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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00939-01

Fecha
26 de junio de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-15-000-2024-00939-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones expuestas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01 Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente digital al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-15-000-2024-00939-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE (E2): NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 250002315000202400939011
Recurso de apelación contra la sentencia de 10 de marzo de 2025,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

TESIS: CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE LA CALERA (CUNDINAMARCA) QUE SE
POSESIONÓ ANTE EL ALCALDE MUNICIPAL DENTRO DE LOS 3 DÍAS
SIGUIENTES AL LLAMAMIENTO QUE LE HIZO EL CONCEJO MUNICIPAL PARA
OCUPAR LA CURUL, NO INCURRE EN LA CAUSAL OBJETIVA DE PÉRDIDA DE
INVESTIDURA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 48, NUMERAL 3, DE LA LEY 617 DE
2000, ESTO ES, POR NO TOMAR POSESIÓN DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS
SIGUIENTES A LA FECHA DE INSTALACIÓN DE DICHA CORPORACIÓN
PÚBLICA, PERÍODO 2024-2027.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el señor
JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ, contra la sentencia de
10 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual denegó la pérdida de investidura
del concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca),
señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA, por hechos relacionados con
el ejercicio del período constitucional 2024-2027.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo que las

providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga alusión en esta
sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01
Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El señor JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ, actuando
en nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del
señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA, llamado a ser concejal del
municipio de La Calera (Cundinamarca) por el período constitucional
2024-2027, al considerar que incurrió en la causal prevista en el
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 20002,
consistente en no tomar posesión del cargo dentro de los tres días
siguientes a la fecha de su instalación.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, lo
siguiente:

El concejal Jairo López González renunció a la curul que ocupaba por
virtud del estatuto de oposición, por el partido Cambio Radical,
período 2024-2027. En su reemplazo se llamó al candidato que
obtuvo la segunda votación más alta en la lista inscrita del partido,
el señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA, quien tomó posesión del
cargo de concejal del municipio de La Calera (Cundinamarca) ante el
alcalde municipal, y acudió al cabildo municipal, por primera vez, el
1° de mayo de 2024 cuando se instalaron las sesiones ordinarias, sin
que el presidente de la Corporación lo hubiera posesionado en esa
oportunidad.

2 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de

1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional […]”.

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Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

Manifestó que el señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA no se ha
posesionado como concejal del municipio de La Calera
(Cundinamarca), puesto que el acto de su posesión no cumplió con
lo previsto en los artículos 49 y 63 de la Ley 136 de 2 de junio de
19943.

Indicó que, según dichas normas, la posesión de los concejales
municipales debe ocurrir ante el presidente de la Corporación y
prestando el juramento de rigor; y, en los casos de vacancia
absoluta, el presidente del concejo municipal, dentro de los tres días
siguientes a la declaratoria de esa situación, debe llamar a los
candidatos que siguen en el orden de la lista del correspondiente
partido a ocupar la curul vacante.

Refirió que, como el presidente de la Corporación no efectuó el
mencionado llamado ni le solicitó al alcalde municipal citar a sesiones
extraordinarias para posesionar al señor PEDRO ÁNGEL AYA
HERRERA, el burgomaestre se extralimitó en el ejercicio de sus
funciones cuando lo posesionó y dicha posesión resulta inválida; por
lo que, en consecuencia, el señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA no
tomó posesión del cargo de concejal dentro de los tres días siguientes
a la fecha de instalación del concejo, o a la fecha en que fue llamado
a posesionarse.

Y, mediante escrito presentado por separado, solicitó decretar una
medida cautelar consistente en que el concejal no pueda participar
en los debates ni tomar decisiones del concejo municipal, hasta que

3 “[…] por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de

los municipios […]”.

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Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

no se profiera la sentencia que decida la solicitud de pérdida de la
investidura.

I.3.- El concejal PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA, obrando en causa
propia, contestó la demanda y se opuso a la pretensión de pérdida
de la investidura, en esencia, con los siguientes argumentos:

Indicó que tomó posesión del cargo de concejal del municipio de La
Calera (Cundinamarca) el 19 de marzo de 2024, hecho que estuvo
precedido por: (i) la renuncia del concejal elegido de su partido,
señor Jairo Augusto López González, el 27 de febrero de 2024; (ii)
la aceptación de dicha renuncia el 28 de febrero de 2024, por la Mesa
Directiva del concejo municipal; (iii) la solicitud que en esa misma
fecha hizo la Mesa Directiva a la Registraduría Nacional del Estado
Civil para el envío de los resultados de las elecciones de 29 de octubre
de 2023, con el fin de proveer la curul vacante; (iv) la contestación
correspondiente de la organización electoral, de 6 de marzo de 2024;
(v) el estudio de los documentos que presentó para verificar el
cumplimiento de requisitos para ocupar la curul vacante, realizado
por la Comisión de acreditación documental del cabildo municipal;
(vi) la convocatoria que le hizo el alcalde municipal para que tomará
posesión del cargo el 19 de marzo de 2024.

Sostuvo que, en el mes de marzo de 2024 el concejo municipal de
La Calera (Cundinamarca) no estaba sesionando, por lo que no fue
convocado por el presidente de esa corporación para tomar posesión
de la curul, sino por el alcalde municipal; en consecuencia, concurrió
a dicha convocatoria el 19 de marzo de 2024, prestó el juramento

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ante dicho dignatario y así tomo posesión del cargo de concejal para
el cual fue llamado.

Trajo a colación sentencias del Consejo de Estado 4, para poner de
presente que la posesión no es un acto administrativo estricto sensu
sino una diligencia formal y previa, requerida para asumir el ejercicio
del cargo, y que el acta donde consta es prueba de la existencia de
esa diligencia, en la cual el funcionario se comprometió a cumplir
fielmente sus funciones como lo exige la Constitución.

Afirmó que, en el mes de marzo de 2024, el concejo municipal de La
Calera (Cundinamarca) no estaba sesionando, por lo que no fue
convocado por el presidente de esa corporación para tomar posesión,
sino por el alcalde municipal.

Dijo que, al tomar posesión del cargo ante la primera autoridad del
municipio el 19 de marzo de 2024 quedó probado su juramento de
cumplir bien y fielmente la Constitución, las leyes y los deberes de
su cargo, cumpliendo así con la formalidad exigida; y que no tener
en cuenta esa posesión, constituye un excesivo ritualismo que afecta
el ejercicio de sus derechos políticos y el cumplimiento de sus
deberes democráticos, respecto de los electores.

Aseveró que el Concejo Municipal lo citó como concejal a la sesión de
instalación realizada el 1º de mayo de 2024, fecha desde la cual ha
ejercido ese cargo, asistido a las sesiones, deliberado y votado

4 Transcribió apartes de las siguientes providencias: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de 3.08.1992. MP. Joaquín Barreto
Ruiz, expediente 4914. Sección Quinta: sentencia de 9 de marzo de 2000, sin más datos; e
indicó que las citas y apartes fueron extractadas del Concepto 047291 de 2023
Departamento Administrativo de la Función Pública.

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proposiciones y proyectos de acuerdo, tanto en comisión como en
plenaria; motivo por el cual, no hay lugar a deducir que ha
defraudado a sus electores, objetiva o subjetivamente.

Por último, solicitó condenar al actor en costas y agencias en
derecho.

I.4.- El agente del Ministerio Público rindió concepto en el cual,
atendiendo a los supuestos fácticos contenidos en la solicitud y las
pruebas que obran en el proceso, solicitó negar el decreto de la
pérdida de investidura del concejal PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA.

En primer lugar, manifestó que se encuentra configurado el elemento
objetivo de la causal de pérdida de la investidura, en cuanto se probó
que el concejal se posesionó ante el alcalde del municipio el 19 de
marzo de 2024, y no lo hizo ante el presidente del concejo municipal
ni fue formalmente posesionado en la sesión del 1° de mayo de 2024,
a la que asistió como miembro de la corporación.

Puso de presente que no existe prueba concluyente del llamamiento
al concejal para que tomara posesión del cargo, la autoridad que lo
hizo o de la fecha exacta en que fue llamado; sin embargo, del acervo
probatorio puede presumirse que dicho llamado ocurrió después de
la renuncia del señor Jairo López González, aceptada el 28 de febrero
de 2024.

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No obstante, afirmó que según el artículo 252 de la Ley 4 de 18 de
mayo de 19135, las irregularidades en la posesión no anulan los actos
del funcionario, de manera que, el acto de posesión del concejal ante
el alcalde del municipio de La Calera (Cundinamarca), resultaría
válido si se tiene en cuenta que: (i) el concejo municipal no estaba
en sesiones ordinarias para el mes marzo de 2024, por lo que no era
posible realizar la posesión ante su presidente en ese momento, y
(ii) no existe previsión normativa que determine la forma en que
debe efectuarse el llamamiento y la toma de posesión en estos casos,
cabe la aplicar el artículo 2696 de la Ley 4, para tener por válida la
posesión.

Sostuvo que no se configura el elemento subjetivo de la causal de
pérdida de la investidura, porque el concejal actuó de buena fe, con
la confianza legítima que le brindaron las actuaciones de las
autoridades; en especial, la expedición de la certificación por la
Comisión de acreditación documental del cabildo; la convocatoria que
le hizo el alcalde municipal para que tomara posesión del cargo y el
acto de posesión mismo, realizado ante la primera autoridad
municipal; así como la omisión de la Mesa Directiva del Consejo de
darle formal posesión el día de la instalación de las sesiones
ordinarias en el mes de mayo de 2024.

5 “[…] mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el

Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de
las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de
conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la
Constitución Política […]”.
6 “[…] Por regla general, cuando la autoridad correspondiente se negare, sin causa legal, a

dar posesión a un empleado cuyo nombramiento emane de otra, aquel puede posesionarse
ante cualquier empleado que ejerza autoridad o jurisdicción, o ante dos testigos, dando
cuenta de ello a quién le hizo el nombramiento […]”.

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Todos esos actos, una vez exteriorizados, generaron en el concejal
la creencia razonable y fundada de que, al posesionarse ante el
alcalde municipal, no infringía el ordenamiento y daba cumplimiento
al mandato democrático que le correspondía.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de
10 de marzo de 2025 negó la pérdida de investidura del señor
PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA, concejal del municipio de La Calera
(Cundinamarca), por no encontrarse acreditada la estructuración del
elemento objetivo de la causal de pérdida de la investidura, prevista
en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000.

Luego de valorar el acervo probatorio, determinó que el concejal
tomó posesión del cargo dentro de los tres días siguientes al
llamamiento; y que, por el contrario, se demostró que actuó en
cumplimiento de su deber legal, en tanto concurrió oportunamente
al llamado que le hizo el alcalde municipal, y tomó posesión del
cargo.

Consideró que a la luz de la finalidad para la que fue prevista la causal
de pérdida de la investidura, no existió una conducta omisiva y
deliberada por parte del concejal de negarse a asumir el cargo para
el cual fue llamado ante la renuncia de quien ocupaba la curul; en
consecuencia, materialmente no se configura la falta de posesión,
que es la conducta prevista por la norma como sancionable con la
pérdida de investidura.

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En adición, consideró que el actor alega lo que alega es la invalidez
del acto de posesión, discusión que es ajena a la responsabilidad
conductual que se enjuicia en los procesos de pérdida de la
investidura.

Enfatizó en que la conducta del concejal obedeció a varias
circunstancias externas que le eran ajenas y que determinaron la
toma de posesión ante la primera autoridad del municipio, toda vez
que no estaban bajo su resorte de control, a saber: (i) el concejo
municipal se encontraba en receso; (ii) la Comisión de acreditación
documental le solicitó presentar la documentación correspondiente;
(iii) el alcalde municipal fue quien le hizo el llamado para que
concurriera a posesionarse; (iv) cuando se presentó para hacerlo, la
primera autoridad municipal lo posesionó en el cargo de concejal,
tomándole el juramento exigido en el artículo 122 de la Constitución,
requisito solemne para el ejercicio de las funciones públicas.

Consideró que, bajo esas circunstancia, para el concejal PEDRO
ÁNGEL AYA HERRERA estaba configurado el deber jurídico de
responder al llamado que le hizo el alcalde municipal de La Calera
(Cundinamarca) para que tomara posesión del cargo de concejal de
esta entidad territorial; además, puso de presente que, en todo caso,
el concejo municipal lo convocó, en su calidad de concejal, para que
asistiera a la primera sesión del periodo ordinario que iniciaba el 1°
de mayo de 2024, como en efecto lo hizo, permitiéndole esa
corporación participar de la mencionada sesión sin reparo alguno.

En ese orden, concluyó que el concejal demandado sí tomó posesión
del cargo de concejal en cumplimiento del deber que le asistía de

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cumplir el llamado que para tal efecto le hizo el alcalde municipal, y,
en consecuencia, negó la pretensión de pérdida de investidura por
no tomar posesión dentro de los tres días siguientes al llamamiento.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO

III.1.- El solicitante, obrando en nombre propio, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de 10 de marzo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para tal efecto,
luego de traer a colación apartes de la sentencia, hizo las siguientes
afirmaciones:

La posesión de los concejales no es un tecnicismo sino un
requerimiento previsto en la Ley 136 de 2000, mediante el cual se
exige que los concejales sean posesionados por el presidente del
concejo municipal, en el recinto de la corporación; no es una
formalidad cuyo cumplimiento sea subjetivo, toda vez que se debe
cumplir en la forma prevista por la ley; se trata de un “[…] acto
formal, contemplado en la ley, que no se configura solamente con la
voluntad de ejecutarlo, sino con la ejecución de carácter material
[…]”, sin la cual no se puede ejercer el cargo.

Existe un fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, referente a un caso idéntico al presente, en el
expediente 250002315000202400938-00, en él se expresó que no
es objeto de debate de la pérdida de investidura, si el alcalde era o
no competente para posesionar al concejal, porque ello implica un
análisis de legalidad que corresponde a otro medio de control; sin

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embargo, en este asunto se informa que la posesión no es un acto
administrativo.

En este asunto debe haber pronunciamiento de fondo que determine
si, el alcalde municipal y el presidente del concejo actuaron de forma
legal o no, y dependiendo de ello, se compulsan copias; además, que
se analice si la posesión frente al alcalde, sin fundamento jurídico
alguno, sin que el presidente del concejo manifestara algún tipo de
impedimento para llevarlo a cabo, es válida o no.

Es ilógico afirmar, como lo hizo la sentencia de primera instancia,
que al concejal PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA le resultaba
imposible tomar posesión en la sesión de instalación, debido a que la
renuncia de su antecesor fue posterior a dicho acto; lo anterior,
debido a que la posesión es un acto que se puede llevar a cabo en
cualquier sesión plenaria, y ello no ocurrió así en el presente caso.

No es acertado traer a colación el artículo 315 de la Constitución,
para señalar que el alcalde está facultado para posesionar al concejal,
pues esa norma lo autoriza a colaborar con el concejo municipal y a
convocar a sesiones extraordinarias; sin embargo, ni esa ni ninguna
otra disposición le atribuye competencia expresa para posesionar a
los miembros del cabildo municipal, en especial, el artículo 269 de la
Ley 4, citado por el tribunal.

Con fundamento en todo lo anterior, solicitó que se revoque la
sentencia apelada y se compulsen copias para por las conductas del
alcalde municipal de La Calera (Cundinamarca), señor Juan Carlos
Hernández Arévalo, por extralimitación de funciones, y del presidente

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del concejo municipal, señor Rodrigo Novoa Pineda, por omisión de
sus funciones.

IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN

El traslado del recurso de apelación, previsto en el numeral 3 del
artículo 14 de la Ley 1881 de 15 de enero de 20187, fue descorrido
así:

IV.1.- El concejal, obrando mediante apoderado, solicitó confirmar
la sentencia proferida el 10 de marzo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En esencia, manifestó que el
apelante esgrime inconformidades que apuntan a discutir la validez
del acto de posesión, cuestión que no es el objeto del proceso de
pérdida de la investidura; el actor confunde la validez del acto de
posesión con la ausencia de posesión, siendo cuestiones bien
distintas; de acuerdo con el artículo 269 de la Ley 4, el alcalde bien
podía posesionar al concejal, ante la ausencia del presidente del
concejo municipal, con ocasión del receso en que se encontraba dicha
corporación.

IV.2.- El agente del Ministerio Público solicitó que la sentencia
proferida el 10 de marzo de 2025 sea confirmada, debido a que se
encuentra plenamente probado que el concejal tomó posesión del
cargo el 19 de marzo de 2024; en consecuencia, no se logró
demostrar la estructuración de la causal de pérdida de la investidura
prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, y, por tanto, en

7 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas, se

consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones […]”

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aplicación del debido proceso constitucional, no hay lugar a imponer
decretar la pérdida de la investidura del concejal, señor PEDRO
ÁNGEL AYA HERRERA.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

De conformidad con los términos en que fue presentado el recurso
de apelación, le corresponde a la Sala establecer si el concejal
incurrió o no en la configuración objetiva de la causal de pérdida de
investidura prevista en el artículo 48, numeral 3, de la Ley 617, esto
es, por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha en que fue llamado a posesionarse, para el
período constitucional 2024-2027.

V.2.- Sobre la pérdida de investidura de los concejales

La pérdida de investidura es una acción pública de carácter
jurisdiccional, de naturaleza sancionatoria y propósito ético, que se
adelanta con estricta sujeción a las garantías del debido proceso
previstas en el artículo 29 de la Constitución Política; su objeto es
reprochar los comportamientos que la Constitución y el legislador
previó como contrarios a la dignidad del cargo que ejercen por virtud
del voto ciudadano y del principio de representación democrática,
razón por la cual la sanción de pérdida de investidura origina un
impacto directo sobre los derechos políticos de quien resulta
sancionado, pues si se remueve la investidura del concejal debido a
su comportamiento indigno y defraudatorio del interés general

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democrático, se produce su inhabilidad permanente para ocupar
cargos de elección popular.

En consideración a lo anterior, el juez de la pérdida de investidura
debe determinar, objetivamente, si la conducta del concejal se
adecua o no a las causales taxativas que fijó el Constituyente de
1991 o legislador según el caso, y, subjetivamente, si su conducta
resulta culpable, en términos de una actuación dolosa o gravemente
culposa.

En ese orden, el estudio del elemento objetivo de la conducta saldrá
avante cuando el comportamiento del concejal quede precisamente
subsumido en el supuesto previsto como causal de pérdida de
investidura, en aplicación de los principios de taxatividad e
interpretación restrictiva, propios de la legalidad de los procesos
sancionatorios. Consecuentemente, solo en caso de superarse el
estudio objetivo o de tipicidad de la conducta del concejal, se abre
paso al análisis del elemento subjetivo de la pérdida de la investidura,
con el fin de establecer si esta fue realizada con culpabilidad.

En lo que respecta a los principios de taxatividad e
interpretación restrictiva de las causales de pérdida de
investidura, la jurisprudencia8 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado y de la Sección Primera han
considerado que al ser la pérdida de investidura una sanción que
limita la libertad y los derechos constitucionales de las personas, es

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia de 21 de julio

de 2015. MP. María Claudia Rojas Lasso, número único de radicación:
110010315000201200059-00(PI). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera; sentencia de 3 de noviembre de 2016. MP. Guillermo
Vargas Ayala número único de radicación: 230012333004201500489-01(PI).

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de origen constitucional y legal; y, en consecuencia, la tipificación de
sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa y su
aplicación es restrictiva, de manera que se excluye la analogía y la
interpretación extensiva.

En igual sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional9, al
considerar que, dado el carácter sancionatorio del proceso de pérdida
de investidura, la entidad del castigo, así como los contenidos
constitucionales que se encuentran en juego, a él le son aplicables la
totalidad de garantías del debido proceso sancionatorio, dentro de
las cuales tiene una importancia categórica los principios de reserva
legal, taxatividad y favorabilidad.

En lo que es relevante al caso sub examine, lo anterior supone, entre
otras cuestiones, que las normas en las que se prevén las causales
que dan lugar a la pérdida de investidura son de orden público, y,
respecto de ellas, el legislador está obligado a describir la conducta
o comportamiento de forma clara y precisa, de modo que no quede
duda alguna sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que
da lugar a imponer la sanción.

V.3.- Sobre la causal de pérdida de investidura invocada por
el accionante

La causal de pérdida de investidura que se le endilga al concejal
llamado del municipio de La Calera (Cundinamarca), para el período
constitucional 2024-2027, es la prevista en el artículo 48, numeral 3,
de la Ley 617, cuyo texto es el siguiente:

9 SU-515 de 2013

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01
Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

“[…] Artículo 48. Pérdida de investidura de diputados, concejales
municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras
locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros
de juntas administradoras locales perderán su investidura:
(…)
3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según el
caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.
(…)
Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza
mayor […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La Sección Primera ha sostenido, en el devenir de la interpretación y
aplicación jurisprudencial de la referida causal, lo siguiente10:

“[…] Para que se configure la causal transcrita, la Sala encuentra que se
requiere que el concejal electo no haya tomado posesión del cargo
dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación del concejo o
a la fecha en que fuere llamado a posesionarse.

Entiéndase por posesión “el acto de prestar juramento previsto en
el artículo 12211 de la Constitución Política ante el funcionario
competente; de este acto da fe un acta, suscrita por quien toma el
juramento y por quien lo pronuncia, sin cuya solemnidad la
persona no puede entrar a servir ningún cargo12 […]”13 (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de

septiembre de 2017, número único de radicación 23001-23-33-000-2017-00091-01(PI), MP. María
Elizabeth García González, reiterada en Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, sentencia de 5 de diciembre de 2024, número único de radicación
13001233300020240025001. MP. Nubia Margoth Peña Garzón.
11 “[…] Artículo 122 […] Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar

juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le
incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad
competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha
declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del
servidor público […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de

abril de 2005, número único de radicación 76001-23-31-000-2004-00774-01 (PI), Magistrado
ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de

agosto de 2015, número único de radicación 41001-23-33-000-2013-00337-01(PI), consejera
ponente doctora María Elizabeth García González.

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Número único de radicación: 25000 23 15 000 2024 00939 01
Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

Para tales efectos, se observa que el artículo 49 de la Ley 136
prevé que los concejales se posesionarán en sus cargos ante el
presidente de la respectiva corporación, para lo cual deberán tomar
el respectivo juramento:

“[…] Artículo 49. Posesión. Los presidentes de los concejos tomarán
posesión ante dichas corporaciones, y los miembros de ellas,
secretarios y subalternos, si los hubiere, ante el presidente; para tal
efecto, prestarán juramento en los siguientes términos: "Juro a
Dios y prometo al pueblo, cumplir fielmente la Constitución y las
leyes de Colombia […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, en cuanto al acto de posesión de los concejales, en
sentencias de 27 de abril de 200614, de 19 de junio de 200815 y de 5
de diciembre de 202416, la Sala precisó:

“[…] la posesión es el acto de prestar ante el funcionario el
juramento que ordena el artículo 122 de la Constitución Política. De
este acto da fe un acta, suscrita por quien toma el juramento y
quien lo pronuncia. Sin esta solemnidad no puede entrarse a servir
ningún cargo. […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con el mismo criterio, la jurisprudencia de la Sección Quinta del
Consejo de Estado17, en el marco del medio de control de nulidad

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de

abril de 2006, MP. Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 23001-23-31-000-2004-
00059-02, consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de

junio de 2008, MP. Camilo Arciniegas Andrade, número único de radicación 70001-23-31-000-2006-
00531-01.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de

diciembre de 2024, número único de radicación 13001233300020240025001. MP. Nubia Margoth
Peña Garzón.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 19 de

mayo de 2022, MP. Rocío Araújo Oñate, número único de radicación 13001-23-33-000-2020-00529-
03. Ver también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 27 de octubre de 2016, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, número único de radicación
2015-00483-01 (Acumulado); sentencia de 18 de febrero de 2021, MP. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, número de radicación 73001-23-33-000-2020-00045-01; sentencia de 4 de septiembre
de 2008, número único de radicación 11001-03-28-000-2006-00193-00, MP. Filemón Jiménez
Ochoa.

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Solicitante: JAVIER FELIPE CIFUENTES GUTIÉRREZ

electoral, ha considerado que la posesión es solemnidad para que los
servidores públicos ejerzan el cargo para el que han sido nombrados,
designados, elegidos o llamados.

En suma, el acto de posesión ha sido concebido por la jurisprudencia
del Consejo de Estado como una diligencia solemne en la que el
servidor público elegido, nombrado, llamado o, en general,
designado para ejercer un cargo, jura formalmente cumplir con la
Constitución Política, la ley, los reglamentos, las funciones y los
deberes del respectivo cargo, sin el cual no puede entrar a ejercer
las funciones que le corresponden.

Así, se trata de un formalismo impuesto por el ordenamiento jurídico
puesto que el artículo 122 superior así lo ordena al señalar: “[…]
Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar
juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los
deberes que le incumben […]”.

En ese orden, la posesión constituye un acto material de
juramentación que marca el punto de entrada del designado,
nombrado, elegido o llamado, para el ejercicio del derecho político
de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, previsto en
el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución, y que determina el
momento a partir del cual la dignidad es ocupada por quien se ha
visto favorecido por la voluntad electoral o administrativa, según sea
el caso.

Corolario, conforme con lo previsto en el artículo 122 de la
Constitución Política, en consonancia con lo dispuesto en el artículo

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49 de la Ley 136, todos los servidores públicos, categoría a la cual
pertenecen los concejales, deberán posesionarse de manera previa
al ejercicio de su cargo, o lo que es lo mismo, prestar juramento de
cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes
correspondientes, por cuanto es tal acto el que los vincula
directamente con sus deberes, derechos y responsabilidades
institucionales18.

Por su parte, el artículo 63 de la Ley 136 tiene previsto que las
vacancias absolutas de los concejales serán ocupadas por los
candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción,
sucesiva y descendente, caso en el cual el presidente del concejo,
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la declaratoria, debe llamar
a los candidatos que se encuentren en dicha situación para que
tomen posesión del cargo vacante que corresponde.

Ahora bien, teniendo claro que la posesión es una solemnidad en la
que se presta el juramento que es necesario para el comienzo del
ejercicio de las funciones de cualquier servidor público, resulta
sencillo entender que el legislador haya previsto, como garantía de
la no defraudación del principio de representación democrática, que
quien es elegido por voto popular para ser miembro de una
corporación pública, o el llamado a ocupar la curul que le corresponde
por virtud de una vacancia absoluta, esté compelido a tomar
posesión del cargo dentro del término previsto por la ley, y que el

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de

diciembre de 2024, número único de radicación 13001233300020240025001. MP. Nubia Margoth
Peña Garzón. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 9 de marzo de 2017, número único de radicación 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI),
consejero ponente doctor Carlos Enrique Moreno Rubio (E). Ver también: Corte Constitucional,
sentencia C-247 de 1995, y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm.
1135 de 22 de julio de 1998.

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incumplimiento de esa obligación sólo pueda ser excusado ante el
acaecimiento de una fuerza mayor.

En ese orden, no hay duda de que, en nuestro ordenamiento, el
concejal electo o llamado a ocupar la curul que no se posesione
dentro del término de tres días previsto en el numeral 3 del artículo
48 de la Ley 617, sin que medie para ello una fuerza mayor,
defrauda, frustra y deshonra, unilateralmente, la confianza que le
depositaron los electores para ejercer la representación democrática.

V.4.- Del caso concreto

El recurso de apelación plantea la inconformidad del accionante,
exclusivamente, en relación con el estudio del elemento objetivo de
la causal de pérdida de la investidura prevista en el numeral 3 del
artículo 48 de la Ley 617. En esencia, el apelante insiste en el
argumento central de su solicitud: la posesión del concejal PEDRO
ÁNGEL AYA HERRERA no se realizó ante el presidente del concejo
municipal de La Calera (Cundinamarca) como lo ordena el artículo 36
de la Ley 136, sino que lo hizo ante el alcalde de la entidad territorial,
por lo que, en consecuencia, no tomó posesión del cargo dentro de
los tres días siguientes al llamamiento y, por ende, incurrió en la
causal indicada supra, de ahí que deba perder su investidura.

Para el apelante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconoció que la posesión ante la autoridad competente es una
solemnidad necesaria para ejercer el cargo, y que hacerlo ante una
autoridad distinta a la prevista en la norma, torna inválido el acto de
posesión, lo cual, según el criterio del apelante, abre paso a la

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defraudación de la confianza del electorado, porque en realidad no
se tomó posesión regular del cargo dentro del término previsto en la
norma.

Por su parte, el concejal defiende, que los argumentos de la apelación
no tiene cabida en el marco del proceso de perdida de la investidura,
pues con ellos se insiste en que la posesión del concejal no es válida,
en tanto el alcalde municipal no tenía competencia para efectuar
dicho acto, al turno que el presidente del concejo municipal omitió
cumplir sus funciones para que la posesión se surtiera en debida
forma, siendo cuestiones éstas que no acreditan la ausencia de
posesión, puesto que esta sí ocurrió, específicamente, el 19 de marzo
de 2024, ante el alcalde, quien llamó al señor PEDRO ÁNGEL AYA
HERRERA, a tomar posesión del cargo.

En ese orden, encontrándose acreditada la calidad de concejal de La
Calera (Cundinamarca) del señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA,
de acuerdo con el formulario E-26CON de 23 de octubre de 2023,
expedido por la organización electoral, y el acta de posesión núm.
No. 30 del 19 de marzo de 2024, suscrita por el concejal posesionado
el alcalde municipal, y con el informe rendido el 19 de diciembre de
2024 por la secretaria general del concejo municipal de La Calera
(Cundinamarca), la Sala procede a resolver lo que en derecho
corresponda.

V.4.1. Examen del elemento objetivo de la causal prevista en
el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617

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De acuerdo con los argumentos del recurso de apelación, los de
oposición, lo considerado en la sentencia de primera instancia, y con
los hechos probados en el proceso, la Sala considera que no hay lugar
a decretar la pérdida de investidura del concejal PEDRO ÁNGEL AYA
HERRERA, por no tomar posesión del cargo dentro de los tres días
siguiente al llamamiento, por ausencia de la configuración del
elemento objetivo de la causal prevista en el numeral 3 del artículo
48 de la Ley 617.

En efecto, con memorial radicado ante el Concejo Municipal de la
Calera el 27 de febrero de 2024, el señor Jairo Augusto López
González presentó formalmente su renuncia al cargo de concejal del
municipio de La Calera (Cundinamarca) y a su curul, la cual fue
aceptada a partir del 2 de marzo de 2024, mediante Resolución núm.
016 de 28 de febrero de 2024, expedida por la Mesa Directiva del
concejo municipal de ese mismo municipio. Estos documentos
demuestran la existencia de la vacancia absoluta de esa curul.

Con oficio de 6 de marzo de 2024, el Registrador Municipal de La
Calera (Cundinamarca), remitió al presidente del concejo municipal
copia del formulario E-26 en el cual consta el resultado de las
votaciones de 29 de octubre de 2023, para elegir los miembros de
ese cabildo.

La Comisión de acreditación documental del concejo municipal de La
Calera (Cundinamarca), en certificación sin fecha, hizo constar que:
(i) el 19 de marzo de 2024 estudió la documentación allegada por el
señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA; y que, (ii) conforme a ella,
cumple los requisitos para ocupar el cargo de concejal, según lo

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dispuesto por la ley y el artículo 97 del Reglamento Interno del
Concejo, Acuerdo municipal No. 007 de 2020.

El señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA se posesionó como concejal
del municipio de La Calera (Cundinamarca), el 19 de marzo de 2024,
como consta en el acta de posesión núm. 30 de esa misma fecha,
suscrita por el concejal posesionado y por el alcalde municipal; de
manera que, ese mismo día, el alcalde municipal de La Calera le tomó
el juramento; así consta:

El concejal PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA fue citado por el concejo
municipal para que asistiera a la sesión inicial del período de sesiones
ordinarias del mes de mayo de 2024, como lo acredita la invitación
suscrita por el presidente de la corporación; la cual, según informe
rendido por la secretaria del concejo municipal de la Calera
(Cundinamarca), le fue remitida el 30 de abril de 2024.

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El concejal PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA asistió a la sesión de 1o.
de mayo de 2024, como consta en el Acta núm. 035 de la sesión
ordinaria de esa misma fecha; el documento da cuenta de la
asistencia del concejal.

Como se observa, hay claridad probatoria absoluta en cuanto a que
el concejal sí tomo posesión del cargo ante el alcalde municipal de La
Calera (Cundinamarca), en tanto fue esta autoridad la que lo requirió

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para dicho efecto, encontrándose el concejo municipal en receso,
conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 136, el cual señala
que los concejos de los municipios que no correspondan a las
categorías especial, primera y segunda, como es el caso del
municipio de La Calera (Cundinamarca), sesionarán ordinariamente
por derecho propio, cuatro meses al año y máximo una vez (1) por
día así: febrero, mayo, agosto y noviembre.

Ahora bien, aun cuando no está acreditado la fecha exacta en la que
se hizo el llamamiento el señor PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA, para
que tomara posesión del cargo; lo cierto es que el acto de posesión
tuvo lugar el 19 de marzo de 2024 en el despacho del alcalde
municipal de La Calera (Cundinamarca), hecho que permite presumir
que el demandado concurrió en la fecha en que fue convocado por el
alcalde municipal para efectuar la diligencia y tomar el juramento de
rigor; con lo cual, puede entenderse razonablemente que tomó
posesión de dicho cargo el mismo día en que fue llamado a hacerlo.

Como la descripción típica contenida en la causal prevista en el
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 prevé que los concejales
perderán la investidura “[…] Por no tomar posesión del cargo
dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de instalación de
las asambleas o concejos, según el caso, o a la fecha en que fueren
llamados a posesionarse […]”, y el supuesto fáctico en que se
funda la demanda radica en que la posesión fue irregular, la
conclusión a la que se llega es que la conducta del concejal PEDRO
ÁNGEL HERRERA AYA, no se subsume en el supuesto normativo
que da lugar a la imposición de la sanción.

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En este sentido, la Sala insiste en que el proceso sancionatorio de
pérdida de la investidura responde a las garantías fundamentales del
debido proceso, entre las cuales se encuentra el principio de
legalidad, a partir del cual no es posible sancionar con pérdida de la
investidura comportamientos no previstos en la norma como causal
de pérdida de la investidura. Tampoco es posible imponer la sanción
cuando la norma no la establece como consecuencia jurídica para la
conducta prevista.

La Sección Primera considera que no es admisible el planteamiento
realizado por el apelante, consistente en que una eventual posesión
que falta a la debida forma supone que el elegido no tomó posesión
del cargo, fundamentalmente, porque la literalidad de la causal de
pérdida de investidura prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la
Ley 617, indica que la causal se estructura “[…] por no tomar
posesión del cargo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
de instalación de las asambleas o concejos, según el caso, o a la
fecha en que fueren llamados a posesionarse […]”, de manera que
como la norma no indica que se perderá la investidura por no tomar
posesión en debida forma, aceptar la interpretación propuesta
conduciría a realizar una interpretación extensiva de la causal, lo
cual, como ya se ha sentado, contraria la taxatividad y la
interpretación restrictiva que corresponde a los juicios conductuales
de pérdida de la investidura.

Por último, la Sala observa que los reparos en que se funda el recurso
de apelación están orientados a atacar la legalidad del acto de
posesión como requisito para ejercer el cargo de concejal, cuestión
que corresponde típicamente al estudio objetivo del que se ocupa la

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jurisdicción contencioso administrativa en el medio de control de
nulidad electoral, cuya objeto, precisamente, es verificar la validez o
invalidez de los actos electorales o de los actos de contenido
electoral, por vicios como los alegados por el actor que
eventualmente los afecten.

En punto de lo anterior, la Sala enfatiza en que, por el contrario, el
medio de control de pérdida de la investidura, dada su naturaleza
sancionatoria, se circunscribe a determinar si la conducta del elegido
se subsume en las causales taxativas que dan lugar a imponer dicha
sanción, y si ese es el caso, determinar si esa conducta fue dolosa o
gravemente culposa, o si se encontraba justificada en los términos
en que los permite la ley o la Constitución.

Las consideraciones realizadas supra son suficientes para descartar
las afirmaciones del apelante, en el sentido de que corresponde a
esta Sección, como juez de segunda instancia de la pérdida de la
investidura de concejales, determinar si la posesión del concejal
PEDRO ÁNGEL AYA HERRARA se ajustó o no a la legalidad, y
compulsar copias para que se investigue la conducta del alcalde
municipal de La Calera (Cundinamarca) y del presidente del concejo
municipal de esa entidad territorial.

Sobre la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la
que se refirió el apelante, en el sentido de afirmar la existencia de
eventuales contradicciones con la sentencia proferida por esa
corporación en un caso idéntico al presente, revisada esa decisión en
confrontación con la que ahora se impugna, se tiene que, en las dos
decisiones, atendidas las particularidades de cada caso, la Sala Plena

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del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó, en los dos
asuntos, que no se encontraba configurado el elemento objetivo de
la causal de pérdida de la investidura prevista en el artículo 48,
numeral 3, de la Ley 617; en consecuencia, la aseveración del
apelante no encuentra sustento.

Po último, no le asiste razón jurídica al apelante al señalar que existe
un razonamiento ilógico en la sentencia proferida el 10 de marzo de
2025; fundamentalmente, porque no es cierto que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca afirmara que la causal no se
configuraba porque era materialmente era imposible que el concejal
PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA se posesionara en la sesión de
instalación del cabildo.

Por el contrario, de la lectura integral de la sentencia se infiere con
claridad que, lo considerado por el Tribunal en ese aspecto fue que
el concejal no podía incurrir en el supuesto previsto en la causal de
pérdida de la investidura, relativo a no tomar posesión del cargo en
la sesión de instalación del concejo municipal, pues su posesión fue
por el llamamiento que se le hizo con ocasión de la renuncia de su
antecesor, ese sí, posesionado en la sesión de instalación del concejo
municipal.

Conforme con todo lo anterior, ninguno de los cargos de la apelación
resulta próspero.

V.4.2.- Sobre el estudio del elemento subjetivo

Atendiendo a que tomar posesión del cargo de concejal en forma

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irregular no configura causal de pérdida de investidura, la Sala
concluye que, en este caso, al haberse probado que el concejal sí
tomo posesión del cargo, y ello ocurrió el mismo día en que fue
llamado a posesionarse, esto es, el 19 de marzo de 2024, no se
configura el elemento objetivo de la causal acusada, y, en
consecuencia, no hay lugar a estudiar el elemento subjetivo de la
pérdida de investidura.

Conclusión

73. Al no configurarse el elemento objetivo de la causal de pérdida
de investidura, por no tomar posesión del cargo prevista en el
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617, se confirmará la sentencia
proferida por la Sala Plena del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en primera instancia, mediante la cual se negó la
pérdida de investidura del concejal del municipio de La Calera
(Cundinamarca), PEDRO ÁNGEL AYA HERRERA y así se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, por las razones
expuestas.

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SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente digital al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión de 26 de junio de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado (E2)

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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