencia, omitiendo la prejudicialidad y la etapa
procesal en la que se encontraba el proceso ordinario.

Refiere que no se valoró que la solicitud de nulidad fue presentada ante el juzgado
y no ante la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo que se
encuentra demostrada la vulneración alegada, porque la autoridad judicial de
manera previa a remitir el asunto, debía dar trámite a la nulidad propuesta.

Relata que el juzgado accionado en la audiencia de 13 de septiembre de 2024,
concedió el recurso en el efecto suspensivo ante el Tribunal Administrativo de
Boyacá y no de Cundinamarca, a lo que agrega que “al no proferir sentencia se
vulneró el debido proceso y el acceso a la administración de justicia”.

Hizo referencia a los fundamentos de la solicitud de nulidad y alude que la
decisión impugnada desconoce la jurisprudencia respecto de la suspensión del
proceso por prejudicialidad, debido a que las autoridades judiciales deben permitir
que se dicte la sentencia. Indica que, por auto del 8 de noviembre de 2024, la
Subsección “E” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó la decisión de 13 de septiembre de 2024 que negó la
medida cautelar y dio por terminado el proceso ordinario, de manera irregular, sin
proferir sentencia y sin dar trámite al incidente de nulidad planteado el 17 de
septiembre de 2024. Sostiene que, la decisión que confirmó el auto reprochado no
se encuentra ejecutoriada debido a que interpuso los recursos correspondientes.

Por último, menciona que no cuenta con apoderado judicial, ya que actúa en
causa propia, pero para el momento en que se realizó la audiencia el 13 de
septiembre de 2024, se encontraba incapacitada y solicita que se declare la
nulidad de todo lo actuado en el proceso ordinario y se ordene a la autoridad
judicial accionada admitir y dar trámite al incidente de nulidad propuesto el 17 de
septiembre de 2024, para dictar sentencia con la totalidad de garantías
procesales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
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2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico

2.1. La Sala precisa que aun cuando la demandante solicita en el escrito de
impugnación que se declare la nulidad de todo lo actuado en el trámite del proceso
ordinario, para lo cual cuestiona los fundamentos y razones de la providencia
adoptada el 13 de septiembre de 2024, la Sala se abstendrá de analizar las
actuaciones proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, debido a que tal pretensión no fue invocada en el escrito de tutela, sino
únicamente lo relativo a la presunta tardanza en resolver el incidente de nulidad
propuesto ante la autoridad judicial accionada.

2.2. Así las cosas, le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la
sentencia de 19 de noviembre de 2024, proferida por la Subsección “B” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que negó las
pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se demostró la
vulneración alegada, y si debe acceder a la protección constitucional solicitada
porque la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la accionante, con la
presunta tardanza en decidir la solicitud de nulidad propuesta el 17 de septiembre
de 2024 ante el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
11001-33-35-018-2019-00098-00.

3. De la mora judicial y la noción de plazo razonable

La mora judicial fue definida por esta Corporación como la conducta dilatoria del
juez en resolver sobre un determinado asunto que conoce dentro de un proceso
judicial. Tiene fundamento en cuanto tal conducta desconozca los términos de ley
y carezca de motivo probado y razonable, evento en el cual constituiría un
obstáculo para el acceso a la administración de justicia2.

En efecto, de acuerdo con la sentencia C-279 de 20133 de la Corte Constitucional,
el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia comprende
distintos aspectos de cada proceso judicial: (i) el derecho a la acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional; (ii) la existencia de mecanismos para la
resolución de conflictos; (iii) la posibilidad de fundamentar las peticiones; (iv) la
obtención de una respuesta de fondo; (v) procedimientos adecuados, idóneos y
efectivos; y (vi) que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin
dilaciones injustificadas y en observancia del debido proceso.

Para determinar si existe mora judicial, es preciso analizar la razonabilidad del
plazo y establecer el carácter injustificado en el incumplimiento de los términos.

La Corte Constitucional ha puntualizado que, no obstante, los análisis que se
hagan sobre la justificación del funcionario sobre la mora judicial, “el derecho a un
debido proceso sin dilaciones injustificadas no pierde efectividad ni siquiera en
aquellos supuestos en que los retrasos se deben a los defectos estructurales de la
organización y funcionamiento de la rama judicial.” En tales eventos, para

2
Sentencia del 11 de octubre de 2012, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado. Exp. 2012-00052-01(AC).
3
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

5

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establecer que el retraso es justificado es necesario, además, mostrar que se han
intentado agotar todos los medios que las circunstancias permitan para evitarlo4.

Reiterando el anterior precedente judicial, la Sala Plena de la Corte Constitucional
en la sentencia SU-394 de 20165 indicó que la acción de tutela es procedente
cuando las autoridades judiciales incurren en mora judicial injustificada, teniendo
en cuenta que, en estos casos, es posible que el derecho a un debido proceso se
lesione a causa del incumplimiento de los términos procesales, por lo que puede
materializarse un daño que genere perjuicios no subsanables6. La mora judicial
injustificada, precisó, se presenta cuando quiera que (i) existe un incumplimiento
objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable que justifique la
dilación y (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión
sistemática de los deberes del funcionario judicial7.

Así mismo, expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida
la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes;
(iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el
trámite.

En sentencia T-441 de 20208, la Corte Constitucional acogió dicha postura e indicó
que “el derecho de acceso a la administración de justicia es un bastión del Estado
social de derecho, en cuanto garantía de la efectividad de los principios, derechos
y deberes establecidos en la Constitución. Sin embargo, esta prerrogativa no se
agota en la mera facultad de presentar solicitudes ante las autoridades judiciales,
pues también se extiende a la salvaguarda de obtener decisiones de fondo en las
controversias, las cuales deben ser adoptadas en un término razonable de tal
forma que la respuesta judicial sea oportuna”, lo que implica para el juez de tutela
que en caso de verificar la existencia de mora judicial pueda ordenar la resolución
del asunto en un término perentorio o con observancia de los plazos previstos en
la ley.

En conclusión, para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial, se
debe realizar una valoración de los aspectos objetivos y subjetivos que rodean la
tardanza. Los primeros se relacionan con la complejidad del asunto y la urgencia
de darle solución. Los segundos se refieren a la actitud de los interesados y la
conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. De esta forma, el
simple hecho de sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no
configura la mora judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias
particulares.

4
Sentencia T-030 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
6
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
7
En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la Sentencia T-230 de 2013, M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
8
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La señora Claudia Marcela Ardila López, quien actúa en nombre propio,
presenta acción de tutela contra el Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito
de Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, por la tardanza en resolver el
incidente de nulidad propuesto el 17 de septiembre de 2024, dentro del proceso
ordinario con radicado No. 110001-33-35-018-2019-00098-00.

La Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca por medio de sentencia del 19 de noviembre de 2024, decidió
negar las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que para la fecha en
que se formuló la solicitud de nulidad -17 de septiembre de 2024-, el proceso se
encontraba en la Secretaria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, razón por la cual el juzgado no podía intervenir en el trámite del
proceso, ni asumir el conocimiento del memorial, por lo que no advirtió la
vulneración alegada.

La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que insistió en la
vulneración de los derechos fundamentales invocados, y refiere que no se valoró
que la solicitud de nulidad fue presentada ante la autoridad judicial accionada, por
lo que de manera previa a remitir el asunto debió tramitarla.

4.2. Conforme con el expediente digitalizado allegado, la Sala logra evidenciar que
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se han proferido,
entre otras, las siguientes actuaciones:

• El 22 de febrero de 2019, la accionante promovió demanda a través del medio de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial – Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el
fin de que se declarara la nulidad de la Resolución No. 02 de 25 de julio de 2018,
por medio de la que se resolvió la desvinculación del cargo de Oficial Mayor
adscrito al Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Función de Conocimiento de
Bogotá. Esa demanda le correspondió por reparto al Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Bogotá a la que le fue asignado el radicado No.
11001-33-35-018-2019-00098-00, y fue admitida por auto de 23 de agosto de
2019.

• Mediante auto de 5 de diciembre de 2019, se resolvió una solicitud de medidas
cautelares y el 10 de febrero de 2020 el recurso de reposición interpuesto contra la
actuación referida.

• Por auto de 11 de marzo de 2021, se negó la acumulación del proceso con
radicado No. 11001-33-35-023-2018-00206-00 por no cumplirse con los
presupuestos establecidos en el artículo 148 de la Ley 1564 de 2012.

• El 3 de agosto de 2021, se llevó a cabo la audiencia inicial prevista en el artículo
180 de la Ley 1437 de 2011, en la que se declaró probada la excepción de pleito
pendiente y se ordenó la suspensión del proceso por prejudicialidad. Al respecto,
se dispuso oficiar al despacho judicial a cargo del proceso con radicado No.
11001-33-35-023-2018-00206-00, para que rindiera informe una vez profiriera
sentencia.

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• Por auto de 6 de octubre de 2023, se ordenó la reanudación del proceso por
superarse el término de dos años en virtud de lo establecido en el artículo 163 de
la Ley 1564 de 2012.

• El 13 de septiembre de 2024, se reanudó la audiencia inicial y se resolvió negar la
solicitud de suspensión de la diligencia, la medida cautelar de urgencia y dar por
terminado el proceso debido a que consideró que el acto administrativo del que se
pretendía su nulidad no configuraba una situación jurídica a la demandante, en
tanto, el acto primigenio de desvinculación se encontraba acusado y era conocido
por otro despacho judicial, por lo que concluyó que no era viable continuar con el
proceso ya que se habían promovido dos demandas con el mismo
restablecimiento del derecho concerniente a ordenar el reintegro al cargo del cual
fue desvinculada.

• Contra la anterior decisión la accionante interpuso recurso de apelación en contra
de la decisión que negó el decreto de la medida cautelar y la culminación del
trámite judicial. El mismo día se remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en el efecto suspensivo.

• El 17 de septiembre de 2024, la accionante presentó solicitud de nulidad ante el
Juzgado Dieciocho Administrativo del Circuito de Bogotá, bajo la causal “cuando el
juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legamente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia”, por
considerar que la decisión adoptada el 3 de agosto de 2021, en la que se decidió
declarar no probada la excepción de inepta demanda por no demandar el acto
administrativo que desvinculó a la demandante, que fue confirmada por el superior
funcional por auto de 16 de junio de 2022, se encuentra ejecutoriada.

• El 23 de septiembre de 2024, la Secretaría de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca realizó la asignación del proceso y lo ingresó al
despacho el 27 del mismo mes y año.

• Por auto de 8 de noviembre de 2024, la Subsección “E” de la Sección del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca resolvió confirmar la decisión que negó la medida
cautelar y dispuso la terminación del proceso. Contra esa providencia la
demandante interpuso solicitud de nulidad, la cual fue desatada de manera
negativa por auto de 22 del mismo mes y año.

• El 29 de noviembre de 2024, la demandante presentó recurso de reposición y en
subsidio de súplica contra el auto de 22 de noviembre de la misma anualidad.

• El 3 de diciembre de 2024, se fijó en lista el recurso interpuesto por la accionante y
el 17 de enero de 2025 ingresó el proceso al despacho de la Subsección “E” de la
Sección del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para decisión.

4.3. De conformidad con lo expuesto, la Sala evidencia que la vulneración alegada
por la accionante radica en la tardanza en decidir la solicitud de nulidad
presentada el 17 de septiembre de 2024 ante el Juzgado Dieciocho Administrativo
del Circuito de Bogotá, es decir, con posterioridad a la finalización de la audiencia
inicial y a la remisión del expediente ante el superior funcional.

Según se logra extraer de las actuaciones proferidas en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial accionada remitió el
expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca una vez concluyó la
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audiencia inicial celebrada el 13 de septiembre de 2024, con el fin de que se
surtieran los recursos de apelación interpuestos por la demandante contra las
decisiones allí dictadas.

Con el informe rendido a este trámite constitucional, el Juzgado Dieciocho
Administrativo del Circuito de Bogotá informa que no podía resolver la solicitud de
la accionante debido a que el proceso se encontraba en trámite ante el superior
funcional para resolver los recursos de alzada.

Sobre la mora judicial, la Corte Constitucional en sentencia SU-179 de 2021, la
definió como un “fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute
efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana
de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos”. Así mismo,
resaltó que el incumplimiento de los términos procesales puede estar justificado
cuando: “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra
la diligencia razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se observa que la autoridad judicial
accionada se encuentra pendiente por resolver la solicitud de nulidad presentada
por la actora el 17 de septiembre de 2024. Sin embargo, se resalta que el 13 del
mismo mes y año, la accionante presentó recursos de apelación contra la decisión
que culminó el proceso y negó el decreto de la medida cautelar solicitada, por
tanto, conoció que en esa oportunidad el proceso fue remitido con destino al
superior funcional para desatar los recursos de alzada, y con posterioridad a dicha
actuación promovió el incidente de nulidad, a pesar de tener conocimiento de que
el proceso ordinario no se encontraba en el despacho de la autoridad judicial
accionada. En ese sentido, se advierte que la demandada no ha adelantado
ninguna conducta que sea vulneradora de las garantías ius fundamentales
invocadas por la demandante, pues como se vio, para el momento en el que se
presentó la solicitud de nulidad no tenía a su cargo el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho para proceder a emitir un pronunciamiento, situación
que explica la imposibilidad en decidir la nulidad presentada.

Sumado a ello, se debe destacar que en el proceso ordinario se han surtido
distintas actuaciones en las cuales se han resuelto los recursos y solicitudes
presentados por la actora, sin que se evidencie un actuar dilatorio por parte de la
autoridad judicial accionada, que vulnere el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia.

En ese sentido, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 19
de noviembre de 2024, por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones aquí expuestas.

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Radicado: 25000-23-15-000-2024-00893-01
Demandante: Clara Marcela Ardila López

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero.- CONFIRMAR la sentencia de 19 de noviembre de 2024, proferida por la
Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFICAR esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLICAR esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta
el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

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